Sentencia Civil 292/2025 Audiencia Provincial Civil de Barcelona nº 15, Rec. 403/2024 de 21 de febrero del 2025

que formula el magistrado Luis Rodriguez Vega con respeto del voto mayoritario, al que se adhiere el magistrado Manuel Díaz Muyor.

La prescripción de la acción.

1. La actora reclama una indemnización por los daños y perjuicios derivados del cartel del que formó parte el demandado. Concreta dicha indemnización en el importe del sobreprecio que pagó en la compra de un automóvil como consecuencia de los acuerdos entre los cartelistas. La demandada sostiene que dicha acción está prescrita por no haber sido ejercitada en el plazo establecido por la ley, un año, desde la fecha en la que se hizo pública la resolución sancionadora de la CNMC, ofreciendo alternativamente dos fechas el 29 de julio o el 15 de septiembre de 2015.

2. La resolución de la Sala de Competencia de 23 de julio de 2015, dictada en el expediente NUM001 fabricantes de automóviles, fue hecha pública mediante nota de prensa del 28 de julio de 2015 y la versión pública de dicha resolución se publicó en WEB de la CNMC el 15 de septiembre de 2015.

3. La cobertura de la noticia a la que hace referencia la nota de prensa por los medios de comunicación tradicionales (prensa escrita, televisión o radio) fue muy importante, dicha información detallaba las conductas sancionadas por la CNMC y la identidad de las empresas sancionadas.

4. El régimen legal de la prescripción de estas acciones ha variado sustancialmente con la reforma de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, por el Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores. El citado RD Ley 9/2017, transpuso al derecho nacional la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de noviembre de 2014 relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea, en concreto su art. 10 relativo a los plazos para ejercitar las acciones por daños.

5. Por lo tanto, lo primero que hay que resolver es cuál es el régimen legal aplicable, el anterior a la reforma o el posterior. La DT 1ª.1 del RD Ley 9/2017 establece que: "1. Las previsiones recogidas en el artículo tercero de este Real Decreto-ley no se aplicarán con efecto retroactivo. Esta disposición es lógicamente coherente con lo previsto en el art. 22.1 de la Directiva, que a su vez establece que "los Estados miembros se asegurarán de que las medidas nacionales adoptadas en virtud del artículo 21 a fin de cumplir con las disposiciones sustantivas de la presente Directiva no se apliquen con efecto retroactivo".

6. La regla es clara, las normas sustantivas prevista en la Directiva no puede aplicarse con efectos retroactivos.

7. El TJUE en su sentencia de la Gran Sala de 18 de abril de 2024, C-605/21, asunto Heureka (ECLI: EU:C:2024:324), como había hecho en su sentencia de 22 de junio de 2022 (asunto C-267/20, Volvo y Daf Trucks, ECLI: EU:C:2022:494) ha abordado estas cuestiones.

8. En primer lugar, la Gran Sala del Tribunal de Justicia en el asunto Hureka sostiene que el art. 10 de la Directiva 2014/104 es una disposición sustantiva, que, por tanto, no debe de aplicarse con carácter retroactivo (considerando 47). Para saber si es o no aplicable la Directiva, hay que determinar cuándo se agotaron los efectos de la infracción. Si los efectos del ilícito concurrencial se hubieran agotado antes del término de trasposición de la Directiva (27 de diciembre de 2016) (considerando 49), el régimen aplicable será el anterior. En particular, en materia de prescripción, como explica la sentencia en su considerando 50, esta regla supone que el plazo previsto en la legislación nacional vigente se hubiera agotado antes que el plazo de trasposición (27 de diciembre de 2016). En tal caso, el régimen de prescripción aplicable será el previsto en la legislación nacional vigente cuando finalizó el cártel (Considerando 51).

9. En el caso enjuiciado, en el que se sanciona la existencia de un cártel cuyos efectos se prolongan hasta julio de 2013, la norma de derecho interno aplicable era la prevista en el art. 1968 CC, correspondiente al momento en el cesaron los acuerdos entre los cartelistas. Según dicha norma, el plazo de prescripción de las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1.902 CC es un año, a computar desde que lo supo el agraviado.

10. Sobre cuál es el alcance del conocimiento que tuvo o debió de tener el perjudicado para que se inicie el computo del plazo, en relación con la legislación anterior, se ha pronunciado el Tribunal Supremo en su sentencia de 528/2013, de 4 de septiembre (ECLI:ES:TS:2013:4739) en el que analiza la demanda interpuesta por Céntrica Energía S.L.U contra Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U en reclamación de una indemnización de casi 12 millones de euros, por abuso de posición de dominio contrario a los artículos 2 LDC y 102 TFUE (antes, artículos 6 antigua LDC y 82 Tratado CE) .

