Sentencia Civil 146/2025 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 22, Rec. 605/2024 de 14 de marzo del 2025

PRIMERO.-La representación procesal de Dª. Justa, demandada en proceso de divorcio, interpone recurso de apelación frente a la sentencia recaída en la instancia a 17 de enero de 2.024, interesando de la Sala la atribución a la progenitora en exclusiva de la custodia de las menores de edad Azucena y Eulalia, hijas comunes de los litigantes, en los términos y con las consecuencias que expresa en su escrito firmado digitalmente a 14 de febrero de 2.024, al que nos remitimos en aras a la brevedad y damos por reproducido en lo sustancial; subsidiariamente, para el supuesto de desestimación, postula establecimiento de contribución alimenticia a cargo del padre de 400 € mensuales para ambas menores, a gestionar por la madre, sin perjuicio de la atención personal, material y directa de las necesidades de las descendientes en los tiempos en que a cada uno corresponda la permanencia, así como del ingreso en cuenta común; para concluir, pretende se le atribuya con las niñas el uso de la vivienda familiar hasta tanto se proceda a su venta.

Al recurso se oponen el Ministerio Fiscal y la contraparte, solicitando la íntegra confirmación de la disentida.

SEGUNDO.-Como quiera que es objeto de recurso la guarda y custodia de dos menores de edad, se hace conveniente precisar con carácter previo al examen de la problemática sometida a la consideración del Tribunal, que tras el cese de la convivencia conyugal, la función de la patria potestad que consiste para los padres en "tener a los hijos en su compañía" ( art. 154 CC) , se desdobla en la generalidad de los supuestos en dos nuevas funciones: la atribución de la custodia a un progenitor, y el establecimiento de un régimen de comunicaciones, visitas y estancias para que los hijos puedan estar con el otro. Por tanto, los términos "guarda y custodia" y "régimen de visitas y estancias" no son sino dos conceptos temporales de la función de tenerlos en su compañía.

De ello se desprende, según la jurisprudencia, que:

a) La convivencia de los hijos con los padres siempre es compartida, aunque no necesariamente al 50%,

b) En principio, la custodia no otorga más derechos sobre el menor que los que tenga el padre que ejerce las visitas. Es decir, después de la separación o divorcio las funciones de velar por ellos, alimentarlos, educarlos, procurarles una formación integral, representarlos y administrar sus bienes siguen siendo compartidas entre ambos,

c) El reparto del tiempo de convivencia que se hace tras una separación o divorcio no implica una separación o castigo para uno de los padres, las causas que provocaron la ruptura no pueden determinar el reparto de tiempo de convivencia, puesto que la legislación matrimonial española opta por el sistema de separación remedio.

Igualmente hay que tener en consideración que el derecho de visitas, regulado en el artículo 94 en concordancia con el artículo 161 del Código Civil, no es un propio derecho sino un complejo derecho-deber o derecho-función que tiene por finalidad cubrir las necesidades afectivas y educacionales de los menores, fomentar las relaciones paterno o materno filiales y mantener latente la corriente afectiva padres-hijos, pese a la separación o divorcio, procurando que a los niños no les afecte gravemente la crisis matrimonial.

Se trata de propiciar que el progenitor saliente del entorno familiar mantenga la comunicación y compañía con los hijos menores y que la relación sea lo más enriquecedora posible.

Nos encontramos en una materia en la que es criterio primordial el del "favor filii" contenido en los artículos 92, 93 y 94 CC, que obliga a atemperar el contenido de la patria potestad en interés de los hijos, por ello los Tribunales deben tratar de indagar cual es el verdadero interés del menor, aquello que le resultará más beneficioso, no sólo a corto plazo sino en el futuro, que le permita ver constantemente a su padre y a su madre, lo cual no es en absoluto incompatible con la atribución a uno solo de los progenitores de la guarda y custodia. De esta forma el menor puede disfrutar de ambos progenitores en la medida más parecida a la que fue anterior a la ruptura del matrimonio o de la pareja.

En ningún caso el derecho de visitas puede constituir una excusa a través de la cual se proyecten las tensiones, enemistades y discrepancias entre los padres, puesto que su fin no es otro que el de facilitar de manera real y posible los contactos entre el progenitor no custodio y sus hijos. En este sentido, nuestra sentencia de 6 de febrero de 2.002, parte del indiscutible hecho de que los hijos son las auténticas víctimas de los conflictos de sus progenitores. Así el interés de aquéllos ha de ser especialmente protegido con el fin de evitar que los mismos sufran otros daños que los ya graves, por si solos, de la falta de la presencia en su vida cotidiana de ambos ascendientes, debiendo, en consecuencia, procurarse unos contactos lo más extensos y profundos posibles con aquel progenitor que no ostente su custodia.

