Sentencia Civil 189/2025 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 21, Rec. 1263/2022 de 26 de mayo del 2025

Se aceptan los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida.

PRIMERO.-La representación de la entidad Inversiones y Proyectos Iplacea S.L., como propietaria que era de dos trasteros en el DIRECCION000 de Pinto, formuló demanda de juicio ordinario contra la Comunidad de Propietarios de dicho inmueble, impugnando determinados acuerdos adoptados en Junta General de fecha 14 de julio de 2021, y concretamente aquéllos que le denegaron su derecho a realizar obras para tener suministro de agua en sus trasteros, así como aquél por el que se le denegaba la autorización de cambio de uso solicitada respecto de los trasteros de los que era propietaria, y, finalmente, aquél por el que se le negó que la Comunidad de Propietarios tomara acciones legales contra el propietario del trastero número DIRECCION001 de la división horizontal por su ocupación indebida de zonas comunes, y ello por considerar que tales acuerdos infringían lo establecido en el artículo 18 a) y c) de la Ley de Propiedad Horizontal los dos primeros, y los apartados a), b) y c) del mismo art 18 citado el último de ellos.

La Comunidad de Propietarios del DIRECCION000 de Pinto se personó en autos oponiéndose a las pretensiones frente a ella deducidas, negando que, como se decía en la demanda, la parte actora hubiera adquirido primero del trastero número DIRECCION002 y posteriormente el número DIRECCION003, en tanto que había adquirido simultáneamente ambos trasteros que se encontraban unificados entre sí, situación que venía dada desde que a la constructora del inmueble le fue concedida la modificación del proyecto de obras de construcción, habiendo aprovechado la propiedad del trastero número DIRECCION001 para utilizar un espacio muerto, sin que en nada perjudicara a la Comunidad de Propietarios, alegando que no existía agravio ni abuso de derecho en cuanto a la denegación de la petición de suministro de agua, en tanto que ninguno de los trasteros disponía de tal suministro de agua, sin que por su destino fuera necesario dicho suministro, no estando permitido el uso irregular de los trasteros por el Plan General de Ordenación Urbana de Pinto, señalando, en relación con la denegación del cambio de uso, que la parte actora no había acreditado que el título constitutivo de los trasteros contara con los necesarios requisitos para el cambio de uso solicitado, desprendiéndose de la propia autorización dada por el Ayuntamiento de Pinto que no se cumplían con los requisitos necesarios para convertir los trasteros en vivienda, negando por ello que los acuerdos impugnados fueran tomados contra ley, en contra de lo acordado en los Estatutos o con abuso de derecho.

La Juzgadora de instancia dictó sentencia en la que vino a desestimar las pretensiones deducidas por la parte actora en su demanda, siendo Inversiones y Proyectos Iplacea S.L. quien ha venido a mostrar su disconformidad con la mencionada resolución, refiriendo que, habiendo solicitado autorización previa para obtener suministro de servicios básicos, fue la propia Comunidad de Propietarios la que en el momento de las votaciones había dividido la votación en dos, autorizando el suministro de electricidad y denegando el del agua, sin que en ningún caso ella hubiera propuesto la realización de ninguna obra concreta, sino el reconocimiento del mero derecho a tener dichos suministros, siendo arbitrario que la Comunidad le reconociera el derecho a tener suministro de luz pero no suministro de agua, sin queen ninguno de los casos hubiera indicado las obras a realizar, refiriendo, en relación con el cambio de uso, que no existía prohibición o limitación alguna para el cambio de uso en el título constitutivo ni en la regulación estatutaria de la comunidad, de forma que no existiendo tal limitación ni siquiera sería necesario el acuerdo de la Comunidad de Propietarios para la transformación de un local comercial en una vivienda y, en consecuencia no podría denegársele el cambio de uso interesado, refiriendo, en cuanto al inicio de acciones legales por la situación del pasillo comunitario y la ocupación del mismo por parte del propietario del trastero número DIRECCION001, que la ocupación de esta zona común le impedía acceder a su propio trastero, siendo un hecho evidente esta circunstancia.

