Sentencia Civil 724/2025 Audiencia Provincial Civil de Barcelona nº 14, Rec. 1032/2022 de 03 de noviembre del 2025

PRIMER.- Breu resum d'antecedents.

1.- L'actora Evangelina va presentar demanda de procediment ordinari per negligència mèdica contra Clínica Sagrada Familia, SA, i l'asseguradora Mapfre España, SA, en reclamació del pagament solidari d'una indemnització de 164.802,78 € (incrementada a 287.516,50 € en un escrit de fets nous presentat en aquesta alçada), més els interessos de l' art. 20 de la LCS a càrrec de l'asseguradora, pel dany, consistent en la pèrdua de visió de l'ull dret causat per un glaucoma maligne per oclusió de l'artèria central de la retina, patit per l'actora arran de la intervenció quirúrgica de vitrectomia per despreniment de retina efectuada pel cirurgià Dr. Mariano el 31 de març de 2017 a les instal·lacions de la Clínica.

La demanda va imputar la pèrdua de visió de l'ull dret de la Sra. Evangelina a la injecció durant la vitrecomia del gas SF6 en una concentració superior a l'adequada del 20 %, que va provocar un quadre d'híper tensió intraocular, conjuntament amb el fet al postoperatori no es va respectar el protocol de que l'actora estigués en la postura de decúbit pron (boca avall).

El coneixement de la demanda va correspondre al Jutjat de Primera Instància núm. 23 de Barcelona, que va incoar el procediment ordinari 811/2020-4P, en el qual les dues entitats demandades van comparèixer i van contestar conjuntament la demanda.

La contestació a la demanda va negar ambdues negligències i va sol·licitar la desestimació de la demanda.

2.- Celebrades l'audiència prèvia i la vista del judici, el magistrat a quova dictar el 16 de juny de 2022 la sentència 171/2022. El fonament de dret preliminar de la sentència va establir les postures de les parts i els fets controvertits; el fonament de dret primer, va efectuar consideracions generals sobre la responsabilitat mèdica a tenor de la jurisprudència; el segon, va valorar el resultat de la prova practicada, concloent:

A tenor de una valoración conjunta de la prueba practicada respecto a este punto, y sobre todo de las periciales practicadas podemos concluir que no se justifica por la demandante que la pérdida de visión traiga causa en una mala dilución del gas empleado o en su caso de un cambio postural de la paciente imputable al equipo de enfermería o en su caso a la incorrecta dilución. Así, la probabilidad de que la pérdida de visión traiga causa en la existencia de un glaucoma maligno es mayor que la probabilidad de que estemos ante una pérdida de visión que traiga causa en una inadecuación postural o en una dilución de gas errónea. Asimismo, la probabilidad de que la pérdida de visión se deba a tal circunstancia es suficiente para aceptar como verdadera esa relación de causalidad. Se desestima en base a lo anterior la pretensión de la actora sin que sea necesario entrar a valorar sobre si efectivamente estamos ante daños imputables a la clínica demandada.

I el fonament de dret quart no va imposar les costes a la part actora, per l'existència de dubtes de fet.

En definitiva, la sentència de primera instància va desestimar la demanda per manca de prova de la negligència mèdica invocada en ella, però sense imposar les costes a la part actora.

4.- El recurs d'apel·lació de la part actora va al·legar error en la valoració de la prova, tant respecte a l'incompliment de la vigilància en el postoperatori de que la pacient mantingués la postura de decúbit pron, com respecte a la incorrecta dilució del gas en la intervenció quirúrgica.

SEGON.- La doctrina legal sobre la responsabilitat mèdica.

Està recollida a les següents SSTS, entre moltes altres:

STS 870/2024, de 18 de juny:

[L]a carga de la prueba corresponde a quien reclama, al quedar descartada cualquier manifestación de responsabilidad objetiva ( sentencias 992/2005, de 24 de noviembre ; 508/2008, de 10 de junio ; y 778/2009, de 20 de noviembre ; entre otras muchas). No es al médico a quien corresponde demostrar su ausencia de contribución personal en la génesis del resultado producido, a modo de inversión de la carga de la prueba, sino que quien reclama debe acreditar cumplidamente la infracción de la lex artis ad hoc por parte del personal sanitario que prestó la asistencia médica dispensada, así como la relación causal entre su intervención y el desenlace dañoso producido ( sentencia 357/2011, de 1 de junio ). Como afirmó la sentencia 112/2018, de 6 de marzo :

