Sentencia Civil 142/2025 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 28, Rec. 396/2023 de 11 de abril del 2025

Contexto relevante de la controversia que resulta de la primera instancia.

(1).-Se presentó escrito de demanda por BRODO SA, como parte actora, contra Íñigo y contra Mónica, parte demandada, en la que se deducía de manera acumulada acción social de responsabilidad de administradores sociales y acciones específicas por infracción de deberes de lealtad, tanto de nulidad de contratos como de enriquecimiento injusto.

Ello dio lugar al proceso seguido como Juicio Ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de Madrid, en el que se dictó Sentencia con los pronunciamientos del Fallo por los que se estima parcialmente la demanda, se declara la nulidad de los dos contratos de compraventa celebrados en fecha de 13 de junio de 2019, por los que BRODO SA vendió a Íñigo las acciones de las que era propietaria en el capital social de Díez y Compañía SA y de Marcas Viales SA, con los pronunciamientos inherentes a ello; se desestima toda otra petición de la demanda y no se imponen las costas del proceso a ninguna de las partes litigantes.

(2).-Para realizar esos pronunciamientos, la Sentencia se basa, resumidamente, en que al tiempo de los hechos enjuiciados, Íñigo era presidente del Consejo de administración de BRODO SA; en el capital social de esta sociedad se integran dos grupos familiares enfrentados; la sociedad tenía un importante paquete de acciones de las sociedades Marcas Viales SA y Díez Y Compañía SA, dedicadas a la fabricación, pintura y mantenimiento de carreteras y señales viarias, las cuales, sobre todo la segunda, pasaban por una coyuntura de grave dificultad económica. El día 13 de junio de 2019, sigue la resolución, se celebraron en escritura notarial dos contratos de compraventa entre BRODO SA, parte vendedora, representada por Mónica como apoderada, hija de aquel administrador, y el propio Íñigo, parte compradora, para la adquisición por este de acciones representativas del capital social de Marcas Viales SA por cuantía de 305.566€ y de Díez Y Compañía SA por 40.088€, según valoración efectuada por el auditor de la compañía en febrero de 2019, a mínimo valor fiscal para una operación de venta de esas acciones a aquellas compañías industriales y su posterior amortización por reducción de capital en el seno de las mismas, integradas ambas por los mismos socios que BRODO SA. Consta también que, el mismo día 13 de junio de 2019, Íñigo ingresó el precio total, 345.655€, en la cuenta bancaria de la sociedad vendedora, pero el día 31 de julio de 2019 retiró la suma de 385.000€ de tal cuenta, sin expresar concepto alguno. Tal retirada obedeció a dar por vencido anticipadamente un contrato de préstamo que Íñigo había efectuado a la sociedad.

Se alega, en primer lugar, la falta de legitimación activa, expone la Sentencia apelada. Consta que el día 5 de septiembre de 2019, en BRODO SA se celebró Junta de socios que, tras cambiar los integrantes del Consejo de administración, deliberó y votó sobre el ejercicio de acción individual de responsabilidad. No obstante, señala la resolución, el uso de ese término de acción individual, es claro que la propuesta de acuerdo y la intención de los socios fue la de referirse a la acción social, dada su finalidad y objeto, lo que levanta el requisito de procedibilidad y permite que sea la propia sociedad la demandante en este litigio. En cuanto a las acciones de nulidad contractual y de enriquecimiento injusto, como derivadas de la infracción del deber de lealtad del administrador demandado, dada su regulación legal, no se someten a requisito de procedibilidad de aprobación por la Junta de socios.

En cuanto a la acción social de responsabilidad, la Sentencia señala que se trata de una acción de daños, la cual exige la prueba de un resultado dañoso para el patrimonio social, pero la demanda de BRODO SA considera como tal daño la celebración misma de aquellos contratos de compraventa, no el precio fijado ni su eventual diferencia con un valor real distinto del activo vendido por la sociedad a su administrados social. Ello implica, señala la resolución, que en este caso no haya prueba del daño, necesaria para estimar esta clase de acción.

