Sentencia Civil 218/2025 Audiencia Provincial Civil de Valladolid nº 3, Rec. 651/2024 de 02 de mayo del 2025

PRIMERO.- Planteamiento y antecedentes.La Comunidad de Propietarios el DIRECCION000 interpuso demanda de juicio monitorio contra doña Marina y la herencia yacente e ignorados herederos de don Jose Francisco, en reclamación de 10.296,41 € adeudados en concepto de gastos de comunidad vencidos, reclamados y no satisfechos, más 53,18 € de los gastos efectuados para los requerimientos de pago.

Se indicaba que la señora Marina era titular del local comercial sito en la DIRECCION001 de la Comunidad demandante, habiendo dejado de abonar las cuotas correspondientes a los meses comprendidos entre mayo de 2019 y septiembre de 2021, con un importe total de 10.296,41 €, aprobándose la deuda en junta de 22 de octubre de 2021, en la que se acordó proceder judicialmente contra ella. En la comunicación previa remitida el 12 de noviembre de 2021 se hacía constar que la deuda acumulada ascendía a 24.496,35 €, de los cuales 14.199,94 € habían sido ya reclamados ante el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Valladolid, que había despachado ejecución por el citado importe, quedando pendiente la cantidad de 10.296,41 €, por la que se iba a promover el proceso monitorio.

Con posterioridad se presentó escrito ante el juzgado ampliando la reclamación frente al Banco de Santander, S.A., tras haber tomado conocimiento de que en octubre de 2021 esa entidad había adquirido la finca. Pese a ello, se desistió de la reclamación formulada al Banco de Santander, con el fin de iniciar una nueva reclamación judicial frente a esa entidad.

Doña Marina formuló oposición a la demanda de juicio monitorio, negando ser propietaria o titular registral de ese local comercial, que había sido objeto de ejecución hipotecaria por parte del Banco de Santander, S.A., a cuyo favor se había dictado decreto de adjudicación el 15 de octubre de 2021 por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Valladolid. Por tanto, en el momento de la celebración de la junta, el 22 de octubre de 2021, que es cuando se liquidó la deuda, ya no era la propietaria del inmueble, al igual que tampoco en los momentos posteriores.

Transf ormado el proceso monitorio en juicio ordinario, la Comunidad de Propietarios el DIRECCION000 interpuso demanda en reclamación de esas mismas sumas por considerar que la demandada era responsable del pago por los conceptos señalados en su demanda inicial de procedimiento monitorio.

Doña Marina contestó a la demanda interpuesta alegando la falta de legitimación pasiva, al no ser propietaria ni titular registral del inmueble del que se derivaban los gastos de comunidad adeudados a la parte demandante. En todo caso, el decreto de adjudicación, fechado el 15 de octubre de 2021, era anterior a la junta general, de 22 de octubre de 2021 y a la certificación de deuda de 17 de noviembre de ese mismo año. En segundo lugar, se entendía que existiría una falta de litisconsorcio pasivo necesario pues, cuando menos, parte de la deuda sería conjunta y solidariamente de la demandada y del Banco de Santander, S.A., quien debería ser traído al procedimiento.

En cualquier caso, se entendía que no estaba acreditada la deuda y su origen, alegando la prescripción, así como la falta de notificación del procedimiento al demandado y la falta de motivación del acuerdo de 22 de octubre de 2021, por todo lo cual se interesó la desestimación de la demanda interpuesta.

El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Valladolid dictó sentencia el 17 de octubre de 2024 en el procedimiento ordinario 1331/2022 en la que se desestimó la demanda interpuesta, condenando en costas a la parte actora.

SEGUNDO.- Recurso de apelación.La Comunidad de Propietarios el DIRECCION000 interpuso recurso de apelación contra esa sentencia alegando, en primer lugar, la vulneración de normas o garantías procesales, al no haberse resuelto en primera instancia y durante la audiencia previa la excepción de falta de legitimación pasiva, así como de los artículos 405 y 416, al haberse analizado la cuestión de fondo, pese a apreciar la falta de litisconsorcio pasivo necesario. Además, se oponían a la falta de legitimación pasiva alegada, al ser la parte demandada deudora personal de la suma reclamada.

En segundo lugar, se entendía que incurría en error la sentencia al desestimarse la demanda, pese a haberse estimado la excepción prevista en el artículo 416.1 LEC. Por todo ello, se interesó la revocación de la resolución dictada en primera instancia y la íntegra estimación de su demanda.

Admitido a trámite el recurso de apelación interpuesto, se dio traslado del mismo a la parte apelada, que dentro del plazo concedido presentó escrito de alegaciones en el que interesó la confirmación de la resolución dictada en primera instancia.