"En el ámbito de la responsabilidad del profesional médico debe descartarse la responsabilidad objetiva y una aplicación sistemática de la técnica de la inversión de la carga de la prueba, desaparecida en la actualidad de la LEC, salvo para supuestos debidamente tasados ( art. 217.5 LEC ). El criterio de imputación del art. 1902 CC se funda en la culpabilidad y exige del paciente la demostración de la relación o nexo de causalidad y la de la culpa en el sentido de que ha quedar plenamente acreditado en el proceso que el acto médico o quirúrgico enjuiciado fue realizado con infracción o no-sujeción a las técnicas médicas o científicas exigibles para el mismo ( sentencias 508/2008, 10 de junio ; 778/2009, de 20 de noviembre 2009 ; 475/2013, de 3 de julio , entre otras)".

2.- No obstante, habida cuenta la dificultad que para el paciente puede suponer el cumplimiento de las exigencias sobre la prueba de la negligencia médica y del correlativo nexo causal, en tanto que la actuación clínica se encuentra en la esfera de actuación y dominio de los profesionales de la medicina, y en determinadas ocasiones tiene lugar en ámbitos reservados, como un quirófano o un paritorio, la propia jurisprudencia ha admitido paliativos en el rigor probatorio de la demostración de los presupuestos de la responsabilidad civil, mediante la aplicación del principio de facilidad y disponibilidad probatoria, recogido en el art. 217.7 LEC .

STS 680/2023, de 8 de maig:

La naturaleza de la obligación del médico es de medios y no de resultados. La imputación jurídica del daño no es meramente objetiva por la existencia de un resultado dañoso no deseado, sino que es preciso concurra una actuación culposa que justifique la obligación de indemnizar, como resulta del juego normativo de los arts. 1101 , 1902 y 1903 del CC .

Ha de concurrir, al menos, un título de imputación jurídica del daño y una relación de causalidad acreditada entre la actuación médica y el resultado dañoso producido. En este caso, se trataría de una mala praxis determinante del desencadenamiento ulterior de un ictus, por falta de instauración de un tratamiento preventivo, al no apreciar un AIT padecido con anterioridad, que hubiera evitado las secuelas sufridas por la demandante.

En este contexto, ha declarado la jurisprudencia ( sentencias 185/2016, de 18 de marzo , cuya doctrina se reproduce en las posteriores 678/2019, de 17 de diciembre , 690/2019, de 18 de diciembre o 171/2020, de 11 de marzo , entre otras), que:

"[...] La apreciación de la culpa es una valoración jurídica resultante de una comparación entre el comportamiento causante del daño y el requerido por el ordenamiento. Constituye culpa un comportamiento que no es conforme a los cánones o estándares de pericia y diligencia exigibles según las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. El mero cumplimiento de las normas reglamentarias de cuidado no excluye, por sí solo, el denominado "reproche culpabilístico"".

La apreciación de culpa requiere pues un elemento de comparación, y la realización de una conducta que se aleje negligente o intencionadamente del comportamiento debido. En este sentido, el art. 4:101 de los Principios de Derecho Europeo de la responsabilidad civil, establece que "una persona responde con base en la culpa por violación intencional o negligente del estándar de conducta exigible".

Este modelo de comportamiento, expresión de la diligencia debida ( standard of care ), viene constituido por los principios, normas o pautas que rigen una determinada actividad, entre las que se encuentran las denominadas reglas de las lex artis (ley del arte).

La jurisprudencia las considera como "criterio valorativo para calibrar la diligencia exigible" ( sentencia 1342/2006, de 18 de diciembre ). De la misma manera, circunscrita al ámbito de la responsabilidad médica, se expresa la sentencia 284/2014, de 6 de junio , cuando indica que "el criterio básico de imputación estriba en la determinación de si se comportó con arreglo a las pautas o parámetros prescritos, según el estado actual de la ciencia, para la praxis médico-quirúrgica, lo que esta Sala ha denominado lex artis ad hoc". De igual forma se expresa la sentencia 546/2007, de 23 de mayo .

Por lex artis (ley del arte) se entiende el conjunto de conocimientos, técnicas y habilidades aplicables en un concreto sector de la actividad humana. Sirve como criterio para determinar la existencia de mala praxis cuando, quien se encuentra sujeto a ellas, incumple o desconoce las reglas de actuación por las que se rige la actividad profesional que desempeña. Constituye un modelo determinativo de la corrección de las acciones ejecutadas y opera como metro o testigo del comportamiento exigible.

