Sentencia Civil 250/2026 Audiencia Provincial Civil nº 13 de Barcelona, Rec. 2225/2025 de 16 de abril del 2026

PRIMERO. -La representación procesal de la entidad "WIZINK BANK,S.A.U." (en lo sucesivo, WIZINK) interpone recurso de apelación contra la sentencia núm. 11/2025, de 26 de enero, dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Manresa, en los autos de Procedimiento Ordinario núm. 287/2024 de los de ese Juzgado.

En la demanda inicial de dicho procedimiento, el demandante, D. Marco Antonio, ejercito? acción de protección del derecho al honor, con fundamento en la Ley Orgánica (LO) 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales; en el art. 9.2 de la LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y en el art. 18.1 de la Constitución Española ( CE), acción que dirigió inicialmente contra la entidad "APLÁZAME,S.L." (absorbida por WIZINK) como demandada.

En dicha demanda la parte actora interesaba que se dictase sentencia por la que se condenase a la ahora recurrente:

"a) A estar y pasar por la declaración de que la inclusión del actor en los ficheros de solvencia patrimonial ha supuesto una vulneración de su derecho al honor, por irregular. Se declare que APLAZAME, mantuvo y mantiene indebidamente, en los registros de solvencia patrimonial datos relativos a mi representado durante 18 meses en Asnef, a la interposición de esta demanda.

b) A abonar al actor el importe de 3.000 Euros por daños morales, o en su defecto aquella cantidad que Su Señoría entienda adecuada en base a la difícil cuantificación de un daño moral genérico.

c) A excluir al actor del fichero de los ficheros de solvencia ASNEF

d) Al pago de los intereses y las costas".

En estas actuaciones ha intervenido el Ministerio Fiscal

Efectivamente, el Sr. Marco Antonio, en sustento de su pretensión, alegaba haber sido incluido en el fichero de información de solvencia patrimonial y crédito ASNEF/EQUIFAX por una supuesta deuda impagada, por importe de 190,10.- euros, con fecha de alta el 16 de septiembre de 2022. Alegaba también que no ha sido requerida de pago en ningún momento en relación con dicha deuda, siendo que tampoco se le ha advertido de la posibilidad de su inclusión en los llamados "ficheros de morosos" para caso de impago, de modo que la demanda ha vulnerado los requisitos legales para la inclusión de deudas en el registro de morosos.

WIZINK se opuso a la demanda alegando, en síntesis: (i) que la indicada deuda se corresponde con el saldo deudor derivado del contrato de crédito suscrito electrónicamente por el actor en fecha 29 de septiembre de 2021 (contrato adjuntado como doc. nº 2 a la contestación) tratándose de una deuda líquida, deteminada, vencida y exigible; (ii) que en dicho contrato, vid cláusula 7ª, ya se advertía de la posibilidad, para el caso de incumplimiento de la obligación de pago, de incluir al actor en el fichero de morosos ASNEF; (III) que, en julio y agosto de 2022, antes de la inclusión, el actor fue requerido de pago, nuevamente con advertencia de inclusión en el fichero de solvencia, habiéndose remitido los requerimientos al domicilio de notificaciones facilitado en el contrato ( DIRECCION000 Navarcles) (vid. requerimientos como documento nº 6 y 7 de la contestación a la demanda).

El Ministerio Fiscal presentó escrito el 19 de abril de 2024 contestando a la demanda y ateniéndose al resultado de la prueba a practicar.

Seguido el juicio por sus trámites, por el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de los de Manresa se dictó la sentencia núm. 11/2025, de 26 de enero, que, con estimación sustancial de la demanda:

1. Declaró que la inclusión del actor en un fichero de solvencia patrimonial ha supuesto una vulneración de su derecho al honor, por irregular, condenando a la demandada a estar y pasar por dicha declaración.

2. Condenó a a excluir a la actora del fichero de solvencia patrimonial en que fue incluida, si todavía estuviese en él.

3. Condenó a la referida demandada al pago de una indemnización por importe de 1000 euros, junto con los intereses del art .1108 CC desde la fecha de interposición de la demanda, y los procesales a partir de la sentencia

4. Condenó a WIZINK al pago de las costas procesales causadas en primera instancia.

En sustento de esta decisión, la juzgadora, tras exponer el régimen jurídico aplicable, considera, en síntesis, que la documentación obrante en autos no es suficiente para tener por acreditado que los requerimientos de pago y la advertencias de inclusión en el archivo de solvencia patrimonial efectivamente llegaran al conocimiento del actor, ya que lo único que se demuestra es que se puso dicho requerimiento de pago, con la advertencia antes transcrita, a disposición del servicio de Correos, junto con una remesa de comunicaciones, y que esta notificación se generó, imprimió y ensobro?, sin que se generase incidencia alguna, pero ello en modo alguno prueba que el requerimiento fuera efectivamente recibido por su destinatario.

Frente a dicha sentencia ha interpuesto recurso de apelación la demandada, que, en esencia, reitera en esta alzada las alegaciones ya expuestas en el escrito de demanda.

El demandante se ha opuesto al recurso interesando la confirmación de la sentencia de primer grado.

El Ministerio Fiscal ha interesado la confirmación de la sentencia apelada.

SEGUNDO. -Planteado el debate en esta alzada en los términos que han quedado expuestos en el fundamento precedente, como hemos tenido ocasión de exponer en resoluciones anteriores y abundando en los razonamientos que se contienen en la resolución recurrida, para la resolución de este recurso hemos de partir exponiendo el régimen jurídico aplicable.

Ante todo, conviene recordar que constituye doctrina jurisprudencial consolidada la que establece que el derecho al honor, proclamado como fundamental en el artículo 18.1 de la CE, es el derecho, en cuanto derivado de la dignidad humana, a no ser escarnecido o humillado ante uno mismo (inmanencia o aspecto interno de tal derecho) o ante los demás (trascendencia o aspecto externo o social del mismo), y cuya negación o desconocimiento se produce, fundamentalmente, a través de alguna expresión proferida o cualificación atribuida a una persona que, inexcusablemente, la haga desmerecer en su propia estimación o en la del entorno social o profesional en que se desenvuelve.

En concreto, en relación con la inclusión de datos personales en los llamados "ficheros de morosos", la norma aplicable al caso que nos ocupa es la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales, y, según la reciente Sentencia del Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo núm. 945/2022, de 20 diciembre, el hecho de que la LO 3/2018 derogue expresamente la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, (con excepciones referidas a ciertas materias que aquí no son relevantes) no significa necesariamente que haya quedado derogado el Reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007.

A falta de un Reglamento que desarrolle la nueva LO, el Real Decreto 1720/2007 sirve de desarrollo reglamentario de la LO 3/2018, necesario para la plena eficacia de esta, sin perjuicio de que hayan quedado derogadas aquellas normas del citado reglamento que "contradigan, se opongan, o resulten incompatibles con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica",según prevé expresamente el apartado 3º de la Disposición Derogatoria Única de la LO 3/2018 en relación con las disposiciones de igual o inferior rango.

Por tanto, ha de determinarse si los citados arts. 38 y 39 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007 son compatibles con la regulación contenida en el art. 20 de la LO 3/2018, en concreto con su apartado 1.c).

El art. 20.1.c) de la LO 3/2018, bajo el título "sistemas de información crediticia",establece lo siguiente:

"1. Salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia cuando se cumplan los siguientes requisitos: [...]

c) Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe. [...]".

El art. 38.1.c del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007, bajo el título "requisitos para la inclusión de los datos",establece:

"1. Solo será? posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que concurran los siguientes requisitos: [...]

c) Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación".

El art. 39 del mismo Reglamento, bajo el título "información previa a la inclusión",establece:

"El acreedor deberá informar al deudor, en el momento en que se celebre el contrato y, en todo caso, al tiempo de efectuar el requerimiento al que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo anterior, que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y cumplirse los requisitos previstos en el citado artículo, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias".

Este último precepto, es decir, el art. 39 del citado Reglamento, ha de entenderse derogado por el nuevo art. 20.1.c de la LO 3/2018, porque una y otra norma son incompatibles. Mientras que este art. 39 del reglamento exige que la información sobre la posibilidad de comunicar a estos ficheros los datos relativos al impago se realice de forma cumulativa "en el momento en que se celebre el contrato y, en todo caso, al tiempo de efectuar el requerimiento",el nuevo art. 20.1.c de la Ley Orga?nica 3/2018 permite que tal información se proporcione en alguno de los dos momentos "en el contrato o en el momento de requerir el pago".

Por tanto, no es preciso realizar la información (más bien una advertencia) sobre la posibilidad de comunicar los datos al fichero de morosos en caso de impago en el contrato y, "en todo caso", en el momento de requerir de pago, sino que puede realizarse en cualquiera de estos momentos, no necesariamente en ambos.

Respecto del requerimiento de pago, el hecho de que el art. 29 de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que regulaba este tipo de ficheros sobre solvencia patrimonial y, en concreto, sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias, no estableciera el requisito del requerimiento de pago, no determino? que la regulación del art. 38.1.c) del reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007 fuera considerado un exceso reglamentario.

