Sentencia Civil 368/2025 Audiencia Provincial Civil de Cantabria nº 2, Rec. 296/2024 de 19 de mayo del 2025

Se admiten los de la Sentencia de instancia, en tanto no sean contradictorios con los que a continuación se establecen; y

PRIMERO: Resumen de antecedentes. Planteamiento del recurso.

1. Dª. Josefa y D. Horacio, en representación de D. Jesus Miguel, presentó demanda en reclamación de cantidad contra Dª Filomena, Berta, Adolfo Y Valle, pretendiendo literalmente que se dicte sentencia por la que

1º. - Se declare que los expresados demandados, en su condición De herederos de doña Leticia, están solidariamente obligados a pagar a los demandantes la cantidad de 50.886,50 €, por el concepto a que se refieren los hechos cuarto, quinto y sexto de la demanda, más los intereses de la expresada cantidad, calculados al tipo de interés legal, desde la fecha del 11 de mayo de 2017 y hasta la fecha de la sentencia, que serán los de la mora procesal previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento civil desde la fecha de la sentencia y hasta la de su efectivo y completo pago.

2º. - Se declare igualmente que los expresados demandados, en su condición de herederos de doña Leticia, están solidariamente obligados a pagar a los demandantes la cantidad de 542,38 €, por el concepto a que se refiere el hecho séptimo de esta demanda (pago del I.B.I. ejercicio 2018 de los inmuebles de la DIRECCION000, de Ferrol), más los intereses de la expresada cantidad, calculados al tipo de interés legal desde la fecha de interposición de esta demanda y hasta la fecha de la sentencia, que serán los de la mora procesal previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento civil desde la fecha de la sentencia y hasta la de su efectivo y completo pago.

3º. - Se declare que los demandados DOÑA Berta, DON Adolfo y DOÑA Valle, en su condición de copropietarios de los inmuebles sitos en el DIRECCION001 de Ferrol, que se identifican en el hecho tercero de la demanda, están obligados a pagar a los demandantes la cantidad de 192.25 €, cada uno de ellos, por el concepto a que se refiere el hecho séptimo de esta demanda (el pago del I.B.I. ejercicio 2018 de los indicados inmuebles), más los intereses de la expresada cantidad, calculados al tipo de interés legal desde la fecha de interposición de esta demanda y hasta la fecha de la sentencia, que serán los de la mora procesal previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento civil desde la fecha de la sentencia y hasta la de su efectivo y completo pago.

2. La demandada Filomena contestó a la demanda formulando oposición e interesó su expresa desestimación.

Las demandadas Dª Valle Y Berta, en su respectiva representación procesal y asistencia letrada, formularon allanamiento íntegro a la demanda, interesando que no se impusieran las costas procesales.

El demandado D. Adolfo fue declarado en rebeldía procesal.

3. Por auto de 11 de diciembre de 2020 se estima la solicitud de intervención provocada y se notifica la pendencia del procedimiento a D. Borja y a Dª Estefanía, Nieves Y Marí Trini.

D. Borja, Dª Estefanía Y Marí Trini, formulan en su respectiva representación y asistencia, contestación a la demanda interesando su desestimación con imposición de costas procesales a Dª Berta.

4. La sentencia del juzgado de primera instancia nº 3 de Santander de 31 de enero de 2023 estimó íntegramente la demanda en los términos indicados en los antecedentes de hecho de esta resolución.

En síntesis, considera la juez de instancia que ( i ) no prospera la excepción de litispendencia -según el razonamiento oral expresado en la audiencia previa- ni de cosa juzgada; ( ii ) la deuda reclamada resulta justificada, vencida y exigible, como consta declarada en la partición hereditaria; ( iii ) la deuda reclamada no estaba sujeta a condición suspensiva alguna; ( iv ) las costas procesales se imponen siguiendo los criterios de ponderación de los arts. 394 y 395 LEC.

Por auto de aclaración de 5 de abril de 2023 se rectificó la identificación de un procurador.

