Sentencia Civil 154/2026 Audiencia Provincial Civil nº 19 de Madrid, Rec. 589/2024 de 12 de mayo del 2026

PRIMERO.- Objeto del litigio. La Sentencia de instancia.

El recurso de apelación.

La demanda formulada por la demandante en ejercicio de acción relativa al derecho al honor deriva de la indebida inclusión de datos incorporados a registro de morosos ASNEF-EQUIFAX con fecha 18 de diciembre de 2020 por la demandada, en virtud de una deuda por importe de 147,85 euros, deuda que según refiere el demandante no le fue advertida de inclusión en tal fichero de morosos, interesando por ello que se declare que la conducta llevada a cabo constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor, con solicitud de cancelación de la inscripción indebida de los datos del demandante para el caso de persistir a fecha de Sentencia, e indemnización en la cantidad de 10.489,90 euros, por la inclusión como insolvente. Alega el accionante la falta de reclamación previa por la interpelada y que los datos del demandante fueron facilitados sin cumplir los requisitos de información y requerimiento.

La Sentencia de instancia, al analizar los términos de oposición deducida a la demanda en relación al cumplimiento de todos los requisitos que la LOPD y su normativa de desarrollo exigen para la inclusión de los datos personales de la actora en los ficheros de morosos, considera la existencia de deuda cierta, liquida, vencida y exigible, de acuerdo a la prueba documental practicada, en la que figura que las partes contrataron una línea telefónica y que contenía la advertencia de inclusión en fichero de morosos en caso de impago, documento nº 2 de la demanda, constando también una serie de impagos por parte del consumidor, y que existió un requerimiento expreso, que no ha sido devuelto, documento nº 4 de la contestación a la demanda, refiriendo al respecto la STS de 25 de abril de 2019, que recuerda la anterior 740/2015, de 22 de diciembre, sobre el requisito de requerimiento de pago. Concluye la Resolución que, en consecuencia, efectivamente los datos de la demandante han sido debidamente incluidos en el fichero, lo que no constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor, y desestima la demanda.

Frente a dicha Resolución se alza el demandanteinvocando los siguientes motivos de su escrito de recurso:

Como motivo primerose reseña error de valoración de la prueba sobre el principio de calidad de datosen relación con la jurisprudencia aplicable y el incumplimiento de este requisito por infracción del artículo 20.1 B de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales .

El documento nº 2 de la demanda que enuncia la Sentencia - en realidad, documento nº 2 de la contestación a la demanda -, no consta firmado ni enviado al actor, artículos 98 y siguientes TRLGDCU, y está datado en agosto de 2022, cuando las facturas relativas a la linea telefónica son del año 2019, documento nº 3 de la contestación, que refleja incluso un periodo de facturación de 08/11/2019 al 07/12/2019, posterior a la inclusión del actor en ASNEF, no siendo oponible al demandante, artículo 218 LEC en relación con el artículo 24 CE. No se entiende que se de por cierta y exigible una supuesta deuda que no viene refrendada por contrato alguno, citándose al efecto la doctrina jurisprudencial sobre carga probatoria, artículos 217.3 y 7 y artículo 20.2 LOPDGDD, STS 176/2013 de 6 de marzo, al objeto de acreditar que las facturas aportadas coinciden con lo acordado, teniendo tal omisión - se citan los artículos 217, 265 y 270 LEC- especial trascendencia, dado que desde el principio el actor puso en duda la certeza y exigibilidad de la supuesta deuda, ante la drástica e injustificada elevación en los últimos meses de importes girados de la que el demandante toma conocimiento al reclamarle VODAFONE las facturas, documento nº 9 de la demanda. La no devolución de equipos en la factura de diciembre de 2019, documento nº 3 de la contestación, es absoluta y categóricamente inexigible, toda vez que el actor devolvió los dispositivos, como le indicó la demandada en octubre de dicho año, confirmando la recepción, documento nº 4 de la demanda, facturando además servicios no contratados, en referencia a HBO España, que elevaban la facturación. La demandada omitió aportar en fase probatoria el histórico de las reclamaciones efectuadas por el actor, a pesar que constan los justificantes de las reclamaciones realizadas en octubre y noviembre de 2022, documentos nº 7 y 10 de la demanda, presentando la demandada grabación extemporánea e impertinente que no guardaba relación con lo requerido. No se ha acreditado la certeza y exigibilidad de la deuda, artículo 20.1 b LOPDGDD en relación con el artículo 217 LEC y artículo 20.2 de la Ley. Complementariamente, existen pruebas respecto a la inexigibilidad de determinados cargos (devolución de equipos), documentos 4 y 3 de la contestación, y otros cuya exigibilidad no esta acreditada ( alza de precios y HBO ), documento nº 3 de la contestación.

El motivo segundorefiere el error en la valoración de la prueba sobre advertencia previa de inclusión, el requerimiento previo de pago y la notificación de inclusión, en relación con la jurisprudencia aplicable y el incumplimiento de este requisito por parte de VODAFONE, artículos 20.1 C LOPDGDD y artículo 38.1 C del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre , por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Refiere el recurrente la inoponibilidad del documento nº 2 de la contestación, por su fecha, contenido y circunstancias relatadas, entendiendo la Sentencia cumplido el requerimiento previo de pago sin que conste ni el envío de la comunicación aportada de contrario ni su recepción por el destinatario. La Resolución no considera las tres obligaciones reguladas en el artículo 20.1 c de la Ley, sin que se entienda tampoco la omisión valorativa del Oficio de Correos en cuanto al hecho controvertido de la correcta realización (envío/recepción) de la comunicación aportada, artículo 218 LEC. En lo que atañe a la advertencia previa de inclusión del primer párrafo del artículo 20.1 c LOPDGDD, no se hizo en el momento de contratación, por el carácter inoponible del mencionado documento nº 2 de la contestación, que no consta firmado, ni enviado al interesado, artículos 98 y siguientes TRLGDCU. En cuanto al requerimiento previo de pago, artículo 38.1 c RD 1720/2007, la justificación presentada consiste en carta de correo ordinario, documento nº 4 de la contestación, acompañada de la referencia de generación, impresión y ensobrado de la carta por parte de SERVINFORM. Sin embargo, la depositante de las comunicaciones según el albarán de correos es EQUIFAX IBÉRICA. La comunicación dirigida al actor tenía el código NUM000, código que no se encuentra entre la horquilla de comunicaciones certificada, al tener una numeración inferior. No es razonable concluir que dicha carta tuviera que ser depositada en Correos, pues existen claros indicios que al menos la carta dirigida al actor no se encontraba entre las que se depositaron, cuestión no aclarada por la demandada, artículos 217.3 y 7, y 381.3 LEC. , errores o inconsistencias que constituyen un indicio suficiente para no tener por acreditado el envío y recepción. El operador postal reveló en fase probatoria que la carta, reseñada mediante identificador único, no aparece en sus sistemas informáticos. No existe tampoco una garantía o constancia razonable de la recepción de la carta aportada. En lo relativo a la notificación de la inclusión posterior en el fichero, nada justifica VODAFONE, a la que incumbe la carga probatoria, artículo 217 LEC.

El tercer motivodel recurso lo es sobre la indemnización y su cuantificación, artículo 9 de la Ley, en relación a la jurisprudencia aplicable.

Reproduce el apelante la indebida inclusión en ASNEF-EQUIFAX durante dos años, en los que se produjeron 322 consultas de 28 entidades, según el oficio de EQUIFAX. Ninguna otra entidad ha incluido al actor en ASNEF, por tratarse de persona solvente y buen pagador, habiendo sido la diligencia de VODAFONE inexistente. Se reclaman daños patrimoniales, consistentes en gastos en los que el actor incurrió por importe de 489,90 euros, documentos nº 3 y 6 de la demanda, derivados de la solicitud de oposición al tratamiento de datos desde WOINFI LEGAL y registrada el 15 de septiembre de 2022. En lo atinente a los daños patrimoniales difusos, entre las 322 consultas a los datos, se encuentra la realizada por TOTAL ENERGIES en septiembre de 2022 cuando le denegaron el alta del suministro eléctrico. Estima el demandante que habiendo VODAFONE vuelto a incluir en fichero al accionante pese a haber requerido expresa y fehacientemente la documentación acreditativa de la supuesta deuda y la eliminación de sus datos, incluso la concesión de una indemnización de 10.000 euros como la solicitada no es disuasoria.

La estimación del recurso ha de conllevar la condena en costas, también en caso de otorgarse distinta cantidad indemnizatoria, por aplicación del principio del vencimiento objetivo, artículo 394.1 LEC.

Se solicita la revocación de la Sentencia y la estimación íntegra de las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO.- Resolución de la Sala.

Infracción del artículo 20 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales , así como del artículo 38 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre , por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Vulneración del principio de calidad del dato.

Refiere el recurrente dentro del motivo primerode su recurso, según lo antes resumido, el artículo 20.1 c LOPDGDD y el Real Decreto 1720/2007, cuyos artículos 38 y 39 establecen los requisitos de inclusión en este tipo de ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, por estimar el impugnante que la cantidad que fue anotada al alta en los ficheros no era cierta, ni líquida y debida, habiendo sido cuestionada en todo momento, mediando error valorativo de la prueba documental, argumento que desarrolla como motivo primerode su escrito a continuación al controvertir la deuda comunicada dimanante del Contrato de Prestación de Servicios de Telefonía - Servicios de Comunicaciones Móviles, Fijas y de Televisión para Clientes Particulares - cuyo Condicionado se acompaña como documento nº 2 de la contestación a la demanda, afirmando la inexistencia de deuda cierta, vencida y exigible, que haya sido impagada, concluyendo que no se han respetado las exigencias del principio de calidad de datos.

La revisión en esta alzada de las actuaciones permite compartir no obstante, a juicio de esta Sala, el razonamiento que incluye al respecto la Sentencia impugnada. No habiendo negado el actor propiamente la procedencia de los cargos objeto de la deuda -, ésta resulta en el caso del impago de los consumos facturados por importe de 147,85 euros, bloque documental nº 3 de la contestación a la demanda por consumos producidos hasta el 7 de enero de 2020 y de la deuda acumulada, como débito que, según opone la apelada, responde a dos facturas por consumos impagados de la linea móvil NUM001 por razón de los servicios contratados - ni cuestionado el accionante en su escrito inicial de demanda la realidad de la contratación con VODAFONE de una tarifa plana que incluía Internet, línea fija y móvil ( página 3 ), lo que opone el actor es la compensación de determinados servicios dados de baja desde junio a octubre de 2019, tales como por devolución de equipos, incluido en la facturación, de modo que el cumplimiento por la demandada de los requisitos exigibles para la inclusión en registro de morosidad derivadas del principio de calidad de datos y a los derechos de acceso, rectificación y cancelación del afectado, resulta de la falta de puesta en conocimiento por el demandante de ninguna incidencia previa en relación a los consumos facturados, ni alegación alguna por su parte de disconformidad con la deuda reclamada tras el requerimiento de pago acreditado, existiendo una apariencia de veracidad de los datos sobre la existencia real de la deuda. Más allá de las reclamaciones posteriores de aportación documental sobre la deuda, en fechas de octubre y noviembre de 2022, documentos nº 7 y 10 de la demanda, a los que se unen las respuestas de VODAFONE, no puede el demandante invocar con éxito la falta de contrato o de incorporación de historial de reclamaciones anteriores para comprobar si las facturas son o no correctas (petición deducida en fase probatoria), falta de aportación que perjudica a la parte actora, artículo 217.2 LEC.

En relación a la interpretación de la doctrina jurisprudencial relativa a la intromisión ilegítima en el derecho al honor por la inclusión en fichero de morosos, y al principio de calidad de datos alegado en el recurso de apelación, se ha pronunciado este Tribunal en Sentencia de fecha 5 de octubre de 2022, Rec. 911/2021, en los siguientes términos:

1.- La inclusión errónea de una persona en un "registro de morosos", sin que concurra veracidad, constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor en los términos de la Ley Orgánica 1/1982, por cuanto es una imputación, la de ser moroso, que lesiona la dignidad de la persona, menoscaba su fama y atenta contra su propia estimación. La inclusión de los datos de clientes en ese tipo de registros es "una práctica bancaria que exige una correcta utilización, por lo que ha de rechazarse cuando se presenta abusiva y arbitraria". Cuando esa inclusión es indebida, por deuda inexistente, ello supone un desmerecimiento y descrédito en la consideración ajena ( artículo 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982 ), sobre todo si se trata de una persona no comerciante, y ello por cuanto "esta clase de registros suele incluir a personas valoradas socialmente en forma negativa, o al menos con recelos y reparos, sobre todo cuando se trata de llevar a cabo relaciones contractuales con las mismas" ( STS 29-4-2014, nº 225/2014, rec. 2357/2011 ).

