Sentencia Civil 148/2025 Audiencia Provincial Civil de Burgos nº 2, Rec. 80/2025 de 13 de mayo del 2025

PRIMERO.- Antecedentes y cuestiones controvertidas en el recurso de apelación.

1. Por la representación legal de SECOEX RENEWABLE ENERGIES O&M, S.L se formuló demanda en reclamación de cantidad, tras la oposición de la demandada en procedimiento monitorio, derivada de incumplimiento contractual frente a COPSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L por el impago de 5 facturas correspondientes a los trabajos encomendados a la misma por la cantidad total de 641.761,23 € (excluyendo del importe de las facturas el 5 % de retención en garantía, que habrá de ser objeto de reclamación independiente) más los intereses de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, sobre medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

2. La demandada, COPSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L, opuso el defectuoso cumplimiento por la actora de los contratos suscritos, interesando la desestimación de la demanda con imposición de costas, y a la vez formula reconvención solicitando la compensación de la deuda por la suma de 490.118,40 €, peticionando una sentencia por la que: 1.- Declare el incumplimiento de SECOEX RENEWABLE ENERGIES O&M, S.L. respecto a las obligaciones de los contratos de 25 de noviembre de 2021, de Montaje de Estructura y Paneles fotovoltaicos, y de 26 de enero de 2022, de Conexiones Eléctricas. 2.- Condene a SECOEX RENEWABLE ENERGIES O&M, S.L. a abonar a COPSA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 1.335.251,61 €, por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de los contratos o la cantidad que legalmente resulte, compensando dicha cantidad con el importe resultante de la deuda que mantiene esta con SECOEX RENEWABLE ENERGIES O&M, S.L, abonando la diferencia, más los intereses desde la interposición de la demanda reconvencional. Reconvención a la que se opuso la demandante reconvenida.

3. La sentencia apelada considera, en síntesis, que procede la condena a la demandada al abono de las facturas reclamadas por considerar que fue COPSA quien ordenó montar los motores sin remachar, lo que supuso un cambio sustancial que retrasó los trabajos, resultando ajeno a la demandante los retrasos en el pedido de consumibles y su suministro y la rotura de la remachadora. Concluye que la responsabilidad de que los contratos de arrendamiento de obra firmados entre los partes no se pudieran cumplir en tiempo y forma, es de la demandada. Sin embargo, reduce de lo reclamado parte del importe facturado por remachado de motores, constriñéndolo a lo que estima acreditado por la suma de 92.658,21 €. De ahí que condene a la demandada al pago de 582.676,61 euros.

En cuanto a la demanda reconvencional, estima probado que la rotura de módulos ha sido responsabilidad de SECOEX en el número y cuantía reclamadas, acogiendo la suma reclamada de 235.361,70 euros. No considera acreditada la responsabilidad respecto de las no conformidades durante la ejecución de la obra comunicadas de SOLARIA a COPSA y que pretenden ser repercutidas a la reconvenida. Tampoco considera que sean imputables a SECOEX las partidas correspondientes a los gastos de limpieza de obra, trabajos eléctricos por DOMAR, suministros eléctricos por Chemik Tarazona, suministro de material montaje por PVH Y Reparaciones por ACR Maguinos. Declara resueltos los contratos que vinculaban a las partes de 25 de noviembre de 2021 y de 26 de enero de 2022, aunque considera que ya están de facto resueltos por el impago de las facturas y el abandono de la obra por parte de SECOEX.

Frente a dicha resolución se interponen sendos recursos de apelación por las partes en litigio.

4. En el recurso de apelación de SECOEX RENEWABLE ENERGIES O&M, S.L, se invocan como motivos:

4.1 Error manifiesto o palmario en la valoración de la actividad probatoria practicada, con la consiguiente infracción de los arts. 1.101 y 1.124 del Código Civil, y de los presupuestos de la "exceptio non rite adimpleti contractus".

4.2. Infracción del art. 217.1 y 2 LEC sobre la carga de la prueba que incumbe al demandado reconviniente. Exigencia a la demandada en reconvención de una prueba diabólica.