11. En aquel caso, tanto primera como en segunda instancia se estimó la excepción de prescripción y, por consiguiente, se desestimó la demanda

12. Los hechos del caso enjuiciado en los que se fundó el Supremo fueron los siguientes:

a) La demandante Centrica el 9 de octubre de 2006, había solicitado de Iberdrola Distribución el acceso incondicionado y masivo al Sistema de Información de Puntos de Suministro (SIPS) de su red de distribución de energía eléctrica, a lo que estaba obligada legalmente para permitir la competencia en el mercado de la distribución eléctrica.

b) La negativa de Iberdrola motivó la apertura de un expediente ante la Comisión Nacional de la Competencia (en adelante, CNC), que el 2 de abril de 2009dictó una resolución en la que, después de reconocer la posición de dominio de Iberdrola respecto de su red de distribución, declaró que su negativa a permitir el acceso a esa información constituía un acto de abuso de posición de dominio y le impuso una multa de 15 millones de euros.

c) La disposición adicional tercera de la Orden ITC/3860/2007 , de 28 de diciembre, por la que se revisaban las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2008, introdujo nuevas obligaciones en relación con el SIPS, con el objetivo de facilitar el acceso a estas bases de datos y de promover la competencia.

d) En cumplimiento de esta última disposición, el 22 de mayo de 2008, Iberdrola remitió un fax a Céntrica, por el que le instaba para que concretara el día y la hora de la entrega en las oficinas de Iberdrola de un soporte informático con los datos relativos a los puntos de suministro conectados a la red de Iberdrola de distribución eléctrica. Esta entrega se realizó el día 2 de junio de 2008.

e) El 28 de mayo de 2009, Céntrica remitió a Iberdrola una carta de reclamación para interrumpir la prescripción. Más tarde, el 26 de enero de 2010, Céntrica interpuso la presente demanda.

13. La Audiencia había considerado que el plazo de un año ( art. 1968.2 CC) para el ejercicio de la acción debía de computarse desde el 22 de mayo de 2008, fecha en la que Iberdrola ofreció los datos reclamados.

14. Recurrida en casación esta única cuestión, el Tribunal Supremo estima el recurso, casa la sentencia y remite las actuaciones a la Audiencia para que dicte sentencia sobre el fondo del asunto.

15. El Tribunal Supremo parte de la aplicación del citado art 1968.2 CC, valoración que nadie discutió en aquel litigio. Señala que en relación con la regla general del art. 1969 CC, "en puridad, el apartado 2 del art. 1968 contiene una previsión específica para la acción de responsabilidad civil extracontractual, al disponer que el plazo será de un año "desde que lo supo el agraviado",añadiendo que la jurisprudencia del Tribunal "parte del criterio general de que el conocimiento del daño sufrido ha de determinar el comienzo del plazo de prescripción".

16. En aplicación de dicha jurisprudencia el Tribunal Supremo llega a la conclusión que computo del plazo no puede iniciarse hasta que el perjudicado no tiene todos los datos que le permite valorar el perjuicio o lucro cesante sufrido. Ese momento se fija por el Alto Tribunal en la fecha que el perjudicado obtiene los datos requeridos por parte de Iberdrola, el 2 de junio de 2008, por lo tanto, no cuando se le ofrecieron los datos, sino cuando realmente los obtuvo. Dado que el plazo se interrumpió el 28 de mayo de 2009 y que la demanda se presentó el 26 de enero de 2010 antes que hubiera trascurrido un nuevo año, considera que la acción no estaba prescita.

17. Es importante tener en cuenta que el Tribunal Supremo no situó el computo en la fecha en la que la CNMV sancionó a Iberdrola, el 2 de abril de 2009, ni que la incoación del expediente, que conforme al nuevo régimen (74.3 LDC), hubiera interrumpido la prescripción. Esta se interrumpió eficazmente por un sencillo requerimiento extrajudicial hecho por la actora.

18. Tampoco inicia el computo cuando Iberdrola se negó a proporcionar los datos a Centrica que esta le había requerido el 9 de octubre de 2006, momento en que el agraviado tuvo conocimiento de los hechos constitutivos de la infracción (abuso de posición de dominio). Sino que el Tribunal Supremo retrasa ese momento al tiempo en el que el agraviado, tiene conocimiento de los actos constitutivos de infracción, y, además, tiene a disposición los datos necesarios para hacer una computo de los perjuicios sufridos.