Por auto de 8 de noviembre de 2023 se desestimó la aclaración y/o complemento interesado.

5. Dª Estefanía Y Marí Trini formulan recurso de apelación denunciado ( i ) como motivo de infracción procesal, la incongruencia interna por falta de motivación de la sentencia; ( ii ) el error en la apreciación de la prueba relativo a la inaplicación de los arts. 319 y 326 LEC; ( iii ) el error en la aplicación del derecho por no ser exigible la deuda reclamada de 50.886,50 euros al estar sometida a condición suspensiva; por incorrecta aplicación del interés por mora y por error de derecho en la reclamación del IBI.

6. D. Borja Y Dª Filomena interponen recurso de apelación denunciando ( i ) como motivos previos de infracción procesal, la litispendencia y la inadecuación de procedimiento, y ( ii ) como motivos de fondo, aun siendo también procesal, la incorrecta condena de los terceros intervinientes por no haberse dirigido frente a ellos demanda por la parte actora.

7. La parte actora formula oposición a los recursos e interesa su desestimación y la confirmación de la sentencia.

SEGUNDO: Motivos de infracción procesal.

1. Recurso de Dª Estefanía Y Marí Trini.

1.1. Incongruencia interna y falta de motivación.

La incongruencia interna se produce por contradicción entre el fallo y los argumentos de la fundamentación de la sentencia.

Como recuerda la STS. Nº 270/2024, de 27 febrero, con cita de la nº 443/2014, de 24 de julio,

" Esta Sala en sentencia de 23 febrero 2000 afirmaba lo siguiente: "El concepto de congruencia (...) implica en principio la adecuada relación entre el suplico de la demanda y el fallo de la sentencia, pero también se extiende al caso de la llamada incongruencia interna cuando se contradicen fundamentos de derecho y fallo o también, como caso insólito, se contradicen pronunciamientos del propio fallo...".

"Otra sentencia de 15 de febrero de 2005 se expresa en los siguientes términos: "Como excepción a la norma general que exige que la incongruencia se manifieste por una discordancia entre el fallo o parte dispositiva de la sentencia y lo pedido en el suplico de la demanda, la doctrina de esta Sala, recogida en las sentencias citadas en el motivo de 25 de mayo de 1990 y 18 de octubre de 1996 , permite apreciar incongruencia atendiendo a la contradicción existente entre la fundamentación de la sentencia y su parte dispositiva, doctrina que se reitera en la sentencia de 18 de diciembre de 2003 , según la cual "la incongruencia interna puede tener lugar por contradicción entre los pronunciamientos de un fallo, o bien entre la conclusión sentada en la fundamentación jurídica como consecuencia de la argumentación decisiva -"ratio decidendi"- y el fallo, o con alguno de sus pronunciamientos. Para que se produzca esta segunda modalidad de incongruencia interna será preciso que la contradicción sea clara e incuestionable, pues en otro caso, prevalece el fallo, sin perjuicio de que la obscuridad en el razonamiento pueda servir de sustento a otro vicio de la sentencia distinto de la incongruencia"...

"En igual sentido, y como más reciente, cabe citar la sentencia n.º 34/2012, de 27 enero ,aun cuando doctrinalmente se ha afirmado que, en realidad, manteniendo el concepto de "congruencia" en la comparación en cuanto a lo concedido y lo pedido, estos casos podrían derivarse al ámbito de la falta de motivación pues lo resuelto no coincide con lo motivado".

La comparación entre las razones expresadas por la juez para decidir y el contenido del fallo, en comparación de la petición expresada en la demanda, no permite apreciar desajuste de ninguna clase, ni por déficit de motivación ni por falta de coincidencia entre lo resuelto y motivado.

Realmente parece que la parte denuncia una falta de motivación por ausencia de exhaustividad, quizás amparada en el art. 218 LEC.