5. En el recurso de apelación de COPSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A, se invocan, en síntesis, como motivos:

5.1 Incongruencia omisiva.

La demandada se ha opuesto, desde el procedimiento monitorio, al pago íntegro de las facturas NUM000, NUM001, NUM002 y NUM003, por considerar que la actora no ha ejecutado el 100 % de los trabajos facturados por el montaje de la Estructura y Paneles Fotovoltaicos, ni por las Conexiones Eléctricas y tampoco ha realizado las reparaciones por los trabajos mal ejecutados en ambos casos, omitiendo el pronunciamiento relativo a si COPSA tiene derecho a la retención o descuento de los gastos en los que ha incurrido para ejecutar o reparar los trabajos.

5.2 Incorrecta valoración de la prueba en relación con la improcedencia de las facturas NUM000 y NUM001 derivadas del contrato de montaje de estructura y paneles fotovoltaicos por trabajos no ejecutados, de limpieza e incorrectamente ejecutados.

5.3 Incorrecta valoración de la prueba sobre la improcedencia de las facturas NUM002 y NUM003, derivadas del contrato de conexiones eléctricas, por trabajos no ejecutados e incorrectamente ejecutados.

5.4 Incorrecta valoración de la prueba, respecto a la obligación de pago parcial de la factura NUM004, por trabajos ejecutados entre el día 15 de julio de 2022 y 29 de diciembre de 2022.

5.5 Incorrecta valoración de la prueba, respecto a la liquidación de los daños y perjuicios soportados por COPSA.

SEGUNDO.- Motivos invocado por la recurrente SECOEX RENEWABLE ENERGIES O&M, S.L: error en la valoración de prueba e infracción de las reglas sobre la carga de la misma. Exceptio non rite adimpleti contractus.

1. Se invoca por la recurrente, SECOEX, el error en la valoración de la prueba que llevó a la juzgadora a estimar parcialmente la reconvención con vulneración de los presupuestos de la "exceptio non rite adimpleti contractus" (no se ataca el pronunciamiento relativo a la parcial estimación de su demanda).

Sobre dicha excepción, opuesta por la demandada, hemos de decir que no está regulada expresamente, aunque reconocida desde los arts. 1.466, 1.467, 1.500 y 1.502 CC, y presupuesta en el art. 1.100 in fine.La excepción de incumplimiento contractual es una defensa de Derecho material que permite al deudor de una obligación sinalagmática, negarse al cumplimiento en tanto en cuanto la otra parte tampoco haya cumplido -u ofrecido el cumplimiento de- su propia prestación (exceptio inadimpleti contractusen sentido estricto) o si dicha prestación ha sido defectuosamente ejecutada (excepto non rite adimpleti contractus).

Como resume la STS 760/2012, de 18 de diciembre (RJ 2013, 920), la excepción de contrato no cumplido "en el marco del carácter sinalagmático de la relación obligatoria y del principio de reciprocidad de las obligaciones, se ha consolidado, de manera general, como un derecho o facultad dispuesto para poder rechazar el cumplimiento de una obligación que no se ajuste a una exacta ejecución de la prestación debida con la consiguiente insatisfacción del acreedor, proyectándose sus efectos a paralizar o enervar la pretensión dirigida a obtener el cumplimiento de la prestación. Se trata, pues, de un medio de defensa que supone una negativa provisional al pago que suspende, o paraliza a su vez, la ejecución de la prestación a su cargo mientras la otra parte no cumpla con exactitud".

Es una defensa material, en el sentido de que el deudor no se encuentra en mora en tanto la contraparte no cumpla, y ello dentro y fuera del proceso. No importa la razón por la que la contraprestación no se haya cumplido aún, siempre que resulte debida y no se haya extinguido por imposibilidad -de lo que luego se habla-, u otra causa legal.

La pertinencia de la excepción requiere que se trate de un contrato con prestaciones recíprocas, ambas vencidas, y que el deudor reclamado no deba cumplir primero que la contraparte que le demanda el cumplimiento o la resolución. Y la jurisprudencia ha sido constante en su negativa a aceptar la validez de una excepción de incumplimiento, con suspensión de la obligación de pago, cuando el defecto de la prestación adversa "carezca de suficiente entidad" con relación al conjunto de la prestación o "carezca de cierta importancia" ( SSTS de 22 de octubre de 1997, 28 de abril de 1999, o 20 y 26 de junio de 2002).