Sí procede estimar la acción de nulidad de los dos contratos de compraventa, indica la Sentencia, ya que se trata de una transacción celebrada entre el administrador demandado y la sociedad, en conflicto de intereses y sin que se contase con la preceptiva dispensa para ello otorgada por la junta. Tampoco la conveniencia de reducir la vinculación de BRODO SA con esas dos otras corporaciones industriales, dada la crisis económica que atravesaban, puede justificar la operación, ya que ello había sido aprobado en otros términos por los socios, la amortización de esas acciones en las respectivas sociedades, y, en cambio, con aquellos contratos de compraventa, ese administrador se aseguraba la mayoría del capital en tales compañías industriales.

Respecto de la acción de enriquecimiento injusto, se refiere a la retirada por Íñigo de la suma de 385.000€ el 31 de julio de 2019, explica la Sentencia. Ello obedeció a dar por vencido anticipadamente un préstamo realizado por varios socios, los del grupo del administrador demandado, donde se había establecido la posibilidad de rescate anticipado ante determinadas situaciones financieras de BRODO SA, las que se consideraron concurrentes. Toda vez que la acción de enriquecimiento injusto se establece como subsidiaria en la jurisprudencia, concluye la Sentencia que aquí existen acciones típicas contractuales con las que debatir la regularidad de tal rescate anticipado del préstamo, por lo que no opera la de enriquecimiento injusto.

Conformación del objeto de la segunda instancia.

(3).-Por Íñigo se interpone recurso de apelación frente a dicha Sentencia del Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de Madrid, contra el pronunciamiento de estimación parcial de la demanda, e insta la revocación de tal pronunciamiento, sobre nulidad contractual, para dar lugar a la total desestimación de los pedimentos de la demanda.

A tal fin, el recurso de apelación se sustenta, aquí resumidos a los meros efectos de ofrecer una perspectiva de conjunto del objeto del proceso, más adelante desarrollados puntualmente, en los motivos de infracción de normas sobre legitimación activa y error de valoración de hechos sobre infracción del deber de lealtad de los administradores sociales.

(4).-Por Mónica también se presentó recurso de apelación contra la citada resolución, exclusivamente frente al pronunciamiento de costas procesales, donde solicitó la revocación parcial de la Sentencia en cuanto a ese pronunciamiento, con el fin de efectuar otro de imposición de costas de primera instancia a la parte actora.

El escrito de recurso se funda para esa solicitud en el motivo, ahora solo resumido, de infracción de la normativa procesal sobre costas litigiosas.

(5).-Por BRODO SA se presentó escrito de oposición al recurso de apelación formulado por Íñigo, con solicitud de desestimación de éste e imposición de costas de alzada a la parte recurrente. Para ello, esa parte se reiteró sustancialmente en los argumentos expuestos en su demanda y en los propios fundamentos de Sentencia apelada.

I.- Recurso de apelación interpuesto por Íñigo.

Motivo primero: falta de legitimación activa de la propia sociedad para demandar.

Contenido del motivo.

(6).-Entiende el recurso de Íñigo que BRODO SA carece de legitimación activa para entablar las acciones deducidas en la demanda, puesto que, en contra de lo apreciado por la Sentencia recurrida, no se justificó debidamente la existencia de un acuerdo social adoptado en la Junta de esa compañía para autorizar el ejercicio de las acciones contra el administrador social y la aportación de prueba documental en tal sentido, indica, fue extemporánea e indebidamente admitida. A ello se añade, continúa el recurso, que, aun teniendo en cuenta el acuerdo social adoptado, éste se refiere a la acción individual de responsabilidad contra el administrador, pero no a la social, que es la aquí entablada, por lo que no quedó autorizado su ejercicio. Además, aquí realmente se está ejercitando una acción individual, ya que se busca realmente la tutela personal de un grupo de socios disidentes dentro del capital social y no el verdadero interés de la sociedad.

Valoración del tribunal.

(7).-El problema que planteó Íñigo sobre la falta de legitimación atañe a la determinación del sujeto que debería constar como demandante en este caso, si debieron figurar como tales demandantes las socias interesadas a su propio nombre o bien puede ser la sociedad misma, como terminó por ocurrir.

