Sentencia Civil 318/2025 Audiencia Provincial Civil de Lleida nº 2, Rec. 952/2023 de 09 de abril del 2025

PRIMER. RESUM DE LES ACTUACIONS PRACTICADES EN PRIMERA INSTÀNCIA.

A la vista que en els fonaments següents s'analitzen a bastament les qüestions plantejades en instància, només indicarem que l'actor va interposar una demanda en reclamació dels danys personals i patrimonials que se li van causar en una operació oftalmològica efectuada pel cirurgià demandat. La jutgessa d'instància va desestimar la demanda en entendre que el consentiment informat acomplia amb els requisits legals i que la intervenció s'havia efectuat conforme a la lex artis, per la qual cosa no va resoldre la resta de qüestions debatudes. L'actora apel·la tots els pronunciaments de la sentència, per diferents motius que resolem en els fonaments següents.

SEGON. RESOLUCIÓ SOBRE LA NATURALESA CURATIVA O SANATIVA DE LA INTERVENCIÓ.

Establir aquesta naturalesa és rellevant per resoldre la qüestió, pels motius que hem establert reiteradament i que recordem en nostra SAP número 432/2024, de 14 de juny, dictada en el recurs d'apel·lació 1400/2022 (ponent Sr. Guilanyà):

SEGUNDO.- En el ámbito de la medicina, es clásica la distinción entre medicina curativa, necesaria o asistencial y medicina voluntaria o satisfactiva. La primera actúa ante una determinada patología. La segunda es aquella en la que el interesado acude al médico, no para la curación de una dolencia patológica, puesto que se actúa sobre un cuerpo sano, sino para el mejoramiento de su aspecto físico o estético, siendo en estos casos plenamente voluntaria la asistencia sanitaria y absolutamente libre la relación entre el facultativo y quien solicita su intervención, en tanto no resulta impuesta por un deterioro de la salud que la convierta en necesaria.

La diferencia no es baladí, puesto que, en el primer caso, medicina curativa, estamos ante una obligación de medios, mientras que, en el segundo, medicina satisfactiva o voluntaria, estamos ante una obligación de resultado. De manera sintética cabe afirmar que la obligación de medios tiene por objeto el desarrollo de una actividad diligente por parte del deudor, mientras que en la obligación de resultado el deudor se compromete a alcanzar este, integrándose dicho deber en el objeto mismo de la obligación contratada. Como señala el TS en su Sentencia núm. 334/1997, de 22 de abril , relativa a una operación para la eliminación de varices, que "el resultado siempre está presente en la obligación; en la de actividad, ésta es el objeto de la obligación; en la de resultado, su objeto es el resultado mismo. Ello implica dos consecuencias: la distribución del riesgo y el concepto del incumplimiento, total o parcial, siendo este último el llamado también cumplimiento defectuoso. El deudor de obligación de actividad ejecuta la prestación consistente en tal actitud y cumple con su ejecución adecuada y correcta; el deudor de obligación de resultado, ejecuta la prestación bajo su propio riesgo, ya que tan sólo hay cumplimiento si se produce el resultado. A su vez, lo anterior se relaciona con el cumplimiento; en la obligación de actividad, la realización de la conducta diligente basta para que se considere cumplida, aunque no llegue a darse el resultado: lo que determina el cumplimiento no es la existencia del resultado, sino la ejecución adecuada y correcta, es decir, diligente, de la actividad encaminada a aquel resultado. El cumplimiento de la obligación de resultado, por el contrario, requiere la satisfacción del interés del acreedor consistente en la obtención del resultado. En consecuencia, en la obligación de resultado, la no obtención de éste, que implica incumplimiento de obligación, hace presumir la culpa; en la obligación de actividad, es precisa la prueba de la falta de diligencia, para apreciar incumplimiento".

Ahora bien, en ocasiones, como recuerda la sentencia apelada, puede que el acto médico participe de ambas características, como de hecho apunta ya el TS en su STS de 22 de junio de 2004 , donde se muestra la posibilidad de aplicar conjuntamente ambas obligaciones. Se trataba de una reducción mamaria de una mujer de 36 años para disminuir los dolores de espalda (obligación de medios), frenando así la osteoporosis que empezaba a padecer en fase inicial, al mismo tiempo que se realizaba su reconstrucción plástica- estética, siendo esta última considerada como una obligación de resultados, dado que, tal y como se establece en la propia sentencia " no le puede ser indiferente cómo queden sus pechos tras una intervención conveniente para aliviar sus dolores de espalda pero modo alguno necesaria para salvar su vida o evitar un mal mayor en la propia zona intervenida; concluyendo de forma que si a la finalidad curativa de la intervención se añade la satisfactiva, participando entonces la prestación médica de un doble carácter de obligación de medios y de resultado.".

(...)

TERCERO.- En relación con la evolución jurisprudencial que es evidente se ha producido (como asimismo recoge la sentencia apelada), en el tratamiento de las negligencias médicas en los últimos años, y por lo que aquí nos interesa, esta evolución se produce con las STS que diferencian nuevamente entre medicina curativa y medicina voluntaria, y añaden una clara referencia al deber de información, ya que ésta última al depender de la voluntad del paciente para someterse a la misma, la información que se le ofrece, deberá ser mucho más rigurosa, detallada y exacta, para que de ese modo, se pueda valorar libremente, y así la STS 6400/2005 - ECLI: ES:TS:2005:6400 en su Fundamento de Derecho Tercero establece que con más razón es exigible tal derecho (de información) cuando el paciente tiene un mayor margen de libertad para optar por el rechazo de la intervención habida cuenta la innecesariedad o falta de premura de la misma; a lo que debe añadirse la oportunidad de mantener un criterio más riguroso, que respecto de la medicina asistencial, porque la relatividad de la necesidad podría dar lugar en algunos casos a un silenciamiento de los riesgos excepcionales a fin de evitar una retracción de los pacientes a someterse a la intervención.

Añade el TS que esa información es para decidir si se presta finalmente su consentimiento o desiste de la operación, siendo está decisión dependiente únicamente del paciente (cliente). De tal forma que, la propia Sala nos recuerda y expone, al mismo tiempo, que el deber de información en la medicina satisfactiva (en el caso, cirugía estética), en la perspectiva de la información dirigida a la obtención del consentimiento para la intervención, también denominada en nuestra doctrina "información como requisito previo para la validez del consentimiento", que es la que aquí interesa, como información objetiva, veraz, completa y asequible, no solo comprende las posibilidades de fracaso de la intervención, es decir, el pronóstico sobre la probabilidad del resultado, sino que también se debe advertir de cualesquiera secuelas, riesgos, complicaciones o resultados adversos se puedan producir, sean de carácter permanente o temporal, y con independencia de su frecuencia y de que la intervención se desarrolle con plena corrección técnica.

En este punto la Sala Primera del TS lo que pretende, es que no sólo se informe al paciente (cliente) de los meros riesgos que pueden ocurrir, así como de consecuencias adversas y secundarias. Se entiende que al ser medicina satisfactiva, la información que se ofrece debe ser completa, a tal punto, que sólo quedan excluidos los desconocidos por la ciencia médica en el momento de la intervención. Así, la Sala concluye que debe advertirse de la posibilidad de dichos eventos, aunque sean remotos, poco probables o se produzcan excepcionalmente, y ello tanto más si el evento previsible no es la no obtención del resultado sino una complicación severa, o agravación del estado estético, haciendo, por tanto, no sólo un recordatorio del deber y obligación de información, sino a su vez, reforzándolo y prestándole mucha más importancia que la hasta ahora ofrecida.

Recordar pues, que el consentimiento e información son deberes médicos impuestos por la ley, y cuya omisión puede generar responsabilidad civil si se causan daños. En este sentido, el art.1104 CC establece que la culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, por lo que, está haciendo referencia a la lex artis ad hoc que todo facultativo debe prestar atención, haciendo uso siempre de los medios que mejor disponga, así como la correcta y prudente negligencia de un buen profesional.

Sobre la omisión de la información de los riesgos y el daño que puede causar la intervención que se viene a realizar por el médico, según se considere o no que la falta de información o de consentimiento informado se conecta causalmente con los daños a la vida o a la integridad física del paciente se pueden llegar a dos conclusiones diferentes. Si se niega el nexo causal, deberá absolverse al médico demandado, pues la relación de causalidad es un elemento imprescindible en la responsabilidad por daños (en el caso de que haya actuado correctamente bajo la obligación de medios). Si se reconoce que existe relación de causalidad, debe determinarse claramente de qué daños es responsable el médico.

Precisamente no podemos dejar tampoco de analizar la causalidad del resultado, puesto que la más reciente jurisprudencia, incluso en los casos de medicina satisfactiva, se aparta de la inversión de la carga de la prueba y pone especial énfasis en la causalidad, que valga decir que, superadas las viejas teoría, se centra actualmente en la causalidad adecuada y la no aplicación de la imputación objetiva. De esta forma se relaciona que en el ámbito de la responsabilidad profesional del médico debe descartarse las responsabilidad objetiva y una aplicación sistemática de la técnica de la inversión de la carga de la prueba; en tanto que, el criterio de imputación del art. 1902 del CC se funda en la culpabilidad y exige del paciente la demostración de la relación o nexo de causalidad y la de la culpa en el sentido de que ha quedar plenamente acreditado en el proceso que el acto médico o quirúrgico enjuiciado fue realizado con infracción o no-sujeción a las técnicas médicas o científicas exigibles para el mismo.

En el cas que discutim en l'actora sosté que pretenia sotmetre's a una intervenció de "lensectomía refractiva, es decir, corregir los defectos de graduación asociados a los problemas de visión, mediante la sustitución de la lente natural del ojo (el cristalino) por una lente artificial".

No obstant això, resulta que finalment es va operar l'actor d'una cataracta, amb el consentiment informat per a aquesta operació, cataracta que no apareix descrita en cap documentació anterior i que, com desenvoluparem més endavant, inclús en el cas d'acceptar-se que existia els propis perits de la demandada han manifesta que es desconeixeria quina era la seva naturalesa, evolució i gravetat.

