Sentencia Civil 223/2025 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 22, Rec. 459/2022 de 16 de abril del 2025

PRIMERO.-Por la dirección letrada de la parte apelante interesando la revocación de la resolución recurrida se pide que las contribuciones de los progenitores a los gastos tanto ordinarios como extraordinarios de los menores (necesarios, y los no necesarios previo consenso) se fijen en un 60 % la madre y un 40 % el padre, incluyendo los ordinarios los gastos escolares y académicos y todos los derivados de la educación de los menores (incluida matricula, libros, material escolar etc. habida cuenta que se les da uso con ambos progenitores), así como la póliza de seguro médico privado de los hijos, asumiendo la manutención y vestimenta de estos cada uno de los progenitores durante las estancias que convivan con los hijos. Que no se realice atribución del uso de la vivienda familiar a ninguno de los cónyuges acordando el desalojo de la misma en el prudencial plazo de un mes a contar desde que se dicte la sentencia, acordando igualmente la venta de la misma, estableciendo como precio de venta el valor medio que resulte de la tasación que cada cónyuge podrá solicitar a una empresa oficial de tasaciones de inmuebles, debidamente habilitada. Se solicita la entrega de los menores en custodia semanal y periodos vacacionales PREFERENTEMENTE en el centro escolar. Se solicita el establecimiento de una franja horaria de COMUNICACIÓN DIARIA DE LOS PROGENOTORES CON LOS HIJOS de 19 a 20:00 h. en días lectivos, y 21 a 22:00 h. en días no lectivos y se alega entre otras razones que la Sra. reside en la vivienda de sus padres en DIRECCION001, pernoctando de forma esporádica en DIRECCION000, separando a los hermanos y la progenitora delega el cuidado de los hijos en sus padres. La Sra. Tania trabaja en casa de sus padres, localidad donde acuden los hijos al colegio, y donde reside el progenitor paterno. Explica que Doña Tania y su padre regentan un negocio familiar, cuya actividad administrativa delegada a ésta, se desarrolla en la vivienda de los abuelos. Al presentar la demanda, el Sr. presta servicios para el DIRECCION002 como Gerente de Negocio Internacional, percibiendo TRES MIL EUROS MENSUALES NETOS,por catorce pagas, hace alrededor de un año es despedido. Ha cumplido establecidas medidas gracias a los ahorros que no tardarán en extinguirse, señalando que canceló deudas personales que el matrimonio tenía, resultará imposible continuar abonando cargas del matrimonio (700 euros mes de hipoteca), además de alquiler, y demás gastos. Los ingresos del Sr. son por desempleo, 1.279 EUROS.Añade que EL SALARIO MES DE LA SRA. SON 1221 X 14 PAGAS, 1.424,50 EUROS, a partir de 2020 ASCIENDE A 1591,17 euros yPAGOS CON TARJETA EMPRESA Y COBROS EN EFECTIVO, y concluye que Doña Tania ha recibido en meses y solo para atender gastos que se cargan en la cuenta con su marido. Don Nemesio desvía dinero probablemente a la cuenta que gestiona su hija como autorizada. El Sr. salió de la vivienda EN SEPTIEMBRE DE 2019. La Sra. Tania mantiene postura hostil hacia su exmarido, ningún tipo de comunicación con este.

Explica que la hipoteca asciende a 1400 euros mes. Y argumenta que Doña Tania tiene elevados ingresos de gerente de la empresa familiar indicando que los hijos están escolarizados en DIRECCION001. Los abuelos maternos que atienden sus cuidados diariamente residen en dicha localidad, los hijos comen en su vivienda y las relaciones personales y ocio de los hijos se desarrollan en dicha localidad y significa que el acuerdo alcanzado entre las partes comprendía que las entregas se realizaran en el centro escolar, siendo que en la alternancia sería los lunes.

Posteriormente tras la práctica de la prueba realizada en esta alzada informa en el sentido que obra en las actuaciones.

