Sentencia Civil 99/2026 Audiencia Provincial Civil nº 22 de Madrid, Rec. 157/2025 de 03 de marzo del 2026

Se aceptan los fundamentos de derecho de la resolución recurrida.

PRIMERO.-Antecedentes y objeto del recurso.

1. Demanda de divorcio de doña María Luisa. Por doña María Luisa se presentó demanda de divorcio frente a don Carlos Alberto, solicitando el divorcio del matrimonio contraído entre los litigantes en fecha 6 de marzo de 2007 y las medidas inherentes al mismo.

Los litigantes tienen 2 hijos comunes 16 y 14 años de edad, Constancio, nacido el NUM000 de 2010 y Carlos Alberto, nacido el NUM001 de 2008.

2. Sentencia apelada de 29 de julio de 2024 .La Juez de violencia dictó sentencia en fecha 29 de julio de 2024 acordando que estimando parcialmente la demanda formulada por la representación procesal de doña María Luisa contra D. Carlos Alberto, debo decretar y decreto la disolución del vínculo matrimonial por divorcio de dichos cónyuges, con los efectos legales inherentes a tal declaración, acordando las siguientes medidas de carácter definitivo:

1º) Se atribuye la guarda y custodia de los dos hijos menores, Constancio y Carlos Alberto, al padre D. Carlos Alberto, permaneciendo la titularidad y el ejercicio de la patria potestad compartido por ambos progenitores.

2º) Se atribuye el uso y disfrute de la vivienda familiar y el ajuar doméstico, sito en la DIRECCION000 de Madrid, a los hijos y al padre cuya compañía quedan

3º) En cuanto al régimen de visitas, doña María Luisa, en defecto de acuerdo entre los progenitores y teniendo en cuenta el criterio de los menores, podrá tenerlos en su compañía los de fines de semana alternos desde la salida del centro escolar el viernes hasta el domingo a las 21 horas estableciendo régimen de vacaciones.

4º) En concepto de alimentos para sus hijos, la madre deberá satisfacer la cantidad de 100 euros al mes, por cada uno de ellos, pagaderos por mensualidades anticipadas, dentro de los cinco primeros días de cada mes, en la cuenta bancaria que a tal efecto designe la madre, y que será revisada anualmente conforme al IPC. El padre abonara en su totalidad los gastos extraordinarios de los menores

5º) En concepto de pensión compensatoria y por tiempo de dos años, el Sr Carlos Alberto deberá abonar a la Sra. María Luisa la cantidad de 1000 euros mensuales,dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta corriente que designe la acreedora y que será revisable conforme al IPC en su segunda anualidad. Todo ello sin hacer expresa imposición de costas.

3.Recurso de apelaciónde doña María Luisa. Contra la sentencia de divorcio presentó recurso de apelación doña María Luisa alegando error en la apreciación de la prueba, solicita a la Sala que se practique prueba psicosocial adjuntando a su vez documentos.

En el desarrollo del recurso manifiesta que el ex marido don Carlos Alberto la ha maltratado tanto física como psicológicamente en presencia de sus hijos pero que el Juzgado no ha sabido apreciarlo y ello debido a que don Carlos Alberto tiene un problema de alcoholismo.

Añade que ha estado casada durante 17 años y abandonó su profesión sin ejercer como Ingeniera Química, todo ello para encargarse de los hijos, por lo que solicita pensión compensatoria.

Alega que tiene 54 años de edad, que es extrajera, que habla mal el español y lleva 17 años cuidando de los hijos desde que contrajo matrimonio en 2007 por lo que solicita una pensión compensatoria de 1.200 euros mensuales y, tras citar el artículo 1438 del CC dice que, teniendo en cuenta el salario mínimo interprofesional que está en 1.323 euros mensuales, multiplicándolo por los 208 mensualidades que comprenden los 17 años en que estuvo casada, solicita una cantidad de 275.000 euros como compensación

Tras los argumentos que expone e insistir en que don Carlos Alberto tiene una gran capacidad económica, solicita en el suplico del recurso que la Sala revoque parcialmente la sentencia de instancia en el sentido de acordar lo siguiente:

1.-Guarda y custodia de menores a la madre.

2.Que se establezca régimen de visitas que recomiende el equipo psicosocial

3.Que se fijen 1000 euros de pensión de alimentos para cada hijo y que el padre pague el 100% de los gastos extraordinarios de éstos.

4. Que se fijen 1.200 euros al mes en concepto de pensión compensatoria a favor de doña María Luisa.

5. Que se reconozca el derecho a ser compensada doña María Luisa por el trabajo en la casa durante 17 años en la cantidad de 275.000 euros.

Subsidiariamente, pide a la Sala que si se mantiene custodia paterna, que se fije que la madre pague 50 euros de pensión de alimentos para cada hijo en lugar de los 100 euros mensuales establecidos para cada uno de ellos en la sentencia de divorcio.

4.Auto de prueba de 21 de febrero de 2025.La Sala dictó auto de prueba en fecha 21 de febrero de 2025 acordando que no procede la práctica de prueba psicosocial ni tampoco admite los documentos que se pretenden aportar, salvo el auto de fecha 13 de noviembre de 2024 dictado por la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid que si que fue admitido

5.Oposicion del Ministerio Fiscal de 11 de febrero de 2025.. El ministerio Fiscal se opuso al recurso formulado por doña María Luisa, solicitando la confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.-Decisión de la Sala.

Sobre la custodia de los menores

Debemos partir que, tal como hemos indicado en otras ocasiones, esta Sala de la Audiencia no tiene que decir si la custodia compartida es mejor que la monoparental, sino determinar, tras valorar todas las pruebas practicadas, cual es la mejor solución para el hijo común y siempre desde la perspectiva del Interés Superior del Menor.

Efectivamente, el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, en redacción dada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, apunta como criterios generales a tener en cuenta en orden a la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del menor, por este orden:

a) La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas.

b) La consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior.

c) La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia...

Por otro lado, la Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1), aprobada por el Comité de los Derechos del Niño en su 62º período de sesiones (14/01/2013 a 01/02/2013), indica:

" El Comité subraya que el interés superior del niño es un concepto triple:

a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en general. El artículo 3, párrafo 1, establece una obligación intrínseca para los Estados, es de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante los tribunales.

b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo.

c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En este sentido, los Estados partes deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos concretos."

En suma, las medidas que se adopten en relación con los hijos han de estar siempre inspiradas en el interés del menor, cuya consecución en los casos de ruptura exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar.

En concreto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2021 se pronuncia sobre que la voluntad del menor no es vinculante para el juzgador, pero es relevante una opinión libremente emitida, no mediatizada por la conducta o la influencia de alguno de los padres, cuando sus razones sean atendibles porque no están inspiradas en criterios de comodidad o bienestar a corto plazo, debiéndose considerar primordialmente el interés superior del menor.