Al contrario de lo entendido por BRODO SA en su escrito de oposición al recurso, no es un problema del cumplimiento del requisito de procedibilidad en sí mismo considerado, sino que consiste en determinar, una vez levantado tal requisito de procedibilidad, a qué sujeto se habilita para demandar, si lo es a la sociedad o lo es a los socios de la minoría. Ese escrito de oposición vuelve ahora a remitirse al contenido del acta de la Junta de 5 de septiembre de 2019, de donde considera que consta como ganada la legitimación activa exigida. Ello, junto con lo resuelto en la Sentencia, enmarca el debate para este tribunal.

La demanda ha sido interpuesta formalmente por BRODO SA contra su administrador social, mientas que lo planteado en la defensión de Íñigo era que, al rechazar adoptarse en Junta de socios el ejercicio de estas acciones o, en su caso, referirse el acuerdo a otra clase de acción, las socias que representaban la minoría del capital social podrían haber demandado, pero directamente bajo su propio nombre, aun cuando litigasen en interés de la sociedad, sin que resultase admisible nunca que la demandante fuera la propia sociedad , ya que ni existe un acuerdo social en dicho sentido ni actúa por la sociedad su legal representante, el administrador.

(8).-Si bien ya no es objeto de esta segunda instancia la acción social de responsabilidad, para el examen de esta cuestión es conveniente recordar el régimen legal aplicable a ella permite llegar a la conclusión apuntada en el recurso de Íñigo. Así, conforme al art. 238.1 TRLSC, si la sociedad es quién entabla la acción, requiere previamente un acuerdo social en tal sentido. Si dicho acuerdo, una vez propuesto, no es adoptado por la causa que fuese, lo previsto en el art. 239.1 TRLSC es que sean los socios proponentes de aquel acuerdo los que puedan directamente ellos entablar la demanda, por lo que actuaran en nombre propio, asumiendo la posición de demandantes, y en defensa del interés social. De hecho, lo establecido en el art. 239.2 TRLSC es que esos socios demandantes serán reintegrados en los gastos necesarios para entablar el procedimiento, si la acción es finalmente estimada en todo o en parte.

Además, respecto de este tipo de acción, la social de responsabilidad, se prevé que, si el fundamento del daño es la infracción del deber de lealtad del administrador social demandado, puedan los propios socios, no la sociedad, entablar directamente la demanda a su nombre, art. 239.1, pf. 2º, TRLSC, pero siempre en interés de la sociedad.

Según el juego de esas normas habilite para demandar a uno, la sociedad, u otros sujetos, los socios, ello conllevará la asunción de los costes, gastos y riesgos de imposición de costas procesales que son inherentes a la posición formal de toda parte actora.

En cuanto a las acciones específicas por infracción del deber de lealtad, las del art. 232 TRLSC, no tienen previsto un régimen procesal de legitimación como el expuesto antes para la acción social de responsabilidad. Por ello ha de estarse a las reglas generales sobre representación de la sociedad y conformación de la voluntad social. Así, si se demanda por la sociedad en ejercicio de tales acciones, o bien se actúa a través de la administración social, bajo su facultad de representación legal, art. 233 TRLSC, o bien se precisa un acuerdo social que exprese la voluntad de la sociedad, como persona jurídica, de formular esa demanda.

En este último caso, operaría una regla similar a la prevista en el art. 204.3 TRLSC para los procesos de impugnación de acuerdos sociales cuando el impugnante sea el administrador social que ostenta la representación única de la sociedad. De tal modo, los socios con cuya mayoría se hubiera adoptado el acuerdo de demandar, podrían actuar en el proceso en nombre de la sociedad misma, y no en el suyo propio, el de esos socios. Se trataría de un supuesto de complementación de la capacidad de obrar de la persona jurídica en cuyo seno ya se tomó una decisión de demandar, pero no cuenta con la representación orgánica de su administrador, al enterar en conflicto con él, por lo que aquella capacidad de obrar resulta complementada con la actuación de un socio o socios interesados.

De no darse tal supuesto, no existe conformada voluntad alguna de la sociedad de entablar la acción, por lo que no podría deducirse demanda en la que ésta constase en la posición procesal de demandante. Ello no obstaría en nada a que el socio o socios con interés pudieran, directamente y sin más requisitos de procedibilidad, demandar en su propio nombre, erigiéndose ellos en parte actora, y hacerlo en defensa del interés social, con la asunción de los riesgos procesales propios del litigio.