Por su padre Dª. Tania pide se mantenga la custodia compartida para los hijos pequeños y la materna para Jesús si bien considera que la guarda monoparental sería lo más beneficioso para sus hijos y en el escrito del recurso pidió condenar Sr. a abonar una pensión de alimentos a los hijos comunes en la cuantía de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (350,00 Euros) MENSUALES POR CADA UNO DE ELLOS, la cual será actualizada conforme a la variación anual que experimente al alza el Indice General de Precios al Consumo publicado por el INE, a partir del primer año de la resolución que fije la misma. A la cantidad señalada como pensión de alimentos, habrá de añadirse el cincuenta por ciento de las cantidades que sean generadas por éstos en concepto de gastos extraordinarios, entendiendo por tales entre otros los gastos de escolarización, uniformes y libros, seguros de salud, los gastos médicos que no se hallen cubiertos por dicho seguro de salud ni por la acción protectora de la Seguridad Social; así como gastos extraordinarios por la formación académica de los menores y actividades extraacadémicas de los mismos y excursiones escolares, o de forma subsidiaria, dada la mayor capacidad económica del Sr. Bernardo, se imponga a éste el abono de los gastos de colegio, así como del coste del seguro médico privado que tienen sus hijos, tal y como se reconocía en el Auto de 16 de julio de 2.020, manteniéndose igualmente que los gastos extraordinarios que generen los menores se abonaran por ambos progenitores correspondiendo al padre el pago del 60% de dicho importe y a la madre del 40% según se establece en la Sentencia arriba reseñada y se alega entre otras razones el respeto hacia las conclusiones realizadas por los profesionales y explica que los ingresos brutos del padre en 2.020 ascendieron a 67.002,47 euros (en 2.018 fueron de 75.598,72 euros), disponiendo de retribución en especie de 522,21 euros. Las retenciones suponen 17.937,08 euros, seguridad social, 3.101,40 euros, devolución 3.916,42 euros. Por tanto, sus ingresos en 2.020 ascendieron a 50.402,32 euros (mes 4.200,19 euros). En cuanto a la progenitora sus ingresos brutos ascendieron a 20.939,22 euros, disponiendo de una retribución en especie de 4.370,64 euros. Las retenciones suponen 4.370,64 euros, la seguridad social, 1.990,69 euros, devolución 2.451,82 euros, sus ingresos netos en 2.020 (mes1.783,36 euros), ingresos algo más elevados por una ayuda "covid" recibida puntalmente en ese ejercicio. Recuerda que el padre es Licenciado en Empresariales, comenzó a trabajar en la entidad bancaria el 18 de julio de 1.994. Posteriormente paso a "Gerente de Negocio Internacional" rango de directivo y cuando pactó su no continuidad abona 750,00 euros de alquiler.

Y concluye que en diciembre de 2.020 o enero de 2.021 pactó el "despido" (en realidad acuerdo de prejubilación), percibiendo al menos 95.000,00 euros, asegurándose además el pago de las cuotas de la Seguridad Social yel 1 de febrero de 2.021 de alquiler pasa a pagar 1.050,00 euros al mes.

Por su parte el Ministerio FISCAl pide que se confirme la custodia compartida de ambos hijos y que se otorgue la custodia materna de Jesús alegando el interés superior del menor.

Se presenta oposición.

SEGUNDO.-Se cuestionan las medidas con relación a los tres hijos de 14, 12 y 17 años de edad como nacidos el NUM002 de 2010, el NUM003 de 2012, y el NUM004 de 2007.

Preciso es examinar, en primer lugar, la situación de la custodia de los hijos comunes habida cuenta los cambios acaecidos desde que fueron dictadas las resoluciones en la primera instancia respecto del entorno convivencial en el que residen en la actualidad los menores.

Cierto que sobre tal cuestión la doctrina del Tribunal Supremo está consolidada y establece como criterio habitual, que no excepcional, la custodia compartida de los hijos, recordando la Sala 1ª, entre otras en sentencia de 4 de febrero de 2016

«El art. 2 de la LO 8/2015 de 22 de julio , de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, exige que la vida y desarrollo del menor se desarrolle en un entorno "libre de violencia " y que" en caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir"; criterios que aun expresados en una ley posterior a la demanda, incorpora los que esta Sala ha tenido reiteradamente en cuenta a la hora de integrar el interés del menor.

»Corolario lógico es lo dispuesto en el artículo 92.7 del Código Civil , según el cual, no procederá la guarda y custodia conjunta cuando cualquiera de los padres está incurso en un proceso penal incoado por atentar contra la vida física, la libertad, la integridad moral o la libertad o indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de los padres y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica».