Del resultado de la exploración judicial practicada con los dos menores, que no olvidemos cuentan con 14 y 16 años de edad, y por tanto con suficiente juicio y madurez para que su opinión sea tenida en cuenta, resulta que ambos prefieren vivir con el padre, quien según ellos es el que atiende a sus necesidades en mayor grado que la madre.

El padre teletrabajo en el domicilio familiar, es quien hace la comida y ha sido él quien se les ha acompañado en edades más tempranas a actividades, especialmente a los torneos de tenis en los que participan.

Respecto de la figura materna ambos coinciden en tener cierto desapego, según Carlos Alberto, se va por las tardes a hacer sus cosas; y según Constancio, es la madre quien grita y discute, llevándole la contra.

De lo anteriormente expuesto , valorando que las DIP 97/2024 se encuentran sobreseídas, que el recurso de apelación formulado por doña María Luisa frente a las mismas ya se ha resulto por la Audiencia Provincial desestimándolo y que los hechos objeto de la denuncia que dieron lugar a tal procedimiento fue una supuesta agresión ocurrida el día 21/01/2024, no presenciada por ninguno de los hijos y no corroborada por parte médico ( según consta en el Auto de sobreseimiento de fecha 14/03/2024) considera la Sala, al Igual que el Juez de violencia, que en interés de los menores procede mantener la atribución de la guarda y custodia de ambos menores a favor del padre, siendo que el Ministerio Fiscal solicita que se confirme la sentencia de instancia en este punto.

Ello debe ser así porque los menores en la exploración ante el Juez de instancia relataron cual es la situación actual del domicilio familiar y el papel que cada uno de los progenitores desempeña en la vida familiar y en su cuidado, manifestando su deseo de vivir con su padre.

En consecuencia, procede mantener la custodia a favor del progenitor. El motivo se desestima.

TERCERO.- Sobre la reducción de la pensión de alimentos en favor de los dos hijos y a cargo de la Sra. María Luisa.

La sentencia de la Sección 22 de la Audiencia provincial de Madrid, de fecha 12 de julio de 2016, con cita de la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2015, analiza la cuestión de la proporcionalidad que ha de existir en el caso de tener que abonar una prestación alimenticia por parte de los progenitores e indica lo siguiente:

"Como ponen de manifiesto la sentencia del TS de 10 de julio de 2015 en referencia a la pensión alimenticia <<... su concreción vendrá determinada por la proporcionalidad que debe existir entre la prestación a satisfacer y el caudal económico y circunstancias del obligado en cumplirla>>.

Para determinar la contribución a los alimentos del progenitor que no convive con los hijos menores se han de tomar como referencias en los supuestos de crisis familiares los ingresos de cada uno de los litigantes, y los gastos de los menores, que permitirán fijar la proporcionalidad de la cuantía, y en atención a lo dispuesto en los artículos 93 , 142 , 144 , 146 y 147 del Código Civil , porque la pensión alimenticia tiene que ser proporcionada al caudal y medios de quién los ha de proporcionar por todos los conceptos, del otro progenitor, que como en este caso tiene la custodia de las hijas por sentencia, y a las necesidades de quién los recibe, así como la acomodación de la prestación económica a las necesidades efectivas de los hijos ( art 93 CC ), según los usos y las circunstancias de la familia, los recursos y disponibilidades del guardador ( art. 93 , 145.1,CC ), teniendo en cuenta que en la contribución de éste se ha de computar también la atención de los hijos confiados a su guarda ( art. 103 CC ), habiendo añadido la jurisprudencia que las exigencias impuestas por la solidaridad familiar no deben implicar un olvido de las propias necesidades del alimentistas determinadas por su personal situación ( STS de 9 de octubre de 1981 y 1 de febrero de 1982 ), y STS , entre otras 30 de junio de 2008 , tiene naturaleza de orden público, y al operar en el ámbito de las relaciones paterno-filiales es uno de los deberes fundamentales de la patria potestad, constituyendo una obligación de carácter imperativo y personalísimo, derivada de la solidaridad familiar."

En lo que respecta a la necesidad de los alimentos así como a la capacidad económica de quien los presta, se trata de cuestiones de hecho sometidas a la libre apreciación del Juez "a quo", facultad de libre apreciación y discrecionalidad que debe atemperarse a elementos de juicio y en base de la proporcionalidad que establece el artículo 146 del Código Civil, siendo que el Juez de instancia, para la fijación de la pensión alimenticia, debe tener en cuenta siempre las necesidades de cada hijo y la capacidad económica de ambos progenitores.

También debemos tener en cuenta que es doctrina jurisprudencial reiterada la que declara que el juicio de proporcionalidad en la fijación del quantum de pensiones alimenticias por el tribunal de instancia debe ser respetado, a salvo que resulte arbitrario o ajeno a todo canon de razonabilidad (por todas, sentencia 92/2024, de 24 de enero).

Manifiesta la progenitora que la sentencia de instancia debió tener en cuenta que ella en la actualidad no trabaja y que ha estado dedicada al cuidado de la familia durante 17 años, por lo que debe rebajarse la pensión alimenticia a su cargo a la cantidad de 50 euros al mes para cada menor.

Aduce que se encuentra en busca activa de un empleo y que cuenta con formación académica de Ingeniera Química, pero que no ha homologada dicha titulación en España,.

Considera la Sala que la Sra. María Luisa cuenta con una titulación superior que, debido a su dejadez, no ha homologado en España para poder trabajar, pues ese trámite no ha querido realizarlo pese a los años que lleva viviendo en España.

No obstante, la Sra. María Luisa habla el español (aunque ella dice que con limitaciones), el inglés y el ruso, atributos que le favorecerían para encontrar un empleo.

Por otro lado, no consta que tenga enfermedad alguna que le impida trabajar.

En consecuencia, consideramos que la cantidad de 100 euros para cada hijo fijada en la sentenciade instancia está por debajo del mínimo vital por lo que no procede reducir la pensión de alimentos a 50 euros para cada hijo. Por consiguiente, procede confirmar la sentencia de instancia en este punto, manteniendo también que los gastos extraordinarios de los menores, serán a cargo del Sr. Carlos Alberto en su totalidad.

El motivo se desestima.

CUARTO.- Sobre la pensión compensatoria solicitada por la Sra. María Luisa por importe de 1200 euros al mes, capitalizada en el acto del juicio a la suma de 275.000 euros.

Para resolver esta cuestión debemos traer a colación la sentencia de Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 19 de febrero de 2018 :

"La pensión compensatoria es un derecho personal que la ley reconoce al cónyuge al que la separación o el divorcio producen un empeoramiento en la situación económica que gozaba durante el matrimonio, colocándole en posición de inferioridad frente a la que resulta para el otro consorte. Tras la reforma del artículo 97 CC por Ley 15/2005, de 8 de julio, las modalidades de pago de dicha compensación no se reducen ya a unas prestaciones periódicas, sustituibles conforme a lo establecido en el artículo 99 CC, o a una prestación única, sino que se establece la posibilidad -ya reconocida por la jurisprudencia-de conceder prestaciones periódicas sometidas a término. Se trata, en todo caso, de compensar el descenso que la nueva situación produce respecto del nivel de vida que se mantenía durante la convivencia; lo que, en consecuencia, se produce con independencia de la situación de necesidad, mayor o menor, del acreedor, no debiendo entenderse como un derecho de nivelación o de indiscriminada igualación".