Pues bien, de una nueva valoración de la prueba practicada no apreciamos que en la sentencia recurrida se haya producido una vulneración de los preceptos que sostienen, como ya dijimos ut supra,la excepción antedicha. Obsérvese que ni siquiera opuso la demandada la excepción de contrato totalmente incumplido, reconociendo al contrario la existencia de una deuda derivada del impago de algunas de las facturas reclamadas, aunque no en su totalidad, sino el defectuoso o incompleto cumplimiento.

Aduce la demandante recurrente en cuanto a la deducción que se realiza en sentencia correspondiente al importe de los paneles rotos, cuya responsabilidad se imputa a la misma, que correspondía al contratista en virtud del contrato firmado entre las partes la custodia y vigilancia de los módulos y trackersy que, según el perito judicial, Sr. Hermenegildo, tanto en su informe como en la ratificación y aclaraciones en la vista del juicio, no se puede afirmar quién o quiénes fueron los causantes de dicha rotura y que SECOEX no fue el único agente o subcontratista interviniente en la obra que manipuló los módulos fotovoltaicos, añadiendo que la responsabilidad recaería en COPSA, puesto que la inexistencia de una logística integral debidamente gestionada, documentada o registrada por su parte, impidió que se pudiera corregir o evitar la posible causa de la rotura de los módulos.

No podemos compartir, al igual que hace la sentencia recurrida, que la responsabilidad en este punto sea de COPSA, pues al margen de que la custodia y vigilancia sea del contratista, lo cierto es que la manipulación de los paneles era una tarea contratada a SECOEX, no sólo la descarga material de los camiones que llegaba a la obra. En efecto los paneles o módulos fotovoltaicos, eran colocados por SECOEX en sus respectivas estructuras.

En el doc.32 de la contestación (correo electrónico de 19 de mayo de 2022 remitido por Dª. Delia, responsable de calidad de COPSA), se pone de manifiesto que están apareciendo un importante número de paneles rotos y se solicita el control del alcance de los daños producidos, incorporando fotografías de los desperfectos por la manipulación de SECOEX o sus subcontratistas. Ciertamente es muy ilustrativa la fotografía que se incorpora al documento nº 39 de la contestación de la demanda, realizada el día 23 de mayo de 2022 a las 11:46 horas, donde se puede apreciar las condiciones de trasiego, desembalaje y acopio de sobrante de material.

En el doc.36 de la contestación a la demanda (emailde fecha 25 de julio de 2022, de la Sra. Delia, Técnico de Calidad de la demandada) se refleja la existencia de 1.685 placas rotas (concretados al final en 1.586 módulos fotovoltaicos dañados, pues el número exacto de paneles rotos no se tuvo hasta finalizar; esto es, el día 31 de agosto de 2022, en que se remite el listado con sus códigos).

En el correo electrónico de 30 de mayo de 2022 (documento nº 33 de la contestación), remitido por D. Justiniano, empleado de la actora, manifiesta desconocer el alcance de los daños, porque para ello sería necesario abrir los paquetes de módulos que ya tienen distribuidos en la planta ("Para saber el total de paneles rotos necesitamos sacar todo el sobrante del montaje de módulos que se monta a diario, lo cual es una tarea que estamos poniendo al día si lo que solicitáis es una estimación podemos facilitárosla, de otro modo tendríamos que abrir incluso los módulos ya repartidos que aún no se están montando y deshacer los paquetes para saber el número real de módulos rotos.").Se está reconociendo por tanto la existencia de la rotura, cuya distribución y montaje, no olvidemos, corresponde a SECOEX. Incluso en la recepción del material participa SECOEX (bloque documental obrante como doc.1 de la contestación, en el que firma por ella los albaranes su empleada, la Sra. Leonor).

