La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.
PRIMERO.-Por la representación procesal de doña Maite ejercitó acción de protección de derecho al honor contra CaixaBank S.A. solicitando se declarase que la demandada había cometido una intromisión ilegítima en el honor de su mandante, al incluir y mantener sus datos registrados en el fichero de morosos ASNEF, habiendo sido dada de alta en fecha 17 de agosto de 2020 por una supuesta deuda impagada por importe de 13.658,38 euros, basándose en que dicha deuda no es cierta, vencida y exigible, no ha sido objeto de requerimiento de pago ni se le advirtió de la posible inclusión en el registro de morosos en caso de impago, interesando que se requiera a la entidad demandada para que proceda a la cancelación de la inscripción de la deuda.
La representación procesal de la entidad demandada se opuso a la demanda alegando que su mandante incluyó a la actora en el fichero ASNEF cumpliendo todos lo requisitos establecidos legalmente, siendo la deuda cierta, líquida, vencida y exigible, al derivar de un contrato de préstamo personal contratado el 20 de abril de 2018, informándose en el contrato de que en caso de impago la entidad quedaba facultada para su inclusión en los ficheros de morosidad. Siendo requerida la demandante en virtud de reclamaciones extrajudiciales efectuadas antes de la inscripción de la deuda, de la posible inclusión en los ficheros de solvencia patrimonial en caso de impago de la cantidad adeudada, acreditándose a través de Servinform el correcto envío y recepción de dichos requerimientos, que fueron remitidos al domicilio de la demandante. Se alega igualmente que la actora figura en los ficheros de Asnef y de Badescug, incluida por deudas con otras entidades financieras.
La Sentencia dictada en instancia desestima la demanda formulada y señala que se aporta por la demandada la póliza de crédito suscrita por la demandante de la que deriva la deuda y en la cláusula quince de dicha póliza se informa de la posibilidad de que en caso de impago de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, los datos relativos al débito podrían ser comunicados a ficheros de cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, aportándose diversas comunicaciones remitidas al domicilio de la demandante, en las que se hace constar expresamente la advertencia de inclusión en el fichero de solvencia patrimonial en caso de persistir la situación de impago y en la comunicación de 23 de julio de 2020 se advertía de la inclusión de los datos en los ficheros de Asnef y Badexcug, en caso de impago, encargándose de la gestión la entidad Servinform que certificó que las comunicaciones se pusieron a disposición del Servicio de Correos para su distribución por parte del mismo, sin que se haya devuelto dicha comunicación, por lo que a tenor de dichos datos concluye en que no se ha producido una intromisión ilegítima en el derecho del honor.
La representación procesal de la parte actora formula recurso de apelación alegando error en la valoración de la prueba, manifestando que no se da ninguna razón en la resolución recurrida por la que estima que se acredita una deuda cierta, líquida y exigible por el importe de 13.658,38 euros, señalando que se aporta un contrato sin aportar certificado de deuda o movimientos que acrediten la misma, considerando que debe acreditarse el impago y cuales son las cuotas impagadas. Asimismo, se considera que se incurre en error en la valoración de la prueba al estimar su representada que no se ha advertido ni en el contrato ni en un requerimiento de la inclusión, en caso de impago, en el fichero de morosos Equifax. Considerando que el certificado de Servinform carece de validez, habiéndose requerido por un importe que no coincide con el importe objeto de inscripción, sin que se otorgara un plazo para el pago y se señala que no se certifica que se recibiera comunicación alguna por su representada ni que Correos enviara carta alguna, estimando que lo resuelto al respecto no se ajusta a la jurisprudencia unánime y pacífica sobre el envío masivo de cartas.
La representación procesal de la parte demandada se opuso al recurso de apelación planteado.
SEGUNDO.-Esta Sala se ha referido a los requisitos que han de cumplirse para que no constituya una intromisión ilegítima en el derecho al honor, la facilitación de datos a un fichero de solvencia patrimonial de los datos personales de un deudor, haciendo referencia a la evolución legislativa al respecto, entre otras, en Sentencia de 14 de noviembre de 2023, señalando que: "En primer lugar, se establecieron estos requisitos en el artículo 28 de la Ley Orgánica 5/1992 de 29 de octubre de 1992 que Regula el Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal (publicada en el B.O.E. de 31 de octubre de 1992) que entró en vigor,según su disposición final cuarta, el día 31 de enero de 1993. Habiendo quedado derogada,esta Ley Orgánica 5/1992 , por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 1999 que así lo establecía en su disposición derogatoria única.