TERCERO.- Hechos acreditados en la presente litis.Con carácter previo a analizar los distintos motivos de recurso que han sido formulados, resulta conveniente aclarar cuál ha sido la sucesión de hechos en el presente caso, y muy particular, las reclamaciones judiciales por deudas y las transmisiones efectuadas en el marco de lo reflejado en todos los procedimientos judiciales existentes entre las partes.

Primero.El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Valladolid tramitó procedimiento de ejecución hipotecaria sobre el inmueble objeto de la presente litis, en el que se dictó decreto de adjudicación a favor del Banco de Santander, S.A. por la suma de 171.066,60 € el día 15 de octubre de 2021, procediendo seguidamente a la inscripción de ese título en el Registro de la Propiedad. Por tanto, desde esa fecha el banco se convirtió en titular registral, si bien procedió posteriormente a la transmisión a favor de un tercero, tal y como quedó reflejado en una nota simple aportada con posterioridad en el procedimiento.

Segundo.La Comunidad de Propietarios demandante inició un primer procedimiento judicial ante el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Valladolid (ETJ 272/2020), en reclamación de 14.199,94 €, procedimiento que continuaba su tramitación en fase de ejecución por sumas correspondientes a cantidades anteriores al mes de mayo de 2019.

Tercero.El procedimiento monitorio del que deriva este juicio ordinario tenía por objeto la reclamación de cuotas correspondientes a periodo comprendido entre mayo de 2019 y septiembre de 2021, por un importe total de 10.296,41 €. La aprobación de la deuda en la junta de 25 de octubre de 2021 lo fue por el total del saldo pendiente a esa fecha (24.496,35 €), de la que debían restarse los 14.199,94 € por los que ya se había despachado ejecución en el procedimiento anterior.

Cuarto.Tras tomar conocimiento durante la tramitación de este procedimiento de que el Banco de Santander, S.A. había adquirido el inmueble, se solicitó la ampliación de la demanda contra esa entidad, si bien se desistió posteriormente con la finalidad de iniciar un nuevo procedimiento judicial en el que se le reclamasen todas las deudas frente a la Comunidad a 2 de junio de 2023, teniendo en cuenta que existía una afección real por las tres anualidades anteriores, lo que totalizaba 20.957,77 €. Ese nuevo procedimiento judicial iniciado frente al Banco de Santander incluía, por tanto, reclamaciones como titular registral de la finca, integradas en la suma reclamada dentro de este procedimiento judicial.

CUARTO.- Infracción procesal.Se fundamenta este primer motivo de recurso en que no se había resuelto durante la audiencia previa la falta de legitimación pasiva, entrando a analizar la sentencia el litisconsorcio pasivo necesario, vulnerando lo dispuesto en los artículos 405 y 416 LEC.

Lo cierto es que en este supuesto la falta de legitimación pasiva "ad causam"derivaba de la oposición formulada por no ser ya titular del inmueble en el momento de conocer la demanda, razón por la cual se entendía que la existencia de un nuevo titular le privaría de legitimación pasiva o, en su defecto, obligaría a traer como demandado al nuevo propietario, por lo que en cualquier caso existiría una falta de litisconsorcio pasivo necesario.

Formul ada en esos términos la falta de legitimación pasiva, nos hallaríamos ante una cuestión relativa al fondo (la titularidad de la obligación de pago), conforme ha sido reclamado en la demanda, lo que debería analizarse en sentencia, pero, por el contrario, la falta de litisconsorcio pasivo necesario ha de ser examinada durante la audiencia previa, a fin de posibilitar a la parte demandante la subsanación de cualquier defecto procesal existente y, en el supuesto de no llevarlo a cabo, dictar auto poniendo fin al procedimiento en los términos señalados en el artículo 420 LEC.

Pese a resultar evidente que en la audiencia previa no se siguió el trámite previsto en ese precepto, y tampoco se dictó alguna de las resoluciones que en el mismo se contemplan, el recurso interpuesto denuncia la infracción procesal, pero no solicita la nulidad de actuaciones, a fin de que se repongan al momento procesal en que se cometió, la audiencia previa. Por tanto, priva a este tribunal de la posibilidad de pronunciarse en esos términos, obligando al análisis de las dos excepciones procesales con carácter previo al examen del fondo del recurso interpuesto.

Pues bien, en lo que se refiere al litisconsorcio pasivo necesario, lo primero que debe destacarse es que la parte demandada señala expresamente en su contestación que la responsabilidad de la apelada y del Banco de Santander, en su condición de adjudicatario del inmueble, sería solidaria.