SEGUNDO.-Vistos los motivos de impugnación mantenidos contra la resolución adoptada en instancia debemos partir de los siguientes hechos acreditados en autos, en primer lugar, que la entidad Inversiones y Proyectos Iplacea S.L. es propietaria de la finca registral número NUM000 del Registro de la Propiedad número 2 de los de Pinto, que no es sino el DIRECCION002, y ello en virtud de adjudicación autorizada por la Tesorería General de la Seguridad Social, con fecha 13 de diciembre de 2016 (folio 25), así como igualmente es propietaria de la finca registral NUM001 de las del mismo Registro de la Propiedad, que no es sino el cuarto trastero número DIRECCION003 en la misma planta y portal, en virtud de mandamiento administrativo de fecha 23 de octubre de 2018 autorizado por la Tesorería General de la Seguridad Social.

No es cuestión discutida que la entidad en la litis actora y ahora apelante interesó se incluyera en el Orden del Día de la Junta de la Comunidad de Propietarios a celebrarse el día 14 de julio de 2021 determinadas peticiones en relación con dichos trasteros, siendo así que en el punto sexto de dicho Orden consta: "Petición autorización propietario trasteros DIRECCION003 y DIRECCION002 para la realización de las obras necesarias para que sus fincas tengan suministros de servicios básicos. Tratamiento de la situación del acceso al pasillo comunitario del trastero DIRECCION002. Situación del trastero nº DIRECCION001 y posible ocupación de las zonas comunes por parte del mismo. Adopción de acuerdos", constando, que tras exponer el propietario de dichos trasteros su petición de autorización para la realización de las obras necesarias para que sus fincas tuvieran suministros, se votó favorablemente a la autorización del suministro de luz, denegándosele la autorización para el suministro de agua, así como para el cambio de uso del trastero, e igualmente en relación con la posibilidad de reclamar judicialmente la posible ocupación de las zonas comunes del trastero número DIRECCION001.

Consta en autos, y ello tal y como se desprende de los documentos unidos a los folios 83 y siguientes, que la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Parla, con fecha 14 de junio de 1993, y en relación con las petición de licencia de primera ocupación del edificio de viviendas sito en la finca en la que se ubican los trasteros litigiosos, estableció como condición vinculante para la misma que: "la planta bajo cubierta tendrá un uso exclusivo de TRASTERO, no permitiéndose uso diferente ni siquiera el compatible con vivienda, por considerarse piezas de vivid Heras, según establece el Plan General de Ordenación Urbana de Pinto. La comunidad de propietarios se responsabilizará del uso destinado a trastero, reflejándose las respectivas actas de constitución y reuniones".

En la inscripción de obra nueva y régimen de propiedad horizontal en relación con la finca que nos venimos refiriendo, que figura a los folios 44 y siguientes, de fecha 1 de diciembre de 1992, tras efectuarse la división horizontal de la finca se recoge su Estatuto Jurídico, señalándose que la Comunidad de Propietarios se regiría por las normas establecidas en el artículo 396 del Código Civil y por la Ley de Propiedad Horizontal y disposiciones complementarias y especialmente las siguientes, refiriéndose a la los gastos comunes, y a determinadas facultades de los propietarios de los locales de tal inmueble, así como en relación con los de las plazas de garaje, sin que exista previsión normativa diferente a la señalada.

Llegados a este punto, quizá convenga recordar, aun cuando pueda parecer obvio, que otorgada la autorización para el suministro de luz en los trasteros de los que era propietario la entidad actora y apelante, la misma no mostró su disconformidad con dicho acuerdo, por lo que ninguna consideración procede que efectuemos en relación con aquél, pese a las alegaciones en este punto efectuadas por la parte apelante en su escrito formalizando el recurso de apelación que nos ocupa.

TERCERO.-Vistos los motivos de impugnación mantenidos por la parte apelante contra la resolución adoptada por la Juzgadora de instancia, quizá convenga recordar que conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal: "1.- Los acuerdos de la Junta de Propietarios serán impugnables ante los tribunales de conformidad con lo establecido en la legislación procesal general, en los siguientes supuestos:

a) Cuando sean contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad de propietarios.

b) Cuando resulten gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios.

c) Cuando supongan un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se hayan adoptado con abuso de derecho.",amparando precisamente la entidad ahora apelante sus pretensiones en la infracción a su entender cometida en lo previsto en los apartados a) y c) del número uno del artículo 18, que hemos transcrito, en cuanto a la denegación del suministro de agua en los trasteros de su propiedad, y en cuanto a la denegación de cambio de uso de aquéllos interesada, y en lo previsto en los apartados a),b) y c) del art 18 la denegación del ejercicio de acciones por parte de la Comunidad de Propietarios frente al propietario de trastero número DIRECCION001 por ocupar una zona común.

