Rebudes les actuacions s'hi nomenà ponent el magistrat JOAN L. CARDONA IBÁÑEZ, es va celebrar la deliberació i les actuacions van quedar vistes per a sentència.
En la tramitació d'aquest recurs s'han acomplert les prescripcions legals fonamentals.
PRIMER. RESOLUCIÓ DE L'APEL·LACIÓ.
Dels pronunciaments de la Sentència que s'han exposat, la Sra. Abilio únicament impugna la denegació de la pensió compensatòria.
La sentència apel·lada resol la qüestió limitant-se a citar l'article 223-14 Ccc i un parell de paràgrafs de les STS de 30 de maig de 2017, 25 de novembre de 2021 i 22 de juny de 2011, i a continuació es ventila la qüestió amb aquest mínim esforç argumentatiu:
En el caso que nos ocupa, oídas las partes en sus declaraciones, no se produce ningún desequilibrio entre ambos, ya que ella puede trabajar, si bien es cierto que de momento no ha conseguido trabajo, tampoco se ha probado el interés en conseguirlo o no, por lo que tiene acceso al mercado laboral, y por lo tanto no puede estimarse esta petición.
Plantejat així el debat, en la nostra Sentència núm. 768/2024, de 14 de novembre, recordem quina és la finalitat i contingut de la pensió compensatòria:
El referido Art. 233-14 establece que el cónyuge que, como consecuencia de la ruptura de la convivencia, resulte más perjudicado, tiene derecho a solicitar en el primer proceso matrimonial una prestación compensatoria que no exceda del nivel de vida del que disfrutaba durante el matrimonio ni del que pueda mantener el cónyuge obligado al pago, teniendo en cuenta el derecho de alimentos de los hijos, que es prioritario.
Por tanto, la expresa referencia al cónyuge que resulte "más perjudicado" requiere la efectiva concurrencia de una desigualdad de futuro, y en este sentido, siguiendo los reiterados criterios jurisprudenciales sobre la materia, este Tribunal en múltiples resoluciones ha establecido queel fundamento de la prestación compensatoria es el de equilibrar en la forma más equitativa posible la situación económica en que queda el cónyuge más perjudicado por la nulidad, separación o divorcio, frente a la que mantenía constante la relación matrimonial, siempre teniendo en cuenta que lo que se pretende no es la igualación de los recursos económicos entre los cónyuges tras la ruptura matrimonial, sino paliar los efectos de la misma, tratando de reequilibrar la situación alterada por la ruptura.
La resolución del recurso pasa por analizar en primer término la doctrina jurisprudencial sobre la materia, de la que es claro exponente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 29 de octubre de 2015 (nº 75/2015 ) - reiterada en otras posteriores, como las STSJC de 18 de febrero y 19 de mayo de 2016 - que además de abundar en el carácter esencialmente temporal de esta medida efectúa un pormenorizado análisis sobre el fundamento de esta prestación y su evolución, y que por su indudable relevancia y aplicación al presente caso transcribimos a continuación. Dice esta resolución:
"TERCERO.-Antes de entrar propiamente en los motivos del recurso convine recordar el fundamento de la pensión compensatoria y su evolución en nuestro derecho.
Hemos dicho en las STSJC de 27-11-2014 y de 16-6-2015 que la llamada pensión compensatoria se reguló por vez primera en el artículo 97 del Código Civil el cual se inspiró a su vez en el derecho francés
Respondía a las necesidades de la sociedad de aquel entonces: el matrimonio se había regulado legalmente como un vínculo indisoluble durante muchos años y era frecuente que la mujer no hubiese llegado a incorporarse al mercado laboral o lo hubiese abandonado al casarse.
El Código Civil no fijaba límite de tiempo alguno en la pensión, que se concebía como prolongación de la solidaridad matrimonial aun disuelto el vínculo y para reestablecer el desequilibrio que se producía tras el divorcio en el nivel de vida de uno de los cónyuges respecto del que el otro podía mantener. En este contexto las pensiones compensatorias se concedían usualmente en forma ilimitada.