La problemática relativa a la custodia debe resolverse conforme al artículo 92 del Código Civil, y la Ley de Protección Jurídica del Menor, de 15 de enero de 1996, reformada por L.O. 8/2.015, y de conformidad con la normativa internacional, a la sazón, la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 1959, que proclama que el niño, entre otros derechos, tiene el de crecer en un ambiente de afecto y seguridad; la Resolución del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, de 29 de mayo de 1967, establece que "en todos los casos el interés de los hijos debe ser la consideración primordial en los procedimientos relativos a la custodia de estos, en caso de divorcio, nulidad y separación".

Por ello se hace preciso decidir atendiendo a los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en una familia determinada, buscando lo que se entiende mejor para los hijos, para su desarrollo integral, su personalidad, su formación psíquica y física, teniendo presente elementos tales como las necesidades de atención, de cariño, de alimentación, de educación, de desahogo material, de sosiego y clima de equilibrio para su desarrollo.

Conforme a lo anterior, no es necesario entrar en criterios relativos a la descalificación personal de los progenitores, cuando ello no es preciso, pues debe darse respuesta a dicha cuestión atendiendo al superior interés a proteger.

TERCERO.-En esta materia de custodia, en sentencia del Tribunal Supremo de fecha 12 de diciembre de 2.013, se razona:

"La sentencia de 29 de abril de 2013 declara como doctrina jurisprudencial la siguiente: "la interpretación de los artículos 92, 5 , 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven. Señalando que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea".

Es decir - STS 19 de julio 2013 -, se prima el interés del menor y este interés, que ni el artículo 92 del Código Civil ni el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor ,definen ni determinan, exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel."

En sentencia del Tribunal Supremo de 12 de septiembre de 2.016, recaída en el recurso de casación número 3.200/2.015, se reseña expresamente que la similitud del reparto del tiempo de convivencia entre los progenitores no puede identificarse sin más a una custodia compartida con reparto igualitario del tiempo de permanencia de menor con uno o con otro progenitor; ha de demandar la solución el interés del menor que es prioritario y es el que se ha de atender, en función de la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con la menor; sus aptitudes personales; deseos manifestados por los descendientes; al número de hijos y al cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los comunes.

Por ello entiende que la custodia monoparental, aun siendo idóneos ambos progenitores, no vulnera en todo caso la doctrina de la Sala relativa a la guarda y custodia compartida, aún sin cuestionar que en efecto el sistema fomenta la integración de los menores con ambos padres y evita desequilibrios en los tiempos de permanencia y el sentimiento de pérdida.

La sentencia del Alto Tribunal de 25 de abril de 2.014 menciona como criterios jurisprudenciales para la adopción de la medida de custodia compartida el interés del menor, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada. No es una medida excepcional y el dato de la excepcionalidad viene referido a la falta de acuerdo entre los cónyuges sobre la guarda compartida, no a que existan circunstancias específicas para acordarla y no descalifica esta forma de custodia el hecho de que los padres rehagan su vida con nuevas parejas, situación que puede ser incluso positiva y de interés al menor.

Se expresa que la interpretación de los artículos 92, 5, 6 y 7 del Código Civil debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se acordará cuando concurran alguno de los criterios reiterados por esta Sala y recogidos como doctrina jurisprudencial en la sentencia de 29 de abril de 2013 de la siguiente forma "debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven. Señalando que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que, al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea". Como precisa la sentencia de 19 de julio de 2013 :" se prima el interés del menor y este interés, que ni el artículo 92 del Código Civil ni el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, definen ni determinan, exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel".

En STS 579/2011, de 22 julio, ha interpretado la expresión "excepcional", contenida en el art.92.8 CC en el sentido que "La excepcionalidad a que se refiere el inicio del párrafo 8, debe interpretarse, pues, en relación con el párrafo cinco del propio artículo que admite que se acuerde la guarda y custodia compartida cuando así lo soliciten ambos progenitores o uno con el acuerdo del otro. Si no hay acuerdo, el art.92.8 CC no excluye esta posibilidad, pero en este caso, debe el Juez acordarla "fundamentándola en que solo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor". De aquí que no resulta necesario concretar el significado de la "excepcionalidad", a que se refiere el art. 92.8 CC, ya que en la redacción del artículo aparece claramente que viene referida a la falta de acuerdo entre los cónyuges sobre la guarda compartida, no a que existan circunstancias específicas para acordarla".