20. En sus fundamentos explica que:

"Esta interpretación del comienzo del cómputo del plazo de prescripción está en la línea de las pautas marcadas por la Comisión Europea en el Libro blanco sobre "acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia", de 2 de abril de 2008, que constituye el embrión de la futura Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinadas normas por las que se rigen las demandas por daños y perjuicios por infracciones de las disposiciones del Derecho de competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea , cuya propuesta fue aprobada el 11 de junio de 2013. Entre estas pautas se propone que "el plazo de prescripción no empiece a transcurrir antes de que una parte perjudicada tenga conocimiento, o se pueda esperar razonablemente que haya tenido conocimiento, de lo siguiente:

i) la conducta constitutiva de la infracción.

ii) la calificación de tal conducta como infracción del Derecho de la competencia nacional o de la Unión,

iii) el hecho de que la infracción le ocasionó un perjuicio, y

iv) la identidad del infractor que haya causado ese perjuicio" (art. 10.2 Propuesta de Directiva)"

Añadiendo que:

"La anterior referencia al Libro blanco y a la propuesta de directiva la hacemos, conscientes de que no tienen carácter vinculante, para ilustrar que la interpretación realizada en el fundamento jurídico anterior se acomoda a lo que presumiblemente constituirá, en breve, el derecho armonizado de la Unión Europea en esta materia".

21. Esta interpretación responde a una doctrina más general en relación a inicio del cómputo del plazo de prescripción de las acciones por responsabilidad extracontractual. La sentencia del Tribunal Supremo núm. 1200/2023, de 21 de julio (ECLI:ES:TS:2023:3538) en el caso de la talidomida II, resume la doctrina legal sobre el tema: "la aptitud plena para litigar". En esta sentencia la Sala desestima el recurso de la Asociación de Víctimas de la Talidomida (AVITE) contra la sentencia recurrida, que concluyó que estaba prescrita la acción de responsabilidad civil extracontractual por los daños derivados de la invención y comercialización de la talidomida.

22. En su fundamento tercero el Tribunal dice que:

"Desde un punto de vista estrictamente teórico caben dos modelos de determinación del día inicial del cómputo del plazo de la prescripción extintiva que veda, por razones de seguridad jurídica, el ejercicio de las acciones judiciales transcurrido un determinado periodo de tiempo.

El modelo objetivoidentifica el día inicial del plazo prescriptivo con el nacimiento de la pretensión sin prestar atención a las circunstancias subjetivas concurrentes en la persona del acreedor; mientras que el subjetivoexpresamente las contempla en tanto en cuanto exige ponderar el conocimiento o, mejor dicho, la posibilidad razonable de conocer por parte del perjudicado los elementos condicionantes del nacimiento de su crédito resarcitorio".

23. Añadiendo que:

"Esta sala ha aceptado el criterio subjetivoen el ejercicio de las acciones de responsabilidad civil extracontractual. En consonancia con ello se proclama que, para apreciar cuál es el día inicial del cómputo del plazo de prescripción, es necesario conocer la identidad del deudor; es decir, de la persona física o jurídica contra la cual ejercitar la acción de resarcimiento del daño sufrido.

Ahora bien, bajo la premisa de que basta con la posibilidad racional de tal conocimiento, que se ha de conectar, además, con el empleo de la diligencia debida, de manera que no cabe amparar supuestos de abandono, negligencia o mala fe en la búsqueda o constatación de la persona del deudor, que dejaría en las exclusivas manos del perjudicado la decisión del inicio del plazo de la prescripción, lo que evidentemente no cabe aceptar.

Rige, pues, un criterio de conocimiento potencial (cognoscibilidad),según el cual el cómputo de la prescripción comienza cuando el demandante debió adquirir el conocimiento de la identidad de la persona causante del daño, deudora de su reparación o resarcimiento.Ello implica actuar con la diligencia exigible que, en determinados casos, requiere incluso la consulta a un experto, y ponderar, también, la conducta del deudor encaminada a la ocultación de su identidad, en tanto en cuanto conforma un obstáculo que condiciona negativamente el ejercicio de la acción por parte del acreedor".

24. En este mismo sentido, la propia sentencia citada añade que:

"El día inicial para el ejercicio de la acción es aquel en que puede ejercitarse, según el principio actio nondum nata praescribitur [la acción que todavía no ha nacido no puede prescribir] ( SSTS de 27 de febrero de 2004 ; 24 de mayo de 2010 ; 12 de diciembre 2011 ). Este principio exige, para que la prescripción comience a correr en su contra, que la parte que propone el ejercicio de la acción disponga de los elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para litigar."

25. En definitiva, el plazo de prescripción empezará a computarse cuando el perjudicado dispone o razonablemente podría haber dispuesto de todos los elementos facticos y jurídicos idóneos para fundar una situación plena para litigar.

26. En nuestro caso, los perjudicados tendrían o razonablemente podrían haber tenido conocimiento de esos elementos con la publicación de la resolución por la CNMC.

27. La resolución sancionadora se dio a conocer con una nota de prensa, que fue profusamente difundida por los medios de comunicación social, por lo que, el 15 de septiembre de 2015, cuando se publicó la versión de dicha resolución, el perjudicado tuvo o razonablemente pudo tener información suficiente para el ejercicio de la acción. Es cierto que en nuestro derecho la resolución de la Comisión no se publica en el BOE, pero también lo es que el art. 37.1 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, obliga a la Comisión a hacer públicas las resoluciones que se dicten en aplicación de las leyes que las regulan, una vez notificadas a los interesados. En particular deben publicarse las resoluciones que pongan fin a los procedimientos sancionadores. Esa publicidad ha de hacerse por medios electrónicos, conforme lo dispuesto en el art. 37.2 y en concreto en su página web, tal como establece el art. 23 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia.