El transcurso del tiempo y el cambio sociológico experimentado en la estructura social, tanto en cuanto a la disposición del vínculo matrimonial como en orden a la incorporación de la mujer al trabajo, hizo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo estimase que los jueces podían limitar temporalmente esta pensión cuando existiesen circunstancias que hiciesen prever que el desequilibrio podía ser superado. Finalmente el legislador estatal cambia el art. 97 del CC en el mismo sentido.
Así lo recuerda la STS, Sala 1ª, nº 442/2013 de 21-6-2013 cuando dice:
"La posibilidad de establecer la pensión compensatoria con carácter temporal con arreglo a las circunstancias, es en la actualidad una cuestión pacífica, tanto a la luz de las muchas resoluciones de esta Sala (entre las más recientes, SSTS de 17 de octubre de 2008 (RC núm. 531/2005 y RC núm. 2650/2003 ), 21 de noviembre de 2008 (RC núm. 411/2004 ), 29 de septiembre de 2009 (RC núm. 1722/2007 ), 28 de abril de 2010 (RC núm. 707/2006 ), 29 de septiembre de 2010 (RC núm. 1722/2007 ), 4 de noviembre de 2010 (RC núm. 514/2007 ), 14 de febrero de 2011 (RC núm. 523/2008 ), 27 de junio de 2011 (RC núm. 599/2009 ), 5 de septiembre 2011 -Pleno- (RC núm. 1755/2008 y 10 de enero de 2012 (RC núm. 802/2009 ) que reiteran la doctrina favorable a la temporalidad fijada por las sentencias de 10 de febrero y 28 de abril de 2005 , como por haberse manifestado también posteriormente en el mismo sentido positivo el legislador mediante la Ley 15/2.005, de 8 de julio, que ha dado una nueva redacción al artículo 97 CC , estableciendo que la compensación podrá consistir en una pensión temporal, o por tiempo indefinido, o en una prestación única."
Es por ello que la actual doctrina del Tribunal Supremo por todas TS, Sala 1ª, nº 91/2014 de 19-2-2014 , recordando que la pensión compensatoria es una prestación de carácter singular, con características propias que la alejan de la prestación alimenticia y de toda idea de culpa en el fracaso matrimonial, viene entendiendo que su finalidad es la de reestablecer el equilibrio y no ser una garantía vitalicia de sostenimiento para perpetuar el nivel de vida de que venían disfrutando o lograr una equiparación económicamente de los patrimonios, por lo que no significa paridad o igualdad absoluta entre ellos. En sintonía con lo anterior considera como elementos que apoyan su fijación con carácter temporal aquel que destaca, como legítima finalidad de la norma legal, la de colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas, a las que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial, por lo que resulta razonable entender que el desequilibrio que debe compensarse debe tener su origen en la pérdida de derechos económicos o legítimas expectativas por parte del cónyuge más desfavorecido por la ruptura, a consecuencia de su mayor dedicación al cuidado de la familia.
El legislador catalán al introducir la pensión compensatoria en el art. 84 del Código de Familia , aprobado por Ley 9/1998, de 15 de julio, la consideró también como cuestión distinta e independiente de los alimentos, estableciendo un derecho de pensión de naturaleza compensatoria del perjuicio económico que como consecuencia de la separación o el divorcio podía presentarse para uno de los cónyuges en relación con el nivel de vida del que disfrutaba durante el matrimonio o del que pudiera mantener el cónyuge obligado al pago.
Ello no obstante sin decir que la pensión podía ser limitada, implícitamente admitía tal posibilidad en la medida en que en el art. 86,1, punto cuarto, del CF contemplaba como causa de extinción de la pensión el transcurso del plazo por el que se estableció.
Esta Sala sobre la base de la regulación catalana fue perfilando los contornos de esta figura jurídica.