Por tanto, el hecho de que el actual art. 20.1.c) de la LO 3/2018 no establezca expresamente el requisito del requerimiento previo de pago no supone que la regulación del art. 38.1.c del reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007 se oponga o sea incompatible con la nueva norma legal y deba considerarse, por tanto, derogado. Es más, la nueva norma legal contiene la mención a la existencia de dicho requerimiento previo al prever que la advertencia de comunicación de los datos al fichero debe hacerse bien en ese requerimiento previo, bien al celebrarse el contrato. Esa mención, que no existía en la anterior ley, implica que el nuevo precepto legal presupone la existencia necesaria de tal requerimiento previo, que es uno de los momentos, junto con el de celebración del contrato, en los que el acreedor puede hacer al deudor la advertencia de comunicación de sus datos al fichero de morosos en caso de impago de la deuda.

Y finaliza el TS en la STS 945/2022 indicando literalmente que: "La conclusión de lo anterior es que sigue siendo exigible el requerimiento previo de pago, previsto en el propio art. 20.1.c de la LO 3/2018 , cuya función y justificación han sido expresadas por esta Sala en numerosas sentencias (entre las últimas, la sentencia 604/2022, de 14 de septiembre ): impide que sean incluidas en estos registros los datos de personas que, por un simple descuido, por un error bancario al que son ajenas, o por cualquier otra circunstancia de similar naturaleza, han dejado de hacer frente a una obligación dineraria vencida y exigible, por lo que el dato del impago no es pertinente para enjuiciar su solvencia. Lo que no es imprescindible con la nueva regulación es que en ese requerimiento de pago se advierta de la posibilidad de incluir sus datos en un fichero de morosos en caso de impago pues esa advertencia puede haber sido realizada al contratar".

En consecuencia, conforme a dicha sentencia, el acreedor esta? obligado a informar al afectado, bien en el contrato, bien en el momento de requerirle de pago, acerca de la posibilidad de inclusión en los referidos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe, ex. art. 20.1.c], párrafo primero, de la LO 3/2018, que deroga el art. 39 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007, en tanto que este exigía que la información se hiciera cumulativamente en ambos momentos. Y asimismo, el acreedor, o quien actúe por su cuenta o interés, debe requerir de pago al deudor con carácter previo a la comunicación de sus datos al fichero de morosos ( art. 38.1.c del reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007) y estará? obligado a conservar a disposición del responsable del fichero común y de la Agencia Española de Protección de Datos documentación suficiente que acredite el cumplimiento de tal requisito y de los demás exigidos por la normativa aplicable, conforme al art 38.3 de dicho reglamento.

TERCERO. -Expuesto el régimen jurídico aplicable, constatamos que en esta alzada se plantea la controversia en los mismos términos que en la primera instancia y para la resolución del recurso contamos con el mismo material probatorio, que no es otro que la prueba documental adjuntada por las partes con sus respectivos escritos de alegaciones, así como las respuestas remitidas por la sociedad al oficio remitido por el juzgado.

Así, como bien indica la juzgadora de primer grado, no es objeto de controversia que la demandada incluyó al actor en el indicado fichero de información de solvencia patrimonial y crédito ASNEF/EQUIFAX con fecha de alta el 16 de septiembre de 2022, y tampoco se discute propiamente la existencia de la deuda, por importe de 190,10.- euros.

El debate se circunscribe a determinar si se acredita la existencia de previo requerimiento de pago y, sobre todo, si se cumple con la exigencia recogida en el art. 20.1.c], párrafo primero, de la LO 3/2018 que, como hemos expuesto, obliga al acreedor a informar al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe.

Pues bien, podemos avanzar que, revisadas en esta alzada las actuaciones, el recurso debe prosperar en tanto, en el estado actual de la jurisprudencia en relación con el tema analizado, no podemos suscribir las conclusiones a las que llega la juzgadora en la resolución recurrida cuya decisión hemos de revocar.

En el supuesto que analizamos constatamos que obra en autos documentación, que reproduciremos en su parte relevante.

Dos certificaciones emitidas por la entidad EXPERIAN BUREAU DE CRÉDITO, S.A., datadas el 8 de mayo de 2024, (docs. núm. 6 y 7 de la contestación a la demanda) en la que dicha entidad manifiesta en su parte relevante:

1.-"Con fecha 13/07/2022 fue enviado el requerimiento previo de pago que a continuación se relaciona, contenido en el fichero de requerimientos previos de pago recibido por mi representada el 07/07/2022, y procesado el día 10/07/2022 (fecha de carga):

Número de documento identificativo: NUM000

Código de Operación: NUM001

Nombre y apellidos / Razón social: Marco Antonio

Dirección, C.P., localidad: DIRECCION000

NAVARCLES

Importe impagado: 114.06 Euros

Tipo producto: PRÉSTAMOS PERSONALES

Plazo de días antes de su inclusión en ficheros de insolvencia: 30

Se acompaña, como DOCUMENTO NÚMERO 1,copia del requerimiento previo de pago enviado en donde consta expresamente la advertencia de inclusión en archivo de solvencia.

Se indica que EXPERIAN tiene a su vez subcontratada la impresión y envío de las

notificaciones de requerimientos previo de pago con unas empresas terceras, en este

caso concreto con IMPRE-LASER, S.L., con el consentimiento de APLAZAME y que

dichas notificaciones se envían a través del operador postal CORREOS Y

TELEGRAFOS, SAE.

Que cada requerimiento previo de pago impreso y enviado por las referidas empresas en nombre de EXPERIAN tiene un número secuencial único que permite identificarlo,

número que figura en el código de barras del reverso. El del requerimiento enviado es:

Requerimiento de pago, NUM002, con el siguiente desglose:

El número inicial, -P-, es común a todas las claves.

Los cinco dígitos siguientes - NUM002-, son la clave de la entidad, utilizada por

EXPERIAN. En este caso se trata de APLAZAME.

Los seis dígitos siguientes - NUM002- son un número secuencial de cada una d

las notificaciones de cada carga periódica, para cada entidad y fecha, asignado

consecutivamente por el proveedor de impresión.

Finalmente, los ocho últimos dígitos - NUM002-, aparece la fecha de emisión de la notificación en el fichero según el siguiente formato: AAAAMMDD.

Como puede comprobarse en la carta, ésta se generó el día 11/07/2022, y se remitió a

Marco Antonio, en la siguiente dirección DIRECCION000

NAVARCLES.

Se acompaña, como DOCUMENTO NÚMERO 2,copia del certificado expedido por IMPRE-LASER, S.L., acreditativo de la impresiónde 12.626 cartas de "Requerimientos Previos de Pago" de la "Carga: 10/07/2022".

En dicho documento figura que los requerimientos correspondientes a APLAZAME

comprenden un total de 479 requerimientos, desde el número NUM003 al NUM004. La carta con Clave Nº NUM002 (es decir, NUM002) está comprendida entre aquellas a las que se refieren estos certificados. El total de requerimientos impresos en dicha carga asciende a 12.626 cartas, para todas las entidades en conjunto.

Se acompaña, asimismo, como DOCUMENTO NÚMERO 3copia del certificado expedido por IMPRE-LASER, acreditativo del envío, a través del operador postal CORREOS, de 12.626 requerimientos previos de pago correspondientes a la carga del

día 10/07/2022, y que coinciden con los impresos por IMPRE-LASER.

Finalmente, como DOCUMENTO NÚMERO 4se acompaña copia del certificado de

CORREOS, acreditativo de que, en concepto de Requerimientos previos de pago de la

carga de 10/07/2022, se enviaron un total de 12.626 requerimientos, que corresponden por los impresos y enviados, conforme a los certificados anteriores. Figura asimismo en el certificado, que las cartas fueron enviadas en fecha 13/07/2022.

Se indica que EXPERIAN presta además a esta entidad el Servicio de Gestión de devoluciones de requerimientos previos de pago y que no tiene constancia, a fecha de hoy, de que el requerimiento previo de pago antes descrito haya sido devuelto por los servicios postales.

2.- Que, fue enviado un segundo requerimiento previo de pago con fecha

fecha 17/08/2022 contenido en el fichero de requerimientos previos de pago recibido por EXPERIAN el 11/08/2022, y procesado el día 14/08/2022 (fecha de carga):

Número de documento identificativo: NUM000

Código de Operación: NUM001

Nombre y apellidos / Razón social: Marco Antonio

Dirección, C.P., localidad: DIRECCION000

NAVARCLES

Importe impagado: 152.08 Euros

Tipo producto: PRÉSTAMOS PERSONALES

Plazo de días antes de su inclusión en ficheros de insolvencia: 30 días

En esta segunda certificación se da cuenta de que este segundo requerimiento fue remitido por el mismo cauce a la misma dirección y con el mismo contenido, es decir, incluyendo la advertencia de inclusión en el archivo de solvencia, siendo que no se tiene constancia, a fecha de hoy, dicho requerimiento previo de pago haya sido devuelto por los servicios postales.

A la vista de esta documentación, separándonos del criterio de la juez a quo, consideramos acreditado que la demandada requirió de pago a la actora, lo hizo en un domicilio idóneo, pues es el que figuraba en el contrato sin que conste que el Sr. Marco Antonio hubiera comunicado un cambio de domicilio, y le advirtió de que en caso de no atender el requerimiento podía ser incluido en uno de los ficheros de solvencia patrimonial indicados, dando cumplimiento a las exigencias del art. 20.1 c) de la Ley Orgánica 3/2018.

Esta conclusión no queda desvirtuada por las objeciones que alega el demandante en su escrito de oposición al recurso promovido de contrario.

La sentencia recurrida viene a cuestionar, en general, la validez, por falta de fehaciencia y de la consiguiente prueba de su recepción, de los envíos masivos de comunicaciones realizados por terceros interesados, concluyendo que no son aptas como requerimiento de pago.