En tal caso, si así fuera, tenemos que recordar que el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface con una resolución fundada en derecho que aparezca suficientemente motivada. Pero la exigencia de motivación no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener sobre la cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la "ratio decidendi" que ha determinado aquélla, o razón causal del fallo ( SSTC 28/94, 153/95 y 32/96). Por eso, no se ha excluído una argumentación escueta y concisa cuando se expresen las razones de hecho y de derecho que la fundamenta, es decir, el proceso lógico-jurídico que conduce a la decisión o fallo (entre otras, SSTS 30 de abril de 1991, 7 de marzo de 1992 y 1 de febrero de 2006).

En el caso, en modo alguno apreciamos que la decisión de primera instancia y, sobre todo, su argumentación, no exponga de forma clara y suficiente sus razones, de forma que se pueden comprender con sencillez y controlar sin dificultad.

Al contrario, es preferible la cortesía de la sentencia clara y precisa que cumpla con la ley ( art. 218.1 "Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes (..)" ) que la que incluya una motivación fundada en apreciaciones generales que olvidan descender con suficiente intensidad al supuesto concreto.

En el caso, al contrario de lo que se afirma en el recurso, ni es lacónico el razonamiento, ni ajeno a los hechos, por lo que la motivación cumple con creces el estándar constitucional ( art. 24 CE ).

Las alegaciones se desestiman.

No obstante, por su adhesión al recurso de D. Borja y Dª Filomena, y por la propia significación procesal de la estimación que va a producirse del mismo, el pronunciamiento final de este tribunal habrá de favorecerles.

2. Recurso de D. Borja Y Dª Filomena.

2.1. Litispendencia e inadecuación de procedimiento.

2.1.1. La litispendencia ( art. 421 LEC ) se estudia como una situación cautelar y previa de la cosa juzgada. La excepción de litispendencia pierde de manera sobrevenida su interés y función cuando se resuelve el pleito anterior pendiente y deja de cumplir la finalidad preventiva y de tutela de la cosa juzgada que le es propia, quedando desprovista de efecto alguno.

La litispendencia, como institución tutelar de la cosa juzgada, y la cosa juzgada, despliegan sus efectos en un segundo proceso para evitar que se adopten pronunciamientos contradictorios en las resoluciones judiciales, lo que sería incompatible con el principio de seguridad jurídica -que integra la expectativa legítima de los justiciables a obtener para una misma cuestión una respuesta inequívoca de los órganos encargados de impartir justicia- y con el derecho a una tutela judicial efectiva.

2.1.2. El procedimiento objeto de comparación, según se cita en el recurso, es el proceso de ejecución nº 18/2018 tramitado ante un juzgado de Ferrol de primera instancia nº 2 de Ferrol. Según justifica la parte demandante, con el documento presentado en la audiencia previa, se encuentra desde el dictado del decreto de 31 de enero de 2019 en situación de archivo provisional por inactividad de las partes. El origen del título que permitió la ejecución es el acuerdo alcanzado en el ámbito del acto de conciliación de 11 de julio de 2017.

La juez resuelve de forma oral en el acto de la audiencia previa por no existir dos procesos pendientes.

Formuló recurso la parte demanda que fue desestimado, expresando su disconformidad.

El contenido de la demanda de conciliación y del acto procesal celebrado el 11 de mayo de 2017 permite deducir que ( i ) la demanda se dirigió contra la herencia yacente de Dª Leticia; ( ii ) se alcanzó una avenencia consistente en reconocer la conciliada la deuda reclamada "con la condición de que se reduzca en la suma de 11.500 euros (..) y además que próximamente se convenga la forma y modo en que se procederá al pago de lo debido (..)",la que fue aprobada por el decreto de 11 de mayo de 2017; ( iii ) la cifra resultante de la liquidación de la deuda, mediante la simple operación de sumar las dos cantidades reclamadas en la conciliación ( 61.402,79 y 983,72 euros ) y deducir la aceptada, es la de 50.886,50 euros, coincidente con la primera petición del actual proceso; ( iv ) la demanda de ejecución que sirvió para iniciar el proceso de ejecución, presentada el 10 de enero de 2018, interesa que se inicie y siga por el principal de la misma cantidad de 50.886,51 euros, pero también por el interés ya devengado que liquida en 1.024,70 euros y otros 12.000 euros que interesa como presupuesto para los intereses y costas de la ejecución; ( v ) la ejecución fue ordenada de acuerdo a lo interesado y el 31 de enero de 2019 fue acordado su archivo provisional ante la inactividad procesal, reconociéndose en cualquier caso, apartado 2 de su parte dispositiva, que "El procedimiento permanecerá en tal situación mientras no se inste su reanudación por la parte ejecutante".