Por tanto, si nos hallamos ante un supuesto de solidaridad, en ningún caso procedería la estimación de la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, como de forma reiterada se ha manifestado por la jurisprudencia (entre muchas otras, sentencias del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2008, 14 de noviembre de 2002, 4 de abril de 1997, 24 de septiembre de 1996, 14 de julio y 17 de octubre de 1995, 26 de enero de 1994, 26 de julio de 1991, etc...).

Es evidente, por otro lado, que nos hallamos ante una responsabilidad solidaria, pues así está reiteradamente manifestado por la doctrina jurisprudencial y de las Audiencias Provinciales en el supuesto de que un determinado piso o local pertenezca a varias personas en proindiviso. La obligación de contribuir a los gastos comunes es solidaria, ( SSAP Madrid de 21 de noviembre de 2000, 10 de noviembre de 2005 o 28 de septiembre de 2007). Como dice la segunda de tales sentencias "La obligación legal de contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización, se ha configurado por la jurisprudencia como solidaria , ya que ésta, en términos de la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 julio 1990 presupone una identidad de la causa común obligacional, es decir, la unidad de la prestación hace a la misma indivisible, sin posibilidad de fraccionar el crédito o la deuda, de forma que se debe la totalidad o se es acreedor del todo. Presupuestos de solidaridad que concurren en la obligación aquí cuestionada, cuyo origen y concreción se encuentra en los art. 5 párrafo 2º, 9,5 y 14 párrafo 2º LPH, la cual deriva del hecho mismo de que la contribución se determine con arreglo a la cuota de participación fijada en el título, que impide se divida cuando son varios los propietarios en tantas partes como estos sean, convirtiendo en divisible la obligación que por su origen y naturaleza es indivisible, sin perjuicio del fraccionamiento que imponga luego en el ámbito interno la relación de condominio a los fines de repercusión de lo pagado por un copropietario a un tercero en cumplimiento de sus obligaciones externas. Así pues, aunque no exista un pacto expreso, la unidad de la prestación y, en definitiva, la identidad del objeto, cual es la satisfacción del único acreedor, que incluso exige la designación de un representante ( art. 14, párrafo 2º), hace surgir el carácter solidario de la obligación, sin perjuicio, como se ha dicho, de la ulterior división interna de la prestación satisfecha con arreglo a las respectivas partes en el derecho compartido". "Dicha solidaridad cabe predicarla aún más tras la reforma de la LPH por 8/99 por cuanto en ella se intenta fortalecer la posición jurídica de la comunidad frente a los comuneros morosos (vid. Exposición de motivos), establece la obligatoriedad de designar un representante cuando el piso pertenece a varias personas proindiviso y se instaura formalmente la solidaridad entre los titulares de la deuda y los antiguos propietarios en los términos de los art. 9 y 21 de la LPH. De dicha solidaridad se desprende que todos los copropietarios responden de la deuda por entero, sin perjuicio de la posterior repetición entre ellos".

Ese mismo criterio se ha mantenido en distintas resoluciones, como la de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de septiembre de 2015, que argumentaba, con cita de otras anteriores, como las de 4 de diciembre de 2014 o 25 de marzo de 2014 que "La Ley de Propiedad Horizontal guarda silencio sobre el carácter mancomunado o solidario de esta responsabilidad, pero de la regulación de la deuda que se hace en dicha Ley, se ha de considerar que la obligación , cuando son varios los titulares del piso o local, es, frente a la Comunidad, solidaria (...) por las siguientes razones:

1.º.- La prestación, objeto de la obligación , tiene legalmente el carácter de única, sin ser susceptible de división, en cuanto se fija, conforme al título constitutivo, con arreglo a la participación del piso o local en la totalidad del inmueble, no pudiendo ser compelido el acreedor, en este caso la Comunidad, a recibir por partes la prestación, efecto que se produciría si se tratase como mancomunada, pues en ese caso se reputaría dividida la deuda en tantas partes como deudores haya ( art. 1138 del CC ), asumiendo el acreedor la insolvencia de alguno de los deudores ( art. 1139 del CC ).

2.º.- Por el contrario, existe unanimidad en calificar esta obligación como "propter rem", o subjetivamente real de modo que va ligada en cada momento a quien sea el titular del piso o local, y por la tenencia de ese elemento privativo existe una sola deuda para la comunidad, sin perjuicio de la división interna de la misma entre los diversos titulares de aquel elemento privativo

3.º.- De ahí puede extraerse, sin dificultad, la caracterización de la deuda como solidaria, con solidaridad implícita, admitida jurisprudencialmente, pues el efecto que se produce es el propio de esta clase de obligaciones : el acreedor puede reclamar frente a todos o frente a alguno el importe íntegro de la deuda ( art. 1144 del CC ), sin que al acreedor deba sufrir la insolvencia de cualquiera de los deudores".

