Sentencia Civil 277/2026 Audiencia Provincial Civil nº 22 de Madrid, Rec. 298/2026 de 25 de mayo del 2026

PRIMERO.-Antecedentes y objeto del recurso.

1. Sentencia apelada de 9 de marzo de 2026 dictada en el procedimiento de restitución o retorno de menores en supuesto de sustracción internacional.Por la Sección de Familia, Infancia y capacidad del tribunal de instancia de Madrid Plaza nº 4 se dictó sentencia en la que la Juez de instancia estimó íntegramente la demanda interpuesta por don Anibal frente a doña Maite con la que tiene una hija menor de edad llamada Marisa, nacida el NUM000 de 2020.

El fallo de la sentencia dispuso:

" 1) Que la menor Marisa deberá ser restituida a Malta dentro del plazo de 15 días a cuyo efecto doña Maite deberá acreditar ante esta Plaza 4, de la Sección de familia... dentro del plazo de 5 días, tras la firmeza de la sentencia, la adquisición de los billetes de avión necesarios para el traslado, aportando copia de los mismos.

2)Todo ello con imposición de las costas procesales a la parte demandada, quien también se ha de hacer cargo de los gastos que ocasione el retorno de la menor a Malta."

2.Recurso de apelación de doña Maite. Por doña Maite se presentó recurso de apelación frente a la sentencia dictada en fecha 9 de marzo de 2026 rectificada por auto de 11 de marzo de 2026, solicitando a la Sala que acuerde:

- En primer lugar la nulidad de actuaciones, por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española ( apartados 1 y 2), en relación con: La falta de práctica de una prueba relevante (interrogatorio del demandante y padre de la menor don Anibal), que la Juez de instancia denegó, causando con ello indefensión a la parte demandada / recurrente debido a que no la admitió con total ausencia de motivación. Por ello, solicita que se anulen las actuaciones de primera instancia hasta el momento anterior a la celebración del juicio a fin de que se proceda a la práctica en el Juzgado de la prueba omitida indebidamente.

- En segundo lugar, para el caso de que no se estime dicha nulidad, de manera subsidiaria, se dicte sentencia por la que se revoque íntegramente la resolución recurrida, dejando sin efecto la orden de restitución de la menor Marisa a Malta, al no concurrir los presupuestos del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980, y, en particular:

Por inexistencia de traslado ilícito en sentido material,

Por haber quedado acreditado que la residencia habitual de más de 2 años de la menor Marisa, se situaba en Francia con anterioridad a su traslado a España,

Y por concurrir la excepción del artículo 13.b del citado Convenio,al existir un grave riesgo físico y psíquico derivado del contexto de violencia acreditado en autos, Acordando, en consecuencia, la no restitución de la menor Marisa.

-En tercer lugar, para el caso de no admitirse la nulidad de actuaciones, ni la revocación de la sentencia, se proceda a acordar la retroacción de actuaciones con práctica de la prueba aprobada pero omitida, en particular el interrogatorio del demandante D. Anibal, mediante los medios técnicos adecuados (videoconferencia e intérprete), y con plena garantía de contradicción, a fin de que se dicte nueva resolución con valoración íntegra y adecuada del acervo probatorio.

-En cuarto lugar, se tengan por reproducidas todas las alegaciones fácticas y jurídicas contenidas en el presente recurso de apelación, a los efectos de su íntegra valoración, así como la totalidad de la prueba documental aportada en autos y en esta alzada.

- Con imposición de las costas procesales a la parte demandante, por su temeridad y mala fe procesal.

En el desarrollo del recurso alega los motivos siguientes:

Motivo Primero.- Sobre el verdadero contexto vital de la menor en Malta: inexistencia de un entorno de normalidad y concurrencia de un escenario continuado de violencia, control e inestabilidad

Se alega en el recurso que la sentencia de instancia parte de una premisa fáctica que no se comparte porque considera que la menor desarrollaba su vida en Malta en un entorno familiar estable, normalizado y susceptible de ser protegido mediante el automatismo restitutorio del Convenio de La Haya ( en adelante CH).

Indica la recurrente que el Convenio de La Haya no es un instrumento de restitución ciega, ya que su finalidad es proteger al menor frente a traslados ilícitos, pero no a costa de reintroducirlo en un entorno de riesgo y que sería de aplicación la cláusula de salvaguarda -artículo 13.b del CH -que impide la restitución cuando esta suponga un peligro físico o psíquico o una situación intolerable.

Considera que consta acreditado en autos que la convivencia en Malta estuvo marcada por una situación prolongada de conflictividad grave entre los progenitores, con episodios de violencia física y psicológica sufridos por la madre y con afectación directa o indirecta sobre la menor.

En consecuencia ello demuestra que la menor no se encontraba en un entorno de estabilidad alterado súbitamente por una decisión unilateral de la madre, sino que la menor se encontró en un lugar en el que se origina y consolida una situación objetivamente grave de conflictividad, violencia y desprotección que constituye, precisamente, el antecedente explicativo del posterior desplazamiento de madre e hija.

Por tanto, en el presente procedimiento, no se describe una situación puntual o anecdótica y sin embargo, la sentencia recurrida, no niega frontalmente estos hechos pero sí que los fragmenta y evita su valoración conjunta, lo que supone una infravaloración jurídica del riesgo incompatible con la doctrina del Tribunal Supremo.

Motivo segundo.- -El traslado a Francia de madre e hija obedeció a una decisión de protección y como inicio de una nueva etapa de estabilidad personal, residencial, escolar y asistencial ante el chantaje del padre a la madre para poder salir de Malta.

Indica la recurrente que la resolución de instancia yerra al considerar que el traslado a Francia de la menor fue "sustracción ilícita" sin analizar su verdadera naturaleza, porque obedeció a una salida necesaria de un entorno hostil.

Motivo tercero.- Se produjo una efectiva integración de la menor en Francia y la superación fáctica de cualquier previsión formal anterior contenida en el convenio parental de Malta.

Alega la recurrente que la resolución recurrida parece otorgar un valor determinante al tenor literal del convenio parental en el que se aludía a Malta como domicilio y a París como residencia "accidental".

No tiene en cuenta la Juez que lo verdaderamente relevante a efectos de reconstrucción fáctica es que esa previsión quedó superada por el desarrollo posterior de los hechos, debido a que la menor convivió en Paris (Francia)durante aproximadamente dos años y medio, fue escolarizada allí en dos cursos académicos, recibió atención sanitaria en ese país y desarrolló allí su cotidianeidad junto a su madre.

No nos encontramos ante una presencia intermitente ni ante estancias esporádicas sujetas a un retorno constante a Malta, sino ante una permanencia prolongada y funcionalmente estable, propia de quien ha desplazado de hecho su centro de vida a otro Estado.

Motivo Cuarto.-Las circunstancias sobrevenidas motivan la venida a España: enfermedad de la madre, finalización del arrendamiento, posibilidad de teletrabajo y necesidad de apoyo familiar en Madrid.

Argumenta la recurrente que el posterior traslado a España de la madre y la menor Marisa en agosto de 2025 vino precedido por una serie de circunstancias objetivas que hacen comprensible, razonable y humanamente justificada la decisión de la madre:

En primer lugar, porque la madre de la menor, doña Maite ,estuvo de baja médica por motivos psicológicos .

En segundo lugar, por la finalización del contrato de arrendamiento de vivienda en Paris (Francia) que confirma la pérdida del soporte residencial que hasta ese momento facilitaba la continuidad de madre e hija en territorio francés.

En tercer lugar, aparece la posibilidad de continuidad profesional de la madre mediante teletrabajo, en el marco de la relación laboral con la empresa DIRECCION000, lo que permite compatibilizar la mudanza a Madrid (España) con el mantenimiento de su actividad laboral.

Y, en cuarto lugar, muy importante para la menor Marisa, es la existencia del apoyo familiar directo en Madrid, esencial para una madre sola, con una hija pequeña, en situación de fragilidad psicológica y necesitada de sostén material y afectivo, con más familiares conviviendo en el propio entorno familiar.

En definitiva, justifica la madre su decisión en el recurso de trasladarse a España con la menor porque ello no respondió a una maniobra intempestiva, sino a la concurrencia de motivos residenciales, sanitarios, laborales y familiares perfectamente reconocibles.

Motivo quinto.-La llegada a España y la continuidad de la trayectoria vital de la menor: escolarización en el DIRECCION001, integración académica, estabilidad social y mejora objetiva de su situación.