Pues bien, lo cierto es que esta cuestión, después de una cierta evolución jurisprudencial sobre el carácter recepticio del requerimiento de pago y la advertencia de inclusión en los citados ficheros, ha sido zanjada por el Tribunal Supremo en la Sentencia del Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo núm. 959/2022, de 21 de diciembre (ROJ STS 4490/2022), que, en relación con la efectividad del requerimiento previo de pago, establece que "el requerimiento no se puede considerar eficaz por el simple hecho de su emisión, ya que su finalidad es impedir que sean incluidas en estos registros personas que, por un simple descuido, por un error bancario al que son ajenas, o por cualquier otra circunstancia de similar naturaleza, han dejado de hacer frente a una obligación dineraria vencida y exigible sin que ese dato sea pertinente para enjuiciar su solvencia, además de permitirles ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación (por todas, sentencias 660/2022, de 13 de octubre ; 609/2022, de 19 de septiembre ; 604/2022, de 14 de septiembre ; 854/2021, de 10 de diciembre ; 563/2019, de 23 de octubre ; y 740/2015, de 22 diciembre ).

Si bien, y dado que el art. 38 RLOPD no establece una forma especial de llevar a cabo el requerimiento previo, tampoco es necesaria, de cara a su validez, la fehaciencia de su recepción, que se puede considerar fijada a través de las presunciones o acreditada por cualquier medio de prueba ( sentencias 672/2020, de 11 de diciembre, 854/2021, de 10 de diciembre, 81/2022, de 2 de febrero, y 436/2022, de 30 de mayo, entre las más recientes) siempre que exista garantía o constancia razonable de ella ( sentencias 660/2022, de 13 de octubre, 604/2022, de 14 de septiembre, 854/2021, de 10 de diciembre, 672/2020, de 11 de diciembre), lo que, por depender de las circunstancias concurrentes en cada supuesto, habrá que determinar de forma inevitablemente casuística (...)

Y nuestra doctrina sobre el carácter recepticio del requerimiento previo de pago no exige, como hemos dicho, la fehaciencia de su recepción, que se puede considerar fijada a través de las presunciones, como en este caso, siempre que exista garantía o constancia razonable de ella, que en el presente supuesto también existe, puesto que en ningún momento se ha negado que el domicilio del demandado coincidiera con la dirección de destino indicada en la comunicación o argumentado que esta se hubiera malogrado por razones achacables al servicio postal de correos, de las que, por lo demás, no existe reflejo alguno en los autos.

Tampoco se puede tachar la comunicación por formar parte de un gran conjunto de ellas, puesto que dicha circunstancia, igual que si se hubiera presentado de forma independiente e individual, no impide su puesta a disposición del servicio postal de correos, que opera un número ingente de comunicaciones y que no puede denegar su admisión (documentada en los autos con los albaranes de entrega) por el mero hecho de formar parte de una remesa masiva de envíos que le son confiados por el remitente para la realización de un proceso postal integral (clasificación, transporte, distribución y entrega) que debe garantizar de manera efectiva los derechos de los usuarios y del que, una vez producida la recepción, se hace responsable, conforme a lo dispuesto por el art. 3.12.b) de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre , del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.

Ni equipararse este supuesto, atendidas las circunstancias que lo califican, con otros cuya tipología es distinta, como aquellos en los que la comunicación fue remitida a una dirección postal de la que fue devuelta por ser el destinatario desconocido o donde anteriormente ya se había producido una devolución por la misma circunstancia, lo que sí cuestiona, como ya hemos dicho, la garantía de la recepción ( sentencia 854/2021, de 10 de diciembre )".(El énfasis en negrilla es nuestro).

Esta doctrina ha sido reiterada en las más recientes resoluciones del Tribunal Supremo sobre la materia.

Luego, conforme a la doctrina jurisprudencial vigente sobre el cumplimiento del requisito del requerimiento previo de pago y la información (o advertencia) al demandante de la posibilidad de inclusión en los ficheros de morosos, hay que admitir, en línea de principio, la validez de requerimientos de pago realizados por terceros interesados y su aptitud para la comunicación de la advertencia de inclusión en los ficheros de solvencia económica cuyo carácter recepticio no exige, según la doctrina jurisprudencial expuesta, la fehaciencia de su recepción, que se puede considerar fijada a través de las presunciones o acreditada por cualquier medio de prueba siempre que exista garantía o constancia razonable de ella.

Expresamente, analizando el supuesto que se plantea en la STS 863/2023, antes citada, el TS concluye que "no constando circunstancias de las que inferir razonablemente, es decir, con base en razones justificadas, no en meras hipótesis especulativas, que la carta no llegara a su destino, concluir que los elementos probatorios disponibles se pueden considerar suficientes para dar por acreditada la realización del requerimiento previo de pago exigido reglamentariamente no solo es racional, sino también razonable.

Conviene insistir, en este sentido, en que nuestra doctrina sobre el carácter recepticio del requerimiento previo de pago no exige la fehaciencia de su recepción, puesto que esta se puede considerar fijada a través de las presunciones siempre que exista garantía o constancia razonable de ella, que en el presente supuesto también existe, puesto que en ningún momento se ha negado que el domicilio de la recurrente coincidiera con la dirección de destino indicada en la comunicación o argumentado que esta se hubiera malogrado por razones achacables al servicio postal de correos, de las que, por lo demás, no existe reflejo alguno en los autos".

Como quiera que en este caso no se ha negado que el domicilio al que se remitió el requerimiento de pago coincidiera con el domicilio del Sr. Marco Antonio en ese momento y tampoco hay constancia en autos de incidencia alguna en su entrega por el servicio postal de correos, la aplicación al supuesto de autos de las consideraciones doctrinales antes expuestas comporta, como avanzábamos, la estimación del recurso de apelación interpuesto por la demandada lo que conduce a revocar la resolución impugnada y, en su lugar, con desestimación de la demanda, a absolver a la entidad WIZINK de cuantos pedimentos se realizaban en su contra.

CUARTO.-Dada la desestimación de la demanda, las costas de la primera instancia se deben imponer al actor por aplicación del criterio del vencimiento objetivo, sin que podamos apreciar dudas de derecho ya que la doctrina jurisprudencial sobre la materia quedó fijada antes de la interposición de la demanda.

Por otra parte, estimado el recurso, no cabe hacer especial imposición de las costas devengadas en esta alzada derivadas de la apelación interpuesta.

Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 398.1º y 394.1º de la LEC.

Vistos los preceptos legales invocados y demás de general y pertinente aplicación al caso,

PRIMERO. -La representación procesal de la entidad "WIZINK BANK,S.A.U." (en lo sucesivo, WIZINK) interpone recurso de apelación contra la sentencia núm. 11/2025, de 26 de enero, dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Manresa, en los autos de Procedimiento Ordinario núm. 287/2024 de los de ese Juzgado.

En la demanda inicial de dicho procedimiento, el demandante, D. Marco Antonio, ejercito? acción de protección del derecho al honor, con fundamento en la Ley Orgánica (LO) 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales; en el art. 9.2 de la LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y en el art. 18.1 de la Constitución Española ( CE), acción que dirigió inicialmente contra la entidad "APLÁZAME,S.L." (absorbida por WIZINK) como demandada.

En dicha demanda la parte actora interesaba que se dictase sentencia por la que se condenase a la ahora recurrente:

"a) A estar y pasar por la declaración de que la inclusión del actor en los ficheros de solvencia patrimonial ha supuesto una vulneración de su derecho al honor, por irregular. Se declare que APLAZAME, mantuvo y mantiene indebidamente, en los registros de solvencia patrimonial datos relativos a mi representado durante 18 meses en Asnef, a la interposición de esta demanda.

b) A abonar al actor el importe de 3.000 Euros por daños morales, o en su defecto aquella cantidad que Su Señoría entienda adecuada en base a la difícil cuantificación de un daño moral genérico.

c) A excluir al actor del fichero de los ficheros de solvencia ASNEF

d) Al pago de los intereses y las costas".

En estas actuaciones ha intervenido el Ministerio Fiscal

Efectivamente, el Sr. Marco Antonio, en sustento de su pretensión, alegaba haber sido incluido en el fichero de información de solvencia patrimonial y crédito ASNEF/EQUIFAX por una supuesta deuda impagada, por importe de 190,10.- euros, con fecha de alta el 16 de septiembre de 2022. Alegaba también que no ha sido requerida de pago en ningún momento en relación con dicha deuda, siendo que tampoco se le ha advertido de la posibilidad de su inclusión en los llamados "ficheros de morosos" para caso de impago, de modo que la demanda ha vulnerado los requisitos legales para la inclusión de deudas en el registro de morosos.

WIZINK se opuso a la demanda alegando, en síntesis: (i) que la indicada deuda se corresponde con el saldo deudor derivado del contrato de crédito suscrito electrónicamente por el actor en fecha 29 de septiembre de 2021 (contrato adjuntado como doc. nº 2 a la contestación) tratándose de una deuda líquida, deteminada, vencida y exigible; (ii) que en dicho contrato, vid cláusula 7ª, ya se advertía de la posibilidad, para el caso de incumplimiento de la obligación de pago, de incluir al actor en el fichero de morosos ASNEF; (III) que, en julio y agosto de 2022, antes de la inclusión, el actor fue requerido de pago, nuevamente con advertencia de inclusión en el fichero de solvencia, habiéndose remitido los requerimientos al domicilio de notificaciones facilitado en el contrato ( DIRECCION000 Navarcles) (vid. requerimientos como documento nº 6 y 7 de la contestación a la demanda).

