Sentencia Civil 258/2025 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 24, Rec. 168/2025 de 29 de mayo del 2025

PRIMERO.- PLANTEAMIENTO BÁSICO

I.-DOÑA Adela (en adelante DOÑA Adela), nacida el NUM002 de 1966y DON Lorenzo (a partir de ahora DON Lorenzo), nacido el NUM003 de 1968,contrajeron matrimonio el 12 de agosto de 2000,del que nacieron DOÑA Encarnacion (a partir de ahora, DOÑA Encarnacion), el NUM004 de 2002,DON Donato (en adelante, DON Donato), el NUM005 de 2007,y DON Marco Antonio (a partir de ahora, DON Marco Antonio), aún menor de edad, el NUM006 de 2008.

DON Lorenzo presentó demandade divorcio el 3 de mayo de 2023, con petición de medidas complementarias, entre las que no se encontraba una pensión compensatoria.

La demanda fue admitida el 16 de octubre de 2023.

DOÑA Adela contestó a la misma el 27 de noviembre de 2023, solicitandoen lo que a este recurso de apelación afecta, sin reconvenir, una pensión compensatoria de 900 euros, "sin limitación temporal alguna".

La sentencia dictada en la instancia, número 398/2024, de 12 de noviembre de 2024, del Juzgado de Primera Instancia número 75 de Madrid, en sus autos número 2023. 369, recogió en su antecedente de hecho segundo: "los progenitores al inicio de la vista celebrada en esta fecha (...) llegaron a un convenio que rarificaron a presencia judicial". El convenio recogía una pensión compensatoriade DOÑA Adela de 500 euros mensuales, con temporalidad de dos años.

II.-DOÑA Adela, tras ratificar el acuerdo en la sala del juzgado, ha recurrido la sentencia en apelación invocando:

a) Incumplimiento del deber del juzgado de actuar de oficio en defensa de los intereses económicos de DOÑA Adela.

b)Incumplimiento del juzgador de haber resuelto la petición de pensión compensatoria atendida la prueba propuesta.

c) vicio en el consentimiento,toda vez que (i)no habría prestado el consentimiento a una pensión compensatoria por dos años, de esa suma, por falta de comprensión de los dos elementos ("Mi representada convino la adopción de la pensión compensatoria con un claro error del consentimiento", recurso,página dos); (ii)se encontraría presa de un "grave estado de ansiedad y nervios";y (iii) habría sido "forzada".

Al recurso de apelación de DOÑA Adela se ha opuesto DON Lorenzo.

SEGUNDO.- REVISIÓN DE LAS JURIDICIDADES CUESTIONADAS

I.-SOBRE LA ALEGACIÓN DE QUE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NO ACTUÓ DE OFICIO EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE DOÑA Adela EN LA PENSIÓN COMPENSATORIA

La censura parte de un error de concepto. Los Juzgados de Familia no tienen la encomienda de proteger de oficio los intereses económicos de los progenitores mayores de edad y sin ninguna discapacidad,especialmente en la materia tratada.

En palabras entre otras de la STS 1.ª 869/2019, de 12 de marzo de 2019 (fundamento jurídico quinto):

"Se plantea si el derecho dispositivo de la pensión compensatoria permite que en un convenio regulador se puedan pactar las causas por las que procedería la modificación o extinción de la pensión alterando el régimen general previsto en los artículo 100 y 101 CC . (...). La pensión compensatoria es un derecho disponible para la parte a quien pueda afectar. Rige el principio de la autonomía de la voluntad tanto en su reclamación, de modo que puede renunciarse, como en su propia configuración".

No cabía, pues, actuación de oficio.

II.-SOBRE LA CENSURA POR NO HABERSE FIJADO LA PENSIÓN COMPENSATORIA EN BASE A LA PRUEBA PRACTICADA

En primer lugar debe partirse del hecho de que d1 no reconvino solicitando dicha pensión. La interesó en el escrito de oposición, sin más. El objeto del escrito de oposición en medidas disponibles no reviste carácter de reconvención, ergo en la litis no existía planteamiento original de pensión compensatoria.

En cualquier caso, al ser disponible, y haber alcanzado un acuerdo las partes, el Juzgado se ajustó prístinamente al principio dispositivo.

En palabras de nuestra mejor doctrina (por toda ella, FERNÁNDEZ GIL), "el principio dispositivo significa que, en el campo del proceso civil, las partes disponen del objeto del proceso, en el sentido de ejercitarlo o renunciarlo a su voluntad"."En íntima relación con tal principio, pero con independencia o al menor autonomía, figuran los de justicia rogada y de aportación de parte".

Vuelve a errar la recurrente, al rechazar que un acuerdo en la materia en la que expresamente ha intervenido y del que se ha ratificado en sala, no la vincule..