La jurisprudencia viene diciendo que la finalidad actual de la pensión compensatoria es la readaptación del cónyuge acreedor a la vida activa como consecuencia de las desmejoras económicas consiguientes a la disolución del matrimonio y a la pérdida de oportunidades experimentada precisamente por éste y que tiende a compensar la disparidad en las condiciones de vida entre ambos creadas tras la ruptura matrimonial por el tiempo necesario para que el cónyuge que perdió o disminuyó sus oportunidades laborales pueda volver a adquirirlas y reestablecer el desequilibrio que se produce en relación con el nivel de vida del otro y el mantenido durante el matrimonio.

La finalidad de la prestación es de reequilibrio, no de equiparación objetiva de la situación económica de ambos contrayentes al margen de las circunstancias personales y económicas de los cónyuges durante la convivencia matrimonial. En otras palabras, no basta que uno de los cónyuges se quede en una situación económica inferior en el momento de la ruptura para que se le reconozca sin más el derecho a percibir una prestación económica, sino que dicha situación debe haberse generado o ser consecuencia del propio devenir de la convivencia matrimonial.

La Sentencia del Tribunal Supremo, Pleno, de 19 de enero de 2010, establece como doctrina jurisprudencial que para determinar la existencia de desequilibrio económico generador de la pensión compensatoria debe tenerse en cuenta básicamente y entre otros parámetros, la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge, el régimen de bienes a que ha estado sujeto el patrimonio de los cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios y su situación anterior al matrimonio, doctrina que ha sido después reiterada en posteriores resoluciones del Alto Tribunal como las SSTS de 22 de junio de 2011, 19 de octubre de 2011, 25 de noviembre de 2011, 17 de mayo de 2013, 20 de febrero de 2014, 18 de marzo de 2014 y 23 de junio de 2015.

En el presente caso, para determinar si ha sido o no correcta la pensión compensatoria establecida en la sentencia de instancia que ahora se ataca, debemos tener en cuenta los presupuestos que la sentencia de instancia considera acreditados en autos y que son los siguientes:

1º.Ambos cónyuges contrajeron matrimonio bajo el régimen de separación de bienes.

2º.La actora, de 53 años de edad, trabajó ocho años en Rusia antes de trasladarse a territorio español. Cuenta con dos propiedades en Rusia, estando alquilada una de ellas y con el precio del alquiler costea su mantenimiento y los gastos que tiene.

3º.La Sra. María Luisa lleva viviendo en España desde que contrajo matrimonio en el año 2007, sin realizar desde entonces actividad laboral remunerada. Ha obtenido la nacionalidad española, por lo que no es razonable que, por un pretendido desconocimiento del idioma, tenga dificultades para acceder al mercado laboral, máxime cuando es trilingüe, pues además del español, habla inglés y ruso.

4º.Cuenta con cualificación profesional como Ingeniera Química y si no ha querido homologar el titulo durante todos estos años, no ha sido sino por su propio desinterés como ya hemos indicado anteriormente.

5º.En la actualidad se encuentra en búsqueda activa de empleo y no percibe ningún tipo de ayuda o subsidio.

6º. Es cierto que existe un desequilibrio frente a la posición económica del Sr. Carlos Alberto, quien percibe unos ingresos que en su declaración de la Renta del ejercicio 2023 ascendieron a la cantidad de 96.505,31 euros brutos.

Por ello, consideramos que debemos mantener la pensión de alimentos en la cuantificación de 1000 euros al mes fijada en la sentencia de instancia y por tiempo limitado de dos años , todo ello teniendo en cuenta la duración del matrimonio, la edad de los cónyuges y las posibilidades de acceso al mundo laboral de la esposa.

El período de dos años considera la Sala que es suficiente para que doña María Luisa pueda alcanzar una autonomía económica suficiente para subvenir a sus propias necesidades y al pago de la pensión de alimentos de los menores, estimándose, insistimos, proporcionada a las circunstancias expuestas la cifra de pensión compensatoria establecida en la sentencia de instancia a razón de 1000 euros al mes durante dos años sin necesidad de añadir más consideraciones sobre este punto.

Por los argumentos expuestos, procede que desestimemos el recurso de apelación interpuesto y que confirmemos la sentencia de instancia en todos sus extremos.

QUINTO.-Costas de la alzada.

Pese a que se ha desestimado el recurso de apelación, no procede imponer las costas causadas en la presente alzada a ninguna de las partes litigantes por cuanto se han adoptado las medidas inherentes al divorcio por primera vez.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Se aceptan los fundamentos de derecho de la resolución recurrida.

PRIMERO.-Antecedentes y objeto del recurso.

1. Demanda de divorcio de doña María Luisa. Por doña María Luisa se presentó demanda de divorcio frente a don Carlos Alberto, solicitando el divorcio del matrimonio contraído entre los litigantes en fecha 6 de marzo de 2007 y las medidas inherentes al mismo.

Los litigantes tienen 2 hijos comunes 16 y 14 años de edad, Constancio, nacido el NUM000 de 2010 y Carlos Alberto, nacido el NUM001 de 2008.

2. Sentencia apelada de 29 de julio de 2024 .La Juez de violencia dictó sentencia en fecha 29 de julio de 2024 acordando que estimando parcialmente la demanda formulada por la representación procesal de doña María Luisa contra D. Carlos Alberto, debo decretar y decreto la disolución del vínculo matrimonial por divorcio de dichos cónyuges, con los efectos legales inherentes a tal declaración, acordando las siguientes medidas de carácter definitivo:

1º) Se atribuye la guarda y custodia de los dos hijos menores, Constancio y Carlos Alberto, al padre D. Carlos Alberto, permaneciendo la titularidad y el ejercicio de la patria potestad compartido por ambos progenitores.

2º) Se atribuye el uso y disfrute de la vivienda familiar y el ajuar doméstico, sito en la DIRECCION000 de Madrid, a los hijos y al padre cuya compañía quedan

3º) En cuanto al régimen de visitas, doña María Luisa, en defecto de acuerdo entre los progenitores y teniendo en cuenta el criterio de los menores, podrá tenerlos en su compañía los de fines de semana alternos desde la salida del centro escolar el viernes hasta el domingo a las 21 horas estableciendo régimen de vacaciones.

4º) En concepto de alimentos para sus hijos, la madre deberá satisfacer la cantidad de 100 euros al mes, por cada uno de ellos, pagaderos por mensualidades anticipadas, dentro de los cinco primeros días de cada mes, en la cuenta bancaria que a tal efecto designe la madre, y que será revisada anualmente conforme al IPC. El padre abonara en su totalidad los gastos extraordinarios de los menores

5º) En concepto de pensión compensatoria y por tiempo de dos años, el Sr Carlos Alberto deberá abonar a la Sra. María Luisa la cantidad de 1000 euros mensuales,dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta corriente que designe la acreedora y que será revisable conforme al IPC en su segunda anualidad. Todo ello sin hacer expresa imposición de costas.