Afirma la madre que la instalación en España no supuso una ruptura caótica en la vida de la menor, sino todo lo contrario, siendo una continuidad cuidadosamente buscada por la madre en aquello que más convenía a su hija,

Motivos sexto, séptimo, octavo y noveno.La prueba que se intentó aportar en la instancia así como la petición de interrogatorio del demandante eran relevantes para el procedimiento, existiendo insuficiente plasmación de la sentencia de instancia sobre la realidad probatoria obrante en autos habiéndose vulnerado la tutela judicial efectiva y existiendo falta de motivación ( vulneración del art. 24 de la C.E.)

Por medio de otrosísolicitó el recibimiento del pleito a prueba interesando:

- La práctica en segunda instancia de la prueba consistente en el interrogatorio del demandante, D. Anibal, así como celebración de vista.

-La aportación de prueba documental de conformidad con lo dispuesto en el art. 460 de la LEC.

3. La Sala dictó auto en fecha 23 de abril de 2026 acordando no haber lugar a la celebración del interrogatorio del demandado por no ser necesario ni tampoco haber lugar a la celebración de la vista solicitada, pero acordó unir la documental aportada junto con el escrito de apelación al rollo de la Sala sin perjuicio de su posterior valoración.

4.Oposición del Ministerio Fiscal.El ministerio fiscal presentó escrito ante esta Sala oponiéndose al recurso formulado de contrario, solicitando la confirmación de la sentencia de instancia.

Está en contra de la prueba aportada porque es anterior a la fecha de la demanda y porque no se acredita el posible riesgo de la menor; añade que no hay falta de motivación porque en el Fundamento de Derecho Tercero de la sentencia se desgrana por la Juez de instancia el argumento sobre la no existencia de riesgo de la menor.

Sobre la prueba solicitada afirma el Ministerio Público que correspondía a la parte demandada que en el acto de la vista propusiera la admisión de la prueba, interesase su práctica y formularse la oportuna protesta, cosa que no hizo, por lo que alegar en el recurso que ha sufrido indefensión por la ausencia de la practica de estas pruebas en la instancia, no se sostiene. En consecuencia, interesa que se desestime el recurso de apelación confirmando la sentencia de instancia, acordando la inmediata restitución de la menor a Malta en aras al principio de celeridad que debe regir el procedimiento de restitución de los menores.

5.Escrito de alegaciones complementarias de la parte apelante doñas Maite presentado ante la Sala el 30 de abril de 2026

Manifiesta la parte recurrente en su escrito de alegaciones complementarias que la oposición del Ministerio Fiscal a la práctica de prueba y a la revocación de la sentencia parte de una premisa probatoria ya superada por el propio Auto de esta Sala de 23 de abril de 2026 indicando que al admitir la prueba no puede ser ignorada la situación de riesgo de la menor.

Por tanto alega que no puede mantenerse que la alegación de violencia se encuentre huérfana de prueba como indica la Juez aunque deba ser valorada por la Sala en uno u otro sentido, pero insiste en que no puede ser ignorada ni degradada como simple manifestación unilateral de la madre.

6.Oposición de don Anibal. Don Anibal se opuso al recurso formulado de contrario, solicitando la confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.- Sobre la valoración de la prueba documental aportada en autos y sobre el escrito de alegaciones complementarias de la recurrente presentado ante la Sala en fecha 20 de abril de 2026.

Con anterioridad a resolver los diversos motivos del recurso, la Sala debe pronunciarse sobre la conclusión a la que llega tras analizar la prueba documental aportada por la parte recurrente que se unió al rollo de la Sala.

Es esencial manifestar que se unieron los documentos citados en aras a la tutela judicial efectiva y sin perjuicio de su posterior valoración y, del examen de los documentos se desprende que nada nuevo se añade con la documental aportada que permita si quiera demostrar algún indicio sobre la existencia de un posible riesgo de la menor en su traslado a Malta, como luego se verá.

Los documentos aportados están en otros idiomas y los únicos que se han traducido nada acreditan, sin que exista declaración jurada del traductor, por lo que dudamos de su fiabilidad; las fotografías aportadas no sabemos en qué contexto se han realizado; por otro lado, no existe resolución judicial alguna dictada en Malta o Francia que al menos acreditase un indicio de la existencia de los malos tratos causados por don Anibal a la madre y en consecuencia tampoco hay prueba de que la menor hubiese presenciado alguna situación violenta, por lo que no existen indicios de un posible riesgo grave que pueda padecer la menor si retorna a Malta.

TERCERO.- Sobre la nulidad de actuaciones.

Se alega por la recurrente que se ha producido indefensión por cuanto en primera instancia se rechazó la práctica de la prueba de interrogatorio de don Anibal.

Considera la Sala que no se ha producido la indefensión alegada por no haberse practicado la prueba de interrogatorio del demandado en primera instancia debido a que tanto la Juez de primer grado como esta Sala han considerado que no es prueba necesaria.

Efectivamente, la sala dictó auto rechazando la práctica de la prueba de interrogatorio solicitada, por lo que no existe ausencia de motivación en este punto ni procede la nulidad de actuaciones interesada.

El motivo se desestima.

CUARTO.-Fondo del asunto.

Sobre el error en la valoración de la prueba.

Sobre el error en la valoración de la prueba, el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, bajo la rúbrica "de la carga de la prueba", dispone en sus apartados 2º y 3º que "corresponde al actor la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda; Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior".

Junto a dicho marco legal son numerosos los pronunciamientos jurisprudenciales al respecto y, en concreto, la reciente STS 460/2020, de 3 de septiembre, el Alto Tribunal sostiene que "según la sentencia 7/2020, de 8 de enero , es doctrina constante que la finalidad de las reglas sobre carga de la prueba es determinar contra cuál de los litigantes deben operar las consecuencias desfavorables de la falta de demostración de los hechos controvertidos relevantes para la decisión del litigio ( sentencia 468/2019 ), por lo que no entran en juego más que en casos de falta de prueba de esos hechos y, según la sentencia 274/2019, de 21 de mayo , que cita con valor de síntesis jurisprudencial las sentencias 533/2018, de 28 de septiembre y sentencia 160/2018, de 21 de marzo , al disponer que metodológicamente, antes de examinar si se ha infringido o no la regla sobre la carga de la prueba que recoge el artículo 217 de la LEC , se habrá de indagar sobre si existe o no prueba de los hechos constitutivos de la pretensión".

Sentado lo anterior se desprende que cada una de las partes le incumbe la carga de acreditar los hechos que sirven de base a su pretensión. Es decir, al actor le basta con probar los hechos constitutivos del derecho que reclama, en tanto que al demandado incumbe acreditar los hechos impeditivos o los extintivos, así como los que formen el supuesto de las excepciones en sentido propio. En todo caso, la carga probatoria que se impone deviene innecesaria respecto de aquellos hechos no controvertidos o ya acreditados, siendo indiferente, en cuanto a ellos, quienes los hayan aportado.

Aplicando esta doctrina al caso de autos, considera la Sala que teniendo en cuenta la prueba practicada, no yerra el Juez de instancia al valorar la prueba practicada como a continuación se indicará.

QUINTO.-Los motivos de apelación en cuanto al fondo se resolverán conjuntamente.

La cuestión que se somete a nuestra decisión consiste en decidir si procede o no la restitución o retorno de la menor a Malta.

La normativa aplicable en este caso es Convenio de la Haya de 1980 (CH80) y el Reglamento 2019/1111.

El Convenio de la Haya sobre sustracción de menores no es un Convenio de custodia, sino un Convenio de restitución.El Reglamento 2019/1111 del Consejo de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental y sobre la sustracción internacional de menores lo complementa al tratarse de dos Estados, el de origen y el de refugio, miembros de la Unión Europea, pero no cambia su finalidad.

El artículo 3 del Convenio de La Haya ( CH) entiende por traslado o retención ilícita:

"a) Cuando se hayan producido con infracción de un derecho de custodia atribuido, separada o conjuntamente, a una persona, a una institución o a cualquier otro organismo, con arreglo al Derecho vigente en el Estado en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención" y,

b) Cuando este derecho se ejercía de forma efectiva, separada o conjuntamente, en el momento del traslado o de la retención, o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención"

Añade que el derecho de custodia mencionado en el apartado a) puede resultar, en particular, bien de una atribución de pleno derecho, bien de una decisión judicial o administrativa o de un acuerdo vigente según el derecho de dicho Estado.

La regla general en el CH de 1980 es la restitución inmediata del menor que se identifica con el interés de este, pero la ilicitud concurre cuando el traslado o retención se produce con infracción del derecho de custodia.

Sin embargo, existen excepciones tipificadasy de interpretación muy restrictiva que justifican la denegación del retorno como es la existencia de grave riesgo para el menor(art. 13.1.b CH 1980).

