Sentencia Civil 52/2025 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 18, Rec. 1240/2024 de 06 de febrero del 2025

PRIMERO. -Con fundamento legal esencialmente en el articulado de la Ley 12/2015 sobre concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, se ejercitó en la forma prevista en el artº. 781 bis en relación con el 753 de la misma la oposición a la resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Púbica del Ministerio de Justicia (DGSJFP) de fecha 7 de julio de 2021, expediente núm. NUM000, por la que se le deniega el derecho a obtener la nacionalidad española por carta de naturaleza en base a su alegada condición de sefardí originaria de España de la actora Dª. Rosalia, resolución contra la que formuló recurso de alzada desestimado por silencio administrativo, pretensión a la que una vez recibido el expediente administrativo y formalizada la demanda, se formuló oposición en la forma que consta en autos, siendo dictada sentencia en la instancia por la que se desestimaba tal demanda, interponiéndose por la demandante el recurso que es ahora objeto de consideración por esta Sala y que ha venido a fundamentarse, tras un innecesario alegato preliminar que no constituye motivo de apelación, en el a su juicio error judicial en el que incurre la sentencia de instancia con infracción del artº. 24.1 CE al no aplicarse exclusivamente la citada Ley 12/2015 para la resolución del litigio, en el también a su juicio error en la valoración de la prueba acreditativa de la condición de sefardí con infracción de lo dispuesto en el apartado 2 del artº. 1 de la Ley, citada con violación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado en el artº. 24.1 CE en relación con el artº. 459 LEC, por error e infracción de los artículos 24.1 de la CE, 3.1 del Código Civil, 2.4 de la LCNES y 143 del Reglamento del Notariado y vulneración de la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en relación con la vulneración del procedimiento legalmente establecido y la vinculación de la resolución que adopte la Administración (de concesión o denegación de la nacionalidad española) al juicio de notoriedad que haya realizado el notario en el acta de notoriedad, y por desviación procesal con infracción, nuevamente, del artº 24.1 de la CE en relación con el 14 CE al no haber valorado otros procedimientos idénticos al del demandante y que obtuvieron distintas respuestas administrativas y por desviación procesal con infracción, nuevamente, del artº 24.1 de la CE y de la doctrina de la reformatio in peius, en relación con el análisis por la sentencia de instancia del requisito de la especial vinculación con España que no se contenía en la resolución administrativa impugnada en esta litis.

SEGUNDO. -Planteada en tales términos la cuestión en esta alzada, ha de partirse de la consideración de que el artº. 24 CE tantas veces citado por la recurrente y que garantiza la tutela jurisdiccional efectiva no otorga a quien lo alega el derecho a ganar un litigio sino al examen de la cuestión que se somete a enjuiciamiento con sujeción a los principios procesales de legalidad, inmediación, contradicción y defensa, de manera que la legislación que se aplique o las pruebas que se valoren no determinan sin más la infracción de tal norma sino su indebida aplicación o su errónea valoración si ninguna de ellas puede ser corregida por los medios procesales e impugnatorios adecuados.

Es evidente que el presente litigio ha de resolverse con arreglo a lo que dispone la Ley 12/2015 que es la que fundamenta la acción y es en la que expresamente se funda la sentencia recurrida por más que la interpretación que efectúe en relación con los requisitos documentales que impone la misma se base o no en circulares o instrucciones administrativas además de en otras consideraciones desde el momento en que lo que la sentencia resuelve es si la resolución administrativa impugnada es o no conforme a derecho en base al examen que de ella en relación con la citada Ley efectúa con su criterio el Juzgador, criterio que podrá ser acertado o no se funde en lo que se funde su interpretación cuando además puede partirse de la constatación que ya se ha formulado en litigios similares al presente de que la instrucción 29 de octubre de 2020 fue recurrida en tres procedimientos contenciosos (PA 739/2020, PO 345/2020 Y DF 60/2021) y todos los recursos planteados ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fueron desestimados en base a consideraciones aplicables también a la circular de 9 de febrero de 2019 que no modifica ni la ley ni la instrucción, sino que se limita a advertir al Notario de la obligación de cumplir lo dispuesto en el artículo 1.2 de la ley 12/2015 , siendo así que la Dirección General tiene facultad para dictar tales normas de desarrollo y ofrecer criterios comunes de interpretación que deben seguir los Notarios y contribuyen a garantizar la igualdad en aplicación de la ley en supuestos iguales, la seguridad jurídica e la interdicción de la arbitrariedad, con lo que es claro que los criterios interpretativos que puedan extraerse de tales instrucciones o circulares en tanto que no vinculantes al Juzgador son tan aplicables como otros en tanto que no existe norma alguna que prohíba su lectura y no existe resolución alguna que haya determinado su nulidad, con lo que pueden ser también atacados por la parte tampoco vinculada por ellas poniendo de manifiesto como hace unos criterios distintos. Por ende, es claro que la sentencia recurrida aplica la Ley 12/2015 para resolver la cuestión interpretando su regulación con las consideraciones que explica en la misma unida a la valoración de las pruebas documentales obrantes en autos.

