PRIMERO. - D. Gaspar formuló demanda alegando que en virtud de sentencia de 2 de febrero de 2009 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Sant Feliu de Guixols se aprobó el convenio regulador suscrito entre el mismo y Dña. Josefina en fecha de 1 de noviembre de 2008, en el cual se atribuyó el uso del domicilio familiar a Dña. Josefina en los siguientes términos:
La Sra. Josefina junt amb el seu fill en comú. Menor d'edat Fernando, fixaran el domicili en el que es en l'actualitat el domicili familiar situat al DIRECCION000.
S'acorda que la Sra. Josefina i el fill menor d'edat residiran en el domicili que ve sent el familiar fins que tingui aquest la majoria d'edat i la capacitat econòmica suficient per tal d'establir-se en un altre domicili diferent al familiar. Pel que fa a la Sra. Josefina podrà residir en dit domicili que ve sent el familiar fins que el fill que en l'actualitat es menor sigui major d'edat i estableixi un domicili en lloc diferent del que ve sent el familiar, A partir d'aquest moment la Sra. Josefina s'acorda que disposarà de sis mesos per tal deixar lliure el domicili familiar que si es voluntat de les parts podrà ser venut després d'aquest transcurs de temps dit o en el cas de desacord i sempre després d'aquest sis mesos instar la venda judicial.
En la actualidad el hijo común de las partes es mayor de edad y trabaja, percibiendo un salario neto mensual de alrededor de 1.700 €, por lo que se cumplen las condiciones pactadas para que dejar sin efecto la atribución del uso del domicilio familiar otorgado a Dña. Josefina, puesto que, además, el actor solo percibe en la actualidad una pensión no contributiva de 450 €/mes, muy inferior a la cantidad que percibía mensualmente cuando se estableció el convenio. De esta forma, debe procederse, además, a la división de la copropiedad que ambas partes ostentan sobre el que fuera domicilio familiar conforme a los criterios del art. 552-11.5 CCCat .
La parte demandada opuso litisconsorcio pasivo necesario por no haber sido llamado al procedimiento el hijo mayor de edad; no ser cierto que el hijo haya alcanzado la independencia económica pues ha trabajado ocho horas semanales en años anteriores y a jornada completa en el verano de 2023 con un contrato de temporada, con cuyos ingresos le es imposible procurarse otra vivienda, de forma que no han cambiado los presupuestos para la atribución del uso de la vivienda familiar, el pago de cuya hipoteca y cargas ha estado asumiendo la actora durante una parte sustancial del tiempo transcurrido, por lo que , en el caso de que se procediera a la división de la cosa común , de la parte de D. Gaspar deberían descontarse aquellas cantidades que adeuda a la demandada.
La sentencia entiende que no se ha acreditado en forma alguna que el hijo mayor de edad tenga ingresos suficientes para establecerse en un domicilio distinto del familiar, que es la condición que estableció el convenio para dejar sin efecto la atribución del uso del domicilio a la demandada, sin que tampoco se haya acreditado la modificación de circunstancias alegadas, por lo que desestima la demanda.
D. Gaspar interpone recurso con base en los siguientes motivos:
a) Error en la valoración de la prueba sobre la capacidad económica del hijo.
b) Desequilibrio económico entre las partes generado por el convenio en fraude de ley y abuso de Derecho.
La parte apelada solicita la confirmación de la sentencia apelada.
SEGUNDO. - MODIFICACION DE MEDIDAS. REQUISITOS
Determina el artículo 233-7.1 del C.C.Cat que "Las medidas ordenadas en un proceso matrimonial pueden modificarse, mediante una resolución judicial posterior, si varían sustancialmente las circunstancias concurrentes en el momento de dictarlas".
Debemos poner de manifiesto que, para que pueda darse lugar a la modificación de las medidas definitivas acordadas, deben concurrir una serie de requisitos entre los que destacan los siguientes:
1º) Que haya tenido lugar un cambio en el conjunto de las circunstancias que fueron consideradas en el momento de su adopción.
2º) Que dicho cambio sea sustancial, es decir, importante o fundamental.
3º) Que la alteración o variación afecte a las circunstancias que fueron tenidas en cuenta por las partes o el juez en la adopción de las medidas e influyeron en su determinación.
4º) Que la alteración evidencie signos de permanencia, de modo que permita distinguirla de un cambio meramente coyuntural o transitorio de tales circunstancias que fueron tenidas en cuenta a la hora de ser adoptadas las medidas.