En este orden de ideas, la STS 778/2009, de 20 de noviembre , indica que lo que se conoce como la lex artis es:

"[...] un supuesto y elemento esencial para llevar a cabo la actividad médica y obtener de una forma diligente la curación o la mejoría de la salud del enfermo, a la que es ajena el resultado obtenido puesto que no asegura o garantiza el interés final perseguido por el paciente".

En el caso de la asistencia médica, la lex artis abarca la utilización de los medios y técnicas necesarias, que el estado actual de conocimientos de la medicina, posibilita para el diagnóstico de las enfermedades, de manera proporcional al cuadro clínico que presenta el enfermo; seguir las prevenciones aceptadas por la comunidad científica para el tratamiento de la patología padecida; la práctica diligente de las técnicas empleadas en el proceso curativo, comprendiendo las quirúrgicas; la prestación de la información precisa, con antelación temporal suficiente, de manera comprensible, sobre el diagnóstico, pronóstico, tratamiento, riesgos típicos y prevenciones a seguir en el proceso de curación de la enfermedad; abstenerse de actuar en contra o al margen del consentimiento informado del paciente, que habrá de obtenerse, con mayor rigor, en el caso de la medicina voluntaria o satisfactiva; cumplimentar los deberes de la documentación clínica, sin incurrir en omisiones relevantes e injustificadas; y actuar siempre, de forma diligente, mediante el control de las incidencias del curso de la patología, sin incurrir en descuidos inasumibles, hasta el alta del paciente, con las indicaciones correspondientes de seguimiento, si fueran procedentes (prevenciones pautadas y revisiones periódicas en su caso).

En este sentido, se expresa la STS 534/2009, de 30 de junio , cuando establece, que constituye manifestación de la lex artis médica:

"[...] poner a disposición del paciente los medios adecuados comprometiéndose no solo a cumplimentar las técnicas previstas para la patología en cuestión, con arreglo a la ciencia médica adecuada a una buena praxis, sino a aplicar estas técnicas con el cuidado y precisión exigible de acuerdo con las circunstancias y los riesgos inherentes a cada intervención, y, en particular, a proporcionar al paciente la información necesaria que le permita consentir o rechazar una determinada intervención".

Ahora bien, en el caso de la responsabilidad médica, se añade la locución ad hoc , que obliga a ponderar las concretas circunstancias de cada caso, en tanto en cuanto a situaciones diferentes no se les puede dar el mismo tratamiento jurídico mediante una artificiosa e injustificada asimilación.

STS 517/2013, de 19 de juliol:

Dice la sentencia de 20 de noviembre de 2009 , y reitera la de 3 de marzo de 2010 , que "La responsabilidad del profesional médico es de medios y como tal no puede garantizar un resultado concreto. Obligación suya es poner a disposición del paciente los medios adecuados comprometiéndose no solo a cumplimentar las técnicas previstas para la patología en cuestión, con arreglo a la ciencia médica adecuada a una buena praxis, sino a aplicar estas técnicas con el cuidado y precisión exigible de acuerdo con las circunstancias y los riesgos inherentes a cada intervención, y, en particular, a proporcionar al paciente la información necesaria que le permita consentir o rechazar una determinada intervención. Los médicos actúan sobre personas, con o sin alteraciones de la salud, y la intervención médica está sujeta, como todas, al componente aleatorio propio de la misma, por lo que los riesgos o complicaciones que se pueden derivar de las distintas técnicas de cirugía utilizadas son similares en todos los casos y el fracaso de la intervención puede no estar tanto en una mala praxis cuanto en las simples alteraciones biológicas. Lo contrario supondría prescindir de la idea subjetiva de culpa, propia de nuestro sistema, para poner a su cargo una responsabilidad de naturaleza objetiva derivada del simple resultado alcanzado en la realización del acto médico, al margen de cualquier otra valoración sobre culpabilidad y relación de causalidad y de la prueba de una actuación médica ajustada a la lex artis, cuando está reconocido científicamente que la seguridad de un resultado no es posible pues no todos los individuos reaccionan de igual manera ante los tratamientos de que dispone la medicina actual ( SSTS 12 de marzo 2008 ; 30 de junio 2009 )".