La excepción a la restitución invocada es la que recoge el art. 13 b) del CH de 1980, que dice que hay excepción a la restitución:

"...Cuando existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psíquico o de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable"

La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 de junio de 2020 interpreta el grave riesgo diciendo que:

"El riesgo a que se refiere el art. 13 del Convenio (<>) viene analizado en el Informe Explicativo ... en el sentido de indicar que el Convenio reconoce algunas excepciones a la obligación general asumida por los Estados de garantizar el retorno inmediato . El retorno del niño es la idea básica del Convenio y las excepciones a la obligación general de garantizarloconstituyen un aspecto importante para comprender con exactitud su alcance y si es posible distinguir excepciones basadas en tres justificaciones distintas (§ 27).

El interés del menor a no ser desplazado de su residencia habitual, sin garantías suficientes de que la nueva será estable, cede en estos supuestos ante el interés primario de cualquier persona a no ser expuesta a un peligro físico o psíquico, o colocada en una situación intolerable (§ 29) .......

El informe explicativo, que señala las excepciones, destaca igualmente el margen de apreciación propio de la función judicial. El Manual de Buenas Prácticas de la Conferencia de La Haya sobre el art. 13 (b) publicado este mismo año 2020, entiende que esta excepción es de naturaleza prospectiva, pero no se debe limitar al análisis de los hechos en el momento del desplazamiento o del no retorno ilícito o a los previos a éste, sino que exige, por el contrario, contemplar el futuro, es decir, la situación en la que el niño se encontrará en caso de retorno inmediato.

El examen de la excepción de riesgo grave debe igualmente centrarse, en la medida que sea necesario y oportuno, en la disponibilidad y calidad de protección adecuadas y eficaces en el Estado de residencia habitual. La naturaleza prospectiva no significa que los comportamientos o incidentes pasados no puedan ser pertinentes en el marco del examen del riesgo grave posterior al regreso del niño, a título de ejemplo, los antecedentes de violencia doméstica o familiar.

La situación de riesgo grave incluye importantes preocupaciones relativas al niño en materia de seguridad, educación, salud o de orden económico en el Estado de residencia habitual"

SEXTO.-Aplicando esta doctrina al caso de autos, de lo actuado ha quedado acreditado los hechos que se exponen a continuación:

1.Doña Maite y don Anibal mantuvieron una relación sentimental, fruto de la cual nació Marisa el NUM000 de 2020 en la localidad de DIRECCION002, Malta.

2.En fecha 8 de junio de 2023 ambos progenitores suscribieron un acuerdo parental ante Notaria, bajo la jurisdicción maltesa, que fue posteriormente homologado por el Tribunal Civil de Malta, Juzgado de Primera Instancia, Sala de Asuntos Familiares, que finalizo con sentencia de fecha 19 de septiembre de 2023.En el Acuerdo de crianza y custodia, de 8 de junio de 2023, se hacía constar lo siguiente:

"La madre recibió una oportunidad que requiere que establezca su residencia en Francia, mientras que el padre reside en Malta, por tanto, a pesar de que la menor nació en Malta y reside en Malta, las partes acuerdan que, por el bienestar de la menor, dada su corta edad, esta residirá temporalmente en Francia con la madre hasta cumplir los cinco años.

Las partes acuerdan que, a petición del padre a la madre, la menor deberá regresar para Malta para el año escolar dos mil veinticinco/dos mil veintiséis (2025/2026)"

En el apartado 2.1 de referido Acuerdo, se pacta la custodia de la menor y se dice:

"Las partes acuerdan que la menor, mientras sea menor de edad, seguirá estando bajo el cuidado, la custodia y la autoridad conjunta de ambos progenitores, y las partes, en la medida de lo posible, tomaran conjuntamente".

3.Con fecha 26 de octubre de 2023, se dictó Auto por el Tribunal Judicial de Versalles de reconocimiento de fuerza ejecutiva sobre el territorio de la República Francesa de la decisión pronunciada el 1 de junio de 2023 por la Sala de Asuntos de Familia del Tribunal Civil (Juzgado de Primera Instancia) de la Republica de Malta. en el que se desestima la solicitud de protección solicitada por la Sra. Maite frente a don Anibal y, se hace constar que no está acreditada la verosimilitud de los hechos de violencia, el peligro al que la Sra. Maite estaría expuesta, y que lo que existe es un desacuerdo sobre las modalidades del ejercicio de la patria potestad, ya que la Sra. Maite desea "cuestionar los términos del convenio parental firmado en Malta el 8 de junio de 2023 y declarado ejecutorio en Francia por auto de 26 de octubre de 2023".

4. La recurrente aporta en esta alzada un parte médico de baja de doña Maite, informe que ya aportó en la instancia sin estar traducido al español y que ahora presenta nuevamente en el que se puede observar que se limita a una puntual baja médica, de 10 de abril a 10 de mayo de 2025 de doña Maite pero no puede concluirse que la causa de la baja sea el sometimiento previo a una situación de violencia por parte del padre de su hija.

En consecuencia, no existe prueba que permita a esta Sala considerar que si se mantiene el retorno acordado en la sentencia de instancia, pueda existir un perjuicio grave para la menor.

5. Doña Maite viajó con la menor a España en agosto de 2025 a la localidad de DIRECCION003 (Madrid), localidad donde reside n con la madre de doña Maite, habiendo matriculado a la menor en el DIRECCION001, todo ello sin el consentimiento del padre de la menor.

En consecuencia, no ha existido error en la valoración de la prueba por parte de la Juez de instancia por cuanto en esta alzada tras la prueba analizada tampoco consideramos que debamos denegar el retorno de Marisa a Malta por cuanto allí se encuentra su residencia habitual, sin que sea en este caso de aplicación la excepción del convenio invocada en el recurso ( existencia de grave riesgo para la menor conforme al CH de 1980) al no constar prueba de la existencia de un riesgo grave para la menor.

Por los argumentos expuestos, procede que desestimemos el recurso de apelación interpuesto y que confirmemos la sentencia de instancia en todos sus extremos.

SEPTIMO.-Costas de la alzada.

Pese a la desestimación del recurso, no se imponen las costas causadas en la presente alzada a ninguna de las partes litigantes debido a la materia tratada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Antecedentes y objeto del recurso.

1. Sentencia apelada de 9 de marzo de 2026 dictada en el procedimiento de restitución o retorno de menores en supuesto de sustracción internacional.Por la Sección de Familia, Infancia y capacidad del tribunal de instancia de Madrid Plaza nº 4 se dictó sentencia en la que la Juez de instancia estimó íntegramente la demanda interpuesta por don Anibal frente a doña Maite con la que tiene una hija menor de edad llamada Marisa, nacida el NUM000 de 2020.

El fallo de la sentencia dispuso:

" 1) Que la menor Marisa deberá ser restituida a Malta dentro del plazo de 15 días a cuyo efecto doña Maite deberá acreditar ante esta Plaza 4, de la Sección de familia... dentro del plazo de 5 días, tras la firmeza de la sentencia, la adquisición de los billetes de avión necesarios para el traslado, aportando copia de los mismos.

2)Todo ello con imposición de las costas procesales a la parte demandada, quien también se ha de hacer cargo de los gastos que ocasione el retorno de la menor a Malta."

2.Recurso de apelación de doña Maite. Por doña Maite se presentó recurso de apelación frente a la sentencia dictada en fecha 9 de marzo de 2026 rectificada por auto de 11 de marzo de 2026, solicitando a la Sala que acuerde:

- En primer lugar la nulidad de actuaciones, por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española ( apartados 1 y 2), en relación con: La falta de práctica de una prueba relevante (interrogatorio del demandante y padre de la menor don Anibal), que la Juez de instancia denegó, causando con ello indefensión a la parte demandada / recurrente debido a que no la admitió con total ausencia de motivación. Por ello, solicita que se anulen las actuaciones de primera instancia hasta el momento anterior a la celebración del juicio a fin de que se proceda a la práctica en el Juzgado de la prueba omitida indebidamente.

- En segundo lugar, para el caso de que no se estime dicha nulidad, de manera subsidiaria, se dicte sentencia por la que se revoque íntegramente la resolución recurrida, dejando sin efecto la orden de restitución de la menor Marisa a Malta, al no concurrir los presupuestos del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980, y, en particular:

Por inexistencia de traslado ilícito en sentido material,

Por haber quedado acreditado que la residencia habitual de más de 2 años de la menor Marisa, se situaba en Francia con anterioridad a su traslado a España,

Y por concurrir la excepción del artículo 13.b del citado Convenio,al existir un grave riesgo físico y psíquico derivado del contexto de violencia acreditado en autos, Acordando, en consecuencia, la no restitución de la menor Marisa.

-En tercer lugar, para el caso de no admitirse la nulidad de actuaciones, ni la revocación de la sentencia, se proceda a acordar la retroacción de actuaciones con práctica de la prueba aprobada pero omitida, en particular el interrogatorio del demandante D. Anibal, mediante los medios técnicos adecuados (videoconferencia e intérprete), y con plena garantía de contradicción, a fin de que se dicte nueva resolución con valoración íntegra y adecuada del acervo probatorio.