Pues bien, comenzando por el acuerdo denegatorio de la realización de las obras necesarias para que los trasteros de la entidad ahora apelante tuvieran suministro de agua, lo primero que debemos indicar es que desde luego dicho acuerdo no fue adoptado contra la Ley o los Estatutos de la Comunidad de Propietarios, considerando este Tribunal que tampoco, y pese a las alegaciones efectuadas por la parte apelante, ha sido adoptado con manifiesto abuso de derecho.

En este punto, y pese a las alegaciones efectuadas por la parte apelante en cuanto a que la misma solo interesaba el reconocimiento de su derecho a tener suministro de agua, debemos indicar que basta leer el suplico de su demanda, o el de su escrito formalizando el recurso de apelación que nos ocupa, para constatar que lo que pidió en instancia, y reitera en esta alzada, es su derecho a "realizar obras para tener suministro de agua", no buscando tan solo un mero reconocimiento de su derecho a obtener tal suministro, sino pretendiendo llevar a efecto la realización de las obras que fueran necesarias para conseguir aquél y poder proceder, como indica en su recurso, al aprovechamiento de sus bienes inmuebles.

Entiende esta Sala que realmente el acuerdo adoptado no va en contra de lo dispuesto en el art 18.a) de la Ley de Propiedad Horizontal, en tanto que ciertamente no es contrario a los Estatutos, ni a dicha Ley.

En efecto, no cabe sino recordar que las instalaciones, conducciones y canalizaciones para el suministro de agua, hasta que entran en cada piso o local, o incluso en su caso en un trastero, se trata de un elemento común de la finca en la que se ubican aquéllos, conforme a lo establecido en el art 396 de la LECv, pretendiéndose sin duda con el acuerdo que la parte apelante ahora interesa conseguir una modificación de los mismos, en tanto en cuanto que nunca habían dispuesto de tal suministro de agua los trasteros, siendo por ello que se pretende se apruebe el acuerdo de realizar las obras para conseguir que llegue el suministro de agua a dichos trasteros, sin que por ello el acuerdo de denegar el suministro de agua en tales trasteros sea contrario ni a los Estatutos, que no preveían tal servicio o suministro, sino solo la utilización de dichos trasteros como tales, para cuyo uso como habitáculo en el que guardar "trastos" no es preciso que dispongan de agua, ni tampoco dicho acuerdo es contrario a la Ley de Propiedad Horizontal, que tampoco contempla como tal la obligación de suministro de agua en un trastero, todo ello, claro es, que sin perjuicio de que sin duda puede adoptarse el referido acuerdo con las mayorías a que se refiere el art 17 de la Ley de Propiedad Horizontal para este supuesto, lo que sin duda no ha acaecido en el caso que nos ocupa.

Debemos recordar que, tal y como ha venido reiterándose por nuestro Tribunal Supremo en numerosas resoluciones, en relación con el abuso de derecho, pudiendo citar por ejemplo en la sentencia de 24 de enero de 2024 (recurso de casación 5085/2018): "En la sentencia 10/2022, de 12 de enero dijimos :

"La doctrina del abuso de Derecho, en palabras de la sentencia de 1 de febrero de 2006 (RC n.º 1820/2000 ), se sustenta en la existencia de unos límites de orden moral, teleológico y social que pesan sobre el ejercicio de los derechos, y como institución de equidad, exige para poder ser apreciado, una actuación aparentemente correcta que, no obstante, representa en realidad una extralimitación a la que la ley no concede protección alguna, generando efectos negativos (los más corrientes daños y perjuicios), al resultar patente la circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima, así como la objetiva de exceso en el ejercicio del derecho ( sentencias de 8 de julio de 198 , 12 de noviembre de 1988 , 11 de mayo de 1991 y 25 de septiembre de 1996 ). Su apreciación exige, en palabras de la sentencia de 18 de julio de 2000 , una base fáctica que proclame las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio) y subjetivas (voluntad de perjudicar o ausencia de interés legítimo).