Frente a lo anterior no cabe argüir que los denominados "PPI (Programas de Puntos de Inspección) nº 9.- INSTALACIÓN DE MÓDULOS" desvirtúan la existencia de daños en los paneles, pues no solamente es el personal de la demandante reconvenida el que los admite, en los términos vistos, sino que en el correo electrónico de 1 de junio de 2022 (documento nº 34 de la contestación de la demanda), la responsable de calidad Dª. Delia, remite la No Conformidad (NC-009),relativa al acopio inadecuado de módulos y las roturas que esta actuación está generado ("Se comunica a la empresa SECOEX responsable de dicha actuación que debe proceder a acopiar de manera adecuada los paneles. Así mismo deberá dar una charla formativa a los operarios correspondientes de dicho trabajo de la forma de tratar el material. Esta situación debe subsanarse antes del día 03/06/2022, sino conllevará la correspondiente sanción económica").Es también relevante el de 1 de junio de 2022 (doc.35 de la contestación), remitido por el Project Managerde COPSA, en el que insta al Gerente de SECOEX a "Controlar el número de paneles rotos para evitar sorpresas de última hora, en el campo 5 habéis hecho una escabechina de módulos, muy por encima de lo esperado".Pero es todavía más remarcable la contestación que le da este, asumiendo la responsabilidad de su empresa: "Gracias Fructuoso: Por favor recopilar el número y a ser posible fotos para que pongamos a trabajar al seguro. Las prisas en los repartos llevan a esto, visto y comprobado. Confiemos que en los demás campos estemos muy por debajo de la media".

Obviamente, cuando se confeccionan los PPIs es cuando el módulo ya está montado, y si este montaje es correcto se acepta por la contratista a salvo de lo que diga la propiedad, que es quien en última instancia da el visto bueno. De ahí que nada tiene que ver que los paneles se monten sin roturas, cuando el deterioro y destrozo de otros se produce en la distribución y manipulación, encomendada a la demandante. Las vagas referencias de los testigos (trabajadores o ex empleados de la demandante) a actos vandálicos o a que un empleado de la demandada trasladaba palés mediante una máquina, no sirven para desvirtuar lo anterior. El propio D. Genaro, montador de módulos, refiere que encontraba módulos rotos al desembalar cada 5 o 10 paquetes. Roturas de las que daba cuenta al jefe de obra, y se depositaban en la zona de acopio.

2. En cuanto a la vulneración de las reglas de la carga de la prueba, es necesario reseñar la doctrina reiterada del Tribunal Supremo, de la que es ejemplo la reciente STS de 20 de marzo de 2025 ( ROJ: STS 1169/2025) con cita de la sentencia 942/2023, de 13 de junio:

"(...) la carga de la prueba no tiene por finalidad establecer mandatos que determinen quién debe probar o cómo deben probarse ciertos hechos, sino establecer las consecuencias de la falta de prueba suficiente de los hechos relevantes. La prohibición de una sentencia con falta de pronunciamiento que se establece en los arts. 11.3º LOPJ y 1.7º CC, al prever el deber inexcusable de los jueces y tribunales de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, hace que en caso de incertidumbre a la hora de dictar sentencia, por no estar suficientemente probados ciertos extremos relevantes en el proceso, deban establecerse reglas relativas a qué parte ha de verse perjudicada por esa falta de prueba.

"Esa es la razón por la que el precepto que la regula, el art. 217 LEC, no se encuentra entre las disposiciones generales en materia de prueba (arts. 281 a 298), sino entre las normas relativas a la sentencia, pues es en ese momento procesal cuando han de tener virtualidad las reglas de la carga de la prueba, al decidir a quién ha de perjudicar la falta de prueba de determinados extremos relevantes en el proceso».

Conviene recordar que solo se infringe el art. 217 LEC si la sentencia adopta un pronunciamiento sobre la base de que no se ha probado un hecho relevante para la decisión del litigio, y atribuye las consecuencias de la falta de prueba a la parte a la que no le correspondía la carga de la prueba según las reglas establecidas en el art. 217 LEC y desarrolladas por la jurisprudencia (por todas, sentencias 244/2013, de 18 de abril, y 484/2018, de 11 de septiembre)."

Abunda en ello la STS de 18 de marzo de 2025 cuando refiere que "las reglas de la carga de la prueba previstas en el art. 217 LEC son aplicables justamente en ausencia de prueba suficiente, no cuando se ha decidido con base en una determinada valoración de la prueba ( sentencias 12/2017, de 13 de enero; y 484/2018, de 11 de septiembre)".