TERCERO. -Como fundamento de la apelación se alega también la, a su juicio, errónea valoración de la prueba efectuada en la resolución recurrida, insistiendo la parte en su particular consideración sobre el valor probatorio de los documentos aportados al expediente en relación con las exigencias del artº. 1 de la citada Ley.

Para la resolución de tal cuestión ha de partirse de que, como afirma la SAP Madrid secc. 8ª de 8 de febrero de 2024, recogida en la posterior de 25 de abril de 2024, es ajustada a derecho la valoración de que el "...certificado emitido por entidad no competente (por falta del requisito de conexidad territorial) no puede reconducirse, como se dice en el acta de notoriedad, al apartado g) del artículo 1.2 de la Ley, que contempla "cualquier otra circunstancia que acredite fehacientemente su condición de sefardí originario de España", en tanto que cuando el legislador habla de "cualquier otra circunstancia" debe entenderse referida, obviamente, a cualquier otra circunstancia distinta de las contempladas en los apartados anteriores y no a las mismas circunstancias cuando no se cumplen en su integridad sus requisitos, pues de lo contrario el apartado g) se estaría aplicando en fraude de ley para sortear los requisitos que el legislador expresamente ha querido que reúnan los certificados expedidos por comunidades judías o Rabinos. Dice así que "Si el legislador hubiera querido que cualquier Rabino pudiera certificar sobre la condición de sefardí originario de España cualquiera que fuera el lugar de origen o de residencia del solicitante, no habría establecido expresamente ninguna limitación en el texto de la Ley, pero no ha sido así, y la única excepción que ha permitido sobre dicha limitación es la del Presidente de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España, con competencia universal para la emisión de estos certificados. Por tanto, el apartado g) del artículo 1.2 de la Ley aplicable no es, como pudiera pretenderse, una suerte de posibilidad genérica a la que se puedan reconducir todos los apartados, anteriores cuando no se den en su totalidad los requisitos que se exigen en ellos, pues en ese caso tales requisitos, a pesar de ser expresamente queridos por el legislador con especial valor probatorio, pasarían a convertirse en superfluos...". Por lo tanto, no puede aceptarse que el certificado acreditativo de la condición de sefardí expedido por el presidente y por el rabino de la Federación Judía de Nuevo México pruebe "...de manera clara e inequívoca la condición de sefardí de la parte recurrente, al amparo de lo dispuesto en las letras c) y g) del apartado 2 del artículo 1 de la LCNE..." puesto que sólo sería aplicable el apartado c) al ser evidente que no se da el supuesto del apartado b). toda vez que el certificado de la Federación Judía de Nuevo México en Albuquerque (Nuevo México, Estados Unidos de América) no está expedido por el presidente o cargo análogo de la comunidad judía de la zona de residencia o ciudad natal del interesado...", - en el caso presente Watertown, Massachusetts02472-2478 (Estados Unidos de América.) - "..., y en cuanto al c) "certificado de la autoridad rabínica competente, reconocida legalmente en el país de la residencia habitual del solicitante", no consta tal reconocimiento, siendo exigible en ambos casos la conexión territorial con el lugar de residencia de la demandante.

No comparte esta Sala como no se compartió en la instancia, la consideración de que ese certificado esté acompañado de todos los documentos que acreditan la idoneidad de dicha comunidad judía como entidad certificadora de origen, exigidos en los ordinales 1º a 4º del artículo 1.2 de la LCNE desde el momento en que tal precepto lo que establece es que tales documentos se han de adjuntar para acreditar la idoneidad de los mencionados en las letras b) y c) y tales documentos hacen expresa referencia bien a la zona de residencia o ciudad natal del interesado o bien al país de la residencia habitual del solicitante, siendo así que Nuevo México no es el lugar de residencia habitual de la recurrente ni su zona de residencia ni su ciudad natal según ella misma afirma en su demanda.