Igualmente en reiteradas sentencias, entre otras la sentencia de 11 de febrero de 2016; rec. 326 de 2015 , declara que:

«Para la adopción del sistema de custodia compartida no se exige un acuerdo sin fisuras, sino una actitud razonable y eficiente en orden al desarrollo del menor, así como unas habilidades para el diálogo que se han de suponer existentes en los litigantes, al no constar lo contrario.

»Igualmente en las decisiones jurisdiccionales en esta materia debe primar el interés del menor. El concepto de interés del menor, ha sido desarrollado en la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, [.......], en el sentido de que "se preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares", se protegerá "la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, física y educativas como emocionales y afectivas"; se ponderará "el irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo"; "la necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten..." y a que "la medida que se adopte en el interés superior del menor no restrinja o limite más derechos que los que ampara".».

A)Pues bien, conocedora la Sala de la señalada doctrina, el examen de las actuaciones, conforme a las exigencias del artículo 217, y respecto de los hijos menores Yolanda y Ángel, por lo que ahora importa, determina la pertinencia de confirmar la sentencia recurrida dada la viabilidad de fijar tal régimen de custodia.

Y ello en cuanto: i)el informe psicosocial elaborado por quienes desarrollan su actividad en el ámbito del Servicio Público de la Administración de Justicia, caracterizado por la capacidad, imparcialidad y objetividad es elemento probatorio significativo. Con empleo de metodología consistente en vaciado de autos, entrevistas semiestructuradas y observación de conducta de ambos progenitores, pruebas psicológicas a ambos del cuestionario CUIDA, exploración conjunta de los dos hijos pequeños mediante entrevista semiestructurada, observación de sus conductas, sesión de interacción conjunta de ambos hijos con cada uno de los progenitores, exploración de Jesús mediante entrevista semiestructurada individual y observación de su conducta, y sesión de interacción con cada uno de los progenitores, prueba psicológica del menor de la evaluación del SEN, relativa a problemas emocionales, y de conducta de niños y adolescentes, las conclusiones son evidentes.

En la evaluación psicológica del progenitor no se aprecia patología, problema emocional o rasgo que le impida el cuidado adecuado de los hijos, mostrando adecuado ajuste psicológico, impresionando sinceridad en el cuestionario, y que podría presentar dificultades en cuidado afectivo.

Respecto de la madre las mismas consideraciones se realizan en el aspecto psicológico sin apreciar patología, problema emocional o rasgo que le impida el cuidado adecuado de los hijos, impresionando sinceridad disponiendo de competencias parentales. Se reseña de forma precisa y determinado un cuidado responsable, afectivo, con tendencia a una actitud asertiva, flexible y reflexiva a la hora de tomar decisiones. Asimismo, se impresiona que comparte escaso tiempo con sus hijos delegando atención en sus padres.

En cuanto a Yolanda y Ángel impresionan de un desarrollo psicoevolutivo normalizado con estabilidad psicológica, existiendo buena relación fraternal, relatando a las profesionales que se encuentran cómodos en la actual estructura familiar. Se aprecia bienestar en la interacción con el padre y vinculación, relación fluida. La interacción con la madre se desarrolla también con comodidad y de forma relajada apreciándose una relación cercana y de confianza mostrando las menores bienestar psicológico.

En las consideraciones finales se dictamina que los hijos aparecen involucrados en la problemática familiar lo que produce malestares psicológicos siendo por ello necesaria la desvinculación de las desavenencias entre los progenitores y estiman que los hijos menores presentan un estado de bienestar en el desarrollo de la custodia compartida, encontrándose adaptados a la actual estructuración de su vida cotidiana.

Y finalmente como conclusión de todo ello se estima pertinente mantener la custodia compartida de los hijos pequeños.

ii) El resultado de la exploración de los menores Yolanda y Ángel, practicada en esa alzada, es plenamente coincidente con aquellas conclusiones al manifestar los menores, en líneas generales, su comodidad con el actual sistema al que dicen estar acostumbrados.

iii) No se acredita de forma indubitada que tal sistema de custodia hubiera ocasionado disfunción, alteración o riesgo alguno a ambos hermanos extremos que ni tan siquiera se alegan sólidamente.

B) En lo referente al hijo mayor Jesús las profesionales informantes del dictamen psicosocial, anteriormente indicado, reseñan que al tiempo del informe - agosto de 2024- el padre llevaba meses sin contacto con Jesús, a excepción de mensajes puntuales.

