Sentencia Civil 94/2025 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 25, Rec. 467/2024 de 31 de marzo del 2025

PRIMERO.-El examen íntegro de las actuaciones -efectuado por la SALA en el desempeño de la función revisora que, como tribunal de apelación, tiene legalmente atribuida- pone de manifiesto que la pretensión que constituye el objeto del proceso al que la alzada se contrae -tal y como queda definida e individualizada mediante la PETICIÓN concretada en el suplico del escrito de demanda y el conjunto de hechos esenciales, con trascendencia jurídica, alegados en la fundamentación de dicho escrito como base para el logro de la consecuencia jurídica peticionada, delimitando la CAUSA DE PEDIR invocada- persigue, en definitiva, obtener, de los demandados, el cumplimiento de eventuales obligaciones que, en su condición de integrantes de la comunidad de bienes existente entre los litigantes, les debería corresponder.

SEGUNDO.-Para la adecuada resolución de la cuestión controvertida objeto del litigio resultan determinantes los siguientes hechos o presupuestos fácticos que aparecen debidamente acreditados en el proceso:

1.- Que los codemandantes, doña Sacramento, don Landelino y don Rosendo y la codemandada doña Salvadora, junto con sus otros dos hermanos no litigantes -doña Diana y don Leopoldo- son copropietarios en proindiviso, y por iguales sextas partes, de la vivienda sita en el DIRECCION000 de Móstoles, por título de herencia de su madre fallecida en fecha 27 de febrero de 2009. Hecho admitido y no controvertido en el proceso, que resulta corroborado con el contenido de la nota simple del Registro de la Propiedad número Cuatro de Móstoles -DOCUMENTO DOS de la DEMANDA- y con el contenido de la escritura de novación de fecha 13 de junio de 2013 -DOCUMENTO CUATRO de la DEMANDA-.

2.- Que todos los hermanos -copropietarios del inmueble- solicitaron, para sufragar por partes iguales los gastos comunes, incluidos los de asistencia médica de su madre, a los que habían tenido y tenían que hacer frente, un préstamo con la garantía hipotecaria del inmueble común, cuyo importe de 126 052,00 euros les fue ingresado, en fecha 23 de febrero de 2010, en una cuenta común, obligándose, igualmente, a contribuir a su amortización por iguales sextas partes. Hecho que tampoco resulta controvertido en el proceso.

3.º- Que entre los días 24 de febrero y 15 de marzo de 2010 los aquí demandados dispusieron, con el conocimiento y consentimiento tácito de los demás, de la suma total de 26 765,00 euros. Así se puede inferir de lo manifestado por los actores al contestar el oportuno interrogatorio en el acto del juicio.

4.º.- Que la cantidad de 26 765,00 euros dispuesta por los demandados lo fue para destinarla a usos propios y exclusivos, no comunes. Así resulta de lo afirmado por los demandantes en el escrito de demanda, que no fue negado, de forma expresa, clara, rotunda y categórica en el escrito de contestación, como exige el artículo 405 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que, por tanto, ha de considerarse como hecho tácitamente admitido y, por ende, no controvertido en el proceso. En este sentido debe tenerse asimismo presente que la alegación y prueba del destino a un uso común correspondía a la representación procesal de la demandada, como hecho excluyente del hecho constitutivo.

5.º.- Que todos los copropietarios -dado que los demandados habían manifestado su intención de comprar a los demás copropietarios su parte de la vivienda común cuando vendieran la suya propia- acordaron, por unanimidad, en el año 2010, atribuir el uso exclusivo de la vivienda común a la copropietaria doña Salvadora y a su esposo don Marcos, quienes asumían la obligación de abonar, de modo exclusivo, el 100 % de todos los gastos inherentes a la propiedad (IBI, comunidad de propietarios, derramas y seguro de hogar). Hecho expresamente reconocido y admitido por los demandados en el HECHO QUINTO del escrito de CONTESTACIÓN y por los demandantes al contestar el correspondiente interrogatorio en el acto del juicio.

6.º.- Que, en fecha 30 de enero de 2019, los aquí demandantes, doña Sacramento, don Landelino y don Rosendo, mostraron expresamente su oposición al uso exclusivo de la vivienda en común que venían ostentando doña Salvadora y su esposo don Marcos, requiriéndoles el pago, por su uso exclusivo y excluyente, de una cantidad equivalente a la renta de un arrendamiento de mercado. Así se desprende del burofax que en nombre de los demandantes remitió su abogado a la codemandada doña Salvadora -DOCUMENTO NUEVE de la DEMANDA-.