5º) Que la alteración no sea imputable a la simple voluntad de quien insta la revisión, ni preconstituida con finalidad de fraude.
6º) Que la alteración no haya sido prevista.
7º) Que se asienten en hechos posteriores a los ya enjuiciados.
8º) Finalmente, cuando verse sobre pretensiones patrimoniales, no debe olvidarse que el derecho de alimentos y la pensión compensatoria tienen la naturaleza de una deuda de valor, y de ahí que para su fijación o corrección deba siempre atenderse al binomio posibilidad y necesidad, que se contempla en los artículos 146 y 147 del Código Civil y artículo 233. 18 y 19 del CCCat , así como a la realidad de una alteración sustancial en la fortuna de uno u otro cónyuge.
Consiguientemente, la naturaleza y el objeto del procedimiento de modificación de medidas obliga a delimitar las pretensiones que a este proceso pueden ser traídas, por cuanto que deben estar amparadas por un cambio de las circunstancias de notoria importancia, de modo que si del análisis comparativo entre la situación antecedente y la actual se deduce un cambio en la situación personal, patrimonial o laboral de las partes sólo en ese caso podrá accederse a la modificación que se pretende. Sin embargo, si tal modificación se interesa con base en circunstancias o acontecimientos que ya estaban previstos, no será posible entonces atender a la pretensión modificatoria siempre y cuando las nuevas circunstancias laborales y económicas no sean esencialmente diferentes, salvo que esa situación posterior fuese especialmente advertida y por tanto prevista y oportunamente regulada. (SAP Barcelona (sección 12) del 2 de diciembre de 2020 ( ROJ: SAP B 12378/2020 ).
TERCERO. - APLICACIÓN AL SUPUESTO DE AUTOS
Desde el punto de partida expuesto en el fundamento anterior, lo esencial para que la pretensión de modificación que insta la parte actora pueda prosperar es que la comparación entre la situación patrimonial de ambas partes que se tuvo en cuenta en el momento de suscribir el convenio regulador aprobado en sentencia y la situación patrimonial actual de ambas muestre una alteración sustancial, permanente y no buscada de las circunstancias tenidas en cuenta por las partes para fijar la atribución del uso del domicilio que se pretende modificar
Desde este punto vista, como acertadamente pone de manifiesto la resolución de instancia, no se ha aportado prueba alguna de los ingresos de las partes en el año 2008, de forma que no hay dato alguno de uno de los elementos de comparación, y lo poco que se conoce de la situación económica actual se debe casi en su totalidad a la actividad del Juzgado que tan gratuita e insidiosamente critica el apelante en su recurso.
Por lo tanto, falta la premisa básica para poder determinar que existen elementos para modificar lo establecido en el convenio respecto del uso de la vivienda familiar, atribuido a Dña. Josefina y al hijo en aquel momento menor de edad de las partes " fins que tingui aquest la majoria d'edat i la capacitat económica suficient per tal d'establir-se en un altre domicili diferent al familiar".
En realidad, lo que ha sido objeto de controversia en primera instancia y en apelación es si se ha cumplido la condición fijada por las partes para que cese la atribución del uso del domicilio familiar a Dña. Josefina según el propio convenio, esto es, que el hijo ahora mayor de edad tenga capacidad económica suficiente para establecerse en un domicilio diferente al familiar.
Y respecto de este extremo, se comparte la valoración de la prueba que hace la juzgadora de instancia.
Solo obra en autos, aportada por la parte demandada, la nómina del hijo correspondiente al mes de agosto de 2023, por importe de 1.417,10 € netos. Sostiene dicha parte apelada que el contrato del hijo es fijo discontinuo, y, aunque no se aporta el contrato (solo una modificación horaria del mismo de 2019) así parece confirmarlo el hecho de que en la averiguación patrimonial realizada por el juzgado consta que entre el 14 de octubre de 2021 y el 30 de marzo de 2022 percibió una prestación extraordinaria para personas sujetas a ese tipo de contratación.
Por lo tanto, no pueden determinarse sus ingresos en 2023 mediante la proyección de la nómina de agosto a los restantes once meses, de los cuales no se ha desplegado elemento probatorio alguno para conocer cuáles trabajó.
El hecho de que en la nómina se incluya como concepto la prorrata de pagas extraordinarios no indica que se haya trabajado todos los meses, sino que en aquellos que se trabaja se incluye la parte proporcional correspondiente a los días trabajados en cada semestre.