(9).-Con el escrito de demanda se presentó lo que se afirmaba ser una copia de acta de junta de socios de BRODO SA, doc. nº 4, pero sin firma alguna. Conforme a ello, aparece que, en Junta de fecha de 5 de septiembre de 2019, bajo el punto 8º del orden del día, con objeto de la "impugnación y nulidad, si procede, de la compraventa de fecha 13 de junio de 2019, de las acciones que Brodo SA tenía en Díez y Compaía(sic) SA y Marcas Viales SA",y que el resultado de la deliberación y votación fue que "se acuerda proceder a, mediante los tribunales de lo mercantil, ejercitar la nulidad de la citada operación. Votos a favor: participaciones que representan el 50,03% del capital social, cuyo detalle es: Doña Felisa, titular de 4.345 participaciones serie (A) lo que supone el 15,30%, Doña Coral (...). Votos en contra: participaciones que representan el 49,97% del capital social, cuyo detalle es: Don Íñigo, titular de 7.298 acciones serie (A), lo que supone el 25,71% del capital social; Doña Mónica (...)".

El poder de postulación a favor del procurador de BRODO SA fue firmado por Adela, en su condición de Consejera delegada de esa sociedad, el día 4 de febrero de 2020.

No obstante, de manera sorprendente, en el propio escrito de demanda, pg. 36, se transcribe parcialmente el contenido del acta de aquella Junta, donde el punto 8º consta que "Manifiesta el Sr. Presidente que no se vota el punto octavo del orden del día, por no ser competencia de la Junta y que al tener sus cauces procesales para salvaguardar los derechos procesales y societarios de quién crea que han sido vulnerados. Manifiestan Dª Coral, Dª. Felisa y Dª Adela que entienden que el acuerdo debía haberse sometido a votación, pues el Consejo acordó su inclusión en el orden del día y que la actitud del Presidente vulnera los derechos de los socios a votar las cuestiones incluidas en el orden del día. Por lo tanto, hacen ejercicio de reserva de las acciones legales que pudieran corresponderles".

Ello ya fue denunciado en el escrito de contestación a la demanda, formulado por Íñigo, donde se transcribió lo relativo a ese punto 8º del orden del día y se expresó lo ocurrido en relación con el debate sobre la acción social de responsabilidad, a diferencia de lo recogido en el documento de la parte actora. En el acto de Audiencia Previa se presentó copia firmada del acta de aquella Junta de 5 de septiembre de 2019, cuyo contenido en lo referente al punto 8º coincide con lo transcrito en la demanda de BRODO SA, no con el doc. nº 4 de este escrito rector, el no firmado.

(10).-Por lo tanto, el propio escrito de demanda de BRODO SA recogió y admitió que no se adoptó acuerdo social que expresase la voluntad soberana de esa sociedad para accionar por la nulidad del contrato de compraventa de participaciones sociales. Ello es lo que resulta de la copia del acta que sí aparece firmada, la aportada en la Audiencia Previa por la parte demandada. Estas circunstancias determinan que, para esta acción, única ya de esta segunda instancia, conste que no se adoptó acuerdo alguno ni en Junta de socios.

Pero en el documento del acta de la Junta de 5 de septiembre de 2019, aportado en aquella Audiencia Previa consta algo más. Allí se refleja, en su acuerdo 6º, que se cesó a los anteriores miembros del Consejo de administración, incluido su presidente, Íñigo, y se nombró a otros consejeros, Adela, Coral y Carlos Alberto. En correlación con ello, resulta que el poder de postulación a favor del procurador de BRODO SA fue firmado por Adela, en su condición de Consejera delegada de esa sociedad, el día 4 de febrero de 2020. Bajo tal condición debe presumirse que actúa en nombre de ese órgano de administración, a fin de ejecutar decisiones adoptadas en él.

Como se comprueba en el presente supuesto, es una decisión del órgano de administración de BRODO SA la que contiene la voluntad de demandar, justamente en ejercicio de la representación orgánica que por ley le corresponde. No existe pues problema alguno en cuanto a la legitimación respecto de la única acción que ya resulta objeto de esta segunda instancia, la de nulidad de contratos celebrados por la sociedad con infracción del deber de lealtad del administrador social.

Motivo segundo: justificación del contrato de compraventa de participaciones.

Formulación del motivo.