-En cuarto lugar, se tengan por reproducidas todas las alegaciones fácticas y jurídicas contenidas en el presente recurso de apelación, a los efectos de su íntegra valoración, así como la totalidad de la prueba documental aportada en autos y en esta alzada.

- Con imposición de las costas procesales a la parte demandante, por su temeridad y mala fe procesal.

En el desarrollo del recurso alega los motivos siguientes:

Motivo Primero.- Sobre el verdadero contexto vital de la menor en Malta: inexistencia de un entorno de normalidad y concurrencia de un escenario continuado de violencia, control e inestabilidad

Se alega en el recurso que la sentencia de instancia parte de una premisa fáctica que no se comparte porque considera que la menor desarrollaba su vida en Malta en un entorno familiar estable, normalizado y susceptible de ser protegido mediante el automatismo restitutorio del Convenio de La Haya ( en adelante CH).

Indica la recurrente que el Convenio de La Haya no es un instrumento de restitución ciega, ya que su finalidad es proteger al menor frente a traslados ilícitos, pero no a costa de reintroducirlo en un entorno de riesgo y que sería de aplicación la cláusula de salvaguarda -artículo 13.b del CH -que impide la restitución cuando esta suponga un peligro físico o psíquico o una situación intolerable.

Considera que consta acreditado en autos que la convivencia en Malta estuvo marcada por una situación prolongada de conflictividad grave entre los progenitores, con episodios de violencia física y psicológica sufridos por la madre y con afectación directa o indirecta sobre la menor.

En consecuencia ello demuestra que la menor no se encontraba en un entorno de estabilidad alterado súbitamente por una decisión unilateral de la madre, sino que la menor se encontró en un lugar en el que se origina y consolida una situación objetivamente grave de conflictividad, violencia y desprotección que constituye, precisamente, el antecedente explicativo del posterior desplazamiento de madre e hija.

Por tanto, en el presente procedimiento, no se describe una situación puntual o anecdótica y sin embargo, la sentencia recurrida, no niega frontalmente estos hechos pero sí que los fragmenta y evita su valoración conjunta, lo que supone una infravaloración jurídica del riesgo incompatible con la doctrina del Tribunal Supremo.

Motivo segundo.- -El traslado a Francia de madre e hija obedeció a una decisión de protección y como inicio de una nueva etapa de estabilidad personal, residencial, escolar y asistencial ante el chantaje del padre a la madre para poder salir de Malta.

Indica la recurrente que la resolución de instancia yerra al considerar que el traslado a Francia de la menor fue "sustracción ilícita" sin analizar su verdadera naturaleza, porque obedeció a una salida necesaria de un entorno hostil.

Motivo tercero.- Se produjo una efectiva integración de la menor en Francia y la superación fáctica de cualquier previsión formal anterior contenida en el convenio parental de Malta.

Alega la recurrente que la resolución recurrida parece otorgar un valor determinante al tenor literal del convenio parental en el que se aludía a Malta como domicilio y a París como residencia "accidental".

No tiene en cuenta la Juez que lo verdaderamente relevante a efectos de reconstrucción fáctica es que esa previsión quedó superada por el desarrollo posterior de los hechos, debido a que la menor convivió en Paris (Francia)durante aproximadamente dos años y medio, fue escolarizada allí en dos cursos académicos, recibió atención sanitaria en ese país y desarrolló allí su cotidianeidad junto a su madre.

No nos encontramos ante una presencia intermitente ni ante estancias esporádicas sujetas a un retorno constante a Malta, sino ante una permanencia prolongada y funcionalmente estable, propia de quien ha desplazado de hecho su centro de vida a otro Estado.

Motivo Cuarto.-Las circunstancias sobrevenidas motivan la venida a España: enfermedad de la madre, finalización del arrendamiento, posibilidad de teletrabajo y necesidad de apoyo familiar en Madrid.

Argumenta la recurrente que el posterior traslado a España de la madre y la menor Marisa en agosto de 2025 vino precedido por una serie de circunstancias objetivas que hacen comprensible, razonable y humanamente justificada la decisión de la madre:

En primer lugar, porque la madre de la menor, doña Maite ,estuvo de baja médica por motivos psicológicos .

En segundo lugar, por la finalización del contrato de arrendamiento de vivienda en Paris (Francia) que confirma la pérdida del soporte residencial que hasta ese momento facilitaba la continuidad de madre e hija en territorio francés.

En tercer lugar, aparece la posibilidad de continuidad profesional de la madre mediante teletrabajo, en el marco de la relación laboral con la empresa DIRECCION000, lo que permite compatibilizar la mudanza a Madrid (España) con el mantenimiento de su actividad laboral.

Y, en cuarto lugar, muy importante para la menor Marisa, es la existencia del apoyo familiar directo en Madrid, esencial para una madre sola, con una hija pequeña, en situación de fragilidad psicológica y necesitada de sostén material y afectivo, con más familiares conviviendo en el propio entorno familiar.

En definitiva, justifica la madre su decisión en el recurso de trasladarse a España con la menor porque ello no respondió a una maniobra intempestiva, sino a la concurrencia de motivos residenciales, sanitarios, laborales y familiares perfectamente reconocibles.

Motivo quinto.-La llegada a España y la continuidad de la trayectoria vital de la menor: escolarización en el DIRECCION001, integración académica, estabilidad social y mejora objetiva de su situación.

Afirma la madre que la instalación en España no supuso una ruptura caótica en la vida de la menor, sino todo lo contrario, siendo una continuidad cuidadosamente buscada por la madre en aquello que más convenía a su hija,

Motivos sexto, séptimo, octavo y noveno.La prueba que se intentó aportar en la instancia así como la petición de interrogatorio del demandante eran relevantes para el procedimiento, existiendo insuficiente plasmación de la sentencia de instancia sobre la realidad probatoria obrante en autos habiéndose vulnerado la tutela judicial efectiva y existiendo falta de motivación ( vulneración del art. 24 de la C.E.)

Por medio de otrosísolicitó el recibimiento del pleito a prueba interesando:

- La práctica en segunda instancia de la prueba consistente en el interrogatorio del demandante, D. Anibal, así como celebración de vista.

-La aportación de prueba documental de conformidad con lo dispuesto en el art. 460 de la LEC.

3. La Sala dictó auto en fecha 23 de abril de 2026 acordando no haber lugar a la celebración del interrogatorio del demandado por no ser necesario ni tampoco haber lugar a la celebración de la vista solicitada, pero acordó unir la documental aportada junto con el escrito de apelación al rollo de la Sala sin perjuicio de su posterior valoración.

4.Oposición del Ministerio Fiscal.El ministerio fiscal presentó escrito ante esta Sala oponiéndose al recurso formulado de contrario, solicitando la confirmación de la sentencia de instancia.

Está en contra de la prueba aportada porque es anterior a la fecha de la demanda y porque no se acredita el posible riesgo de la menor; añade que no hay falta de motivación porque en el Fundamento de Derecho Tercero de la sentencia se desgrana por la Juez de instancia el argumento sobre la no existencia de riesgo de la menor.

Sobre la prueba solicitada afirma el Ministerio Público que correspondía a la parte demandada que en el acto de la vista propusiera la admisión de la prueba, interesase su práctica y formularse la oportuna protesta, cosa que no hizo, por lo que alegar en el recurso que ha sufrido indefensión por la ausencia de la practica de estas pruebas en la instancia, no se sostiene. En consecuencia, interesa que se desestime el recurso de apelación confirmando la sentencia de instancia, acordando la inmediata restitución de la menor a Malta en aras al principio de celeridad que debe regir el procedimiento de restitución de los menores.

5.Escrito de alegaciones complementarias de la parte apelante doñas Maite presentado ante la Sala el 30 de abril de 2026

Manifiesta la parte recurrente en su escrito de alegaciones complementarias que la oposición del Ministerio Fiscal a la práctica de prueba y a la revocación de la sentencia parte de una premisa probatoria ya superada por el propio Auto de esta Sala de 23 de abril de 2026 indicando que al admitir la prueba no puede ser ignorada la situación de riesgo de la menor.

Por tanto alega que no puede mantenerse que la alegación de violencia se encuentre huérfana de prueba como indica la Juez aunque deba ser valorada por la Sala en uno u otro sentido, pero insiste en que no puede ser ignorada ni degradada como simple manifestación unilateral de la madre.

6.Oposición de don Anibal. Don Anibal se opuso al recurso formulado de contrario, solicitando la confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.- Sobre la valoración de la prueba documental aportada en autos y sobre el escrito de alegaciones complementarias de la recurrente presentado ante la Sala en fecha 20 de abril de 2026.