De la misma averiguación patrimonial resulta que los ingresos del hijo en el año 2022, último del que se disponía de las declaraciones de IRPF en el momento de la consulta, fueron de 7.932,32 € por salario y 2.143,26 € en concepto de prestaciones, un total de 10.075,58 €, que vendrían a suponer 839,63 € mensuales, cantidad que no supone "capacitat económica suficient per tal d'establir-se en un altre domicili diferent al familiar".
Por lo tanto, ni se acredita una alteración de las circunstancias tenidas en cuenta para establecer el uso de la vivienda familiar ni se acredita que se haya cumplido la condición establecida en el mismo convenio para dicho cese, por lo que no cabe sino confirmar la sentencia en este extremo.
CUARTO. - DIVISION DE COSA COMUN
A pesar de la existencia de una jurisprudencia inicial restrictiva, ya el TSJC se ha pronunciado de forma clara sobre la posibilitad de acumular también a les acciones de modificación de efectos de sentencia, la acción de división.
Así , la STSJ (sección 1) del 31 de enero de 2019 ( ROJ: STSJ CAT 1325/2019 ) señala :
1. El primer motiu denuncia la vulneració de l' article 232-12.1 CCCat , i sobre la base de l'afirmació de manca de jurisprudència d'aquest tribunal al respecte ( article 3, b/ Llei 4/2012), demana que s'interpreti la norma en el sentit que sanciona una " imposibilidad de acumulación de la división de la cosa común en la acción de modificación de medidas definitivas, cuando en la sentencia de divorcio inicial no fue objeto de la misma la división de la cosa común, debiendo ser sustanciada dicha acción en un procedimiento distinto ". 2. L' article 232-12.1 CCC , introduït per la Llei 25/2010, d'aprovació del llibre segon del Codi català, estableix que "en els procediments de separació, divorci o nul·litat i en els adreçats a obtenir l'eficàcia civil de les resolucions o decisions eclesiàstiques, qualsevol dels cònjuges pot exercir simultàniament l'acció de divisió de cosa comuna respecte als béns que tinguin en comunitat ordinària indivisa ". Aquesta norma, sistemàticament ubicada dins la regulació del règim econòmic matrimonial de separació de béns, s'ha de complementar amb aquelles altres, integrades a la regulació general dels efectes de la nul·litat del matrimoni, del divorci i de la separació legal, segons les quals el conveni regulador ha de contenir, si escau, " la liquidació del règim econòmic matrimonial i la divisió dels béns en comunitat ordinària indivisa " (article 233-2.5, d/) i que, en cas de nul·litat, separació o divorci sense acord, sempre que algun dels cònjuges ho sol·liciti, el jutge ha d'adoptar les mesures pertinents sobre la divisió de la cosa en comunitat ordinària, entre altres matèries de lliure disposició ( article 233-4.2). 3. La recent sentència d'aquest tribunal 97/2018, de 3 de desembre , analitza la gènesi i finalitat de l ' article 232-12.1 CCC i ho fa amb aquestes paraules:" És una evidència empírica que en la pràctica els matrimonis en règim de separació de béns són titulars de béns en comunitat ordinària indivisa, ja ho expressin així en el títol d'adquisició o per la via presumptiva actualment prevista a l' article 232-4 CCC .Tot i que formalment el règim de separació no exigeix un tràmit liquidatori ja que no comporta per si mateix la creació d'una massa de béns comuns ( article 232-1 CC ), en cas de crisi matrimonial és altament convenient que els cònjuges gaudeixin de la possibilitat de desfer, en el mateix procés matrimonial, les situacions de comunitat ordinària que hagin pogut originar-se en el curs de la vida conjugal.Cal tenir en compte que, a diferència del que succeeix amb el règim de guanys del Codi civil espanyol ( article 1392, 1r CC ), en el règim de separació de béns -majoritari a Catalunya- l'extinció del vincle matrimonial no produeix cap conseqüència sobre els béns en copropietat ordinària entre els cònjuges, de manera que la divisió d'aquests béns està sotmesa a la petició de part ( article 552-10.2 CCC ).Davant del silenci de la Llei processal civil de 1881, no esmenat per la redacció originària de la LEC aprovada per la Llei 1/2000, que seguia sense permetre l'acumulació objectiva de l'acció de divisió de la cosa comuna en els processos matrimonials ( articles 73.1 i 770 LEC) , el Codi de família , aprovat per la Llei 9/1998, de 15 de juliol, va afrontar aquesta necessitat mitjançant el seu article 43 , precepte d'inequívoca naturalesa processal que regula un supòsit específic d'acumulació facultativa d'accions, concebut com "un sistema eficaç i ràpid de distribució dels béns comuns un cop produïda la separació, nul·litat o divorci", en paraules de la nostra Sentència 57/2012, de 8 d'octubre . [...] Als efectes d'aquest recurs, és intranscendent que la Sentència del Tribunal Constitucional 21/2012, de 16 de febrer , anul·lés l' article 43 CF per raó d'inconstitucionalitat (vulneració de l' article 149.1 , 6ª CE ), ja que el TC va restringir la declaració de nul·litat