7.º.- Que, como consecuencia del impago del IBI de la vivienda común correspondiente al ejercicio fiscal 2009, se le detrajo a la demandante doña Sacramento, para pago de dicha deuda, la suma de 479,04 euros del importe a devolver del IRPF del ejercicio fiscal de dicho año 2009. De igual modo, como consecuencia del impago del IBI de la vivienda común correspondiente al ejercicio 2015, se le detrajo, igualmente, a la demandante doña Sacramento, para pago de dicha deuda, la suma de 32,06 euros del importe a devolver del IRPF del ejercicio fiscal de dicho año 2015. Así se desprende del DOCUMENTO ONCE de la DEMANDA.

TERCERO.-Con base y fundamento en los anteriores presupuestos fácticos se pueden sentar las siguientes conclusiones de orden jurídico.

La disposición, por los demandados, del capital común procedente del préstamo, para usos propios y exclusivos, les obliga a reintegrar al fondo común el importe dispuesto, o, al menos, la parte proporcional correspondiente a cada uno de los comuneros, por aplicación de lo prevenido por los artículos 392 a 395 del Código Civil.

En este punto, debe señalarse que el hecho de que los demás comuneros hubieren tenido conocimiento de la retirada de los fondos comunes para un uso privativo y propio e, incluso, hubieren prestado su consentimiento, expreso o tácito, para ello, no extingue, en modo alguno, la obligación de los demandados de reintegrar, en la forma expuesta, el capital dispuesto que excediere del correspondiente a su cuota de participación en la comunidad, esto es, el 16,6666 % (100 ÷ 6 = 16,6666).

No debiendo olvidarse, en este punto, que la disposición de los fondos comunes en importe superior a la cuota de participación del comunero sin el consentimiento de los demás comuneros podría generar, incluso, la oportuna responsabilidad penal.

En la medida de todo ello, del capital dispuesto de 26 765,00 euros, correspondía a cada uno de los seis comuneros la suma de 4460,83 (26 765 ÷ 6 = 4460,83). Suma que, por tanto, los demandados vendrían obligados a pagar a cada uno de los tres demandantes.

Consecuentemente, en tal punto, ha de confirmarse la sentencia apelada.

CUARTO.-En relación con el uso exclusivo de la vivienda común, debe recordarse que la pertenencia a dos o más personas del dominio o propiedad de una cosa autoriza a cada partícipe, conforme a lo prevenido por el artículo 394 del Código Civil, a servirse de la cosa común conforme a su destino y de manera que no se perjudique el interés de la comunidad, ni se impida el derecho de los demás partícipes. Como tal utilización constituye un mero acto de administración, basta para su validez, como cabe inferir de lo establecido por el artículo 398 del Código Civil, el acuerdo de la mayoría, esto es, el adoptado o tomado por los partícipes que representen la mayor cantidad de los intereses que constituyan el objeto de la comunidad.

En el caso enjuiciado existe un acuerdo unánime de la comunidad, adoptado en el año 2010 por el que se autorizaba el uso exclusivo de la vivienda común a los aquí demandados con la obligación, por parte de éstos, de abonar el 100 % de todos los gastos inherentes a la propiedad (IBI, comunidad de propietarios, derramas y seguro de hogar).

Este acuerdo, no ha sido dejado sin efecto por ningún otro acuerdo posterior válidamente adoptado por partícipes que representasen la mayor cantidad de los intereses que constituyan el objeto de la comunidad. Efectivamente, el requerimiento efectuado mediante el burofax de 30 de enero de 2019, es efectuado, únicamente, en nombre de los tres comuneros demandantes, doña Sacramento, don Landelino y don Rosendo, que únicamente ostentan el 50 % de la propiedad común.

Esta circunstancia, impide que pueda considerarse modificado el acuerdo inicial al no haber resultado mayoría suficiente para dejarlo sin efecto.

Ciertamente, en los supuestos de cotitularidad por mitad -50 %- o cuando -como en el supuesto enjuiciado- la mayoría resultara imposible al no concurrir, para el acuerdo, la aquiescencia de partícipes que representen más del 50 % de los intereses de la comunidad, los comuneros disconformes con el uso exclusivo -en el supuesto enjuiciado, los demandantes- venían obligados a solicitar la intervención judicial, mediante el ejercicio de la oportuna acción al amparo de lo prevenido en el párrafo tercero del artículo 398 del Código Civil. Acción que, en el supuesto enjuiciado, los demandantes no han justificado haber ejercitado en modo y momento alguno.