Y sobre Jesús ( con buenas calificaciones escolares) se informa que impresiona asimismo un desarrollo psicoevolutivo normalizado con estabilidad psicológica indicando que muestra resistencia a reiniciar una relación con su padre, sin detectar problemas emocionales ni conductuales y presentando un nivel adecuado de recursos personales.

El hijo mayor (con madurez y discurso coherente y argumentativo, se dice en el informe, al exponer sus necesidades) inicialmente se niega a mantener una sesión de interacción con el padre, sin que, finalmente, se logre un acercamiento. Y la que realiza con la madre se desarrolla cómodamente, reflejando bienestar y una relación cercana y de confianza.

La conclusión del informe en relación a Jesús es establecer la custodia materna relacionándose con el padre de forma flexible.

Y también aquí la exploración del menor corrobora tales consideraciones y conclusiones en cuanto de forma madura, reflexiva y deductiva Jesús expresó sus circunstancias, situación y necesidades manifestando no desear mantener contacto paterno.

De esta forma procede confirmar la sentencia recurrida en cuanto se refiere a la custodia compartida de Yolanda y Ángel, revocando la resolución en lo concerniente a Jesús, cuya guarda y custodia se otorga a la madre, disponiendo que visitas y comunicaciones con el padre se realizarán de forma flexible ajustándose, en todo caso, al deseo, voluntad y necesidades de Jesús, en atención a su edad y grado de madurez evidenciado.

TERCERO.-Se solicita, asimismo, la entrega de los menores en custodia semanal y periodos vacacionales PREFERENTEMENTE en el centro escolar, petición que la Sala estima no se corresponde con lo acordado en la sentencia apelada que, precisamente, establece tal sistema de entrega de los menores a través del centro escolar y ello, obviamente, sin perjuicio de los acuerdos que en el interés prioritario de los menores puedan alcanzar los progenitores.

CUARTO.-Y se solicita, asimismo, el establecimiento de una franja horaria de COMUNICACIÓN DIARIA DE LOS PROGENOTORES CON LOS HIJOS en los términos que se propugnan.

Cierto que la sentencia dispone con carácter general tal sistema de comunicación sin concretar horarios de forma precisa y detallada, estimando la Sala al margen de los acuerdos de ambos progenitores en interés de los menores, procedente establecer que las mismas se lleven a cabo de 20.30 a 21 horas, en cuyo extremo procede completar la sentencia apelada.

QUINTO.-Por lo que se refiere al uso de la vivienda ha de recordarse la doctrina jurisprudencial del TS, reseñada entre otras en sentencia de 26 de octubre de 2020 que enseña

Nuestro Código Civil no regula el régimen de atribución del uso de la vivienda familiar en los supuestos de guardia y custodia compartida, produciéndose, en consecuencia, un vacío normativo que es necesario cubrir por exigencias derivadas del principio non liquet ( art. 1.7 CC ) y la tutela de los derechos e intereses legítimos de los litigantes e hijos ( art. 24 CE ).

A tales efectos, no es de aplicación lo establecido en el párrafo primero del art. 96 del CC ; puesto que se refiere a los supuestos de atribución exclusiva de la guardia y custodia de los hijos a uno de los progenitores sin perjuicio del derecho de vistas del otro, en cuyo caso se resuelve el conflicto disponiendo que dicho uso corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden. Fácil es comprender que lo establecido en dicha norma no es aplicable a los casos en que ambos progenitores ostentan la custodia compartida de los hijos menores y la correlativa convivencia periódica con ellos, supuestos en los que no existe una sola residencia familiar, sino realmente dos, la de cada uno de los padres con sus hijos.

Descartada pues la aplicación del párrafo primero del art. 96 del CC , tampoco hallamos solución en lo dispuesto en su párrafo tercero, que contempla la situación de un matrimonio sin hijos, con lo que los hipotéticos intereses de éstos no son ponderados en dicho precepto, regulando, por consiguiente, de nuevo una situación distinta a la que conforma el objeto de este proceso.

A la hora de buscar una solución a la problemática suscitada, la regulación más próxima la encontramos en el párrafo segundo del art. 96 CC ( sentencias 593/2014, de 24 de octubre ; 465/2015, de 9 de septiembre ; 51/2016, de 11 de febrero ; 42/2017, de 23 de enero ; 513/2017, de 22 de septiembre , 95/2018, de 20 de febrero , entre otras muchas), que se refiere a los casos en los que se distribuye la custodia de los hijos menores entre sus padres; es decir, cuando algunos quedan en compañía de uno de ellos y los restantes en el otro. Realmente tampoco se trata del mismo caso, ya que acordada la custodia compartidano se distribuye la guarda de los menores de forma exclusiva entre los padres, sino de forma conjunta y de manera temporal, ni tampoco se separa a los hermanos. Ahora bien, sí se asimilan en la circunstancia de que ambos litigantes ostentan la condición de progenitores custodios.

