Sentencia Civil 551/2024 Audiencia Provincial Civil de Barcelona nº 16, Rec. 684/2022 de 09 de octubre del 2024

PRIMERO.- Planteamiento del litigio, demanda.

El presente procedimiento se inició por demanda de juicio ordinario formulada por la entidad BANCO DE SABADELL, S.A., contra Doña Visitacion y contra Don Raúl, en la que se solicitaba el dictado de sentencia por la que se declare la adecuación a derecho del vencimiento anticipado efectuado por la entidad actora del contrato objeto de demanda por incumplimiento grave y esencial de la obligación de pago y por causa de insolvencia de la parte demandada ( art. 1.124 y 1.129 CC) . Así como se condene a ambos demandados a satisfacer la cantidad adeudada ascendente al importe de 31.028,48 euros a fecha 28 de septiembre de 2020, mas los intereses y costas que se devenguen hasta el completo pago. Con carácter subsidiario, la entidad actora solicitaba la condena de los demandados al pago de las cantidades adeudadas e impagadas con sus respectivos intereses a fecha 28 de septiembre de 2020 ascendentes al importe de 3.799,54 euros, así como las cantidades que vayan devengándose con sus respectivos intereses. Solicitaba asimismo la expresa condena en costas a la parte demandada.

Narraba la parte actora que en fecha 9 de abril de 2018 se formalizó con los demandados un préstamo por importe de 29.280 euros, que debía devolverse en 240 mensualidades, mediante el pago de la cuota de amortización mensual que correspondiera comprensiva de capital e intereses al tipo fijo de 7,2215% TAE.

Los demandados impagaron la amortización del préstamo correspondiente a la cuota de 30 de junio de 2019 y las sucesivas, por lo que la entidad actora dio por vencido el préstamo en fecha 28 de septiembre de 2020, después de haber requerido con una antelación previa de al menos un mes a la parte demandada para el pago de los importes pendientes. A fecha de la interposición de la demanda los demandados no habían efectuado ningún abono a cuenta alcanzando ya 20 meses sin abonar cantidad alguna, por lo que la entidad bancaria, ante dicho incumplimiento solicitó que se declarara resuelto el contrato en virtud de lo establecido en los art. 1.124 y 1.129 CC, habiendo perdido la parte deudora el beneficio del plazo como consecuencia de su insolvencia y de su incumplimiento injustificado, continuo y obstativo que venía a frustrar las legítimas expectativas de cobro de la entidad actora así como el fin económico del contrato.

Los demandados fueron emplazados para comparecer y proceder a la contestación a la demanda, sin que así lo efectuaran, por lo que quedaron en situación de rebeldía procesal.

SEGUNDO.- Sentencia de primera instancia. Apelación.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Cerdanyola del Vallés dictó sentencia en fecha 24 de marzo de 2022 en la que el juzgador a quo resolvió estimar la demanda interpuesta por la entidad BANCO DE SABADELL, S.A., acordando la resolución del contrato de préstamo por cuanto el incumplimiento en el que habían incurrido los prestatarios era grave y de la entidad suficiente para dar lugar a la resolución del contrato en base a lo previsto en el art. 1.124 CC, al tiempo que en aplicación del art. 1129 CC consideraba que concurrían los presupuestos necesarios para la pérdida del beneficio del plazo por parte de los prestatarios. En la sentencia se condenaba a ambos demandados a pagar de forma conjunta y solidaria a la entidad bancaria actora la suma de 29.103,48 euros, mas el interés legal correspondiente desde la fecha de interposición de la demanda, condenando a ambos demandados al pago de las costas ocasionadas en la instancia. La cantidad objeto de condena es inferior a la solicitada en demanda pues los demandados después de la interposición de la demanda habían satisfecho a la entidad actora la cantidad de 1.925 euros, como así lo afirmó la defensa de BANCO DE SABADELL, S.A. en el acto de audiencia previa, y así lo recogió el juzgador a quo en su sentencia.