En la medida de ello, al no haberse dejado válidamente sin efecto el primer acuerdo unánime de los comuneros, no puede exigirse a los demandados resarcimiento alguno por el uso exclusivo y excluyente que hubieren disfrutado entre febrero de 2019 y agosto de 2021, en que reintegraron la posesión exclusiva de la vivienda común a todos los comuneros.

Consecuentemente, en este punto, debe desestimarse la pretensión formulada en la demanda inicial y, por ende, con estimación del recurso, revocarse y dejarse sin efecto, en dicho extremo, la sentencia apelada.

QUINTO.-Finalmente, ha de afirmarse, con base en lo prevenido por los artículos 395, 1145 y 1158 del Código Civil, el derecho de doña Sacramento, de reclamar de los obligados al pago de las sumas que le fueron detraídas por la administración tributaria, correspondientes a los IBI de los ejercicios 2009 y 2015, la parte correspondiente.

En este sentido, respecto del importe pagado correspondiente al ejercicio fiscal de 2009 -479,04 euros-, y dado que, en tal momento, no se había adoptado el acuerdo por el que se autorizaba a los demandados el uso exclusivo del inmueble común, los demandados únicamente vienen obligados a abonar la sexta parte, que se corresponde con su participación en el condominio, esto es, la suma de 79,84 euros (479,04 ÷ 6 = 79,84).

Por su parte, respecto del importe pagado correspondiente al ejercicio fiscal de 2015 -32,06 euros-, como quiera que, conforme al acuerdo de los copropietarios, los demandados habían asumido la obligación de pagar el IBI de dicho ejercicio, como contraprestación al uso exclusivo de la vivienda común, es evidente que los demandados vienen obligados a reintegrar a doña Sacramento la totalidad de dicho importe.

SEXTO.-Finalmente, debe señalarse que no cuestionándose en esta alzada que la acción, para hacer valer la pretensión objeto del proceso, fue ejercitada dentro del plazo prescriptivo legalmente establecido -de hecho, no se ha invocado excepción de prescripción alguna- es indudable que tampoco puede resultar de aplicación, en el supuesto enjuiciado, la doctrina del retraso desleal, invocada por la representación procesal de los demandados, pues, como recordó la Sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2013, con cita de la Sentencia de la misma Sala de 22 de octubre de 2002, "el mero transcurso del tiempo, vigente la acción, no es suficiente para deducir una conformidad que entrañe una renuncia, nunca presumible".

Efectivamente, como recuerda la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2021, en relación con la DOCTRINA DEL RETRASO DESLEAL EN EL EJERCICIO DEL DERECHO, "...3.1 . El artículo 7.1 del Código Civil establece que "los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe". La buena fe ha sido interpretada como principio general o como cláusula abierta, aunque en definitiva debe considerarse como un principio positivizado que impone deberes a los titulares de los derechos. Como declaramos en la sentencia 872/2011, de 12 de diciembre :

"en el artículo 7.1 del Código Civil se recoge uno de los aspectos principales de las consecuencias de la buena fe y comporta determinar lo que deba entenderse por retraso desleal en el ejercicio del derecho.

"Se enuncia diciendo que "un derecho subjetivo o una pretensión no pueden ejercitarse cuando el titular no se ha preocupado durante mucho tiempo de hacerlos valer y ha dado lugar, con su actitud omisiva, a que el adversario de la pretensión pueda esperar objetivamente que ya no se ejercitará el derecho". En el derecho alemán surge la figura de la VERWIRKUNG en cuya virtud resulta inadmisible que el derecho se ejerza con un retraso objetivamente desleal".