3. En el presente caso ninguna infracción se ha producido de las reglas sobre la carga de la prueba.

Como acabamos de reseñar, las reglas de la carga de prueba entran en juego ante la falta de acreditación de un hecho, mas, como hemos visto, siendo la instalación y el propio trasiego del material realizado por el personal de la actora según contrato, la rotura no puede ser debida sino a la defectuosa manipulación por aquel, asumiendo tal responsabilidad el Gerente de SECOEX en el correo referido. En lo que incide la juzgadora a quoes en la facilidad probatoria de la demandada, lo que le lleva a atribuirle la carga de probar la responsabilidad en el siniestro. Y ello deriva de que no solo se anuncia en el correo anterior que se iba a dar parte al seguro (el de SECOEX), sino que otro empleado de esta remite otro correo de fecha 25 de agosto de 2022 (documento nº 37) en el que corrobora que el perito se personó en el lugar ("Con respecto a los módulos rotos y que ayer fue el perito a evaluar los daños, nos pide la aseguradora que no se retiren dichos módulos de la obra hasta que se termine de tramitar el siniestro ya que dichos módulos pasarían a ser propiedad suya. Yo estoy en comunicación con ellos para que nos notifiquen cuando se puedan retirar e inmediatamente os lo haré saber por este mismo medio. El hecho de retirar los módulos antes de este aviso podría provocar que la aseguradora no cubriera los daños o reclamaría los daños a quien los retirara sin su consentimiento.").

4. Por todo lo anterior, acreditado el número de placas deterioradas, el suministro de placas de otras plantas (véase albaranes) y no resultando probado que la cuantía reclamada no responda a precios habituales (como indica el perito judicial el precio tiene muchas variantes y puede ser correcta la reclamada) procede la desestimación del recurso.

TERCERO.- Del recurso interpuesto por COPSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A: incongruencia omisiva y error en la valoración de la prueba.

1. Incongruencia omisiva.

La demandada recurrente aduce que la sentencia omite el pronunciamiento relativo a si COPSA tiene derecho a la retención o descuento de los gastos en los que ha incurrido para ejecutar o reparar los trabajos no concluidos o mal realizados por la demandante, dado que desde el procedimiento monitorio ya se opuso al pago íntegro de las facturas NUM000, NUM001, NUM002 y NUM003, porque, según ella, no se habían ejecutado el 100% de los trabajos facturados y no se han realizado las reparaciones por aquellos mal ejecutados.

Pues bien, hemos de indicar que, como recuerda la STS de 27 de enero de 2025 (ROJ:272/2015), la congruencia exige una correlación entre los pedimentos de las partes y el fallo de la sentencia en atención a la petición y a la causa de pedir, de manera que nos encontraríamos en la modalidad de incongruencia citra petitacuando se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por los litigantes, "siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita de la pretensión deducida". Este es precisamente el caso que nos ocupa, en que la juez a quoparte del reconocimiento de la deuda que efectúa la propia demandada reconviniente por importe de 490.118,40 € (incluidas retenciones) y realiza una valoración conjunta de la prueba practicada, fundamentalmente sustentada en el informe pericial judicial y concluye, en esencia, que no siendo imputable a la subcontratista los retrasos de la obra, ni la necesidad de realizar ajustes adicionales (pues la causa de los mismos obedece a un defecto del proyecto cuya modificación le fue impuesta a SECOEX y a la defectuosa logística de la contratista principal) determina la cantidad adeudada, una vez descontada la partida relativa a un exceso facturado por remachado de motores no acreditados, a lo que antes nos hemos referido. Obsérvese que en la demanda no era objeto de reclamación las cantidades retenidas en garantía (lo que era lógico, pues no había vencido el plazo) y es la propia demandada la que las incluye para compensarlas, por lo que ninguna omisión de este pronunciamiento se hizo en sentencia, que dedicó todo el fundamento jurídico cuarto y parte del tercero a tratar la reclamación objeto de la demanda reconvencional, que precisamente versaba sobre la imputación de costes por trabajos que se decían no concluidos o mal realizados por la demandante reconvenida.