Con anterioridad a resolver los diversos motivos del recurso, la Sala debe pronunciarse sobre la conclusión a la que llega tras analizar la prueba documental aportada por la parte recurrente que se unió al rollo de la Sala.

Es esencial manifestar que se unieron los documentos citados en aras a la tutela judicial efectiva y sin perjuicio de su posterior valoración y, del examen de los documentos se desprende que nada nuevo se añade con la documental aportada que permita si quiera demostrar algún indicio sobre la existencia de un posible riesgo de la menor en su traslado a Malta, como luego se verá.

Los documentos aportados están en otros idiomas y los únicos que se han traducido nada acreditan, sin que exista declaración jurada del traductor, por lo que dudamos de su fiabilidad; las fotografías aportadas no sabemos en qué contexto se han realizado; por otro lado, no existe resolución judicial alguna dictada en Malta o Francia que al menos acreditase un indicio de la existencia de los malos tratos causados por don Anibal a la madre y en consecuencia tampoco hay prueba de que la menor hubiese presenciado alguna situación violenta, por lo que no existen indicios de un posible riesgo grave que pueda padecer la menor si retorna a Malta.

TERCERO.- Sobre la nulidad de actuaciones.

Se alega por la recurrente que se ha producido indefensión por cuanto en primera instancia se rechazó la práctica de la prueba de interrogatorio de don Anibal.

Considera la Sala que no se ha producido la indefensión alegada por no haberse practicado la prueba de interrogatorio del demandado en primera instancia debido a que tanto la Juez de primer grado como esta Sala han considerado que no es prueba necesaria.

Efectivamente, la sala dictó auto rechazando la práctica de la prueba de interrogatorio solicitada, por lo que no existe ausencia de motivación en este punto ni procede la nulidad de actuaciones interesada.

El motivo se desestima.

CUARTO.-Fondo del asunto.

Sobre el error en la valoración de la prueba.

Sobre el error en la valoración de la prueba, el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, bajo la rúbrica "de la carga de la prueba", dispone en sus apartados 2º y 3º que "corresponde al actor la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda; Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior".

Junto a dicho marco legal son numerosos los pronunciamientos jurisprudenciales al respecto y, en concreto, la reciente STS 460/2020, de 3 de septiembre, el Alto Tribunal sostiene que "según la sentencia 7/2020, de 8 de enero , es doctrina constante que la finalidad de las reglas sobre carga de la prueba es determinar contra cuál de los litigantes deben operar las consecuencias desfavorables de la falta de demostración de los hechos controvertidos relevantes para la decisión del litigio ( sentencia 468/2019 ), por lo que no entran en juego más que en casos de falta de prueba de esos hechos y, según la sentencia 274/2019, de 21 de mayo , que cita con valor de síntesis jurisprudencial las sentencias 533/2018, de 28 de septiembre y sentencia 160/2018, de 21 de marzo , al disponer que metodológicamente, antes de examinar si se ha infringido o no la regla sobre la carga de la prueba que recoge el artículo 217 de la LEC , se habrá de indagar sobre si existe o no prueba de los hechos constitutivos de la pretensión".

Sentado lo anterior se desprende que cada una de las partes le incumbe la carga de acreditar los hechos que sirven de base a su pretensión. Es decir, al actor le basta con probar los hechos constitutivos del derecho que reclama, en tanto que al demandado incumbe acreditar los hechos impeditivos o los extintivos, así como los que formen el supuesto de las excepciones en sentido propio. En todo caso, la carga probatoria que se impone deviene innecesaria respecto de aquellos hechos no controvertidos o ya acreditados, siendo indiferente, en cuanto a ellos, quienes los hayan aportado.

Aplicando esta doctrina al caso de autos, considera la Sala que teniendo en cuenta la prueba practicada, no yerra el Juez de instancia al valorar la prueba practicada como a continuación se indicará.

QUINTO.-Los motivos de apelación en cuanto al fondo se resolverán conjuntamente.

La cuestión que se somete a nuestra decisión consiste en decidir si procede o no la restitución o retorno de la menor a Malta.

La normativa aplicable en este caso es Convenio de la Haya de 1980 (CH80) y el Reglamento 2019/1111.

El Convenio de la Haya sobre sustracción de menores no es un Convenio de custodia, sino un Convenio de restitución.El Reglamento 2019/1111 del Consejo de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental y sobre la sustracción internacional de menores lo complementa al tratarse de dos Estados, el de origen y el de refugio, miembros de la Unión Europea, pero no cambia su finalidad.

El artículo 3 del Convenio de La Haya ( CH) entiende por traslado o retención ilícita:

"a) Cuando se hayan producido con infracción de un derecho de custodia atribuido, separada o conjuntamente, a una persona, a una institución o a cualquier otro organismo, con arreglo al Derecho vigente en el Estado en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención" y,

b) Cuando este derecho se ejercía de forma efectiva, separada o conjuntamente, en el momento del traslado o de la retención, o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención"

Añade que el derecho de custodia mencionado en el apartado a) puede resultar, en particular, bien de una atribución de pleno derecho, bien de una decisión judicial o administrativa o de un acuerdo vigente según el derecho de dicho Estado.

La regla general en el CH de 1980 es la restitución inmediata del menor que se identifica con el interés de este, pero la ilicitud concurre cuando el traslado o retención se produce con infracción del derecho de custodia.

Sin embargo, existen excepciones tipificadasy de interpretación muy restrictiva que justifican la denegación del retorno como es la existencia de grave riesgo para el menor(art. 13.1.b CH 1980).

La excepción a la restitución invocada es la que recoge el art. 13 b) del CH de 1980, que dice que hay excepción a la restitución:

"...Cuando existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psíquico o de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable"

La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 de junio de 2020 interpreta el grave riesgo diciendo que:

"El riesgo a que se refiere el art. 13 del Convenio (<>) viene analizado en el Informe Explicativo ... en el sentido de indicar que el Convenio reconoce algunas excepciones a la obligación general asumida por los Estados de garantizar el retorno inmediato . El retorno del niño es la idea básica del Convenio y las excepciones a la obligación general de garantizarloconstituyen un aspecto importante para comprender con exactitud su alcance y si es posible distinguir excepciones basadas en tres justificaciones distintas (§ 27).

El interés del menor a no ser desplazado de su residencia habitual, sin garantías suficientes de que la nueva será estable, cede en estos supuestos ante el interés primario de cualquier persona a no ser expuesta a un peligro físico o psíquico, o colocada en una situación intolerable (§ 29) .......

El informe explicativo, que señala las excepciones, destaca igualmente el margen de apreciación propio de la función judicial. El Manual de Buenas Prácticas de la Conferencia de La Haya sobre el art. 13 (b) publicado este mismo año 2020, entiende que esta excepción es de naturaleza prospectiva, pero no se debe limitar al análisis de los hechos en el momento del desplazamiento o del no retorno ilícito o a los previos a éste, sino que exige, por el contrario, contemplar el futuro, es decir, la situación en la que el niño se encontrará en caso de retorno inmediato.

El examen de la excepción de riesgo grave debe igualmente centrarse, en la medida que sea necesario y oportuno, en la disponibilidad y calidad de protección adecuadas y eficaces en el Estado de residencia habitual. La naturaleza prospectiva no significa que los comportamientos o incidentes pasados no puedan ser pertinentes en el marco del examen del riesgo grave posterior al regreso del niño, a título de ejemplo, los antecedentes de violencia doméstica o familiar.

La situación de riesgo grave incluye importantes preocupaciones relativas al niño en materia de seguridad, educación, salud o de orden económico en el Estado de residencia habitual"

SEXTO.-Aplicando esta doctrina al caso de autos, de lo actuado ha quedado acreditado los hechos que se exponen a continuación:

1.Doña Maite y don Anibal mantuvieron una relación sentimental, fruto de la cual nació Marisa el NUM000 de 2020 en la localidad de DIRECCION002, Malta.

2.En fecha 8 de junio de 2023 ambos progenitores suscribieron un acuerdo parental ante Notaria, bajo la jurisdicción maltesa, que fue posteriormente homologado por el Tribunal Civil de Malta, Juzgado de Primera Instancia, Sala de Asuntos Familiares, que finalizo con sentencia de fecha 19 de septiembre de 2023.En el Acuerdo de crianza y custodia, de 8 de junio de 2023, se hacía constar lo siguiente:

"La madre recibió una oportunidad que requiere que establezca su residencia en Francia, mientras que el padre reside en Malta, por tanto, a pesar de que la menor nació en Malta y reside en Malta, las partes acuerdan que, por el bienestar de la menor, dada su corta edad, esta residirá temporalmente en Francia con la madre hasta cumplir los cinco años.

