Sentencia Civil 600/2023 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 22, Rec. 1084/2021 de 16 de junio del 2023

PRIMERO.- Por la dirección letrada de la parte apelante interesando la revocación de la resolución recurrida se pide 1º.- Quede establecida la pensión de alimentos en los mismos términos establecidos en el Convenio Regulador de fecha 14 de abril de 2009 aprobado por Sentencia de fecha 1 de junio de 2009. 2°.- Que continúe la atribución de la vivienda a nombre de doña Gabriela en los mismos términos establecidos en el Convenio Regulador de fecha 14 de abril de 2009 aprobado por Sentencia de fecha 1 de junio de 2009 por ser su interés el más necesitado de protección, manteniéndose la atribución hasta el momento de la liquidación del régimen matrimonial en su caso. y se alega entre otras razones la atención que el hijo requiere debido a su discapacidad intelectual, que a pesar de ser mayor de edad es como un niño y señala que la vivienda corresponde a la SOCIEDAD DE GANANCIALES, indicando que los ingresos de ella y su hijo rondan los1.200 euros. Y los ingresos y patrimonio de la unidad familiar del demandante es superior, además de superar los 1.700 euros, cuentan con más de 600 euros en prestaciones (A1 Protección Familiar de Beneficiario y 69 PF. P. Complementaria Ayudas a nombre de DOÑA Adela, y A3 Protección Familiar de Causante y 76 Pres. Econom. Cuidados Entorno Familiar a nombre del hijo Hilario), además de más de 57.500 euros en la cuenta bancaria de DOÑA Adela, y concluye que el Sr. Hilario, después de tres años desde el requerimiento mediante, continúa en la vivienda. Refiere que parte de la vivienda se ha pagado con dinero ganancial, desde 28 de junio de 1997 hasta 16 de octubre de 2003.

Afirma que su situación laboral es relativa, deriva de la discapacidad psíquica.

Por su parte don Juan Miguel solicitando la revocación de la sentencia recurrida pide al igual que se pretendía en la primera instancia que se limite el uso de la vivienda a 6 meses y que se extingan los alimentos y se alega entre otras razones que se dan los requisitos necesarios para ello aludiendo al trabajo del hijo común.

SEGUNDO.- Se discute en esta alzada la modificación de medidas instando la extinción de los alimentos del hijo común de 23 años de edad como nacido el NUM001 de 1999 y del uso de la vivienda limitándolo a 6 meses.

La cuestión que se suscita como tema de fondo, objeto de debate habrá de ser resuelta conforme a las previsiones de los arts. 90 y 91 "in fine" del C.C., en lo que concierne a la pensión de alimentos, según los cuales para que se produzca una modificación de las medidas adoptadas en precedente pleito matrimonial es preciso que se alteren sustancialmente las circunstancias existentes al momento de su adopción, debiendo afectar dicho cambio al núcleo o esencia misma de la medida, no bastando a tal efecto un mero cambio tangencial o accesorio, debiendo tener carácter definitivo o ser cuando menos de cierta duración, teniendo, además, que obedecer a circunstancias ajenas a la voluntad de quien promueve la modificación, extremos que, sin duda, han de calibrarse ajustadamente a fin de no vulnerar exigencias derivadas del principio de la seguridad jurídica, y que concurren en los hechos objeto de cuestión, -además de lo ya acordado en la primera instancia- que se remontan a la sentencia dictada en anterior pleito matrimonial, en 1 de junio de 2009 que aprueba el convenio regulador de 14 de abril de 2009 donde se atribuye el uso de la vivienda al hijo y a la madre hasta que el primero tenga plena independencia económica y se fijan de alimentos 314 euros mensuales para el hijo, entonces, menor de edad.

Es esencial, además, recordar el contenido del tercer párrafo del primero de los preceptos señalados en cuanto dispone:

3. Las medidas que el juez adopte en defecto de acuerdo o las convenidas por los cónyuges judicialmente, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio aprobado por el juez, cuando así lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o el cambio de las circunstancias de los cónyuges

Y es lo cierto que existen cambios esenciales, además de lo ya acordado, transcurridos más de 22 años desde aquel entonces, por cuanto si bien el hijo común es ya mayor, presenta un DIRECCION001 con un grado total de discapacidad del 42 %.