En cualquier caso, es el supuesto que guarda mayor identidad de razón y, por lo tanto, el que nos da una pauta valorativa cuando señala, para tales casos, que el juez resolverá lo procedente, con lo que se está confiriendo, al titular de la jurisdicción, el mandato normativo de apreciar las circunstancias concurrentes para adoptar la decisión que mejor se concilie con los intereses en concurso, sin condicionar normativamente la libertad resolutoria del juzgador. No obstante, la falta de concreción de tal criterio normativo ha llevado a la jurisprudencia, en cumplimiento de su función, a fijar los elementos a valorar para evitar incurrir en un mero decisionismo voluntarista que pudiera convertirse en una vedada arbitrariedad.

Con tal finalidad, en la ponderación de las circunstancias concurrentes, se deberá de prestar especial atención a dos factores: "[...] en primer lugar, al interés más necesitado de protección, que no es otro que aquel que permite compaginar los períodos de estancia de los hijos con sus dos padres. En segundo lugar, a si la vivienda que constituye el domicilio familiar es privativa de uno de los cónyuges, de ambos, o pertenece a un tercero" ( sentencias 513/2017, de 22 de septiembre y 396/2020, de 6 de julio entre otras).

De acuerdo con dicha doctrina es posible la atribución del uso a aquél de los progenitores que por razones objetivas tenga más dificultad de acceso a una vivienda (no ser titular o no disponer del uso de otra, menores ingresos) para que, de esta forma, pueda llevarse a cabo la efectiva convivencia con sus hijos durante los períodos en los que le corresponda tenerlos en su compañía ( sentencia 95/2018, de 20 de febrero ). Ahora bien, con una limitación temporal, similar a la que se establece en el párrafo tercero para los matrimonios sin hijos ( sentencias 513/2017, de 22 de septiembre y 396/2020, de 6 de julio , con cita de otra jurisprudencia).

En este sentido, señala la sentencia 517/2017, de 22 de septiembre , que:

[.....] Con esta finalidad de favorecer el tránsito a la nueva situación derivada de la custodia compartida se han fijado plazos de uso temporal, valorando las circunstancias concurrentes, que han oscilado desde un año ( sentencias 51/2016, de 11 de febrero ; 251/2016, de 13 de abril y 545/2016, de 16 de septiembre ); de dos años (sentencias 513/2017, de 22 de septiembre y 15/2020, de 16 de enero ); tres años (sentencias 465/2015, de 9 de septiembre y 294/2017, de 12 de mayo ), uso por anualidades alternas (sentencia 95/2018, de 20 de febrero ) o en fin hasta que se proceda a la liquidación de la sociedad legal de gananciales ( sentencia 183/2017, de 14 de marzo ). En definitiva, uso temporal conferido en consonancia con un imprescindible juicio circunstancial...

Y en este sentido si tenemos en cuenta los datos personales y económicos de una y otra parte es claro que la aplicación de aquella doctrina determina la revocación de la sentencia recurrida, dejando sin efecto el uso de la vivienda otorgado a la madre y a los hijos cuando convivan con ella.

Se fija por lo tanto, y a fin de evitar conflictos en la ejecución de lo acordado, y valorando dichas circunstancias - que se detallarán a continuación- un uso alterno anual que comenzará por doña Tania - en atención a tales condicionantes - quien habrá de desalojar la vivienda transcurrido el año a contar desde la presente resolución, tras lo cual se otorga el uso al recurrente y así sucesivamente hasta la definitiva liquidación del bien ganancial.

Tales condiciones del padre (Licenciado en Ciencias Empresariales, autónomo, quien inicia proyecto empresarial como consultor externo tras el ERE de la empresa bancaria empleadora) se reseñan en la evaluación social del recurrente, al destacar que vive de alquiler en DIRECCION001 por lo que abona 1050 euros al mes, según contrato y justificantes de transferencias bancarias unidos a los autos, poniéndose de manifiesto falta de claridad en sus ingresos y horarios. El interesado realizaba en su momento pagos iniciales de alquiler de 750 euros al mes y se abonan préstamos - a cargo de ambos - cuyas cuantías acreditadas son de 660, 28 euros al mes y 543,11 euros mensuales.