(11).-A lo largo de varios apartados separados y numerados, el recurso de Íñigo expone lo que son argumentos que giran sobre una misma cuestión, la necesidad y conveniencia del contrato de compraventa de participaciones aquí atacado. Por ello, el tribunal analizará toda esa argumentación bajo el prisma de un único motivo de recurso, aun respetando siempre la integridad alegatoria del escrito de apelación.

Así, señala que la intención manifiesta del contrato de compraventa era reducir el riesgo de exposición en el que BRODO SA incurría por su excesiva vinculación a las sociedades industriales del grupo, Díaz y Compañía SA y Marcas Viales SA, las que atravesaban una coyuntura de grave dificultad económica, como todos los socios de BRODO SA conocían. Por ello, sigue el recurso, era necesario proteger el patrimonio social por medio de reducir los porcentajes de participación en esas dos sociedades industriales, las que incluso ya habían tenido que acudir a Eres laborales y sufrían distintas ejecuciones judiciales. Consta, invoca, que en marzo de 2019 se adoptaron acuerdos tanto en Díez y Compañía SA como en Marcas Viales SA para que éstas adquiriesen las acciones representativas de sus capitales sociales de las que era titular BRODO SA y, una vez adquiridas, las amortizasen con reducción de capital, lo que fue incluso aprobado en sus Juntas con asistencia de los mismos socios que se integran en la sociedad aquí demandante. Por ello, la acción ahora entablada va contra la doctrina de los actos propios, señala. En cualquier caso, concluye el recurso, existiría una dispensa tácita de los socios para que el administrador demandado realizase dicha operación conveniente y necesaria para el interés social.

Valoración del tribunal.

(12).-La operación aquí atacada de nulidad por infracción del deber de lealtad del administrador social consistió, como fija la Sentencia apelada, en dos contratos de compraventa fechados el día 13 de junio de 2019, por los cuales Íñigo compra a título personal de BRODO SA, parte vendedora, acciones representativas del capital social de Marcas Viales SA por una suma de 305.566€ y del capital de Díez Y Compañía SA por 40.088€, que eran propiedad de aquella compañía. En tales contratos, por la citada parte vendedora actuó Mónica, hija del administrador comprador y apoderada de la cía. vendedora. El precio de las acciones adquiridas fue fijado con referencia a un informe elaborado el día 1 de febrero de 2019, tomando para ello los valores fiscales mínimos, emitido por el auditor para el proyecto de venta de esas acciones por la sociedad a las compañías industriales cuyo capital representaban y su posterior amortización por reducción de capital en las propias Díez Y Compañía SA y Marcas Viales SA. Ya se ha señalado antes que Íñigo, al tiempo de celebración de esos contratos, era presidente del Consejo de administración de BRODO SA.

Aquel precio total, 345.655€ fue abonado por Íñigo el mismo día 13 de junio de 2019, sin perjuicio de que el día 31 de julio de 2019, por ese mismo administrador se retirase de la cuenta de la sociedad la cantidad de 385.000€, en concepto de devolución anticipada de préstamo efectuado a la propia BRODO SA.

(13).-El deber de lealtad se configura como uno de los dos deberes fiduciarios generales, junto con el de diligencia, que rigen la función orgánica del administrador social sobre la gestión y control de la sociedad, su patrimonio y sus intereses. Dicho deber de lealtad supone la imposición de modelo de conducta, un canon de comportamiento, por el cual el administrador social ha de velar y anteponer, en toda su actuación como tal, el interés de la sociedad al suyo propio o al de terceros. Esta es la guía que ha de reglar su actuación, de manera que el administrador postergue la tutela de cuales quiera otros intereses distintos al propio de la sociedad, en todas sus gestiones, decisiones y actuaciones. Así, el art. 227.1 TRLSC dispone que "los administradores deberán desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad".

Conforme a esa comprensión del deber de lealtad y los cánones jurídicos empleados para su descripción, fiel representante y buena fe, esa imposición se erige en una verdadera norma general que recoge una cláusula de cierre para examinar la actuación del administrador y proscribir cualquier comportamiento de éste donde se haya postergado el interés de la sociedad frente al particular del administrador o de terceros. Esa cláusula normativa operará en todo caso, de manera abierta y sin perjuicio de tipificaciones de comportamientos específicos que se realizan en el art. 228 TRLSC para determinados conflictos de intereses.