Quant a la naturalesa curativa o voluntària de l'operació de cirurgia refractiva, la SAP Girona, Secció 2a, número 254/2016 de 12 de juliol estableix això següent:

Partiendo por tanto de los hechos relacionados en la demanda, los cuales no han sido objeto de específica impugnación en el recurso, no comprende la Sala a que se quiere referir este primer motivo del recurso con cita jurisprudencial relativa a la medicina voluntaria o satisfactiva, cuando la sentencia apelada analiza si la utilización en oftalmología de la cirugía refractiva "Lasik", se encuadra en la medicina curativa o se incardina dentro de la medicina voluntaria, analizando la jurisprudencia al respecto, la cual viene a considerar mayoritariamente que se trata de un supuesto de medicina curativa cuando la visión del paciente sea precaria o concurran circunstancias que la sitúen más cercana a la medicina asistencial, lo que hace que en el caso examinado, el tratamiento quirúrgico llevado a cabo, dada su evidente incidencia curativa, se incardina dentro de la medicina de esta naturaleza, (curativa), extrayéndose de ello que el facultativo no asume una obligación de resultado, sino de medios, pues aunque el fin perseguido por la actuación del médico es la curación del paciente, este fin se mantiene fuera de la obligación del facultativo, por no poder garantizarlo, siendo el objeto de la obligación del médico un proceder diligente y acomodado a la "lex artis" y no el fin, pues se trata de una obligación de medios y no de resultado, por cuanto en su actividad se halla siempre presente un elemento aleatorio en el sentido de que el resultado buscado no depende exclusivamente de su proceder, sino de otros factores, endógenos y exógenos a su actuación que escapan a su control, criterio que la Sala recoge de forma sintética, pero que es el reflejado por la sentencia apelada,

Per tant, la qüestió dependrà de les circumstàncies d'aquest cas concret. I resulta que no s'ha acreditat absolutament cap circumstància que faci pensar que es tractava a priori d'una operació necessària i amb caràcter curatiu sinó que, com sosté l'actora, el que pretenia era deixar de fer les ulleres. Això, pels motius següents.

En primer lloc, perquè com hem avançat i pels motius que analitzarem posteriorment, no existeix absolutament cap documentació que acrediti que abans de l'operació l'actor patís de cataractes, i tret del consentiment informat sobre el qual es discuteix la seva idoneïtat. I, repetim, en el millor dels casos per a les demandades es podria determinar l'existència d'una cataracta però es desconeixeria absolutament quin era el seu estat, evolució i gravetat. I, per tant, la suposada necessitat d'operar-la per criteris sanatius.

En segon lloc, perquè com també analitzarem en el seu moment, els perits han discutit quina era l'agudesa visual i les diòptries que patia l'actor abans i després de la intervenció discutida. Però el que no es discuteix pas és que en els informes de l'Òptica Universitària d'abril de 2014 i setembre de 2016 resulta una agudesa visual d'1 punt i en els de la Clínica Baviera de 0,35 sense correcció i 0,75 amb correcció. Per tant, en absolut una afectació de la visió que fes indispensable una intervenció de caràcter curatiu.

En tercer lloc i finalment, perquè la part actora va acudir el 2014 a un tercer centre, la Clínica Baviera, per interessar-se per aquesta cirurgia, en la documentació que hi consta apareix la indicació "es vol operar", no existeix cap document que acrediti una finalitat curativa i en la vista no es va practicar cap testifical al respecte. I en les indicacions del doctor demandat del 7 de setembre de 2018 es fa constar "se quiere operar; planteo multifocales".

En conclusió, ens trobem davant una operació de caràcter voluntari, amb tot el que això implica segons la jurisprudència que hem citat anteriorment.

TERCER. VALORACIÓ DE DEL CONSENTIMENT INFORMAT.

En la demanda se sostenia que el consentiment no va acomplir amb els requisits legals per tres motius.

El primer d'ells, perquè el document de consentiment informat es va signar el 7 de setembre de 2018 i per a una cirurgia de cataractes a fer el mes de desembre del mateix any, però finalment es va fer més de cinc mesos més tard, el 13 de febrer de 2021. Això va suposar, el seu judici, una falta d'informació que es va suplir el dia de la informació simplement pegant en la full del consentiment informat un adhesiu amb les dades del pacient, documentació que no va estar signada.

El segon motiu és que el document de consentiment informat "no añade ningún riesgo personalizado ni las alternativas existentes, puesto que existían otras alternativas posibles a la operación, como indica el perito que ha aportado esta parte en su informe".

I el tercer d'ells és que en aquell consentiment "no está reseñado específicamente el magma y rotura de la cápsula cristaliniana",que es va trencar en l'operació per una maniobra del cirurgià i va provocar la sortida del vitri.

I s'afegeix que tampoc no es va signar el consentiment de l'anestèsia i que no es van lliurar al pacient instruccions preoperatòries.

La sentència resol aquesta qüestió de la manera següent.

A pesar que la jutgessa indica que "sí puede sorprender que el documento entregado lo es para cirugía de cataratas",considera que això no obsta per a entendre que el seu contingut i finalitat van complir amb els requisits legals.

I això, d'una banda, perquè en aquest document consta "la explicación de todas las posibles complicaciones que pueden surgir en la intervención y como consecuencia de la misma"i que "describe la posibilidad de ocurrencia de las consecuencias que padeció el demandante, incluida la ruptura de cápsula posterior y salida de vítreo; asimismo, se especifica la técnica concreta a practicar y sobre qué partes del ojo".Malgrat això, la sentència també recull que el pèrit privat de l'actora "tiene razón en cuanto que la posible rotura de cápsula se contempla dentro de otra fase donde se alude a la complicación de desprendimiento de retina, pero no por ello deja de estar incluida como riesgo de la intervención".

I, d'altra banda, perquè la jutgessa considera que l'operació de cataractes i la de cirurgia refractiva són molt similars i que "se trata de dos cirugías con una técnica común que implica la extracción del cristalino, que en el caso de las cataratas está opacificado y suele sustituirse por una lente monofocal, y que en el caso de la cirugía de corrección visual suele ser un cristalino transparente y se sustituye por una lente multifocal a fin de corregir la visión; sin entrar en aspectos relativos al resultado a obtener, en lo que a técnica y complicaciones se refiere, no ha quedado probado que ambas sean diferentes en cuanto a que la segunda ofrezca mayor dificultad o mayores riesgos, pese a las afirmaciones del perito doctor Jesús" (el pèrit de l'actora).

Això és, que la jutgessa entén que malgrat "ser sorprenent" que el consentiment sigui per una operació de cataractes i reconèixer que el pèrit judicial té raó quant a que el risc de trencament de la càpsula només s'hi conté quan fa esment al vessament de retira, acaba concloent la validesa del consentiment informat perquè ho inclou igualment i perquè les operacions de cataractes i la de cirurgia refractiva "tenen una tècnica comú" i que "ambas sean diferentes en cuanto a que la segunda ofrezca mayor dificultad o mayores riesgos".

No compartim aquesta conclusió, pels motius següents: perquè la càrrega d'acreditar aquesta similitud correspondria a la demandada, perquè la demandada no ha plantejat aquesta qüestió com un motiu d'oposició en el moment processal correcte i perquè a més a més no ho ha acreditat.

Efectivament, i en primer lloc, és clar que aquesta suposada similitud és defensable i també que "no ha quedado probado que ambas sean diferentes en cuanto a que la segunda ofrezca mayor dificultad o mayores riesgos",però la càrrega d'acreditar-ho no és pas de l'actora sinó de la part demandada, qui no discuteix que el consentiment informat va ser per a una cirurgia de cataractes i que és qui planteja aquesta equivalència. Per tant, i més encara si recordem que ens trobem davant una intervenció de caràcter voluntari, qualsevol dubte sobre aquest tema haurà de perjudicar la demandada.

El segon motiu és que les demandades no van plantejar aquesta suposada similitud com un motiu de validesa del consentiment informat en les seves contestes ni en l'audiència prèvia, i tampoc no apareix en cap dels seus dictàmens pericials.

Efectivament, enlloc de la contesta conjunta del cirurgià i l'asseguradora es fa el més mínim esment a aquesta suposada similitud, i tampoc no en la d'ASISA, que únicament fa esment a la similitud del consentiment informat discutit amb el que es va lliurar per l'operació de vitrectomia efectuada per mirar de reparar els danys, documents que considera "tienen un formato idéntico"i que "ambos son documentos estandarizados de Oftalvist i ambos cumplen con el mismo nivel de información que exige la Sociedad Española de Oftalmología".Tanmateix, i deixant al marge la data ja definitiva per si sola que el segon consentiment no és pas per una operació de cirurgia refractiva sinó per una vitrectomia, no cal més que comparar el contingut de tots dos per comprovar que en absolut tenen el mateix contingut ni les mateixes característiques.

Així doncs, les contestes sostenen la validesa del consentiment informat però no pas per l'equivalència amb el d'una operació de cirurgia refraciva sinó perquè s'hi fa constar la possibilitat del trencament de la càpsula i la sortida del vitri, perquè s'hi va informar prèviament al pacient i perquè el retard en l'operació no va estar imputable ni al cirurgià o a la clínica. Podria ser admissible, però, que aquesta causa d'oposició a la demanda resultés de les pericials de les demandades, però és que tampoc no en resulta.

Començant per l'anàlisi de la pericial del cirurgià demandat, confeccionada pel Dr. Julián, tal com es va reproduir la sentència no l'analitza ni cita cap part del seu contingut sinó que considera que, per motius que no especifica, permet arribar a la conclusió que se sosté. I examinada aquesta pericial no veiem cap argument que justifiqui la coincidència de tècniques entre totes dues operacions perquè simplement no planteja aquesta qüestió.

Efectivament, en les seves pàgines un a tres fa un resum de la documentació mèdica i les actuacions practicades. En la pàgina quatre analitza "l'objectiu de la cirurgia" i es descriu breument en què consisteix l'operació que pretenia inicialment el pacient, sense fer cap referència a la de cataractes i molt menys a cap comparació entre les seves tècniques i riscos. En la pàgina cinc i següents es relaciona la "informació rebuda" i es considera que la prestada va ser vàlida i que en el consentiment informat "se menciona que una de las complicaciones posibles en toda cirugía del cristalino es la ruptura de la cápsula posterior, siendo ésta una de las causas de un posible desprendimiento de retina cuando hay salida de vítreo".En les pàgines següents es defensa l'actuació correcta del cirurgià i finalment en les pàgines vuit a deu es concreten les conclusions i en cap d'elles no es fa referència a la suposada similitud de totes dues operacions per a justificar la validesa del consentiment informat. I tot plegat és coherent amb la contesta dels seus clients, que no platejaven aquesta qüestió com a motiu de defensa.

Quant al dictamen pericial emès per la senyora Africa, ens trobem en la mateixa tessitura.

En les primeres pàgines es fa un resum de l'esdevenir de les actuacions quirúrgiques, a partir de la pàgina sis es descriu en què consisteix la cirurgia refractiva, amb bastant detall, i també s'esmenta en algun moment la cirurgia de cataracta però en absolut amb l'abast i intenció que ara es pretén. I a partir de la pàgina novena s'analitza la validesa del consentiment informat.