Las partes acuerdan que, a petición del padre a la madre, la menor deberá regresar para Malta para el año escolar dos mil veinticinco/dos mil veintiséis (2025/2026)"

En el apartado 2.1 de referido Acuerdo, se pacta la custodia de la menor y se dice:

"Las partes acuerdan que la menor, mientras sea menor de edad, seguirá estando bajo el cuidado, la custodia y la autoridad conjunta de ambos progenitores, y las partes, en la medida de lo posible, tomaran conjuntamente".

3.Con fecha 26 de octubre de 2023, se dictó Auto por el Tribunal Judicial de Versalles de reconocimiento de fuerza ejecutiva sobre el territorio de la República Francesa de la decisión pronunciada el 1 de junio de 2023 por la Sala de Asuntos de Familia del Tribunal Civil (Juzgado de Primera Instancia) de la Republica de Malta. en el que se desestima la solicitud de protección solicitada por la Sra. Maite frente a don Anibal y, se hace constar que no está acreditada la verosimilitud de los hechos de violencia, el peligro al que la Sra. Maite estaría expuesta, y que lo que existe es un desacuerdo sobre las modalidades del ejercicio de la patria potestad, ya que la Sra. Maite desea "cuestionar los términos del convenio parental firmado en Malta el 8 de junio de 2023 y declarado ejecutorio en Francia por auto de 26 de octubre de 2023".

4. La recurrente aporta en esta alzada un parte médico de baja de doña Maite, informe que ya aportó en la instancia sin estar traducido al español y que ahora presenta nuevamente en el que se puede observar que se limita a una puntual baja médica, de 10 de abril a 10 de mayo de 2025 de doña Maite pero no puede concluirse que la causa de la baja sea el sometimiento previo a una situación de violencia por parte del padre de su hija.

En consecuencia, no existe prueba que permita a esta Sala considerar que si se mantiene el retorno acordado en la sentencia de instancia, pueda existir un perjuicio grave para la menor.

5. Doña Maite viajó con la menor a España en agosto de 2025 a la localidad de DIRECCION003 (Madrid), localidad donde reside n con la madre de doña Maite, habiendo matriculado a la menor en el DIRECCION001, todo ello sin el consentimiento del padre de la menor.

En consecuencia, no ha existido error en la valoración de la prueba por parte de la Juez de instancia por cuanto en esta alzada tras la prueba analizada tampoco consideramos que debamos denegar el retorno de Marisa a Malta por cuanto allí se encuentra su residencia habitual, sin que sea en este caso de aplicación la excepción del convenio invocada en el recurso ( existencia de grave riesgo para la menor conforme al CH de 1980) al no constar prueba de la existencia de un riesgo grave para la menor.

Por los argumentos expuestos, procede que desestimemos el recurso de apelación interpuesto y que confirmemos la sentencia de instancia en todos sus extremos.

SEPTIMO.-Costas de la alzada.

Pese a la desestimación del recurso, no se imponen las costas causadas en la presente alzada a ninguna de las partes litigantes debido a la materia tratada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Antecedentes y objeto del recurso.

1. Sentencia apelada de 9 de marzo de 2026 dictada en el procedimiento de restitución o retorno de menores en supuesto de sustracción internacional.Por la Sección de Familia, Infancia y capacidad del tribunal de instancia de Madrid Plaza nº 4 se dictó sentencia en la que la Juez de instancia estimó íntegramente la demanda interpuesta por don Anibal frente a doña Maite con la que tiene una hija menor de edad llamada Marisa, nacida el NUM000 de 2020.

El fallo de la sentencia dispuso:

" 1) Que la menor Marisa deberá ser restituida a Malta dentro del plazo de 15 días a cuyo efecto doña Maite deberá acreditar ante esta Plaza 4, de la Sección de familia... dentro del plazo de 5 días, tras la firmeza de la sentencia, la adquisición de los billetes de avión necesarios para el traslado, aportando copia de los mismos.

2)Todo ello con imposición de las costas procesales a la parte demandada, quien también se ha de hacer cargo de los gastos que ocasione el retorno de la menor a Malta."

2.Recurso de apelación de doña Maite. Por doña Maite se presentó recurso de apelación frente a la sentencia dictada en fecha 9 de marzo de 2026 rectificada por auto de 11 de marzo de 2026, solicitando a la Sala que acuerde:

- En primer lugar la nulidad de actuaciones, por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española ( apartados 1 y 2), en relación con: La falta de práctica de una prueba relevante (interrogatorio del demandante y padre de la menor don Anibal), que la Juez de instancia denegó, causando con ello indefensión a la parte demandada / recurrente debido a que no la admitió con total ausencia de motivación. Por ello, solicita que se anulen las actuaciones de primera instancia hasta el momento anterior a la celebración del juicio a fin de que se proceda a la práctica en el Juzgado de la prueba omitida indebidamente.

- En segundo lugar, para el caso de que no se estime dicha nulidad, de manera subsidiaria, se dicte sentencia por la que se revoque íntegramente la resolución recurrida, dejando sin efecto la orden de restitución de la menor Marisa a Malta, al no concurrir los presupuestos del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980, y, en particular:

Por inexistencia de traslado ilícito en sentido material,

Por haber quedado acreditado que la residencia habitual de más de 2 años de la menor Marisa, se situaba en Francia con anterioridad a su traslado a España,

Y por concurrir la excepción del artículo 13.b del citado Convenio,al existir un grave riesgo físico y psíquico derivado del contexto de violencia acreditado en autos, Acordando, en consecuencia, la no restitución de la menor Marisa.

-En tercer lugar, para el caso de no admitirse la nulidad de actuaciones, ni la revocación de la sentencia, se proceda a acordar la retroacción de actuaciones con práctica de la prueba aprobada pero omitida, en particular el interrogatorio del demandante D. Anibal, mediante los medios técnicos adecuados (videoconferencia e intérprete), y con plena garantía de contradicción, a fin de que se dicte nueva resolución con valoración íntegra y adecuada del acervo probatorio.

-En cuarto lugar, se tengan por reproducidas todas las alegaciones fácticas y jurídicas contenidas en el presente recurso de apelación, a los efectos de su íntegra valoración, así como la totalidad de la prueba documental aportada en autos y en esta alzada.

- Con imposición de las costas procesales a la parte demandante, por su temeridad y mala fe procesal.

En el desarrollo del recurso alega los motivos siguientes:

Motivo Primero.- Sobre el verdadero contexto vital de la menor en Malta: inexistencia de un entorno de normalidad y concurrencia de un escenario continuado de violencia, control e inestabilidad

Se alega en el recurso que la sentencia de instancia parte de una premisa fáctica que no se comparte porque considera que la menor desarrollaba su vida en Malta en un entorno familiar estable, normalizado y susceptible de ser protegido mediante el automatismo restitutorio del Convenio de La Haya ( en adelante CH).

Indica la recurrente que el Convenio de La Haya no es un instrumento de restitución ciega, ya que su finalidad es proteger al menor frente a traslados ilícitos, pero no a costa de reintroducirlo en un entorno de riesgo y que sería de aplicación la cláusula de salvaguarda -artículo 13.b del CH -que impide la restitución cuando esta suponga un peligro físico o psíquico o una situación intolerable.

Considera que consta acreditado en autos que la convivencia en Malta estuvo marcada por una situación prolongada de conflictividad grave entre los progenitores, con episodios de violencia física y psicológica sufridos por la madre y con afectación directa o indirecta sobre la menor.

En consecuencia ello demuestra que la menor no se encontraba en un entorno de estabilidad alterado súbitamente por una decisión unilateral de la madre, sino que la menor se encontró en un lugar en el que se origina y consolida una situación objetivamente grave de conflictividad, violencia y desprotección que constituye, precisamente, el antecedente explicativo del posterior desplazamiento de madre e hija.

Por tanto, en el presente procedimiento, no se describe una situación puntual o anecdótica y sin embargo, la sentencia recurrida, no niega frontalmente estos hechos pero sí que los fragmenta y evita su valoración conjunta, lo que supone una infravaloración jurídica del riesgo incompatible con la doctrina del Tribunal Supremo.

Motivo segundo.- -El traslado a Francia de madre e hija obedeció a una decisión de protección y como inicio de una nueva etapa de estabilidad personal, residencial, escolar y asistencial ante el chantaje del padre a la madre para poder salir de Malta.

Indica la recurrente que la resolución de instancia yerra al considerar que el traslado a Francia de la menor fue "sustracción ilícita" sin analizar su verdadera naturaleza, porque obedeció a una salida necesaria de un entorno hostil.

Motivo tercero.- Se produjo una efectiva integración de la menor en Francia y la superación fáctica de cualquier previsión formal anterior contenida en el convenio parental de Malta.