En segundo lugar, se establecieron esos requisitos en el artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 1999 Reguladora de la Protección de Datos de Carácter Personal (publicada en el B.O.E. de 14 de diciembre de 1999) que entró en vigor, según su disposición final tercera, el día 14 de enero de 2000. Y, esta Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre , fue desarrollada por su Reglamento aprobado por Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, añadiéndose, en sus artículos 38 y 39 (los del Reglamento), nuevos requisitos, a los ya establecidos en el artículo 29 de la Ley Orgánica.
El artículo 29de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre fue derogadopor la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (publicada en el B.O.E. de 6 de diciembre de 2018 que entró en vigor, según su disposición final decimosexta , el día 7 de diciembre de 2018), en cuyo artículo 20se establecen los requisitos para que no constituya una intromisión ilegítima en el derecho al honor el facilitar, a un registro de morosos los datos personales de un deudor que, a causa de ello, queda incluido en ese registro de morosos. Suscitándose la duda de la subsistencia de aquellos requisitos impuestos en los artículos 38 y 39 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 aprobado por Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre que no aparecen reseñados en el artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre . Duda que ha desaparecido por la sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo número 945/2022de 20 de diciembre de 2022, por la que se resuelve el recurso número 2737/2022 , en la que, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición derogatoria única de la Ley Orgánica 3/2018 ("..quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan, se opongan o resulten incompatibles con..la presente ley orgánica"), considera derogado el artículo 39 del Reglamentoasí como el artículo 38salvo en un único y exclusivo extremo consistente en la subsistencia de uno de sus requisitos,el de "requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación" (requisito letra c de este artículo 38).
En consecuencia, los requisitosque tienen que concurrir para que quede autorizada por la ley,la facilitación, a los registros de morosos, de los datos personales del deudor que quedan incorporados al registro de morosos, y, por ende, no constituya una intromisión ilegítima en el derecho al honor del deudor,son los siguientes:
1º. Que los datos hayan sido facilitados por el acreedoro por quien actúe por su cuenta e interés ( letra a del apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2018 ).
2º. Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles,cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes ( letra b del apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2018).
3º. Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación ( letra c del artículo 38 del Reglamento que desarrollo la Ley Orgánica 15/1999 aprobado por Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre).
4º. Que el acreedor haya informadoal afectado en el contrato oen el momento de requerir el pagoacerca de la posibilidad de inclusión endichos sistemas (registros de morosos)con indicación de aquellos en los que participe ( párrafo primero de la letra c del apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2018 )
5º. Que los datos únicamente se mantenganen el sistema (registros de morosos) mientras persista el incumplimiento,con el límite máximode cinco añosdesde la fecha de vencimiento de la obligación dineraria financiera o de crédito ( letra d del apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2018 ).
La concurrencia de todos los requisitos legales reseñados salvo el de no haberse indicadopor el acreedor al afectado, en el contrato o al hacerse el requerimiento de pago, los sistemas de información crediticia(registro de morosos) en los que participa el acreedor,no priva, al acreedor que ha facilitado los datos, de la autorización legal, y, por tanto, no se habría producido una intromisión ilegítima en el derecho al honor del deudor (en este sentido se pronuncia la sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo número 945/2020 de 20 de diciembre de 2022 por la que se resuelve el recurso número 2737/2022 en el número 18 del fundamento de derecho sexto)."
TERCERO.-En primer lugar y por lo que se refiere al error en la resolución recurrida invocado por la parte apelante, basándose en que en la misma se considera acreditada una deuda cierta, líquida y exigible por el importe incluido en el fichero de solvencia patrimonial sin ofrecer razón alguna , ya que considera que debía de haberse aportado un certificado de deuda o movimientos que acreditaran la misma, probando el impago y las cuotas sin pagar.
Tal y como recoge la Audiencia Provincial de Asturias en Sentencia de septiembre de 2022: "Uno de los ejes fundamentales de la regulación del tratamiento automatizado de datos personales es el que ha venido en llamarse "principio de calidad de los datos". Los datos deber ser exactos, adecuados, pertinentes y proporcionados a los fines para los que han sido recogidos y tratados. El art. 4 LOPD de Ley Orgánica 15/1999, 4 JURISPRUDENCIA de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. art. 4 (14/01/2000), desarrollando las normas del Convenio núm. 108 del Consejo de5/9 Europa y la normativa comunitaria, exige que los datos personales recogidos para su tratamiento sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido, exactos y puestos al día de forma que respondan como veracidad a la situación actual del afectado, y prohíbe que sean usados para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos.