3.2. Esta figura debe ajustarse a las tradicionales del derecho privado que se ocupan también, en cierto sentido, del aspecto del ejercicio retrasado y muy especialmente con la prescripción extintiva y la renuncia tácita. La doctrina indica que la figura del retraso desleal se distingue de la prescripción porque, si bien en ambas se requiere que el derecho no se haya ejercido durante un largo tiempo, en el ejercicio retrasado se requiere, además, que la conducta sea desleal, de modo que haya creado una confianza en el deudor, de que el titular del derecho no lo ejercería. Por otra parte, la renuncia tácita requiere de una conducta cuya interpretación permita llegar a la conclusión de que el derecho se ha renunciado ( sentencia 872/2011, de 12 de diciembre ). O como dijimos en la sentencia 769/2010, de 3 de diciembre ,

"la buena fe impone que un derecho subjetivo o una pretensión no puede ejercitarse cuando su titular no solo no se ha preocupado durante mucho tiempo de hacerlos valer, sino que incluso ha dado lugar con su actitud omisiva a que el adversario de la pretensión pueda esperar objetivamente que el derecho ya no se ejercitará".

3.3. En esta misma sentencia recordamos que "en el derecho europeo aparece la buena fe en el sentido que se ha aludido en el art. 1.7 de los Principios UNIDROIT, en los artículos 1:106 y 1:201 de los Principios del Derecho europeo de contratos y como señala el artículo I.-1:103 (2) del DCFR (DRAF OF COMMON FRAME OF REFERENCE), "en particular, resulta contrario a la buena fe que una parte actúe de forma inconsecuente con sus previas declaraciones o conducta, en perjuicio de la otra parte que había confiado en ellas" (trad. propia). Así como en el Derecho alemán, en el que la doctrina del retraso desleal encuentra su encaje en el §242 BGB, referido a la buena fe"...".

Aplicando las anteriores consideraciones al supuesto enjuiciado, es indiscutible que no cabe apreciar la concurrencia de los presupuestos necesarios para apreciar retraso desleal en el ejercicio del derecho efectuado por los demandantes, pues no se ha aducido, ni evidenciado, la concurrencia de hechos o circunstancias que permitan racional y razonablemente inferir la existencia de una conducta desleal, por parte de los demandantes, por haber creado, en los demandados, la confianza de que no formularían reclamación alguna por los conceptos ahora reclamados en el proceso, de forma tal que podían esperar, de forma objetiva y razonable, que el derecho ya no se ejercitaría a pesar de no haber transcurrido el plazo legal de prescripción.

SÉPTIMO.-Por todo lo precedentemente expuesto, con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto y revocación parcial de la sentencia apelada, procede, con estimación igualmente parcial de la demanda, condenar a los demandados doña Salvadora y don Marcos, a pagar a doña Sacramento, la suma de 4527,73 euros (4460,83 + 79,84 + 32,06 = 4527,73), a don Landelino y, la suma de 4460,83 euros y a don Rosendo, asimismo, la suma de 4460,83 euros.

Las expresadas sumas, objeto de condena, deberán incrementarse con sus correspondientes intereses moratorios, conforme a lo también solicitado en la demanda, computados al tipo del interés legal del dinero, de conformidad con lo prevenido por los artículos 1100, 1101 y 1108 del Código Civil, desde la fecha de la interpelación judicial hasta la fecha de la sentencia de primera instancia, 16 de febrero de 2022.

De igual modo, las cantidades objeto de condena devengarán, asimismo, por imperativo legal, los intereses legales por moral procesal prevenidos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde la fecha de la sentencia de primera instancia, al amparo de lo establecido en el número 2 de dicho artículo 576 de la Ley Adjetiva, ya que la revocación parcial de la sentencia de instancia que se determina en esta alzada supone el reconocimiento de una cantidad inferior a la reconocida en aquélla, por lo que se considera totalmente razonable que los intereses procesales se devenguen desde la fecha de la sentencia de primera instancia sobre la cantidad reconocida en segunda instancia, ya que es evidente que respecto a dicha cantidad se produce confirmación del pronunciamiento efectuado en la primera instancia, y por tanto del derecho del acreedor y de la obligación del deudor, a percibir y pagar, respectivamente, tal cantidad.

OCTAVO.-La estimación parcial de la demanda y la estimación parcial del recurso de apelación interpuesto determinan, de conformidad con lo prevenido por los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que no proceda efectuar expresa y especial imposición a alguno de los litigantes, de las costas originadas en el presente proceso, en ambas instancias, debiendo, en consecuencia, cada una de las partes abonar, las causadas y devengadas a su instancia y las comunes por mitad.

NOVENO.-La estimación parcial del recurso determina, asimismo, por otra parte, de conformidad con lo prevenido por el apartado número Ocho de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la devolución a la parte recurrente de la totalidad del depósito en su día constituido para su interposición.