En ese mismo sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid de 27 de enero de 2005 señalaba que "la obligación de contribuir a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios y cargas ( artículo 9.1.e) Ley de Propiedad Horizontal ) es una obligación que la ley impone al propietario del inmueble y no a quien es mero usuario u ocupante del mismo. Se trata además de una obligación, que en supuestos de copropiedad, la jurisprudencia ha venido configurando como de carácter solidario e indivisible frente a la Comunidad de Propietarios por ser esta un tercero en la relación de condominio (p.e. STS de 10 de julio de 1990 ). Quiere con ello decirse que la deuda generada por incumplimiento de tales obligaciones no puede ser dividida o distribuida entre los varios propietarios del correspondiente piso o local, sin perjuicio, lógicamente, del fraccionamiento o la repercusión que estos puedan realizar en el ámbito interno de su relación de copropiedad".

Por tanto, siendo la responsabilidad solidaria, no podría prosperar en ningún caso la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario. Por otro lado, la responsabilidad del nuevo propietario del inmueble por las deudas existentes en el momento de la adquisición y en los tres años naturales anteriores, conforme se establece en el artículo 9.1 LPH, que consagra una afección real del mismo inmueble por esas deudas, en nada impide que la Comunidad pueda reclamar a quien realmente ostentaba la deuda, de modo que existe una doble responsabilidad en relación a las sumas reclamadas en la demanda. Por un lado, el propietario titular del inmueble responderá personalmente hasta que perdió la titularidad del local, mientras que, por otro, el nuevo adquirente, en este caso el Banco de Santander, S.A. responderá en virtud de esa afección real por el año natural de la adquisición y las tres anualidades anteriores.

Tal y como señalara la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2015 (ECLI:ES:TS:2015:1536):

"(ii) El adquirentede una vivienda o local en régimen de propiedad horizontal, incluso con título inscrito en el Registro de la Propiedad, responde con el propio inmueble adquirido de las cantidades adeudadas a la Comunidad de Propietarios para el sostenimiento de los gastos generales por los anteriores titulares hasta el límite de los que resulten imputables a la parte vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y a los tres años naturalesanteriores ( disposición final 1.3 de la Ley 8/2013, de 26 junio ). El piso o local estará legalmente afecto al cumplimiento de esta obligación. ( Artículo 9.1.e) párrafo tercero LPH ). (...)

5. De las dos últimas garantías se desprende que, siendo responsable del pago de los gastos comunitarios el propietario de la vivienda que lo era en el momento de producirse la obligación de satisfacerlos, sin embargo se extiende tal responsabilidad a una serie de personas, sin perjuicio del derecho de repetición de éstas contra el obligado al pago. Tales personas son: (i) el propietario actual adquirente del bien por las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios por los anteriores titulares hasta el límite que ya hemos recogido, con afección real del piso o local al cumplimiento de la obligación, aunque el adquirente lo sea con título inscrito en el Registro de la Propiedad; (ii) el propietario anterior que omita la comunicación de cambio de titularidad.

6. El titular registral se encontrará legitimado pasivamente para reclamarle el pago de la deuda: (i) cuando fuese propietario del piso o local en la época en que surgió la obligación de la que nace aquella; (ii) cuando, sin perjuicio del derecho de repetición, sea el actual propietario del piso o local con título inscrito en el Registro de la Propiedad, por las deudas contraídas por los anteriores titulares dentro de los límites temporales que prevé el precepto con afección real del inmueble, (iii) cuando el titular registral sea el propietario que ha omitido la comunicación del cambio de titularidad".

Sin perjuicio de las consideraciones, que seguidamente se harán sobre la naturaleza y desglose de la deuda, lo cierto es que ya en la demanda de proceso monitorio, en el propio acuerdo de la junta y en la notificación remitida antes de interponerse la demanda, quedaba perfectamente aclarado que la reclamación comprendía las cuotas impagadas entre mayo de 2019 y septiembre de 2021, ambas inclusive, con un total de 10.296,41 €.

Como se ha explicado en el fundamento jurídico precedente, la liquidación de la deuda a la fecha del acta de la comunidad reflejaba el importe total adeudado en ese momento, de modo que se desglosaba con claridad en la carta remitida, diferenciando la cantidad que ya había sido reclamada, tramitándose la ejecución en el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Valladolid, y la que quedaba pendiente (10.296,41 €), correspondiente a ese exclusivo periodo temporal.