Como dice la STS de 25 de abril de 2019 cuando se trata de ficheros relativos al cumplimiento de obligaciones dinerarias, la deuda debe ser, además de vencida y exigible, cierta, es decir, inequívoca, indudable. Por tal razón, no cabe incluir en estos registros datos personales por razón de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio.
Cuando la deuda es cierta, líquida, vencida y exigible se cumple con el principio de calidad de los datos sancionado en el precepto, de modo que el acreedor podrá cederlos al titular del fichero.
Por tanto, los datos que se incluyan en estos registros de morosos han de ser ciertos y exactos."
A estos efectos, esta Sala ha mantenido, entre otras, en Sentencia de 27 de noviembre de 2023 (recurso 148/23), en la que se hace la referencia a la Sentencia de 7 de febrero del mismo año, que: "3.- Esta cuestión, junto con otras que son relevantes en este litigio, fue objeto de varias sentencias del pleno de esta sala que se dictaron los días 20 y 21 de diciembre de 2022 .
4.- En concreto, sobre los requisitos relativos a la existencia de una deuda cierta, vencida, líquida y exigible, que amparara la comunicación de los datos a un fichero de solvencia patrimonial, el fundamento quinto de la sentencia 945/2022, de 20 de diciembre, del pleno de la sala , declaró:
" 1.- El art. 20.1.b de la nueva Ley Orgánica 3/2018 exige, como requisito para la licitud de la comunicación de los datos personales a uno de estos ficheros sobre solvencia patrimonial que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, añadiendo la exigencia de que su existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes.
" 2.- En las sentencias de esta sala 13/2013, de 29 de enero , 672/2014, de 19 de noviembre , 740/2015, de 22 de diciembre , 114/2016, de 1 de marzo , y 174/2018, de 23 de marzo , hemos realizado algunas consideraciones generales sobre esta cuestión: para la inclusión de los datos del deudor en ficheros relativos al cumplimiento de obligaciones dinerarias la deuda debe ser, además de vencida y exigible, cierta, es decir, inequívoca, indudable. Por tal razón, no cabe incluir en estos registros datos personales por razón de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio.
" 3.- Por lo general, hemos vinculado el cumplimiento de estos requisitos a la inexistencia de controversia sobre la deuda cuando se produce la comunicación de los datos al fichero de morosos, porque si el titular de los datos considera razonable y legítimamente que no debe lo que se le reclama, y así se lo ha hecho saber al acreedor, la falta de pago no es indicativa de la insolvencia del afectado y por tanto el tratamiento de sus datos en uno de estos ficheros no es pertinente. Tampoco puede utilizarse la inclusión en el fichero de morosos como una medida de presión para zanjar disputas con el cliente sobre la existencia o cuantía de la deuda....
" 5.- Sobre esta cuestión, en la sentencia 832/2021, de 1 de diciembre , declaramos que, a efectos de considerar que la deuda no era cierta, no es relevante el cuestionamiento de la deuda hecho con posterioridad a su inclusión en el registro de morosos.
" 6.- Además de lo anterior, cuando el demandante obtuvo una sentencia favorable que declaró el carácter usurario del préstamo, tal declaración no le eximió de restituir a la prestamista la parte de capital pendiente de pago, pues de los 500 euros que le fueron prestados solo había restituido 250 euros. El demandante no ha objetado la afirmación de la prestamista de que, una vez fijada la cuantía de la deuda por la declaración de nulidad del préstamo por usurario (la restitución del capital, una vez deducido lo ya pagado), el prestatario sigue sin pagar lo que adeuda a la prestamista.
" 7.- Por lo cual, que sus datos fueran objeto de tratamiento en un fichero sobre solvencia patrimonial no vulnera su derecho al honor, por más que la cantidad comunicada al fichero no fuera la correcta, pues lo que vulnera el honor del afectado no es que la cuantía de la deuda que consta en el registro sea incorrecta, sino que se dé al afectado el tratamiento de moroso, incumplidor de sus obligaciones dinerarias, sin serlo.