2. Error en la valoración de la prueba

2.1 Incorrecta valoración de la prueba en relación con la improcedencia de las facturas NUM000 y NUM001 derivadas del contrato de montaje de estructura y paneles fotovoltaicos por trabajos no ejecutados, de limpieza e incorrectamente ejecutados.

Se dice que SECOEX, de las 90.972 unidades de paneles que se comprometía a ejecutar, hasta junio de 2022 instaló 63.516 unidades, según consta en certificación firmada en julio de 2022 (documento nº 11 de la demanda) con la que se emite la factura NUM000 (documento nº 14 de la demanda). Y en la última factura de julio de 2022, NUM001 de fecha 1 de agosto de 2022 (documento nº 16 de la demanda), en la que no hay certificación firmada, se incluyen 27.456 unidades. Añade que 10.6921 unidades fueron montadas por otra subcontratista, NEXT SENERGY RW, S.L.U, con un coste de 24.224,45 euros y que SECOEX no se opuso a que COPSA aportara trabajadores a través de otra empresa y que dicho coste se descontara de la factura (como se les notificó el 2 de junio de 2022 -doc.43 de la contestación), concluyendo que, de no atender la petición formulada, justificaría un enriquecimiento injusto y sin causa de SECOEX a costa de COPSA, que se vería obligada a pagar 2 veces el mismo trabajo.

Pues bien, razón tiene la demandante reconvenida en que en la reconvención formulada por COPSA, se reconocía en su integridad las facturas giradas por SECOEX e incluso, y a efectos de compensación, ya anticipaba el reconocimiento de la deuda por el 5% de retención en garantía (que, como decimos, ni siquiera era objeto de reclamación en la demanda al no haber vencido el plazo), lo que suponía un total de 490.118,40 €. Tanto es así que, en el cuadro que acompaña en el fundamento 2 de la reconvención ("2.- SOBRE LA OBLIGACIÓN DE LIQUIDAR LAS RELACIONES.),plasmaba un "SALDO DESPUÉS DE COMPENSACIÓN A FAVOR DE COPSA"de 845.133,21 €. Es decir, se reconocían las facturas en su integridad y, por ende, la total realización de los trabajos e incluso en la página 9 de la contestación se decía textualmente "Es decir, a efectos de la liquidación del contrato que solicitamos, el importe reconocido es 444.185,23 € de facturas, más 45.414,43 € de retenciones, más 518,74 € de la compra de material de la criptadora, lo que hace 490.118,40 €".En esos términos quedó fijado el debate y a través del informe pericial se corroboró la realización de los trabajos facturados.

Es verdad que dentro de la reconvención, relativa a la indemnización de daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual achacado a la actora, se contempla la reclamación de 24.222,45 € por "Implementación de recursos NEXT ENERGY RW, S.L.U.", mas esta partida, que se correspondería con trabajos complementarios (galgado) y al retraso no imputable a SECOEX, no es acogida en la sentencia cuando analiza la reclamación de la reconvención, rechazándola salvo en cuanto a la rotura de módulos fotovoltaicos ya analizada, por considerar atribuible a la contratista cualquier consecuencia dañosa derivada del cambio (ya iniciada la ejecución del contrato) de procedimiento de remachado, de fabricante de los seguidores a motor incorporados en el tracker,lo que implicaba el uso de herramientas de remachado neumático más complejo y escaso, con desgaste y averías, que dificultaba el montaje de las estructuras y módulos con el consiguiente retraso y a la demora en los suministros; de lo que era absolutamente ajena SECOEX.

En cuanto a la limpieza, se incide por la recurrente en que eran trabajos cuya ejecución incumbía a la reconvenida subcontratista en virtud del contrato (apartados 4.6 y 13.4). Se aduce que dicha obligación se incumplió y fue motivo de la apertura de una "No conformidad y penalización, la NCR 21 DE LIMPIEZA", abierta el 08/07/22; que a fecha 18 de agosto de 2022 continuaba sin cerrar.