"[E]n materia de propiedad horizontal, la sentencia de 16 de julio de 2009 (RC nº. 2204/2004 ) ha entendido que el abuso de derecho, referido en el artículo 18.1 c) de la Ley, consiste en la utilización de la norma por la comunidad con mala fe civil en perjuicio de un propietario, sin que pueda considerase general el beneficio de la comunidad y, sin embargo, afecta de manera peyorativa a uno de sus partícipes. En definitiva, la actuación calificada como abusiva no puede entenderse fundada en una justa causa y su finalidad no será legítima".

En la sentencia 318/2016, de 13 de mayo , con cita de la de 16 de julio de 2009 , declaramos:

""Es cierto que las reglas para la aprobación de acuerdos comunitarios han de ser objeto de una interpretación adecuada a la realidad social actual, como autoriza el artículo 3 del Código Civil , para evitar supuestos de abuso notorio del derecho, que impidan lograr la más ordenada convivencia de los cotitulares y preservar la paz vecinal ( SSTS 13 de marzo de 200 ; 19 de diciembre de 2008 ). Ahora bien, son circunstancias que configuran el abuso de derecho, las subjetivas, de intención de perjudicar o de falta de interés serio y legítimo, y las objetivas, de exceso o anormalidad en el ejercicio de un derecho y producción de un perjuicio injustificado ( SSTS 8 de mayo y 28 de noviembre de 2008 ), y es plenamente legítimo y serio y en ningún modo excesivo o anormal, el interés de los comuneros disidentes de que no se alteren los elementos comunes en beneficio exclusivo de uno de ellos, a partir de un acuerdo de cuya adopción es responsable la comunidad demandada, haciendo uso del derecho que le concede la normativa de la propiedad horizontal para impedirlo".".

Y en la sentencia 423/2011, de 20 de junio , manifestamos en la misma línea:

"Son circunstancias que configuran el abuso de derecho, las subjetivas, de intención de perjudicar o de falta de interés serio y legítimo, y las objetivas, de exceso o anormalidad en el ejercicio de un derecho y producción de un perjuicio injustificado ( STS 8 de mayo de 2008 ), y es plenamente legítimo y serio y en ningún modo excesivo o anormal, el interés de la comunidad de que no se alteren los elementos comunes en beneficio exclusivo de uno de los comuneros, haciendo uso del derecho que le concede la normativa de la propiedad horizontal para impedirlo. De lo contrario, se vería abocada a soportar no solo una modificación de sus elementos comunes, sino la servidumbre originada a su amparo."

Partiendo de la doctrina jurisprudencial referida, no cabe duda que, como ya anteriormente hemos referido, la prestación del servicio de suministro de agua a los diferentes pisos y locales integrados en una Comunidad de Propietarios, o incluso de los trasteros que forman parte de aquélla, se realiza a través de una serie de conducciones comunes hasta que se entra en cada uno de los espacios privativos de los distintos propietarios de aquéllos, resultando que precisamente por ello no puede considerarse que el acuerdo ahora impugnado sea abusivo, en tanto en cuanto la Comunidad de Propietarios tiene interés en preservar un elemento común, evitando alteraciones del mismo que puedan perjudicar su buen uso, sin ventaja alguna para la Comunidad, y en detrimento de los propios elementos comunes de la misma o de posibles propietarios que pudieran verse perjudicados por la nueva instalación, sin que desde luego pueda imputarse a la Comunidad de Propietarios del DIRECCION000 de Pinto el haber adoptado el acuerdo con simple mala fe o sin una razón justificada, teniendo sin duda la misma un serio interés legítimo en mantener las instalaciones del servicio de suministro de agua en las condiciones en las que se encuentran.

Es, precisamente en base a lo expuesto, por lo que consideramos que no procedería sino desestimar en este punto el recurso de apelación que nos ocupa.

CUARTO.-En cuanto a las alegaciones efectuadas referidas al acuerdo adoptado denegando el cambio de uso de los trasteros propiedad de la parte ahora apelante, debemos recordar que conforme se ha venido reiterando por nuestro Tribunal Supremo en numerosas resoluciones, pudiendo citar quizá como más reciente la sentencia de 18 de febrero de 2025 (recurso de casación 7875/2021), "Esta sala ha reconocido la legalidad de la limitación de las facultades dominicales de los propietarios de los distintos pisos y locales de un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal.