STS 475/2013, de 3 de juliol:

En el ámbito de la responsabilidad del profesional médico debe descartarse la responsabilidad objetiva y una aplicación sistemática de la técnica de la inversión de la carga de la prueba, desaparecida en la actualidad de la LEC, salvo para supuestos debidamente tasados ( art. 217.5 LEC ). El criterio de imputación del art. 1902 CC se funda en la culpabilidad y exige del paciente la demostración de la relación o nexo de causalidad y la de la culpa en el sentido de que ha de quedar plenamente acreditado en el proceso que el acto médico o quirúrgico enjuiciado fue realizado con infracción o no-sujeción a las técnicas médicas o científicas exigibles para el mismo ( SSTS 24 de noviembre de 2005 ; 10 de junio 2008 ; 20 de octubre 2009 ; 18 de mayo 2012 ). La prueba del nexo causal resulta imprescindible, tanto si se opera en el campo de la responsabilidad subjetiva como en el de la objetiva ( SSTS 11 de febrero de 1998 ; 30 de junio de 2000 ; 20 de febrero de 2003 ) y ha de resultar de una certeza probatoria y no de meras conjeturas, deducciones o probabilidades ( SSTS 6 de febrero y 31 de julio de 1999 , 8 de febrero de 2000 ), aunque no siempre se requiere la absoluta certeza, por ser suficiente un juicio de probabilidad cualificada, que corresponde sentar al juzgador de instancia, cuya apreciación solo puede ser atacada en casación si es arbitraria o contraria a la lógica o al buen sentido ( SSTS 30 de noviembre de 2001 , 7 de junio y 23 de diciembre de 2002 , 29 de septiembre y 21 de diciembre de 2005 ; 19 de junio , 12 de septiembre , 19 y 24 de octubre 2007 , 13 de julio 2010 y 18 de junio 2013 ).

En definitiva, el criteri d'imputació de la responsabilitat mèdica està fonamentat en la prova de la negligència i la infracció de la lex artis ad hoc per part del metge, la càrrega d'acreditar la qual recau sobre la part que reclama, sens perjudici que en ocasions pugui ser aplicable el principi de facilitat o disponibilitat probatòria recollit a l' art. 217.7 de la LEC.

TERCER.- La valoració probatòria en segona instància.

La LEC concep la valoració probatòria com l'activitat intel·lectual que ha de realitzar el jutge als efectes de determinar, respecte de les afirmacions fàctiques realitzades per les parts, si aquestes s'han vist corroborades per les proves propostes i practicades en el procés, sotmetent-les a un examen fonamentat en màximes d'experiència obtingudes pel mateix jutge o establertes per la llei, així com a través dels més elementals postulats de la lògica i la raó -el que la LEC anomena regles de la sana crítica-, la qual cosa s'ha d'exterioritzar en la motivació de la sentència.

Aquestes regles de la sana crítica no són normes codificades, sinó que estan conformades per les més elementals directrius de la lògica humana. Comprenen les màximes o principis derivats de l'experiència, obtinguts de les circumstàncies i situacions viscudes a través de l'observació dels fets, conductes i esdeveniments. Impliquen un sistema de valoració racional i raonable de la activitat probatòria desplegada en el procés, que permet efectuar un judici prudent, objectiu i motivat, de corroboració de les afirmacions fàctiques efectuades per les parts mitjançant l'examen de les proves, amb la finalitat de fugir dels riscos derivats de l'acolliment de meres hipòtesis intuïtives o conclusions valoratives absurdes, i prevenir d'aquesta forma decisions arbitràries. La sana crítica, doncs, es concep com un sistema integrat per les regles de la lògica, de la ciència i de l'experiència, amb el límit que la valoració probatòria no condueixi a l'absurd. El que es pretén és la consagració d'una concepció racionalista de la valoració de la prova, que condueixi a dictar una sentència motivada que adopti una decisió justificada conforme als postulats de la raó, que no sigui arbitrària, incoherent, irracional o absurda, sens perjudici que la convicció judicial es pugui obtenir valorant en el seu conjunt tot plegat el material probatori o atorgant un valor superior a algunes proves en relació a les altres.

Quant a la prova pericial, aquesta té com a finalitat auxiliar el jutge, sense privar-lo però de la facultat dimanant de la seva potestat jurisdiccional de valorar els dictamen presentat, aportant els coneixements científics, artístics o pràctics dels quals el jutge estigui mancat i que siguin necessaris o convenients ( art. 335 de la LEC) , i -com portem indicant- cal valorar-la segons les regles de la sana crítica ( art. 348 de la LEC) .