28. Así pues, el plazo de un año previsto en el citado art. 1968 CC habría concluido, todo lo más, el 16 de septiembre de 2016. Por lo tanto, meses antes de que concluyera el plazo para transponer la Directiva. Ello nos lleva a concluir, primero, que no es aplicable el plazo de cinco años previsto en el art. 10 de la Directiva, y segundo que la acción esta extinguida.

29. En este sentido, el TJUE en su sentencia Heureka considera que el computo del plazo de prescripción debe iniciarse "con la fecha de publicación del resumen de la decisión de la Comisión de que se trate en el Diario Oficial de la Unión Europea"(Considerando 67), aunque el infractor puede probar que el perjudicado disponía o podía disponer de dicha información antes del momento de la publicación del resumen de la resolución (Considerandos 70 y 71).

La discrepancia con la opinión mayoritaria.

30. Las discrepancias con la posición mayoritaria residen en si es o no necesario que el conocimiento o cognoscibilidad del perjudicado alcance a la firmeza de la resolución.

31. Para la mayoría de nuestra sección el plazo de prescripción no puede comenzar a computarse hasta la firmeza de la resolución administrativa (Sentencia de 7 de febrero de 2022, cártel de sobres). Tal y como dijimos en dicha Sentencia, aunque nada impide a los terceros perjudicados iniciar sus reclamaciones con la publicación de la resolución administrativa que pone término al procedimiento sancionador, el conocimiento cierto de los hechos y de sus responsables sólo se alcanza con la firmeza de la Sentencia del recurso contra dicha resolución.Desde la perspectiva del tercero perjudicado que no ha sido parte ni en el expediente sancionador ni en el recurso contencioso, el cómputo del plazo no puede depender del contenido del recurso y del objeto del procedimiento judicial, extremos que sólo están a su alcance a posteriori,una vez se hacen públicas las resoluciones judiciales. En este caso, además, nos encontramos ante una acción follow onen sentido propio, esto es, ejercitada a partir de una resolución administrativa cuyos hechos van a vincular al juez civil, por lo que no puede iniciarse el cómputo del plazo hasta que la resolución alcanza firmeza.

32. Es decir, la posición mayoritaria exige para que se inicie el cómputo de los plazos, el conocimiento cierto de los hechos y de sus responsables,certidumbre que solo se alcanza cuando la resolución sea firme y, por lo tanto, vinculante o, en los términos de la Ley, irrefutable.

33. Como la propia mayoría reconoce, no hay ningún impedimento para que un perjudicado pueda ejercitar su acción con la publicación de la resolución. En ese momento un perjudicado sabría, leyendo la resolución, las conductas ilícitas sancionadas, la infracción cometida, la identidad de los infractores y el perjuicio padecido. En ese momento se inicia el plazo de prescripción, puesto que dispone "de los elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para litigar". Este criterio no exige que el perjudicado tenga plena certidumbre de los elementos facticos y jurídicos basta con que tenga o pueda tener un conocimiento de aquellos datos, fácticos y jurídicos, que le permitiría reclamar su indemnización. Si el perjudicado puede ejercitar su acción antes de la firmeza de la resolución, es evidente, que este no es presupuesto de su ejercicio. Si no es presupuesto para el ejercicio de la acción tampoco será necesario que el perjudicado disponga de este dato para que se inicie el computo del plazo de prescripción.

34. Para la mayoría, dado que la resolución deviene firme después del plazo de trasposición de la directiva e incluso de RDL 9/2017, de 26 de mayo, que la transpone a derecho nacional, las normas aplicables al caso enjuiciado son las previstas dicha norma de trasposición, el plazo sería el de cinco años previsto en el art. 74 LDC, y computable desde la firmeza de la resolución, aplicando la citada doctrina del TJUE.

35. Pero las razones de mi discrepancia no se basan solo en la interpretación del derecho interno, sino del derecho de la Unión Europea. En mi opinión, ni tan siquiera en el régimen vigente, de acuerdo con la interpretación que ha hecho el TJUE es necesario esperar a la firmeza de la resolución para iniciar el computo de la prescripción.

36. En primer lugar, ni el art. 10.2 de la Directiva ni el art. 74.2 LDC que lo transpone hace referencia a tal requisito.