" 8.- Sobre esta cuestión, en la sentencia 671/2021, de 5 de octubre , declaramos que "lo verdaderamente relevante para que pudiera considerarse infringido el derecho al honor de los demandantes [...] no es tanto la corrección de la concreta cantidad en que el banco cifró la deuda, sino que se hubiera comunicado a la CIRBE sus datos personales asociados a datos económicos de los que resultara su condición de morosos, sin serlo realmente".
No cabe considerar que se haya incurrido en error al concluir la resolución recurrida en el cumplimiento de dicho requisito por la existencia de una póliza de crédito y el certificado de deuda aportado, que ponía de manifiesto el débito objeto de inscripción, razonamiento que se comparte, ya que consta aportado con el escrito de contestación a la demanda, la póliza de cuenta de crédito suscrita e igualmente un certificado de deuda emitido por CaixaBank en el que se refleja el saldo dispuesto, los intereses ordinarios, los intereses de demora, así como las comisiones/descubierto que determinan la cuantía que fue objeto de inclusión en el fichero de solvencia patrimonial, sin que pueda exigirse a la parte apelada acreditar el impago de la deuda, correspondiendo ,en su caso, a la parte apelante acreditar el pago de la misma, estimando suficientes los documentos aportados al objeto de considerar que la deuda es cierta ,líquida, vencida y exigible.
CUARTO.-Por lo que se refiere al error planteado alegando que en el contrato del que deriva la deuda incluida, no se advirtió la posibilidad de incluir los datos en un fichero de solvencia patrimonial en caso de impago, tal y como consta en la Sentencia de instancia, en la cláusula 15 de la póliza de crédito relativa al tratamiento de datos personales, se refleja textualmente la información a las personas que eran parte en dicho contrato de que en caso de impago de cualquiera de las obligaciones derivadas del mismo, los datos relativos al débito podrían ser comunicados a ficheros de cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, por lo que no cabe estimar que se haya incurrido en error al respecto.
Por último y en cuanto al error alegado al considerar que no se ha acreditado que haya sido requerida de impago, al estimar que el certificado de Servinform carece de validez, se refleja en la resolución recurrida que habían existido diversas comunicaciones remitidas al domicilio de la apelante, en las que expresamente constaba la advertencia de inclusión en el fichero de solvencia patrimonial en caso de impago y en relación a la comunicación remitida el 23 de julio de 2020 se señala que en la misma se advertía de la posibilidad de dicha inclusión en los ficheros Asnef y Badexcug y se encargó de la gestión la entidad Servinform, que certificó que la comunicación se puso a disposición del Servicio de Correos para su distribución por parte de dicho Servicio, figurando el albarán de entrega, sin que hubiera sido devuelta dicha comunicación, al señalar que no constaba incidencia alguna en su proceso de generación, ensobrado y entrega en el operador postal para su envío ni constancia de que el sobre hubiera sido devuelto en la base de datos, recogiendo la jurisprudencia al respecto que estima válidos dichos elementos para considerar efectuado el requerimiento de pago.
En Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de enero de 2024, se precisan los criterios jurídicos aplicables para decidir si se ha dado cumplimiento al requisito previo a la comunicación de los datos al sistema de información crediticia, en lo relativo a la recepción efectiva del requerimiento de pago, señalando que: "5.-En la sentencia 959/2022, de 21 de diciembre, del pleno de la sala ,con cita de otras anteriores, declaramos:
«[...] nuestra doctrina sobre el carácter recepticio del requerimiento previo de pago no exige, como hemos dicho la fehaciencia de su recepción, que se pueda considerar fijada a través de las presunciones, como en este caso, siempre que exista garantía o constancia razonable de ella, que en el presente supuesto también existe, puesto que en ningún momento se ha negado que el domicilio del demandado coincidiera con la dirección de destino indicada en la comunicación o argumentado que esta se hubiera malogrado por razones achacables al servicio postal de correos, de las que, por lo demás, no existe reflejo alguno en los autos.
» Tampoco se puede tachar la comunicación por formar parte de un gran conjunto de ellas, puesto que dicha circunstancia, igual que si se hubiera presentado de forma independiente e individual, no impide su puesta a disposición del servicio postal de correos, que opera un número ingente de comunicaciones y que no puede denegar su admisión (documentada en los autos con los albaranes de entrega) por el mero hecho de formar parte de una remesa masiva de envíos que le son confiados por el remitente para la realización de un proceso postal integral (clasificación, transporte, distribución y entrega) que debe garantizar de manera efectiva los derechos de los usuarios y del que, una vez producida la recepción, se hace responsable, conforme a lo dispuesto por el art. 3.12b) de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre ,del servicio postal universal y de los derechos de los usuarios y del mercado postal.