Per últim, la càrrega de la prova ( art. 217 de la LEC) , o, dit d'una altra fora, dels efectes negatius de la manca de prova, només entra en joc quan determinats extrems de fet hagin quedat orfes de prova, de manera que la càrrega de la prova només s'infringeix quan el jutge, tenint per no provat un determinat fet rellevant per a la resolució de la controvèrsia, atribueix els efectes negatius d'aquest buit probatori a la part a la qual no correspon suportar-lo conforme a les regles de l' art. 217 de la LEC.

En tot cas, en segona instància, quan es tracta de la valoració probatòria ( STS 255/2011 que reiteren les SSTS 88/2013 i 562/2013, i també STC 212/2000), la revisió de la sentència de primera instància s'ha de centrar fonamentalment en verificar la legalitat de la producció de la prova, l'observança dels principis rectors de la càrrega de la prova i si s'escau de les regles legals relatives a la prova taxada, així com si en la valoració conjunta del material probatori el jutge a quos'ha comportat de forma arbitrària, il·lògica, insuficient, incongruent o contradictòria o si, ans al contrari, l'apreciació conjunta de la prova realitzada pel jutge d'instància és la procedent per la seva adequació als resultats obtinguts en el procés, segons les regles de la sana crítica.

QUART.- La sentència apel·lada.

Assumim i compartim la valoració probatòria de la sentència de primera instància, a tenor de la doctrina anterior, així com les seves fonamentació jurídica i la conclusió-que donem per reproduïdes-, tret d'aquells particulars que puguin quedar contradits o desvirtuats per aquesta resolució. En particular, considerem que la part actora / apel·lant no ha acreditat la negligència mèdica que imputa a Clínica Sagrada Família, SA.

Sens perjudici de l'anterior conclusió, passem a examinar de manera concreta els dos motius del recurs.

CINQUÈ.- Motiu primer: error en la valoració de la prova respecte a l'incompliment de la vigilància de que la pacient mantingués la postura de decúbit pron.

En aquest motiu primer, la part apel·lant al·lega que, en contra de la conclusió del magistrat a quo, en el postoperatori de la vitrectomia practicada el 31 de març de 2017 la Sra. Evangelina no va respectar la postura de decúbit pron correcta.

(i) En primer lloc, el recurs d'apel·lació al·lega l'anotació d'infermeria de les 18 h de la tarda del 31 de març de 2017 on figura 'No Tolera Prono, Alterna Postura'(document 6 de la demanda) .

Es tracta d'una anotació estesa per una infermera que s'identifica com ' Bárbara'.

Tanmateix, la resta de les nombroses anotacions d'infermeria efectuades durant les aproximadament 24 hores que van transcórrer entre la primera vitrectomia efectuada el 31 de juliol de 2017 i la segona realitzada l'1 d'agost, indiquen insistentment 'decúbito prono'sense més indicacions, el que considerem que al·ludeix a que en totes elles la pacient mantenia la postura correcta.

D'altra banda, amb el resultat de les dues pericials mèdiques practicades, la del Dr. Romualdo (de la part actora) i la del Dr. Silvio (de la part demandada), també considerem que no ha quedat acreditada l'existència d'una relació de causalitat entre la hipertensió ocular patida per la pacient en el postoperatori de la primera vitrectomia i la invocada postura inadequada de decúbit pron de la pacient, que en tot cas hagués provocat el fracàs de la reparació del despreniment de retina, però no la hipertensió ocular que va patir la Sra. Evangelina.

En tot cas, en base a una primera i única anotació entre les nombroses anotacions d'infermeria i sense que la part actora hagi sol·licitat la testifical de la infermera ' Bárbara' i de les altres infermeres que van tenir cura de la pacient en el postoperatori de la vitrectomia (segons el document 6 de la demanda), prèvia sol·licitud de la seva identificació per la part demandada, no podem tenir per acreditat que la Sra. Evangelina va estar al llit de la seva habitació la major part del temps o almenys un temps considerable o rellevant en la postura incorrecta de decúbit supí.

(ii) En segon lloc, el recurs al·lega l'anotació en el curs clínic efectuada pel cirurgià Dr. Mariano, que diu: 'Se Informa al Equipo de Oftalmologia que le Cambiaron la Postura de Decúbito Promo a Decúbito Supino'(document 4 de la demanda).