Esta partida es rechazada en sentencia, y compartimos tal desestimación, pues pese a tener aparente soporte en facturas, no es menos cierto que la obligación de la subcontratista se ceñía a retirar y limpiar sus propios residuos,los generados por su actividad ("desperdicio o material sobrante de su trabajo"),siendo así que ha quedado acreditada la existencia en obra de multitud de subcontratistas. El perito judicial en su informe plasma, en cuanto a la contratación de URSULA CONSULTING S.L del servicio de limpieza de obra, que no hay justificación de quién generó los residuos. Esa falta de concreción nos lleva también a desestimar el motivo invocado y con ello la pretensión.

Respecto de las reparaciones por trabajos incorrectamente ejecutados, coincidimos con la juez a quoen que ello se contradice con las certificaciones favorables de los PPI (nº 9 INSTALACIÓN DE MÓDULOS), firmados y sellados por el contratista, COPSA, a través del supervisor y el jefe de obra y por SECOEX, en cuanto a que los trackers,tanto la fila motora como la fila hermana:

- No presentan daños en el panel

- Están colocados correctamente

- Están bien sujetos

- Están correctamente alienados

- El par de apriete es correcto

Concluye el perito que, según se desprende de la documentación extraída del procedimiento, relación documental, inspecciones reglamentarias y certificados final de obra, el 15 de julio de 2022 quedaron instaladas todas las estructuras y todos los módulos de la planta fotovoltaica.

2.3 Incorrecta valoración de la prueba sobre la improcedencia de las facturas NUM002 y NUM003, derivadas del contrato de conexiones eléctricas, por trabajos no ejecutados e incorrectamente ejecutados.

Se alega que hasta junio de 2022, según consta en certificación firmada en julio de 2022 (documento nº 12 de la demanda) con la que se emite la factura NUM002 (documento nº 13), se había realizado sólo una parte de la electrificación. Y en la última factura de julio de 2022, NUM003, emitida el 1 de agosto de 2022 (documento nº 15 de la demanda), sin que exista certificación firmada, se incluye la ejecución del 100 % de todos los trabajos de conexiones eléctricas, sin estos estuvieran realizados, pues una parte de estos finalmente fueron ejecutados por INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMAR, S.L, 10.210 euros con cargo a COPSA, además del suministro de material por CHEMIK TARAZONA, S.L.U; y un importe de 2.961,28 euros para las reparaciones realizadas, así como mano de obra para las reparaciones eléctricas en los meses de septiembre y octubre de 2022, realizado por ACR-MAGUINOŽS, por un total de 28.341,50 €.

Tal pretensión tampoco puede ser acogida. El perito judicial aclara en el acto de la vista que es una manifestación más de la falta de logística integral que, en una obra de ingeniería compleja como la presente, correspondía a la contratista haber asumido. Efectivamente, en la documentación presentada por COPSA no hay referencia cronológica ni sustantiva de la obra en relación con seguimiento y levantamiento de actas de las reuniones celebradas, en las que se recojan los defectos apreciados, la imputación de los mismos y la manera de subsanar estos. De ese modo se habría documentado quién era el responsable de los residuos en una obra con múltiples contratas, se habría documentado qué concretos trabajos eléctricos se encomendaban y la necesidad de determinado material eléctrico o de montaje.

Es relevante que el perito, Sr. Hermenegildo, refiera en cuanto a los trabajos eléctricos encomendados a INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMAR, S.L. por un importe de 38.062,54 €, que se desconocen las tareas encomendadas a esta empresa por encargo de COPSA, y sin embargo se pretendan repercutir, sin más, a la subcontratista. Y en el mismo sentido el suministro de material eléctrico por un importe de 2.961,28 € que factura CHEMIK TARAZONA S.L.U, o el suministro de material montaje PV HARDWARE SOLUTIONS, S.L. por un importe de 3.792,14 €, sobre los que señala: "sin poder justificar este perito la razón, destino o causa por la que se requería este material por parte de COPSA". Los pagos efectuados por COPSA a FREMONTA y ACR pagos efectuados se referían a los trabajos pendientes en planta, tras abandonar SECOEX la obra.