» Ni equipararse este supuesto, atendidas las circunstancias que lo califican, con otros cuya tipología es distinta, como aquellos en los que la comunicación fue remitida a una dirección postal de la que fue devuelta por ser el destinatario desconocido o donde anteriormente ya se había producido una devolución por la misma circunstancia, lo que sí cuestiona, como ya hemos dicho, la garantía de recepción ( sentencia 854/2021, de 10 de diciembre )»
6.- En la sentencia 863/2023, de 5 de junio ,declaramos en un supuesto en que concurrían las mismas circunstancias que en el que es objeto de este recurso:
«Partiendo de estos datos, y no constando circunstancias de las que inferir razonablemente, es decir, con base en razones justificadas, no en meras hipótesis especulativas, que la carta no llegara a su destino, concluir que los elementos probatorios disponibles se pueden considerar suficientes para dar por acreditada la realización del requerimiento previo de pago exigido reglamentariamente no solo es racional, sino también razonable».
7.- Es cierto que la jurisprudencia de esta sala ha tomado en consideración el casuismo existente en esta materia. Y así, hemos considerado pertinentes para confirmar la práctica efectiva del requerimiento circunstancias tales como la remisión de correos electrónicos o mensajes de texto por teléfono; y, al contrario, para considerar que no puede considerarse realizado el requerimiento de pago, hemos entendido que son relevantes circunstancias tales como que la comunicación se había remitido a una dirección de la que con anterioridad habían venido devueltas otras comunicaciones.
Pero no concurriendo circunstancias especiales, el simple hecho de que la comunicación contenía el requerimiento de pago fuera depositada en el servicio de correos junto con otras muchas cartas, no basta por sí solo para considerar que no se ha practicado el requerimiento de pago, cuando, como sucede en el presente caso, la comunicación ha sido remitida a una dirección idónea, como es al que la demandante hizo constar en el contrato del que deriva la deuda, sin que conste que hubiera comunicado un cambio de domicilio o que la demandada hubiera podido inferir dicho cambio de alguna otra circunstancia.
8.- La exigencia por parte de la Audiencia Provincial de que, para considerar realizado efectivamente el requerimiento de pago, deben haberse utilizado sistemas tales como el burofax o el correo certificado con acuse de recibo, no es acorde con la jurisprudencia de esta sala que, desde la sentencia 13/2013, de 29 de enero ,ha declarado que «si bien no consta probado de forma fehaciente el envío, lo cierto es que la Ley no exige esta fehaciencia». Es más, la recepción del requerimiento de pago se puede considerar fijada a través de las presunciones o acreditada por cualquier medio de prueba ( sentencias 672/2020, de 11 de diciembre , 854/2021, de 10 de diciembre , 81/2022, de 2 de febrero , y 436/2022, de 30 de mayo , entre otras) siempre que exista garantía o constancia razonable de ella ( sentencias 660/2022, de 13 de octubre , 604/2022, de 14 de septiembre , 854/2021, de 10 de diciembre , 672/2020, de 11 de diciembre ),lo que se produce cuando la comunicación depositada en el operador postal ha sido remitida al domicilio del deudor y no existen circunstancias (por ejemplo, la devolución de otras comunicaciones dirigidas a ese domicilio)."
Por lo que a tenor de lo expuesto y del criterio jurisprudencial señalado y conforme a los documentos obrantes en las actuaciones reflejados en la Sentencia recurrida, ha de considerarse que se ha efectuado el requerimiento previo de pago con la advertencia de inclusión en los ficheros de solvencia patrimonial, careciendo de trascendencia a los efectos de no considerar correctamente efectuado dicho requerimiento, tal y como se ha expuesto anteriormente, el hecho de que se efectuar por un importe de 12.805,02 euros y por tanto, inferior al que fue objeto de inclusión, así como el que no se estableciera un plazo para el pago, ya que no es preciso conceder un plazo para abonar una deuda ya existente y cuyo pago debiera haberse efectuado con anterioridad a haber sido requerida del mismo, por todo lo cual procede desestimar el recurso de apelación planteado.
QUINTO.-De conformidad con lo establecido en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, han de imponerse las costas de esta alzada a la parte apelante.
VISTOSlos artículos citados y demás de general y pertinente aplicación