I en aquest apartat la perit dedica un punt a descartar que pugui existir cap negligència en la demora de la intervenció des de la signatura del consentiment informat, un altre a defensar que el trencament de la càpsula i la sortida de vitri s'incloïa entre les complicacions, un altre a descartar que la falta de concreció de la documentació redactada durant el preoperatori i posteriorment pugui donar lloc a negligència i la resta del document a justificar que es tracta d'una complicació ordinària i que l'actuació del cirurgià va estar correcta.

Finalment, en les seves conclusions es fa un resum de tot l'anterior però enlloc es defensa expressament i de manera argumentada la validesa del consentiment informat per la gran similitud entre totes dues operacions.

En conclusió, aquesta qüestió no va aparèixer a discussió fins a l'acte del judici i concretament amb les preguntes que es van fer fonamentalment al perit judicial i als perits de les demandades. D'aquesta manera, si es pretenia elevar la qüestió a la categoria que finalment s'ha pretès s'havia d'haver plantejat de manera més clara i en un moment anterior. Però és que fins i tot entenem que en el cas d'admetre's plenament a discussió, de la valoració conjunta de les proves no es pot arribar a la conclusió de la sentència d'instància.

Efectivament, la sentència arriba a aquesta conclusió després de citar textualment una part del dictamen pericial de l'asseguradora i a continuació indicar que "es decir, a tenor no sólo de estos informes, sino de todos los informes médicos aportados y de las periciales de los doctores ya mencionados, más el doctor Julián (pèrit del cirurgià demandat) se trata de dos cirugías con una técnica común". No obstant això, no podem compartir aquesta conclusió, per diversos motius.

Quant als "informes mèdics aportats", la sentència no indica quins són ni quina part del seu contingut permet arribar a aquesta conclusió. De fet, és definitiu que ni tan sols les demandades ho indiquin ni en les seves contestacions a la demanda, ni en les seues pericials ni en la seva oposició al recurs d'apel·lació. Pel que, i tenint en compte a més la molt deficient informació que es recull en la documentació redactada pel cirurgià i la clínica, la conclusió pretesa no pot derivar-se de la documental.

Pel que fa a les pericials, la sentència ja apunta que no existeix unanimitat entre els seus autors. I aquí remarcarem dues coses: que no s'ha acreditat l'existència i abast d'una cataracta, ni la suposada coincidència de tècniques i riscos, ni la suposada coincidència de contingut dels documents de consentiment informat.

Efectivament, la sentència indica que el perit judicial "dio importancia"a que el consentiment informat fos per a operació de cataractes i no per a la cirurgia refractiva i reprodueix textualment la seva expressió "el consentimiento informado debe ser específico de esta cirugía refractiva, que es más difícil que la convencional de cataratas".I, d'altra banda, reprodueix també una de les conclusions de la pericial de l'asseguradora al respecte que "el consentimiento de cataratas es válido para esa intervención".I acaba reconeixent més eficacia provatòria a les pericials privades de les demandades que a la d'un pèrit judicial independent per motius que no estan explicitats ni motivats.

El perit judicial va ser molt clar al respecte que de la documentació aportada no es pot extreure cap diagnòstic d'una cataracta anterior, que les operacions discutides eren diferents i que els consentiments informats també ho haurien d'haver estat.

Així, el lletrat de l'actor li va preguntar per què es van produir tots els danys, i va respondre que podia passar per diferents raons, però que "está claro que es un riesgo que debe ser explicado claramente, sobre todo en un caso de cirugía refractiva y en un ojo que ve bien; una cosa es un ojo que ve el 20%, con una catarata que hay una enfermedad y no hay más remedio, pero aquí no estaba explicado".A la vista de la documentació que va poder examinar va reiterar que la causa del mal és de l'operació, i el lletrat li va llegir la conclusió del seu dictamen, la qual va ratificar. Li va preguntar si va ser una "actuación negligente del cirujano"i respongué que va estar "nefasta".El lletrat li va indicar que en el seu dictamen manifestava que no és el mateix una operació de cataractes que una cirurgia refractiva, que hi ha diferències i que el consentiment informat degué d'haver-se lliurat a la segona intervenció i no per a la de cataractes, cosa que el perit el va ratificar i va manifestar que "primero, en la catarata puede ser que haya una rotura capsular pero si es una lente monofocal la puedes poner en algún otro sitio y se soluciona un poco; en la cirugía refractiva el mínimo fallo que hay y que una cosa que no salga perfecta ya no puedes poner la lente multifocal, porque tiene que estar perfectamente centrada o ya no vale; la lente multifocal da una serie de problemas, aunque vaya todo muy bien, que no está explicado; y además, otra complicación o consecuencia es que muchos pacientes no se acostumbran, hay personas que no se acostumbran ni a las gafas multifocales, así que imagínate tenerla dentro del ojo, es una cirugía mucho más fina y delicada, y lo más importante es que salimos de una buena visión, no salimos de un ojo que no ve, sino que ve perfectamente con gafas".Se li va preguntar si existeixen models de consentiment informat per a aquesta mena de cirurgia, i va respondre "por supuesto"i que no és el que se li va fer signar a l'actora. I fa insistir que l'actor no tenia cap cataracta ni pèrdua de claredat del cristal·lí, doncs "al señor Celso no le sale diagnóstico, no hay historia clínica, dicen que lo operan de cataratas, pero no hay una visita en que digan "a este señor se le opera de cataratas porqué ve tanto y tiene catarata de grado tres, grado dos, uno, el que sea", no hay nada de esto ni en el curso clínico ni en la documentación que ha aportado la clínica".

Per tant, una declaració bastant contundent i d'un pèrit judicial independent de les parts.

Això quant a la seva declaració i al seu dictamen, perquè pel que fa a la prova documental que suposadament hauria d'acreditar l'existència d'una cataracta, reiterarem que no existeix absolutament cap referència no ja en la documentació redactada pel demandat i que hauria d'existir, sinó en cap altre document.

El pèrit de la demandada, al seu torn, va respondre a preguntes de l'actora sobre si es donaven les mateixes complicacions en un cristal·lí transparent que en un amb falta de transparència responent que "las complicaciones son las mismas, el riesgo es mayor en una catarata muy hecha, en una catarata madura, o en una catarata traumática".Y que en este caso "no hay evidencia de que hubiera falta de transparencia".

La suposada existència d'aquesta cataracta va ser defensada pels perits de les demandades sobre la base de simples suposicions derivats de l'experiència general. Així, la doctora Africa, el dictamen pericial del qual és el que la jutgessa té en compte per a resoldre la qüestió, va manifestar això següent en el judici:

Como en este paciente efectivamente hay muy poca documentación clínica aportada, no sabemos en qué momento partió el cristalino, la dureza o la opacificación de este paciente, y yo les digo que todo paciente por encima de 50- 40 años tiene cierta opacificación del cristalino, la catarata no empieza a partir de los 60-70, el señor Celso a su edad ya tenía cierta catarata, no sabemos el grado de catarata que tenía, podemos intuir que ya tenía una pérdida de visión en torno al 20, 30, 40% por lo que vimos en el primer informe de la Clínica Baviera, donde se registra en el otro ojo, en el no operado, una agudeza visual de 0,7 creo recordar, cuando ya se había operado el primer ojo, ya tenía cierta pérdida de transparencia, no era un cristalino ciertamente transparente".

Més endavant, en respondre a preguntes del lletrat de l'actora va pretendre acreditar l'existència de la cataracta en el contingut de la reclamació extrajudicial, per la seva pròpia experiència i, finalment va declarar que "lo pudo constatar por indicios y por lo que dice el documento de conciliación".

Això és, que resulta que un fet tan rellevant com és la determinació d'una cataracta que dona lloc a una operació no sol·licitada pel pacient i en la qual finalment es produeix el resultat ara discutit, es pretén acreditar per suposicions basades en el comú de la població, "en indicis" i a "intuir" una suposada pèrdua de visió, l'abast de la qual s'accepta que es desconeixeria en qualsevol cas i sobre la base de l'informe de la clínica Baviera, que no fa cap referència a una cataracta.

En conclusió, en cap de la documentació de la clínica Baviera es fa referència a aquesta cataracta, el cirurgià demandat va decidir operar-la i no obstant això no consta en cap de la seva documentació ni l'anàlisi clínica ni la constatació d'aquesta cataracta.

L'anterior quant a l'existència d'aquesta suposada cataracta, perquè pel que fa al contingut dels consentiments informats, la perita va manifestar a l'inici del seu interrogatori que el consentiment informat era efectivament per a cataractes però que era també vàlid per a la cirurgia refractiva, doncs "es prácticamente el mismo"i va pretendre acreditar-ho amb la petició per poder mostrar en aquell moment uns models continguts en la biografia i respecte als quals no s'indicava res en el seu dictamen pericial. Per tant, insistim, una qüestió plantejada molt tardanament en el procediment.

Així les coses, coincidim amb l'apel·lant que la sentència d'instància ha d'ésser corregida en aquest punt. Per descomptat que la jutgessa d'instància pot optar per donar major eficàcia probatòria a un dictamen que a un altre i fins i tot apartar-se de les conclusions contundents del perit judicial, però no veiem quin és l'argument que la fa arribar a aquesta conclusió ni solidesa provatòria suficient, doncs en resum:

- La suposada coincidència entre totes dues operacions no es va plantejar com un element essencial del debat sinó fins a un moment molt tardà.

- ni el perit de l'actora ni sobretot el perit judicial van acceptar aquesta coincidència, ans al contrari.

- els perits de les demandades van pretendre acreditar en suposicions i intuïcions la justificació per a operar una cataracta que no venia descrita en cap documentació no ja del doctor demandat sinó de la història clínica anterior.

- a més a més acceptaven que en qualsevol cas es desconeixia la seva gravetat i estat concret.

- van pretendre desacreditar l'opinió d'un perit judicial independent sobre les majors complicacions d'una cirurgia refractiva i la necessitat d'un consentiment informat diferenciat per referències a la seva pròpia experiència i a la pretesa introducció de documents en un moment processal inadequat, documents que de ser tan rellevants per resoldre una qüestió que ha portat a la desestimació de la demanda, s'haurien si més no haver aportat amb el dictamen pericial.

- I, finalment, resulta que la complicació de trencament de la càpsula ni tan sols no està inclòs com un risc autònom sinó derivat d'un altre com és el vessament de retina.

-

En conclusió, no podem compartir l'opinió de la sentència d'instància quant a que el consentiment per a una operació de cataractes fos vàlid per a una operació de cirurgia refractària.

QUART. RESOLUCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LEX ARTIS.