3.Recurso de apelaciónde doña María Luisa. Contra la sentencia de divorcio presentó recurso de apelación doña María Luisa alegando error en la apreciación de la prueba, solicita a la Sala que se practique prueba psicosocial adjuntando a su vez documentos.

En el desarrollo del recurso manifiesta que el ex marido don Carlos Alberto la ha maltratado tanto física como psicológicamente en presencia de sus hijos pero que el Juzgado no ha sabido apreciarlo y ello debido a que don Carlos Alberto tiene un problema de alcoholismo.

Añade que ha estado casada durante 17 años y abandonó su profesión sin ejercer como Ingeniera Química, todo ello para encargarse de los hijos, por lo que solicita pensión compensatoria.

Alega que tiene 54 años de edad, que es extrajera, que habla mal el español y lleva 17 años cuidando de los hijos desde que contrajo matrimonio en 2007 por lo que solicita una pensión compensatoria de 1.200 euros mensuales y, tras citar el artículo 1438 del CC dice que, teniendo en cuenta el salario mínimo interprofesional que está en 1.323 euros mensuales, multiplicándolo por los 208 mensualidades que comprenden los 17 años en que estuvo casada, solicita una cantidad de 275.000 euros como compensación

Tras los argumentos que expone e insistir en que don Carlos Alberto tiene una gran capacidad económica, solicita en el suplico del recurso que la Sala revoque parcialmente la sentencia de instancia en el sentido de acordar lo siguiente:

1.-Guarda y custodia de menores a la madre.

2.Que se establezca régimen de visitas que recomiende el equipo psicosocial

3.Que se fijen 1000 euros de pensión de alimentos para cada hijo y que el padre pague el 100% de los gastos extraordinarios de éstos.

4. Que se fijen 1.200 euros al mes en concepto de pensión compensatoria a favor de doña María Luisa.

5. Que se reconozca el derecho a ser compensada doña María Luisa por el trabajo en la casa durante 17 años en la cantidad de 275.000 euros.

Subsidiariamente, pide a la Sala que si se mantiene custodia paterna, que se fije que la madre pague 50 euros de pensión de alimentos para cada hijo en lugar de los 100 euros mensuales establecidos para cada uno de ellos en la sentencia de divorcio.

4.Auto de prueba de 21 de febrero de 2025.La Sala dictó auto de prueba en fecha 21 de febrero de 2025 acordando que no procede la práctica de prueba psicosocial ni tampoco admite los documentos que se pretenden aportar, salvo el auto de fecha 13 de noviembre de 2024 dictado por la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid que si que fue admitido

5.Oposicion del Ministerio Fiscal de 11 de febrero de 2025.. El ministerio Fiscal se opuso al recurso formulado por doña María Luisa, solicitando la confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.-Decisión de la Sala.

Sobre la custodia de los menores

Debemos partir que, tal como hemos indicado en otras ocasiones, esta Sala de la Audiencia no tiene que decir si la custodia compartida es mejor que la monoparental, sino determinar, tras valorar todas las pruebas practicadas, cual es la mejor solución para el hijo común y siempre desde la perspectiva del Interés Superior del Menor.

Efectivamente, el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, en redacción dada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, apunta como criterios generales a tener en cuenta en orden a la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del menor, por este orden:

a) La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas.

b) La consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior.

c) La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia...

Por otro lado, la Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1), aprobada por el Comité de los Derechos del Niño en su 62º período de sesiones (14/01/2013 a 01/02/2013), indica:

" El Comité subraya que el interés superior del niño es un concepto triple:

a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en general. El artículo 3, párrafo 1, establece una obligación intrínseca para los Estados, es de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante los tribunales.

b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo.

c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En este sentido, los Estados partes deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos concretos."

En suma, las medidas que se adopten en relación con los hijos han de estar siempre inspiradas en el interés del menor, cuya consecución en los casos de ruptura exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar.

En concreto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2021 se pronuncia sobre que la voluntad del menor no es vinculante para el juzgador, pero es relevante una opinión libremente emitida, no mediatizada por la conducta o la influencia de alguno de los padres, cuando sus razones sean atendibles porque no están inspiradas en criterios de comodidad o bienestar a corto plazo, debiéndose considerar primordialmente el interés superior del menor.

Del resultado de la exploración judicial practicada con los dos menores, que no olvidemos cuentan con 14 y 16 años de edad, y por tanto con suficiente juicio y madurez para que su opinión sea tenida en cuenta, resulta que ambos prefieren vivir con el padre, quien según ellos es el que atiende a sus necesidades en mayor grado que la madre.

El padre teletrabajo en el domicilio familiar, es quien hace la comida y ha sido él quien se les ha acompañado en edades más tempranas a actividades, especialmente a los torneos de tenis en los que participan.

Respecto de la figura materna ambos coinciden en tener cierto desapego, según Carlos Alberto, se va por las tardes a hacer sus cosas; y según Constancio, es la madre quien grita y discute, llevándole la contra.

De lo anteriormente expuesto , valorando que las DIP 97/2024 se encuentran sobreseídas, que el recurso de apelación formulado por doña María Luisa frente a las mismas ya se ha resulto por la Audiencia Provincial desestimándolo y que los hechos objeto de la denuncia que dieron lugar a tal procedimiento fue una supuesta agresión ocurrida el día 21/01/2024, no presenciada por ninguno de los hijos y no corroborada por parte médico ( según consta en el Auto de sobreseimiento de fecha 14/03/2024) considera la Sala, al Igual que el Juez de violencia, que en interés de los menores procede mantener la atribución de la guarda y custodia de ambos menores a favor del padre, siendo que el Ministerio Fiscal solicita que se confirme la sentencia de instancia en este punto.

Ello debe ser así porque los menores en la exploración ante el Juez de instancia relataron cual es la situación actual del domicilio familiar y el papel que cada uno de los progenitores desempeña en la vida familiar y en su cuidado, manifestando su deseo de vivir con su padre.

En consecuencia, procede mantener la custodia a favor del progenitor. El motivo se desestima.

TERCERO.- Sobre la reducción de la pensión de alimentos en favor de los dos hijos y a cargo de la Sra. María Luisa.

La sentencia de la Sección 22 de la Audiencia provincial de Madrid, de fecha 12 de julio de 2016, con cita de la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2015, analiza la cuestión de la proporcionalidad que ha de existir en el caso de tener que abonar una prestación alimenticia por parte de los progenitores e indica lo siguiente:

"Como ponen de manifiesto la sentencia del TS de 10 de julio de 2015 en referencia a la pensión alimenticia <<... su concreción vendrá determinada por la proporcionalidad que debe existir entre la prestación a satisfacer y el caudal económico y circunstancias del obligado en cumplirla>>.