2.1.3. De los anteriores hechos se derivan dos consecuencias: de un lado, la parte demandante interesó y obtuvo, en virtud un título que lleva aparejada ejecución con fundamento en el art. 517.9ª LEC -decreto de conciliación por terminación del acto con avenencia-, la orden de inicio de su ejecución; del otro, que dicha ejecución, aun archivada provisionalmente de acuerdo al art. 179 LEC, no ha sido objeto de terminación por ninguna causal legal que haya sido probada, bien precisado que el final de la ejecución solo podrá acordarse ( art. 570 LEC ) cuando se reconozca por el acreedor o acredite de otro modo que se haya producido su completa satisfacción, salvo que desista o renuncie a mantener la ejecución.

Por tanto, la ejecución judicial ordenada para el cobro en favor del hoy actor, frente a la herencia yacente de la causante de los hoy demandados, Dª Leticia, de la cantidad reclamada en primer lugar en el presente procedimiento por el principal de 50.886,51 euros, no ha terminado definitivamente por ninguno de los medios procesales previstos en la ley.

2.1.4. De la anterior consideración devienen otras dos nuevas consecuencias:

( i ) la sucesión procesal en la fase de ejecución es perfectamente posible una vez extinguida la yacencia de la herencia por la aceptación de la misma, y, en este caso, incluso por su partición, de acuerdo al art. 540 LEC, pues podrá continuarse a favor de quien acredite ser sucesor de quien en el título aparece como ejecutado;

( ii ) existió una transacción, y no se discute, pues cada parte hubo de dar, prometer o retener alguna cosa a cambio de la concesión que hace la otra, dado su carácter general bilateral y oneroso, y esa transacción permitió solicitar y obtener la orden de ejecución que inició el procedimiento paralelo al presente.

En el plano procesal, según se declara por ejemplo en la STS nº 199/2010, de 5 de abril ( siguiendo la doctrina contenida en las sentencias de 16 de marzo de 1995 y 30 de enero de 1999 ), la transacción, sea judicial o extrajudicial, sustituye una relación jurídica controvertida por otra cierta y no controvertida, de forma que extingue los derechos y acciones derivados de la primera y origina nuevos vínculos y obligaciones. Esto implica que no es posible plantear cuestiones que afecten a las situaciones resueltas por transacción, que han perdido la protección jurídica al ser transigidas, según declararon las sentencias del TS de 20 de octubre de 2004 y 7 de julio de 2006.

Se trata por tanto de la llamada <>,de significación semejante al de la cosa juzgada material que puede ser opuesta en cualquier proceso, aunque la LEC solo se refiere a ella como excepción a la acción ejecutiva en el artículo 557.1.6ª. Por consiguiente, los mismos elementos subjetivos y objetivos que delimitan la cosa juzgada material delimitan también la referida <>o excepción de transacción, con idéntica consecuencia de vincular al órgano jurisdiccional del posterior proceso, bien en su aspecto negativo de impedir una nueva decisión sobre el fondo, bien en su aspecto positivo de condicionarla.

Es cierto que no puede identificarse de forma absoluta la transacción con los efectos de la cosa juzgada, pues aunque el art. 1816 CC indica que «tiene para la partes la autoridad de la cosa juzgada (..)»,realmente está expresando que tiene la eficacia obligatoria de los contratos ( art. 1091 CC ), y que, por consiguiente, como tuvo la oportunidad de indicar la STS nº 199/2010, de 5 de abril,

<>.