Tanmateix, d'allò manifestat pel cirurgià en la seva testifical resulta que el doctor Mariano va incloure la nota anterior en l'historial del postoperatori després de parlar només amb la pacient i el seu marit, però sense comprovar abans ell mateix o amb la/les infermera/es que tenien cura de la Sra. Evangelina si realment aquesta no respectava la postura preceptiva de decúbit pron.

(iii) En tercer lloc, la part apel·lant al·lega l'existència d'una conversa entre el Dr. Mariano i la pacient i el seu marit sobre la postura de la Sra. Evangelina en el postoperatori, que segons la part suposa una assumpció de culpa per part del personal d'infermeria (el document 11 de la demanda és la gravació; i el document 12, la seva transcripció).

Però, de nou, es tracta de manifestacions del cirurgià, que semblen més destinades a animar i tranquil·litzar els seus dos interlocutors i alhora a espolsar-se la possible eventual responsabilitat de sobre, que un altra cosa.

(iv) Per últim, la part apel·lant introdueix dins del motiu primer del recurs l'al·legació de l' art. 148 del TRLGDCU, que estableix un règim de responsabilitat objectiva en els danys originats en el correcte ús de serveis, entre altres, els sanitaris, com a garantia de determinats nivells d'eficàcia o seguretat

Les SSTS 463/2013, de 28 de juny, i 446/2019, de 18 de juliol, i les que en elles es citen, han circumscrit la referència a 'serveis sanitaris' als aspectes funcionals d'aquests, això és, als organitzatius o de prestació, sense abastar els danys imputables directament a l'activitat mèdica pròpiament dita, el naixement de la responsabilitat per la qual continua fonamentada en la negligència per incompliment de la lex artis ad hoc.

El supòsit típic d'un mal funcionament d'un servei sanitari són les infeccions adquirides en un centre hospitalari, també anomenades nosocomials.

Doncs bé, aquesta darrera al·legació del motiu tampoc no pot prosperar, perquè, en primer lloc, la prestació d'infermeria en planta de la Clínica Sagrada Família és un servei inherent, annex o de prolongació de la intervenció quirúrgica de vitrectomia practicada pel Dr. Mariano; en segon lloc, no ha quedat acreditat un mal funcionament de l'esmentat servei d'infermeria; i, en tercer lloc, perquè, com ja hem indicat anteriorment, tampoc no ha quedat acreditada l'existència d'una relació de causalitat entre la hipertensió ocular patida per la pacient en el postoperatori de la vitrectomia i la invocada postura inadequada de decúbit supí de la pacient, que en tot cas, com ja hem indicat, hagués provocat el fracàs de la reparació del despreniment de retina, però no la hipertensió ocular que va patir la Sra. Evangelina.

(v) En conseqüència, pel que portem dit, desestimem el motiu primer del recurs d'apel·lació de la part actora.

SISÈ.- Motiu segon del recurs: errònia valoració de la prova respecte a la dilució del gas SF6.

En aquest motiu la part apel·lant reitera que a la vitrectomia de 31 de juliol de 2017 la dilució del gas SF6 fou superior a l'adequada del 20 % establerta a la literatura oftalmològica, el que va provocar la hipertensió patida per la pacient al fons de l'ull dret i la necrosis del nervi central de la retina per manca de rec sanguini i, com conseqüència, la pèrdua de visió de l'ull.

Tanmateix, aquest motiu segon del recurs tampoc no pot prosperar ja que, d'una banda, en els documents mèdics de la intervenció quirúrgica de vitrectomia consta reiteradament la nota que la dilució aplicada del gas SF6 fou del 20 % (documents 4 i 5 de la demanda); en segon lloc, el cirurgià Sr. Mariano va manifestar en la seva testifical que en la intervenció quirúrgica tres persones controlaven que la dilució fos la correcta; i, en tercer lloc, amb el resultat de les dues pericials practicades ha quedat acreditat que el glaucoma maligne pot venir provocat per la predisposició física de l'ull del pacient. De fet, el consentiment informat signat per la Sra. Evangelina inclou a l'apartat de riscos particulars la probable aparició de glaucomes (document 8 de la demanda).

Per tant, també desestimem el motiu segon del recurs d'apel·lació.

SETÈ.- Conclusió.

Pel que portem dit, desestimem íntegrament el recurs d'apel·lació.

VUITÈ.- Les costes d'aquesta alçada.

D'acord amb l' art. 398.1 de la LEC, atesa la desestimació del recurs, imposem a la part apel·lant el pagament de les costes de segona instància.