Para determinar la contribución a los alimentos del progenitor que no convive con los hijos menores se han de tomar como referencias en los supuestos de crisis familiares los ingresos de cada uno de los litigantes, y los gastos de los menores, que permitirán fijar la proporcionalidad de la cuantía, y en atención a lo dispuesto en los artículos 93 , 142 , 144 , 146 y 147 del Código Civil , porque la pensión alimenticia tiene que ser proporcionada al caudal y medios de quién los ha de proporcionar por todos los conceptos, del otro progenitor, que como en este caso tiene la custodia de las hijas por sentencia, y a las necesidades de quién los recibe, así como la acomodación de la prestación económica a las necesidades efectivas de los hijos ( art 93 CC ), según los usos y las circunstancias de la familia, los recursos y disponibilidades del guardador ( art. 93 , 145.1,CC ), teniendo en cuenta que en la contribución de éste se ha de computar también la atención de los hijos confiados a su guarda ( art. 103 CC ), habiendo añadido la jurisprudencia que las exigencias impuestas por la solidaridad familiar no deben implicar un olvido de las propias necesidades del alimentistas determinadas por su personal situación ( STS de 9 de octubre de 1981 y 1 de febrero de 1982 ), y STS , entre otras 30 de junio de 2008 , tiene naturaleza de orden público, y al operar en el ámbito de las relaciones paterno-filiales es uno de los deberes fundamentales de la patria potestad, constituyendo una obligación de carácter imperativo y personalísimo, derivada de la solidaridad familiar."

En lo que respecta a la necesidad de los alimentos así como a la capacidad económica de quien los presta, se trata de cuestiones de hecho sometidas a la libre apreciación del Juez "a quo", facultad de libre apreciación y discrecionalidad que debe atemperarse a elementos de juicio y en base de la proporcionalidad que establece el artículo 146 del Código Civil, siendo que el Juez de instancia, para la fijación de la pensión alimenticia, debe tener en cuenta siempre las necesidades de cada hijo y la capacidad económica de ambos progenitores.

También debemos tener en cuenta que es doctrina jurisprudencial reiterada la que declara que el juicio de proporcionalidad en la fijación del quantum de pensiones alimenticias por el tribunal de instancia debe ser respetado, a salvo que resulte arbitrario o ajeno a todo canon de razonabilidad (por todas, sentencia 92/2024, de 24 de enero).

Manifiesta la progenitora que la sentencia de instancia debió tener en cuenta que ella en la actualidad no trabaja y que ha estado dedicada al cuidado de la familia durante 17 años, por lo que debe rebajarse la pensión alimenticia a su cargo a la cantidad de 50 euros al mes para cada menor.

Aduce que se encuentra en busca activa de un empleo y que cuenta con formación académica de Ingeniera Química, pero que no ha homologada dicha titulación en España,.

Considera la Sala que la Sra. María Luisa cuenta con una titulación superior que, debido a su dejadez, no ha homologado en España para poder trabajar, pues ese trámite no ha querido realizarlo pese a los años que lleva viviendo en España.

No obstante, la Sra. María Luisa habla el español (aunque ella dice que con limitaciones), el inglés y el ruso, atributos que le favorecerían para encontrar un empleo.

Por otro lado, no consta que tenga enfermedad alguna que le impida trabajar.

En consecuencia, consideramos que la cantidad de 100 euros para cada hijo fijada en la sentenciade instancia está por debajo del mínimo vital por lo que no procede reducir la pensión de alimentos a 50 euros para cada hijo. Por consiguiente, procede confirmar la sentencia de instancia en este punto, manteniendo también que los gastos extraordinarios de los menores, serán a cargo del Sr. Carlos Alberto en su totalidad.

El motivo se desestima.

CUARTO.- Sobre la pensión compensatoria solicitada por la Sra. María Luisa por importe de 1200 euros al mes, capitalizada en el acto del juicio a la suma de 275.000 euros.

Para resolver esta cuestión debemos traer a colación la sentencia de Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 19 de febrero de 2018 :

"La pensión compensatoria es un derecho personal que la ley reconoce al cónyuge al que la separación o el divorcio producen un empeoramiento en la situación económica que gozaba durante el matrimonio, colocándole en posición de inferioridad frente a la que resulta para el otro consorte. Tras la reforma del artículo 97 CC por Ley 15/2005, de 8 de julio, las modalidades de pago de dicha compensación no se reducen ya a unas prestaciones periódicas, sustituibles conforme a lo establecido en el artículo 99 CC, o a una prestación única, sino que se establece la posibilidad -ya reconocida por la jurisprudencia-de conceder prestaciones periódicas sometidas a término. Se trata, en todo caso, de compensar el descenso que la nueva situación produce respecto del nivel de vida que se mantenía durante la convivencia; lo que, en consecuencia, se produce con independencia de la situación de necesidad, mayor o menor, del acreedor, no debiendo entenderse como un derecho de nivelación o de indiscriminada igualación".

La jurisprudencia viene diciendo que la finalidad actual de la pensión compensatoria es la readaptación del cónyuge acreedor a la vida activa como consecuencia de las desmejoras económicas consiguientes a la disolución del matrimonio y a la pérdida de oportunidades experimentada precisamente por éste y que tiende a compensar la disparidad en las condiciones de vida entre ambos creadas tras la ruptura matrimonial por el tiempo necesario para que el cónyuge que perdió o disminuyó sus oportunidades laborales pueda volver a adquirirlas y reestablecer el desequilibrio que se produce en relación con el nivel de vida del otro y el mantenido durante el matrimonio.

La finalidad de la prestación es de reequilibrio, no de equiparación objetiva de la situación económica de ambos contrayentes al margen de las circunstancias personales y económicas de los cónyuges durante la convivencia matrimonial. En otras palabras, no basta que uno de los cónyuges se quede en una situación económica inferior en el momento de la ruptura para que se le reconozca sin más el derecho a percibir una prestación económica, sino que dicha situación debe haberse generado o ser consecuencia del propio devenir de la convivencia matrimonial.

La Sentencia del Tribunal Supremo, Pleno, de 19 de enero de 2010, establece como doctrina jurisprudencial que para determinar la existencia de desequilibrio económico generador de la pensión compensatoria debe tenerse en cuenta básicamente y entre otros parámetros, la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge, el régimen de bienes a que ha estado sujeto el patrimonio de los cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios y su situación anterior al matrimonio, doctrina que ha sido después reiterada en posteriores resoluciones del Alto Tribunal como las SSTS de 22 de junio de 2011, 19 de octubre de 2011, 25 de noviembre de 2011, 17 de mayo de 2013, 20 de febrero de 2014, 18 de marzo de 2014 y 23 de junio de 2015.

En el presente caso, para determinar si ha sido o no correcta la pensión compensatoria establecida en la sentencia de instancia que ahora se ataca, debemos tener en cuenta los presupuestos que la sentencia de instancia considera acreditados en autos y que son los siguientes:

1º.Ambos cónyuges contrajeron matrimonio bajo el régimen de separación de bienes.