2 .- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, encaminada de modo primordial a protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales enumera las circunstancias que debe rodear la inclusión de esa clase de datos en ficheros destinados a ofrecer información pública sobre la solvencia patrimonial y el crédito, comúnmente llamados "registros de morosos". Así, el artículo 20.1 dispone que

" Salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que los datos hayan sido facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés.

b) Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes.

c) Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe.

La entidad que mantenga el sistema de información crediticia con datos relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito deberá notificar al afectado la inclusión de tales datos y le informará sobre la posibilidad de ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo.

d) Que los datos únicamente se mantengan en el sistema mientras persista el incumplimiento, con el límite máximo de cinco años desde la fecha de vencimiento de la obligación dineraria, financiera o de crédito.

e) Que los datos referidos a un deudor determinado solamente puedan ser consultados cuando quien consulte el sistema mantuviese una relación contractual con el afectado que implique el abono de una cuantía pecuniaria o este le hubiera solicitado la celebración de un contrato que suponga financiación, pago aplazado o facturación periódica, como sucede, entre otros supuestos, en los previstos en la legislación de contratos de crédito al consumo y de contratos de crédito inmobiliario.

Cuando se hubiera ejercitado ante el sistema el derecho a la limitación del tratamiento de los datos impugnando su exactitud conforme a lo previsto en el artículo 18.1.a) del Reglamento (UE) 2016/679 , el sistema informará a quienes pudieran consultarlo con arreglo al párrafo anterior acerca de la mera existencia de dicha circunstancia, sin facilitar los datos concretos respecto de los que se hubiera ejercitado el derecho, en tanto se resuelve sobre la solicitud del afectado.

f) Que, en el caso de que se denegase la solicitud de celebración del contrato, o éste no llegara a celebrarse, como consecuencia de la consulta efectuada, quien haya consultado el sistema informe al afectado del resultado de dicha consulta".

3.- Sobre el principio de calidad de datos invocado por el apelante señala el Tribunal Supremo (SS 174/2018 y 338/2018 ) que uno de los ejes fundamentales de la regulación del tratamiento automatizado de datos personales es el que ha venido en llamarse "principio de calidad de los datos ". Los datos, señala el TS, deber ser exactos, adecuados, pertinentes y proporcionados a los fines para los que han sido recogidos y tratados. El art. 4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo, LOPD), al desarrollar tanto el art. 18.4 de la Constitución como las normas del Convenio núm. 108 del Consejo de Europa y la Directiva 1995/46/CE , de 24 octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, exige que los datos personales recogidos para su tratamiento sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido, exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado, y prohíbe que sean usados para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos.

4.- Pero es también cierto que esta doctrina hay que matizarla, como sostiene la sentencia 245/2019, de 25 de marzo , cuando afirma que "lo anterior no significa que cualquier oposición al pago de una deuda, por injustificada que resulte, suponga que la deuda es incierta o dudosa, porque en tal caso la certeza y exigibilidad de la deuda se dejaría al exclusivo arbitrio del deudor, al que le bastaría con cuestionar su procedencia, cualquiera que fuera el fundamento de su oposición, para convertir la deuda en incierta". En el mismo sentido la STS nº 562/2020 .

Trasladados los anteriores razonamientos al supuesto enjuiciado, es determinante que cuando se incluyeron los datos personales en registro de morosos no consta que existiera pendiente ningún litigio sobre la deuda referida a los consumos objeto de facturación según contrato telefónico, deuda cuya anulación tampoco se interesa en demanda, y que no resulta confundible con el cuestionamiento de los conceptos que se describen en el escrito de demanda cuya compensación por servicios dados de baja afirma el accionante en fecha posterior al requerimiento de pago, siendo determinante la reseña del importe adeudado en dicho requerimiento de pago y preaviso de fecha 14 de septiembre de 2020, documento nº 4 de la contestación, a efectos de incluir los datos personales del demandante en cualquier fichero de solvencia - requerimiento que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 20.1.c de la Ley Orgánica 3/2018, según se argumenta más adelante - y que respeta el criterio de proporcionalidad de la inclusión en el registro, pese a tratarse de deuda de pequeña cuantía, según refiere, entre otras, la STS 672/2014 de 19 de noviembre, al señalar que

Y según fundamenta la STS Sección Pleno, 945/2022 de 20 de diciembre de 2022 respecto al requisito de existencia de una deuda cierta, vencida, liquida y exigible en cumplimiento del artículo 20.1.b de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre a efectos de considerar que la deuda no era cierta, no es relevante el cuestionamiento de la deuda hecho con posterioridad a su inclusión en el registro de morosos.

Por otra parte, tal y como reseña la Sentencia apelada, en la Cláusula 2.5 del Contrato de Comunicaciones Móviles aportado como documento nº 2 de la contestación a la demanda, se contiene la advertencia en el supuesto de incumplimiento por adeudos de que los datos del cliente puedan ser incluidos en ficheros de solvencia patrimonial y de crédito, y ello sin perjuicio de que la STS 185/2023 de 7 de febrero de 2023, que remite a la mencionada de Pleno de la Sala 945/2022 de 20 de diciembre, al tratar de la trascendencia del artículo 20.1 c) de la LO 3/2018- precepto que la de entenderse que deroga el artículo 39 del Reglamento de desarrollo de la LO 15/1999- confirme que no es preciso realizar la información (más bien una advertencia) sobre la posibilidad de comunicar los datos al fichero de morosos en caso de impago en el contrato y, "en todo caso", en el momento de requerir de pago, sino que puede realizarse en cualquiera de estos momentos, no necesariamente en ambos.

Se desestima el motivo primero del recurso de apelación, al no poder sustentarse la existencia de intromisión ilegítima originada por la inclusión en registro de morosidad de deuda incierta o dudosa, o sometida de forma precedente a litigio.

Infracción del artículo 38 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre , por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Datos de Carácter Personal, así como del artículo 20.1 de la LOPD 3/2018, por no haber existido requerimiento de pago previo a la inclusión en los ficheros ASNEF y BADEXCUG.

Se fundamenta este segundo motivodel recurso, tanto en razones ya resueltas sobre inoponibilidad del contrato y falta de advertencia previa sobre inclusión en registro de morosidad - ya se ha indicado que no cabe acoger la alegación relativa a la falta de oponibilidad de contrato cuando el deudor, tal y como recuerda la parte apelada, mantiene un silencio indicativo de la certeza de la deuda al momento de inclusión de los datos en fichero - como en el incumplimiento de las obligaciones reguladas en el artículo 20.1 c de la Ley, y en la alegada omisión valorativa del Oficio de Correos en cuanto al hecho controvertido de la correcta realización ( envío/recepción ) de la comunicación aportada, artículo 218 LEC.

En relación a la invocada falta de recepción de requerimiento previo de pago documento nº 4 del escrito de contestación a la demanda, consistente en certificado emitido por las entidades EQUIFAX IBÉRICA, S.L. y SERVINFORM, S.A. en el que se determinaba que había sido enviada y que no había sido devuelta misiva puesta a disposición del servicio de envíos postales con fecha 18 de septiembre de 2020, documento que hace referencia a la posibilidad de inclusión en el Fichero ASNEF, consta en actuaciones que antes de procederse al alta en registro de morosidad se practicó comunicación de fecha 14 de septiembre de 2020, notificando el saldo deudor pendiente por 147,85 euros, de requerimiento de pago, con reseña de inclusión en fichero relativo al incumplimiento de obligaciones dinerarias, comunicación a la que se acompaña certificado emitido por SERVINFORM sobre puesta a disposición del servicio postal de la notificación para su posterior distribución el día 18 de septiembre de 2020 ( documentos nº 4 de la contestación ), carta de notificación de requerimiento previo de pago generada en EQUIFAX y procesada por dicho prestador de servicio SERVINFORM, S.A., que lo es de carta con anuncio de poder ser los datos del apelante comunicados a cualesquiera entidades responsables de ficheros de información sobre solvencia patrimonial y crédito, a la que se une asimismo el certificado masivo de envío sobre puesta a disposición del servicio postal para su posterior distribución, sin que conste la devolución de la notificación por motivo alguno al apartado de Correos designado al efecto. Tal comunicación se remitió al domicilio facilitado por la actor a la entidad titular del crédito, DIRECCION000, Las Rozas de Madrid, domicilio de facturación, habiéndose certificado por lo tanto por SERVINFORM el proceso que generó tal comunicación, con identificación de la dirigida al demandante, adjuntando el certificado de petición y acreditando la entrega en los servicios del operador postal para su posterior distribución en albarán -igualmente incorporado-, sin que conste la devolución o imposibilidad de entrega de la carta.

Establecido lo anterior, resulta plenamente aplicable al caso el criterio que expone la STS 185/2023 de 7 de febrero, que remite a su vez a la de fecha 21 de diciembre de 2022, 959/2022, y que dispone en su fundamento de derecho segundo respecto al requisito de requerimiento previo de pago lo siguiente:

<2-..."Y nuestra doctrina sobre el carácter recepticio del requerimiento previo de pago no exige, como hemos dicho, la fehaciencia de su recepción, que se puede considerar fijada a través de las presunciones, como en este caso, siempre que exista garantía o constancia razonable de ella, que en el presente supuesto también existe, puesto que en ningún momento se ha negado que el domicilio del demandado coincidiera con la dirección de destino indicada en la comunicación o argumentado que esta se hubiera malogrado por razones achacables al servicio postal de correos, de las que, por lo demás, no existe reflejo alguno en los autos.

" Tampoco se puede tachar la comunicación por formar parte de un gran conjunto de ellas, puesto que dicha circunstancia, igual que si se hubiera presentado de forma independiente e individual, no impide su puesta a disposición del servicio postal de correos, que opera un número ingente de comunicaciones y que no puede denegar su admisión (documentada en los autos con los albaranes de entrega) por el mero hecho de formar parte de una remesa masiva de envíos que le son confiados por el remitente para la realización de un proceso postal integral (clasificación, transporte, distribución y entrega) que debe garantizar de manera efectiva los derechos de los usuarios y del que, una vez producida la recepción, se hace responsable, conforme a lo dispuesto por el art. 3.12.b) de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre , del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.

" Ni equipararse este supuesto, atendidas las circunstancias que lo califican, con otros cuya tipología es distinta, como aquellos en los que la comunicación fue remitida a una dirección postal de la que fue devuelta por ser el destinatario desconocido o donde anteriormente ya se había producido una devolución por la misma circunstancia, lo que sí cuestiona, como ya hemos dicho, la garantía de la recepción ( sentencia 854/2021, de 10 de diciembre )".

3.- En el presente caso, concurren las mismas circunstancias que en la sentencia 81/2022, de 2 de febrero , se consideraron adecuadas para considerar correctamente practicado el requerimiento de pago: aportación de la carta de requerimiento de pago con advertencia de inclusión en el registro de morosos; certificación de Servinform S.A. de que la carta de requerimiento dirigida al demandante fue preparada y puesta a disposición del Servicio de Correos para su envío; albarán de entrega de varias cartas por Equifax Ibérica S.L. en el Servicio de Correos en fecha inmediatamente posterior a la preparación de la carta; y coincidencia de la dirección postal a la que fue enviada la carta de requerimiento con el domicilio comunicado por el demandante tanto en una fecha anterior (en el momento de la celebración del contrato de préstamo) como posterior (en el apoderamiento otorgado para interponer la demanda). Por tanto, y ante la falta de circunstancias excepcionales que excluyeran la recepción de la carta en la dirección a la que fue enviada, es razonable considerar acreditada la recepción del requerimiento por el demandante.

4.- Por tales razones, el recurso de apelación ha de ser estimado y, correlativamente, la demanda ha de ser desestimada pues la comunicación al fichero de morosos de los datos personales relacionados con el impago de una deuda por razón del crédito del que es titular la demandada no constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante.