Como la interpretación del artículo 1816 CC ha de hacerse sin mengua de la naturaleza contractual propia de la transacción, lo trascendente en que no se impide plantear contienda sobre la transacción, bien tratándola de anular por error -o dolo, o violencia o falsedad documental, ex art. 1817 CC- o resolverla por incumplimiento contractual. Es decir, impugnándola por las causas generales de las obligaciones y los contratos.

2.1.5. Sin embargo, nada de ello ha ocurrido en el presente caso.

No se ha planteado ninguna acción que pretenda como fundamento previo de la acción la ineficacia de la transacción alcanzada en los términos contractuales que después se prolongaron mediante su ejecución. Simplemente se presenta una acción nueva que pretende desconocer aquellos hechos y actos procesales. Pero, al contrario, el acuerdo transaccional sigue vigente y despliega su eficacia, como la ejecución ordenada y no terminada.

En consecuencia, deben estimarse las alegaciones de la parte recurrente aunque se titulen bajo la calificación de litispendencia e inadecuación de procedimiento, pues los hechos y fundamentos abocan realmente a apreciar una falta de acción por apreciación de una "exceptio pacti".

2.1.6. La eficacia de esta excepción afecta al orden público procesal, porque carece de acción quien pretende que se reconozca judicialmente lo que extrajudicial y contractual ya se ha hecho como parte de una transacción posteriormente objeto de ejecución en curso.

La desestimación de la demanda por este motivo se extiende incluso a los demandados allanados dada la inescindibilidad de la relación jurídica con el acreedor y la propia solidaridad en el cumplimiento de la obligación que se exige por la parte actora.

El argumento esencial llama a la propia indivisibilidad de la acción que recuerda la STS nº 103/2019, de 19 de febrero ( con cita de otras ) con el siguiente argumento:

"3.ª) En el presente caso, pues, se daba la indivisibilidad reconocida por la jurisprudencia de esta sala como razón para no estimar una demanda dirigida contra varios demandados ni siquiera respecto de los que se allanen a la misma.

Así, la sentencia 1135/2007, de 18 de octubre , citando las de 3 de noviembre de 1992 y 16 de marzo de 2001 , declara que si no se acreditan los hechos de la demanda, la desestimación de esta "favorece a todos los codemandados, incluidos los que se hubiesen allanado a la demanda". La sentencia 11/2012, de 19 de enero , considera que, pese al allanamiento de algunos codemandados, cabe desestimar la demanda también respecto de ellos por razón de la indivisibilidad del pronunciamiento y de la fuerza expansiva de la sentencia. Y con más claridad todavía, la sentencia 8/2009, de 28 de enero , muy especialmente citada por los hoy recurrentes cuando en su día recurrieron en apelación, hace la siguiente distinción:

"En consecuencia, el allanamiento de parte de los demandados, con oposición de los demás a las pretensiones de la demanda, podrá dar lugar a dos resultados distintos, cuales son: 1.º) Que se estime, sin más, la demanda respecto de los allanados y se resuelva el proceso en cuanto a los restantes según lo alegado y probado por las partes mediante la aplicación de las normas jurídicas procedentes, en los supuestos en que quepa deslindar las pretensiones dirigidas contra unos y otros, como ocurre en el caso en que se trata de discutir la eficacia de negocios jurídicos que afectan singularmente a los distintos demandados; y 2.º) Que no quepa escindir las distintas relaciones jurídicas afectantes a los demandados, allanados o no allanados, o se dé una situación de solidaridad entre los mismos, supuesto en que el allanamiento será ineficaz y resultará posible la desestimación de la demanda frente a todos".