El Ministerio Fiscal presentó escrito el 19 de abril de 2024 contestando a la demanda y ateniéndose al resultado de la prueba a practicar.

Seguido el juicio por sus trámites, por el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de los de Manresa se dictó la sentencia núm. 11/2025, de 26 de enero, que, con estimación sustancial de la demanda:

1. Declaró que la inclusión del actor en un fichero de solvencia patrimonial ha supuesto una vulneración de su derecho al honor, por irregular, condenando a la demandada a estar y pasar por dicha declaración.

2. Condenó a a excluir a la actora del fichero de solvencia patrimonial en que fue incluida, si todavía estuviese en él.

3. Condenó a la referida demandada al pago de una indemnización por importe de 1000 euros, junto con los intereses del art .1108 CC desde la fecha de interposición de la demanda, y los procesales a partir de la sentencia

4. Condenó a WIZINK al pago de las costas procesales causadas en primera instancia.

En sustento de esta decisión, la juzgadora, tras exponer el régimen jurídico aplicable, considera, en síntesis, que la documentación obrante en autos no es suficiente para tener por acreditado que los requerimientos de pago y la advertencias de inclusión en el archivo de solvencia patrimonial efectivamente llegaran al conocimiento del actor, ya que lo único que se demuestra es que se puso dicho requerimiento de pago, con la advertencia antes transcrita, a disposición del servicio de Correos, junto con una remesa de comunicaciones, y que esta notificación se generó, imprimió y ensobro?, sin que se generase incidencia alguna, pero ello en modo alguno prueba que el requerimiento fuera efectivamente recibido por su destinatario.

Frente a dicha sentencia ha interpuesto recurso de apelación la demandada, que, en esencia, reitera en esta alzada las alegaciones ya expuestas en el escrito de demanda.

El demandante se ha opuesto al recurso interesando la confirmación de la sentencia de primer grado.

El Ministerio Fiscal ha interesado la confirmación de la sentencia apelada.

SEGUNDO. -Planteado el debate en esta alzada en los términos que han quedado expuestos en el fundamento precedente, como hemos tenido ocasión de exponer en resoluciones anteriores y abundando en los razonamientos que se contienen en la resolución recurrida, para la resolución de este recurso hemos de partir exponiendo el régimen jurídico aplicable.

Ante todo, conviene recordar que constituye doctrina jurisprudencial consolidada la que establece que el derecho al honor, proclamado como fundamental en el artículo 18.1 de la CE, es el derecho, en cuanto derivado de la dignidad humana, a no ser escarnecido o humillado ante uno mismo (inmanencia o aspecto interno de tal derecho) o ante los demás (trascendencia o aspecto externo o social del mismo), y cuya negación o desconocimiento se produce, fundamentalmente, a través de alguna expresión proferida o cualificación atribuida a una persona que, inexcusablemente, la haga desmerecer en su propia estimación o en la del entorno social o profesional en que se desenvuelve.

En concreto, en relación con la inclusión de datos personales en los llamados "ficheros de morosos", la norma aplicable al caso que nos ocupa es la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales, y, según la reciente Sentencia del Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo núm. 945/2022, de 20 diciembre, el hecho de que la LO 3/2018 derogue expresamente la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, (con excepciones referidas a ciertas materias que aquí no son relevantes) no significa necesariamente que haya quedado derogado el Reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007.

A falta de un Reglamento que desarrolle la nueva LO, el Real Decreto 1720/2007 sirve de desarrollo reglamentario de la LO 3/2018, necesario para la plena eficacia de esta, sin perjuicio de que hayan quedado derogadas aquellas normas del citado reglamento que "contradigan, se opongan, o resulten incompatibles con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica",según prevé expresamente el apartado 3º de la Disposición Derogatoria Única de la LO 3/2018 en relación con las disposiciones de igual o inferior rango.

Por tanto, ha de determinarse si los citados arts. 38 y 39 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007 son compatibles con la regulación contenida en el art. 20 de la LO 3/2018, en concreto con su apartado 1.c).

El art. 20.1.c) de la LO 3/2018, bajo el título "sistemas de información crediticia",establece lo siguiente:

"1. Salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia cuando se cumplan los siguientes requisitos: [...]

c) Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe. [...]".

El art. 38.1.c del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007, bajo el título "requisitos para la inclusión de los datos",establece:

"1. Solo será? posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que concurran los siguientes requisitos: [...]

c) Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación".

El art. 39 del mismo Reglamento, bajo el título "información previa a la inclusión",establece:

"El acreedor deberá informar al deudor, en el momento en que se celebre el contrato y, en todo caso, al tiempo de efectuar el requerimiento al que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo anterior, que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y cumplirse los requisitos previstos en el citado artículo, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias".

Este último precepto, es decir, el art. 39 del citado Reglamento, ha de entenderse derogado por el nuevo art. 20.1.c de la LO 3/2018, porque una y otra norma son incompatibles. Mientras que este art. 39 del reglamento exige que la información sobre la posibilidad de comunicar a estos ficheros los datos relativos al impago se realice de forma cumulativa "en el momento en que se celebre el contrato y, en todo caso, al tiempo de efectuar el requerimiento",el nuevo art. 20.1.c de la Ley Orga?nica 3/2018 permite que tal información se proporcione en alguno de los dos momentos "en el contrato o en el momento de requerir el pago".

Por tanto, no es preciso realizar la información (más bien una advertencia) sobre la posibilidad de comunicar los datos al fichero de morosos en caso de impago en el contrato y, "en todo caso", en el momento de requerir de pago, sino que puede realizarse en cualquiera de estos momentos, no necesariamente en ambos.

Respecto del requerimiento de pago, el hecho de que el art. 29 de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que regulaba este tipo de ficheros sobre solvencia patrimonial y, en concreto, sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias, no estableciera el requisito del requerimiento de pago, no determino? que la regulación del art. 38.1.c) del reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007 fuera considerado un exceso reglamentario.

Por tanto, el hecho de que el actual art. 20.1.c) de la LO 3/2018 no establezca expresamente el requisito del requerimiento previo de pago no supone que la regulación del art. 38.1.c del reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007 se oponga o sea incompatible con la nueva norma legal y deba considerarse, por tanto, derogado. Es más, la nueva norma legal contiene la mención a la existencia de dicho requerimiento previo al prever que la advertencia de comunicación de los datos al fichero debe hacerse bien en ese requerimiento previo, bien al celebrarse el contrato. Esa mención, que no existía en la anterior ley, implica que el nuevo precepto legal presupone la existencia necesaria de tal requerimiento previo, que es uno de los momentos, junto con el de celebración del contrato, en los que el acreedor puede hacer al deudor la advertencia de comunicación de sus datos al fichero de morosos en caso de impago de la deuda.

Y finaliza el TS en la STS 945/2022 indicando literalmente que: "La conclusión de lo anterior es que sigue siendo exigible el requerimiento previo de pago, previsto en el propio art. 20.1.c de la LO 3/2018 , cuya función y justificación han sido expresadas por esta Sala en numerosas sentencias (entre las últimas, la sentencia 604/2022, de 14 de septiembre ): impide que sean incluidas en estos registros los datos de personas que, por un simple descuido, por un error bancario al que son ajenas, o por cualquier otra circunstancia de similar naturaleza, han dejado de hacer frente a una obligación dineraria vencida y exigible, por lo que el dato del impago no es pertinente para enjuiciar su solvencia. Lo que no es imprescindible con la nueva regulación es que en ese requerimiento de pago se advierta de la posibilidad de incluir sus datos en un fichero de morosos en caso de impago pues esa advertencia puede haber sido realizada al contratar".

En consecuencia, conforme a dicha sentencia, el acreedor esta? obligado a informar al afectado, bien en el contrato, bien en el momento de requerirle de pago, acerca de la posibilidad de inclusión en los referidos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe, ex. art. 20.1.c], párrafo primero, de la LO 3/2018, que deroga el art. 39 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007, en tanto que este exigía que la información se hiciera cumulativamente en ambos momentos. Y asimismo, el acreedor, o quien actúe por su cuenta o interés, debe requerir de pago al deudor con carácter previo a la comunicación de sus datos al fichero de morosos ( art. 38.1.c del reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007) y estará? obligado a conservar a disposición del responsable del fichero común y de la Agencia Española de Protección de Datos documentación suficiente que acredite el cumplimiento de tal requisito y de los demás exigidos por la normativa aplicable, conforme al art 38.3 de dicho reglamento.

TERCERO. -Expuesto el régimen jurídico aplicable, constatamos que en esta alzada se plantea la controversia en los mismos términos que en la primera instancia y para la resolución del recurso contamos con el mismo material probatorio, que no es otro que la prueba documental adjuntada por las partes con sus respectivos escritos de alegaciones, así como las respuestas remitidas por la sociedad al oficio remitido por el juzgado.

Así, como bien indica la juzgadora de primer grado, no es objeto de controversia que la demandada incluyó al actor en el indicado fichero de información de solvencia patrimonial y crédito ASNEF/EQUIFAX con fecha de alta el 16 de septiembre de 2022, y tampoco se discute propiamente la existencia de la deuda, por importe de 190,10.- euros.

El debate se circunscribe a determinar si se acredita la existencia de previo requerimiento de pago y, sobre todo, si se cumple con la exigencia recogida en el art. 20.1.c], párrafo primero, de la LO 3/2018 que, como hemos expuesto, obliga al acreedor a informar al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe.