En cuanto a la señalada tipificación en el art. 228 TRLSC, solo recoge algunos de los deberes concretos inherentes a aquella imposición, no de modo taxativo, por tanto, sino solamente como algunas de las manifestaciones básicas de aquel mandato, a título ejemplificativo. Se refiere de deberes de proscripción de desvío de facultades, de guardar secreto, de abstención y de evitación de situaciones de conflicto de intereses. No obstante la enumeración abierta del precepto, cuando la imputación de la infracción del deber de lealtad se refiere a hechos subsumibles en alguno de los supuestos recogidos en el citado precepto, el examen de ese comportamiento deberá partir de los rasgos y criterios ahí indicados para la clase de comportamiento de que se trate.

En concreto, para el caso de Íñigo, aquí se le imputa haber incurrido en conflicto de intereses al realizar una transacción con BRODO SA sin haber obtenido la dispensa para ello, arts. 228.e) y 229.1.a) TRLSC. Conforme a la normación que de esos preceptos resulta, se presume la existencia de una situación de conflicto de intereses cuando el administrador realiza una transacción con la sociedad administrada, tal cual ha ocurrido en este caso, lo que constituye una infracción del deber de lealtad, frente a lo cual cabe ejercitar las acciones del art. 232 TRLSC, en concreto, la de anulación de la transacción de que se trate, dada la infracción de esas normas imperativas.

(14).-Para tratar de escapar de esa conclusión, el recurso de Íñigo sostiene ahora que no existía tal conflicto, pese a su determinación legal, porque el interés de BRODO SA pasaba por desprenderse de las acciones de su propiedad, las representativas del capital social de Díez y Compañía SA y de Marcas Viales SA, para evitar el riesgo de contagio en sus dificultades económicas.

El problema para ese planteamiento no está en ni en la conveniencia para BRODO SA de desprenderse de dichas acciones de su propiedad ni en la decisión de hacerlo, sino en la forma elegida para ejecutarlo. Puede darse por buena la afirmación de que Díez y Compañía SA, especialmente, pasaba por una situación de grave crisis económica. La cuestión es la forma en la que la operación se lleva a cabo. Esa forma, seleccionada precisamente por la voluntad de su administrador, consiste en vendérselas a él mismo, con exclusión de cualquier otra manera de enajenarlas, ya fueran vendidas a cualesquiera sujetos distintos de ese administrador o vinculados a él, o venderlas a las propias sociedades de cuyo capital social eran títulos, para su amortización previa reducción de capital, que era justamente la operación proyectada por los socios comunes a todas esas compañías. Por lo tanto, ni la situación económica de aquellas sociedades ni la conveniencia de BRODO SA de reducir su exposición a ese riesgo es causa justificativa de la infracción del deber de lealtad de Íñigo, en su faceta de abstenerse de realizar transacciones con la propia sociedad, como manifestaciones ex legede conflicto de intereses.

(15).-Finalmente sostiene el escrito de apelación de Íñigo que debe considerarse que existe aquí una dispensa tácita o presunta para realizar la operación, ya que los socios conocían la conveniencia y necesidad de BRODO SA de reducir su vinculación con las dos sociedades industriales y estaban conformes en desprenderse de las acciones que eran de su titularidad, como de hecho demuestra, indica, que en las Juntas de socios de Díez y Compañía SA y Marcas Viales SA se aprobase la adquisición de sus acciones propias de las que era dueña aquella compañía, para luego amortizarlas.

La formulación misma del recurso choca ya con la regulación legal de la dispensa para transacciones del administrador con la sociedad. Aun cuando el recurso invoca sentencias de Audiencias Provinciales que se refieren al régimen legal anterior, actualmente resulta muy difícilmente admisible la figura de la dispensa tácita, no confundir con presunta, ya que no es lo mismo. Así, el art. 230.2 TRLSC permite la dispensa para "casos singulares",sobre "determinadas transacción con la sociedad",lo que exige una precisión de contenido en la autorización que es ya muy difícilmente compatible con un consentimiento tácito. Máxime cuando la regla de la prohibición de las actuaciones que caigan bajo infracciones del deber de lealtad por conflicto de intereses es absolutamente imperativa, art. 230.1 TRLSC, no restringible siquiera por cláusulas estatutarias. Además, se exige bien un acuerdo en Junta de socios, bien una decisión del órgano de administración que valore una serie de circunstancias concretas, lo que, de nuevo, cuesta cobijar bajo una mera autorización tácita.