No recordarem el que ja vam exposar en el fonament jurídic segon quant a la naturalesa d'una operació de caràcter voluntari, les exigències professionals i les càrregues de la prova.

Dit això, la sentència descarta que es pugui valorar la diligència del cirurgià demandat per l'incompliment o no de les obligacions d'informació i documentació prèvies i anteriors a l'operació, sinó que cal estar exclusivament a la seva actuació en el moment d'intervenció quirúrgica, respecte a la qual, i valorant el dictamen pericial judicial, la jutgessa conclou el següent:

Las conclusiones del perito son contundentes, pero no hallamos en su informe ningún relato que exponga cuáles son las maniobras imprudentes que han sido causa de tal resultado, ni alega que se haya debido a impericia probada del cirujano. De hecho, en los otros informes periciales aportados encontramos que el porcentaje de producción de la rotura de la cápsula del cristalino es bastante elevado.

A continuació la jutgessa descriu la mecànica de l'operació, segons els diferents peritatges i explicacions dels seus autors, i conclou:

En consecuencia, podemos concluir que no existe prueba de que se haya producido una mala ejecución de la técnica o una falta de pericia del cirujano que puedan considerarse mala praxis.

Resolta la qüestió en aquesta manera en la sentència, entenem que també en aquest punt ha hagut una desviació molt important respecte al que es va constituir com a objecte processal i com a fets discutits.

Això perquè enfront de l'al·legació de la part actora d'una actuació negligent, el cirurgià demandat va indicar de manera claríssima, expressa i concreta en la seva contestació a la demanda que el trencament de la càpsula no es va produir per una actuació incorrecta seva sinó per una negligència del pacient, tal i com resulta de les frases literals següents:

- Pàgines 4 i 5: "Con el documento informado, el Sr. Celso entra a quirófano donde se le indica claramente por el personal asistente en la intervención y por el propio Dr. Saturnino, que pese a estar anestesiado debe estar tranquilo y que sobre todo debe estar quieto. Así las cosas el paciente, haciendo caso omiso de las instrucciones dadas por el facultativo mientras estaba siendo intervenido realizó un brusco movimiento impactando el ojo con el bisturí del Dr. Saturnino y rompiendo la cápsula posterior y causando un edema en la córnea".

- Pàg. 5: "Esta representación no niega que durante la intervención quirúrgica realizada el pasado 13 de febrero de 2019 hubiere una complicación quirúrgica, complicación que tal y como se indicado anteriormente fue ocasionada por el propio paciente".

- Pàg. 6: "(...) Tal y como se ha indicado anteriormente no estamos ante una mala praxis sino ante una complicación quirúrgica debidamente prevista en el documento informado y ocasionada por la actuación del propio paciente aquí demandante".

- Pàg. 6: per referència a la seva pericial, que "siendo que este tipo de complicaciones son de las más frecuentes cuando hablamos de cirugías en el cristalino, obedeciendo en ocasiones a la falta de colaboración del paciente, tal y como ha sucedido en el presente supuesto".

Aquesta és la causa concreta i exacta de la ruptura de la càpsula que defensa el cirurgià que va operar i també l'asseguradora que va comparteix la mateixa contesta conjunta. Quant a ASISA, que va contestar per separat, difícilment podria contradir la versió del cirurgià i de fet va indicar molt gràficament que "En todo caso, estamos seguros que el Dr Saturnino dará cumplida contestación a estas insidiosas acusaciones".

Per descomptat que es pot defensar que a més del moviment brusc del pacient i un impacte contra el bisturí puguin existir altres circumstàncies que justifiquin la bona praxi, així com que es tracta d'un risc descrit en la literatura, però el que a priori han de provar totes les demandades sí o sí és que es va produir aquell moviment brusc i l'impacte contra el bisturí, doncs és la seva línia de defensa expressa. I això no s'ha provat ni de ben lluny, pels motius següents.

En primer lloc, que en aquesta cirurgia no s'empra bisturí sinó un altre material quirúrgic consta ja en els dictàmens pericials de les pròpies demandades i va ser acceptat pels seus autors en la vista, per la qual cosa no indicarem res més al respecte.

En segon lloc, quan al suposat moviment brusc, no s'ha acreditat per absolutament cap mitjà de prova.

No s'ha acreditat per la prova documental perquè resulta que el doctor demandat no fa constar aquesta circumstància ni en l'informe quirúrgic ni en el d'alta ni en cap altre document. De fet, no hi fa constar pràcticament cap de les dades que exigeix la legalitat i la pràctica mèdica, com va acabar acceptant la pròpia perit de les demandades i malgrat les seves queixes quant a "l'excés de burocràcia". I tampoc no apareix en cap altre document. Per descomptat, de resultar cert el que pretén la contestació a la demanda caldria entendre que apareixeria en algun d'ells, perquè és absolutament rellevant per a resoldre la qüestió.

No s'ha acreditat per la prova testifical perquè a pesar que en la contestació del demandat i l'asseguradora es feia constar que al lesionat "se le indica claramente por el personal asistente en la intervención y por el propio Dr. Saturnino, que pese a estar anestesiado debe estar tranquilo y que sobre todo debe estar quieto"ž no es va practicar la declaració no ja del personal que va intervenir en l'operació (anestesista, infermers, ATS) sinó de cap altre professional que tingués coneixement directe o indirecte dels fets; de fet, l'única part que ha proposat reiteradament aquests mitjans de prova, en primera i en segona instància, ha estat l'actora, quan resulta que no li correspon a ella a la càrrega de la prova.

I no ha resultat acreditat per la prova pericial perquè ni tan sols els seus autors es van atrevir a asseverar en el judici les conclusions que van pretendre els lletrats de les demandades sobre que aquell "moviment brusc" es podia derivar d'un suposat caràcter nerviós del pacient intuït arran la indicació en un dels documents que no se li va poder prendre una fotografia del fons ocular perquè es movia, o per una eventual falta de col·laboració en el tractament per una anotació referent a l'administració de gotes oculars. La conseqüència provatòria que es vol extreure d'aquelles anotacions és tan inconsistent i les respostes dels perits van aclaridores que no mereixen cap més explicació.

Però és que a més de no haver-se acreditat en absolut la causa concreta que sosté el cirurgià demandat, caldrà recordar que el que pretenia el pacient era una operació de caràcter voluntari amb finalitats estètics i de cirurgia refractària, que resulta que el demandat el va acabar operant d'unes cataractes que no consten recollides en absolutament cap documentació no ja redactada pel cirurgià sinó pels centres oftalmològics anteriors en què es va visitar, que li va presentar un consentiment informat que s'ha declarat contrari a la legalitat, que no es va redactar l'informe de quiròfan amb els requisits legals i que no va redactar l'informe d'alta amb els requisits legals. Per descomptat que compartim amb la jutgessa d'instància que la diligència professional del cirurgià s'ha d'avaluar a priori únicament en la seva actuació durant la intervenció i que l'incompliment dels requisits documentals o d'informació abans i després no acrediten la vulneració de la lex Artis durant l'operació, però també entenem que les actuacions anteriors i posteriors han de tenir-se en compte per a valorar l'actuació en el seu conjunt i la credibilitat del relat de la defensa.

I finalment, l'actuació del demandat ha estat declarada per un perit judicial independent com a "nefasta".

No entenem llavors què més s'ha d'exigir provar a la part actora per a l'èxit de la seva acció.

Escau per tant estimar el recurs d'apel·lació també en aquest punt.

CINQUÈ. RESOLUCIÓ SOBRE LA QUANTIFICACIÓ ECONÒMICA DELS DANYS.

En la demanda se sol·licitava una indemnització total de 48.195,85 €, computats conforme al "barem de trànsit" i pels perjudicis que analitzarem separadament ,

1. Resolució sobre els dies necessaris per a l'estabilització de les lesions.

L'actora sol·licita 429 dies de perjudici personal bàsic, que es computen des de la baixa laboral iniciada el mateix dia de l'operació discutida (13/02/2019) i fins a l'última operació quirúrgica per la reparació del dany (18/09/2019). A cadascun dels dies li corresponen 31, 61 €, la qual cosa dona una indemnització de 13.560,69 €.

No obstant això, el peritatge judicial va ampliar els dies fins a 658, dels quals 2 correspondrien a perjudici personal greu per les intervencions quirúrgiques, uns altres 217 a perjudici moderat (des del dia de la primera intervenció fins a la baixa laboral) i uns altres 439 a un perjudici personal bàsic.

L'asseguradora i el doctor demandat reconeixerien únicament 343 dies, distribuïts en dos períodes:

- 238 dies de perjudici particular moderat, que anirien des del dia de l'operació i fins al 9 d'octubre de 2019.

- 105 dies de perjudici personal bàsic, que anirien des de l'anterior 9 d'octubre de 2019 al 22 de gener de 2020.

L'entitat ASISA al·lega que en la reclamació extrajudicial la pròpia actora va acceptar que l'estabilització de les lesions va tenir lloc el 22 de gener de 2020 "momento en el que el doctor Segismundo levantó la orden de continuas visitas". També considera que no té justificació fixar com a greus el primer període que aniria des de la intervenció discutida fins a l'alta laboral de 9 d'octubre, perquè no es donen els requisits que exigeix l' article 213.3 de la Llei 35/2015. Per tant, únicament es reconeixerien 239 dies de perjudici moderat.

Plantejada així la qüestió, escau resoldre els següents motius de discussió.

El primer, determinar el dia d'estabilització final de les lesions, que el perit judicial fixa en el moment en què es va pautar al lesionat medicació per al tractament de l'edema a l'ull, perquè entén que fins aquest moment difícilment es pot entendre que existeixi cap estabilització. Per contra, les demandades i fonamentalment la perit senyora Martina va fixar la data de l'estabilització el 22 de gener de 2020, en entendre que des d'aquest moment i fins a la data que defensa el perit judicial (desembre de 2020) no va haver-hi cap visita mèdica habitual i a diferència del que havia succeït els mesos anteriors. I aquesta discussió no podem resoldre-la més que a favor del criteri del perit judicial i pels motius següents.

El primer, perquè ens sembla indiscutible que l'edema en qüestió va aparèixer com una complicació de la intervenció negligent del cirurgià demandat i des del primer moment. Ens remetem al dictamen judicial i a que la mateixa Sra. Martina ho va admetre com a possible.