2.2. La intervención de los terceros D. Borja y Dª Estefanía, Dª Nieves y Dª Marí Trini.

2.2.1. Es incontestable que su personación en el procedimiento contestando a la demanda obedece a la llamada al mismo por una codemandada y por la autorización concedida en el auto de 11 de diciembre de 2020 de conformidad con el art. 14.2 LEC, si bien la parte actora nunca se dirigió frente a él o ellas formulando o ampliando la demanda inicial.

2.2.2. La STS nº 1230/2024, de 2 de octubre, recuerda que la condición jurídica de terceros fue abordada por la STS, Pleno, de 20 de diciembre de 2011 ( recurso 116/2008 ) expresando que

"En el proceso civil, la cualidad de parte demandada corresponde al sujeto frente al que el demandante pretende la tutela ante los tribunales. Es el sujeto al que ha de afectar -por la situación que ocupa en una relación jurídica- la decisión solicitada en la demanda, y es esa situación en la relación jurídica lo que le legitima pasivamente para ser demandado. Así se deduce de lo dispuesto en los artículos 5.2 y 10 LEC ,en coherencia con el principio dispositivo y de aportación de parte que rige el proceso civil, al que se refiere el artículo 216 LEC . El sujeto solo adquiere la condición de parte demandada si frente a él se ejercita una pretensión.

"En consecuencia, el tercero cuya intervención ha sido acordada solo adquiere la cualidad de parte demandada si el demandante decide dirigir la demanda frente al tercero. Si el demandante no se dirige expresamente una pretensión frente al tercero, la intervención del tercero no supone la ampliación del elemento pasivo del proceso. El tercero no será parte demandada y la sentencia que se dicte no podrá contener un pronunciamiento condenatorio ni absolutorio del tercero".

De igual forma, se pronunciaron las sentencias ulteriores 656/2013, de 24 de octubre ; 790/2013, de 27 de diciembre ; 459/2020, de 28 de julio (pleno ), 868/2021, de 15 de diciembre ,entre otras.

2.2.3. En consecuencia, el tercero D. Borja, contra el que no se amplía la demanda no es parte demandada, ni puede por ello ser condenado.

El recurso -a cuyas alegaciones se adhirieron también Dª Estefanía y Dª Marí Trini-, en este punto, se estima, dando lugar a la absolución del citado y, por ser una cuestión de orden público procesal, también de las llamadas Dª Estefanía, Dª Nieves y Dª Marí Trini.

TERCERO: Motivos de fondo.

1. Por la propia significación y consecuencias de la falta de acción respecto a la reclamación expresa en el apartado 1º de la petición de la demanda, en principio solo habríamos de conocer del recurso formulado por las Sras. Estefanía Marí Trini en aquello que les afecta de la petición 2º de la demanda que ha sido estimada por razón de la condena impuesta al pago solidario de 542,38 euros con los intereses legales desde la demanda.

La condena impuesta a Dª Berta, D. Adolfo y D. Valle al pago de 192,25 euros cada uno de ellos, con los intereses desde la interposición de la demanda, coincidente con el apartado 3º de la petición inicial, como la condena solidaria al pago de 542,38 euros con los intereses desde la demanda, coincidente con el apartado 2º de la demanda a los demandados iniciales, Dª Filomena, Dª Berta, D. Adolfo y Dª Valle, deben ser mantenidas por no resultar afectadas por la apreciación de las cuestiones de orden público procesal antes estimadas.

2. En cualquier caso, persiste el citado crédito y no existe incorrecta aplicación por la juez de instancia de los arts. 989 y 1068 CC en la reclamación del IBI.

Late como argumento defensivo que no todos los iniciales herederos han resultado definitivos propietarios de los bienes tras adjudicaciones que se han producido en la partición de la herencia formalizada por escritura de 28 de junio de 2018.

El art. 989 CC expresa que "Los efectos de la aceptación y de la repudiación de la herencia se retrotraen siempre al momento de la muerte de la persona a quien se hereda".

El art. 1068 CC, por su parte, señala que "La partición legalmente hecha confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados".