Indica que los hechos que tiene en cuenta la sentencia conducen a este régimen. Ambos progenitores reúnen capacidades adecuadas y suficientes para el correcto ejercicio de sus responsabilidades parentales y lo que se puede y se debe extraer de esta conclusión, que la sentencia recoge como hecho probado, es que ningún perjuicio van a experimentar los hijos manteniéndose bajo la custodia de su madre, sin valorar el beneficio que para ellos, próximos a la mayoría de edad, va a representar la medida. No existe ningún dato que permita mantener la afirmación de la sentencia relativa a que "otorgar una custodia compartida por ambos progenitores podría introducir un peligroso elemento de confusión en los menores, en el delicado periodo de la adolescencia en que se encuentran, que pueden no saber a qué atenerse en situaciones puntuales... potenciándose aún más el peligro de confusión por parte de estos por el hecho de que ambos progenitores cuentan con respectivas nuevas parejas, que sin duda intervendrán en los periodos en que a los menores les corresponda estar bajo la custodia de su actual cónyuge ". Posiblemente será más más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven, como ha dicho esta Sala (SSTS 10 y 11 de marzo de 2010; 7 de julio de 2011, entre otras), pero lo que en ningún caso descalifica esta forma de custodia es el hecho, normal en estos casos, de que los padres rehagan su vida con nuevas parejas, situación que puede ser incluso positiva y de interés al menor.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 17 de enero de 2.019, recaída en el recurso número 2.483/2.018, con referencia a las alegaciones sobre incorrecta interpretación del artículo 92.5.6.7 y 8 del Código Civil ,e infracción de los artículos 3.1. 9.1 y 18 de la Convención de los Derechos del Niño,y 2y 3 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor ; así comodel principio del interés superior del menor y doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias 182/ 2018, de 4 de abril ; 11/2018, de 11 de enero ; 579/2017, de 25 de octubre ; 194/2016 de 29 de marzo ; 585/2015, de 21 de octubre ; 96/ 2015, de 16 de febrero ; 257/ 2013, de 29 de abril ; 757/2013, de 29 de noviembre y 762/2012, de 17 de diciembre ;expresa:

Son muy numerosas las sentencias que esta sala ha dictado para resolver sobre el establecimiento o no de un sistema de custodia compartida de los hijos menores de edad, siempre atendiendo al interés prioritario del menor; pero lógicamente cada una de ellas se refiere a la situación familiar concreta que se da en cada supuesto. De ahí que para justificar la existencia de interés casacional -imprescindible en estos casos para que el recurso pueda prosperar- no basta con alegar la parte que, según entiende por su especial valoración de las circunstancias del caso, no se ha respetado adecuadamente el interés del menor, sino que es necesario que ponga de manifiesto que el tribunal a quose ha apartado de alguno de los parámetros establecidos por la jurisprudencia con carácter general para decidir sobre la cuestión.

Las especialidades del derecho de familia han llevado a la fijación de una doctrina jurisprudencial consolidada que excluye que el recurso de casación pueda convertirse en una tercera instancia así la sentencia de esta sala de 29 de marzo de 2016 (rec. 1.159/2.015 )dice:

"[...]Es doctrina reiterada en el sentido de que en los casos en que se discute la guarda y custodia compartida solo puede examinarse si el Juez a quo ha aplicado correctamente el principio de protección del interés del menor, motivando suficientemente, a la vista de los hechos probados en la sentencia que se recurre, la conveniencia de que se establezca o no este sistema de guarda ( SSTS 614/2009, de 28 septiembre , 623/2009, de 8 octubre , 469/2011, de 7 julio , 641/2011, de 27 septiembre y 154/2012, de 9 marzo , 579/2011, de 22 julio , 578/2011, de 21 julio , 323/2012, de 21 mayo y 415/2015, de 30 de diciembre ). La razón se encuentra en que "el fin último de la norma es la elección del régimen de custodia que más favorable resulte para el menor, en interés de éste" ( STS 27 de abril 2.012 ,citada en la STS 370/2013 ).El recurso de casación en la determinación del régimen de la guarda y custodia no puede convertirse en una tercera instancia, a pesar de las características especiales del procedimiento de familia".

En igual sentido se pronuncian las sentencias del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2.018, 26 febrero y 20 de marzo de 2.019.