Alega la recurrente que la resolución recurrida parece otorgar un valor determinante al tenor literal del convenio parental en el que se aludía a Malta como domicilio y a París como residencia "accidental".

No tiene en cuenta la Juez que lo verdaderamente relevante a efectos de reconstrucción fáctica es que esa previsión quedó superada por el desarrollo posterior de los hechos, debido a que la menor convivió en Paris (Francia)durante aproximadamente dos años y medio, fue escolarizada allí en dos cursos académicos, recibió atención sanitaria en ese país y desarrolló allí su cotidianeidad junto a su madre.

No nos encontramos ante una presencia intermitente ni ante estancias esporádicas sujetas a un retorno constante a Malta, sino ante una permanencia prolongada y funcionalmente estable, propia de quien ha desplazado de hecho su centro de vida a otro Estado.

Motivo Cuarto.-Las circunstancias sobrevenidas motivan la venida a España: enfermedad de la madre, finalización del arrendamiento, posibilidad de teletrabajo y necesidad de apoyo familiar en Madrid.

Argumenta la recurrente que el posterior traslado a España de la madre y la menor Marisa en agosto de 2025 vino precedido por una serie de circunstancias objetivas que hacen comprensible, razonable y humanamente justificada la decisión de la madre:

En primer lugar, porque la madre de la menor, doña Maite ,estuvo de baja médica por motivos psicológicos .

En segundo lugar, por la finalización del contrato de arrendamiento de vivienda en Paris (Francia) que confirma la pérdida del soporte residencial que hasta ese momento facilitaba la continuidad de madre e hija en territorio francés.

En tercer lugar, aparece la posibilidad de continuidad profesional de la madre mediante teletrabajo, en el marco de la relación laboral con la empresa DIRECCION000, lo que permite compatibilizar la mudanza a Madrid (España) con el mantenimiento de su actividad laboral.

Y, en cuarto lugar, muy importante para la menor Marisa, es la existencia del apoyo familiar directo en Madrid, esencial para una madre sola, con una hija pequeña, en situación de fragilidad psicológica y necesitada de sostén material y afectivo, con más familiares conviviendo en el propio entorno familiar.

En definitiva, justifica la madre su decisión en el recurso de trasladarse a España con la menor porque ello no respondió a una maniobra intempestiva, sino a la concurrencia de motivos residenciales, sanitarios, laborales y familiares perfectamente reconocibles.

Motivo quinto.-La llegada a España y la continuidad de la trayectoria vital de la menor: escolarización en el DIRECCION001, integración académica, estabilidad social y mejora objetiva de su situación.

Afirma la madre que la instalación en España no supuso una ruptura caótica en la vida de la menor, sino todo lo contrario, siendo una continuidad cuidadosamente buscada por la madre en aquello que más convenía a su hija,

Motivos sexto, séptimo, octavo y noveno.La prueba que se intentó aportar en la instancia así como la petición de interrogatorio del demandante eran relevantes para el procedimiento, existiendo insuficiente plasmación de la sentencia de instancia sobre la realidad probatoria obrante en autos habiéndose vulnerado la tutela judicial efectiva y existiendo falta de motivación ( vulneración del art. 24 de la C.E.)

Por medio de otrosísolicitó el recibimiento del pleito a prueba interesando:

- La práctica en segunda instancia de la prueba consistente en el interrogatorio del demandante, D. Anibal, así como celebración de vista.

-La aportación de prueba documental de conformidad con lo dispuesto en el art. 460 de la LEC.

3. La Sala dictó auto en fecha 23 de abril de 2026 acordando no haber lugar a la celebración del interrogatorio del demandado por no ser necesario ni tampoco haber lugar a la celebración de la vista solicitada, pero acordó unir la documental aportada junto con el escrito de apelación al rollo de la Sala sin perjuicio de su posterior valoración.

4.Oposición del Ministerio Fiscal.El ministerio fiscal presentó escrito ante esta Sala oponiéndose al recurso formulado de contrario, solicitando la confirmación de la sentencia de instancia.

Está en contra de la prueba aportada porque es anterior a la fecha de la demanda y porque no se acredita el posible riesgo de la menor; añade que no hay falta de motivación porque en el Fundamento de Derecho Tercero de la sentencia se desgrana por la Juez de instancia el argumento sobre la no existencia de riesgo de la menor.

Sobre la prueba solicitada afirma el Ministerio Público que correspondía a la parte demandada que en el acto de la vista propusiera la admisión de la prueba, interesase su práctica y formularse la oportuna protesta, cosa que no hizo, por lo que alegar en el recurso que ha sufrido indefensión por la ausencia de la practica de estas pruebas en la instancia, no se sostiene. En consecuencia, interesa que se desestime el recurso de apelación confirmando la sentencia de instancia, acordando la inmediata restitución de la menor a Malta en aras al principio de celeridad que debe regir el procedimiento de restitución de los menores.

5.Escrito de alegaciones complementarias de la parte apelante doñas Maite presentado ante la Sala el 30 de abril de 2026

Manifiesta la parte recurrente en su escrito de alegaciones complementarias que la oposición del Ministerio Fiscal a la práctica de prueba y a la revocación de la sentencia parte de una premisa probatoria ya superada por el propio Auto de esta Sala de 23 de abril de 2026 indicando que al admitir la prueba no puede ser ignorada la situación de riesgo de la menor.

Por tanto alega que no puede mantenerse que la alegación de violencia se encuentre huérfana de prueba como indica la Juez aunque deba ser valorada por la Sala en uno u otro sentido, pero insiste en que no puede ser ignorada ni degradada como simple manifestación unilateral de la madre.

6.Oposición de don Anibal. Don Anibal se opuso al recurso formulado de contrario, solicitando la confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.- Sobre la valoración de la prueba documental aportada en autos y sobre el escrito de alegaciones complementarias de la recurrente presentado ante la Sala en fecha 20 de abril de 2026.

Con anterioridad a resolver los diversos motivos del recurso, la Sala debe pronunciarse sobre la conclusión a la que llega tras analizar la prueba documental aportada por la parte recurrente que se unió al rollo de la Sala.

Es esencial manifestar que se unieron los documentos citados en aras a la tutela judicial efectiva y sin perjuicio de su posterior valoración y, del examen de los documentos se desprende que nada nuevo se añade con la documental aportada que permita si quiera demostrar algún indicio sobre la existencia de un posible riesgo de la menor en su traslado a Malta, como luego se verá.

Los documentos aportados están en otros idiomas y los únicos que se han traducido nada acreditan, sin que exista declaración jurada del traductor, por lo que dudamos de su fiabilidad; las fotografías aportadas no sabemos en qué contexto se han realizado; por otro lado, no existe resolución judicial alguna dictada en Malta o Francia que al menos acreditase un indicio de la existencia de los malos tratos causados por don Anibal a la madre y en consecuencia tampoco hay prueba de que la menor hubiese presenciado alguna situación violenta, por lo que no existen indicios de un posible riesgo grave que pueda padecer la menor si retorna a Malta.

TERCERO.- Sobre la nulidad de actuaciones.

Se alega por la recurrente que se ha producido indefensión por cuanto en primera instancia se rechazó la práctica de la prueba de interrogatorio de don Anibal.

Considera la Sala que no se ha producido la indefensión alegada por no haberse practicado la prueba de interrogatorio del demandado en primera instancia debido a que tanto la Juez de primer grado como esta Sala han considerado que no es prueba necesaria.

Efectivamente, la sala dictó auto rechazando la práctica de la prueba de interrogatorio solicitada, por lo que no existe ausencia de motivación en este punto ni procede la nulidad de actuaciones interesada.

El motivo se desestima.

CUARTO.-Fondo del asunto.

Sobre el error en la valoración de la prueba.

Sobre el error en la valoración de la prueba, el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, bajo la rúbrica "de la carga de la prueba", dispone en sus apartados 2º y 3º que "corresponde al actor la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda; Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior".

Junto a dicho marco legal son numerosos los pronunciamientos jurisprudenciales al respecto y, en concreto, la reciente STS 460/2020, de 3 de septiembre, el Alto Tribunal sostiene que "según la sentencia 7/2020, de 8 de enero , es doctrina constante que la finalidad de las reglas sobre carga de la prueba es determinar contra cuál de los litigantes deben operar las consecuencias desfavorables de la falta de demostración de los hechos controvertidos relevantes para la decisión del litigio ( sentencia 468/2019 ), por lo que no entran en juego más que en casos de falta de prueba de esos hechos y, según la sentencia 274/2019, de 21 de mayo , que cita con valor de síntesis jurisprudencial las sentencias 533/2018, de 28 de septiembre y sentencia 160/2018, de 21 de marzo , al disponer que metodológicamente, antes de examinar si se ha infringido o no la regla sobre la carga de la prueba que recoge el artículo 217 de la LEC , se habrá de indagar sobre si existe o no prueba de los hechos constitutivos de la pretensión".