DOÑA Adela ostentaba con ocasión del perfeccionamiento negocial plena capacidad de obrar ("Die Handlungsfähigkeit",de la doctrina alemana), en la variante que FERRARA denominó "capacidad negocial". "Para realizar válidamente un acto-recuerda ALBALADEJO GARCÍA- se precisa: 1.º Capacidad de obrar, es decir, aptitud abstracta reconocida por el derecho para otorgarlo. (...)",capacidad de la parte actora que no ha sido discutida y que se encuentra íntimamente relacionada con la autonomía de la voluntad o autonomía privada, definida por DE CASTRO Y BRAVO como "poder de autodeterminación de la persona y espacio de su independencia y libertad"en el mundo jurídico.

Sostiene nuestra mejor doctrina (por toda ella, CASTÁN TOBEÑAS) que "pertenece el contrato de una manera dominante, aunque no exclusiva, a la esfera del Derecho voluntario (regido por el principio de autonomía de la voluntad)",principio cuyo refrendo positivo --con su principal contrafuerte-- se encuentra en el artículo 1255 CC ("los contratantes pueden establecer los pactos (...) que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes[...]").

Tras haber alcanzado un acuerdo en ejercicio del principio dispositivo, DOÑA Adela ha quedado obligada al mismo, lex contractus,siendo complementariamente de aplicación el principio de los actos propios.

III.-SOBRE LA ALEGACIÓN DE ERROR EN EL CONSENTIMIENTO POR FALTA DE COMPRENSIÓN

De las circunstancias del caso (un acuerdo de 500 euros mensuales, dos años) no parece desprenderse que pueda concurrir una falta de comprensión.

DOÑA Adela fue preguntada expresamente si aceptaba la pensión compensatoria de 500 euros durante dos años, esto es, su acuerdo sobre los dos elementos Asistida en todo momento por su letrado, escuchó el sucinto y claro contenido del acuerdoen torno a la pensión. Revisada la grabación, se escucha al Ilmo. Sr. Magistrado efectivamente preguntar a DOÑA Adela al minuto 2,35: ¿"Está usted de acuerdo con el convenio"? Previamente le había especificado que en relación a la pensión compensatoria, "el acuerdo sería dos años" y 500 euros. Al minuto 3,07 DOÑA Adela respondió inequívocamente a la pregunta: SI.La ratificación resultó consumada.

IV.-SOBRE LA ALEGACIÓN DE ERROR EN EL CONSENTIMIENTO POR HABER SUFRIDO EN LA VISTA UN "GRAVE ESTADO DE ANSIEDAD Y NERVIOS"

Sería menester haber acreditado: (i) que dicho estado concurrió, y (ii) que el mismo impidió la actividad cognitiva de la prestación consentimiento con la representación mental de los 500 euros mensuales, durante dos años. En tercer lugar sería preciso (iii) haberlo llevado a cabo en otro proceso.

El objetivo del recurso de apelación es otro.

Volviendo a la prueba que habría sido imprescindible, con carácter generalen Derecho privado, el principio incumbit probatio qui dicit, non qui negat,(ex art. 217 LEC [antiguo 1214 CC]) y los también específicos del proceso civil: dispositivo y de aportación de parte ( art. 216 LEC [da mihi factum, dabo tibi ius,o judex judicta secundum allegata et probata]),encomiendan a los litigantes la carga de la prueba (onus probandi).

Así, (i) "corresponde al actor y al demandado reconvinientes la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención" ( art. 217.2 LEC) .

Por otro lado (ii) "incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que se sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior" ( art. 217.3 LEC) .

Como colofón, (iii)"cuando al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones" ( art. 217.1 LEC) .

Es cierto que carácter particularel artículo 752.1.I LEC declara que "los procesos a que se refiere este Título--el primero del Libro IV, dedicado al matrimonio, menores, filiación y medidas de apoyo a personas con discapacidad; el segundo regula la división de patrimonios y los procesos monitorio y cambiario el tercero-- se decidirán con arreglo a los hechos que hayan sido objeto de debate y resulte probados, con independencia del momento en que hubieren sido alegados o introducidos de otra manera en el procedimiento",quedando sin efecto para ellos el artículo 400 ("Preclusión de alegación de hechos [...]").Ítem más, en estos casos "el tribunal podrá decretar de oficio cuantas estime pertinentes"(art. 752.1.II), y "lo dispuesto en los apartados anteriores será aplicable asimismo a la segunda instancia"(art. 752.3).

Sin embargo estas especiales de los procesos especiales cuentan con un límite franco: "Respecto de las pretensiones que se formulen en los procesos a que se refiere este Título, y tengan por objeto materias sobre las que las partes puedan disponer librementesegún la legislación civil aplicable, no serán de aplicación las especialidades contenidas en los apartados anteriores" (art. 752.49).

Siendo la alegación de estado mental ansioso o confusional relativa a una materia disponible, serán de aplicación los párrafos transcritos con los romanillos i, iiy iii.Ni en la apelación ni en otro procedimiento, DOÑA Adela ha probado ni intentado probar el estado mental que le habría impedido prestar consentimiento conforme a Derecho.

Por lo demás, el convenio alcanzado por las partes recogía muchas otras disposiciones, a ninguna de las cuales ha opuesto DOÑA Adela que se encontrarían afectadas por el mismo vicio del consentimiento

V.-CENSURA DEL CONSENTIMIENTO POR HABER SIDO PRESTADO "FORZADA".