a la norma impugnada, sense estendre-la a la norma del llibre segon del CCC que el substituïa. I també és aliè al nostre enjudiciament el fet que el legislador estatal, al fil d'aquella Sentència constitucional, aprofités la reforma de la LEC a través de la Llei 5/2012, de 6 de juliol, per tal d'introduir en els processos matrimonials la possibilitat de l'acumulació de l'acció de divisió dels béns en comunitat ordinària indivisa, alhora que incorporava una regla pràcticament idèntica a la de l'apartat 2 de l' article 232-12 CCC (nou article 437.4, 4ª LEC ) ".La STSJ 97/2018 concloïa afirmant que, " en definitiva, el règim actualment vigent, contingut en l' article 232-12.1 CCC , és molt semblant al de l' article 43 CF i respon als mateixos principis ". 4. Una interpretació de la norma qüestionada sota la llum dels criteris que enumera l' article 3.1 del Codi civil permet concloure que res no impedeix que l'acció de divisió s'acumuli no en el primer procés matrimonial que endegui la parella, sinó en un altre ulterior de modificació de mesures, al qual s'hi afegeixi l'acció de divisió no plantejada fins aquell moment. D'entrada, com s'ha palesat en el fonament jurídic precedent, és evident el propòsit sostingut del legislador català dels darrers temps de facilitar, en cas de crisi matrimonial, que la divisió dels béns en comunitat ordinària entre cònjuges en règim de separació de béns es dugui a terme en el si del mateix procediment matrimonial.Tampoc no podem compartir l'argument estrictament literalista segons el qual l'enumeració de procediments que obre l' article 232-12.1 CCC (els procediments de separació, divorci o nul·litat i els d'obtenció de l'eficàcia civil de les resolucions eclesiàstiques) té un propòsit exhaustiu, de manera que quedarien fora del seu àmbit els procediments de modificació de les mesures del divorci, la separació o la nul·litat. N'hi ha prou de subratllar que els processos de modificació de mesures són també "processos matrimonials", com ho evidencia el fet que l' article 775 LEC -integrat en un capítol retolat "De los procesos matrimoniales y de menores"- s'hi refereixi, i que el seu àmbit material no pot excedir del que és propi d'un litigi on es demana principalment la separació, la nul·litat o el divorci.Convé subratllar que el mateix legislador empra en ocasions l'expressió genèrica "processos matrimonials" (ho fa, per exemple, en l' article 233-14.2 CCC o a les disposicions addicionals tercera i cinquena de la Llei 25/2010 ); en altres passatges el precepte s'anuncia amb un rètol que fa referència expressa als tres prototipus d'acció matrimonial -nul·litat, separació i divorci- mentre que el text pròpiament normatiu utilitza per raons d'economia de llenguatge l'expressió genèrica equivalent de "procés matrimonial" (és el cas de la disposició transitòria tercera de la Llei 25/2010 ).De fet, el mateix legislador en ocasions vincula una específica pretensió estrictament matrimonial a una determinada via processal. És el cas de la prestació compensatòria que es perd si no es formula en el "primer procés matrimonial" o no s'estableix en el primer conveni regulador ( article 233-14.2 CCCat ); així mateix, el de la compensació econòmica per raó de treball, que també es perd si no es formula en el "procés que causa l'extinció del règim" econòmic matrimonial ( article 232-11.1 CCCat ). Des d'aquest punt de vista, és prou significatiu que el legislador no hagi disposat cap regla de caducitat processal per a l'exercici de l'acció de divisió de la cosa comuna.Cal tenir en compte que els recels que podien justificar en altres èpoques la regla prohibitiva de l'exercici de l'acció de divisió en el procés matrimonial, vinculats al fet que aquesta acció pogués malmetre el dret d'ús de l'habitatge comú atribuït a un dels cònjuges per raó de la guarda dels fills o de necessitat, no tenen cap sentit en el dret català vigent, des del moment que el dret d'ús sobre l'habitatge familiar es configura com un veritable dret real d'origen familiar, amb la corresponent publicitat registral pròpia d'aquests drets i la immunitat enfront dels actes dispositius dels propietaris ( articles 233-22 i 233-25 CCCat ).En darrer terme, tampoc no podem passar per alt els plausibles arguments -de reforç- en favor de l'acumulació de l'acció de divisió en un procés de modificació de mesures que fa servir la sentència impugnada.D'una banda, la constatació que la formulació retardada de l'acció de divisió en aquest cas no ha produït indefensió de cap mena a la demandada, qui s'ha pogut defensar enfront d'aquesta pretensió amb tots els arguments processals i substantius al seu abast. I també l'apreciació de l'existència del principi d'economia processal, atès que no té cap sentit la remissió de les parts a un procés declaratiu ordinari, que previsiblement esdevindria una simple reiteració dels arguments desplegats en el present litigi.En atenció al que s'ha exposat, el motiu no pot prosperar."