2º.La actora, de 53 años de edad, trabajó ocho años en Rusia antes de trasladarse a territorio español. Cuenta con dos propiedades en Rusia, estando alquilada una de ellas y con el precio del alquiler costea su mantenimiento y los gastos que tiene.

3º.La Sra. María Luisa lleva viviendo en España desde que contrajo matrimonio en el año 2007, sin realizar desde entonces actividad laboral remunerada. Ha obtenido la nacionalidad española, por lo que no es razonable que, por un pretendido desconocimiento del idioma, tenga dificultades para acceder al mercado laboral, máxime cuando es trilingüe, pues además del español, habla inglés y ruso.

4º.Cuenta con cualificación profesional como Ingeniera Química y si no ha querido homologar el titulo durante todos estos años, no ha sido sino por su propio desinterés como ya hemos indicado anteriormente.

5º.En la actualidad se encuentra en búsqueda activa de empleo y no percibe ningún tipo de ayuda o subsidio.

6º. Es cierto que existe un desequilibrio frente a la posición económica del Sr. Carlos Alberto, quien percibe unos ingresos que en su declaración de la Renta del ejercicio 2023 ascendieron a la cantidad de 96.505,31 euros brutos.

Por ello, consideramos que debemos mantener la pensión de alimentos en la cuantificación de 1000 euros al mes fijada en la sentencia de instancia y por tiempo limitado de dos años , todo ello teniendo en cuenta la duración del matrimonio, la edad de los cónyuges y las posibilidades de acceso al mundo laboral de la esposa.

El período de dos años considera la Sala que es suficiente para que doña María Luisa pueda alcanzar una autonomía económica suficiente para subvenir a sus propias necesidades y al pago de la pensión de alimentos de los menores, estimándose, insistimos, proporcionada a las circunstancias expuestas la cifra de pensión compensatoria establecida en la sentencia de instancia a razón de 1000 euros al mes durante dos años sin necesidad de añadir más consideraciones sobre este punto.

Por los argumentos expuestos, procede que desestimemos el recurso de apelación interpuesto y que confirmemos la sentencia de instancia en todos sus extremos.

QUINTO.-Costas de la alzada.

Pese a que se ha desestimado el recurso de apelación, no procede imponer las costas causadas en la presente alzada a ninguna de las partes litigantes por cuanto se han adoptado las medidas inherentes al divorcio por primera vez.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Se aceptan los fundamentos de derecho de la resolución recurrida.

PRIMERO.-Antecedentes y objeto del recurso.

1. Demanda de divorcio de doña María Luisa. Por doña María Luisa se presentó demanda de divorcio frente a don Carlos Alberto, solicitando el divorcio del matrimonio contraído entre los litigantes en fecha 6 de marzo de 2007 y las medidas inherentes al mismo.

Los litigantes tienen 2 hijos comunes 16 y 14 años de edad, Constancio, nacido el NUM000 de 2010 y Carlos Alberto, nacido el NUM001 de 2008.

2. Sentencia apelada de 29 de julio de 2024 .La Juez de violencia dictó sentencia en fecha 29 de julio de 2024 acordando que estimando parcialmente la demanda formulada por la representación procesal de doña María Luisa contra D. Carlos Alberto, debo decretar y decreto la disolución del vínculo matrimonial por divorcio de dichos cónyuges, con los efectos legales inherentes a tal declaración, acordando las siguientes medidas de carácter definitivo:

1º) Se atribuye la guarda y custodia de los dos hijos menores, Constancio y Carlos Alberto, al padre D. Carlos Alberto, permaneciendo la titularidad y el ejercicio de la patria potestad compartido por ambos progenitores.

2º) Se atribuye el uso y disfrute de la vivienda familiar y el ajuar doméstico, sito en la DIRECCION000 de Madrid, a los hijos y al padre cuya compañía quedan

3º) En cuanto al régimen de visitas, doña María Luisa, en defecto de acuerdo entre los progenitores y teniendo en cuenta el criterio de los menores, podrá tenerlos en su compañía los de fines de semana alternos desde la salida del centro escolar el viernes hasta el domingo a las 21 horas estableciendo régimen de vacaciones.

4º) En concepto de alimentos para sus hijos, la madre deberá satisfacer la cantidad de 100 euros al mes, por cada uno de ellos, pagaderos por mensualidades anticipadas, dentro de los cinco primeros días de cada mes, en la cuenta bancaria que a tal efecto designe la madre, y que será revisada anualmente conforme al IPC. El padre abonara en su totalidad los gastos extraordinarios de los menores

5º) En concepto de pensión compensatoria y por tiempo de dos años, el Sr Carlos Alberto deberá abonar a la Sra. María Luisa la cantidad de 1000 euros mensuales,dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta corriente que designe la acreedora y que será revisable conforme al IPC en su segunda anualidad. Todo ello sin hacer expresa imposición de costas.

3.Recurso de apelaciónde doña María Luisa. Contra la sentencia de divorcio presentó recurso de apelación doña María Luisa alegando error en la apreciación de la prueba, solicita a la Sala que se practique prueba psicosocial adjuntando a su vez documentos.

En el desarrollo del recurso manifiesta que el ex marido don Carlos Alberto la ha maltratado tanto física como psicológicamente en presencia de sus hijos pero que el Juzgado no ha sabido apreciarlo y ello debido a que don Carlos Alberto tiene un problema de alcoholismo.

Añade que ha estado casada durante 17 años y abandonó su profesión sin ejercer como Ingeniera Química, todo ello para encargarse de los hijos, por lo que solicita pensión compensatoria.

Alega que tiene 54 años de edad, que es extrajera, que habla mal el español y lleva 17 años cuidando de los hijos desde que contrajo matrimonio en 2007 por lo que solicita una pensión compensatoria de 1.200 euros mensuales y, tras citar el artículo 1438 del CC dice que, teniendo en cuenta el salario mínimo interprofesional que está en 1.323 euros mensuales, multiplicándolo por los 208 mensualidades que comprenden los 17 años en que estuvo casada, solicita una cantidad de 275.000 euros como compensación

Tras los argumentos que expone e insistir en que don Carlos Alberto tiene una gran capacidad económica, solicita en el suplico del recurso que la Sala revoque parcialmente la sentencia de instancia en el sentido de acordar lo siguiente:

1.-Guarda y custodia de menores a la madre.

2.Que se establezca régimen de visitas que recomiende el equipo psicosocial

3.Que se fijen 1000 euros de pensión de alimentos para cada hijo y que el padre pague el 100% de los gastos extraordinarios de éstos.

4. Que se fijen 1.200 euros al mes en concepto de pensión compensatoria a favor de doña María Luisa.

5. Que se reconozca el derecho a ser compensada doña María Luisa por el trabajo en la casa durante 17 años en la cantidad de 275.000 euros.

Subsidiariamente, pide a la Sala que si se mantiene custodia paterna, que se fije que la madre pague 50 euros de pensión de alimentos para cada hijo en lugar de los 100 euros mensuales establecidos para cada uno de ellos en la sentencia de divorcio.