El art. 10.2 de la Directiva establece que:

"2. Los plazos no empezarán a correr antes de que haya cesado la infracción del Derecho de la competencia y el demandante tenga conocimiento, o haya podido razonablemente tener conocimiento de: a) la conducta y el hecho de que sea constitutiva de una infracción del Derecho de la competencia; b) que la infracción del Derecho de la competencia le ocasionó un perjuicio, y c) la identidad del infractor".

37. En coherencia el art. 74.2 LDC dice que:

"2. El cómputo del plazo comenzará en el momento en el que hubiera cesado la infracción del Derecho de la competencia y el demandante tenga conocimiento o haya podido razonablemente tener conocimiento de las siguientes circunstancias:

a) La conducta y el hecho de que sea constitutiva de una infracción del Derecho de la competencia;

b) el perjuicio ocasionado por la citada infracción; y

c) la identidad del infractor".

38. Como podemos comprobar, ninguna de las normas exige que la resolución de la autoridad de la competencia sea firme, el cómputo se inicia cuando ha cesado la infracción y el demandante tenga conocimiento o haya podido razonablemente tener conocimiento de la conducta, de la infracción, del perjuicio ocasionado y de la identidad del infractor. La acción nace y el cómputo debe iniciarse con independencia de que haya habido o no un expediente por parte de la autoridad de la competencia. Simplemente es necesario, por una parte, que haya cesado la infracción y, por otra, que el perjudicado sea consciente de los datos facticos y jurídicos necesarios para plantear la reclamación.

39. Es cierto que el art. 10.4 de la y el 74.3 prevén la interrupción automática del plazo cuando intervenga la autoridad de la competencia y su cómputo se inicie nuevamente o se reanude un año después de la firmeza de la resolución. Lógicamente si la intervención de la autoridad de la competencia interrumpe el plazo, es porque el cómputo se había iniciado. Parece lógico pensar que cuando el plazo se inicia con la publicación de la decisión administrativa, si esta no deviene firme porque es recurrida por alguna de las partes investigadas, el plazo se interrumpirá automáticamente hasta que la resolución devenga firme. Ahora bien, esa norma no existía en el derecho nacional anterior a la Directiva.

40. Nuevamente el TJUE en su sentencia de la Gran Sala de 18 de abril de 2024, C-605/21, asunto Heureka (ECLI: EU:C:2024:324) ha considerado "una decisión que aún no es firme de la Comisión, en la que esta constata una infracción del Derecho de la competencia, produce efectos vinculantes mientras no haya sido anulada y corresponde al juez nacional extraer de ello las consecuencias adecuadas en el procedimiento del que conoce. Por consiguiente, una persona perjudicada puede basarse en las constataciones que figuran en tal decisión para fundamentar su acción por daños"(Considerando 77). Por todo ello, el considerando 78 claramente dice que:

"Así, con independencia del hecho de que la decisión de la Comisión en cuestión haya adquirido o no firmeza, a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de un resumen de la misma y siempre que la infracción de que se trate haya concluido, puede considerarse razonablemente, en principio, que el perjudicado dispone de toda la información necesaria para ejercitar su acción por daños en un plazo razonable, incluida la necesaria para determinar el alcance del eventual perjuicio sufrido como consecuencia de la infracción de que se trate"

41. La mayoría considera que esta regla no es aplicable a las decisiones de las autoridades nacionales de la competencia, ya que estas solo devienen irrefutables para los órganos jurisdiccionales nacionales, es decir, vinculantes, cuando son firmes, conforme con lo establecido en el art. 9, 1 y 2 de la Directiva y el art. 75 1 y 2 LDC.

42. Tampoco puedo compartir ese razonamiento. En primer lugar, el régimen de prescripción de la acción de resarcimiento es único (art. 10 de la Directiva), se aplica tanto a los comportamientos ilícitos sancionados por la Comisión como a los sancionados por las autoridades nacionales.

43. En segundo lugar, es cierto que la decisión de la Comisión europea recurrida produce efectos vinculantes mientras no es anulada, como recuerda el Tribunal de Justicia, "los actos de las instituciones de la Unión disfrutan, en principio, de una presunción de legalidad y, por lo tanto, producen efectos jurídicos mientras no hayan sido anulados o revocados"(Considerando 73). En coherencia con dicho principio general el art. 16.1 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 no exige que las resoluciones sean firmes para que sean vinculantes para los órganos jurisdiccionales. Conviene recordar que conforme con este último artículo los órganos jurisdiccionales nacionales que se pronuncien sobre acuerdos, decisiones o prácticas en virtud de los artículos 101 TFUE o 102 TFUE que ya hayan sido objeto de una decisión de la Comisión, no pueden adoptar resoluciones incompatibles con la decisión adoptada por la Comisión.