Pues bien, podemos avanzar que, revisadas en esta alzada las actuaciones, el recurso debe prosperar en tanto, en el estado actual de la jurisprudencia en relación con el tema analizado, no podemos suscribir las conclusiones a las que llega la juzgadora en la resolución recurrida cuya decisión hemos de revocar.

En el supuesto que analizamos constatamos que obra en autos documentación, que reproduciremos en su parte relevante.

Dos certificaciones emitidas por la entidad EXPERIAN BUREAU DE CRÉDITO, S.A., datadas el 8 de mayo de 2024, (docs. núm. 6 y 7 de la contestación a la demanda) en la que dicha entidad manifiesta en su parte relevante:

1.-"Con fecha 13/07/2022 fue enviado el requerimiento previo de pago que a continuación se relaciona, contenido en el fichero de requerimientos previos de pago recibido por mi representada el 07/07/2022, y procesado el día 10/07/2022 (fecha de carga):

Número de documento identificativo: NUM000

Código de Operación: NUM001

Nombre y apellidos / Razón social: Marco Antonio

Dirección , C.P., localidad: DIRECCION000

NAVARCLES

Importe impagado: 114.06 Euros

Tipo producto: PRÉSTAMOS PERSONALES

Plazo de días antes de su inclusión en ficheros de insolvencia: 30

Se acompaña, como DOCUMENTO NÚMERO 1,copia del requerimiento previo de pago enviado en donde consta expresamente la advertencia de inclusión en archivo de solvencia.

Se indica que EXPERIAN tiene a su vez subcontratada la impresión y envío de las

notificaciones de requerimientos previo de pago con unas empresas terceras, en este

caso concreto con IMPRE-LASER, S.L., con el consentimiento de APLAZAME y que

dichas notificaciones se envían a través del operador postal CORREOS Y

TELEGRAFOS, SAE.

Que cada requerimiento previo de pago impreso y enviado por las referidas empresas en nombre de EXPERIAN tiene un número secuencial único que permite identificarlo,

número que figura en el código de barras del reverso. El del requerimiento enviado es:

Requerimiento de pago, NUM002, con el siguiente desglose:

El número inicial, -P-, es común a todas las claves.

Los cinco dígitos siguientes - NUM002-, son la clave de la entidad, utilizada por

EXPERIAN. En este caso se trata de APLAZAME.

Los seis dígitos siguientes - NUM002- son un número secuencial de cada una d

las notificaciones de cada carga periódica, para cada entidad y fecha, asignado

consecutivamente por el proveedor de impresión.

Finalmente, los ocho últimos dígitos - NUM002-, aparece la fecha de emisión de la notificación en el fichero según el siguiente formato: AAAAMMDD.

Como puede comprobarse en la carta, ésta se generó el día 11/07/2022, y se remitió a

Marco Antonio, en la siguiente dirección DIRECCION000

NAVARCLES.

Se acompaña, como DOCUMENTO NÚMERO 2,copia del certificado expedido por IMPRE-LASER, S.L., acreditativo de la impresiónde 12.626 cartas de "Requerimientos Previos de Pago" de la "Carga: 10/07/2022".

En dicho documento figura que los requerimientos correspondientes a APLAZAME

comprenden un total de 479 requerimientos, desde el número NUM003 al NUM004. La carta con Clave Nº NUM002 (es decir, NUM002) está comprendida entre aquellas a las que se refieren estos certificados. El total de requerimientos impresos en dicha carga asciende a 12.626 cartas, para todas las entidades en conjunto.

Se acompaña, asimismo, como DOCUMENTO NÚMERO 3copia del certificado expedido por IMPRE-LASER, acreditativo del envío, a través del operador postal CORREOS, de 12.626 requerimientos previos de pago correspondientes a la carga del

día 10/07/2022, y que coinciden con los impresos por IMPRE-LASER.

Finalmente, como DOCUMENTO NÚMERO 4se acompaña copia del certificado de

CORREOS, acreditativo de que, en concepto de Requerimientos previos de pago de la

carga de 10/07/2022, se enviaron un total de 12.626 requerimientos, que corresponden por los impresos y enviados, conforme a los certificados anteriores. Figura asimismo en el certificado, que las cartas fueron enviadas en fecha 13/07/2022.

Se indica que EXPERIAN presta además a esta entidad el Servicio de Gestión de devoluciones de requerimientos previos de pago y que no tiene constancia, a fecha de hoy, de que el requerimiento previo de pago antes descrito haya sido devuelto por los servicios postales.

2.- Que, fue enviado un segundo requerimiento previo de pago con fecha

fecha 17/08/2022 contenido en el fichero de requerimientos previos de pago recibido por EXPERIAN el 11/08/2022, y procesado el día 14/08/2022 (fecha de carga):

Número de documento identificativo: NUM000

Código de Operación: NUM001

Nombre y apellidos / Razón social: Marco Antonio

Dirección , C.P., localidad: DIRECCION000

NAVARCLES

Importe impagado: 152.08 Euros

Tipo producto: PRÉSTAMOS PERSONALES

Plazo de días antes de su inclusión en ficheros de insolvencia: 30 días

En esta segunda certificación se da cuenta de que este segundo requerimiento fue remitido por el mismo cauce a la misma dirección y con el mismo contenido, es decir, incluyendo la advertencia de inclusión en el archivo de solvencia, siendo que no se tiene constancia, a fecha de hoy, dicho requerimiento previo de pago haya sido devuelto por los servicios postales.

A la vista de esta documentación, separándonos del criterio de la juez a quo, consideramos acreditado que la demandada requirió de pago a la actora, lo hizo en un domicilio idóneo, pues es el que figuraba en el contrato sin que conste que el Sr. Marco Antonio hubiera comunicado un cambio de domicilio, y le advirtió de que en caso de no atender el requerimiento podía ser incluido en uno de los ficheros de solvencia patrimonial indicados, dando cumplimiento a las exigencias del art. 20.1 c) de la Ley Orgánica 3/2018.

Esta conclusión no queda desvirtuada por las objeciones que alega el demandante en su escrito de oposición al recurso promovido de contrario.

La sentencia recurrida viene a cuestionar, en general, la validez, por falta de fehaciencia y de la consiguiente prueba de su recepción, de los envíos masivos de comunicaciones realizados por terceros interesados, concluyendo que no son aptas como requerimiento de pago.

Pues bien, lo cierto es que esta cuestión, después de una cierta evolución jurisprudencial sobre el carácter recepticio del requerimiento de pago y la advertencia de inclusión en los citados ficheros, ha sido zanjada por el Tribunal Supremo en la Sentencia del Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo núm. 959/2022, de 21 de diciembre (ROJ STS 4490/2022), que, en relación con la efectividad del requerimiento previo de pago, establece que "el requerimiento no se puede considerar eficaz por el simple hecho de su emisión, ya que su finalidad es impedir que sean incluidas en estos registros personas que, por un simple descuido, por un error bancario al que son ajenas, o por cualquier otra circunstancia de similar naturaleza, han dejado de hacer frente a una obligación dineraria vencida y exigible sin que ese dato sea pertinente para enjuiciar su solvencia, además de permitirles ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación (por todas, sentencias 660/2022, de 13 de octubre ; 609/2022, de 19 de septiembre ; 604/2022, de 14 de septiembre ; 854/2021, de 10 de diciembre ; 563/2019, de 23 de octubre ; y 740/2015, de 22 diciembre ).

Si bien, y dado que el art. 38 RLOPD no establece una forma especial de llevar a cabo el requerimiento previo, tampoco es necesaria, de cara a su validez, la fehaciencia de su recepción, que se puede considerar fijada a través de las presunciones o acreditada por cualquier medio de prueba ( sentencias 672/2020, de 11 de diciembre, 854/2021, de 10 de diciembre, 81/2022, de 2 de febrero, y 436/2022, de 30 de mayo, entre las más recientes) siempre que exista garantía o constancia razonable de ella ( sentencias 660/2022, de 13 de octubre, 604/2022, de 14 de septiembre, 854/2021, de 10 de diciembre, 672/2020, de 11 de diciembre), lo que, por depender de las circunstancias concurrentes en cada supuesto, habrá que determinar de forma inevitablemente casuística (...)

Y nuestra doctrina sobre el carácter recepticio del requerimiento previo de pago no exige, como hemos dicho, la fehaciencia de su recepción, que se puede considerar fijada a través de las presunciones, como en este caso, siempre que exista garantía o constancia razonable de ella, que en el presente supuesto también existe, puesto que en ningún momento se ha negado que el domicilio del demandado coincidiera con la dirección de destino indicada en la comunicación o argumentado que esta se hubiera malogrado por razones achacables al servicio postal de correos, de las que, por lo demás, no existe reflejo alguno en los autos.

Tampoco se puede tachar la comunicación por formar parte de un gran conjunto de ellas, puesto que dicha circunstancia, igual que si se hubiera presentado de forma independiente e individual, no impide su puesta a disposición del servicio postal de correos, que opera un número ingente de comunicaciones y que no puede denegar su admisión (documentada en los autos con los albaranes de entrega) por el mero hecho de formar parte de una remesa masiva de envíos que le son confiados por el remitente para la realización de un proceso postal integral (clasificación, transporte, distribución y entrega) que debe garantizar de manera efectiva los derechos de los usuarios y del que, una vez producida la recepción, se hace responsable, conforme a lo dispuesto por el art. 3.12.b) de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre , del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.