5.- Ello no obsta a que el demandante pueda hacer uso de los derechos que le atribuye la normativa sobre protección de datos de carácter personal y pueda instar la rectificación o limitación del tratamiento de esos datos ( arts. 16 y 18 del Reglamento (UE) 2016/679 y 14 y 16 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales) si considera que la cuantía de la deuda que se ha comunicado al fichero es incorrecta. >

La anterior doctrina aparece resumida en la Sentencia de esta Sala de fecha 6 de julio de 2023, Rec. 860/2022 que fundamenta la concurrencia de los requisitos legales en relación al requerimiento de pago de acuerdo a lo que se expone seguidamente:

< iii) Las sentencias del Pleno del Tribunal Supremo 946/2022, de 20 de diciembre y 959/2022 y 960/2022, de 21 de diciembre han resuelto recientemente tres recursos de casación relacionados con el requerimiento previo de pago al deudor, de las que se desprende la siguiente doctrina:

a) que es uno de los requisitos de licitud de la inclusión de datos personales en los ficheros de información crediticia («ficheros de morosos»).

b) Que después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018 subsiste este requisito del requerimiento previo de pago, si bien basta con que la advertencia de inclusión en el fichero se hubiera realizado en el contrato

c) que no es simplemente un requisito formal cuyo incumplimiento solo pueda dar lugar a una sanción administrativa. Se trata de un verdadero requisito esencial que responde a la finalidad del fichero y que trata de evitar la inclusión de personas que, por un simple descuido, por un error bancario al que son ajenas, o por cualquier otra circunstancia de similar naturaleza, han dejado de hacer frente a una obligación, sin que ese dato sea pertinente para enjuiciar su solvencia.

d) Siendo un requisito esencial, debe tenerse en cuenta también el enfoque funcional del requerimiento, que debe ser valorado en conexión con los fines que le atribuye la ley. Ello explica el diferente significado que puede tener su omisión o su práctica defectuosa en función de las circunstancias concretas de la deuda y la sorpresa para el interesado por la inclusión de sus datos en el fichero, y, por lo tanto, la casuística generada a la hora de determinar su relevancia de cara a apreciar o no la intromisión ilegítima en el derecho al honor.

e) Por otra parte, se reitera que el requerimiento previo de pago es un acto de comunicación de carácter recepticio que exige una constancia razonable de la recepción de la comunicación por el destinatario, por más que existan diversos medios de probar tal recepción. La ley no exige la fehaciencia de dicha recepción, que se puede considerar probada a través de las presunciones o por cualquier medio de prueba, siempre que exista garantía o constancia razonable de ella, lo que, por

depender de las circunstancias concurrentes en cada supuesto, habrá que determinar de forma. >

< iv) En el presente litigio, la juzgadora de instancia declara probado que ha existido previo requerimiento y que el mismo es válido, y dichas conclusiones probatorias han de mantenerse en esta segunda instancia, por cuanto la mercantil EXPERIAN certifica en el documento número 9 de los aportados con el escrito de contestación a la demanda que el día 13 de julio de 2021 fue enviado el requerimiento de pago al demandante, sin que hubieren tenido constancia de la devolución del mismo por los servicios postales. Dicha comunicación reúne todos los requisitos legales, pues en ella consta tanto la existencia de la deuda como la advertencia de la inclusión en el registro de morosos, que, por otra parte, se contenía en el contrato. >

Considera en su consecuencia este Tribunal, que el conocimiento del requerimiento por parte del deudor resulta en el caso de los elementos indiciarios sobre su realización a que se refiere la jurisprudencia enunciada, concretados en la correcta dirección de destino indicada en la comunicación, en la justificación de albarán de entrega por parte del cliente EQUIFAX IBÉRICA, S.L. al Servicio de Correos y Telégrafos, y en la reseñada falta de constancia de devolución del requerimiento por parte de los servicios postales de la comunicación de referencia dentro del proceso informático de generación y segmentación que certifica SERVINFORM. Siendo esencial, según recuerda el Tribunal Supremo, que no puede tacharse la comunicación por el hecho de formar parte de un gran conjunto de ellas, debiendo el servicio postal de correos garantizar los derechos de los usuarios una vez producida la recepción - la remisión y recepción del requerimiento de fecha 14 de septiembre de 2020 lo es de carta comprendida entre las referencias numéricas del envío masivo certificado, por un total de 17043 comunicaciones - de modo que conteniendo este requerimiento tanto la reseña de la deuda como la advertencia de inclusión en ficheros de morosidad, habrá de rechazarse el motivo de la apelación, ya que no se acreditan aquellas circunstancias excepcionales que excluyeran la recepción de la carta en la dirección a la que fue enviada a las que se refiere la doctrina jurisprudencial que se explicita en esta Resolución, y que establece también la citada STS 960/2022 de 21 de diciembre de 2022 al indicar que "Si bien, y dado que el art. 38 RLOPD no establece una forma especial de llevar a cabo el requerimiento previo, tampoco es necesaria, de cara a su validez, la fehaciencia de su recepción, que se puede considerar fijada a través de las presunciones o acreditada por cualquier medio de prueba ( sentencias 672/2020, de 11 de diciembre , 854/2021, de 10 de diciembre , 81/2022, de 2 de febrero , y 436/2022, de 30 de mayo , entre las más recientes) siempre que exista garantía o constancia razonable de ella ( sentencias 660/2022, de 13 de octubre , 604/2022, de 14 de septiembre , 854/2021, de 10 de diciembre , 672/2020, de 11 de diciembre ), lo que, por depender de las circunstancias concurrentes en cada supuesto, habrá que determinar de forma inevitablemente casuística. "

No resulta estimable, como consecuencia de lo anterior, el argumento del recurso que se asienta en la falta de constancia de requerimiento previo de pago, como aspecto no informado en fase probatoria a través de prueba testifical escrita del artículo 381 LEC, una vez justificada el requerimiento a instancia de la demandada con la prevención de proceder, en caso de impago de inclusión de los datos personales referidos en la comunicación en cualquier fichero de solvencia y relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, requerimiento que obedece a los requisitos exigidos en el artículo 20 de la Ley 3/2018 para considerar lícito el tratamiento de los datos, y que determina en el caso, una vez producido, fecha de alta en los Ficheros de Morosidad por razón de la deuda ( el plazo de 30 días también alegado en el recurso respecto a la invocada falta de notificación de la inclusión de datos es exigido al responsable del registro, no para dar de alta tales datos tras el requerimiento, datos en relación a los que se manifiesta oposición a su tratamiento en el año 2022 con respuesta a la misma, lo que impide resolver en función del invocado incumplimiento de la comunicación por parte de la empresa que se encarga y mantiene el sistema de información crediticia, no ya por razón del silencio del deudor frente al acreditado previo requerimiento de pago, sino por ser este requerimiento sobre el que resuelve la Sentencia, de acuerdo a la prueba admitida en audiencia previa; artículo 456 LEC) , - consta la posterior fecha de baja en registro - siendo esencial, según lo antes razonado, que no se plantea una controversia - más allá de las gestiones relativas al aducido cobro indebido ya analizadas, que impida aplicar, ante la existencia de deuda cierta, vencida y exigible, y cumplido el principio de calidad de los datos aquella jurisprudencia sobre controversia de criterios de facturación en servicios de telefonía móvil que excluye la existencia de deuda cierta - SSTS 1794/2023, de 20 de diciembre y 740/2015, de 22 de diciembre, y STS 174/2018 de 23 de marzo, con ocasión de la aplicación de una penalización por baja del servicio ( jurisprudencia citada en SAP Les Illes Balears, Sección 5ª, de 8 de enero de 2024, Rec. 468/2023 ).

Se desestima el motivo segundo del recurso formulado, debiendo confirmarse la Resolución impugnada, sin entrar a valorar la inaplicación de criterios estimativos indemnizatorios del daño moral, que se desarrolla en el motivo tercerode la apelación, al no concurrir los presupuestos de una actuación ilícita de inclusión indebida de datos personales en registros de morosos que justifique la reparación del daño conforme a los artículos 1.1 y 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, por intromisión ilegítima, siendo esencial para la apreciación de la posible existencia de una vulneración del derecho fundamental el que no se puede prescindir de los hechos concretos de carácter objetivo que la Sentencia considera probados ( en expresión de la STS de 24 de julio de 2012 ).

Dada la razón decisoria de la sentencia recurrida y atendidos los términos del debate tanto en las instancias como ahora en casación, la controversia se ciñe a si la información enjuiciada tenía o no relevancia pública o interés general, toda vez que no se discute ni su contenido ni su veracidad. Por otra parte la veracidad, en los conflictos que afectan a la intimidad, tiene un menor peso relativo, pues según constante jurisprudencia, de la que es reciente ejemplo la sentencia 634/2017, de 23 de noviembre, el criterio para determinar la legitimidad o ilegitimidad de una intromisión en la intimidad es el de la relevancia pública del hecho divulgado o, como aclara la sentencia 50/2017, de 27 de enero, «que su comunicación a la opinión pública, aun siendo verdadera, resulte necesaria en función de interés público del asunto sobre el que se informa». También puntualiza la doctrina jurisprudencial que debe comprobarse que el afectado no haya adoptado pautas de comportamiento que permitan entender que consintió el público conocimiento de aspectos privados, en la medida en que corresponde a cada persona acotar el ámbito de intimidad personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno (por ejemplo, sentencias 344/2016, de 24 de mayo, y 114/2017, de 22 de febrero ).

Cuantificación de la indemnización a abonar a la demandante por el daño moral sufrido por la indebida inclusión de sus datos en un registro de morosos. Se declara justificada la disminución indemnizatoria llevada a cabo por las sentencias

TERCERO.-Desestimado el recurso de apelación, las costas de esta alzada se imponen a la parte demandante-apelante, en virtud de lo dispuesto en el artículo 398.1 en relación con el artículo 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.- Objeto del litigio. La Sentencia de instancia.

El recurso de apelación.

La demanda formulada por la demandante en ejercicio de acción relativa al derecho al honor deriva de la indebida inclusión de datos incorporados a registro de morosos ASNEF-EQUIFAX con fecha 18 de diciembre de 2020 por la demandada, en virtud de una deuda por importe de 147,85 euros, deuda que según refiere el demandante no le fue advertida de inclusión en tal fichero de morosos, interesando por ello que se declare que la conducta llevada a cabo constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor, con solicitud de cancelación de la inscripción indebida de los datos del demandante para el caso de persistir a fecha de Sentencia, e indemnización en la cantidad de 10.489,90 euros, por la inclusión como insolvente. Alega el accionante la falta de reclamación previa por la interpelada y que los datos del demandante fueron facilitados sin cumplir los requisitos de información y requerimiento.

La Sentencia de instancia, al analizar los términos de oposición deducida a la demanda en relación al cumplimiento de todos los requisitos que la LOPD y su normativa de desarrollo exigen para la inclusión de los datos personales de la actora en los ficheros de morosos, considera la existencia de deuda cierta, liquida, vencida y exigible, de acuerdo a la prueba documental practicada, en la que figura que las partes contrataron una línea telefónica y que contenía la advertencia de inclusión en fichero de morosos en caso de impago, documento nº 2 de la demanda, constando también una serie de impagos por parte del consumidor, y que existió un requerimiento expreso, que no ha sido devuelto, documento nº 4 de la contestación a la demanda, refiriendo al respecto la STS de 25 de abril de 2019, que recuerda la anterior 740/2015, de 22 de diciembre, sobre el requisito de requerimiento de pago. Concluye la Resolución que, en consecuencia, efectivamente los datos de la demandante han sido debidamente incluidos en el fichero, lo que no constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor, y desestima la demanda.

Frente a dicha Resolución se alza el demandanteinvocando los siguientes motivos de su escrito de recurso:

Como motivo primerose reseña error de valoración de la prueba sobre el principio de calidad de datosen relación con la jurisprudencia aplicable y el incumplimiento de este requisito por infracción del artículo 20.1 B de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales .

El documento nº 2 de la demanda que enuncia la Sentencia - en realidad, documento nº 2 de la contestación a la demanda -, no consta firmado ni enviado al actor, artículos 98 y siguientes TRLGDCU, y está datado en agosto de 2022, cuando las facturas relativas a la linea telefónica son del año 2019, documento nº 3 de la contestación, que refleja incluso un periodo de facturación de 08/11/2019 al 07/12/2019, posterior a la inclusión del actor en ASNEF, no siendo oponible al demandante, artículo 218 LEC en relación con el artículo 24 CE. No se entiende que se de por cierta y exigible una supuesta deuda que no viene refrendada por contrato alguno, citándose al efecto la doctrina jurisprudencial sobre carga probatoria, artículos 217.3 y 7 y artículo 20.2 LOPDGDD, STS 176/2013 de 6 de marzo, al objeto de acreditar que las facturas aportadas coinciden con lo acordado, teniendo tal omisión - se citan los artículos 217, 265 y 270 LEC- especial trascendencia, dado que desde el principio el actor puso en duda la certeza y exigibilidad de la supuesta deuda, ante la drástica e injustificada elevación en los últimos meses de importes girados de la que el demandante toma conocimiento al reclamarle VODAFONE las facturas, documento nº 9 de la demanda. La no devolución de equipos en la factura de diciembre de 2019, documento nº 3 de la contestación, es absoluta y categóricamente inexigible, toda vez que el actor devolvió los dispositivos, como le indicó la demandada en octubre de dicho año, confirmando la recepción, documento nº 4 de la demanda, facturando además servicios no contratados, en referencia a HBO España, que elevaban la facturación. La demandada omitió aportar en fase probatoria el histórico de las reclamaciones efectuadas por el actor, a pesar que constan los justificantes de las reclamaciones realizadas en octubre y noviembre de 2022, documentos nº 7 y 10 de la demanda, presentando la demandada grabación extemporánea e impertinente que no guardaba relación con lo requerido. No se ha acreditado la certeza y exigibilidad de la deuda, artículo 20.1 b LOPDGDD en relación con el artículo 217 LEC y artículo 20.2 de la Ley. Complementariamente, existen pruebas respecto a la inexigibilidad de determinados cargos (devolución de equipos), documentos 4 y 3 de la contestación, y otros cuya exigibilidad no esta acreditada ( alza de precios y HBO ), documento nº 3 de la contestación.