Es exponente de ello la Sentencia TSJC de 7/2013 de 17-1-2013 que con cita de otras anteriores recordaba:
"Son muy diversas las ocasiones en las que, desde principios de esta década, se ha visto esta Sala enfrentada a la necesidad de interpretar los arts. 84 y 86 CF , habiendo podido establecer una doctrina ya consolidada sobre diferentes aspectos de la 'pensió compensatòria' para supuestos de ruptura matrimonial. En este sentido, hemos llegado a calificarla, siguiendo a la mejor doctrina, como una institución que prolonga la solidaridad matrimonial después de la ruptura de la convivencia, a fin de equilibrar en la forma más equitativa posible la situación económica en que queda el cónyuge más perjudicado económicamente por la nulidad, separación o divorcio, en relación con la que mantenía constante la relación matrimonial (S TSJC 8/2006 de 27 feb.), si bien con una vocación inequívoca de caducidad, en la medida en que así lo indica la fijación legal de una serie de causas que pueden producir su extinción, bien por motivos contemplados al tiempo de su constitución - fijación de un plazo- o bien por causas sobrevenidas relacionadas con su naturaleza y función reequilibradora (S TSJC 47/2003 de 11 dic.)..." .
Como decíamos en la STJC de 27-11-2014 el Libro II del Código Civil de Cataluña introduce modificaciones en la regulación de la pensión compensatoria que no son únicamente terminológicas -cambio de la expresión pensión por la de prestación por poder pagarse de una sola vez- sino también de fondo.
En orden a la temporalidad de la prestación, el legislador catalán ha dado un paso más en la línea de zanjar en la medida de lo posible y sin vulnerar principios éticos y de solidaridad, las relaciones personales y patrimoniales de las personas que habían estado unidas por vínculos matrimoniales en evitación de litigios y conflictos.
Así el Preámbulo del Libro II justifica el mantenimiento de la prestación compensatoria considerando que:
"Ciertamente, muchos divorcios afectan a matrimonios de duración media bastante breve y a personas relativamente jóvenes, por lo que, en general, o bien ambos pierden de forma parecida o bien la convivencia conyugal no ha comprometido irremediablemente las oportunidades económicas de ninguno de ellos. Eso no ha llevado, sin embargo, a alterar esencialmente la configuración legal de la prestación compensatoria. Se ha tenido en cuenta que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo no ha ido paralela, a la práctica, a un reparto de las responsabilidades domésticas y familiares entre los dos cónyuges y que en bastantes casos la actividad laboral o profesional de uno de los cónyuges se supedita aún a la del otro, hasta el punto de que, en determinados niveles educativos y de renta, continúa siendo habitual que uno de los cónyuges, típicamente la mujer, abandone el mercado de trabajo al contraer matrimonio o al tener hijos. Ambas circunstancias abonan reconocer el derecho a prestación compensatoria vinculándolo al nivel de vida de que se disfrutaba durante el matrimonio, si bien dando prioridad al derecho de alimentos de los hijos y fijando la cuantía de acuerdo con los criterios que la propia norma detalla. Sin embargo, para los casos en que la prestación se satisface en forma de pensión, se insiste en el carácter esencialmente temporal de esta, salvo que concurran circunstancias excepcionales que hagan aconsejable acordarla con carácter indefinido".
De dicho Preámbulo, así como de lo dispuesto en los artículos 233-14,1 y 233-17,4 puede deducirse que la finalidad actual de la pretensión compensatoria es la readaptación del cónyuge acreedor a la vida activa como consecuencia de las desmejoras económicas consiguientes a la disolución del matrimonio y a la pérdida de oportunidades experimentada precisamente por éste.
No se concibe ya como una garantía de sostenimiento vital por parte del antiguo cónyuge ni como un derecho automático a una prestación económica permanente.
Se presume que cada uno de los cónyuges debe ser capaz de mantenerse por sí mismo y que tras la disolución del vínculo el menos favorecido debe actuar en forma proactiva para adquirir bienes propios que permitan su digna sustentación sin quedar sujeto a la permanente dependencia del otro.
La pensión o prestación compensatoria tiende, pues, a compensar la disparidad en las condiciones de vida entre ambos creadas por el divorcio por el tiempo necesario para que el cónyuge que perdió o disminuyó sus oportunidades laborales pueda volver a adquirirlas y reestablecer el desequilibrio que se produce en relación con el nivel de vida del otro y el mantenido durante el matrimonio...".