44. A pesar de ello, conviene matizar, que mientras la resolución de la Comisión Europea no sea firme, el juez nacional puede plantear una cuestión prejudicial al TJUE para que deje sin efecto dicha decisión, conforme lo previsto en el art. 267 TFUE (antiguo 234). Así lo prevén expresamente tanto el art. 16.1 del Reglamento (CE) 1/2003 y el art. 9.3 de la Directiva. Este es uno de los casos en los que el tribunal nacional obligatoriamente ha de plantear la cuestión prejudicial y no puede resolverla por su propia autoridad. Como el Tribunal de Justicia ha señalado en sentencia de 22 de octubre de 1987 (C-314/85, Foto-Frost), "los órganos jurisdiccionales nacionales no son competentes para declarar por sí mismos la invalidez de los actos de las instituciones comunitarias".

45. Pues bien, también en el ordenamiento interno las resoluciones de las autoridades nacionales, en tanto que actos administrativos, son ejecutivas y gozan de la presunción de legalidad. Así el art. 38 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que "los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley".Igualmente, el art. 39.1 añade que "los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa".Es cierto que dichos actos no son irrefutables para un tribunal civil, la demandada tendrá la carga de quebrar la presunción de validez, puesto que los tribunales han de respetar su eficacia y su ejecutividad provisional, pero puede hacerlo.

46. Si la resolución es firme, devendrá irrefutable, conforme lo prevé el art. 75 LDC ya citado. Ahora bien, si es recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa y el perjudicado ha decidido ejercitar la acción civil antes de la firmeza, caben varias opciones, para coordinar la resolución de las dos jurisdicciones. La primera, instar la suspensión del procedimiento cuando se den los requisitos previstos en el art. 42.1 LEC. La segunda, tramitar el procedimiento e instar la suspensión del plazo para dictar sentencia, conforme con lo establecido en los art. 434 y art. 465 LEC. Solución específicamente prevista para estos casos. Por último, que se dicte sentencia de conformidad con la resolución acogiéndose a la presunción de legalidad.

47. Es cierto, que, si no se opta por la suspensión, a los meros efectos prejudiciales, el juez civil puede examinar la legalidad de la decisión ( art. 42 LEC) y, por lo tanto, considérarla nula. Sin embargo, existiendo una resolución sancionadora de la autoridad nacional de la competencia y un procedimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa en trámite sobre su validez, no parece que sea la solución más razonable ni que sea respetuosa con el principio de cooperación en la aplicación de las reglas de competencia. Más aún, me atrevería a sostener que una decisión prejudicial de aquel tipo, declarando la nulidad de la resolución administrativa sin esperar la resolución del recurso de la jurisdicción propia, vulneraria el derecho a la tutela judicial.

48. El perjudicado ha de elegir su estrategia en el ejercicio de la acción resarcitoria, puede esperar la firmeza de la resolución, en cuyo caso será irrefutable para el juez civil, o puede ejercitar la acción antes de la firmeza.

49. En el primer caso, conforme a la nueva regulación, art. 74.3 LDC, la intervención de la autoridad de la competencia determina la interrupción del plazo hasta que devenga firme y un año más, pero en el régimen anterior, en el que esta forma automática de interrumpir la prescripción no existía, debería haber interrumpido la prescripción con un simple requerimiento.

50. En este segundo caso, el perjudicado se arriesga a que la demandada pueda enervar la presunción de legalidad de la resolución durante el proceso civil, pero, siempre podrá pedir la suspensión del procedimiento o del plazo para dictar sentencia hasta que resuelva el Tribunal de lo contencioso-administrativo, como hemos explicado.

51. En la legislación anterior a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, el art. 13.2 de la derogada Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la competencia establecía como requisitos de procedibilidad que la resolución administrativa que declarase la infracción fuera firme, superados los recursos administrativos y jurisdiccionales. Dicho precepto decía que:

«La acción de resarcimiento de daños y perjuicios, fundada en la ilicitud de los actos prohibidos por esta Ley, podrá ejercitarse por los que se consideren perjudicados, una vez firme la declaración en vía administrativa y, en su caso, jurisdiccional. El régimen sustantivo y procesal de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios es el previsto en las leyes civiles».

52. La cuestión cambia sustancialmente con el Reglamento (CE) No 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, cuyo art. 6 dice que "los órganos jurisdiccionales nacionales son competentes para aplicar los artículos 81 y 82 del Tratado".Por ello, la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal , modifico la LOPJ y atribuyo a los Juzgados de lo mercantil, creador por dicha norma, la competencia para conocer de estas infracciones. Desde ese momento, los órganos jurisdiccionales mercantiles éramos competentes para conocer de dichas infracciones y de acciones derivadas de resarcimiento frente a los perjudicados por estas.

53. Con años de retraso, pero en coherencia con el derecho comunitario, la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, explica en su preámbulo que "la disposición adicional primera establece, en aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial , la competencia de los jueces de lo mercantil en la aplicación de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia , en línea con lo previsto en la normativa comunitaria en relación con los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea".