No podemos desconocer que el perito judicial plasma que, en cuanto al apartado del montaje eléctrico, de la documentación extraída del procedimiento se puede certificar que: la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para baja tensión, sus Instrucciones técnicas y, en su caso, con las prescripciones particulares aprobadas a la Compañía eléctrica, así como, según corresponda, con el Proyecto o Memoria Técnica de Diseño presentados. Y que se han realizado con resultado favorable las verificaciones previas a la puesta en servicio según especifica la ITC-BT 05 y la Norma UNE 20460-6-61 (anulada por UNE-HD 60364-6:2017) cuyos resultados estarán a disposición de la Administración y de los Organismos de Control para su posible inspección.

2.4 Incorrecta valoración de la prueba, respecto a la obligación de pago parcial de la factura NUM004, por trabajos ejecutados entre el día 15 de julio de 2022 y 29 de diciembre de 2022.

Entiende la recurrente que, salvo por los 518,74 euros de "Compra de material reclamable de la crimpadora", no procede abonar cantidad alguna por esta factura, en tanto que los trabajos realizados entre el día 15 de julio y 29 de agosto de 2022, es decir después de finalizar la obra, son trabajos cuya finalización o reparación correspondía contractualmente a SECOEX, y no nuevos trabajos encargados a la subcontratista fuera del contrato.

Pues bien, estos trabajos posteriores se consideran extraordinarios o duplicados por un fallo en el rediseño de la instalación, errores y tardanza en el suministro, como informa el perito judicial.

Ya se hace en la sentencia la reducción de la reclamación efectuada por la demandante subcontratista, fijando el coste de remachado tan solo de 113 motores, por no acreditarse que alcanzara al total de 253 reclamados (pronunciamiento contra el que no se alza la subcontratista demandante)

La realización de esos trabajos ha sido plenamente probada con las periciales de D. Jesús María y de D. Hermenegildo, perito judicial. Ambos peritos en el acto del juicio concluyeron que dichos trabajos extraordinarios estaban plenamente acreditados, y que la valoración de los mismos por SECOEX era correcta. El propio Sr. Pelayo, empleado y apoderado la contratista, reconoció en su declaración la realidad de los mismos, ejecutándose por encargo del Jefe de Obra de la propia COPSA.

2.5 Incorrecta valoración de la prueba respecto a la liquidación de los daños y perjuicios soportados por COPSA.

El informe del perito judicial en cuanto a retrasos y penalizaciones por aquellos es muy clarificador. Señala que el primer punto crítico y cuello de botella fue el cambio descrito en el apartado 4 de su informe, cambio de remaches en lugar de tornillos en el eje del motor, necesitado de especialización, herramientas y traslado de la misma. El segundo punto crítico, es el suministro de materiales necesarios para la sujeción de paneles FV al eje de giro, como abarcones, piezas adicionales por cambio de tipo de material y cojinetes. El punto crítico en la fase inicial de la parte mecánica provoca un retraso en la fase de ejecución que, debido a los puntos indicados anteriormente, provocan, independientemente de la mano de obra existente, un retraso en la ejecución de los trabajos. Atendiendo al punto del contrato (6.4) relativo a las condiciones pactadas: "No serán aplicables las sanciones por retrasos, cuando éstos se produzcan por causas imputables al CONTRATISTA o por causas de fuerza mayor". Por lo tanto, el perito concluye que el retraso no fue un problema de medios humanos, sino de una gestión integral del proyecto FV DRACO desde el punto de vista de la responsabilidad, desde el cuadro de mando hasta los operarios; todo ello imputable a la contratista. No cabe así pretender repercutir a SECOEX las penalizaciones por retrasos y ajustes que determinaron la resolución del contrato de SOLARIA con COPSA y el resultado del acuerdo transaccional incorporado a las actuaciones. Tan solo procedería, conforme a lo visto ut supra,repercutir el coste de recogida de paneles rotos, mas ni siquiera es objeto de reclamación por no haber aportado SOLARIA prueba del pago. Procede en consecuencia desestimar su recurso.

CUARTO .- Costas de los recursos de apelación.

En aplicación del artículo 398 LEC (en la redacción aplicable al caso, anterior a la reforma operada por Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre) y Disposición adicional decimoquinta LOPJ, desestimados ambos recursos procede hacer expresa imposición de costas de los mismos a los recurrentes, con pérdida del depósito constituido para recurrir.