La reiterada doctrina jurisprudencial sobre la prestación compensatoria se sintetiza, entre otras, en la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de Cataluña de 28 de abril de 2023 (nº 27/2023 ) cuando apunta que: "La finalidad de la pensión compensatoria según reiterada doctrina legal, por todas STSJC 10 de 14 febrero de 2019 y las que en ella se citan, es la readaptación del cónyuge acreedor a la vida activa como consecuencia de las desmejoras económicas consiguientes a la disolución del matrimonio y a la pérdida de oportunidades experimentada precisamente por éste. No se concibe ya como una garantía de sostenimiento vital por parte del antiguo cónyuge ni como un derecho automático a una prestación económica permanente.
Se presume que cada uno de los cónyuges debe ser capaz de mantenerse por sí mismo y que tras la disolución del vínculo el menos favorecido debe actuar en forma proactiva para adquirir bienes propios que permitan su digna sustentación sin quedar sujeto a la permanente dependencia del otro.
4. No se trata pues de una prestación de subsistencia en la cuantía necesaria que pueda exigirse en todo caso y prescindiendo de cualquier criterio de proporcionalidad al ex cónyuge con el cual ya no existe un vínculo familiar".
Y a ello añade la citada STSJ de 14-2-2019 (nº 10/2019): La pensión o prestación compensatoria tiende a restablecer la disparidad en las condiciones de vida entre ambos creadas por el divorcio, por el tiempo necesario para que el cónyuge que perdió o disminuyó sus oportunidades laborales pueda volver a adquirirlas y reestablecer el desequilibrio que se produce en relación con el nivel de vida del otro y el mantenido durante el matrimonio".
De lo anterior resulta que la prestación compensatoria no puede fundarse, exclusivamente, en la diferencia de ingresos entre uno y otro cónyuge, porque no es ese el motivo en que descansa su reconocimiento, ni la finalidad que se persigue, que no es la de garantizar un similar nivel de ingresos entre las partes ni perpetuar el nivel económico del que disfrutaba la pareja durante el matrimonio. Tampoco se trata de retribuir o compensar por esta vía el trabajo para el hogar familiar de uno de los cónyuges que pudiera facilitar al otro un ascenso laboral, económico o social, supuesto éste que, en su caso, debe encauzarse a través de la compensación económica por razón del trabajo, ex art. 232-5 CCC .
En este sentido, decíamos, entre otras muchas, en nuestra reciente sentencia de 2 de marzo de 2023 (nº222/2023 ):
"Pel que fa a la pensió compensatòria, dins de les diferents finalitats que tradicionalment pot perseguir la fixació d'una prestació compensatòria en les legislacions comparades, això és la finalitat de compartir els bens obtinguts constant matrimoni, la de compensar les pèrdues o detriments causats per la manera com s'ha conduit la vida matrimonial o la d`assistència mútua i cobertura de necessitats de l'altre cònjuge, el nostre CCCat no es decideix solament i únicament per una d'elles sinó que estableix un sistema híbrid, tot i que més inclinat cap a la compensació i menys cap a la consideració d'aliment, més cap a la funció reparadora i menys cap l'assistencial, cosa que sí fa el CC espanyol.
De fet sembla que el que es pretén és que l'assistència es faci compatible amb l'autosuficiència de manera que el cònjuge divorciat ha de proveir al seu propi sosteniment, i així sembla traspuar de diverses disposicions, com ara quan l'article 233-15 c) ordena al jutge que es valori a l'hora de fixar-la "les perspectives econòmiques dels cònjuges", o quan a l'article 233-17.4 proclama la temporalitat de la prestació si s'abona en forma de pensió llevat de circumstàncies excepcionals que permetin fixar-la amb caràcter indefinit.
La raó d'esser està en que la prestació compensatòria ha de promoure sempre que sigui possible la rehabilitació personal i professional del beneficiari i aquest objectiu limita en el temps la funció assistencial pròpiament dita.
Finalment la funció reparadora que pugui tenir també té un topall, quan es fixa que la prestació no pot ultrapassar el nivell de vida del que es gaudia constant matrimoni. El TSJC ha dit moltes vegades que l'antiga pensió compensatòria tenia la finalitat de reequilibrar de la manera més equitativa possible la situació econòmica en que queda el cònjuge més perjudicat perllongant la solidaritat conjugal més enllà de la ruptura, però amb una clara vocació de caducitat.