En este sentido, nos expresamos, por ejemplo, en la sentencia 358/2018, de 15 de junio , cuya doctrina ratifica la más reciente sentencia 1671/2023, de 29 de noviembre , que aborda la temática relativa a la eficacia de las limitaciones o prohibiciones referidas al uso de un inmueble sometido a tal régimen jurídico; y así señalamos en dicha resolución:

«(i) El derecho a la propiedad privada constituye un derecho constitucionalmente reconocido ( artículo 33 CE ), concebido ampliamente en nuestro ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las establecidas legal o convencionalmente que, en todo caso, deben ser interpretadas de un modo restrictivo. No obstante, en el ámbito de la propiedad horizontal, se considera posible y aceptable establecer limitaciones o prohibiciones a la propiedad, que atienden a la protección del interés general de la comunidad. Dentro de estas limitaciones se encuentra la prohibición de realizar determinadas actividades o el cambio de uso del inmueble, pero para su efectividad deben constar de manera expresa y, para poder tener eficacia frente a terceros, deben aparecer inscritas en el Registro de la Propiedad.

»(ii) También es doctrina de esta Sala (sentencia 30 de diciembre de 2010 ; 23 de febrero de 2006 y 20 de octubre de 2008 ) considerar que la mera descripción del inmueble no supone una limitación del uso o de las facultades dominicales, sino que la eficacia de una prohibición de esta naturaleza exige de una estipulación clara y precisa que la establezca. Así lo reconocía la sentencia de 21 de diciembre de 1993 .

»Los copropietarios no pueden verse privados de la utilización de su derecho a la propiedad como consideren más adecuado, a no ser que este uso no esté legalmente prohibido o que el cambio de destino aparezca expresamente limitado por el régimen de dicha propiedad horizontal, su título constitutivo o su regulación estatutaria.

»Es por ello por lo que la citada sentencia 728/2011, de 24 de octubre , afirma que: "Se reitera como doctrina jurisprudencial que las limitaciones o prohibiciones referidas a la alteración del uso de un inmueble en el ámbito de la propiedad horizontal exigen, para que sean eficaces, que consten de manera expresa".

»(iii) La interpretación de las limitaciones, y ello es relevante para el recurso, debe ser siempre de carácter restrictivo, como cualquier menoscabo del derecho de propiedad, siendo contundente la jurisprudencia ( sentencias de 6 de febrero de 1989 ; 7 de febrero de 1989 ; de 24 de julio de 1992 ; de 29 de febrero de 2000 ; de 21 de abril de 1997 ».

En este mismo sentido, la STS 929/2008, de 20 de octubre , proclamó, con respecto al carácter vinculante de la descripción del destino de los pisos o locales, que:

«[l]a mera descripción no supone limitación del uso o de las facultades dominicales, pues para ello deviene necesaria una cláusula o regla precisa y concreta, con obligación para los comuneros de su cumplimiento [...] y a ninguno de ellos se le puede privar de la utilización de su derecho de propiedad como considere oportuno, siempre que el destino elegido no esté prohibido singularmente en aquellos documentos" ( STS de 23 febrero 2006 , que sigue la doctrina sentada en las de 21-12-1993, 5-3-1998 y que resulta confirmada por las de 19-5-2006 y 20-9-2007)».

Se insiste en ello, en la STS 123/2006, de 23 de febrero , en la que estableció:

«"En el título constitutivo y los estatutos se hace constar de ordinario el uso y destino del edificio, pero esta mera descripción no supone limitación del uso o de las facultades dominicales, pues para ello deviene necesaria una cláusula o regla precisa y concreta, con obligación para los comuneros de su cumplimiento, tanto para los fundadores de la Comunidad, como para los titulares posteriores, y a ninguno de ellos se le puede privar de la utilización de su derecho de propiedad como considere oportuno, siempre que el destino elegido no esté prohibido singularmente en aquellos documentos».

De esta manera, por ejemplo, en sentencia 729/2014, de 3 de diciembre , que se reproduce en la más reciente sentencia 1643/2023, de 27 de noviembre , hemos señalado que:

«1. En el ámbito de la propiedad horizontal, resulta posible el establecimiento de limitaciones o prohibiciones que en general atiendan al interés general de la comunidad. Prohibiciones estas que, como indican las sentencias de 20 de octubre de 2008 y 30 de diciembre de 2010 , citadas por la de 5 de octubre de 2013 , referidas a la realización de determinadas actividades o al cambio de uso del inmueble, que es lo sucedido en el caso del recurrente, deben constar de manera expresa...»."