4.Auto de prueba de 21 de febrero de 2025.La Sala dictó auto de prueba en fecha 21 de febrero de 2025 acordando que no procede la práctica de prueba psicosocial ni tampoco admite los documentos que se pretenden aportar, salvo el auto de fecha 13 de noviembre de 2024 dictado por la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid que si que fue admitido

5.Oposicion del Ministerio Fiscal de 11 de febrero de 2025.. El ministerio Fiscal se opuso al recurso formulado por doña María Luisa, solicitando la confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.-Decisión de la Sala.

Sobre la custodia de los menores

Debemos partir que, tal como hemos indicado en otras ocasiones, esta Sala de la Audiencia no tiene que decir si la custodia compartida es mejor que la monoparental, sino determinar, tras valorar todas las pruebas practicadas, cual es la mejor solución para el hijo común y siempre desde la perspectiva del Interés Superior del Menor.

Efectivamente, el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, en redacción dada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, apunta como criterios generales a tener en cuenta en orden a la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del menor, por este orden:

a) La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas.

b) La consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior.

c) La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia...

Por otro lado, la Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1), aprobada por el Comité de los Derechos del Niño en su 62º período de sesiones (14/01/2013 a 01/02/2013), indica:

" El Comité subraya que el interés superior del niño es un concepto triple:

a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en general. El artículo 3, párrafo 1, establece una obligación intrínseca para los Estados, es de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante los tribunales.

b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo.

c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En este sentido, los Estados partes deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos concretos."

En suma, las medidas que se adopten en relación con los hijos han de estar siempre inspiradas en el interés del menor, cuya consecución en los casos de ruptura exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar.

En concreto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2021 se pronuncia sobre que la voluntad del menor no es vinculante para el juzgador, pero es relevante una opinión libremente emitida, no mediatizada por la conducta o la influencia de alguno de los padres, cuando sus razones sean atendibles porque no están inspiradas en criterios de comodidad o bienestar a corto plazo, debiéndose considerar primordialmente el interés superior del menor.

Del resultado de la exploración judicial practicada con los dos menores, que no olvidemos cuentan con 14 y 16 años de edad, y por tanto con suficiente juicio y madurez para que su opinión sea tenida en cuenta, resulta que ambos prefieren vivir con el padre, quien según ellos es el que atiende a sus necesidades en mayor grado que la madre.

El padre teletrabajo en el domicilio familiar, es quien hace la comida y ha sido él quien se les ha acompañado en edades más tempranas a actividades, especialmente a los torneos de tenis en los que participan.

Respecto de la figura materna ambos coinciden en tener cierto desapego, según Carlos Alberto, se va por las tardes a hacer sus cosas; y según Constancio, es la madre quien grita y discute, llevándole la contra.

De lo anteriormente expuesto , valorando que las DIP 97/2024 se encuentran sobreseídas, que el recurso de apelación formulado por doña María Luisa frente a las mismas ya se ha resulto por la Audiencia Provincial desestimándolo y que los hechos objeto de la denuncia que dieron lugar a tal procedimiento fue una supuesta agresión ocurrida el día 21/01/2024, no presenciada por ninguno de los hijos y no corroborada por parte médico ( según consta en el Auto de sobreseimiento de fecha 14/03/2024) considera la Sala, al Igual que el Juez de violencia, que en interés de los menores procede mantener la atribución de la guarda y custodia de ambos menores a favor del padre, siendo que el Ministerio Fiscal solicita que se confirme la sentencia de instancia en este punto.

Ello debe ser así porque los menores en la exploración ante el Juez de instancia relataron cual es la situación actual del domicilio familiar y el papel que cada uno de los progenitores desempeña en la vida familiar y en su cuidado, manifestando su deseo de vivir con su padre.

En consecuencia, procede mantener la custodia a favor del progenitor. El motivo se desestima.

TERCERO.- Sobre la reducción de la pensión de alimentos en favor de los dos hijos y a cargo de la Sra. María Luisa.

La sentencia de la Sección 22 de la Audiencia provincial de Madrid, de fecha 12 de julio de 2016, con cita de la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2015, analiza la cuestión de la proporcionalidad que ha de existir en el caso de tener que abonar una prestación alimenticia por parte de los progenitores e indica lo siguiente:

"Como ponen de manifiesto la sentencia del TS de 10 de julio de 2015 en referencia a la pensión alimenticia <<... su concreción vendrá determinada por la proporcionalidad que debe existir entre la prestación a satisfacer y el caudal económico y circunstancias del obligado en cumplirla>>.

Para determinar la contribución a los alimentos del progenitor que no convive con los hijos menores se han de tomar como referencias en los supuestos de crisis familiares los ingresos de cada uno de los litigantes, y los gastos de los menores, que permitirán fijar la proporcionalidad de la cuantía, y en atención a lo dispuesto en los artículos 93 , 142 , 144 , 146 y 147 del Código Civil , porque la pensión alimenticia tiene que ser proporcionada al caudal y medios de quién los ha de proporcionar por todos los conceptos, del otro progenitor, que como en este caso tiene la custodia de las hijas por sentencia, y a las necesidades de quién los recibe, así como la acomodación de la prestación económica a las necesidades efectivas de los hijos ( art 93 CC ), según los usos y las circunstancias de la familia, los recursos y disponibilidades del guardador ( art. 93 , 145.1,CC ), teniendo en cuenta que en la contribución de éste se ha de computar también la atención de los hijos confiados a su guarda ( art. 103 CC ), habiendo añadido la jurisprudencia que las exigencias impuestas por la solidaridad familiar no deben implicar un olvido de las propias necesidades del alimentistas determinadas por su personal situación ( STS de 9 de octubre de 1981 y 1 de febrero de 1982 ), y STS , entre otras 30 de junio de 2008 , tiene naturaleza de orden público, y al operar en el ámbito de las relaciones paterno-filiales es uno de los deberes fundamentales de la patria potestad, constituyendo una obligación de carácter imperativo y personalísimo, derivada de la solidaridad familiar."

En lo que respecta a la necesidad de los alimentos así como a la capacidad económica de quien los presta, se trata de cuestiones de hecho sometidas a la libre apreciación del Juez "a quo", facultad de libre apreciación y discrecionalidad que debe atemperarse a elementos de juicio y en base de la proporcionalidad que establece el artículo 146 del Código Civil, siendo que el Juez de instancia, para la fijación de la pensión alimenticia, debe tener en cuenta siempre las necesidades de cada hijo y la capacidad económica de ambos progenitores.

También debemos tener en cuenta que es doctrina jurisprudencial reiterada la que declara que el juicio de proporcionalidad en la fijación del quantum de pensiones alimenticias por el tribunal de instancia debe ser respetado, a salvo que resulte arbitrario o ajeno a todo canon de razonabilidad (por todas, sentencia 92/2024, de 24 de enero).