El segon motiu, perquè per descomptat és del tot coherent defensar que l'edema s'estabilitza en el moment en què el doctor aprecia que ja no pot desaparèixer i se li pauta una medicació per a controlar i reduir els símptomes, medicació que es preveu que el pacient prengui durant tota la seva vida. Si fins a aquest moment no s'ha pautat medicació és perquè s'hi espera alguna evolució. En aquest sentit, entenem que és molt rellevant reproduir l'explicació del perit judicial:

Es difícil de decir cuando se estabilizan las lesiones, hay que ponerle una fecha, lo que está claro es que hasta que no va a visitarse con este doctor no hay un tratamiento para el edema corneal, que es el problema que le va a quedar de por vida y puede ser que vaya empeorando, por supuesto; este tratamiento puede ser del 2 de diciembre o podría ser más adelante, no sé exactamente qué día se puso el tratamiento pero la estabilización real sería el día que se empezó con el tratamiento y consiguió mantener una visión más estable"; "el problema está que este endoletio, este ojo, va a ir perdiendo células y es muy probable que siga presentado edema corneal y al final tenga que hacerse un trasplante de córnea, el ojo ha quedado muy dañado desde el día de la operación.

El tercer motiu, perquè si més no resulta sospitós que en la primera documentació que la clínica va lliurar a l'actor abans de la interposició de la demanda no es fes referència a l'existència de "neblina cuando se levanta por la mañana"que apareix en l'anotació del doctor Carlos Daniel al març de 2021, i que la senyora Martina acceptés que aquesta "boirina" tingués relació amb l'edema. I ens sembla evident que aquesta indicació és coherent amb la nota del mes de juny referent a que "el paciente no bien".

I el quart i últim motiu, perquè l'opinió de la senyora Martina no és que sigui incompatible amb els fets anteriors, sinó que a més es basa fonamentalment en el fet que a partir de gener de 2020 no va haver-hi visites ordinàries fins al mes de desembre. I resulta que, tal com li va recordar el lletrat de l'actora, durant aquests mesos van estar en vigor les restriccions derivades de la pandèmia de Covid 19, i precisament el lletrat li va indicar si en aquest temps es van interrompre les visites mèdiques presencials, a la qual cosa la perit va respondre que "presenciales a partir de marzo, no, después del verano se recuperaron muchas"i que també s'hi podien fer telefònicament. El lletrat li va preguntar si les revisions oftalmològiques es poden fer telefònicament i va respondre que "exploraciones no, pero...(inintel·ligible en l'àudio de la gravació)". Malgrat no escoltar-se bé l'enregistrament, ens sembla evident que una examen ocular és més que de difícil de fer per telèfon. Per tant, una explicació bastant lògica per a la interrupció de les visites.

La segona qüestió a dilucidar és la determinació de la gravetat de cadascun dels períodes.

I el primer motiu de discussió és la qualificació com a greu dels dos dies d'hospitalització, que no han de tenir aquesta consideració segons les demandades ja que no va haver-hi ingrés hospitalari sinó que es va tractar d'intervencions en règim ambulatori.

Referent a això cal indicar que l'article 138.3 estableix la següent definició:

3. El perjudici greu és aquell en el qual el lesionat perd temporalment la seva autonomia personal per a realitzar una part rellevant de les activitats essencials de la vida ordinària o la major part de les seves activitats específiques de desenvolupament personal. L'estada hospitalària constitueix un perjudici d'aquest grau.

Per tant, el precepte parla de "estada hospitalària" i no necessàriament "d'ingrés" en els termes en què es pretén per les demandades.

En resolucions anteriors hem resolt que algunes operacions en règim ambulatori no han de tenir la consideració de perjudici greu, com en la nostra Sentència número 61/2024, de 16 de gener:

Debe mantenerse en cambio el criterio seguido en la resolución recurrida en lo que se refiere al día de la intervención quirúrgica que la parte actora reclama como perjuicio personal particular, en grado grave, reconociéndose en la sentencia como perjuicio personal particular, en grado moderado (total 59 días). Junto a lo que se recoge en el informe quirúrgico antes mencionado (documento nº 7 de la demanda, en el que consta el inicio y fin de la intervención, con un total de una hora de duración) hay que tener en cuenta las explicaciones ofrecidas en el juicio por el Dr. Pedro Miguel, indicando al respecto que se trató de una cirugía sin ingreso, con anestesia local para dormir el codo, abrir para descomprimir y cerrar. Por tanto, debe mantenerse en este punto el criterio seguido por la resolución recurrida.

Però com es pot extreure de la redacció anterior, arribem a aquesta conclusió no pas de manera automàtica sinó valorant les circumstàncies del cas, que en el supòsit que ara discutim són diferents. Efectivament, no ens trobem davant una intervenció de colze sinó davant dues intervencions en un ull que ja havia estat resultat afectat de manera greu en l'operació ara discutida, la primera de les quals va tenir per objecte retirar les restes derivades de la primera i la segona implantar la lent en el cristal·lí. Recordarem que tots els perits que van intervenir en la vista van reconèixer la gran perícia del cirurgià que les va efectuar i la dificultat de la tècnica, per la qual cosa entenem que la seva realització i les cauteles a seguir pel lesionat si més no el mateix dia de la intervenció és clar que, com exigeix la llei, li impedien "realitzar una part rellevant de les activitats essencials de la vida ordinària o la major part de les seves activitats específiques de desenvolupament personal". Escau per tant ratificar l'opinió del perit en aquest punt.

I resolt l'anterior, el segon motiu d'aparent discussió es resol de manera senzilla, doncs és la divergència en la qualificació d'alguns dels dies com a greus, moderats o bàsics entre el peritatge privat de l'actora i el judicial, divergència que tant el lletrat de l'actora com el mateix perit van manifestar que deixaven a l'apreciació judicial. I davant això no podem més que decantar-nos per l'opinió del perit judicial, al qual haurem d'atribuir una major objectivitat.

2. Resolució sobre la indemnització per les intervencions quirúrgiques.

L'actora reclamava 1200 € per cadascuna de les tres intervencions, per a una indemnització de 3600 €. La defensa de l'asseguradora i el doctor demandat considera que no es pot reclamar la primera de les intervencions, l'ara discutida, que es va fer voluntàriament per la pròpia actora. L'entitat ASISA considera que aquesta reclamació "no té cap acreditació".

La qüestió es resol també en aquest cas per les conclusions del dictamen pericial judicial, i que com no pot ser d'una altra manera va descartar una indemnització per la primera de les intervencions ja que evidentment es tracta de la que ha donat lloc a l'objecte del litigi i les conseqüències de la qual són objecte d'indemnització independent.

I quant a la quantificació econòmica, el perit judicial atorga 1000 € a cadascuna d'elles i la senyora Martina 983,09 €. A pesar que tots dos van coincidir en la forqueta a aplicar-hi (per referència a les classificacions de les intervencions quirúrgiques segons les indicacions de l'OMS), cap de les seves justificacions per a la quantificació ens va semblar definitiva (una simple referència a la forqueta, sense més dades). Per la qual cosa, tenint en compte les dificultats de la cirurgia concreta que ja indiquem en el fonament jurídic anterior i la major objectivitat del peritatge judicial, hem de decantar-nos pel defensat en aquest, tot i que la diferència sigui molt poca.

3. Resolució sobre la seqüeles.

L'actora reclamava 5 punts per la seqüela descrita com a "annexos oculars: segons tipus d'afectació (entreopinón, ectropión, cicatrices viciosas, mala oclusión palpebral, pstosis, alteraciones de la secreción lacrimal).La indemnització és de 3988,30 €.

La defensa de l'asseguradora i el doctor demandat s'oposaven a qualsevol indemnització, en considerar que l'actor ha recuperat totalment la visió de l'ull dret. L'entitat ASISA al·legava que en la reclamació extrajudicial es reclamaven 25 punts de seqüela, per la qual cosa "dicha disparidad sólo podía operar a favor de lo establecido por el perito, pues es obvio que el señor Celso no ha perdido la visión de su ojo derecho".

Finalment, el peritatge judicial va ampliar la seqüeles en la manera que exposem tot seguit, exposició en la qual resoldrem les qüestions que s'hi plantegen.

En primer lloc, valora un defecte estètic lleuger i en una forqueta d'uns a sis punts n'atorga cinc. En l'acte de la vista el perit va manifestar que el defecte estètic consistia en que "el ojo está más hundido, más chico".La senyora Martina, per part seva, va manifestar no entendre a què es referia el perit amb aquestes expressions, però no hi ha més que comprovar la fotografia que consta a la pàgina 11 de la pericial judicial per a constatar que efectivament existeix una "disminució de volum del globus ocular dret" o bé una caiguda de la parpella o com vulgui dir-se, però la diferència entre tots dos ulls és evident i indiscutible. I a més el perit judicial ha estat l'únic que ha examinat personalment al lesionat, per la qual cosa la qüestió ens sembla clara.

I quant a la seva puntuació, el perit ha qualificat el defecte com a lleuger, la qual cosa per descomptat pot semblar fins a conservador en una afectació en la cara i clarament apreciable a simple vista, per la qual cosa la valoració en cinc punts en una forqueta entre un a sis ens sembla perfectament adequada a les circumstàncies.

La segona seqüela és la "col·locació de lent intraocular en ull dret bifofocal subjecta a l'iris".

Els perits de la part demandada s'hi oposen en entendre que la finalitat de l'operació original era precisament col·locar una lent en l'ull. No obstant això, és absolutament evident que aquesta explicació ha de descartar-se perquè els danys que va produir aquella intervenció van obligar a que finalment no es pogués col·locar la lent sobre la còrnia i s'hagués de fer sobre l'iris. I no insistirem en la dificultat d'aquesta intervenció i que fins i tot els perits de la part demandada van destacar la perícia del cirurgià responsable; simplement recordarem les explicacions del perit judicial quant a l'afectació de la còrnia: "este señor tiene que seguir visitándose toda la vida y lo más probable, no sabemos cúando, es que el edema corneal no tenga solución con la medicación que ahora está haciendo y que tenga que hacer una queratoplastia (trasplante de córnea), pero que se haga una queratoplastia no quiere decir que vaya a recuperar la visión, porque es una cirugía muy compleja, muy compleja, la previsión es ir a peor".

D'altra banda, la seqüela està prevista expressament en el barem i també la seva puntuació.

La tercera seqüela és la "alteració posttraumàtica de l'iris de l'ull dret".

Novament haurem de recordar que el lesionat es va veure obligat a que la lent es col·loqués sobre l'iris, però és que el perit judicial va ser molt gràfic quan se li va preguntar quant a la seva afectació:

"Está destrozado; además tiene unos puntos por allí, no funciona;, el iris es muy importante, es el que hace "la cortinilla", el diafragma, y nos ayuda muchísimo a la visión; una vez que no le funciona tiene problemas con la luz; muy mal, muy mal".