Otra cosa distinta sería afirmar que la acción de nulidad o responsabilidad pudiera ejercitarse con abuso de buena fe si, según las circunstancias de un supuesto determinado, se revelase una tolerancia de los socios a esa transacción, cuando luego vengan en el litigio contra tal tolerancia. Pero ello tampoco es reconocible en el caso de Íñigo, ni por la invocada en el recurso doctrina de los actos propios, ya que no puede confundirse, como se hace en la alegación, que los socios estuvieran de acuerdo en la operación de venta de las acciones que eran de BRODO SA a las sociedades cuyo capital representaban para su posterior amortización mediante reducción de capital en éstas, con el consentimiento o beneplácito en que el administrador comprase a título personal un paquete de aquellas acciones. La operación es radicalmente diferente a lo consentido por lo socios.

No se trata, tal cual afirma el recurso, de que exista o no causa torpe en los contratos celebrados. No se está aquí ante un problema sobre ineficacia de los contratos por causas civiles intrínsecas de validez del negocio jurídico celebrado, arts. 1.254 CC y ss., sino ante una acción específica de nulidad por causas exógenas a los elementos contractuales típicos, consentimiento, objeto y causa, basada en infracción de deberes de lealtad de administradores sociales, que contempla la existencia de conflicto de intereses en la celebración del contrato y establece, como efecto, su nulidad contractual.

II.- Recurso de apelación formulado por Mónica.

Motivo único: costas de primera instancia sobre la codemandada absuelta.

Exposición del motivo.

(16).-Por Mónica se presenta recurso únicamente frente a la decisión de las costas de la primera instancia, que no fueron impuestas a ninguna de las partes litigantes por considerar el Juez a quoque se estaba ante una estimación solo parcial de la demanda, lo que afectaba a todos los demandados. Frente a ello, esta recurrente considera que, al habérsele absuelto de toda pretensión contra ella deducida, debe imperar un criterio de delimitación personal en la imposición de costas procesales.

Valoración del tribunal.

(17).-Es criterio de este tribunal que el análisis sobre si la demanda resulta total o parcialmente estimada, a los efectos de aplicar las reglas de imposición de costas procesales recogidas en el art. 394 LEC, debe hacerse con distinción subjetiva de la suerte que haya corrido cada uno de los sujetos demandados. No se admite, por tanto, un juicio global sobre el acogimiento de la demanda en su aspecto objetivo, para generalizar a todos los sujetos intervinientes una única decisión sobre las costas.

De tal manera, aun cuando la acción o demanda fuera única para todos los demandados, si algunos de ellos resultan absueltos, las costas generadas a éstos deberán ser impuestas a la parte actora. Respecto de los demás codemandados condenados, habrá de determinarse si se ha acogido total o solo parcialmente las pretensiones contra ellos dirigidas, para decidir sobre la imposición de costas o no a dichos condenados. Todo lo ello, sin perjuicio de las cuestiones que pueda plantear la posterior tasación de dichas costas en cuanto a la discriminación de los gastos imputables a cada sujeto, lo que pertenece ya a un trámite diferente del de la decisión sobre la imposición de costas procesales.

III.- Comunes a ambos recursos.

Costas procesales de segunda instancia.

(18).-Dispone el art. 398 LEC, en cuanto al criterio legal sobre imposición de costas en los recursos, que para el supuesto de acogimiento del recurso de que se trate, aún parcial, no deberá realizarse condena en costas, y en cambio, cuando se proceda a desestimar en todo el recurso, las costas serán impuestas a la parte recurrente, por remisión al principio del vencimiento objetivo procesal. Por tanto, y de acuerdo con ello, procederá imponer costas del recurso de apelación desestimado, el de Íñigo, a esa parte recurrente. En cuanto a las costas de esta segunda instancia que resulten vinculables al recurso de Mónica, estimada, no procederá condena a su pago a ninguna de las partes litigantes.

En virtud de las razones expuestas, de las pruebas analizadas y de los preceptos citados se dicta el siguiente