El motivo segundorefiere el error en la valoración de la prueba sobre advertencia previa de inclusión, el requerimiento previo de pago y la notificación de inclusión, en relación con la jurisprudencia aplicable y el incumplimiento de este requisito por parte de VODAFONE, artículos 20.1 C LOPDGDD y artículo 38.1 C del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre , por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Refiere el recurrente la inoponibilidad del documento nº 2 de la contestación, por su fecha, contenido y circunstancias relatadas, entendiendo la Sentencia cumplido el requerimiento previo de pago sin que conste ni el envío de la comunicación aportada de contrario ni su recepción por el destinatario. La Resolución no considera las tres obligaciones reguladas en el artículo 20.1 c de la Ley, sin que se entienda tampoco la omisión valorativa del Oficio de Correos en cuanto al hecho controvertido de la correcta realización (envío/recepción) de la comunicación aportada, artículo 218 LEC. En lo que atañe a la advertencia previa de inclusión del primer párrafo del artículo 20.1 c LOPDGDD, no se hizo en el momento de contratación, por el carácter inoponible del mencionado documento nº 2 de la contestación, que no consta firmado, ni enviado al interesado, artículos 98 y siguientes TRLGDCU. En cuanto al requerimiento previo de pago, artículo 38.1 c RD 1720/2007, la justificación presentada consiste en carta de correo ordinario, documento nº 4 de la contestación, acompañada de la referencia de generación, impresión y ensobrado de la carta por parte de SERVINFORM. Sin embargo, la depositante de las comunicaciones según el albarán de correos es EQUIFAX IBÉRICA. La comunicación dirigida al actor tenía el código NUM000, código que no se encuentra entre la horquilla de comunicaciones certificada, al tener una numeración inferior. No es razonable concluir que dicha carta tuviera que ser depositada en Correos, pues existen claros indicios que al menos la carta dirigida al actor no se encontraba entre las que se depositaron, cuestión no aclarada por la demandada, artículos 217.3 y 7, y 381.3 LEC. , errores o inconsistencias que constituyen un indicio suficiente para no tener por acreditado el envío y recepción. El operador postal reveló en fase probatoria que la carta, reseñada mediante identificador único, no aparece en sus sistemas informáticos. No existe tampoco una garantía o constancia razonable de la recepción de la carta aportada. En lo relativo a la notificación de la inclusión posterior en el fichero, nada justifica VODAFONE, a la que incumbe la carga probatoria, artículo 217 LEC.

El tercer motivodel recurso lo es sobre la indemnización y su cuantificación, artículo 9 de la Ley, en relación a la jurisprudencia aplicable.

Reproduce el apelante la indebida inclusión en ASNEF-EQUIFAX durante dos años, en los que se produjeron 322 consultas de 28 entidades, según el oficio de EQUIFAX. Ninguna otra entidad ha incluido al actor en ASNEF, por tratarse de persona solvente y buen pagador, habiendo sido la diligencia de VODAFONE inexistente. Se reclaman daños patrimoniales, consistentes en gastos en los que el actor incurrió por importe de 489,90 euros, documentos nº 3 y 6 de la demanda, derivados de la solicitud de oposición al tratamiento de datos desde WOINFI LEGAL y registrada el 15 de septiembre de 2022. En lo atinente a los daños patrimoniales difusos, entre las 322 consultas a los datos, se encuentra la realizada por TOTAL ENERGIES en septiembre de 2022 cuando le denegaron el alta del suministro eléctrico. Estima el demandante que habiendo VODAFONE vuelto a incluir en fichero al accionante pese a haber requerido expresa y fehacientemente la documentación acreditativa de la supuesta deuda y la eliminación de sus datos, incluso la concesión de una indemnización de 10.000 euros como la solicitada no es disuasoria.

La estimación del recurso ha de conllevar la condena en costas, también en caso de otorgarse distinta cantidad indemnizatoria, por aplicación del principio del vencimiento objetivo, artículo 394.1 LEC.

Se solicita la revocación de la Sentencia y la estimación íntegra de las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO.- Resolución de la Sala.

Infracción del artículo 20 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales , así como del artículo 38 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre , por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Vulneración del principio de calidad del dato.

Refiere el recurrente dentro del motivo primerode su recurso, según lo antes resumido, el artículo 20.1 c LOPDGDD y el Real Decreto 1720/2007, cuyos artículos 38 y 39 establecen los requisitos de inclusión en este tipo de ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, por estimar el impugnante que la cantidad que fue anotada al alta en los ficheros no era cierta, ni líquida y debida, habiendo sido cuestionada en todo momento, mediando error valorativo de la prueba documental, argumento que desarrolla como motivo primerode su escrito a continuación al controvertir la deuda comunicada dimanante del Contrato de Prestación de Servicios de Telefonía - Servicios de Comunicaciones Móviles, Fijas y de Televisión para Clientes Particulares - cuyo Condicionado se acompaña como documento nº 2 de la contestación a la demanda, afirmando la inexistencia de deuda cierta, vencida y exigible, que haya sido impagada, concluyendo que no se han respetado las exigencias del principio de calidad de datos.

La revisión en esta alzada de las actuaciones permite compartir no obstante, a juicio de esta Sala, el razonamiento que incluye al respecto la Sentencia impugnada. No habiendo negado el actor propiamente la procedencia de los cargos objeto de la deuda -, ésta resulta en el caso del impago de los consumos facturados por importe de 147,85 euros, bloque documental nº 3 de la contestación a la demanda por consumos producidos hasta el 7 de enero de 2020 y de la deuda acumulada, como débito que, según opone la apelada, responde a dos facturas por consumos impagados de la linea móvil NUM001 por razón de los servicios contratados - ni cuestionado el accionante en su escrito inicial de demanda la realidad de la contratación con VODAFONE de una tarifa plana que incluía Internet, línea fija y móvil ( página 3 ), lo que opone el actor es la compensación de determinados servicios dados de baja desde junio a octubre de 2019, tales como por devolución de equipos, incluido en la facturación, de modo que el cumplimiento por la demandada de los requisitos exigibles para la inclusión en registro de morosidad derivadas del principio de calidad de datos y a los derechos de acceso, rectificación y cancelación del afectado, resulta de la falta de puesta en conocimiento por el demandante de ninguna incidencia previa en relación a los consumos facturados, ni alegación alguna por su parte de disconformidad con la deuda reclamada tras el requerimiento de pago acreditado, existiendo una apariencia de veracidad de los datos sobre la existencia real de la deuda. Más allá de las reclamaciones posteriores de aportación documental sobre la deuda, en fechas de octubre y noviembre de 2022, documentos nº 7 y 10 de la demanda, a los que se unen las respuestas de VODAFONE, no puede el demandante invocar con éxito la falta de contrato o de incorporación de historial de reclamaciones anteriores para comprobar si las facturas son o no correctas (petición deducida en fase probatoria), falta de aportación que perjudica a la parte actora, artículo 217.2 LEC.

En relación a la interpretación de la doctrina jurisprudencial relativa a la intromisión ilegítima en el derecho al honor por la inclusión en fichero de morosos, y al principio de calidad de datos alegado en el recurso de apelación, se ha pronunciado este Tribunal en Sentencia de fecha 5 de octubre de 2022, Rec. 911/2021, en los siguientes términos:

1.- La inclusión errónea de una persona en un "registro de morosos", sin que concurra veracidad, constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor en los términos de la Ley Orgánica 1/1982, por cuanto es una imputación, la de ser moroso, que lesiona la dignidad de la persona, menoscaba su fama y atenta contra su propia estimación. La inclusión de los datos de clientes en ese tipo de registros es "una práctica bancaria que exige una correcta utilización, por lo que ha de rechazarse cuando se presenta abusiva y arbitraria". Cuando esa inclusión es indebida, por deuda inexistente, ello supone un desmerecimiento y descrédito en la consideración ajena ( artículo 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982 ), sobre todo si se trata de una persona no comerciante, y ello por cuanto "esta clase de registros suele incluir a personas valoradas socialmente en forma negativa, o al menos con recelos y reparos, sobre todo cuando se trata de llevar a cabo relaciones contractuales con las mismas" ( STS 29-4-2014, nº 225/2014, rec. 2357/2011 ).

2 .- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, encaminada de modo primordial a protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales enumera las circunstancias que debe rodear la inclusión de esa clase de datos en ficheros destinados a ofrecer información pública sobre la solvencia patrimonial y el crédito, comúnmente llamados "registros de morosos". Así, el artículo 20.1 dispone que

" Salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que los datos hayan sido facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés.

b) Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes.

c) Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe.

La entidad que mantenga el sistema de información crediticia con datos relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito deberá notificar al afectado la inclusión de tales datos y le informará sobre la posibilidad de ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo.

d) Que los datos únicamente se mantengan en el sistema mientras persista el incumplimiento, con el límite máximo de cinco años desde la fecha de vencimiento de la obligación dineraria, financiera o de crédito.

e) Que los datos referidos a un deudor determinado solamente puedan ser consultados cuando quien consulte el sistema mantuviese una relación contractual con el afectado que implique el abono de una cuantía pecuniaria o este le hubiera solicitado la celebración de un contrato que suponga financiación, pago aplazado o facturación periódica, como sucede, entre otros supuestos, en los previstos en la legislación de contratos de crédito al consumo y de contratos de crédito inmobiliario.

Cuando se hubiera ejercitado ante el sistema el derecho a la limitación del tratamiento de los datos impugnando su exactitud conforme a lo previsto en el artículo 18.1.a) del Reglamento (UE) 2016/679 , el sistema informará a quienes pudieran consultarlo con arreglo al párrafo anterior acerca de la mera existencia de dicha circunstancia, sin facilitar los datos concretos respecto de los que se hubiera ejercitado el derecho, en tanto se resuelve sobre la solicitud del afectado.

f) Que, en el caso de que se denegase la solicitud de celebración del contrato, o éste no llegara a celebrarse, como consecuencia de la consulta efectuada, quien haya consultado el sistema informe al afectado del resultado de dicha consulta".

3.- Sobre el principio de calidad de datos invocado por el apelante señala el Tribunal Supremo (SS 174/2018 y 338/2018 ) que uno de los ejes fundamentales de la regulación del tratamiento automatizado de datos personales es el que ha venido en llamarse "principio de calidad de los datos ". Los datos, señala el TS, deber ser exactos, adecuados, pertinentes y proporcionados a los fines para los que han sido recogidos y tratados. El art. 4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo, LOPD), al desarrollar tanto el art. 18.4 de la Constitución como las normas del Convenio núm. 108 del Consejo de Europa y la Directiva 1995/46/CE , de 24 octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, exige que los datos personales recogidos para su tratamiento sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido, exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado, y prohíbe que sean usados para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos.

4.- Pero es también cierto que esta doctrina hay que matizarla, como sostiene la sentencia 245/2019, de 25 de marzo , cuando afirma que "lo anterior no significa que cualquier oposición al pago de una deuda, por injustificada que resulte, suponga que la deuda es incierta o dudosa, porque en tal caso la certeza y exigibilidad de la deuda se dejaría al exclusivo arbitrio del deudor, al que le bastaría con cuestionar su procedencia, cualquiera que fuera el fundamento de su oposición, para convertir la deuda en incierta". En el mismo sentido la STS nº 562/2020 .

Trasladados los anteriores razonamientos al supuesto enjuiciado, es determinante que cuando se incluyeron los datos personales en registro de morosos no consta que existiera pendiente ningún litigio sobre la deuda referida a los consumos objeto de facturación según contrato telefónico, deuda cuya anulación tampoco se interesa en demanda, y que no resulta confundible con el cuestionamiento de los conceptos que se describen en el escrito de demanda cuya compensación por servicios dados de baja afirma el accionante en fecha posterior al requerimiento de pago, siendo determinante la reseña del importe adeudado en dicho requerimiento de pago y preaviso de fecha 14 de septiembre de 2020, documento nº 4 de la contestación, a efectos de incluir los datos personales del demandante en cualquier fichero de solvencia - requerimiento que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 20.1.c de la Ley Orgánica 3/2018, según se argumenta más adelante - y que respeta el criterio de proporcionalidad de la inclusión en el registro, pese a tratarse de deuda de pequeña cuantía, según refiere, entre otras, la STS 672/2014 de 19 de noviembre, al señalar que

Y según fundamenta la STS Sección Pleno, 945/2022 de 20 de diciembre de 2022 respecto al requisito de existencia de una deuda cierta, vencida, liquida y exigible en cumplimiento del artículo 20.1.b de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre a efectos de considerar que la deuda no era cierta, no es relevante el cuestionamiento de la deuda hecho con posterioridad a su inclusión en el registro de morosos.