Ni equipararse este supuesto, atendidas las circunstancias que lo califican, con otros cuya tipología es distinta, como aquellos en los que la comunicación fue remitida a una dirección postal de la que fue devuelta por ser el destinatario desconocido o donde anteriormente ya se había producido una devolución por la misma circunstancia, lo que sí cuestiona, como ya hemos dicho, la garantía de la recepción ( sentencia 854/2021, de 10 de diciembre )".(El énfasis en negrilla es nuestro).

Esta doctrina ha sido reiterada en las más recientes resoluciones del Tribunal Supremo sobre la materia.

Luego, conforme a la doctrina jurisprudencial vigente sobre el cumplimiento del requisito del requerimiento previo de pago y la información (o advertencia) al demandante de la posibilidad de inclusión en los ficheros de morosos, hay que admitir, en línea de principio, la validez de requerimientos de pago realizados por terceros interesados y su aptitud para la comunicación de la advertencia de inclusión en los ficheros de solvencia económica cuyo carácter recepticio no exige, según la doctrina jurisprudencial expuesta, la fehaciencia de su recepción, que se puede considerar fijada a través de las presunciones o acreditada por cualquier medio de prueba siempre que exista garantía o constancia razonable de ella.

Expresamente, analizando el supuesto que se plantea en la STS 863/2023, antes citada, el TS concluye que "no constando circunstancias de las que inferir razonablemente, es decir, con base en razones justificadas, no en meras hipótesis especulativas, que la carta no llegara a su destino, concluir que los elementos probatorios disponibles se pueden considerar suficientes para dar por acreditada la realización del requerimiento previo de pago exigido reglamentariamente no solo es racional, sino también razonable.

Conviene insistir, en este sentido, en que nuestra doctrina sobre el carácter recepticio del requerimiento previo de pago no exige la fehaciencia de su recepción, puesto que esta se puede considerar fijada a través de las presunciones siempre que exista garantía o constancia razonable de ella, que en el presente supuesto también existe, puesto que en ningún momento se ha negado que el domicilio de la recurrente coincidiera con la dirección de destino indicada en la comunicación o argumentado que esta se hubiera malogrado por razones achacables al servicio postal de correos, de las que, por lo demás, no existe reflejo alguno en los autos".

Como quiera que en este caso no se ha negado que el domicilio al que se remitió el requerimiento de pago coincidiera con el domicilio del Sr. Marco Antonio en ese momento y tampoco hay constancia en autos de incidencia alguna en su entrega por el servicio postal de correos, la aplicación al supuesto de autos de las consideraciones doctrinales antes expuestas comporta, como avanzábamos, la estimación del recurso de apelación interpuesto por la demandada lo que conduce a revocar la resolución impugnada y, en su lugar, con desestimación de la demanda, a absolver a la entidad WIZINK de cuantos pedimentos se realizaban en su contra.

CUARTO.-Dada la desestimación de la demanda, las costas de la primera instancia se deben imponer al actor por aplicación del criterio del vencimiento objetivo, sin que podamos apreciar dudas de derecho ya que la doctrina jurisprudencial sobre la materia quedó fijada antes de la interposición de la demanda.

Por otra parte, estimado el recurso, no cabe hacer especial imposición de las costas devengadas en esta alzada derivadas de la apelación interpuesta.

Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 398.1º y 394.1º de la LEC.

Vistos los preceptos legales invocados y demás de general y pertinente aplicación al caso,

PRIMERO. -La representación procesal de la entidad "WIZINK BANK,S.A.U." (en lo sucesivo, WIZINK) interpone recurso de apelación contra la sentencia núm. 11/2025, de 26 de enero, dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Manresa, en los autos de Procedimiento Ordinario núm. 287/2024 de los de ese Juzgado.

En la demanda inicial de dicho procedimiento, el demandante, D. Marco Antonio, ejercito? acción de protección del derecho al honor, con fundamento en la Ley Orgánica (LO) 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales; en el art. 9.2 de la LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y en el art. 18.1 de la Constitución Española ( CE), acción que dirigió inicialmente contra la entidad "APLÁZAME,S.L." (absorbida por WIZINK) como demandada.

En dicha demanda la parte actora interesaba que se dictase sentencia por la que se condenase a la ahora recurrente:

"a) A estar y pasar por la declaración de que la inclusión del actor en los ficheros de solvencia patrimonial ha supuesto una vulneración de su derecho al honor, por irregular. Se declare que APLAZAME, mantuvo y mantiene indebidamente, en los registros de solvencia patrimonial datos relativos a mi representado durante 18 meses en Asnef, a la interposición de esta demanda.

b) A abonar al actor el importe de 3.000 Euros por daños morales, o en su defecto aquella cantidad que Su Señoría entienda adecuada en base a la difícil cuantificación de un daño moral genérico.

c) A excluir al actor del fichero de los ficheros de solvencia ASNEF

d) Al pago de los intereses y las costas".

En estas actuaciones ha intervenido el Ministerio Fiscal

Efectivamente, el Sr. Marco Antonio, en sustento de su pretensión, alegaba haber sido incluido en el fichero de información de solvencia patrimonial y crédito ASNEF/EQUIFAX por una supuesta deuda impagada, por importe de 190,10.- euros, con fecha de alta el 16 de septiembre de 2022. Alegaba también que no ha sido requerida de pago en ningún momento en relación con dicha deuda, siendo que tampoco se le ha advertido de la posibilidad de su inclusión en los llamados "ficheros de morosos" para caso de impago, de modo que la demanda ha vulnerado los requisitos legales para la inclusión de deudas en el registro de morosos.

WIZINK se opuso a la demanda alegando, en síntesis: (i) que la indicada deuda se corresponde con el saldo deudor derivado del contrato de crédito suscrito electrónicamente por el actor en fecha 29 de septiembre de 2021 (contrato adjuntado como doc. nº 2 a la contestación) tratándose de una deuda líquida, deteminada, vencida y exigible; (ii) que en dicho contrato, vid cláusula 7ª, ya se advertía de la posibilidad, para el caso de incumplimiento de la obligación de pago, de incluir al actor en el fichero de morosos ASNEF; (III) que, en julio y agosto de 2022, antes de la inclusión, el actor fue requerido de pago, nuevamente con advertencia de inclusión en el fichero de solvencia, habiéndose remitido los requerimientos al domicilio de notificaciones facilitado en el contrato ( DIRECCION000 Navarcles) (vid. requerimientos como documento nº 6 y 7 de la contestación a la demanda).

El Ministerio Fiscal presentó escrito el 19 de abril de 2024 contestando a la demanda y ateniéndose al resultado de la prueba a practicar.

Seguido el juicio por sus trámites, por el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de los de Manresa se dictó la sentencia núm. 11/2025, de 26 de enero, que, con estimación sustancial de la demanda:

1. Declaró que la inclusión del actor en un fichero de solvencia patrimonial ha supuesto una vulneración de su derecho al honor, por irregular, condenando a la demandada a estar y pasar por dicha declaración.

2. Condenó a a excluir a la actora del fichero de solvencia patrimonial en que fue incluida, si todavía estuviese en él.

3. Condenó a la referida demandada al pago de una indemnización por importe de 1000 euros, junto con los intereses del art .1108 CC desde la fecha de interposición de la demanda, y los procesales a partir de la sentencia

4. Condenó a WIZINK al pago de las costas procesales causadas en primera instancia.

En sustento de esta decisión, la juzgadora, tras exponer el régimen jurídico aplicable, considera, en síntesis, que la documentación obrante en autos no es suficiente para tener por acreditado que los requerimientos de pago y la advertencias de inclusión en el archivo de solvencia patrimonial efectivamente llegaran al conocimiento del actor, ya que lo único que se demuestra es que se puso dicho requerimiento de pago, con la advertencia antes transcrita, a disposición del servicio de Correos, junto con una remesa de comunicaciones, y que esta notificación se generó, imprimió y ensobro?, sin que se generase incidencia alguna, pero ello en modo alguno prueba que el requerimiento fuera efectivamente recibido por su destinatario.

Frente a dicha sentencia ha interpuesto recurso de apelación la demandada, que, en esencia, reitera en esta alzada las alegaciones ya expuestas en el escrito de demanda.

El demandante se ha opuesto al recurso interesando la confirmación de la sentencia de primer grado.

El Ministerio Fiscal ha interesado la confirmación de la sentencia apelada.

SEGUNDO. -Planteado el debate en esta alzada en los términos que han quedado expuestos en el fundamento precedente, como hemos tenido ocasión de exponer en resoluciones anteriores y abundando en los razonamientos que se contienen en la resolución recurrida, para la resolución de este recurso hemos de partir exponiendo el régimen jurídico aplicable.

Ante todo, conviene recordar que constituye doctrina jurisprudencial consolidada la que establece que el derecho al honor, proclamado como fundamental en el artículo 18.1 de la CE, es el derecho, en cuanto derivado de la dignidad humana, a no ser escarnecido o humillado ante uno mismo (inmanencia o aspecto interno de tal derecho) o ante los demás (trascendencia o aspecto externo o social del mismo), y cuya negación o desconocimiento se produce, fundamentalmente, a través de alguna expresión proferida o cualificación atribuida a una persona que, inexcusablemente, la haga desmerecer en su propia estimación o en la del entorno social o profesional en que se desenvuelve.

En concreto, en relación con la inclusión de datos personales en los llamados "ficheros de morosos", la norma aplicable al caso que nos ocupa es la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales, y, según la reciente Sentencia del Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo núm. 945/2022, de 20 diciembre, el hecho de que la LO 3/2018 derogue expresamente la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, (con excepciones referidas a ciertas materias que aquí no son relevantes) no significa necesariamente que haya quedado derogado el Reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007.