I també va respondre a les preguntes de la lletrada de la demanda de manera molt contundent indicant-li si havia vist les fotografies del seu dictamen i "el color" de l'iris, al que la lletrada va manifestar que no; i tot seguit el perit va manifestar que la magistrada sí que les tenia a la seva disposició i que en elles es pot comprovar como "el iris está completamente destrozado, allí atado con unas suturas".A la pregunta de si aquesta seqüela la valorava amb quatre punts, el perit va respondre amb molta confiança "por supuesto",i a la pregunta de quants punts de sutura hi havia a l'ull i si encara hi eren va respondre, després de consultar la seva documentació, que dos, que "estos puntos no se van"i va intentar mostrar la documentació però tant la lletrada com la magistrada van indicar que no era necessari, per la qual cosa no hi insistirem.

I a més de l'anterior, haurem de recordar novament que el perit judicial va ser l'únic que va examinar personalment al lesionat i quines són les previsions d'evolució de la lent i la còrnia.

De manera que les objeccions de la senyora Martina, resumides en què no hi havia afectació funcional de l'iris sense major explicació són clarament insuficients per desacreditar l'opinió del perit judicial, que hem de ratificar, més encara quan resulta que l'afectació funcional hauria d'incardinar-se en la seqüela de pèrdua d'agudesa visual que és l'última que queda per resoldre.

En relació a aquest seqüela, finalment, el perit judicial indica que abans de l'operació el pacient tenia una agudesa visual d'1 i que després d'explorar-lo i realitzar les proves corresponents va resultar-hi del 0,5. Per això reconeix la seqüela i hi atorga 5 punts.

La discussió fonamental se centra en la comparació de les proves d'agudesa visual que consten en la documentació mèdica, tant anteriors com posteriors a la intervenció.

El perit judicial pren com a primera referència els informes de l'Òptica Universitària d'abril de 2014 i setembre de 2016 (document 7 i 8 de la demanda), que en tots dos casos donen un resultat d'1 punt, això és, el màxim. I com segona referència, la seva pròpia exploració del 14 de juliol de 2022 i amb el resultat de 0,3 sense correcció i 0,5 amb correcció.

Les objeccions a aquestes conclusions van ser plantejades fonamentalment pel perit Sr. Julián, qui va manifestar que el senyor Teodulfo havia pres les referències "molt hàbilment" i per tenir en compte la millor dada de visió abans de l'operació i la pitjor amb posterioritat.

Concretament, que en l'informe de la clínica Baviera costaven uns resultats de 0,35 reacció i 0,7 sense correcció, que aquest examen li ho van fer dues vegades "amb gotes i sense gota", però que uns mesos després l'examen de la Clínica Universitària recull un resultat d'1. De manera que aquesta disparitat únicament es podia explicar per "las condiciones en las que se realizaron los test, como la distancia y la luz, la insistencia de la persona que examina o la respuesta del explorado"i que els test que feien anar en la clínica Universitària era d'unes característiques diferents a les d'Oftalvist i altres oftalmòlegs. I així, va considerar que no es podia actuar com havia fet el perit judicial i "tomar de entrada el bueno de un sitio y el malo de otro, tiene que haber un paralelismo para que el error sea siempre el mismo",de manera que el resultat previ en la clínica Universitària era d'1 i el posterior també d'1, el de la clínica Baviera de 0,7 i 0,7 i, en definitiva, fins i tot el pacient hauria millorat de visió perquè hauria passat el 0,3 sense correcció a 0,7.

I la perit senyora Martina també va criticar les conclusions del perit judicial per uns motius similars.

Cal recordar que l'operació discutida es va realitzar el 13 de febrer de 2019, i que els informes anteriors i posteriors són els següents.

Els informes de graduació de l'òptica Universitària aportats com a documents número set i número vuit en la demanda recullen efectivament una dada d'agudesa visual d'1 en les exploracions de 9 d'abril de 2014 i de 5 de setembre de 2016.

Les dades de la clínica Baviera a què feia referència el dictamen pericial del senyor Julián són anteriors, del 4 de febrer de 2014.

Quant a les dades posteriors, la pericial es refereix als de la clínica Oftalvist, en la qual treballava el cirurgià demandat, recullen un resultat de 0,7 en l'examen de 10 de març de 2021.

I la referència a la "última dada documentada" és la visita del doctor Virgilio del 14 de setembre de 2021 i en la qual apareix en uns resultats del 0,6 i 0,8.

I el doctor Julián, en el seu apartat de "resultat visual" resulta que té en compte les dades que li són més favorables, això és, que descarta l'1 màxim de la Clínica Universitària i es refereix al 0,7 de l'examen més antic de la Clínica Baviera, sense major explicació, i també a 0,7 del resultat posterior en una anàlisi realitzada precisament per la clínica en què treballava el demandat.

Davant aquesta disjuntiva, evidentment no podem compartir l'argument del perit de la demandada, qui precisament utilitza en el seu informe un mètode comparatiu que posteriorment sembla criticar en les conclusions d'un perit judicial independent. I per descomptat tampoc podem donar més credibilitat sense motiu justificat al resultat d'una prova realitzada per la clínica en què treballava el cirurgià demandat després de la funesta operació que a l'examen realitzat per un perit judicial, qui a més va ser l'únic de tots que va examinar el lesionat i que precisament li va fer proves d'agudesa visual.

Finalment, les explicacions dels dos perits de les demandades a les preguntes de què es devia la pèrdua gradual d'agudesa visual entre aquelles proves van ser del tot inconsistents.

Efectivament, la senyora Martina va manifestar que això es devia "a la evolución de una patología de base previa a la intervención",resposta que va sorprendre el Sr. Lletrat de l'actora i per això li va preguntar quina era aquesta patologia, al que va respondre que "si se opera es porque ya no veía bien, este ojo puede haber evolucionado por muchas razones, hablamos de dos años después".

I el senyor Julián va respondre a la pregunta del lletrat de l'actora "¿qué evolución puede haber en tres años para que este señor tenga una agudeza visual del 03 y del 05 sin corrección, que es inferior a 07 que usted refiere?",indicant que "pues puede ser de lo que dicho antes, del tipo de examen, la ubicación de donde se hace el examen, un paciente que tenga una degeneración macular, por ejemplo, cualquier dato de estos pero los tres años después, yo no puedo decir al cabo de tres años lo operaron y tiene esto, hay que buscar lo inmediato en el momento que le dan el alta, en el momento que le dan el alta tenía 0,7 y si lo miramos hoy igual estaría peor, no lo sé".

Això és, respostes inconsistents i per referència a una sorprenent i suposada patologia prèvia del pacient que, com tantes altres dades, no consta en cap documentació mèdica. Però és que a més ha resultat perfectament acreditada la pèrdua de cèl·lules en l'ull, que no es recuperen.

En conclusió, no podem més que ratificar l'opinió del perit judicial.

4. Resolució sobre la indemnització per perjudici moral per pèrdua de qualitat de vida.

L'actora reclamava inicialment aquesta indemnització, per seqüeles, en grau lleu, quantificada en 7000 €, i el dictamen pericial posterior va ratificar la seva existència i quantificació.

La defensa de l'asseguradora i el doctor demandat s'oposaven tant perquè "no se ha acreditado documentalmente cuáles han sido las consecuencias y gastos derivados de la intervención que hayan podido provocar esta pérdida en el desarrollo personal",com perquè es reclamen únicament 5 punts de seqüela i l'article 108 de la Llei estableix que el perjudici lleu "és aquell en el qual el lesionat amb seqüeles de més de sis punts perd la possibilitat de dur a terme activitats específiques que tinguin especial transcendència en el seu desenvolupament personal".L'entitat ASISA compartia el segon dels arguments anteriors.

Plantejada així la discussió, la segona de les objeccions queda resolta pel reconeixement en aquesta sentència de més dels sis punts de seqüela necessaris.

I quant a la primera qüestió, recordarem quin és l'abast i contingut de la indemnització que ara se sol·licita en els termes que ja indiquem en la nostra Sentència número 468/2023, de 30 de juny, i per remissió a la nostra anterior Sentència número 818/2022:

TERCERO. - La sentencia de primera instancia descarta la procedencia de la indemnización interesada por pérdida de calidad de vida derivada de las secuelas, considerando que según el art. 107 de la Ley 35/2015 lo que se indemniza es el perjuicio moral causado por la limitación de su autonomía personal para la realización de sus actividades esenciales en el desarrollo de su vida diaria, que son las que contempla el art. 51 de la Ley, así como su desarrollo personal mediante las actividades específicas a que se refiere el art. 54, sien que en este caso se haya practicado prueba que acredite que como consecuencia del accidente se hayan visto limitadas tales actividades de forma concreta.

Según dispone el art. 107 de la Ley 35/ 2015 en cuanto al perjuicio moral por pérdida de calidad de vida ocasionada por las secuelas: "La indemnización por pérdida de calidad de vida tiene por objeto compensar el perjuicio moral particular que sufre la víctima por las secuelas que impiden o limitan su autonomía personal para realizar las actividades esenciales en el desarrollo de la vida ordinaria o su desarrollo personal mediante actividades específicas."

A su vez, el art. 108, relativo a los grados del perjuicio moral por pérdida de calidad de vida establece que este perjuicio puede ser muy grave, grave, moderado o leve, indicando en el apartado 5 que el perjuicio leve es aquél en el que el lesionado con secuelas de más de seis puntos pierde la posibilidad de llevar a cabo actividades específicas que tengan especial trascendencia en su desarrollo personal. El perjuicio moral por la limitación o pérdida parcial de la actividad laboral o profesional que se venía ejerciendo se considera perjuicio leve con independencia del número de puntos que se otorguen a las secuelas"

En el apartado "definiciones", el artículo 51 que "a efectos de esta Ley se entiende por actividades esenciales de la vida ordinaria comer, beber, asearse, vestirse, sentarse, levantarse y acostarse, controlar los esfínteres, desplazarse, realizar tareas domésticas, manejar dispositivos, tomar decisiones y realizar otras actividades análogas relativas a la autosuficiencia física, intelectual, sensorial u orgánica".

En cuanto a la pérdida de desarrollo personal el art. 53 establece que "a efectos de esta Ley se entiende que la pérdida de desarrollo personal consiste en el menoscabo físico, intelectual, sensorial u orgánico que impide o limita la realización de actividades específicas de desarrollo personal",

Y el art. 54 concreta cuales son a efectos de esta Ley las actividades específicas de desarrollo personal, entendiendo por tal "aquellas actividades, tales como las relativas al disfrute o placer, a la vida de relación, a la actividad sexual, al ocio y la práctica de deportes, al desarrollo de una formación y al desempeño de una profesión o trabajo, que tienen por objeto la realización de la persona como individuo y como miembro de la sociedad".