No existe en la grabación visualizada asomo de forzamiento alguno, y a la gravísima acusación realizada no se ha acompañado tampoco la menor prueba o indicio de prueba.

TERCERO.- COSTAS

Con carácter general,en primera instancia las mismas se regulan en una gavilla de artículos de la LEC, cuyo epicentro se encuentra en el 394. El criterio del vencimiento se da la mano allí con otros dos complementarios, también postulados por nuestra Ley adjetiva: el de la "compensación de costas"(GUASP DELGADO) para cuando las pretensiones no resultaran íntegramente estimadas, y el de la "temeridad".Anudando los tres, concluye la norma, "las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones", "salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho";ambas citas del artículo 394.1.I.

Por su lado el artículo 398.1 reenvía cuando determina que en el "recurso de apelación, en cuanto a las costas del recurso, se aplicará lo dispuesto en el artículo 394".

Con carácter especial,empero, la jurisprudencia y nuestra mejor doctrina han venido entendiendo en el curso de los años que en el ámbito procesal de este ordenamiento jurídico en algunos apartados semipúblico, en que las dudas de hecho y/o derecho constituyen a veces una constante, procede arrumbar el criterio del vencimiento no imponiéndolas a ninguna de las partes salvo que en alguna haya concurrido temeridad o lo que podría denominarse generación artificialdel debate, ausentes dudas de hecho o de derecho.

En línea con el parecer secundado en esta resolución cabe citar la sentencia 86/2017, de 23 de febrero de 2017, de la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, ilustrativa al señalar:

"Como ya hemos indicado en nuestro Rollo de Apelación n.º 229/2013, es verdad que la LEC no recoge ninguna excepción al principio general objetivo o del vencimiento en materia de costas en razón a que se trate de un procedimiento con base en el Derecho de Familia, y en este sentido, en principio, le es de aplicación el artículo 394 LEC . No obstante ello, cabe apreciar una corriente jurisprudencial que en la práctica no sigue dicho principio en procedimientos de familia, al considerar (...) la singular naturaleza de los bienes en conflicto:

--- dicha naturaleza provoca, dada su vinculación con las normas de orden público, que queden fuera del ámbito de autonomía y libre disposición de las partes,

--- y, de otro lado, por un anclaje en el arcano del ser humano, basado en sentimientos y emociones no necesariamente racionales (...).

(...)

Así pues, en estos supuestos, no hay un derecho previo cuyo desconocimiento por el obligado ponga al titular en la tesitura de instar su defensa a través del pertinente proceso, asumiendo unos gastos que, en caso de ver reconocido su derecho, habrán de repercutirse sobre el contrario (...).

(...)

Por tanto, nos hallamos ante una corriente jurisprudencial en la que, en el ámbito del Derecho de Familia, de hecho, se aplica como principio general el subjetivo o el de la temeridad, o también podría considerarse que para materias como ésta existe (...) la facultad del Juzgador, como permite el artículo 394.1 (...) cuando concurren serias dudas de hecho o de derecho.

Esta Sala, partiendo de lo hasta aquí expuesto, considera que no deben efectuarse planteamientos generales, sino atendidas las circunstancias del caso concreto, examinando no solo la naturaleza de la cuestión debatida sino también si (...) se aprecian serias dudas de hecho o de derecho (...). También deberá atenderse a si las cuestiones debatidas son exclusivamente económicas o de naturaleza estrictamente personal.

En consecuencia (...) el criterio que debe regir en la imposición de costas procesales en los procesos de familia o matrimoniales, con la excepción de aquellos que únicamente versen sobre cuestiones patrimoniales,no será el del vencimiento establecido en el artículo 394.1 LEC sino el de la temeridad o mala fe, las dudas que plantee (...).

La SAP Castellón, Sección 1.ª, 108/2004, de 18 de marzo de 2004 , resume (...) los principios básicos (...): '(...) el criterio que debe regir la imposición de costas (...) con la sola excepción de los que versen en exclusiva sobre cuestiones patrimoniales,no será el criterio del vencimiento establecido en el artículo 394.1, sino el subjetivo de la temeridad o mala fe, en función de la especial naturaleza de las cuestiones sometidas a debate en todo proceso en el que se deciden hechos de indudable trascendencia personal como son el estado de las personas, el régimen de patria potestad, guarda y custodia de los hijos, que pueden ser aplicados incluso de oficio por el Juzgador, que normalmente conllevan la ausencia de imposición de costas a ninguna de las partes en litigio, salvo que por su actuación sea temeraria o contraria a la buena fe, lleven al Juzgado a su imposición a la parte que se conduce de esta manera en el proceso'".

En el caso de autos, sólo se han dirimido en la segunda instancia cuestiones económicas, razón de que al ser desestimado íntegramente el recurso y no habiendo albergado la Sala dudas de hecho o derecho, proceda la imposición de costas.

En virtud de lo expuesto procede dictar el siguiente