Pues bien, partiendo de la doctrina jurisprudencial citada, lo cierto es que en el concreto supuesto que nos ocupa, no existe, en principio, limitación alguna al cambio de destino de un trastero en los Estatutos de la Comunidad de Propietarios hoy demandada, a que nos referimos en el fundamento jurídico segundo de la presente resolución, más allá de las limitaciones administrativas que en relación con dicho uso estableció el Ayuntamiento de Pinto al conceder la licencia de primera ocupación del inmueble en el que se ubican dichos trasteros, lo que no afecta a la resolución que debemos dictar; ahora bien, siendo ello así, debemos recordar que la Juzgadora de instancia desestimó las pretensiones en este punto deducidas por la parte actora, ahora apelante, en tanto que el cambio de destino de trasteros a viviendas, conllevaría el uso de elementos comunes propios y característicos de las viviendas, por la necesidad de disponer de servicios e instalaciones adecuados a este nuevo fin, lo que supondría una alteración de los mismos que afectarían al propio título constitutivo.

Esta Sala, comparte en este punto la decisión adoptada por la Juzgadora de instancia, y ello en tanto que sin duda es un cambio sustancial el de trastero, como lugar en el que se guardan "trastos", a vivienda, como espacio y lugar en el que se desarrollan las actividades propias de la vida, siendo evidente que la modificación interesada conllevaría sin duda la realización de obras que afectarían a elementos comunes, como puede ser la del propio suministro de agua a que nos referimos en el fundamento jurídico anterior.

Entendiendo, en base las consideraciones realizadas que, aun cuando el acuerdo adoptado no va en contra de los Estatutos de la Comunidad de Propietarios, no obstante al afectar dicha alteración o cambio a elementos comunes por las propias características de los trasteros, que entre otras cosas no disponen de suministro de agua, no habiendo sido posible conseguir para la modificación de estos elementos comunes la mayoría establecida en el art 17 de la Ley de Propiedad Horizontal, no procede sino desestimar en este punto el recurso de apelación que nos ocupa, recordando que como ha venido reiterando nuestro Tribunal Supremo en este punto, por ejemplo en sentencia en la sentencia de 24 de Enero de 2024 que ya anteriormente hemos citado, no puede prevalecer "el interés individual y exclusivo de un comunero sobre el interés colectivo y el beneficio general de la comunidad, ya que, tratándose de la alteración de los elementos comunes y no existiendo concordancia entre aquellos intereses ni concierto entre el comunero y la comunidad, la regla general debe ser la contraria en razón de primar los deberes de convivencia y elementales reglas democráticas con reflejo en las que se establecen en el art. 17 para la adopción de acuerdos, lo que no excluye, aunque en el presente caso no ocurra, que puedan concurrir razones cumplidas y justificadas para exceptuarla."

Además, que el acuerdo perjudique a la ahora apelante no supone, tampoco, que se haya adoptado con intención de perjudicarla ni que la Comunidad tenga que obrar en contra de su voluntad y renunciar a su capacidad de control para dar respuesta a unos intereses particulares cuando la decisión afecta a elementos comunes, cuya alteración precisa del consentimiento de la misma.

QUINTO.-Finalmente, y en relación con las pretensiones deducidas en cuanto al acuerdo tomado por la Comunidad de Propietarios de DIRECCION000, en Junta General ordinaria de 14 de julio de 2021, por el que se negó a aquélla a tomar acciones legales contra el propietario del trastero número DIRECCION001 de la división horizontal por su ocupación indebida de zonas comunes, debemos indicar que desde luego este acuerdo no puede considerarse que vaya en contra de los Estatutos ni de la Ley de Propiedad Horizontal, ni que tampoco constituye un abuso de derecho, pudiendo accionar directamente la entidad actora y ahora apelante, si a su derecho interesara, como de hecho nos consta así hizo, a la vista de la prueba documental aportada por aquélla en la Audiencia Previa, compartiendo y haciendo nuestros en todo caso los acertados razonamientos efectuados por la Juzgadora de instancia en este punto, con el fin de evitar repeticiones innecesarias.

SEXTO. -En cuanto a las costas procesales devengadas en esta instancia serán de cuenta de la parte apelante, conforme a lo establecido en el artículo 398 de la LEC.

VISTOSlos artículos citados y demás de general y pertinente aplicación