Por otra parte, tal y como reseña la Sentencia apelada, en la Cláusula 2.5 del Contrato de Comunicaciones Móviles aportado como documento nº 2 de la contestación a la demanda, se contiene la advertencia en el supuesto de incumplimiento por adeudos de que los datos del cliente puedan ser incluidos en ficheros de solvencia patrimonial y de crédito, y ello sin perjuicio de que la STS 185/2023 de 7 de febrero de 2023, que remite a la mencionada de Pleno de la Sala 945/2022 de 20 de diciembre, al tratar de la trascendencia del artículo 20.1 c) de la LO 3/2018- precepto que la de entenderse que deroga el artículo 39 del Reglamento de desarrollo de la LO 15/1999- confirme que no es preciso realizar la información (más bien una advertencia) sobre la posibilidad de comunicar los datos al fichero de morosos en caso de impago en el contrato y, "en todo caso", en el momento de requerir de pago, sino que puede realizarse en cualquiera de estos momentos, no necesariamente en ambos.

Se desestima el motivo primero del recurso de apelación, al no poder sustentarse la existencia de intromisión ilegítima originada por la inclusión en registro de morosidad de deuda incierta o dudosa, o sometida de forma precedente a litigio.

Infracción del artículo 38 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre , por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Datos de Carácter Personal, así como del artículo 20.1 de la LOPD 3/2018, por no haber existido requerimiento de pago previo a la inclusión en los ficheros ASNEF y BADEXCUG.

Se fundamenta este segundo motivodel recurso, tanto en razones ya resueltas sobre inoponibilidad del contrato y falta de advertencia previa sobre inclusión en registro de morosidad - ya se ha indicado que no cabe acoger la alegación relativa a la falta de oponibilidad de contrato cuando el deudor, tal y como recuerda la parte apelada, mantiene un silencio indicativo de la certeza de la deuda al momento de inclusión de los datos en fichero - como en el incumplimiento de las obligaciones reguladas en el artículo 20.1 c de la Ley, y en la alegada omisión valorativa del Oficio de Correos en cuanto al hecho controvertido de la correcta realización ( envío/recepción ) de la comunicación aportada, artículo 218 LEC.

En relación a la invocada falta de recepción de requerimiento previo de pago documento nº 4 del escrito de contestación a la demanda, consistente en certificado emitido por las entidades EQUIFAX IBÉRICA, S.L. y SERVINFORM, S.A. en el que se determinaba que había sido enviada y que no había sido devuelta misiva puesta a disposición del servicio de envíos postales con fecha 18 de septiembre de 2020, documento que hace referencia a la posibilidad de inclusión en el Fichero ASNEF, consta en actuaciones que antes de procederse al alta en registro de morosidad se practicó comunicación de fecha 14 de septiembre de 2020, notificando el saldo deudor pendiente por 147,85 euros, de requerimiento de pago, con reseña de inclusión en fichero relativo al incumplimiento de obligaciones dinerarias, comunicación a la que se acompaña certificado emitido por SERVINFORM sobre puesta a disposición del servicio postal de la notificación para su posterior distribución el día 18 de septiembre de 2020 ( documentos nº 4 de la contestación ), carta de notificación de requerimiento previo de pago generada en EQUIFAX y procesada por dicho prestador de servicio SERVINFORM, S.A., que lo es de carta con anuncio de poder ser los datos del apelante comunicados a cualesquiera entidades responsables de ficheros de información sobre solvencia patrimonial y crédito, a la que se une asimismo el certificado masivo de envío sobre puesta a disposición del servicio postal para su posterior distribución, sin que conste la devolución de la notificación por motivo alguno al apartado de Correos designado al efecto. Tal comunicación se remitió al domicilio facilitado por la actor a la entidad titular del crédito, DIRECCION000, Las Rozas de Madrid, domicilio de facturación, habiéndose certificado por lo tanto por SERVINFORM el proceso que generó tal comunicación, con identificación de la dirigida al demandante, adjuntando el certificado de petición y acreditando la entrega en los servicios del operador postal para su posterior distribución en albarán -igualmente incorporado-, sin que conste la devolución o imposibilidad de entrega de la carta.

Establecido lo anterior, resulta plenamente aplicable al caso el criterio que expone la STS 185/2023 de 7 de febrero, que remite a su vez a la de fecha 21 de diciembre de 2022, 959/2022, y que dispone en su fundamento de derecho segundo respecto al requisito de requerimiento previo de pago lo siguiente:

<2-..."Y nuestra doctrina sobre el carácter recepticio del requerimiento previo de pago no exige, como hemos dicho, la fehaciencia de su recepción, que se puede considerar fijada a través de las presunciones, como en este caso, siempre que exista garantía o constancia razonable de ella, que en el presente supuesto también existe, puesto que en ningún momento se ha negado que el domicilio del demandado coincidiera con la dirección de destino indicada en la comunicación o argumentado que esta se hubiera malogrado por razones achacables al servicio postal de correos, de las que, por lo demás, no existe reflejo alguno en los autos.

" Tampoco se puede tachar la comunicación por formar parte de un gran conjunto de ellas, puesto que dicha circunstancia, igual que si se hubiera presentado de forma independiente e individual, no impide su puesta a disposición del servicio postal de correos, que opera un número ingente de comunicaciones y que no puede denegar su admisión (documentada en los autos con los albaranes de entrega) por el mero hecho de formar parte de una remesa masiva de envíos que le son confiados por el remitente para la realización de un proceso postal integral (clasificación, transporte, distribución y entrega) que debe garantizar de manera efectiva los derechos de los usuarios y del que, una vez producida la recepción, se hace responsable, conforme a lo dispuesto por el art. 3.12.b) de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre , del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.

" Ni equipararse este supuesto, atendidas las circunstancias que lo califican, con otros cuya tipología es distinta, como aquellos en los que la comunicación fue remitida a una dirección postal de la que fue devuelta por ser el destinatario desconocido o donde anteriormente ya se había producido una devolución por la misma circunstancia, lo que sí cuestiona, como ya hemos dicho, la garantía de la recepción ( sentencia 854/2021, de 10 de diciembre )".

3.- En el presente caso, concurren las mismas circunstancias que en la sentencia 81/2022, de 2 de febrero , se consideraron adecuadas para considerar correctamente practicado el requerimiento de pago: aportación de la carta de requerimiento de pago con advertencia de inclusión en el registro de morosos; certificación de Servinform S.A. de que la carta de requerimiento dirigida al demandante fue preparada y puesta a disposición del Servicio de Correos para su envío; albarán de entrega de varias cartas por Equifax Ibérica S.L. en el Servicio de Correos en fecha inmediatamente posterior a la preparación de la carta; y coincidencia de la dirección postal a la que fue enviada la carta de requerimiento con el domicilio comunicado por el demandante tanto en una fecha anterior (en el momento de la celebración del contrato de préstamo) como posterior (en el apoderamiento otorgado para interponer la demanda). Por tanto, y ante la falta de circunstancias excepcionales que excluyeran la recepción de la carta en la dirección a la que fue enviada, es razonable considerar acreditada la recepción del requerimiento por el demandante.

4.- Por tales razones, el recurso de apelación ha de ser estimado y, correlativamente, la demanda ha de ser desestimada pues la comunicación al fichero de morosos de los datos personales relacionados con el impago de una deuda por razón del crédito del que es titular la demandada no constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante.

5.- Ello no obsta a que el demandante pueda hacer uso de los derechos que le atribuye la normativa sobre protección de datos de carácter personal y pueda instar la rectificación o limitación del tratamiento de esos datos ( arts. 16 y 18 del Reglamento (UE) 2016/679 y 14 y 16 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales) si considera que la cuantía de la deuda que se ha comunicado al fichero es incorrecta. >

La anterior doctrina aparece resumida en la Sentencia de esta Sala de fecha 6 de julio de 2023, Rec. 860/2022 que fundamenta la concurrencia de los requisitos legales en relación al requerimiento de pago de acuerdo a lo que se expone seguidamente:

< iii) Las sentencias del Pleno del Tribunal Supremo 946/2022, de 20 de diciembre y 959/2022 y 960/2022, de 21 de diciembre han resuelto recientemente tres recursos de casación relacionados con el requerimiento previo de pago al deudor, de las que se desprende la siguiente doctrina:

a) que es uno de los requisitos de licitud de la inclusión de datos personales en los ficheros de información crediticia («ficheros de morosos»).

b) Que después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018 subsiste este requisito del requerimiento previo de pago, si bien basta con que la advertencia de inclusión en el fichero se hubiera realizado en el contrato

c) que no es simplemente un requisito formal cuyo incumplimiento solo pueda dar lugar a una sanción administrativa. Se trata de un verdadero requisito esencial que responde a la finalidad del fichero y que trata de evitar la inclusión de personas que, por un simple descuido, por un error bancario al que son ajenas, o por cualquier otra circunstancia de similar naturaleza, han dejado de hacer frente a una obligación, sin que ese dato sea pertinente para enjuiciar su solvencia.

d) Siendo un requisito esencial, debe tenerse en cuenta también el enfoque funcional del requerimiento, que debe ser valorado en conexión con los fines que le atribuye la ley. Ello explica el diferente significado que puede tener su omisión o su práctica defectuosa en función de las circunstancias concretas de la deuda y la sorpresa para el interesado por la inclusión de sus datos en el fichero, y, por lo tanto, la casuística generada a la hora de determinar su relevancia de cara a apreciar o no la intromisión ilegítima en el derecho al honor.

e) Por otra parte, se reitera que el requerimiento previo de pago es un acto de comunicación de carácter recepticio que exige una constancia razonable de la recepción de la comunicación por el destinatario, por más que existan diversos medios de probar tal recepción. La ley no exige la fehaciencia de dicha recepción, que se puede considerar probada a través de las presunciones o por cualquier medio de prueba, siempre que exista garantía o constancia razonable de ella, lo que, por

depender de las circunstancias concurrentes en cada supuesto, habrá que determinar de forma. >

< iv) En el presente litigio, la juzgadora de instancia declara probado que ha existido previo requerimiento y que el mismo es válido, y dichas conclusiones probatorias han de mantenerse en esta segunda instancia, por cuanto la mercantil EXPERIAN certifica en el documento número 9 de los aportados con el escrito de contestación a la demanda que el día 13 de julio de 2021 fue enviado el requerimiento de pago al demandante, sin que hubieren tenido constancia de la devolución del mismo por los servicios postales. Dicha comunicación reúne todos los requisitos legales, pues en ella consta tanto la existencia de la deuda como la advertencia de la inclusión en el registro de morosos, que, por otra parte, se contenía en el contrato. >

Considera en su consecuencia este Tribunal, que el conocimiento del requerimiento por parte del deudor resulta en el caso de los elementos indiciarios sobre su realización a que se refiere la jurisprudencia enunciada, concretados en la correcta dirección de destino indicada en la comunicación, en la justificación de albarán de entrega por parte del cliente EQUIFAX IBÉRICA, S.L. al Servicio de Correos y Telégrafos, y en la reseñada falta de constancia de devolución del requerimiento por parte de los servicios postales de la comunicación de referencia dentro del proceso informático de generación y segmentación que certifica SERVINFORM. Siendo esencial, según recuerda el Tribunal Supremo, que no puede tacharse la comunicación por el hecho de formar parte de un gran conjunto de ellas, debiendo el servicio postal de correos garantizar los derechos de los usuarios una vez producida la recepción - la remisión y recepción del requerimiento de fecha 14 de septiembre de 2020 lo es de carta comprendida entre las referencias numéricas del envío masivo certificado, por un total de 17043 comunicaciones - de modo que conteniendo este requerimiento tanto la reseña de la deuda como la advertencia de inclusión en ficheros de morosidad, habrá de rechazarse el motivo de la apelación, ya que no se acreditan aquellas circunstancias excepcionales que excluyeran la recepción de la carta en la dirección a la que fue enviada a las que se refiere la doctrina jurisprudencial que se explicita en esta Resolución, y que establece también la citada STS 960/2022 de 21 de diciembre de 2022 al indicar que "Si bien, y dado que el art. 38 RLOPD no establece una forma especial de llevar a cabo el requerimiento previo, tampoco es necesaria, de cara a su validez, la fehaciencia de su recepción, que se puede considerar fijada a través de las presunciones o acreditada por cualquier medio de prueba ( sentencias 672/2020, de 11 de diciembre , 854/2021, de 10 de diciembre , 81/2022, de 2 de febrero , y 436/2022, de 30 de mayo , entre las más recientes) siempre que exista garantía o constancia razonable de ella ( sentencias 660/2022, de 13 de octubre , 604/2022, de 14 de septiembre , 854/2021, de 10 de diciembre , 672/2020, de 11 de diciembre ), lo que, por depender de las circunstancias concurrentes en cada supuesto, habrá que determinar de forma inevitablemente casuística. "