Establert així el contingut del concepte que ara es reclama, certament hem de coincidir amb les demandades que no s'ha practicat en el procés una prova suficient que hagi acreditat quines són les limitacions concretes que les seqüeles causen a l'actor.

De fet, en la demanda es feia una remissió als informes pericials que l'acompanyaven i no es relacionaven quines eren les activitats que hi havien resultat afectades, més enllà d'una indicació genèrica que "han devenido nuevos problemas en el ojo y su visión ha empeorado considerablemente".

El primer informe, emès pel senyor Jesús, tenia per objecte exclusivament acreditar la negligència del demandat i les conseqüències mèdiques que s'hi derivaven, però no pas la quantificació del mal causat, quantificació que es deixava al segon dictamen pericial, emès pel senyor Martina. I en aquest últim dictamen ni es relacionen ni es justifiquen les limitacions que donarien lloc a la indemnització.

Finalment, el dictamen pericial judicial ratifica l'existència del perjudici i la seva quantificació econòmica, però es limita a indicar que l'actor "ha perdido la posibilidad de llevar a cabo actividades específicas que tengan especial trascendencia en su desarrollo personal",sense cap més justificació.

Quant a les declaracions dels perits en l'acte del judici, el senyor Martina es va limitar a contestar a la pregunta relativa a si sabia que el barem reservava la indemnització per als casos de més de sis punts de seqüela indicant que "no lo sé, me parece que sí". I quan se li va preguntar si la seva conclusió no era una contradicció, va dubtar, va manifestar que no ho recordava i finalment que "en ese momento lo entendí así, pero ahora no lo recuerdo".

I el perit judicial es va limitar a indicar que la indemnització es fonamentava en l'existència dels punts de seqüela encara que "esto ya es la interpretación particular de la ley".I a respostes a preguntes de la lletrada contrària sobre quins paràmetres havia tingut en compte, va manifestar que havia considerat que els 14 punts eren una mitjana en la forqueta i que no s'arribava en cap cas al tram següent.

Finalment, en l'escrit de conclusions finals no es va fer cap referència a la qüestió i en el recurs d'apel·lació se li dedica un sol paràgraf (Fet setè), en el qual es fa una simple remissió als dictàmens pericials.

En conclusió, per al reconeixement d'aquesta indemnització hauria estat necessària no ja una major activitat probatòria sinó haver determinat abans de proposar-la quines eren les activitats concretes del lesionat que resultaven afectades per l'estat posterior a l'operació. La càrrega d'al·legar-ho i provar-ho corresponia a la part actora, conforme a l' article 217 Lec, i no ho va fer, per la qual cosa escau desestimar el recurs en aquest punt.

5. Resolució de la indemnització per lucre cessant.

L'actora reclamava aquesta indemnització en no haver pogut exercir el seu treball habitual durant 238 dies. El dictamen pericial judicial recull també aquest concepte però eleva notablement la quantia, fins els 10.370,70 €

La defensa de l'asseguradora i el doctor demandat s'hi oposaven inicialment en considerar que "de contrari res s'acredita sobre aquest tema". I l'entitat ASISA, i com va indicar respecte de la indemnització per les intervencions, sosté que en aquesta reclamació "no té cap acreditació".

Cal recordar que l'article 126 estableix el següent concepte autèntic de lucre cessant:

En els supòsits de seqüeles el lucre cessant consisteix en la pèrdua de capacitat de guany per treball personal i, en particular, en el perjudici que sofreix el lesionat per la pèrdua o disminució neta d'ingressos provinents del seu treball.

I l'article 127 hi estableix unes regles de càlcul vinculants:

1. Per a calcular el lucre cessant del lesionat, es multipliquen els seus ingressos nets o una estimació del valor de la seva dedicació a les feines de casa o de la seva capacitat d'obtenir guanys, com multiplicant, pel coeficient actuarial que, com a multiplicador, correspongui segons les regles que s'estableixen en els articles següents.

2. Quan l'ingrés net del lesionat es trobi entre dos nivells d'ingrés net previstos en les taules 2.C que corresponguin, s'assigna el lucre cessant corresponent al límit superior.

Així les coses, novament hem de donar la raó a les demandades quan posen de manifest que no s'ha practicat prova suficient que acrediti l'existència del lucre i la seva quantia.

Efectivament, no consta aportada cap documentació econòmica o comptable i quan es va preguntar al perit de l'actora si se li havien facilitat alguna documentació que ho acredités va respondre que "lo supongo, o bien parto del salario base".I quan se li va insistir si se li havia exhibit alguna nòmina, simplement va respondre que "le parecía que trabajaba por su cuenta, no lo sé".

Quant a la pericial judicial, en l'apartat corresponent s'indica que "las secuelas visuales que sufre disminuyen el rendimiento normal en su trabajo; debe considerarse que desde el día 2 de diciembre de 2020 en que se estabilizan las secuelas hasta el día 31 de octubre de 2021 en que se jubila voluntariamente (según me manifestó en la visita)".

En l'acte de la vista es va preguntar al perit i va respondre que ho va calcular conforme a dies de perjudici personal bàsic, que el lesionat era pagès, que va estar un temps de baixa i que "el hombre quería trabajar, evidentemente, pidió la baja, luego el alta, pero nunca ha podido desarrollar su actividad como la estaba haciendo antes, y que se retiró antes de hora y pidió la jubilación anticipada, que eso lo explicó en la visita y por ello ha tenido en cuenta que pudo desarrollar su actividad pero disminuyendo su rendimiento".La lletrada li va preguntar si li havia mostrat "la jubilació o la pensió" i va manifestar que sí.

No obstant això, novament en aquest cas no s'ha aportat prova suficient que acrediti l'existència del perjudici i la seva quantificació. Amb la demanda únicament es van aportar els informes d'alta i baixa laboral i cap altra documentació econòmica, comptable o administrativa, i tampoc no s'hi va practicar cap prova testifical

I en l'escrit de conclusions finals i en l'escrit d'apel·lació es fan les mateixes indicacions que ja s'han recollit respecte a la indemnització antecedent.

SISÈ. QUANTIFICACIÓ DE LA INDEMNITZACIÓ FINAL

L'actor va néixer el 20 d'octubre de 1958 i l'estabilització lesional s'ha fixat el 2 de desembre de 2020, per la qual cosa tenia 62 anys en aquell moment i escau aplicar l'actualització del barem corresponent a aquella anualitat, de manera que la indemnització final és de 45.032,61 euros, segons els conceptes i quanties següents:

- 2 dies de perjudici personal greu, a 78,31 euros: 156,62 euros.

- 217 dies de perjudici personal moderat, a 54,30 euros: 11.783,10 euros.

- 439 dies de perjudici personal bàsic, a 31,32 euros: 13.749,40 euros.

- 2 intervencions quirúrgiques, a 1.000 euros cadascuna: 2.000 euros.

- 5 punts de perjudici estètic: 3.892,09 €.

- 14 punts de perjudici funcional (ja aplicada la fórmula de Balthazar): 13.451,40 €.

-

Quantia que meritarà els interessos ordinaris del Cc espanyol quant al doctor demandat i l'entitat ASISA i els de l' art. 20 Lca quant a l'asseguradora, qüestió aquesta darrera sobre la qual no ha hagut debat.

SETÈ. RESOLUCIÓ SOBRE LA FALTA DE LEGITIMACIÓ PASSIVA DE L'ENTITAT ASISA.

La demandada basa aquesta excepció en la naturalesa de la relació contractual que la uneix tant amb l'actora com amb les codemandades.

En relació amb l'actora, sosté que es tracta d'un contracte d'assistència sanitària pel qual "ASISA asume el pago de la asistencia sanitaria que pueda precisar su asegurado, a cambio de la prima anual que paga por el seguro, ofreciendo tal fin a sus asegurados un listado de facultativos y centros concertados donde pueden dirigirse bajo el principio de libertad de elección".

I defensa que no hi té una "actuació intervencionista", això és, que no imposa a l'assegurat un facultatiu específic per a cada assistència ni pot rebutjar el quin en triï lliurement, sempre que sigui del quadre mèdic concertat.

I en relació amb la clínica en què treballava el demandat, que no es tracta d'un centre propietat de l'asseguradora sinó una societat independent amb la qual la unia un contracte de prestació de serveis, contracte del qual es destaca l'estipulació primera i que indica:

En consecuencia, en ningún caso existirá, ni podrá en forma alguna presumirse, relación ni vínculo de dependencia laboral, mercantil, económica, ni profesional de clase alguna entre el personal adscrito a la plantilla de la SOCIEDAD (Oftalvist) o dependiente del mismo, por cualquier tipo de relación que fuera y ASISA".

Així, l'asseguradora no té cap facultat de direcció ni d'organització en l'activitat de la clínica, i qui ha de respondre de qualsevol negligència del seu personal és aquesta última.Igualment, que tampoc no remunera directament als professionals contractats per la clínica sinó que ho fa directament a aquesta.

I per a fonamentar la seva argumentació cita una sentència de l'AP Cadis dictada el 16 de setembre de 2004.

La qüestió discutida ha estat resolta pel Tribunal Suprem en la seva sentència número 642/2001, de 19 de juny, que és citada per diferents resolucions d'Audiències Provincials com per la SAP València, Secció 7a, número 155/2011, de 21 de març. En aquella resolució, el Tribunal Suprem va resoldre això següent:

SEGUNDO.- Los motivos segundo y cuarto (con la misma e irregular técnica ya expuesta en el fundamento precedente) acusan semejantes infracciones, concretamente la violación de los artículos 1.225 y 1.232 del Código civil con resultado de indefensión, que especifican en ambos motivos y a las que añade en el cuarto la infracción del artículo 3º de la Orden de 14 de enero de 1964 y 12 del Reglamento de 7 de mayo de 1957, junto con la doctrina constitucional y jurisprudencial aplicable. Bajo las expuestas coberturas, pretende la recurrente destruir las resultancias probatorias establecidas por el órgano jurisdiccional, en cuanto concierne, previo examen del contrato, a la efectiva asunción por parte de Asisa como entidad recurrente, de la prestación sanitaria que devino defectuosa. Ha quedado probado, en efecto, la producción del resultado lesivo en el ámbito del contrato de asistencia médica concertada entre las partes por una defectuosa prestación del servicio por personal y en centro pertenecientes al cuadro médico de aquella, debiendo estimarse que en virtud del contrato suscrito, la entidad apelante asumió no sólo el pago de los gastos médicos sino la efectiva prestación de la asistencia sanitaria a través de los facultativos y los medios que la misma determina y en las condiciones y requisitos que la póliza detalla, los cuales no son de absoluta libre elección por el asegurado, que ha de limitarse al cuadro de centros y profesionales de la Compañía. Frente a estos hechos las pruebas que se invocan no desvirtúan en nada sus consecuencias, pues, si la relación es laboral o no laboral, si hay mayor o menor grado de dependencia, entre los médicos y los centros que figuran en el cuadro, no es cuestión que, en modo alguno, puede invalidar la responsabilidad directa de la compañía, como prestataria de los servicios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 28 de la Ley 26/1984, de 19 de julio de 1984 , general para la defensa de los consumidores y usuarios. Por tanto, los señalados motivos perecen.