54. Desde la publicación de dicha norma, los tribunales mercantiles, no solo conocemos de la acción de resarcimiento, como veníamos haciendo, sino de las infracciones de las normas que regula la competencia, aunque en el ámbito privado. Lógicamente seguimos conservando la competencia para conocer de las acciones de resarcimiento, pero no necesitamos la resolución administrativa firme que constituía un requisito de procedibilidad, ya que la autoridad administrativa era la única que podía declarar la infracción bajo la Ley de 1989. Actualmente, los tribunales podemos declarar la infracción y condenar a indemnizar los perjuicios derivados de ella. Lógicamente la existencia de dos autoridades que puede declarar la infracción, las administrativas y las jurisdiccionales, obliga a coordinar su actuación. Ahora bien, la acción de resarcimiento es única y los tribunales civiles tenemos el monopolio de su conocimiento, aun cuando sea la autoridad administrativa la que haya declarado la infracción. La ventaja para los perjudicados es que no tienen que esperar a que la resolución sea firme, como se desprende claramente del art. 434.3 LEC y del art. 465.6 LEC, que en idénticos términos permiten al juez o al tribunal, aunque no le obligan, a suspender el plazo para dictar sentencia hasta el pronunciamiento administrativos:

"Se podrá suspender el plazo para dictar sentencia en los procedimientos sobre la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia cuando el tribunal tenga conocimiento de la existencia de un expediente administrativo ante la Comisión Europea, la Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y resulte necesario conocer el pronunciamiento del órgano administrativo. Dicha suspensión se adoptará motivadamente, previa audiencia de las partes, y se notificará al órgano administrativo. Este, a su vez, habrá de dar traslado de su resolución al tribunal".

55. Si la acción de resarcimiento es la misma, con independencia de la autoridad administrativa o judicial que haya declarado la infracción concurrencial, el régimen de duración e inicio del cómputo del plazo prescripción ha de ser el mismo, sin perjuicio de que pueda variar el régimen de interrupción y no deberá de depender de la firmeza de la resolución administrativa. Interpretarlo así supone retroceder a una situación anterior a 1989 y, por ello no se puede acudir a la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2013, dictada en el cártel del azúcar, que se refiere al régimen derogado en la que la resolución era presupuesto de la acción.

56. Es cierto que el Tribunal de Justicia, para explicar la diferencia entre el art. 16.1 del Reglamento y el art. 9 de la Directiva, dice que:

"En particular, a tenor de la primera frase del artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003, cuando los órganos jurisdiccionales nacionales se pronuncien sobre acuerdos, decisiones o prácticas en virtud de los artículos 101 TFUE o 102 TFUE que ya hayan sido objeto de una decisión de la Comisión, no pueden adoptar resoluciones incompatibles con la decisión adoptada por la Comisión. Ahora bien, este artículo 16, apartado 1, no exige que la decisión de la Comisión haya adquirido firmeza para que el juez nacional esté obligado a atenerse a ella. Dicho artículo 16 difiere del artículo 9 de la Directiva 2014/104 , que solo atribuye valor probatorio a las resoluciones de las autoridades nacionales de la competencia cuando son firmes. Esta diferencia entre las dos disposiciones se justifica precisamente por el carácter vinculante de las decisiones de las instituciones de la Unión."

57. A mi juicio, el argumento no es convincente, de ese párrafo no puede deducirse que el régimen de prescripción de las acciones se resarcimiento sea diferente en virtud de la autoridad de la competencia, de la UE o nacional, que las sancione. En primer lugar, si realmente la mayoría supone que el régimen de prescripción de las acciones derivada de una resolución de la autoridad nacional no firme es diferente que el de la Comisión, debimos elevar una cuestión al Tribunal de Justicia. En segundo lugar, el regimen ha de ser el mismo, como han dicho ya dos Abogados Generales:

«128. Como explicó el Abogado General Rantos, en este contexto, determinar el momento en el que una persona perjudicada tiene conocimiento de «la existencia de la infracción», en el sentido de la calificación jurídica de la conducta de que se trate, es fuente de inseguridad jurídica. Por lo tanto, sería razonable partir de la hipótesis de que, en el marco de acciones de tipo «follow-on», que subsiguen a una resolución de la Comisión o de una autoridad nacional de la competencia puede considerarse razonablemente, a falta de otras indicaciones, que el conocimiento de la información indispensable para ejercitar la acción se adquiere en el momento de la publicación del resumen de la decisión de la Comisión en el Diario Oficial (o su equivalente si se trata de una resolución de una autoridad nacional de la competencia)" (Conclusiones de la Abogada General Sra. Kokott, 21 de septiembre de 20231, Asunto C-605/21, Heureka, parrafo 128, que cita las conclusiones del Abogado General Rantos presentadas en el asunto Volvo y DAF Trucks ( C-267/20, EU:C:2021:884), puntos 122 y 123).

El principio de efectividad del derecho de la Unión Europea.