Manifiesta la progenitora que la sentencia de instancia debió tener en cuenta que ella en la actualidad no trabaja y que ha estado dedicada al cuidado de la familia durante 17 años, por lo que debe rebajarse la pensión alimenticia a su cargo a la cantidad de 50 euros al mes para cada menor.

Aduce que se encuentra en busca activa de un empleo y que cuenta con formación académica de Ingeniera Química, pero que no ha homologada dicha titulación en España,.

Considera la Sala que la Sra. María Luisa cuenta con una titulación superior que, debido a su dejadez, no ha homologado en España para poder trabajar, pues ese trámite no ha querido realizarlo pese a los años que lleva viviendo en España.

No obstante, la Sra. María Luisa habla el español (aunque ella dice que con limitaciones), el inglés y el ruso, atributos que le favorecerían para encontrar un empleo.

Por otro lado, no consta que tenga enfermedad alguna que le impida trabajar.

En consecuencia, consideramos que la cantidad de 100 euros para cada hijo fijada en la sentenciade instancia está por debajo del mínimo vital por lo que no procede reducir la pensión de alimentos a 50 euros para cada hijo. Por consiguiente, procede confirmar la sentencia de instancia en este punto, manteniendo también que los gastos extraordinarios de los menores, serán a cargo del Sr. Carlos Alberto en su totalidad.

El motivo se desestima.

CUARTO.- Sobre la pensión compensatoria solicitada por la Sra. María Luisa por importe de 1200 euros al mes, capitalizada en el acto del juicio a la suma de 275.000 euros.

Para resolver esta cuestión debemos traer a colación la sentencia de Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 19 de febrero de 2018 :

"La pensión compensatoria es un derecho personal que la ley reconoce al cónyuge al que la separación o el divorcio producen un empeoramiento en la situación económica que gozaba durante el matrimonio, colocándole en posición de inferioridad frente a la que resulta para el otro consorte. Tras la reforma del artículo 97 CC por Ley 15/2005, de 8 de julio, las modalidades de pago de dicha compensación no se reducen ya a unas prestaciones periódicas, sustituibles conforme a lo establecido en el artículo 99 CC, o a una prestación única, sino que se establece la posibilidad -ya reconocida por la jurisprudencia-de conceder prestaciones periódicas sometidas a término. Se trata, en todo caso, de compensar el descenso que la nueva situación produce respecto del nivel de vida que se mantenía durante la convivencia; lo que, en consecuencia, se produce con independencia de la situación de necesidad, mayor o menor, del acreedor, no debiendo entenderse como un derecho de nivelación o de indiscriminada igualación".

La jurisprudencia viene diciendo que la finalidad actual de la pensión compensatoria es la readaptación del cónyuge acreedor a la vida activa como consecuencia de las desmejoras económicas consiguientes a la disolución del matrimonio y a la pérdida de oportunidades experimentada precisamente por éste y que tiende a compensar la disparidad en las condiciones de vida entre ambos creadas tras la ruptura matrimonial por el tiempo necesario para que el cónyuge que perdió o disminuyó sus oportunidades laborales pueda volver a adquirirlas y reestablecer el desequilibrio que se produce en relación con el nivel de vida del otro y el mantenido durante el matrimonio.

La finalidad de la prestación es de reequilibrio, no de equiparación objetiva de la situación económica de ambos contrayentes al margen de las circunstancias personales y económicas de los cónyuges durante la convivencia matrimonial. En otras palabras, no basta que uno de los cónyuges se quede en una situación económica inferior en el momento de la ruptura para que se le reconozca sin más el derecho a percibir una prestación económica, sino que dicha situación debe haberse generado o ser consecuencia del propio devenir de la convivencia matrimonial.

La Sentencia del Tribunal Supremo, Pleno, de 19 de enero de 2010, establece como doctrina jurisprudencial que para determinar la existencia de desequilibrio económico generador de la pensión compensatoria debe tenerse en cuenta básicamente y entre otros parámetros, la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge, el régimen de bienes a que ha estado sujeto el patrimonio de los cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios y su situación anterior al matrimonio, doctrina que ha sido después reiterada en posteriores resoluciones del Alto Tribunal como las SSTS de 22 de junio de 2011, 19 de octubre de 2011, 25 de noviembre de 2011, 17 de mayo de 2013, 20 de febrero de 2014, 18 de marzo de 2014 y 23 de junio de 2015.

En el presente caso, para determinar si ha sido o no correcta la pensión compensatoria establecida en la sentencia de instancia que ahora se ataca, debemos tener en cuenta los presupuestos que la sentencia de instancia considera acreditados en autos y que son los siguientes:

1º.Ambos cónyuges contrajeron matrimonio bajo el régimen de separación de bienes.

2º.La actora, de 53 años de edad, trabajó ocho años en Rusia antes de trasladarse a territorio español. Cuenta con dos propiedades en Rusia, estando alquilada una de ellas y con el precio del alquiler costea su mantenimiento y los gastos que tiene.

3º.La Sra. María Luisa lleva viviendo en España desde que contrajo matrimonio en el año 2007, sin realizar desde entonces actividad laboral remunerada. Ha obtenido la nacionalidad española, por lo que no es razonable que, por un pretendido desconocimiento del idioma, tenga dificultades para acceder al mercado laboral, máxime cuando es trilingüe, pues además del español, habla inglés y ruso.

4º.Cuenta con cualificación profesional como Ingeniera Química y si no ha querido homologar el titulo durante todos estos años, no ha sido sino por su propio desinterés como ya hemos indicado anteriormente.

5º.En la actualidad se encuentra en búsqueda activa de empleo y no percibe ningún tipo de ayuda o subsidio.

6º. Es cierto que existe un desequilibrio frente a la posición económica del Sr. Carlos Alberto, quien percibe unos ingresos que en su declaración de la Renta del ejercicio 2023 ascendieron a la cantidad de 96.505,31 euros brutos.

Por ello, consideramos que debemos mantener la pensión de alimentos en la cuantificación de 1000 euros al mes fijada en la sentencia de instancia y por tiempo limitado de dos años , todo ello teniendo en cuenta la duración del matrimonio, la edad de los cónyuges y las posibilidades de acceso al mundo laboral de la esposa.

El período de dos años considera la Sala que es suficiente para que doña María Luisa pueda alcanzar una autonomía económica suficiente para subvenir a sus propias necesidades y al pago de la pensión de alimentos de los menores, estimándose, insistimos, proporcionada a las circunstancias expuestas la cifra de pensión compensatoria establecida en la sentencia de instancia a razón de 1000 euros al mes durante dos años sin necesidad de añadir más consideraciones sobre este punto.

Por los argumentos expuestos, procede que desestimemos el recurso de apelación interpuesto y que confirmemos la sentencia de instancia en todos sus extremos.

QUINTO.-Costas de la alzada.

Pese a que se ha desestimado el recurso de apelación, no procede imponer las costas causadas en la presente alzada a ninguna de las partes litigantes por cuanto se han adoptado las medidas inherentes al divorcio por primera vez.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,