A falta de un Reglamento que desarrolle la nueva LO, el Real Decreto 1720/2007 sirve de desarrollo reglamentario de la LO 3/2018, necesario para la plena eficacia de esta, sin perjuicio de que hayan quedado derogadas aquellas normas del citado reglamento que "contradigan, se opongan, o resulten incompatibles con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica",según prevé expresamente el apartado 3º de la Disposición Derogatoria Única de la LO 3/2018 en relación con las disposiciones de igual o inferior rango.

Por tanto, ha de determinarse si los citados arts. 38 y 39 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007 son compatibles con la regulación contenida en el art. 20 de la LO 3/2018, en concreto con su apartado 1.c).

El art. 20.1.c) de la LO 3/2018, bajo el título "sistemas de información crediticia",establece lo siguiente:

"1. Salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia cuando se cumplan los siguientes requisitos: [...]

c) Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe. [...]".

El art. 38.1.c del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007, bajo el título "requisitos para la inclusión de los datos",establece:

"1. Solo será? posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que concurran los siguientes requisitos: [...]

c) Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación".

El art. 39 del mismo Reglamento, bajo el título "información previa a la inclusión",establece:

"El acreedor deberá informar al deudor, en el momento en que se celebre el contrato y, en todo caso, al tiempo de efectuar el requerimiento al que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo anterior, que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y cumplirse los requisitos previstos en el citado artículo, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias".

Este último precepto, es decir, el art. 39 del citado Reglamento, ha de entenderse derogado por el nuevo art. 20.1.c de la LO 3/2018, porque una y otra norma son incompatibles. Mientras que este art. 39 del reglamento exige que la información sobre la posibilidad de comunicar a estos ficheros los datos relativos al impago se realice de forma cumulativa "en el momento en que se celebre el contrato y, en todo caso, al tiempo de efectuar el requerimiento",el nuevo art. 20.1.c de la Ley Orga?nica 3/2018 permite que tal información se proporcione en alguno de los dos momentos "en el contrato o en el momento de requerir el pago".

Por tanto, no es preciso realizar la información (más bien una advertencia) sobre la posibilidad de comunicar los datos al fichero de morosos en caso de impago en el contrato y, "en todo caso", en el momento de requerir de pago, sino que puede realizarse en cualquiera de estos momentos, no necesariamente en ambos.

Respecto del requerimiento de pago, el hecho de que el art. 29 de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que regulaba este tipo de ficheros sobre solvencia patrimonial y, en concreto, sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias, no estableciera el requisito del requerimiento de pago, no determino? que la regulación del art. 38.1.c) del reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007 fuera considerado un exceso reglamentario.

Por tanto, el hecho de que el actual art. 20.1.c) de la LO 3/2018 no establezca expresamente el requisito del requerimiento previo de pago no supone que la regulación del art. 38.1.c del reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007 se oponga o sea incompatible con la nueva norma legal y deba considerarse, por tanto, derogado. Es más, la nueva norma legal contiene la mención a la existencia de dicho requerimiento previo al prever que la advertencia de comunicación de los datos al fichero debe hacerse bien en ese requerimiento previo, bien al celebrarse el contrato. Esa mención, que no existía en la anterior ley, implica que el nuevo precepto legal presupone la existencia necesaria de tal requerimiento previo, que es uno de los momentos, junto con el de celebración del contrato, en los que el acreedor puede hacer al deudor la advertencia de comunicación de sus datos al fichero de morosos en caso de impago de la deuda.

Y finaliza el TS en la STS 945/2022 indicando literalmente que: "La conclusión de lo anterior es que sigue siendo exigible el requerimiento previo de pago, previsto en el propio art. 20.1.c de la LO 3/2018 , cuya función y justificación han sido expresadas por esta Sala en numerosas sentencias (entre las últimas, la sentencia 604/2022, de 14 de septiembre ): impide que sean incluidas en estos registros los datos de personas que, por un simple descuido, por un error bancario al que son ajenas, o por cualquier otra circunstancia de similar naturaleza, han dejado de hacer frente a una obligación dineraria vencida y exigible, por lo que el dato del impago no es pertinente para enjuiciar su solvencia. Lo que no es imprescindible con la nueva regulación es que en ese requerimiento de pago se advierta de la posibilidad de incluir sus datos en un fichero de morosos en caso de impago pues esa advertencia puede haber sido realizada al contratar".

En consecuencia, conforme a dicha sentencia, el acreedor esta? obligado a informar al afectado, bien en el contrato, bien en el momento de requerirle de pago, acerca de la posibilidad de inclusión en los referidos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe, ex. art. 20.1.c], párrafo primero, de la LO 3/2018, que deroga el art. 39 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007, en tanto que este exigía que la información se hiciera cumulativamente en ambos momentos. Y asimismo, el acreedor, o quien actúe por su cuenta o interés, debe requerir de pago al deudor con carácter previo a la comunicación de sus datos al fichero de morosos ( art. 38.1.c del reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007) y estará? obligado a conservar a disposición del responsable del fichero común y de la Agencia Española de Protección de Datos documentación suficiente que acredite el cumplimiento de tal requisito y de los demás exigidos por la normativa aplicable, conforme al art 38.3 de dicho reglamento.

TERCERO. -Expuesto el régimen jurídico aplicable, constatamos que en esta alzada se plantea la controversia en los mismos términos que en la primera instancia y para la resolución del recurso contamos con el mismo material probatorio, que no es otro que la prueba documental adjuntada por las partes con sus respectivos escritos de alegaciones, así como las respuestas remitidas por la sociedad al oficio remitido por el juzgado.

Así, como bien indica la juzgadora de primer grado, no es objeto de controversia que la demandada incluyó al actor en el indicado fichero de información de solvencia patrimonial y crédito ASNEF/EQUIFAX con fecha de alta el 16 de septiembre de 2022, y tampoco se discute propiamente la existencia de la deuda, por importe de 190,10.- euros.

El debate se circunscribe a determinar si se acredita la existencia de previo requerimiento de pago y, sobre todo, si se cumple con la exigencia recogida en el art. 20.1.c], párrafo primero, de la LO 3/2018 que, como hemos expuesto, obliga al acreedor a informar al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe.

Pues bien, podemos avanzar que, revisadas en esta alzada las actuaciones, el recurso debe prosperar en tanto, en el estado actual de la jurisprudencia en relación con el tema analizado, no podemos suscribir las conclusiones a las que llega la juzgadora en la resolución recurrida cuya decisión hemos de revocar.

En el supuesto que analizamos constatamos que obra en autos documentación, que reproduciremos en su parte relevante.

Dos certificaciones emitidas por la entidad EXPERIAN BUREAU DE CRÉDITO, S.A., datadas el 8 de mayo de 2024, (docs. núm. 6 y 7 de la contestación a la demanda) en la que dicha entidad manifiesta en su parte relevante:

1.-"Con fecha 13/07/2022 fue enviado el requerimiento previo de pago que a continuación se relaciona, contenido en el fichero de requerimientos previos de pago recibido por mi representada el 07/07/2022, y procesado el día 10/07/2022 (fecha de carga):

Número de documento identificativo: NUM000

Código de Operación: NUM001

Nombre y apellidos / Razón social: Marco Antonio

Dirección , C.P., localidad: DIRECCION000

NAVARCLES

Importe impagado: 114.06 Euros

Tipo producto: PRÉSTAMOS PERSONALES

Plazo de días antes de su inclusión en ficheros de insolvencia: 30

Se acompaña, como DOCUMENTO NÚMERO 1,copia del requerimiento previo de pago enviado en donde consta expresamente la advertencia de inclusión en archivo de solvencia.

Se indica que EXPERIAN tiene a su vez subcontratada la impresión y envío de las

notificaciones de requerimientos previo de pago con unas empresas terceras, en este

caso concreto con IMPRE-LASER, S.L., con el consentimiento de APLAZAME y que

dichas notificaciones se envían a través del operador postal CORREOS Y

TELEGRAFOS, SAE.

Que cada requerimiento previo de pago impreso y enviado por las referidas empresas en nombre de EXPERIAN tiene un número secuencial único que permite identificarlo,

número que figura en el código de barras del reverso. El del requerimiento enviado es:

Requerimiento de pago, NUM002, con el siguiente desglose:

El número inicial, -P-, es común a todas las claves.

Los cinco dígitos siguientes - NUM002-, son la clave de la entidad, utilizada por

EXPERIAN. En este caso se trata de APLAZAME.

Los seis dígitos siguientes - NUM002- son un número secuencial de cada una d

las notificaciones de cada carga periódica, para cada entidad y fecha, asignado

consecutivamente por el proveedor de impresión.

Finalmente, los ocho últimos dígitos - NUM002-, aparece la fecha de emisión de la notificación en el fichero según el siguiente formato: AAAAMMDD.

Como puede comprobarse en la carta, ésta se generó el día 11/07/2022, y se remitió a

Marco Antonio, en la siguiente dirección DIRECCION000

NAVARCLES.

Se acompaña, como DOCUMENTO NÚMERO 2,copia del certificado expedido por IMPRE-LASER, S.L., acreditativo de la impresiónde 12.626 cartas de "Requerimientos Previos de Pago" de la "Carga: 10/07/2022".

En dicho documento figura que los requerimientos correspondientes a APLAZAME

comprenden un total de 479 requerimientos, desde el número NUM003 al NUM004. La carta con Clave Nº NUM002 (es decir, NUM002) está comprendida entre aquellas a las que se refieren estos certificados. El total de requerimientos impresos en dicha carga asciende a 12.626 cartas, para todas las entidades en conjunto.