Frente a dicha resolución se alzan ambos demandados justificando en un inicio su incomparecencia en el procedimiento después de ser emplazados alegando la existencia de un acuerdo con la entidad actora por la que ésta retiraría la demanda interpuesta si por su parte se efectuaban pagos a cuenta de la deuda durante seis meses, prometiendo que posteriormente se procedería a la novación de la deuda. Consideran los recurrentes que la entidad actora ha actuado abusando de la buena fe de ambos demandados. Y recordando el debido control de oficio por parte del juez de la posible abusividad de las cláusulas del contrato dada la condición de consumidores de ambos demandados, invocaban en su recurso como nula por abusiva la cláusula de vencimiento anticipado existente en la póliza de préstamo mercantil suscrita (cláusula décima), la cual, dado su contenido, debió ser anulada por el juzgador de instancia, y al no haberse procedido a tal anulación consideran los recurrentes que puede ser objeto del recurso interpuesto, para que en esta instancia se acuerde su nulidad por abusiva y se deje sin efecto la resolución apelada, declarándose la deuda subsistente según lo pactado en el contrato y conforme a todas las cantidades efectivamente abonadas, retrotrayéndose la deuda al momento del primer impago. Invocaban asimismo los recurrentes fuerza mayor, a fin de evitar su responsabilidad contractual por el impago alegado en demanda y ello por motivo de la pandemia de Covid 19, al referir que por razón de la misma, en su condición de autónomos, no pudieron hacer frente a las cuotas del préstamo por la reducción de ingresos que les supuso la imposibilidad de trabajar. Invocaban igualmente esta circunstancia para solicitar la exoneración del pago de intereses moratorios, los cuales consideraban improcedentes por tal circunstancia.

La parte actora, por su parte, se opuso al recurso, mostrando su conformidad con la sentencia impugnada, solicitando su confirmación, al tiempo que añadía que a raíz de pagos parciales efectuados por los demandados tras la celebración del acto de audiencia previa, la deuda reclamada se había reducido en la cantidad de 2.200 euros, por lo que la cantidad debida lo era por importe de 28.828,48 euros.

TERCERO.- Ámbito del recurso de apelación.

Para analizar las cuestiones planteadas por los demandados apelantes en su recurso hemos de tener presente que dichos demandados no procedieron a contestar a la demanda tras su emplazamiento, siendo declarados en situación de rebeldía procesal, habiendo comparecido posteriormente una vez les fue notificada la sentencia dictada en primera instancia. Las afirmaciones vertidas por los recurrentes tratando de justificar tal incomparecencia, atribuyendo maquinaciones insidiosas a la entidad actora al confiar en un acuerdo alcanzado con la misma decidiendo por ello no comparecer, no tienen ninguna eficacia. No se ha advertido, ni tampoco denunciado, infracción procesal alguna que impidiera a los demandados comparecer en el procedimiento para contestar y efectuar las alegaciones que estimaran oportunas frente a la pretensión actora. A estos efectos es jurisprudencia constitucional reiterada y citada en la STC 85/2006, de 27 marzo, la que viene declarando que es necesario para que la indefensiónalcance relevancia constitucional que "tenga su origen inmediato y directo en actos u omisiones de los órganos judiciales",es decir, "que sea causada por la incorrecta actuación del órgano jurisdiccional, estando excluida del ámbito protector del art. 24 CE la indefensióndebida a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de la parte o de los profesionales que la representen o defiendan" (entre las últimas, SSTC 5/2004, de 16 de enero, FJ 6; y 141/2005, de 6 de junio, FJ 2; en el mismo sentido, SSTC 128/2005, de 23 de mayo, FJ 2; 184/2005, de 4 de julio, FJ 3; 226/2005, de 7 de noviembre, FJ 2 a); 228/2005, de 12 de septiembre, FJ 2; 260/2005, de 24 de octubre, FJ 3; y 287/2005, de 7 de noviembre, FJ 2 a). En el supuesto de autos se concluye que tras el emplazamiento adecuadamente efectuado fueron los demandados quienes voluntariamente decidieron no comparecer, debiendo ahora soportar el incumplimiento de dicha carga con las consecuencias que supone la preclusión de los actos procesales ( art. 136 LEC) pues sobre las partes pesa la carga de aprovechar las oportunidades procesales en el término que concretamente tienen señalado para su producción.