Faltando tales requisitos no es posible suplirlos por otras pruebas en la forma prevista en el apartado g) porque es precisa una valoración conjunta de tales pruebas con lo que por más que quiera afirmarse que el informe genealógico acredita el origen sefardí es obvio que ello no es suficiente a tales efectos en base a lo antes expuesto para tener acreditada la condición de la recurrente como sefardí originario de España o con especial vinculación con España.

En su consecuencia, y reiterando la valoración probatoria contenida en la sentencia recurrida, acorde además con la doctrina fijada por el TS en sus recientes sentencias de 15 de enero de 2025, no se han aportado pruebas que valoradas en su conjunto permitan afirman el origen origen sefardí del apelante.

CUARTO.-Y ello nos lleva al examen motivo de apelación que esencialmente se fundamenta en la consideración como infringido de los artículos 24.1 de la CE, 3.1 del Código Civil, 2.4 de la LCNES y 143 del Reglamento del Notariado y vulneración de la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en relación con la vulneración del procedimiento legalmente establecido y la vinculación de la resolución que adopte la Administración (de concesión o denegación de la nacionalidad española) al juicio de notoriedad que haya realizado el notario en el acta de notoriedad, no cabe sino reiterarse como ya se ha efectuado en otras resoluciones de esta Sala, la obviedad de que el artº. 2.4 de la Ley 12/2015 establece que recibida el acta de notoriedad, que dará fe de los hechos acreditados, la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitará preceptivamente informes de los órganos correspondientes del Ministerio del Interior y del Ministerio de la Presidencia y resolverá de manera motivada declarando, en su caso, la estimación de la solicitud, y ya se dirá por qué exige la Ley una resolución motivada si la única que se pudiera adoptar fuera la misma que la que se deriva del acta de notoriedad o por qué esa declaración estimatoria se hará "en su caso", cuando debiera haber dicho "en todo caso" si esa fuera la intención del legislador. Si la emisión del acta de notoriedad fuera suficiente no resultaría necesario que se emitiera resolución por la Dirección General como prevé el apartado 4 del art. 2 de la Ley 12/2015 como así afirma la SAP de Madrid, sección 8, de 18 de marzo de 2024 cuando indica que "Respecto de la vinculación de la decisión de la Dirección General con lo establecido en el Acta de notoriedad, debe significarse que del propio artículo 2.4 LCNS se deduce que la concesión no es automática..." "... lo que supone que la resolución motivada es facultad de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que es quien decide sobre la concesión y no puede considerarse que legalmente se establezca que deba concederla en todo caso o que esté vinculada por el juicio notarial contenido en el acta de notoriedad, pues de otra forma no incluiría la expresión " en su caso"...", con lo que no es preciso añadir nada más.

Criterio éste corroborado por lo dispuesto en la STS de 15 de enero de 2025, 80/25, en cuya virtud, y como decisión de la Sala establece que "4.-La decisión de la concesión de la nacionalidad corresponde a la DGSJyFP, que no está vinculada por la valoración del notario sobre si se cumplen o no los requisitos legales previstos en el artículo 1 de la Ley 12/2015, de 24 de junio".

En relación con la alegación de que también se ha infringido el artº 24.1 de la CE en relación con el 14 CE al no haber valorado otros procedimientos idénticos al del demandante y que obtuvieron distintas respuestas administrativas, es claro que ni la resolución administrativa estimatoria de la pretensión de la demandante ni la desestimatoria vinculan a esta Sala puesto que precisamente este proceso se ha seguido para impugnar la resolución administrativa de que se trate en la forma procesal prevista por el Legislador, de manera que el hecho de que la Administración haya variado su criterio resolviendo inicialmente en una forma y posteriormente en otra tenga efecto alguno puesto que la sentencia recurrida se limita a resolver no según los argumentos de las partes sino en base a la legislación aplicable y la interpretación que de ella efectúa en relación con las exigencias documentales de la norma, con independencia de las contrarias consideraciones del apelante y de la resolución administrativa objeto de impugnación. La sentencia examina este caso concreto y aplica la legislación que ha de aplicar a ese caso concreto, sin más.