La madre, también apelante, trabaja en la Administración de una Sociedad paterna, y refiere percibir 1250 euros al mes en 14 pagas, (en el presente recurso admite al mes1.783,36 euros).

Ya en 2020 la madre en la declaración fiscal tuvo un rendimiento neto de 19.340.02 euros con una cuota resultante de autoliquidación de 138,87 euros y en esa misma anualidad por el primer concepto el padre reseña 63.223, 32 euros y en el segundo 14.620,68 euros, y las nóminas de la interesada son de 1221 euros mensuales, y del padre de 3003,25 euros.

La averiguación patrimonial de ambos ofrece resultados similares.

Las situaciones personales y signos externos de los dos progenitores no se corresponden con los datos que ofrecen los interesados (declaraciones de carácter formal) afrontando uno y otro gastos y cargos superiores a los ingresos que dicen obtener, significando que se desconoce el numerario exacto percibido por el padre tras el ERE de la empresa empleadora (y debiendo tener en cuenta los sueldos percibidos en aquel entonces y los años trabajados) así como las remuneraciones o asignaciones concretas y detalladas que la madre percibe de la sociedad familiar para la que trabaja al margen de la nómina señalada.

Por todo ello se estima el recurso, en parte, en los términos indicados.

SEXTO.-Y se cuestiona por ambas partes las cargas económicas derivadas de los alimentos de los hijos instando, en definitiva, el padre mayor aportación económica de la madre y ésta una pretensión inversa, propugnando asimismo una diferente distribución y composición de los gastos extraordinarios.

Pues bien, tal cuestión objeto de debate ha de resolverse conforme a las previsiones de los arts. 93, 142, 145, 146, ss. y concordantes, todos ellos del Código Civil, que disponen y regulan la pensión de alimentos conforme a unos criterios determinantes cuales son las exigencias de equilibrio y proporcionalidad entre de una parte los recursos del obligado al pago, éstos siempre de carácter objetivo, y las necesidades del alimentista, de condición subjetiva o relativa, en cuanto su cuantificación dependerá de otros varios factores, entre los que sin duda tiene especial significación la situación económica disfrutada por el grupo familiar y valorando dichas necesidades por el nivel de satisfacción obtenido por la cobertura de otras necesidades más básicas o elementales.

Procede, en primer lugar establecer la corrección de lo resuelto en la primera instancia a la vista de los datos económicos anteriormente expuestos, no suficientemente esclarecidos por una y otra parte, y no estimando procedente el establecimiento de una pensión alimenticia a cargo del padre, respecto de los dos hijos menores, en atención a la custodia compartida establecida, que si bien con carácter excepcional la jurisprudencia del TS la admite ello obedece, en esos casos, a la sustancial diferencia entre las capacidades económicas de una y otra parte, lo que aquí no consta acreditado, en cuanto la aparente disparidad existente entre los ingresos de ambos queda suficientemente resarcida con la distinta aportación económica de los dos progenitores respecto de los gastos extraordinarios de los hijos cuyo tenor, contenidos, constitución y extensión se estiman conformes a derecho y a las circunstancias examinadas, tal y como se han dispuesto.

Es de señalar que los hijos generan los gastos propios y habituales de unos jóvenes de su edad probándose que el coste escolar de Jesús supone un gasto mensual de 173,21 euros, el de Yolanda 165,21 euros y el de Ángel 89,35 euros.

Y en lo que concierne al hijo Jesús, cuya custodia se otorga a la madre, recordando que la materia que nos ocupa, conformada por las exigencias del principio favor minoris,como criterio rector y por ello sin esencial sujeción a los imperativos de la Justicia Rogada, es procedente fijar una pensión alimenticia a cargo del progenitor no custodio que se determina, valorando todos los datos expuestos, en 360 euros mensuales que se abonarán en los 5 primeros días en la cuenta bancaria designada por la madre y que se actualizarán, siempre al alza, cada primero de año según variaciones que experimente el IPC publicado por el INE u organismo que le sustituya.

SÉPTIMO.-De conformidad con el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dada la estimación parcial y naturaleza de las cuestiones debatidas, no se hace especial pronunciamiento de las costas causadas en esta instancia.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.