En relación con la rebeldía, una reiteradísima jurisprudencia ( SSTS 3 febrero 1973 , 16 junio 1978 , 20 junio 1992 , 25 febrero 1995 , 10 septiembre 1996 , 8 de mayo de 2001 y 19 de noviembre de 2007 ) viene estableciendo que, si bien la situación de rebeldía no implica allanamiento a la demanda ni libera al actor de probar los hechos constitutivos del derecho que reclama, pudiendo el demandado rebeldeincluso acreditar su inexactitud si el estado del proceso le permite desarrollar esta actividad probatoria ( art. 496 LEC ), lo que en modo alguno está facultado a hacer el litigante declarado en rebeldía es plantear motivos de oposición tardíamente alegados ni suscitar cuestiones distintas a las planteadas en la demanda, que es donde quedan fijados definitivamente los términos del pleito al no existir alegación alguna que se le opusiera, sin que la substanciación del juicio pueda retroceder en ningún caso ( art. 499 LEC ). La misma jurisprudencia veda que el demandado rebeldepueda introducir en la litis, a través del recurso de apelación,cuestiones nuevas y no alegadas en el momento procesal oportuno, por estimar que ello vulneraría, no sólo el principio de preclusión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anteriormente citado, sino también los principios de igualdad de partes y de defensa, respecto a la alegación y prueba que pudiera formular el actor ( SSTS 3 febrero 1973 , 6 junio 1978 y 25 febrero 1995 , entre otras).

Por su parte la sentencia del Tribunal Supremo núm. 950/2007 de 12 de septiembre de 2007 declara que: "La desestimación de la apelación por alegarse en la vista del recurso cuestiones nuevas por el demandado rebelde,nada tiene de censurable, pues se ajusta a los principios dispositivos, de preclusión, y de audiencia de parte que rigen el procedimiento, además de la normativa sobre la rebeldía, que no consiente la retroacción de las actuaciones procesales - Sentencia de 4 de octubre de 2006 -. No puede alegarse indefensión de la parte rebelde al serle imputable plenamente dicha situación, la cual, por imperio de la ley, cercena sus recursos de defensa, puesto que así viene reiterado por la doctrina de esta Sala, así la Sentencia de 27 de enero de 2006 establece que "por lo razonado no cabe admitir que haya existido denegación de tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE , ya que la indefensión invocada es imputable a la propia recurrente al no actuar con la diligencia razonablemente exigible en defensa de sus derechos e intereses, siendo indiferente que la indefensión sea debida a pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de la parte o de los profesionales que la representen o defienden ( SSTC 87/2003, 19 mayo ; 5/2004, 16 enero ; 141/2005, 6 junio ), pues, como se ha dicho, corresponde a las partes actuar con la debida diligencia en la defensa de sus derechos e intereses, sin que pueda alegar indefensión quien se ha colocado a si mismo voluntariamente en tal situación o quien no hubiera quedado indefenso de haber actuado con la diligencia razonablemente exigible ( SSTC 162/2002, de 16 de septiembre ; 208/2002, de 11 de noviembre ; 249/2004, de 20 de diciembre ; 184/2005, de 4 de julio )."

Así pues, cabe concluir que la situación procesal por la que el demandado no se persona en las actuaciones supone que no puede en apelación introducir hechos que no fueron objeto de la demanda. Su censura de la resolución de instancia queda limitada a si los hechos que la demanda recoge, y se estiman acreditados por el juzgador, se han probado o no y si a los mismos, los únicos que constituyen el objeto del procedimiento, se les ha aplicado el derecho de un modo correcto.