Així doncs podríem concloure que diferentment a com succeeix amb la prestació econòmica per raó de treball, la finalitat d'aquesta prestació compensatòria és atorgar, a la part que s'ha dedicat a la família i per tant ha descuidat la seva vida professional, una ajuda econòmica entretant no s'incorpora al mercat laboral."
El recurs d'apel·lació es fonamenta en què totes dues parts van manifestar en el judici que durant la convivència van mantenir una "organització familiar tradicional per la qual tots dos estaven d'acord que la mare s'encarregava de la llar i la criança dels fills i el pare del sosteniment econòmic familiar". El matrimoni es va celebrar l'11 de juliol de 2017, quan l'actora tenia 19 anys, que el primer fill va néixer el NUM000 de 2019, poc després de que l'actora arribés a Espanya, i el segon al gener de 2022, 'actora va estar una temporada al Marroc des d'agost a febrer de 2023, es va encarregar dels fills petits i que tot això, segons l'apel·lant, va impossibilitar que s'incorporés al món laboral i que aprengués l'idioma, "atès que el seu marit no li deixava relacionar-se amb ningú, sent aquest un dels fets objecte de la seva denúncia penal". A més a més, explica els horaris escolars dels fills menors, que dificulten encara més la seva capacitat per trobar ocupació.
Quan la seva capacitat econòmica, s'acredita que ja no cobra la prestació RAI ni cap altra ajuda pública, ni tampoc no l'ingrés mínim vital i malgrat haver-lo sol·licitat i que "en la Seguretat Social li van dir que alguna persona la cobra en el seu nom".
Que ha de fer front al pagament del lloguer per import de 450 € al mes, a més dels subministraments bàsics, i que ha rebut algun requeriment de pagament i suspensió de subministraments per falta d'ingressos.
I quant a la capacitat econòmica del pare, en l'acte de la vista va manifestar que vivia amb els seus pares, que cobra mensualment entre 1800 i 2000 € i que segons el parer de l'actora "tiene una estabilidad económica porque lleva muchos años trabajando en este sector, concretamente 19 años",que no paga lloguer ni subministraments perquè ho fan els seus pares i que únicament va manifestar com a despeses personals les despeses d'adquisició d'un cotxe nou.
El pare s'oposa al recurs en un escrit en el qual sosté que el divorci no afectà a la capacitat laboral a la mare ja que es troba la mateixa situació que durant el matrimoni, que la dedicació a la família no pot ser un impediment per a treballar ja que els menors acudeixen a l'escola bressol, que l'actora "ha podido trabajar durante el matrimonio, pero no ha querido",que tampoc ha volgut aprendre l'idioma a pesar que porta més de sis anys a Espanya i que "tampoco ha buscado empleo aunque sea para desempeñar un trabajo de baja cualificación y más aún estando en una localidad como Lleida donde se necesitan temporeros para la recolección de la fruta sin que sea del todo necesario saber español a la perfección".
A més d'això, escau recordar que el matrimoni es va celebrar l'11 de juliol de 2017 i que la denúncia policial que va donar origen al procediment VIDO té data de 30 de març de 2023. En la demanda es fonamentava la petició de la pensió en una quantia de 400 € mensuals (que en la vista es concretà temporalment en tres anys) en què l'actora no té estudis, manca d'ingressos i mai ha desenvolupat cap treball ja que s'havia dedicat íntegrament a cura dels fills i la família, i a més a més no parlava català ni castellà.
La mare va aportar com a mitjans de prova la seva vida laboral, en la qual consta que no ha treballat mai però que sí va cobrar la renda activa d'inserció per ser víctima de violència de gènere i amb un import de 480 €, així com l'últim rebut bancari de 10 d'abril de 2024 amb el pagament de 320 € per aquella pensió. I també els documents següents:
- el certificat del SEPE de 7 de maig de 2024 que acredita que no figura com a beneficiària de cap prestació per desocupació.
- sol·licitud de 7 de novembre de 2023 per a la prestació de l'ingrés mínim vital, en la qual es fa constar que "a mà li escriuen que han de mirar el seu expedient".