En la participación testamentaria se produce, en consecuencia, la transmisión directa del causante a los herederos de los bienes adjudicados.

La deuda que se reconoce por importe de 542,38 euros es una deuda hereditaria o deuda de la herencia pendiente de pago y no particular de los herederos, que se devengó -cuestión no discutida en el recurso- el día 1 de enero de 2018, es decir, antes o de forma previa a la partición, lo que supone que, como expresa el art. 1084 CC, formalizada o hecha la misma -la partición- "los acreedores podrán exigir el pago de las deudas por entero de cualquiera de los herederos"en cuanto que, a pesar de su práctica, queda dicha deuda hereditaria pendiente de pago.

En consecuencia, el acreedor hereditario tiene la facultad de reclamar su crédito frente a cualquiera de los herederos bajo un sistema, por tanto, de solidaridad, aplicable también antes y durante la partición. Sucede, no obstante, que si la herencia ha sido aceptada a beneficio de inventario, el heredero puede oponer su limitación de responsabilidad hasta donde alcance su porción hereditaria ( art. 1023 CC ), y, en consecuencia, el acreedor únicamente podrá ejecutar bienes hereditarios, sin que se haya lugar a plantearse si los herederos responden de forma solidaria o mancomunada.

Las alegaciones que pudieran subsistir sobre este exclusivo pronunciamiento deben ser desestimadas.

CUARTO: Costas procesales.

1. La estimación, total o parcial, de los recursos formulados implican la no imposición de las costas procesales causadas en la segunda instancia ( art. 398 LEC) .

2. Las cuestiones procesales imbricadas en la decisión del recurso no han sido ajenas a la existencia de serias dudas de hecho y derecho, y, además, han provocado que la estimación de la demanda sea solo parcial, razón suficiente para revocar el pronunciamiento condenatorio al pago de las costas procesales por razón de la demanda ( arts. 394.1 y 2 LEC ), acordando su no imposición a ninguna de las partes.

3. El recurso de Dª Estefanía y Dª Marí Trini, como el de D. Borja, termina interesando que se impongan las costas procesales que se les han causado a la demandada Dª Berta, que fue quien instó su intervención amparada en el art. 14.2 LEC.

La STS 561/2022, de 12 Julio de 2022, nos recuerda otras, como la STS 790/2013, de 27 de diciembre, que expresaba que

"En el caso de que la parte demandante no decida ampliar la demanda contra el tercero interviniente, como no se ha ejercitado ninguna pretensión frente a él, la sentencia que resuelva el caso no debería condenarlo ni absolverlo, y, consiguientemente, no podría haber condena en costas derivada de este pronunciamiento a favor o en contra del demandante.

"Pero es indudable que en estos casos, aunque finalmente no se haya dirigido la demanda frente al tercero interviniente, su llamada al proceso por un codemandado le ha podido reportar unos gastos judiciales. Para determinar cuándo podría tener derecho a ser resarcido de las costas judiciales y frente a quien, deberemos atender al criterio de si finalmente estuvo justificada o no su llamada al proceso".

Bajo el régimen del párrafo segundo de la disposición adicional 7ª LOE, en lo que importa a los asuntos tramitados sobre su materia, se afirma que a llamada al proceso estaría justificada siempre y cuando el pronunciamiento de la sentencia le fuera realmente oponible.

En el presente supuesto, no resulta de aplicación tal disposición, por lo que habrá de estarse en exclusiva a al contenido del art. 14.5 LEC, que para el supuesto de absolución del tercero, como es el caso, las costas se podrán imponer -y así se hace al no existir motivo alguno para atenuar esta consecuencia por la existencia de serias dudas de hecho o de derecho- a quien solicitó su intervencióncon arreglo a los criterios generales del art. 394.

En definitiva, las costas procesales de los llamados absueltos se imponen a la demandada Dª Berta, estimando así los recursos presentados.

Así, en ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos ha conferido la Constitución Española, y en nombre de Su Majestad El Rey.,