CUARTO.-Sentado lo precedente, y conforme a ello, atendiendo al resultado de la prueba practicada en las actuaciones, valorada en su conjunto y acorde a las reglas de la sana crítica, es factible anticipar la procedencia de la desestimación del primer motivo principal de recurso, con lógica confirmación de la sentencia apelada, como correcta, ajustada al ordenamiento jurídico y doctrina que lo interpreta.

En efecto, carecen de consistencia las razones en que funda la recurrente su solicitud de custodia exclusiva materna, cuando, lejos de constar perjuicio real que la opción seleccionada por la Juez de origen ocasione a Azucena y Eulalia, se advierte beneficiosa para ambas, en cuanto la igualitaria presencia de los dos progenitores en sus vidas les garantiza la equidistancia del vínculo afectivo, apego seguro y referencia de uno y otro progenitor, lo que redunda en su estabilidad en todo orden, emocional, familiar, social, escolar...etc., favoreciendo su crecimiento como personas.

Desde luego la edad de los menores no puede integrar excusa, cuando a la alcanzada por una y otra, disponen de suficiente grado de independencia física respecto de su madre al haber rebasado en un pasado ya remoto la etapa evolutiva de la lactancia.

La capacidad del padre para el ejercicio de cuantas funciones conlleva la custodia, y su perfil de personalidad quedan fuera de toda duda, y lo mismo ha de decirse de su disponibilidad horaria, cuando ahora va a ser similar a la de la madre, siendo que en todo caso le es factible, tanto por su caudal y medios, como por la existencia de apoyos externos, familiares extensos, abuela paterna de las niñas, activar los mecanismos de sustitución a su alcance, como se hace, por cierto, por la generalidad de los progenitores trabajadores, custodios o no, e incluso por aquellos que no inmersos en situación de patología de la familia, conviven pacíficamente, de donde nada hay que reprochar a Dº. Jose Francisco por el hecho de que puntualmente sea suplido por su propia progenitora, abuela paterna de las niñas, vinculadas a esta afectivamente, lo que para ellas es a todas luces positivo y aporta estabilidad y seguridad en sus vidas, sin que ningún pronunciamiento merezca la petición de que sea la custodia ejercida por el padre, puesto que ya lo hace, siendo que la propia progenitora también ha delegado en horario de mañana, puesto que se indica en el dictamen psicosocial emitido en las actuaciones que la disponibilidad de Dª. Jose Francisco, quien por cierto, solicito oportunamente reducción de sus clases de tarde para la atención personal de las menores, la tiene plena por las mañanas, lo que evita a estas extensiones de horario en el centro escolar, desayuno y comida, que si precisa la madre en función de sus propias necesidades laborales, siendo desde luego más grata la atención por la propia abuela que la prestada por cuidadores y profesionales del centro educativo.

En otro orden de consideraciones, al ejercerse ahora la custodia compartida en espacios temporales absolutamente iguales, la progenitora puede ampliar su jornada laboral sin ningún impedimento, en las mismas condiciones que la desempeñe el padre, sin que a nada determine el hecho de que en un pasado la recurrente fuera cuidadora principal de las niñas, pues esta no puede integrar excusa a la petrificación de la relación paterna y a relegar esta figura a la de mero visitador, máxime cuando las menores no demandan una exclusiva custodia materna, y no existe en el supuesto de autos inconveniente alguno a un modelo de guarda que hoy por hoy es el ordinario o común en el foro, como beneficioso para la generalidad de las familias, sin que esta sea una excepción, al no concurrir otras circunstancias.

Así las cosas, la mera oposición infundada de la madre no nos aboca a prescindir para Azucena y Eulalia de una alternativa de custodia que avala positivamente la equidistancia de vínculos, en estado de normalidad de todos los afectados, tanto adultos como niñas, a quienes resulta satisfactoria la igualitaria participación de los dos progenitores en sus vidas, sin detectarse rechazo.

En definitiva, se carece por la Sala de razones objetivas, serias y fundadas para sustituir el criterio objetivo e imparcial de la Juez de primer grado por el subjetivo e interesado de la progenitora, cuando no media inconveniente a la custodia compartida en este caso, en que no se advierte conflictividad entre los progenitores que vaya más allá de la propia de toda situación de quiebra o ruptura, no existen denuncias, y menos aún órdenes de alejamiento, ni condenas penales.