No resulta estimable, como consecuencia de lo anterior, el argumento del recurso que se asienta en la falta de constancia de requerimiento previo de pago, como aspecto no informado en fase probatoria a través de prueba testifical escrita del artículo 381 LEC, una vez justificada el requerimiento a instancia de la demandada con la prevención de proceder, en caso de impago de inclusión de los datos personales referidos en la comunicación en cualquier fichero de solvencia y relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, requerimiento que obedece a los requisitos exigidos en el artículo 20 de la Ley 3/2018 para considerar lícito el tratamiento de los datos, y que determina en el caso, una vez producido, fecha de alta en los Ficheros de Morosidad por razón de la deuda ( el plazo de 30 días también alegado en el recurso respecto a la invocada falta de notificación de la inclusión de datos es exigido al responsable del registro, no para dar de alta tales datos tras el requerimiento, datos en relación a los que se manifiesta oposición a su tratamiento en el año 2022 con respuesta a la misma, lo que impide resolver en función del invocado incumplimiento de la comunicación por parte de la empresa que se encarga y mantiene el sistema de información crediticia, no ya por razón del silencio del deudor frente al acreditado previo requerimiento de pago, sino por ser este requerimiento sobre el que resuelve la Sentencia, de acuerdo a la prueba admitida en audiencia previa; artículo 456 LEC) , - consta la posterior fecha de baja en registro - siendo esencial, según lo antes razonado, que no se plantea una controversia - más allá de las gestiones relativas al aducido cobro indebido ya analizadas, que impida aplicar, ante la existencia de deuda cierta, vencida y exigible, y cumplido el principio de calidad de los datos aquella jurisprudencia sobre controversia de criterios de facturación en servicios de telefonía móvil que excluye la existencia de deuda cierta - SSTS 1794/2023, de 20 de diciembre y 740/2015, de 22 de diciembre, y STS 174/2018 de 23 de marzo, con ocasión de la aplicación de una penalización por baja del servicio ( jurisprudencia citada en SAP Les Illes Balears, Sección 5ª, de 8 de enero de 2024, Rec. 468/2023 ).

Se desestima el motivo segundo del recurso formulado, debiendo confirmarse la Resolución impugnada, sin entrar a valorar la inaplicación de criterios estimativos indemnizatorios del daño moral, que se desarrolla en el motivo tercerode la apelación, al no concurrir los presupuestos de una actuación ilícita de inclusión indebida de datos personales en registros de morosos que justifique la reparación del daño conforme a los artículos 1.1 y 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, por intromisión ilegítima, siendo esencial para la apreciación de la posible existencia de una vulneración del derecho fundamental el que no se puede prescindir de los hechos concretos de carácter objetivo que la Sentencia considera probados ( en expresión de la STS de 24 de julio de 2012 ).

Dada la razón decisoria de la sentencia recurrida y atendidos los términos del debate tanto en las instancias como ahora en casación, la controversia se ciñe a si la información enjuiciada tenía o no relevancia pública o interés general, toda vez que no se discute ni su contenido ni su veracidad. Por otra parte la veracidad, en los conflictos que afectan a la intimidad, tiene un menor peso relativo, pues según constante jurisprudencia, de la que es reciente ejemplo la sentencia 634/2017, de 23 de noviembre, el criterio para determinar la legitimidad o ilegitimidad de una intromisión en la intimidad es el de la relevancia pública del hecho divulgado o, como aclara la sentencia 50/2017, de 27 de enero, «que su comunicación a la opinión pública, aun siendo verdadera, resulte necesaria en función de interés público del asunto sobre el que se informa». También puntualiza la doctrina jurisprudencial que debe comprobarse que el afectado no haya adoptado pautas de comportamiento que permitan entender que consintió el público conocimiento de aspectos privados, en la medida en que corresponde a cada persona acotar el ámbito de intimidad personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno (por ejemplo, sentencias 344/2016, de 24 de mayo, y 114/2017, de 22 de febrero ).

Cuantificación de la indemnización a abonar a la demandante por el daño moral sufrido por la indebida inclusión de sus datos en un registro de morosos. Se declara justificada la disminución indemnizatoria llevada a cabo por las sentencias

TERCERO.-Desestimado el recurso de apelación, las costas de esta alzada se imponen a la parte demandante-apelante, en virtud de lo dispuesto en el artículo 398.1 en relación con el artículo 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.- Objeto del litigio. La Sentencia de instancia.

El recurso de apelación.

La demanda formulada por la demandante en ejercicio de acción relativa al derecho al honor deriva de la indebida inclusión de datos incorporados a registro de morosos ASNEF-EQUIFAX con fecha 18 de diciembre de 2020 por la demandada, en virtud de una deuda por importe de 147,85 euros, deuda que según refiere el demandante no le fue advertida de inclusión en tal fichero de morosos, interesando por ello que se declare que la conducta llevada a cabo constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor, con solicitud de cancelación de la inscripción indebida de los datos del demandante para el caso de persistir a fecha de Sentencia, e indemnización en la cantidad de 10.489,90 euros, por la inclusión como insolvente. Alega el accionante la falta de reclamación previa por la interpelada y que los datos del demandante fueron facilitados sin cumplir los requisitos de información y requerimiento.

La Sentencia de instancia, al analizar los términos de oposición deducida a la demanda en relación al cumplimiento de todos los requisitos que la LOPD y su normativa de desarrollo exigen para la inclusión de los datos personales de la actora en los ficheros de morosos, considera la existencia de deuda cierta, liquida, vencida y exigible, de acuerdo a la prueba documental practicada, en la que figura que las partes contrataron una línea telefónica y que contenía la advertencia de inclusión en fichero de morosos en caso de impago, documento nº 2 de la demanda, constando también una serie de impagos por parte del consumidor, y que existió un requerimiento expreso, que no ha sido devuelto, documento nº 4 de la contestación a la demanda, refiriendo al respecto la STS de 25 de abril de 2019, que recuerda la anterior 740/2015, de 22 de diciembre, sobre el requisito de requerimiento de pago. Concluye la Resolución que, en consecuencia, efectivamente los datos de la demandante han sido debidamente incluidos en el fichero, lo que no constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor, y desestima la demanda.

Frente a dicha Resolución se alza el demandanteinvocando los siguientes motivos de su escrito de recurso:

Como motivo primerose reseña error de valoración de la prueba sobre el principio de calidad de datosen relación con la jurisprudencia aplicable y el incumplimiento de este requisito por infracción del artículo 20.1 B de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales .

El documento nº 2 de la demanda que enuncia la Sentencia - en realidad, documento nº 2 de la contestación a la demanda -, no consta firmado ni enviado al actor, artículos 98 y siguientes TRLGDCU, y está datado en agosto de 2022, cuando las facturas relativas a la linea telefónica son del año 2019, documento nº 3 de la contestación, que refleja incluso un periodo de facturación de 08/11/2019 al 07/12/2019, posterior a la inclusión del actor en ASNEF, no siendo oponible al demandante, artículo 218 LEC en relación con el artículo 24 CE. No se entiende que se de por cierta y exigible una supuesta deuda que no viene refrendada por contrato alguno, citándose al efecto la doctrina jurisprudencial sobre carga probatoria, artículos 217.3 y 7 y artículo 20.2 LOPDGDD, STS 176/2013 de 6 de marzo, al objeto de acreditar que las facturas aportadas coinciden con lo acordado, teniendo tal omisión - se citan los artículos 217, 265 y 270 LEC- especial trascendencia, dado que desde el principio el actor puso en duda la certeza y exigibilidad de la supuesta deuda, ante la drástica e injustificada elevación en los últimos meses de importes girados de la que el demandante toma conocimiento al reclamarle VODAFONE las facturas, documento nº 9 de la demanda. La no devolución de equipos en la factura de diciembre de 2019, documento nº 3 de la contestación, es absoluta y categóricamente inexigible, toda vez que el actor devolvió los dispositivos, como le indicó la demandada en octubre de dicho año, confirmando la recepción, documento nº 4 de la demanda, facturando además servicios no contratados, en referencia a HBO España, que elevaban la facturación. La demandada omitió aportar en fase probatoria el histórico de las reclamaciones efectuadas por el actor, a pesar que constan los justificantes de las reclamaciones realizadas en octubre y noviembre de 2022, documentos nº 7 y 10 de la demanda, presentando la demandada grabación extemporánea e impertinente que no guardaba relación con lo requerido. No se ha acreditado la certeza y exigibilidad de la deuda, artículo 20.1 b LOPDGDD en relación con el artículo 217 LEC y artículo 20.2 de la Ley. Complementariamente, existen pruebas respecto a la inexigibilidad de determinados cargos (devolución de equipos), documentos 4 y 3 de la contestación, y otros cuya exigibilidad no esta acreditada ( alza de precios y HBO ), documento nº 3 de la contestación.

El motivo segundorefiere el error en la valoración de la prueba sobre advertencia previa de inclusión, el requerimiento previo de pago y la notificación de inclusión, en relación con la jurisprudencia aplicable y el incumplimiento de este requisito por parte de VODAFONE, artículos 20.1 C LOPDGDD y artículo 38.1 C del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre , por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Refiere el recurrente la inoponibilidad del documento nº 2 de la contestación, por su fecha, contenido y circunstancias relatadas, entendiendo la Sentencia cumplido el requerimiento previo de pago sin que conste ni el envío de la comunicación aportada de contrario ni su recepción por el destinatario. La Resolución no considera las tres obligaciones reguladas en el artículo 20.1 c de la Ley, sin que se entienda tampoco la omisión valorativa del Oficio de Correos en cuanto al hecho controvertido de la correcta realización (envío/recepción) de la comunicación aportada, artículo 218 LEC. En lo que atañe a la advertencia previa de inclusión del primer párrafo del artículo 20.1 c LOPDGDD, no se hizo en el momento de contratación, por el carácter inoponible del mencionado documento nº 2 de la contestación, que no consta firmado, ni enviado al interesado, artículos 98 y siguientes TRLGDCU. En cuanto al requerimiento previo de pago, artículo 38.1 c RD 1720/2007, la justificación presentada consiste en carta de correo ordinario, documento nº 4 de la contestación, acompañada de la referencia de generación, impresión y ensobrado de la carta por parte de SERVINFORM. Sin embargo, la depositante de las comunicaciones según el albarán de correos es EQUIFAX IBÉRICA. La comunicación dirigida al actor tenía el código NUM000, código que no se encuentra entre la horquilla de comunicaciones certificada, al tener una numeración inferior. No es razonable concluir que dicha carta tuviera que ser depositada en Correos, pues existen claros indicios que al menos la carta dirigida al actor no se encontraba entre las que se depositaron, cuestión no aclarada por la demandada, artículos 217.3 y 7, y 381.3 LEC. , errores o inconsistencias que constituyen un indicio suficiente para no tener por acreditado el envío y recepción. El operador postal reveló en fase probatoria que la carta, reseñada mediante identificador único, no aparece en sus sistemas informáticos. No existe tampoco una garantía o constancia razonable de la recepción de la carta aportada. En lo relativo a la notificación de la inclusión posterior en el fichero, nada justifica VODAFONE, a la que incumbe la carga probatoria, artículo 217 LEC.

El tercer motivodel recurso lo es sobre la indemnización y su cuantificación, artículo 9 de la Ley, en relación a la jurisprudencia aplicable.

Reproduce el apelante la indebida inclusión en ASNEF-EQUIFAX durante dos años, en los que se produjeron 322 consultas de 28 entidades, según el oficio de EQUIFAX. Ninguna otra entidad ha incluido al actor en ASNEF, por tratarse de persona solvente y buen pagador, habiendo sido la diligencia de VODAFONE inexistente. Se reclaman daños patrimoniales, consistentes en gastos en los que el actor incurrió por importe de 489,90 euros, documentos nº 3 y 6 de la demanda, derivados de la solicitud de oposición al tratamiento de datos desde WOINFI LEGAL y registrada el 15 de septiembre de 2022. En lo atinente a los daños patrimoniales difusos, entre las 322 consultas a los datos, se encuentra la realizada por TOTAL ENERGIES en septiembre de 2022 cuando le denegaron el alta del suministro eléctrico. Estima el demandante que habiendo VODAFONE vuelto a incluir en fichero al accionante pese a haber requerido expresa y fehacientemente la documentación acreditativa de la supuesta deuda y la eliminación de sus datos, incluso la concesión de una indemnización de 10.000 euros como la solicitada no es disuasoria.

La estimación del recurso ha de conllevar la condena en costas, también en caso de otorgarse distinta cantidad indemnizatoria, por aplicación del principio del vencimiento objetivo, artículo 394.1 LEC.

Se solicita la revocación de la Sentencia y la estimación íntegra de las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO.- Resolución de la Sala.

Infracción del artículo 20 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales , así como del artículo 38 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre , por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Vulneración del principio de calidad del dato.