- justificant de la Creu Roja de 17 de maig de 2024 en el qual consta la seva situació de vulnerabilitat econòmica i social i el suport d'aliments i altres productes de primera necessitat, així com que rep "recursos d'informació, orientació i seguiment social i laboral, i que ha participat en tallers de benestar personal i d'aprenentatge d'idiomes".
- Contracte de lloguer del seu habitatge amb una renda mensual de 450 €, més el rebut de pagament de la fiança i els de pagament del lloguer, així com dels subministraments.
En l'informe emès pel SATAV s'indica que en el moment de l'entrevista la mare feia cursos de formació per a inserir-se en el món laboral i que estava vinculada als serveis socials, que li oferien suport econòmic i aliments.
Així les coses, entenem que la prova ha determinat de manera clara que l'apel·lant es va dedicar a la cura de la llar i la canalla, que això li va impedir accedir al món laboral (els nens eren molt petits) i de formar-se. El pare, al seu torn, té capacitat econòmica suficient, ha declarat que ni tan sols no ha de pagar lloguer i a més a més les quanties de les pensions d'aliments són molt baixes.
De manera que entenem que una pensió d'un import de 300 euros durant el termini de dos anys és suficient per assegurar que si més la mare pugui aprendre l'idioma i incorporar-se amb una mínima garantia a una feina. La qual cosa implica estimar parcialment el recurs.
TERCER. COSTES PROCESSALS.
L'estimació parcial del recurs implica que cada part hagi d'assumir les seves costs conforme els articles 394 i 398 Lec.
Estimem parcialment el recurs d'apel·lació interposat per Abilio contra la Sentència núm. 34/2024, de 31 de maig, dictada pel Jutjat de Violència contra la Dona núm. 1 de Lleida en el divorci contenciós núm. 92/2023, aclarida per la interlocutòria de 20 de juny de 2024, que revoquem parcialment i:
PRIMER. Condemnem Severiano a abonar a l'actora una pensió compensatória d'un import de 300 euros mensuals, durant el termini de dos anys.
SEGON. Cada part ha d'abonar les seves costes causades en la tramitació d'aquest recurs.
Aquesta resolució s'ha de notificar a les parts.
S'han de retornar les actuacions al jutjat de procedència, amb certificació d'aquesta resolució, perquè es compleixi el que s'ha acordat.
Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem en els supòsits que preveu l' article 477.1 de la LEC, sempre que es compleixin els requisits legals i establerts per jurisprudència.
També s'hi pot interposar un recurs de cassació en relació amb el dret civil català, en els supòsits de l' article 3 de la Llei 4/2012, de 5 de març, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya.
El recurs s'ha d'interposar per mitjà d'un escrit que s'ha de presentar en aquest òrgan judicial en el termini de vint dies a partir de l'endemà de la notificació.
L'escrit ha d'estar fonamentat i ha de contenir les al·legacions en què es basa el recurs. Així mateix, s'ha de constituir, al compte de dipòsits i consignacions d'aquest òrgan judicial, el dipòsit a què es refereix la disposició addicional 15a de la Llei orgànica del Poder Judicial, reformada per la Llei orgànica 1/2009, de 3 de novembre. Si no es compleixen aquests requisits, no es podrà admetre el recurs.
Així ho manem i ho signem. Els magistrats i magistrades.
Podeu consultar l'estat del vostre expedient a l'àrea privada de seujudicial.gencat.cat.
Les persones interessades queden informades que les seves dades personals s'han incorporat al fitxer d'assumptes de l'oficina judicial, sota la custòdia i responsabilitat d'aquesta, on es conservaran amb caràcter confidencial i es tractaran amb la màxima diligència.
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Amb relació al tractament de les dades amb finalitat jurisdiccional, els drets d'informació, accés, rectificació, supressió, oposició i limitació s'han de tramitar conforme a les normes que siguin aplicables en el procés en què s'obtinguin les dades. Aquests drets s'han d'exercir a l'òrgan o oficina judicial en què es tramita el procediment i n'ha de resoldre la petició qui en tingui la competència atribuïda en la normativa orgànica i processal.
Tot això de conformitat amb el Reglament EU 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, la Llei orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el capítol I bis del títol III del llibre III de la Llei orgànica 6/1985, de l'1 de juliol, del poder judicial.