Ello es así porque el recurso de apelaciónse concibe en nuestro ordenamiento jurídico como una revisión del proceso de primera instancia, cuyo objeto es comprobar la exactitud de los resultados obtenidos en el proceso originario, con examen integro de cómo se ha decidido la cuestión litigiosa pero en base precisamente a los hechos alegados y probados en la instancia, no en base a otros nuevos y distintos, ya que en el recurso de apelaciónlo que ha de ponerse de manifiesto es la improcedencia de que se dictara la sentencia en el sentido en que se produjo, al ser precisamente ésta, la que en concreto se somete a revisión jurisdiccional en esta segunda instancia ( STC 124/83, 54/85, 145/87, 194/90, 21/93 y 120/94 y STS 8 de abril de 1992).

En definitiva, en casos como el presente, la parte declarada en rebeldía, que luego comparece en el procedimiento y apela la sentencia, sólo puede discutir el resultado de la prueba, pero no con relación a hechos que no se alegaron, sino con referencia a los que constituyeron el objeto del debate, que son los de la demanda. Por tanto precluido el trámite de contestación a la demanda el demandando no puede introducir de forma sorpresiva cuestiones o alegaciones nuevas para contradecir la pretensión formulada en demanda pues en tal caso se atentaría contra el principio de la interdicción de la "mutatio libelli" y de "pendente apellatione nihil innovetur", lo que resulta prohibido por nuestro ordenamiento jurídico al ocasionar sorpresa e indefensión a la contraparte, quien se habría visto impedida de alegar y probar frente a las nuevas argumentaciones. Así queda recogido expresamente en la LEC en sus arts. 218 (congruencia de la Sentencia con las pretensiones de las partes "deducidas oportunamente en el pleito") y 456 (ámbito del recurso de apelación), así como en la jurisprudencia que prohíbe la formulación de hechos nuevos en la apelación a tenor del principio "pendente apellatione, nihil innovetur". Principio conforme a la cual, según establece la STS de 19 de abril de 2022, "aunque el recurso de apelación permite al tribunal de segundo grado examinar en su integridad el proceso, no constituye un nuevo juicio, ni autoriza a la Audiencia Provincial a resolver cuestiones o problemas distintos de los planteados en la primera instancia (sentencia 436/2020, de 15 de julio, entre otras muchas). De modo que la segunda instancia se puede extender únicamente a lo que ha sido objeto de previa discusión ante el juzgado, como establece el art. 456.1 LEC , al normar que "[...] en virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o sentencia [...]".

De este modo y por lo expuesto resulta totalmente improcedente la alegación formulada por los apelantes en su recurso sobre la concurrencia de un supuesto de fuerza mayor atribuible a las consecuencias derivadas de la pandemia de Covid-19 como hecho impeditivo formulado frente a la pretensión actora, pretendiendo alegar con ello una causa de exoneración para eludir sus responsabilidades derivadas del incumplimiento de la obligación de pago de las cuotas de amortización del préstamo que constituye el fundamento de la pretensión de autos. El motivo de impugnación alegado debe ser rechazado con base a la motivación expuesta.

CUARTO.- Resolución del contrato de préstamo por disposición legal. No aplicación de la cláusula de vencimiento anticipado.

Los demandados en su recurso de apelación introducen como motivo de impugnación que no se hubiera acordado de oficio por el juzgador de instancia la declaración de nulidad por abusiva de la cláusula décima del contrato de préstamo relativa al vencimiento anticipado.