Cierto que don Balbino, suscribió contrato de trabajo indefinido a tiempo completo para personas con discapacidad con el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos técnicos de Madrid el 15 de julio de 2019 y por ello percibe un retribución anual bruta de 14.644, 41 euros con seguro de accidentes, presentando nómina de 905,68 euros y ello tras finalizar el período de prácticas no laborales y no retribuidas.

Cierto, asimismo que el informe de Afanias en la etapa formativa reseña que Balbino sigue necesitando el apoyo y aprobación de los profesionales, así como de las personas de referencia, signo de que su confianza y seguridad están en proceso de desarrollo.

En lo tocante a la ahora recurrente, madre de don Balbino, consta que en el año 2020 percibió un salario anual de 4.000,59 euros según certifica el Gerente de ISS Facility Services y por lo que concierne al padre, también apelante, consta nómina de 1749,2 euros. En esta tesitura la Sala estima la existencia de un cambio sustancial de circunstancias que determina la extinción de los alimentos del hijo común, y ello sin perjuicio de los derechos que al mismo correspondan en aplicación del artículo 142 y ss. del Código Civil, pronunciamiento éste que se hará efectivo desde la presente resolución en aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo que determina la irretroactividad de la medida cuando de modificación de alimentos tratamos.

En lo referente al uso de la vivienda - no siendo éste el procedimiento adecuado para la determinación del carácter del inmueble, lo que en última instancia tampoco es determinante ni definitivo, - es lo cierto que la actual redacción del artículo 96 del Código Civil, tras la última modificación operada y con efectos de 3 de septiembre de 2021 y acorde con la jurisprudencia existente al respecto establece que:

1. En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por la autoridad judicial, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario de ella corresponderá a los hijos comunes menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden, hasta que todos aquellos alcancen la mayoría de edad. Si entre los hijos menores hubiera alguno en una situación de discapacidad que hiciera conveniente la continuación en el uso de la vivienda familiar después de su mayoría de edad, la autoridad judicial determinará el plazo de duración de ese derecho, en función de las circunstancias concurrentes.

A los efectos del párrafo anterior, los hijos comunes mayores de edad que al tiempo de la nulidad, separación o divorcio estuvieran en una situación de discapacidad que hiciera conveniente la continuación en el uso de la vivienda familiar, se equiparan a los hijos menores que se hallen en similar situación.

Extinguido el uso previsto en el párrafo primero, las necesidades de vivienda de los que carezcan de independencia económica se atenderán según lo previsto en el Título VI de este Libro, relativo a los alimentos entre parientes.

Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno de los cónyuges y los restantes en la del otro, la autoridad judicial resolverá lo procedente.

2. No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes corresponda al cónyuge no titular por el tiempo que prudencialmente se fije siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección.

3. Para disponer de todo o parte de la vivienda y bienes indicados cuyo uso haya sido atribuido conforme a los párrafos anteriores, se requerirá el consentimiento de ambos cónyuges o, en su defecto, autorización judicial. Esta restricción en la facultad dispositiva sobre la vivienda familiar se hará constar en el Registro de la Propiedad. La manifestación errónea o falsa del disponente sobre el uso de la vivienda no perjudicará al adquirente de buena fe.

De esta forma, dada la circunstancia personal de don Balbino a lo que ya se ha hecho referencia en apartados anteriores y no siendo ocioso señalar que aquel primitivo acuerdo de la sentencia inicial, ya establecía que el uso de la vivienda se otorgaba a madre e hijo hasta que éste tuviera plena independencia económica, lo que obviamente no cabe estimar existente dado el nivel de ingresos del mencionado hijo, procede revocar la sentencia recurrida, y debiendo señalar, asimismo, que la sentencia objeto de modificación, del año 2009, no reseña las retribuciones o ingresos del apelante, por cuanto la resolución procede de un convenio regulador de las partes, por lo que tampoco se puede verificar disminución alguna de recursos del demandante..

Todo cuanto se ha expuesto determina la estimación del recurso que formula doña Adela en el sentido de declarar y disponer que se mantiene el uso y disfrute de la vivienda familiar, otorgado a hijo y madre, hasta la liquidación de la sociedad legal de gananciales, en cuyo punto procede revocar la sentencia recurrida.

TERCERO.- De conformidad con el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dada la estimación, no se hace especial pronunciamiento de las costas causadas en esta instancia y teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.