En todo caso, como ha afirmado la tan citada STS de 15 de enero de 2025 "...Si dicho organismo ha detectado en un momento determinado que se estaba concediendo la nacionalidad española con base en una aceptación acrítica de las actas de notoriedad expedidas por notarios, cuando no se cumplían los requisitos exigidos por la Ley 12/2015, no es contrario al art. 14 de la Constitución haber rectificado la práctica anterior y haber comenzado a valorar con rigor si los requisitos legales se cumplían... No puede invocarse el derecho a la igualdad en el incumplimiento de las normas y no cabe pretender que los precedentes contrarios a la ley resulten vinculantes para la Administración..."

QUINTO.-Y por último en cuanto a la alegación de que la resolución administrativa impugnada no había analizado la prueba acreditativa de la especial vinculación con España, por lo que el supuesto cumplimiento o incumplimiento de ese requisito no puede ser objeto de examen por la sentencia recurrida y al analizarse se incurre en incongruencia extra petita y en infracción de la prohibición de la reformatio in peius con, nuevamente, infracción del artº. 24 ,1 CE, no puede sino reiterarse el fundamento de la sentencia de esta misma Sala de 19 de septiembre de 2024 en cuya virtud "...se hace necesario destacar como una mera lectura de la resolución administrativa denegando la nacionalidad al apelante permite constatar cómo tras indicar en su Fdo. Jdo Segundo que es exigible para adquirir la nacionalidad española que se pruebe "la condición de sefardí originario de España y, cumulativamente, una especial vinculación con España aun cuando no se tenga residencia legal en nuestro país", lo que ocurre es que al analizar el primero de los requisitos y concluirse que son insuficiente los medios de prueba aportados en orden a la condición de sefardí originario de España del interesado, no entra en el segundo de los presupuestos, al resultar inútil cuando se tratan de dos presupuestos que deben concurrir, indicándose textualmente "El incumplimiento de este requisito es por sí solo motivo de denegación de su solicitud, no haciendo necesario, por lo tanto, entrar a valorar la concurrencia del segundo requisito (especial vinculación con España)".Lo que es muy distinto a que en la resolución administrativa se diera por cumplido el requisito de la especial vinculación con España, como erróneamente parece interpretarse por la defensa del demandante..."

Y ello es evidentemente así. Es claro que, aunque la sentencia recurrida hubiera estimado la fundamentación de la recurrente en relación con la acreditación de su condición de sefardí y la hubiera tenido por cierta, habría de entrar a conocer sobre la concurrencia del segundo de los requisitos que cumulativamente exige la norma, y examinar la prueba obrante en autos a tal respecto. Cuando la sentencia recurrida examina someramente a tales efectos las pruebas acreditativas de esa vinculación lo hace ad abundantia de los anteriores argumentos en relación con la no acreditación del origen sefardí de la instante, como así lo efectúa también la recurrente al examinar la documentación que adjuntó para intentar acreditar esa vinculación, con lo que implícitamente reconoce que aunque se estimara acreditada la concurrencia del primer requisito habría de examinarse la del segundo para estimar la impugnación de la resolución administrativa objeto de este proceso, lo cual en base a lo expuesto es innecesario, por más que pueda reiterarse que "..., no constan certificados de estudios de historia y cultura españolas expedidos por instituciones oficiales o privadas con reconocimiento oficial; ni la inclusión del peticionario o de su ascendencia directa en las listas de familias sefardíes protegidas por España, a que, en relación con Egipto y Grecia, hace referencia el Decreto-ley de 29 de diciembre de 1948, o de aquellos otros que obtuvieron su naturalización por la vía especial del Real Decreto de 20 de diciembre de 1924; ni parentesco de consanguinidad del solicitante con una persona de las mencionadas en la ley..." o que aunque se aportara justificación de colaboración económica de la demandante con la Federación judía de Nuevo Méjico y justificante de donación a la fundación Luis Portero "... lo cierto es que esa federación carece de cualquier vinculación con España y en cuanto a la donación a la Fundación Luis Portero, se trata de una donación de 200 € poco antes de iniciar el expediente y con la finalidad de intentar cumplir con este requisito de especial vinculación...".

En su consecuencia, procede la desestimación del recurso formulado, confirmándose la sentencia recurrida con imposición a la apelante de las costas procesales causadas en esta alzada.

Por cuanto antecede, en nombre de S.M. el Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo español,