Reiteramos que es positiva la igualitaria presencia de figuras, pues preserva el equilibrio de la participación de ambos progenitores en la vida de Azucena y Eulalia, en situación de existencia en los dos entornos de adecuadas condiciones a todos los niveles, y de normalidad de todos los afectados, por ausencia de psicopatología, desajuste o indicador negativo, de manera que redunda en beneficio de las hijas la opción por la que se decanta la Juez de origen, máxime si los adultos lo complementan y cooperan a ello, cuando se trata de una organización de la familia perfectamente viable, y que preserva y mejora las relaciones entre hermanas y las paternofiliales, asentadas sólidamente, lo que ha de ser perpetuado.

Todas las razones expuestas abocan a la anunciada desestimación del primer motivo principal de recurso, incluso en pretensión de que no se permita delegar al padre en terceras personas, lo que integra una impropia injerencia de la madre, sin que se aprecie error en la valoración del material probatorio obrante en autos, ni de aplicación o interpretación de la norma en vigor por parte de la Juez "a quo".

La desestimación de la pretensión de guarda hace decaer por derivación cuantas a la misma hubiera podido anudar la recurrente, respecto de las cuales, no procede en la presente pronunciamiento alguno.

QUINTO.-En lo que respecta a los alimentos tampoco puede prosperar el motivo subsidiario de recurso, al no advertirse incorrectamente evaluado el caudal y medios respectivos de cada parte y las necesidades de las alimentistas.

Ambos progenitores ejercen actividad laboral que les reporta emolumentos para atender por igual las necesidades de las comunes descendientes, cuando la progenitora, quien dispone de cualificación laboral, de titulación y de puesto de trabajo, genera ingresos suficientes a la atención digna y suficiente de las hijas comunes en los tiempos en que le corresponde la custodia, sin demérito del propio sustento y sin grandes sacrificios, siendo capaz de garantizar a las menores en su entorno similar nivel de vida del que disfruten cuando se encuentren en compañía del padre, sin que nada aconseje fijar, cuando se distribuye igualitariamente el tiempo disponible de las niñas entre uno y otro entorno, contribución a cargo del padre y a gestionar por la progenitora, quien, si no alcanza, podrá ampliar su jornada de trabajo, pues, reiteramos, la disponibilidad laboral es similar ahora para las partes, no viniendo justificada una especie de pensión compensatoria encubierta para la ex esposa.

SEXTO.-El final motivo de recurso viene igualmente abocado al fracaso, cuando ya ha sido atribuido a madre y menores por periodo de dos años el uso del domicilio familiar, sin que sea otro límite temporal procedente a meritado uso exclusivo y excluyente, puesto que el fijado es adecuado a que Dª. Justa se procure vivienda, reiterando que cuentan ambos litigantes con medios económicos suficientes para la cobertura de la básica necesidad de vivienda de manera digna en cualquier otro inmueble similar, sin que conste, al no ser ahora exclusiva la custodia, que haya de hacerlo perentoriamente la ex esposa en la vivienda familiar, que carece de características especiales, como pudiera ser su adaptación a posible minusvalía o discapacidad para su más cómodo uso por uno u otro, lo que aquí no acontece, en que el interés de ninguno de los adultos, una vez transcurridos los dos años, se considera precisado de mayor protección.

La solución dada en la instancia es acorde al criterio actualmente seguido por el Tribunal Supremo y al artículo 96 del Código Civil, sin que proceda mantener el uso en pro de un litigante en detrimento de los legítimos derechos del otro legítimo titular, evitando comportamientos obstruccionistas a la venta, a la división de cosa común o a la liquidación de la sociedad legal de gananciales que pueda desplegar el beneficiado en exclusiva con el uso.

SEPTIMO.-Procede en definitiva la íntegra confirmación de la sentencia disentida, de cuya modulación y proporcionalidad es muestra clara el hecho de que el Ministerio Fiscal, quien interviene necesariamente en este tipo de procesos por afectar a dos menores de edad ( artículo 749.2 de la L.E.Civil) , en cuyo exclusivo beneficio, por cierto, lo hace, con total imparcialidad y objetividad, en la alzada, y en igual línea que mantuvo en la instancia, solicita se corroboren el sistema de custodia, el modo de contribución de los progenitores a los alimentos y la limitación al uso del domicilio familiar en su escrito de oposición al recurso fechado a 23 de mayo de 2.024, sin duda por entender que con dichas medidas se amparan suficientemente los superiores intereses de Azucena y Eulalia.

OCTAVO.-Pese a la desestimación del recurso, no ha lugar a condenar a ninguno de los litigantes al pago de las costas que se puedan generar en la presente alzada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 398 y 394 de la L.E.Civil.

NOVENO.-La desestimación del recurso determina la pérdida del depósito constituido para la alzada, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.

Vistos, además de los citados, los artículos de general y pertinente aplicación,