Se acompaña, asimismo, como DOCUMENTO NÚMERO 3copia del certificado expedido por IMPRE-LASER, acreditativo del envío, a través del operador postal CORREOS, de 12.626 requerimientos previos de pago correspondientes a la carga del

día 10/07/2022, y que coinciden con los impresos por IMPRE-LASER.

Finalmente, como DOCUMENTO NÚMERO 4se acompaña copia del certificado de

CORREOS, acreditativo de que, en concepto de Requerimientos previos de pago de la

carga de 10/07/2022, se enviaron un total de 12.626 requerimientos, que corresponden por los impresos y enviados, conforme a los certificados anteriores. Figura asimismo en el certificado, que las cartas fueron enviadas en fecha 13/07/2022.

Se indica que EXPERIAN presta además a esta entidad el Servicio de Gestión de devoluciones de requerimientos previos de pago y que no tiene constancia, a fecha de hoy, de que el requerimiento previo de pago antes descrito haya sido devuelto por los servicios postales.

2.- Que, fue enviado un segundo requerimiento previo de pago con fecha

fecha 17/08/2022 contenido en el fichero de requerimientos previos de pago recibido por EXPERIAN el 11/08/2022, y procesado el día 14/08/2022 (fecha de carga):

Número de documento identificativo: NUM000

Código de Operación: NUM001

Nombre y apellidos / Razón social: Marco Antonio

Dirección , C.P., localidad: DIRECCION000

NAVARCLES

Importe impagado: 152.08 Euros

Tipo producto: PRÉSTAMOS PERSONALES

Plazo de días antes de su inclusión en ficheros de insolvencia: 30 días

En esta segunda certificación se da cuenta de que este segundo requerimiento fue remitido por el mismo cauce a la misma dirección y con el mismo contenido, es decir, incluyendo la advertencia de inclusión en el archivo de solvencia, siendo que no se tiene constancia, a fecha de hoy, dicho requerimiento previo de pago haya sido devuelto por los servicios postales.

A la vista de esta documentación, separándonos del criterio de la juez a quo, consideramos acreditado que la demandada requirió de pago a la actora, lo hizo en un domicilio idóneo, pues es el que figuraba en el contrato sin que conste que el Sr. Marco Antonio hubiera comunicado un cambio de domicilio, y le advirtió de que en caso de no atender el requerimiento podía ser incluido en uno de los ficheros de solvencia patrimonial indicados, dando cumplimiento a las exigencias del art. 20.1 c) de la Ley Orgánica 3/2018.

Esta conclusión no queda desvirtuada por las objeciones que alega el demandante en su escrito de oposición al recurso promovido de contrario.

La sentencia recurrida viene a cuestionar, en general, la validez, por falta de fehaciencia y de la consiguiente prueba de su recepción, de los envíos masivos de comunicaciones realizados por terceros interesados, concluyendo que no son aptas como requerimiento de pago.

Pues bien, lo cierto es que esta cuestión, después de una cierta evolución jurisprudencial sobre el carácter recepticio del requerimiento de pago y la advertencia de inclusión en los citados ficheros, ha sido zanjada por el Tribunal Supremo en la Sentencia del Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo núm. 959/2022, de 21 de diciembre (ROJ STS 4490/2022), que, en relación con la efectividad del requerimiento previo de pago, establece que "el requerimiento no se puede considerar eficaz por el simple hecho de su emisión, ya que su finalidad es impedir que sean incluidas en estos registros personas que, por un simple descuido, por un error bancario al que son ajenas, o por cualquier otra circunstancia de similar naturaleza, han dejado de hacer frente a una obligación dineraria vencida y exigible sin que ese dato sea pertinente para enjuiciar su solvencia, además de permitirles ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación (por todas, sentencias 660/2022, de 13 de octubre ; 609/2022, de 19 de septiembre ; 604/2022, de 14 de septiembre ; 854/2021, de 10 de diciembre ; 563/2019, de 23 de octubre ; y 740/2015, de 22 diciembre ).

Si bien, y dado que el art. 38 RLOPD no establece una forma especial de llevar a cabo el requerimiento previo, tampoco es necesaria, de cara a su validez, la fehaciencia de su recepción, que se puede considerar fijada a través de las presunciones o acreditada por cualquier medio de prueba ( sentencias 672/2020, de 11 de diciembre, 854/2021, de 10 de diciembre, 81/2022, de 2 de febrero, y 436/2022, de 30 de mayo, entre las más recientes) siempre que exista garantía o constancia razonable de ella ( sentencias 660/2022, de 13 de octubre, 604/2022, de 14 de septiembre, 854/2021, de 10 de diciembre, 672/2020, de 11 de diciembre), lo que, por depender de las circunstancias concurrentes en cada supuesto, habrá que determinar de forma inevitablemente casuística (...)

Y nuestra doctrina sobre el carácter recepticio del requerimiento previo de pago no exige, como hemos dicho, la fehaciencia de su recepción, que se puede considerar fijada a través de las presunciones, como en este caso, siempre que exista garantía o constancia razonable de ella, que en el presente supuesto también existe, puesto que en ningún momento se ha negado que el domicilio del demandado coincidiera con la dirección de destino indicada en la comunicación o argumentado que esta se hubiera malogrado por razones achacables al servicio postal de correos, de las que, por lo demás, no existe reflejo alguno en los autos.

Tampoco se puede tachar la comunicación por formar parte de un gran conjunto de ellas, puesto que dicha circunstancia, igual que si se hubiera presentado de forma independiente e individual, no impide su puesta a disposición del servicio postal de correos, que opera un número ingente de comunicaciones y que no puede denegar su admisión (documentada en los autos con los albaranes de entrega) por el mero hecho de formar parte de una remesa masiva de envíos que le son confiados por el remitente para la realización de un proceso postal integral (clasificación, transporte, distribución y entrega) que debe garantizar de manera efectiva los derechos de los usuarios y del que, una vez producida la recepción, se hace responsable, conforme a lo dispuesto por el art. 3.12.b) de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre , del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.

Ni equipararse este supuesto, atendidas las circunstancias que lo califican, con otros cuya tipología es distinta, como aquellos en los que la comunicación fue remitida a una dirección postal de la que fue devuelta por ser el destinatario desconocido o donde anteriormente ya se había producido una devolución por la misma circunstancia, lo que sí cuestiona, como ya hemos dicho, la garantía de la recepción ( sentencia 854/2021, de 10 de diciembre )".(El énfasis en negrilla es nuestro).

Esta doctrina ha sido reiterada en las más recientes resoluciones del Tribunal Supremo sobre la materia.

Luego, conforme a la doctrina jurisprudencial vigente sobre el cumplimiento del requisito del requerimiento previo de pago y la información (o advertencia) al demandante de la posibilidad de inclusión en los ficheros de morosos, hay que admitir, en línea de principio, la validez de requerimientos de pago realizados por terceros interesados y su aptitud para la comunicación de la advertencia de inclusión en los ficheros de solvencia económica cuyo carácter recepticio no exige, según la doctrina jurisprudencial expuesta, la fehaciencia de su recepción, que se puede considerar fijada a través de las presunciones o acreditada por cualquier medio de prueba siempre que exista garantía o constancia razonable de ella.

Expresamente, analizando el supuesto que se plantea en la STS 863/2023, antes citada, el TS concluye que "no constando circunstancias de las que inferir razonablemente, es decir, con base en razones justificadas, no en meras hipótesis especulativas, que la carta no llegara a su destino, concluir que los elementos probatorios disponibles se pueden considerar suficientes para dar por acreditada la realización del requerimiento previo de pago exigido reglamentariamente no solo es racional, sino también razonable.

Conviene insistir, en este sentido, en que nuestra doctrina sobre el carácter recepticio del requerimiento previo de pago no exige la fehaciencia de su recepción, puesto que esta se puede considerar fijada a través de las presunciones siempre que exista garantía o constancia razonable de ella, que en el presente supuesto también existe, puesto que en ningún momento se ha negado que el domicilio de la recurrente coincidiera con la dirección de destino indicada en la comunicación o argumentado que esta se hubiera malogrado por razones achacables al servicio postal de correos, de las que, por lo demás, no existe reflejo alguno en los autos".

Como quiera que en este caso no se ha negado que el domicilio al que se remitió el requerimiento de pago coincidiera con el domicilio del Sr. Marco Antonio en ese momento y tampoco hay constancia en autos de incidencia alguna en su entrega por el servicio postal de correos, la aplicación al supuesto de autos de las consideraciones doctrinales antes expuestas comporta, como avanzábamos, la estimación del recurso de apelación interpuesto por la demandada lo que conduce a revocar la resolución impugnada y, en su lugar, con desestimación de la demanda, a absolver a la entidad WIZINK de cuantos pedimentos se realizaban en su contra.

CUARTO.-Dada la desestimación de la demanda, las costas de la primera instancia se deben imponer al actor por aplicación del criterio del vencimiento objetivo, sin que podamos apreciar dudas de derecho ya que la doctrina jurisprudencial sobre la materia quedó fijada antes de la interposición de la demanda.

Por otra parte, estimado el recurso, no cabe hacer especial imposición de las costas devengadas en esta alzada derivadas de la apelación interpuesta.

Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 398.1º y 394.1º de la LEC.

Vistos los preceptos legales invocados y demás de general y pertinente aplicación al caso,