Sentado lo anterior se desprende que cada una de las partes le incumbe la carga de acreditar los hechos que sirven de base a su pretensión. Es decir, al actor le basta con probar los hechos constitutivos del derecho que reclama, en tanto que al demandado incumbe acreditar los hechos impeditivos o los extintivos, así como los que formen el supuesto de las excepciones en sentido propio. En todo caso, la carga probatoria que se impone deviene innecesaria respecto de aquellos hechos no controvertidos o ya acreditados, siendo indiferente, en cuanto a ellos, quienes los hayan aportado.

Aplicando esta doctrina al caso de autos, considera la Sala que teniendo en cuenta la prueba practicada, no yerra el Juez de instancia al valorar la prueba practicada como a continuación se indicará.

QUINTO.-Los motivos de apelación en cuanto al fondo se resolverán conjuntamente.

La cuestión que se somete a nuestra decisión consiste en decidir si procede o no la restitución o retorno de la menor a Malta.

La normativa aplicable en este caso es Convenio de la Haya de 1980 (CH80) y el Reglamento 2019/1111.

El Convenio de la Haya sobre sustracción de menores no es un Convenio de custodia, sino un Convenio de restitución.El Reglamento 2019/1111 del Consejo de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental y sobre la sustracción internacional de menores lo complementa al tratarse de dos Estados, el de origen y el de refugio, miembros de la Unión Europea, pero no cambia su finalidad.

El artículo 3 del Convenio de La Haya ( CH) entiende por traslado o retención ilícita:

"a) Cuando se hayan producido con infracción de un derecho de custodia atribuido, separada o conjuntamente, a una persona, a una institución o a cualquier otro organismo, con arreglo al Derecho vigente en el Estado en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención" y,

b) Cuando este derecho se ejercía de forma efectiva, separada o conjuntamente, en el momento del traslado o de la retención, o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención"

Añade que el derecho de custodia mencionado en el apartado a) puede resultar, en particular, bien de una atribución de pleno derecho, bien de una decisión judicial o administrativa o de un acuerdo vigente según el derecho de dicho Estado.

La regla general en el CH de 1980 es la restitución inmediata del menor que se identifica con el interés de este, pero la ilicitud concurre cuando el traslado o retención se produce con infracción del derecho de custodia.

Sin embargo, existen excepciones tipificadasy de interpretación muy restrictiva que justifican la denegación del retorno como es la existencia de grave riesgo para el menor(art. 13.1.b CH 1980).

La excepción a la restitución invocada es la que recoge el art. 13 b) del CH de 1980, que dice que hay excepción a la restitución:

"...Cuando existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psíquico o de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable"

La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 de junio de 2020 interpreta el grave riesgo diciendo que:

"El riesgo a que se refiere el art. 13 del Convenio (<>) viene analizado en el Informe Explicativo ... en el sentido de indicar que el Convenio reconoce algunas excepciones a la obligación general asumida por los Estados de garantizar el retorno inmediato . El retorno del niño es la idea básica del Convenio y las excepciones a la obligación general de garantizarloconstituyen un aspecto importante para comprender con exactitud su alcance y si es posible distinguir excepciones basadas en tres justificaciones distintas (§ 27).

El interés del menor a no ser desplazado de su residencia habitual, sin garantías suficientes de que la nueva será estable, cede en estos supuestos ante el interés primario de cualquier persona a no ser expuesta a un peligro físico o psíquico, o colocada en una situación intolerable (§ 29) .......

El informe explicativo, que señala las excepciones, destaca igualmente el margen de apreciación propio de la función judicial. El Manual de Buenas Prácticas de la Conferencia de La Haya sobre el art. 13 (b) publicado este mismo año 2020, entiende que esta excepción es de naturaleza prospectiva, pero no se debe limitar al análisis de los hechos en el momento del desplazamiento o del no retorno ilícito o a los previos a éste, sino que exige, por el contrario, contemplar el futuro, es decir, la situación en la que el niño se encontrará en caso de retorno inmediato.

El examen de la excepción de riesgo grave debe igualmente centrarse, en la medida que sea necesario y oportuno, en la disponibilidad y calidad de protección adecuadas y eficaces en el Estado de residencia habitual. La naturaleza prospectiva no significa que los comportamientos o incidentes pasados no puedan ser pertinentes en el marco del examen del riesgo grave posterior al regreso del niño, a título de ejemplo, los antecedentes de violencia doméstica o familiar.

La situación de riesgo grave incluye importantes preocupaciones relativas al niño en materia de seguridad, educación, salud o de orden económico en el Estado de residencia habitual"

SEXTO.-Aplicando esta doctrina al caso de autos, de lo actuado ha quedado acreditado los hechos que se exponen a continuación:

1.Doña Maite y don Anibal mantuvieron una relación sentimental, fruto de la cual nació Marisa el NUM000 de 2020 en la localidad de DIRECCION002, Malta.

2.En fecha 8 de junio de 2023 ambos progenitores suscribieron un acuerdo parental ante Notaria, bajo la jurisdicción maltesa, que fue posteriormente homologado por el Tribunal Civil de Malta, Juzgado de Primera Instancia, Sala de Asuntos Familiares, que finalizo con sentencia de fecha 19 de septiembre de 2023.En el Acuerdo de crianza y custodia, de 8 de junio de 2023, se hacía constar lo siguiente:

"La madre recibió una oportunidad que requiere que establezca su residencia en Francia, mientras que el padre reside en Malta, por tanto, a pesar de que la menor nació en Malta y reside en Malta, las partes acuerdan que, por el bienestar de la menor, dada su corta edad, esta residirá temporalmente en Francia con la madre hasta cumplir los cinco años.

Las partes acuerdan que, a petición del padre a la madre, la menor deberá regresar para Malta para el año escolar dos mil veinticinco/dos mil veintiséis (2025/2026)"

En el apartado 2.1 de referido Acuerdo, se pacta la custodia de la menor y se dice:

"Las partes acuerdan que la menor, mientras sea menor de edad, seguirá estando bajo el cuidado, la custodia y la autoridad conjunta de ambos progenitores, y las partes, en la medida de lo posible, tomaran conjuntamente".

3.Con fecha 26 de octubre de 2023, se dictó Auto por el Tribunal Judicial de Versalles de reconocimiento de fuerza ejecutiva sobre el territorio de la República Francesa de la decisión pronunciada el 1 de junio de 2023 por la Sala de Asuntos de Familia del Tribunal Civil (Juzgado de Primera Instancia) de la Republica de Malta. en el que se desestima la solicitud de protección solicitada por la Sra. Maite frente a don Anibal y, se hace constar que no está acreditada la verosimilitud de los hechos de violencia, el peligro al que la Sra. Maite estaría expuesta, y que lo que existe es un desacuerdo sobre las modalidades del ejercicio de la patria potestad, ya que la Sra. Maite desea "cuestionar los términos del convenio parental firmado en Malta el 8 de junio de 2023 y declarado ejecutorio en Francia por auto de 26 de octubre de 2023".

4. La recurrente aporta en esta alzada un parte médico de baja de doña Maite, informe que ya aportó en la instancia sin estar traducido al español y que ahora presenta nuevamente en el que se puede observar que se limita a una puntual baja médica, de 10 de abril a 10 de mayo de 2025 de doña Maite pero no puede concluirse que la causa de la baja sea el sometimiento previo a una situación de violencia por parte del padre de su hija.

En consecuencia, no existe prueba que permita a esta Sala considerar que si se mantiene el retorno acordado en la sentencia de instancia, pueda existir un perjuicio grave para la menor.

5. Doña Maite viajó con la menor a España en agosto de 2025 a la localidad de DIRECCION003 (Madrid), localidad donde reside n con la madre de doña Maite, habiendo matriculado a la menor en el DIRECCION001, todo ello sin el consentimiento del padre de la menor.

En consecuencia, no ha existido error en la valoración de la prueba por parte de la Juez de instancia por cuanto en esta alzada tras la prueba analizada tampoco consideramos que debamos denegar el retorno de Marisa a Malta por cuanto allí se encuentra su residencia habitual, sin que sea en este caso de aplicación la excepción del convenio invocada en el recurso ( existencia de grave riesgo para la menor conforme al CH de 1980) al no constar prueba de la existencia de un riesgo grave para la menor.

Por los argumentos expuestos, procede que desestimemos el recurso de apelación interpuesto y que confirmemos la sentencia de instancia en todos sus extremos.

SEPTIMO.-Costas de la alzada.

Pese a la desestimación del recurso, no se imponen las costas causadas en la presente alzada a ninguna de las partes litigantes debido a la materia tratada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,