I resolucions anteriors i posteriors del Tribunal Suprem han mantingut el mateix criteri, tal i com recull la SAP Barcelona, Secció 19a, número 85/2010 de 2 de març:

PRIMERO.- Por parte de la representación de ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL, S.A. ( ASISA) se interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada el día 12 de febrero de 2009 por el Juzgado de Primera Instancia nº 27 de Barcelona en Juicio Ordinario 746/2008 . La citada resolución, ante la demanda interpuesta por Dª. Pilar , estimó parcialmente que la apelante era responsable de la actuación llevada a cabo por los Dres. Agapito y Hernan en la atención médica prestada a la actora, lo que llevó a la condena al pago de una indemnización de daños y perjuicios por importe de 74.093,79 euros.

La apelante alega, lo mismo que en primera instancia, su falta de legitimación pasiva, que los médicos responsables del tratamiento seguido por la actora no incurrieron en responsabilidad profesional ni en cuanto a la propia actuación médica ni en cuanto a la obtención del consentimiento informado, que en el cálculo de la indemnización no se debió apreciar la existencia de fatiga crónica y que no son aplicables los intereses del art. 20 de la LCS .

La parte actora solicitó la íntegra confirmación de la sentencia reinstancia.

SEGUNDO.- La primera cuestión a resolver es si la entidad demandada debe responder por la actuación profesional de los médicos referidos, que pertenecen al cuadro médico de la dicha parte en la Clínica Girona.

Precisamente sobre esta cuestión, y referida a la propia apelante, la S. del T.S. de 8-11-2007 recoge la jurisprudencia sobre este asunto al señalar que: "En la STS de 19 de junio de 2001 , se argumentaba que ha quedado probado la producción del resultado lesivo en el ámbito del contrato de asistencia médica concertada entre las partes por una defectuosa prestación del servicio por personal perteneciente al cuadro médico de la aseguradora, y debe estimarse que, en virtud del contrato suscrito, la entidad recurrente asumió no sólo el pago de los gastos médicos, sino la efectiva prestación de la asistencia sanitaria a través de los facultativos y los medios que la misma determina y en las condiciones y requisitos que la póliza detalla, los cuales no son de absoluta libre elección por el asegurado, que ha de limitarse al cuadro de centros y profesionales de la compañía; y frente a estos hechos las pruebas que se invocan no desvirtúan en nada sus consecuencias, pues si la relación es laboral o no laboral, si hay mayor o menor grado de dependencia entre los médicos y los centros que figuran en el cuadro, no es cuestión que, en modo alguno, pueda invalidar la responsabilidad directa de la sociedad como prestataria de los servicios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 28 de la Ley 26/1984, de 19 de julio , General para Defensa de Consumidores y Usuarios.

Y en la STS de 2 de noviembre de 1999 , se ha razonado que la responsabilidad por hecho ajeno aparece suficientemente concurrente, con apoyo probatorio adecuado, pues evidentemente entre la entidad aseguradora y el médico ha mediado vínculo contractual, correspondiente al arrendamiento de servicios, que, si bien no crea propia relación jerárquica, si genera la obligacional correspondiente a este contrato, y así lo ha establecido la STS de 12 de febrero de 1990 , la cual resulta incrementada por la especialidad que supone la prestación de servicios facultativos a fin de procurar la mejora de la salud de las personas aseguradas mediante la correspondiente póliza, aparte de que dicha responsabilidad convive con la también contractual entre aseguradora y asegurada y obliga a aquélla a prestar la asistencia no sólo correspondiente al padecimiento de cada enfermo, sino la más segura y eficaz que alcanza a la elección del facultativo adecuado y que se pone al servicio del cliente, el que resulta defraudado si la asistencia recibida resulta incorrecta y, como sucede en este caso, con graves consecuencias en su salud, derivadas de la actuación carente de la diligencia y pericia debida del facultativo que practicó la intervención; lo que acredita una actuación de la recurrente carente de cuidado, celo y atención."

Por tanto, debe desestimarse este motivo de recurso y estimar, como hace la sentencia de instancia, que ASISA está debidamente legitimada para soportar la acción que contra la misma se ejercita.

I en el mateix sentit la SAP Alacant, Secció 5a, número 548/2003 de 17 d'octubre; o la SAP Màlaga, Secció 4a, número 182/2003, de 31 de juliol.

Les resolucions anteriors tenen una certa antiguitat, però això és així perquè la qüestió és pacífica des de fa anys i en les resolucions més recents es pot comprovar com la legitimació passiva ni tan sols es discutia o una vegada declarada en instància ja no és objecte d'apel·lació ( SAP València, Secció 8, número 64/2018 de 14 de febrer; o SAP Madrid, Secció 14, número 327/2016 de 20 de setembre).

De fet, l'única resolució que la demandada va invocar a favor seu en la contestació és la SAP Cadis, Secció d'Algeciras, número 269/2004 de 16 de setembre, que analitza un supòsit de relació de l'asseguradora amb la mutualitat pública MUFACE. I resulta que el Tribunal Suprem ha establert la legitimació de l'entitat ASISA en aquests supòsits en la seva Sentència número 234/2021, de 29 d'abril, que és citada per resolucions recents com la SAP Palma, Secció 3a, número 105/2023 de 16 de febrer, o la SAP Murcia, Secció 5a, número 28/2022 d'1 de febrer. Així, la primera Audiència indicada va resoldre això següent:

TERCERO.- En dicho escenario apelatorio, aprecia la Sala que, ciertamente, la jurisprudencia emanada de la sentencia del Tribunal Supremo en la que se apoya la resolución de instancia y a la que se remite la parte apelada, da respuesta desestimatoria a las principales cuestiones planteadas en el recurso y a las que se irá haciendo referencia por esta Sala.

Así, vemos que dicha resolución del Tribunal Supremo ( Roj: STS 1708/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1708 ), Sala de lo Civil, núm. 234/2021, de fecha 29/04/2021, relativa al seguro de asistencia sanitaria en una demanda de reclamación por parte de un mutualista de MUFACE, el Alto Tribunal analizó el marco normativo que regula la asistencia sanitaria de los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado en el ámbito del mutualismo administrativo y bajo el régimen de concierto con entidades o establecimientos públicos o privados -supuesto extrapolable al caso de autos-, pudiendo optar el mutualista por el régimen de prestación de dicha asistencia sanitaria que consideren oportuno, y elegir, en su caso, la concreta entidad aseguradora; reiterando la jurisprudencia sobre la materia y condenando a la aseguradora a abonar los intereses del art. 20 LCS , dado que el Tribunal consideró que se trata de un verdadero contrato de asistencia sanitaria y no de un mero reintegro de los gastos médico-quirúrgicos. Por lo que dicha resolución, cuyos principales fragmentos al respecto se pasan a reproducir, respalda la sentencia hoy apelada y permite desestimar todos los alegatos sobre la falta de legitimación, reiterados en la alzada por la parte apelante. Concluía la citada sentencia del TS, en su Fundamento jurídico tercero -en un marco normativo al que esta Sala se remite-, lo siguiente:

"TERCERO.- Decisión del recurso.

1.- Consideraciones previas.

A los efectos resolutorios del presente recurso hemos de partir de la base de que no se discute la responsabilidad civil de ASISA, ni su legitimación pasiva para sufrir la carga del proceso, lo que es conforme además con una reiterada jurisprudencia de esta Sala, de la que constituyen simple botón de muestra las sentencias 642/2001, de 19 de junio ; 902/2004, de 4 de octubre ; 1108/2004, de 17 de noviembre ; 1154/2007, de 8 de noviembre ; 1242/2007, de 4 de diciembre ; 438/2009, de 4 de junio ; 669/2010, de 4 de noviembre , o 64/2018, de 6 de febrero , entre otras.

Esta Sala ha reconocido la responsabilidad de la aseguradora de asistencia médica con los mutualistas calificada como extracontractual, en el sentido expuesto, la sentencia 546/2015, de 13 de octubre , ha establecido que: "la acción que ejercite el mutualista funcionario civil del Estado contra la Entidad con la que haya concertado su Mutualidad la prestación de asistencia sanitaria, a fin de reclamar aquél el daño sufrido por la prestación del servicio, tiene como plazo de prescripción el de un año".

En segundo lugar, es necesario destacar que nos encontramos ante un seguro de asistencia sanitaria y no de simple reintegro de los gastos médico-quirúrgicos devengados. No es objeto de controversia el importe de la indemnización señalada por el daño causado.

No ofrece duda tampoco el ejercicio viable de una acción por culpa extracontractual, sometida al plazo de prescripción de un año, del mutualista de MUFACE contra las entidades concertadas, que prestan servicios de asistencia sanitaria a sus afiliados ( sentencia 546/2015, de 13 de octubre )."

En conclusió, no escau més que declarar la legitimació de l'entitat demandada.

VUITÉ. COSTES PROCESSALS.

En la demanda inicial es reclamaven 45.032,61 euros i s'hi ha acabat reconeixent una quantia final que implica el 93,44% d'aquella petició.

Però, això és així perquè les quanties reclamades es van augmentar en base a les conclusions de la pericial judicial, que va elevar força les partides per incapacitat temporal i ròssecs. Però, va reduir de 3 a 2 les operacions quirúrgiques indemnitzables. I a més a més s'ha desestimat el reconeixement de les indemnitzacions per perjudici moral per pèrdua de qualitat de vida i per lucre cessant, que el pèrit judicial reconeixia i que fixava en 7.000 i 10.370,70 euros respectivament.

Així, els 45.032,61 euros reconeguts s'havien d'augmentar amb aquelles dues quanties, per una suma final de 62.403,31 euros, de manera que la quantitat finalment reconeguda suposa un 72,16% del fixat en el dictamen pericial judicial que finalment s'ha tingut en compte per la pretensió definitiva. No podem parlar, doncs, d'una estimació substancial i per tant cada part haurà d'assumir les seves costes de primera instància.

I quant a les costes d'apel·lació, l'estimació parcial del recurs implica que cada part n'hagi d'assumir les pròpies, ex art. 394 i 398 Lec.