Pues bien, en relación a ello, hay que partir que en estos autos no se está pretendiendo por la entidad actora la declaración de vencimiento anticipado del contrato de préstamo existente entre las partes en base a la aplicación de la cláusula décima del contrato sobre vencimiento anticipado, que ahora es impugnada por los apelantes como abusiva. La acción ejercitada en la demanda no es otra que la basada en los artículos 1124 CC sobre resolución contractual por incumplimiento, y 1129 CC por concurrir los presupuestos legalmente previstos para declarar la pérdida del beneficio del plazo por el prestatario. Así se detalla en la exposición fáctica de la demanda refiriendo la actora: "Es importante subrayar que la acción que se ejercita no tiene como fundamento la cláusula de vencimiento anticipado prevista en el contrato, sino el deber de cumplimiento de los contratos y las consecuencias que se derivan de su incumplimiento que se regulan en la normativa sustantiva civil, ex art. 1124 y 1129 del Código Civil ".Y en la fundamentación jurídica de la demanda se invoca la aplicación del art. 1124 CC en pretensión de la declaración de resolución del contrato existente entre las partes, y el art. 1129 CC sobre la pérdida del beneficio del plazo. En ambos casos con fundamento en el impago reiterado por los demandados de las cuotas correspondientes a la amortización del préstamo. La sentencia de instancia así lo resuelve en aplicación de la doctrina jurisprudencial sentada por el Tribunal Supremo en su sentencia 432/2018, de 11 de julio en la que se acepta de forma expresa y decidida la aplicación del art. 1124 CC a los contratos de préstamo cuando en ellos se convenga el pago de un interés. Esta doctrina ha sido reiterada en ulteriores resoluciones, en tal sentido, STS 844/2022, de 28 de noviembre, STS 39/2021, de 2 de febrero y STS 465/2022, de 6 de junio.

De esta forma, una vez centrada la cuestión debatida en el supuesto de autos, debe ser rechazada la pretensión impugnatoria sostenida en el recurso de apelación pues no es factible verificar el pretendido control de abusividad, tanto de oficio como a instancia de parte en contestación en un juicio ordinario, respecto de aquellas cláusulas que no fundan la pretensión formulada en demanda, como es el caso. No estamos ante una pretensión de vencimiento anticipado al amparo de una cláusula contractual sino ante la resolución del contrato con fundamento en una disposición o causa prevista legalmente. Así lo resolvía la Sentencia de 2 de febrero de 2021, anteriormente citada, dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo tras asumir la instancia una vez estimado el recurso de casación, entrando a resolver el recurso de apelación interpuesto por una de las partes contra la sentencia de primera instancia:

"Hay que advertir, por otra parte, que no procede analizar en el presente caso la posible abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado prevista en el préstamo hipotecario, pues no estamos ante una pretensión de vencimiento anticipado al amparo de una cláusula contractual, sino ante la solicitud de vencimiento anticipado con fundamento en las causas previstas legalmente".

En iguales términos la STS 52/2020, de 23 de enero, que refiere: "La apreciación de oficio de la nulidad de una cláusula no negociada en un contrato celebrado con un consumidor puede llevarse a cabo en cualquier tipo de procedimiento judicial pero solo cuando la validez y eficacia de esa cláusula sea relevante para resolver las pretensiones formuladas por las partes."

Por tanto, al no ser procedente analizar la abusividad de cláusulas que ninguna influencia han tenido en la formulación de la pretensión de autos, el motivo de impugnación debe ser rechazado.

En cuanto a los intereses moratorios la cláusula contractual que regula los mismos se adecúa a lo dispuesto por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que fija en los contratos de préstamo personal la abusividad del interés moratorio cuando éste suponga un incremento en más de dos puntos porcentuales sobre el interés remuneratorio pactado (STS 22 de abril de 2015, ROJ: STS 1723/2015). En la cláusula novena del contrato se fija como interés de demora "un interés efectivo anual de demora que será el resultante de sumar dos puntos porcentuales al tipo de interés nominal anual ordinario que se estuviera aplicando en ese momento según lo pactado en la Póliza".Y si se observa en la liquidación aportada junto a la demanda, el tipo de demora que se ha aplicado ni alcanza esos dos puntos, pues solo incrementa en medio punto el interés remuneratorio aplicado.

En base a lo dispuesto, el recurso debe ser desestimado, con la consiguiente plena confirmación de la sentencia apelada.

QUINTO.- Costas.

Al ser desestimado el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 398.1 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se condena en costas a los apelantes.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso