Sentencia Civil 619/2024 Audiencia Provincial Civil de Castellón/Castelló nº 3, Rec. 372/2022 de 15 de noviembre del 2024

PRIMERO.-La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil ha estimado, en los términos reproducidos en el antecedente de hecho primero de la presente resolución, la demanda interpuesta en representación de PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, frente a GALADTRANS 2009, S.L.

En dicha demanda, la actora, en cuanto aseguradora de un cargador (CECOTEC), ejercitaba acción ex artículo 43 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, frente a la entidad demandada, transportista. En esencia, la demandante alegaba haber indemnizado a su asegurado como consecuencia de una pérdida de mercancía acaecida en noviembre de 2019 en el desarrollo de una contratación con la demandada para el transporte

por carretera de dos partidas de electrodomésticos (robot aspiradora Conga) que habían de ser llevadas desde Sollana (Valencia) hasta instalaciones de Centros Comerciales CARREFOUR en Alovera (Guadalajara).

La Sentencia de primera instancia señala al respecto que "una tercera persona desconocida",haciéndose pasar por transportista de una empresa extranjera y con finalidad de apropiarse de la mercancía, "logró ser subcontratado"por la demandada.

Y resulta de las actuaciones, siendo admitido por ambas partes, que las partidas fueron cargadas, pero nunca fueron entregadas en destino, sin que se conozca el paradero de las mismas ni del conductor.

Ante la íntegra estimación de la demanda en primera instancia, la entidad demandada interpone recurso de apelación, solicitando de esta Audiencia el dictado de resolución en cuya virtud:

"estime el presente recurso y se revoque la resolución recurrida, declarando la ausencia de dolo de mi patrocinada y reduciendo la indemnización que debe pagar mi representada al importe de 68401,80 euros, o subsidiariamente y estableciendo una concurrencia de culpas del 50% de 114.249,14 euros".

títulos:

El escrito de interposición de recurso se estructura en tres motivos, con los siguientes

- "ERROR DE VALORACIÓN DE PRUEBA AL CONSIDERAR LA EXISTENCIA DE DOLO EVENTUAL EN LA CONDUCTA DE MI PATROCINDA Y ERROR DE DERECHO POR INAPLICACIÓN DE LA REGLA DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA."

- "ERROR DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y ERROR DE DERECHO PARA RESOLVER SOBRE EL OBJETO DE CONTROVERSIA RELATIVO A LA CUANTIFICACIÓN DEL VALOR DE LA MERCANCIA."

- "ERROR DE VALORACIÓN DE PRUEBA AL NO CONSIDERAR LA EXISTENCIA DE CONCURRENCIA DE CULPA POR PARTE DE CECOTEC EN LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO."

La entidad actora y apelada se opone al recurso, solicitando su desestimación y la confirmación de la resolución de primera instancia.

SEGUNDO.-A la vista de las cuestiones planteadas en apelación, debe precisarse inicialmente que en el juicio ordinario diseñado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en lo sucesivo, LEC) , los escritos de demanda y contestación (no ha existido en el presente proceso reconvención) definen el momento procesal en el que las partes no solo deben fijar lo pretendido, sino también alegar los concretos hechos y argumentos en que fundan su pretensión ( artículos 399, 405 y 412.1 de la LEC) .

Tras dichos escritos rectores del procedimiento, y salvo excepciones legalmente previstas, de concreto y limitado alcance (p. ej., artículo 426 de la LEC) , no cabe innovar hechos o argumentos, máxime si se pretenden relevantes, ni alterar términos del debate ( artículo 412 de la LEC) . En el presente caso, además, no se efectuaron alegaciones complementarias o aclaratorias ni se dedujeron pretensiones complementarias en momento oportuno de la audiencia previa (min. 00:20 a 00:30 de su grabación).

A partir de ello, es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha advertido, en relación con todo tipo de procedimientos civiles, que no cabe introducir extemporáneamente hechos o argumentos al margen de los iniciales escritos alegatorios (v. gr., Sentencia n.º 146/2011, de 9 de marzo, de la Sala Primera del Tribunal Supremo; igualmente, con fundamento en la interdicción de la indefensión y en el respeto al principio de preclusión procesal, Sentencias de la Sala Primera n.º 803/2000, de 31 de julio, o n.º 511/2000, de 23 de mayo, esta con cita de numerosas otras).

En conexión con dichas exigencias procesales, toda prueba ha de referirse a los hechos que, debidamente alegados en momento procesal oportuno (demanda, contestación y, en su caso, trámite del artículo 426 de la LEC) , sean objeto de controversia ( artículo 281.1 de la LEC) . No es la prueba, por tanto, una vía procesal apta para introducir nuevos elementos fácticos no alegados. Como ha advertido la Sala Primera del Tribunal Supremo, "las pruebas

sirven para justificar los hechos objeto de las alegaciones, pero no pueden sustituir a tales alegaciones, por lo que carecen de trascendencia las pruebas que versen sobre hechos que no han sido adecuadamente alegados"( Sentencia n.º 59/2014, de 24 de febrero, fundamento tercero). En definitiva, "[l]a prueba practicada en la primera instancia está destinada a acreditar los hechos alegados por las partes sobre los que no exista conformidad y que sean relevantes para resolver la cuestión controvertida, pero no para introducir hechos no alegados oportunamente ni para modificar el sustrato fáctico de la acción"( Sentencia n.º 25/2010, de 5 de febrero, de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid).

Y las conclusiones del juicio no permiten tampoco modificar el objeto procesal y de debate que debió quedar definitivamente fijado en la audiencia previa, ni innovar alegaciones fácticas o argumentos jurídicos, tal y como resulta del propio tenor de los artículos 412 y 433 de la LEC.

Con mayor razón, finalmente, cuestiones no planteadas debida y oportunamente en los momentos aptos de primera instancia (demanda, contestación y, dentro de sus límites, audiencia previa) no pueden introducirse "ex novo"en la segunda, pues deben respetarse en el recurso de apelación los fundamentos de hecho y de derecho que se hicieron valer, en debido tiempo y forma, ante el tribunal de primera instancia ( artículo 456.1 de la LEC; reglas "ut lite pendente nihil innovetur", "pendente apellatione nihil innovetur").

TERCERO.-Sentado lo anterior, advertimos que, en el escrito de contestación a la demanda, la parte ahora apelante, tras solicitar con carácter principal la desestimación íntegra de lo pedido de contrario, efectuaba una solicitud subsidiaria (apartado 2 del suplico de la contestación, pág. 35):

"estimar parcialmente la demanda, condenando a GALADTRANS al pago de la cantidad consistente en el límite de responsabilidad legal del transportista (68.401,97

€) moderada a la baja por SSº a través de la aplicación del principio de equidad".

Esta solicitud se conectaba con la argumentación efectuada en las págs. 32, in fine,y 33, del propio escrito de contestación, con expresa invocación de concurrencia de culpas, equidad y moderación.

A continuación, existía en el suplico de la contestación una tercera petición, subsidiaria respecto de la anterior, y conectada con la aplicación del límite de responsabilidad (apartado 3 del suplico, en relación con págs. 33, in fine,y 34, ab initio,del propio escrito), solicitud que se deducía para el caso de apreciación de responsabilidad exclusiva de la demandada pero sin concurrencia de dolo.

En el recurso de apelación, sin embargo, y una vez abandonada la solicitud de desestimación de la demanda, se altera el orden de las subsidiarias, atribuyendo carácter principal entre ellas a la solicitud de aplicación del límite de responsabilidad por no apreciación de dolo y posponiendo al último lugar la solicitud fundada en concurrencia de culpa que, a mayor abundamiento, y sin que así se hubiera pedido en la contestación, se aquilata en un 50% y se cuantifica de forma distinta a la señalada en el escrito alegatorio de primera instancia.

CUARTO.-Al margen de lo expuesto, indiciario de un inadecuado planteamiento del recurso a los efectos del artículo 456.1 de la LEC, apreciamos que el motivo primero de apelación pretende introducir diversos elementos no alegados en momento oportuno, y ello pese a la relativa extensión del escrito de contestación a la demanda.

Nada se argumentó en aquel escrito sobre circunstancias que ahora se pretenden relevantes referidas a que fuera la primera vez en que a la entidad demandada le ocurre una incidencia parecida o a que el protocolo seguido en la homologación del transportista fuera el que se había venido siguiendo durante doce años y más de quinientos cincuenta mil viajes.

Tampoco se alegó ocultación de información por parte del cargador sobre el valor. La única referencia de la contestación a la declaración de valor (pág. 31) era para aducir que no existía tal declaración en el sentido que prevé la Ley de Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías (Ley 15/2009, de 11 de noviembre, en adelante LCTTM). Por tanto, solo se señalaba que, a efectos del artículo 57 de la LCTTM, no concurría supuesto del artículo 61.1 de la propia Ley -supuesto en todo caso no invocado en la demanda-. No ha de desconocerse, además, que la declaración de valor es facultativa para el cargador (en este sentido, Sentencia n.º 107/2021, de 12 de marzo, de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, fundamento tercero, apartado 16, que precisa además que su ausencia no implica para el cargador el incumplimiento de obligación contractual alguna). Y, a mayor abundamiento, la

resolución judicial que invoca en este punto el recurso ( Sentencia n.º 418/2010, de 2 de diciembre, de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona) alude a un supuesto ciertamente insólito, relativo a diamantes transportados por medios ordinarios, señalando la propia resolución su carácter excepcional e inusual. No puede razonablemente pretenderse una extensión de sus valoraciones a un caso en que, por razón del cargador (CECOTEC) y del destinatario (CARREFOUR), no puede considerarse en modo alguno imprevisible que el objeto a transportar fueran electrodomésticos.

Por lo demás, y en lo que propiamente atañe a la valoración de la prueba, hemos de partir de que el escrito de interposición de recurso no llega a imputar la infracción de ninguna norma reguladora de dicha valoración, cuya disciplina legal no es siquiera mencionada.

Aparte de ello, no puede compartirse el cuestionamiento que se efectúa en el escrito de apelación de la valoración de la testifical de don Iván, que es trabajador de la apelante, fue propuesto por la misma y fue preguntado por la propia parte, entre otros aspectos, sobre la comprobación de la documentación (min. 45:35 y siguientes de la primera pista de video del juicio). Nada obstaba a que la parte hubiera propuesto la declaración de algún integrante del departamento de calidad aludido en el recurso si lo consideraba más útil. El testigo ciertamente declaró que en la época aquí relevante estaban en campaña (en particular, min. 51:30 y siguientes del primer vídeo), deduciéndose de su declaración un momento de alto volumen de trabajo y necesidad de contratar más subcontratistas, no recordando la documentación que se exigió en el caso concreto (min. 52:58 a 53:03 y 53:25 a 53:30 del primer vídeo).

La resolución de instancia valora además las circunstancias del correo electrónico con el que el supuesto transportista efectivo se presentó a la demandada. Estas habían sido ya advertidas en la demanda y no cuestionadas de forma expresa en la contestación, revelándose del todo inadecuado manifestar en el recurso que su valoración "supone un profundo desconocimiento del sector logístico a nivel internacional".Sin perjuicio de que un menosprecio a los conocimientos del juzgador difícilmente puede reputarse argumento aceptable (p. ej., Sentencia de esta Sección n.º 164/2024, de 25 de marzo), en el propio informe aportado por la entidad demandada y apelante (documento n.º 2 de su contestación, págs. 20, in fine,y 94), se considera que el defectuoso inglés en las comunicaciones debería haber llamado la atención de los empleados de la demandada (identificada en dicho informe

como mercantil asegurada). La apelante pretende además hacer valer en este punto meras y parciales apreciaciones que no fueron oportunamente alegadas ni podrían considerarse cabalmente acreditadas (p. ej., "es muy frecuente que los trabajadores de empresas logísticas cuya función es encontrar cargas o transportes provengan de diversas nacionalidades (polacos, húngaros, italianos, etc.) cuyo conocimiento del inglés no es sobresaliente"o "el uso de una cuenta de Gmail en el sector logístico es mucho más frecuente que en otros sectores").Proyectadas al caso de autos, tales aseveraciones entran en pugna con directrices de la lógica humana, al no revelarse razonablemente esperable que, en un mercado profesionalizado y competitivo, sea habitual u ordinario que una empresa multinacional dedicada a logística y transporte se presente a través de correos electrónicos no procedentes de una cuenta corporativa y con defectuosa expresión en inglés. En esta tesitura, la acreditación de la normalidad de dicha circunstancia en el mercado exigiría una cumplida prueba que no concurre en el caso de autos, máxime ante lo que ya señala el propio informe adjuntado a la contestación, en los términos antes indicados.

No puede obviarse, por otro lado, que la empresa demandada y apelante tampoco ha justificado debidamente haber realizado ninguna actividad de mínima revisión o comprobación del certificado de seguro y la licencia de transporte que después le fueron remitidos por el subcontratista. Y ello pese a la facilidad y disponibilidad probatoria que puede deducirse de las propias alegaciones del recurso (págs. 5 y 8), en cuanto se alude a la existencia del referido departamento de calidad.

En suma, el cargador contrató el transporte con una empresa, como la demandada, dedicada de forma profesional y habitual a dicha actividad, y que la Sentencia de instancia califica de reconocida solvencia en el sector, extremo este que no ha sido cuestionado por el recurso. Pero dicha entidad transportista, actuando en el ámbito de su incumbencia y responsabilidad, eligió para realizar materialmente el transporte, con objetiva dejación de cualquier labor de mínima comprobación, a un pretendido porteador efectivo que, a la postre, se apropiaría de la carga, la cual no consta que haya sido recuperada. Fue la entidad demandada la que facilitó al fingido porteador el número de cita para realizar la carga, sin que se revele oponible por el transportista al cargador una supuesta obligación de apreciar anomalías que ella misma, profesional del transporte, palmariamente obvió, y ello máxime cuando en la propia contestación a la demanda se llega a afirmar incluso, en cierta

contradicción con lo pretendido, que en el momento en que CECOTEC entregó la carga al delincuente la apariencia de la operativa era razonablemente regular (pág. 26).

Finalmente, y en lo que atañe al dolo, el recurso confunde su concepto a los efectos aquí oportunos ( artículo 62 de la LCTTM), con referencias a su noción en el ámbito de los vicios del consentimiento ( artículo 1269 del Código Civil, págs. 7, in fine,y 8 del recurso). Basta en este sentido remitir a la consolidada doctrina de la Sala Primera al respecto (en particular, Sentencias n.º 382/2015, de 9 de julio, y n.º 399/2015, de 10 de julio). En síntesis, y en lo que atañe a la noción o significado del dolo como desencadenante de la excepción respecto de los límites indemnizatorios inicialmente previstos por la LCTTM, ha señalado el Alto Tribunal que "la formulación alternativa al dolo que introduce el artículo 62 LCTTM [...] responde a una clara finalidad de objetivar la significación usual del dolo como comportamiento consciente e intencionado de perjudicar a otro. De forma que el concepto de dolo se abre o resulta comprensivo del daño ocasionado como consecuencia lógica o necesaria de la infracción de un deber jurídico conscientemente cometido por el deudor, sin necesidad de "animus" o intención de perjudicar (dolo eventual)".

Lo hasta ahora expuesto determinaría la desestimación del primer motivo de recurso, tal y como ha sido formulado.

QUINTO.-Por lo que respecta al segundo motivo de recurso, consideramos que el valor a tomar en consideración es aquel en que el cargador vendía la mercancía a su destinatario ( artículos 52 y 55 de la LCTTM).

En este punto la argumentación del recurso desborda nuevamente los concretos términos en que la cuestión fue planteada en los momentos oportunos de primera instancia, en particular en lo que respecta a las facturas anexadas bajo número 9 en los informes que obran como documentos n.º 5 y 6 de la demanda. Tales facturas eran expresamente aludidas en la contestación (pág. 8, in fine),examinadas e incluso una de ellas reproducida (págs. 15 y 16), sin específica impugnación de las mismas ni en la propia contestación ni en la audiencia previa (min. 03:48 y siguientes). No puede por ello pretenderse introducir en apelación (v. gr., Sentencia de esta Sección n.º 261/2024, de 10 de mayo) una circunstancia tan relevante como la afirmación de haber sido elaboradas "ex profeso"para preconstituir prueba. En cualquier caso, las declaraciones en juicio del testigo don Elias, controller financiero de

CECOTEC, son suficientemente explicativas de la operativa seguida (en particular, en relación con las facturas de abono, min. 30:40 a 30:55, 36:50 a 37:20 y 39:55 a 40:10 del primer vídeo).

Asimismo, la argumentación del recurso, puesta en relación con lo que la propia parte alegó en su contestación, evidencia cierta incoherencia, dado que en la contestación se negaba expresamente que cuando la mercancía salió de las instalaciones de CECOTEC fuera propiedad de ésta (pág. 16), y en apelación se hace valer que no era propiedad de CARREFOUR hasta que llegara a su almacén.

En cualquier caso, y sin soslayar las contradicciones en la postura de la demandada y apelante, lo relevante a los presentes efectos, y que el recurso omite, es que la perfección del contrato de compraventa no exige la entrega de la mercancía al comprador ( artículo 50 del Código de Comercio en relación con artículo 1450 del Código Civil) , no debiendo confundirse la existencia y obligatoriedad del contrato con la efectiva transmisión de la propiedad (arg. ex artículo 609, párrafo II in fine, y artículo 1095, ambos del Código Civil) , como parece pretender la pág. 11 del recurso y el primer párrafo de la pág. 12.

Y la presunción legal ex artículo 55 de la LCTTM habría de vincularse, como se ha señalado, al precio de la venta de CECOTEC a CARREFOUR, suficientemente justificado por las facturas.

No se considera por otra parte razonable la opción por la que se decantaba la apelante en su contestación, basada en una mera multiplicación del precio en que CECOTEC habría pagado a su proveedor en China por cada unidad. Ello no constituye, con arreglo a elementales criterios lógicos y de experiencia, el precio de mercado en el momento y lugar relevantes a los presentes efectos.

Tampoco es significativa la referencia a precios de venta al público de productos del mismo modelo en la web de CARREFOUR, principalmente al ignorarse su momento y circunstancias. El recurso se remite a las págs. 48 y 49 del informe de la parte actora (pág. 18 del recurso en relación con las indicadas páginas del documento n.º 5 de la demanda). El autor de dicho informe, don Leonardo, en su declaración en juicio (en particular, min. 32:35 a 33:35 del segundo vídeo), no pudo precisar la fecha de la consulta de la web,

advirtiendo además el carácter muy variable del precio, circunstancia esta última coherente con el pantallazo de la pág. 49 del informe, del que se deduce la existencia en el precio de venta al público de una rebaja, promoción o descuento. Y si se pretendiera que dicho precio pudiera constituir un indicio contrario a la presunción legal, no podría dejar de observarse su enervación por otros, principalmente cuando en la propia denuncia por comparecencia efectuada en representación de la demandada GALADTRANS 2009, S.L., ante la Guardia Civil (documento n.º 4 de la demanda), se afirmaba por el declarante (don Iván) que el valor podía alcanzar los 750.000 euros.

SEXTO.-Finalmente, y en cuanto al tercer motivo de recurso, debemos inicialmente remitirnos a lo ya indicado en el fundamento de derecho tercero sobre la alteración de lo pretendido en la instancia.

Asimismo, y toda vez que la parte se remite a su primer motivo de oposición, reiteramos lo ya argumentado al respecto, siendo aquel motivo inoperante en orden a la revocación de la resolución apelada.

Advertimos, por lo demás, que el planteamiento de la contestación a la demanda a conectar con la petición que ahora examinamos incurría en una conmixtión de conceptos, con simultánea invocación de concurrencia de culpas, equidad -con cita del artículo 3.2 del Código Civil- y moderación -con alusión al artículo 1154 del propio Código-.

Subyacía a dicha argumentación de la parte, además de la indicada confusión de conceptos, cierta postergación u olvido de que su responsabilidad frente a CECOTEC es contractual y está sometida a un específico régimen (LCTTM).

Habiéndose apreciado pérdida del beneficio de limitación con base en el artículo 62 de la LCTTM (dolo) se manifiesta de difícil admisión una argumentación fundada en equidad, moderación o concurrencia de culpas con la otra parte contratante.

No es dable, en particular, que en apelación se pretenda una modificación de los términos jurídicos de la controversia, con alusiones a los artículos 20 o 23 de la LCCTM, que no fueron objeto de oportuna argumentación en la contestación, o a la Orden FOM/2861/2012, de 13 de diciembre, asimismo de novedosa invocación, resultando en

cualquier caso de ella que precisamente el sujeto obligado era la demandada y apelante, por cuanto ella es la que como transportista o agente entabla la relación con el porteador efectivo y, a efectos de dicha normativa, ocupa la posición de "cargador contractual"tal y como se define en su artículo 4.b.

Y si acudimos al único fundamento normativo invocado en el recurso que figuraba en la contestación (pág. 17 del escrito de apelación, a conectar con nota al pie de la página 33 de la contestación), apreciamos la falta de sustento jurídico de lo pretendido. El invocado apartado 2 del artículo 49 de la LCTTM debe ponerse en conexión con el apartado 1 del propio precepto, operando si se reputase justificado que, atendidas las circunstancias del caso concreto, una pérdida o avería ha podido resultar verosímilmente, pero no de forma total, de alguno de los riesgos del apartado 1. Mas no ha sido esta la argumentación de la demandada y apelante, que en ningún momento de su contestación invocó propiamente la concurrencia del artículo 49.1, no pudiendo obviarse que, en el presente ámbito, le incumbe la alegación y prueba (v. gr., en relación con el régimen análogo del artículo 17 de la Convención CMR, Sentencia de esta Sección con n.º 214/2023, de 19 de mayo, fundamento cuarto).

SÉPTIMO.-Con base en lo razonado, se impone la desestimación del recurso, tal y como ha sido planteado.

Las costas de apelación han de imponerse a la parte recurrente ( artículo 398.1, en relación con artículo 394.1, ambos de la LEC) .

Y ha de disponerse la pérdida del depósito constituido para recurrir, acordando que se dé al mismo su legal destino ( apartado 9 de la disposición adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).

En consecuencia, pronunciamos el siguiente