Refiere el recurrente dentro del motivo primerode su recurso, según lo antes resumido, el artículo 20.1 c LOPDGDD y el Real Decreto 1720/2007, cuyos artículos 38 y 39 establecen los requisitos de inclusión en este tipo de ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, por estimar el impugnante que la cantidad que fue anotada al alta en los ficheros no era cierta, ni líquida y debida, habiendo sido cuestionada en todo momento, mediando error valorativo de la prueba documental, argumento que desarrolla como motivo primerode su escrito a continuación al controvertir la deuda comunicada dimanante del Contrato de Prestación de Servicios de Telefonía - Servicios de Comunicaciones Móviles, Fijas y de Televisión para Clientes Particulares - cuyo Condicionado se acompaña como documento nº 2 de la contestación a la demanda, afirmando la inexistencia de deuda cierta, vencida y exigible, que haya sido impagada, concluyendo que no se han respetado las exigencias del principio de calidad de datos.

La revisión en esta alzada de las actuaciones permite compartir no obstante, a juicio de esta Sala, el razonamiento que incluye al respecto la Sentencia impugnada. No habiendo negado el actor propiamente la procedencia de los cargos objeto de la deuda -, ésta resulta en el caso del impago de los consumos facturados por importe de 147,85 euros, bloque documental nº 3 de la contestación a la demanda por consumos producidos hasta el 7 de enero de 2020 y de la deuda acumulada, como débito que, según opone la apelada, responde a dos facturas por consumos impagados de la linea móvil NUM001 por razón de los servicios contratados - ni cuestionado el accionante en su escrito inicial de demanda la realidad de la contratación con VODAFONE de una tarifa plana que incluía Internet, línea fija y móvil ( página 3 ), lo que opone el actor es la compensación de determinados servicios dados de baja desde junio a octubre de 2019, tales como por devolución de equipos, incluido en la facturación, de modo que el cumplimiento por la demandada de los requisitos exigibles para la inclusión en registro de morosidad derivadas del principio de calidad de datos y a los derechos de acceso, rectificación y cancelación del afectado, resulta de la falta de puesta en conocimiento por el demandante de ninguna incidencia previa en relación a los consumos facturados, ni alegación alguna por su parte de disconformidad con la deuda reclamada tras el requerimiento de pago acreditado, existiendo una apariencia de veracidad de los datos sobre la existencia real de la deuda. Más allá de las reclamaciones posteriores de aportación documental sobre la deuda, en fechas de octubre y noviembre de 2022, documentos nº 7 y 10 de la demanda, a los que se unen las respuestas de VODAFONE, no puede el demandante invocar con éxito la falta de contrato o de incorporación de historial de reclamaciones anteriores para comprobar si las facturas son o no correctas (petición deducida en fase probatoria), falta de aportación que perjudica a la parte actora, artículo 217.2 LEC.

En relación a la interpretación de la doctrina jurisprudencial relativa a la intromisión ilegítima en el derecho al honor por la inclusión en fichero de morosos, y al principio de calidad de datos alegado en el recurso de apelación, se ha pronunciado este Tribunal en Sentencia de fecha 5 de octubre de 2022, Rec. 911/2021, en los siguientes términos:

1.- La inclusión errónea de una persona en un "registro de morosos", sin que concurra veracidad, constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor en los términos de la Ley Orgánica 1/1982, por cuanto es una imputación, la de ser moroso, que lesiona la dignidad de la persona, menoscaba su fama y atenta contra su propia estimación. La inclusión de los datos de clientes en ese tipo de registros es "una práctica bancaria que exige una correcta utilización, por lo que ha de rechazarse cuando se presenta abusiva y arbitraria". Cuando esa inclusión es indebida, por deuda inexistente, ello supone un desmerecimiento y descrédito en la consideración ajena ( artículo 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982 ), sobre todo si se trata de una persona no comerciante, y ello por cuanto "esta clase de registros suele incluir a personas valoradas socialmente en forma negativa, o al menos con recelos y reparos, sobre todo cuando se trata de llevar a cabo relaciones contractuales con las mismas" ( STS 29-4-2014, nº 225/2014, rec. 2357/2011 ).

2 .- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, encaminada de modo primordial a protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales enumera las circunstancias que debe rodear la inclusión de esa clase de datos en ficheros destinados a ofrecer información pública sobre la solvencia patrimonial y el crédito, comúnmente llamados "registros de morosos". Así, el artículo 20.1 dispone que

" Salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que los datos hayan sido facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés.

b) Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes.

c) Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe.

La entidad que mantenga el sistema de información crediticia con datos relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito deberá notificar al afectado la inclusión de tales datos y le informará sobre la posibilidad de ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo.

d) Que los datos únicamente se mantengan en el sistema mientras persista el incumplimiento, con el límite máximo de cinco años desde la fecha de vencimiento de la obligación dineraria, financiera o de crédito.

e) Que los datos referidos a un deudor determinado solamente puedan ser consultados cuando quien consulte el sistema mantuviese una relación contractual con el afectado que implique el abono de una cuantía pecuniaria o este le hubiera solicitado la celebración de un contrato que suponga financiación, pago aplazado o facturación periódica, como sucede, entre otros supuestos, en los previstos en la legislación de contratos de crédito al consumo y de contratos de crédito inmobiliario.

Cuando se hubiera ejercitado ante el sistema el derecho a la limitación del tratamiento de los datos impugnando su exactitud conforme a lo previsto en el artículo 18.1.a) del Reglamento (UE) 2016/679 , el sistema informará a quienes pudieran consultarlo con arreglo al párrafo anterior acerca de la mera existencia de dicha circunstancia, sin facilitar los datos concretos respecto de los que se hubiera ejercitado el derecho, en tanto se resuelve sobre la solicitud del afectado.

f) Que, en el caso de que se denegase la solicitud de celebración del contrato, o éste no llegara a celebrarse, como consecuencia de la consulta efectuada, quien haya consultado el sistema informe al afectado del resultado de dicha consulta".

3.- Sobre el principio de calidad de datos invocado por el apelante señala el Tribunal Supremo (SS 174/2018 y 338/2018 ) que uno de los ejes fundamentales de la regulación del tratamiento automatizado de datos personales es el que ha venido en llamarse "principio de calidad de los datos ". Los datos, señala el TS, deber ser exactos, adecuados, pertinentes y proporcionados a los fines para los que han sido recogidos y tratados. El art. 4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo, LOPD), al desarrollar tanto el art. 18.4 de la Constitución como las normas del Convenio núm. 108 del Consejo de Europa y la Directiva 1995/46/CE , de 24 octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, exige que los datos personales recogidos para su tratamiento sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido, exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado, y prohíbe que sean usados para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos.

4.- Pero es también cierto que esta doctrina hay que matizarla, como sostiene la sentencia 245/2019, de 25 de marzo , cuando afirma que "lo anterior no significa que cualquier oposición al pago de una deuda, por injustificada que resulte, suponga que la deuda es incierta o dudosa, porque en tal caso la certeza y exigibilidad de la deuda se dejaría al exclusivo arbitrio del deudor, al que le bastaría con cuestionar su procedencia, cualquiera que fuera el fundamento de su oposición, para convertir la deuda en incierta". En el mismo sentido la STS nº 562/2020 .

Trasladados los anteriores razonamientos al supuesto enjuiciado, es determinante que cuando se incluyeron los datos personales en registro de morosos no consta que existiera pendiente ningún litigio sobre la deuda referida a los consumos objeto de facturación según contrato telefónico, deuda cuya anulación tampoco se interesa en demanda, y que no resulta confundible con el cuestionamiento de los conceptos que se describen en el escrito de demanda cuya compensación por servicios dados de baja afirma el accionante en fecha posterior al requerimiento de pago, siendo determinante la reseña del importe adeudado en dicho requerimiento de pago y preaviso de fecha 14 de septiembre de 2020, documento nº 4 de la contestación, a efectos de incluir los datos personales del demandante en cualquier fichero de solvencia - requerimiento que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 20.1.c de la Ley Orgánica 3/2018, según se argumenta más adelante - y que respeta el criterio de proporcionalidad de la inclusión en el registro, pese a tratarse de deuda de pequeña cuantía, según refiere, entre otras, la STS 672/2014 de 19 de noviembre, al señalar que

Y según fundamenta la STS Sección Pleno, 945/2022 de 20 de diciembre de 2022 respecto al requisito de existencia de una deuda cierta, vencida, liquida y exigible en cumplimiento del artículo 20.1.b de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre a efectos de considerar que la deuda no era cierta, no es relevante el cuestionamiento de la deuda hecho con posterioridad a su inclusión en el registro de morosos.

Por otra parte, tal y como reseña la Sentencia apelada, en la Cláusula 2.5 del Contrato de Comunicaciones Móviles aportado como documento nº 2 de la contestación a la demanda, se contiene la advertencia en el supuesto de incumplimiento por adeudos de que los datos del cliente puedan ser incluidos en ficheros de solvencia patrimonial y de crédito, y ello sin perjuicio de que la STS 185/2023 de 7 de febrero de 2023, que remite a la mencionada de Pleno de la Sala 945/2022 de 20 de diciembre, al tratar de la trascendencia del artículo 20.1 c) de la LO 3/2018- precepto que la de entenderse que deroga el artículo 39 del Reglamento de desarrollo de la LO 15/1999- confirme que no es preciso realizar la información (más bien una advertencia) sobre la posibilidad de comunicar los datos al fichero de morosos en caso de impago en el contrato y, "en todo caso", en el momento de requerir de pago, sino que puede realizarse en cualquiera de estos momentos, no necesariamente en ambos.

Se desestima el motivo primero del recurso de apelación, al no poder sustentarse la existencia de intromisión ilegítima originada por la inclusión en registro de morosidad de deuda incierta o dudosa, o sometida de forma precedente a litigio.

Infracción del artículo 38 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre , por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Datos de Carácter Personal, así como del artículo 20.1 de la LOPD 3/2018, por no haber existido requerimiento de pago previo a la inclusión en los ficheros ASNEF y BADEXCUG.

Se fundamenta este segundo motivodel recurso, tanto en razones ya resueltas sobre inoponibilidad del contrato y falta de advertencia previa sobre inclusión en registro de morosidad - ya se ha indicado que no cabe acoger la alegación relativa a la falta de oponibilidad de contrato cuando el deudor, tal y como recuerda la parte apelada, mantiene un silencio indicativo de la certeza de la deuda al momento de inclusión de los datos en fichero - como en el incumplimiento de las obligaciones reguladas en el artículo 20.1 c de la Ley, y en la alegada omisión valorativa del Oficio de Correos en cuanto al hecho controvertido de la correcta realización ( envío/recepción ) de la comunicación aportada, artículo 218 LEC.

En relación a la invocada falta de recepción de requerimiento previo de pago documento nº 4 del escrito de contestación a la demanda, consistente en certificado emitido por las entidades EQUIFAX IBÉRICA, S.L. y SERVINFORM, S.A. en el que se determinaba que había sido enviada y que no había sido devuelta misiva puesta a disposición del servicio de envíos postales con fecha 18 de septiembre de 2020, documento que hace referencia a la posibilidad de inclusión en el Fichero ASNEF, consta en actuaciones que antes de procederse al alta en registro de morosidad se practicó comunicación de fecha 14 de septiembre de 2020, notificando el saldo deudor pendiente por 147,85 euros, de requerimiento de pago, con reseña de inclusión en fichero relativo al incumplimiento de obligaciones dinerarias, comunicación a la que se acompaña certificado emitido por SERVINFORM sobre puesta a disposición del servicio postal de la notificación para su posterior distribución el día 18 de septiembre de 2020 ( documentos nº 4 de la contestación ), carta de notificación de requerimiento previo de pago generada en EQUIFAX y procesada por dicho prestador de servicio SERVINFORM, S.A., que lo es de carta con anuncio de poder ser los datos del apelante comunicados a cualesquiera entidades responsables de ficheros de información sobre solvencia patrimonial y crédito, a la que se une asimismo el certificado masivo de envío sobre puesta a disposición del servicio postal para su posterior distribución, sin que conste la devolución de la notificación por motivo alguno al apartado de Correos designado al efecto. Tal comunicación se remitió al domicilio facilitado por la actor a la entidad titular del crédito, DIRECCION000, Las Rozas de Madrid, domicilio de facturación, habiéndose certificado por lo tanto por SERVINFORM el proceso que generó tal comunicación, con identificación de la dirigida al demandante, adjuntando el certificado de petición y acreditando la entrega en los servicios del operador postal para su posterior distribución en albarán -igualmente incorporado-, sin que conste la devolución o imposibilidad de entrega de la carta.