Y, como señala la SAP Barcelona (sección 12) del 2 de noviembre de 2023 ( ROJ: SAP B 11638/2023 ) esta jurisprudencia es plenamente aplicable a las parejas no matrimoniales, como es el caso:" I si cal entendre que el procediment de modificació és apte per incorporar una acció de divisió de cosa comú en relació a la parella que havia estat matrimonial, però que ja no ho és al moment de la modificació, en igual sentit hem d'entendre que aquesta acumulació és possible en relació amb la parella no matrimonial.
La Disposició Addicional 5a de la llei 25/2010 de 29 de juliol és molt clara en quant estableix:" 1. Els procediments judicials relatius a la ruptura de la parella estable es tramiten, en allò no regulat expressament pel Codi civil, d'acord amb el que la Llei de l'Estat 1/2000 estableix en matèria de processos matrimonials. En aquests processos, les parts poden sotmetre les discrepàncies a mediació i l'autoritat judicial els pot remetre a una sessió informativa sobre mediació, d'acord amb el que estableix l' article 233-6 del Codi Civil.
2. Les reclamacions fonamentades en el que estableixen els articles 234-7 a 234-14 del Codi civil s'han d'acumular en un únic procés. En el mateix procés, qualsevol dels membres de la parella pot exercir l'acció de divisió de cosa comuna respecte als béns que tinguin en comunitat ordinària indivisa."
No obstante, tampoco podría prosperar esta pretensión por la razón de fondo de que no se ha acreditado el presupuesto para la misma conforme lo pactado por las partes en el convenio, esto es, el transcurso de seis meses desde la extinción de la atribución del domicilio a Dña. Josefina conforme a lo dispuesto en el propio convenio.
Por lo tanto, procede la integra desestimación del recurso.
QUINTO. - Conforme al art. 398 LEC (redacción anterior al RD Ley 6/2023) cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación se aplicará, en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en el artículo 394 , es decir, en el supuesto de autos se impondrán al apelante como parte que ha visto totalmente desestimadas sus pretensiones.
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación:
Que desestimamos elrecurso de apelación formulado por el Procurador/a D./Dña. Eva Maria García Fernández, en nombre y representación de D. Gaspar contra la Sentencia de fecha 21 de mayo de 2024 del JUZGADO PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2 DE SANT FELIU DE GUIXOLS dictada en los autos de procedimiento de modificación de medidas nº 551/2023, de los que el presente rollo dimana, conimposición a la parte recurrente de las costas de esta apelación.
Contra esta sentencia cabe interponer, en su caso, recurso de casación conforme a lo dispuesto en el artículo 477.2.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil , el cual habrá de ser interpuesto por escrito a presentar en el plazo de veinte días ante este mismo Tribunal, que habrá de cumplir las exigencias previstas en el artículo 481 de dicho Texto Legal , previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , debiendo ser consignado el mismo en la cuenta de depósitos y consignaciones de esta Sección, abierta en la entidad Banco Santander S.A
Notifíquese esta sentencia a las partes y déjese testimonio de ella en el presente Rollo y en las actuaciones originales, que se devolverán al Juzgado de Primera Instancia del que proceden.
Así lo ha decidido la Sala, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados ya indicados, quienes, a continuación, firman.
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