58. El Tribunal de Justicia ha venido recordando que las normas nacionales anteriores a la Directiva, que regulasen las modalidades de ejercicio del derecho a solicitar la reparación del daño resultante de una infracción de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, tenían que respetar los principios de equivalencia y de efectividad. En particular, este último principio "exige que las normas aplicables a los recursos destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el efecto directo del Derecho de la Unión confiere a los justiciables no hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión"(STJUE Heureka, considerando 51).

59. Por ello, en el considerando 52 de esta misma sentencia, el Tribunal remarca que, en aplicación del principio de efectividad, aún antes de la expiración del plazo de transposición de la Directiva, la normativa nacional que establece la fecha a partir de la cual se inicia el plazo de prescripción, la duración y las condiciones de la suspensión o de la interrupción de este debía adaptarse a las particularidades del Derecho de la competencia y a los objetivos de la aplicación de las normas de este Derecho por las personas afectadas.

60. Si la normativa nacional sobre cómputo del plazo, duración, suspensión o interrupción de aquel hiciera prácticamente imposible o excesivamente difícil para una persona solicitar la reparación del perjuicio que le haya irrogado un comportamiento prohibido en los art. 101 o 102 TFUE, dicha normativa infringiría el principio de efectividad (considerando 54) y debería de implicarse.

61. De la jurisprudencia se desprende -continúa diciendo el Tribunal de Justicia en su considerando 55- que el principio de efectividad exige, en primer lugar, que el plazo no empiece a computarse antes que antes de que haya cesado la infracción y, segundo lugar, que la persona perjudicada tenga conocimiento o haya podido razonablemente tener conocimiento de la información indispensable para ejercitar su acción por daños. A estos requerimientos, el Tribunal de Justicia ha añadido que de dicho principio se desprende que el plazo de prescripción ha de poderse interrumpir o suspender mientras dure una investigación de la Comisión (considerado 79) pero, por el contrario, el respeto al principio de eficacia no requiere que "que el plazo de prescripción siga suspendido hasta el momento en que la decisión de la Comisión devenga firme"(Considerando 80). Sin perjuicio, de que el juez nacional pueda suspender el plazo para dictar sentencia hasta que la resolución de la Comisión adquiera firmeza, pero no viene obligado a ello (Considerando 80).

62. La cuestión que podría suscitarse es si el plazo de un año es suficiente para garantizar la efectividad del efecto directo de los art. 101 y 102 TFUE. Es decir, sí la brevedad del plazo no hace prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión.

63. En mi opinión, el régimen anterior era respetuoso con el principio de efectividad. En primer lugar, por la doctrina jurisprudencia sobre el inicio del cómputo. La resolución tuvo una amplia repercusión en los medios de comunicación, por lo que un consumidor medio razonablemente informado, atento y perspicaz, habría sabido de la sanción del cártel de los coches y se habría podido informar sobre sus derechos. En segundo lugar, la nota de prensa elaborada por la Comisión ofreció al perjudicado la información necesaria para ejercitar su acción o al menos acceder la resolución completa que había sido publicada el 15 de septiembre de 2015. En tercer lugar, el plazo de un año era el común en derecho interno para ejercitar las acciones de derivadas de responsabilidad extracontractual. En cuarto lugar, el régimen de interrupción de la prescripción previsto en nuestro derecho es excepcionalmente sencillo, ya que basta con un requerimiento extrajudicial al responsable, sin más formalidades para que el plazo vuelva a computarse nuevamente desde el principio, como prevé el art. 1973 CC. En cuarto lugar, exigir la firmeza de la resolución, cambiando la línea jurisprudencia sobre la responsabilidad extracontractual, supone en la práctica aplicar retroactivamente una norma sustantiva de la Directiva y atribuir a la intervención de la autoridad de la competencia una eficacia interruptiva que no estaba contemplada en nuestras normas. En quinto lugar, durante la pendencia los recursos, el perjudicado podía conservar su acción simplemente reiterando anualmente sus requerimientos extrajudiciales.

64. Es cierto, que, por el contrario, no se preveía en la legislación reformada la interrupción de la prescripción por la incoación del expediente sancionador de la Comisión, pero a cambio, en nuestro ordenamiento, la prescripción se puede interrumpir con un mero requerimiento extrajudicial.

65. En todo caso, hay que tener en cuenta que el Tribunal de Justicia en su sentencia de 16 de febrero de 2023 (asunto C-312/21, Tráficos Manuel Ferrer) advirtió, en su fundamento 46, que la jurisprudencia sobre el principio de efectividad desarrollada por el Tribunal de Justicia en relación con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, no es extrapolable sin más a las acciones de resarcimiento que regula la Directiva 2014/104.

66. Por todo ello, deberíamos haber estimado la excepción de prescripción y desestimado la demanda, sin hacer especial imposición de las costas por las dudas que la cuestión suscita.