Establecido lo anterior, resulta plenamente aplicable al caso el criterio que expone la STS 185/2023 de 7 de febrero, que remite a su vez a la de fecha 21 de diciembre de 2022, 959/2022, y que dispone en su fundamento de derecho segundo respecto al requisito de requerimiento previo de pago lo siguiente:

<2-..."Y nuestra doctrina sobre el carácter recepticio del requerimiento previo de pago no exige, como hemos dicho, la fehaciencia de su recepción, que se puede considerar fijada a través de las presunciones, como en este caso, siempre que exista garantía o constancia razonable de ella, que en el presente supuesto también existe, puesto que en ningún momento se ha negado que el domicilio del demandado coincidiera con la dirección de destino indicada en la comunicación o argumentado que esta se hubiera malogrado por razones achacables al servicio postal de correos, de las que, por lo demás, no existe reflejo alguno en los autos.

" Tampoco se puede tachar la comunicación por formar parte de un gran conjunto de ellas, puesto que dicha circunstancia, igual que si se hubiera presentado de forma independiente e individual, no impide su puesta a disposición del servicio postal de correos, que opera un número ingente de comunicaciones y que no puede denegar su admisión (documentada en los autos con los albaranes de entrega) por el mero hecho de formar parte de una remesa masiva de envíos que le son confiados por el remitente para la realización de un proceso postal integral (clasificación, transporte, distribución y entrega) que debe garantizar de manera efectiva los derechos de los usuarios y del que, una vez producida la recepción, se hace responsable, conforme a lo dispuesto por el art. 3.12.b) de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre , del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.

" Ni equipararse este supuesto, atendidas las circunstancias que lo califican, con otros cuya tipología es distinta, como aquellos en los que la comunicación fue remitida a una dirección postal de la que fue devuelta por ser el destinatario desconocido o donde anteriormente ya se había producido una devolución por la misma circunstancia, lo que sí cuestiona, como ya hemos dicho, la garantía de la recepción ( sentencia 854/2021, de 10 de diciembre )".

3.- En el presente caso, concurren las mismas circunstancias que en la sentencia 81/2022, de 2 de febrero , se consideraron adecuadas para considerar correctamente practicado el requerimiento de pago: aportación de la carta de requerimiento de pago con advertencia de inclusión en el registro de morosos; certificación de Servinform S.A. de que la carta de requerimiento dirigida al demandante fue preparada y puesta a disposición del Servicio de Correos para su envío; albarán de entrega de varias cartas por Equifax Ibérica S.L. en el Servicio de Correos en fecha inmediatamente posterior a la preparación de la carta; y coincidencia de la dirección postal a la que fue enviada la carta de requerimiento con el domicilio comunicado por el demandante tanto en una fecha anterior (en el momento de la celebración del contrato de préstamo) como posterior (en el apoderamiento otorgado para interponer la demanda). Por tanto, y ante la falta de circunstancias excepcionales que excluyeran la recepción de la carta en la dirección a la que fue enviada, es razonable considerar acreditada la recepción del requerimiento por el demandante.

4.- Por tales razones, el recurso de apelación ha de ser estimado y, correlativamente, la demanda ha de ser desestimada pues la comunicación al fichero de morosos de los datos personales relacionados con el impago de una deuda por razón del crédito del que es titular la demandada no constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante.

5.- Ello no obsta a que el demandante pueda hacer uso de los derechos que le atribuye la normativa sobre protección de datos de carácter personal y pueda instar la rectificación o limitación del tratamiento de esos datos ( arts. 16 y 18 del Reglamento (UE) 2016/679 y 14 y 16 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales) si considera que la cuantía de la deuda que se ha comunicado al fichero es incorrecta. >

La anterior doctrina aparece resumida en la Sentencia de esta Sala de fecha 6 de julio de 2023, Rec. 860/2022 que fundamenta la concurrencia de los requisitos legales en relación al requerimiento de pago de acuerdo a lo que se expone seguidamente:

< iii) Las sentencias del Pleno del Tribunal Supremo 946/2022, de 20 de diciembre y 959/2022 y 960/2022, de 21 de diciembre han resuelto recientemente tres recursos de casación relacionados con el requerimiento previo de pago al deudor, de las que se desprende la siguiente doctrina:

a) que es uno de los requisitos de licitud de la inclusión de datos personales en los ficheros de información crediticia («ficheros de morosos»).

b) Que después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018 subsiste este requisito del requerimiento previo de pago, si bien basta con que la advertencia de inclusión en el fichero se hubiera realizado en el contrato

c) que no es simplemente un requisito formal cuyo incumplimiento solo pueda dar lugar a una sanción administrativa. Se trata de un verdadero requisito esencial que responde a la finalidad del fichero y que trata de evitar la inclusión de personas que, por un simple descuido, por un error bancario al que son ajenas, o por cualquier otra circunstancia de similar naturaleza, han dejado de hacer frente a una obligación, sin que ese dato sea pertinente para enjuiciar su solvencia.

d) Siendo un requisito esencial, debe tenerse en cuenta también el enfoque funcional del requerimiento, que debe ser valorado en conexión con los fines que le atribuye la ley. Ello explica el diferente significado que puede tener su omisión o su práctica defectuosa en función de las circunstancias concretas de la deuda y la sorpresa para el interesado por la inclusión de sus datos en el fichero, y, por lo tanto, la casuística generada a la hora de determinar su relevancia de cara a apreciar o no la intromisión ilegítima en el derecho al honor.

e) Por otra parte, se reitera que el requerimiento previo de pago es un acto de comunicación de carácter recepticio que exige una constancia razonable de la recepción de la comunicación por el destinatario, por más que existan diversos medios de probar tal recepción. La ley no exige la fehaciencia de dicha recepción, que se puede considerar probada a través de las presunciones o por cualquier medio de prueba, siempre que exista garantía o constancia razonable de ella, lo que, por

depender de las circunstancias concurrentes en cada supuesto, habrá que determinar de forma. >

< iv) En el presente litigio, la juzgadora de instancia declara probado que ha existido previo requerimiento y que el mismo es válido, y dichas conclusiones probatorias han de mantenerse en esta segunda instancia, por cuanto la mercantil EXPERIAN certifica en el documento número 9 de los aportados con el escrito de contestación a la demanda que el día 13 de julio de 2021 fue enviado el requerimiento de pago al demandante, sin que hubieren tenido constancia de la devolución del mismo por los servicios postales. Dicha comunicación reúne todos los requisitos legales, pues en ella consta tanto la existencia de la deuda como la advertencia de la inclusión en el registro de morosos, que, por otra parte, se contenía en el contrato. >

Considera en su consecuencia este Tribunal, que el conocimiento del requerimiento por parte del deudor resulta en el caso de los elementos indiciarios sobre su realización a que se refiere la jurisprudencia enunciada, concretados en la correcta dirección de destino indicada en la comunicación, en la justificación de albarán de entrega por parte del cliente EQUIFAX IBÉRICA, S.L. al Servicio de Correos y Telégrafos, y en la reseñada falta de constancia de devolución del requerimiento por parte de los servicios postales de la comunicación de referencia dentro del proceso informático de generación y segmentación que certifica SERVINFORM. Siendo esencial, según recuerda el Tribunal Supremo, que no puede tacharse la comunicación por el hecho de formar parte de un gran conjunto de ellas, debiendo el servicio postal de correos garantizar los derechos de los usuarios una vez producida la recepción - la remisión y recepción del requerimiento de fecha 14 de septiembre de 2020 lo es de carta comprendida entre las referencias numéricas del envío masivo certificado, por un total de 17043 comunicaciones - de modo que conteniendo este requerimiento tanto la reseña de la deuda como la advertencia de inclusión en ficheros de morosidad, habrá de rechazarse el motivo de la apelación, ya que no se acreditan aquellas circunstancias excepcionales que excluyeran la recepción de la carta en la dirección a la que fue enviada a las que se refiere la doctrina jurisprudencial que se explicita en esta Resolución, y que establece también la citada STS 960/2022 de 21 de diciembre de 2022 al indicar que "Si bien, y dado que el art. 38 RLOPD no establece una forma especial de llevar a cabo el requerimiento previo, tampoco es necesaria, de cara a su validez, la fehaciencia de su recepción, que se puede considerar fijada a través de las presunciones o acreditada por cualquier medio de prueba ( sentencias 672/2020, de 11 de diciembre , 854/2021, de 10 de diciembre , 81/2022, de 2 de febrero , y 436/2022, de 30 de mayo , entre las más recientes) siempre que exista garantía o constancia razonable de ella ( sentencias 660/2022, de 13 de octubre , 604/2022, de 14 de septiembre , 854/2021, de 10 de diciembre , 672/2020, de 11 de diciembre ), lo que, por depender de las circunstancias concurrentes en cada supuesto, habrá que determinar de forma inevitablemente casuística. "

No resulta estimable, como consecuencia de lo anterior, el argumento del recurso que se asienta en la falta de constancia de requerimiento previo de pago, como aspecto no informado en fase probatoria a través de prueba testifical escrita del artículo 381 LEC, una vez justificada el requerimiento a instancia de la demandada con la prevención de proceder, en caso de impago de inclusión de los datos personales referidos en la comunicación en cualquier fichero de solvencia y relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, requerimiento que obedece a los requisitos exigidos en el artículo 20 de la Ley 3/2018 para considerar lícito el tratamiento de los datos, y que determina en el caso, una vez producido, fecha de alta en los Ficheros de Morosidad por razón de la deuda ( el plazo de 30 días también alegado en el recurso respecto a la invocada falta de notificación de la inclusión de datos es exigido al responsable del registro, no para dar de alta tales datos tras el requerimiento, datos en relación a los que se manifiesta oposición a su tratamiento en el año 2022 con respuesta a la misma, lo que impide resolver en función del invocado incumplimiento de la comunicación por parte de la empresa que se encarga y mantiene el sistema de información crediticia, no ya por razón del silencio del deudor frente al acreditado previo requerimiento de pago, sino por ser este requerimiento sobre el que resuelve la Sentencia, de acuerdo a la prueba admitida en audiencia previa; artículo 456 LEC) , - consta la posterior fecha de baja en registro - siendo esencial, según lo antes razonado, que no se plantea una controversia - más allá de las gestiones relativas al aducido cobro indebido ya analizadas, que impida aplicar, ante la existencia de deuda cierta, vencida y exigible, y cumplido el principio de calidad de los datos aquella jurisprudencia sobre controversia de criterios de facturación en servicios de telefonía móvil que excluye la existencia de deuda cierta - SSTS 1794/2023, de 20 de diciembre y 740/2015, de 22 de diciembre, y STS 174/2018 de 23 de marzo, con ocasión de la aplicación de una penalización por baja del servicio ( jurisprudencia citada en SAP Les Illes Balears, Sección 5ª, de 8 de enero de 2024, Rec. 468/2023 ).

Se desestima el motivo segundo del recurso formulado, debiendo confirmarse la Resolución impugnada, sin entrar a valorar la inaplicación de criterios estimativos indemnizatorios del daño moral, que se desarrolla en el motivo tercerode la apelación, al no concurrir los presupuestos de una actuación ilícita de inclusión indebida de datos personales en registros de morosos que justifique la reparación del daño conforme a los artículos 1.1 y 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, por intromisión ilegítima, siendo esencial para la apreciación de la posible existencia de una vulneración del derecho fundamental el que no se puede prescindir de los hechos concretos de carácter objetivo que la Sentencia considera probados ( en expresión de la STS de 24 de julio de 2012 ).

Dada la razón decisoria de la sentencia recurrida y atendidos los términos del debate tanto en las instancias como ahora en casación, la controversia se ciñe a si la información enjuiciada tenía o no relevancia pública o interés general, toda vez que no se discute ni su contenido ni su veracidad. Por otra parte la veracidad, en los conflictos que afectan a la intimidad, tiene un menor peso relativo, pues según constante jurisprudencia, de la que es reciente ejemplo la sentencia 634/2017, de 23 de noviembre, el criterio para determinar la legitimidad o ilegitimidad de una intromisión en la intimidad es el de la relevancia pública del hecho divulgado o, como aclara la sentencia 50/2017, de 27 de enero, «que su comunicación a la opinión pública, aun siendo verdadera, resulte necesaria en función de interés público del asunto sobre el que se informa». También puntualiza la doctrina jurisprudencial que debe comprobarse que el afectado no haya adoptado pautas de comportamiento que permitan entender que consintió el público conocimiento de aspectos privados, en la medida en que corresponde a cada persona acotar el ámbito de intimidad personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno (por ejemplo, sentencias 344/2016, de 24 de mayo, y 114/2017, de 22 de febrero ).

Cuantificación de la indemnización a abonar a la demandante por el daño moral sufrido por la indebida inclusión de sus datos en un registro de morosos. Se declara justificada la disminución indemnizatoria llevada a cabo por las sentencias

TERCERO.-Desestimado el recurso de apelación, las costas de esta alzada se imponen a la parte demandante-apelante, en virtud de lo dispuesto en el artículo 398.1 en relación con el artículo 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.