Teniendo en cuenta que la adquisición por parte del Banco se produjo en el mes de octubre de 2021, es decir, con posterioridad al periodo reclamado, es claro que, ni puede estimarse la legitimación pasiva, pues en cualquier caso la apelada sería deudora personal por la totalidad de cantidades pendientes hasta el momento de la transmisión, ni fue objeto de reclamación ninguna cuota posterior al mes de octubre de 2021, pues se incluían las deudas hasta septiembre de ese mismo año, ni en nada afectaría la afección real tras la compra, de la que se derivaría la responsabilidad adicional de la entidad adquiriente por deudas existentes en el año corriente del 2021 y en las tres anualidades anteriores, como expresaba la citada sentencia del Tribunal Supremo.

En conclusión, la legitimación pasiva de la demandada deriva de su condición de propietaria del inmueble en el periodo relativo a las deudas contraídas por cuotas impagadas entre mayo de 2019 y septiembre de 2021, habiéndose incluso reconocido que no se habían producido los pagos porque no pudo afrontarlos, y no existiría posibilidad alguna de estimar el litisconsorcio pasivo necesario, pues, por un lado, se está asumiendo que la responsabilidad sería en todo caso solidaria, y, por otro lado, porque era Dª Marina la obligada al pago por su condición de dueña, al margen de la afección real del inmueble que ha sido adquirido por la anualidad corriente y las tres anteriores.

QUINTO. Error en la valoración de prueba.Descartada la procedencia de que se puedan estimar las excepciones opuestas por la parte demandada, deberá seguidamente entrar a analizarse la cuestión de fondo, es decir, si está debidamente aclarada y certificada la existencia de la deuda y si de algún modo podría incidir el nuevo procedimiento dirigido frente al Banco de Santander, conforme a la certificación aportada por la parte demandante que justificaba una deuda de 20.957,77 € por esa entidad, correspondiente a las deudas existentes a 2 de junio de 2023, y que incluían las cantidades pendientes desde enero de 2018 en adelante, es decir, las correspondientes al año 2021 y las tres anualidades anteriores.

Comenz ando por esta última cuestión, hemos de destacar que no puede esta resolución entrar a analizar la procedencia de la reclamación económica dirigida frente al Banco de Santander, S.A. en su condición de titular registral y adquirente desde el mes de octubre de 2021, pues eso será objeto de otro procedimiento judicial en trámite. Pese a ello, resulta evidente, como planteaba la parte demandada durante la audiencia previa, que podría eventualmente llegar a darse el caso de que hubiera una condena en el marco del procedimiento dirigido contra esa entidad, que afectaría a su vez, no solo a este procedimiento, en el que se reclaman cuotas adeudadas posteriores a mayo de 2019, sino también al anterior, seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 14, pues en aquel procedimiento se reclamaban deudas anteriores a mayo de 2019, en el que se incluirían también sumas reclamadas en el nuevo procedimiento judicial a la citada entidad.

En cualquier caso, todos estos aspectos deberán hacerse valer en el procedimiento correspondiente, pudiendo plantearse en este o aquel la prejudicialidad civil, lo que no se ha hecho de forma exigida en la de la Ley de Enjuiciamiento Civil por ninguna de las partes. Al tratarse de deudas cuyo naturaleza jurídica es absolutamente diferente, pues la reclamada en este proceso deriva de la condición de propietaria de la apelada en el periodo al que se refieren las cuotas impagadas, mientras que la que se está dirigiendo contra el Banco de Santander tiene su fundamento legal en la afección real establecida en la Ley de Propiedad Horizontal respecto de la anualidad corriente y las tres anteriores, y las alegaciones se puedan formular sobre la exigibilidad de la cantidad reclamada, al no ser ya propietaria, es lo cierto que el objeto de este procedimiento queda circunscrito a la deuda derivada del impago de cuotas en un periodo temporal concreto, durante el cual la parte apelada fue siempre propietaria.

En efecto, como se ha indicado previamente, la demanda del procedimiento monitorio ya reflejaba que la reclamación económica se correspondía con las cuotas adeudadas en su condición de propietaria del local comercial de la DIRECCION001 entre mayo de 2019 y septiembre de 2021. Esa reclamación tomaba como base lo aprobado en junta de 22 de octubre de 2021, en la que se reflejó un saldo deudor de 24.496,35 €, desglosándose de forma clara en la carta remitida a la apelada de fecha 12 de noviembre de 2021, en la que se especificaba que, de ese importe total adeudado a esa fecha, 14.199,94 € se correspondían con la suma por la que ya se había despachado ejecución por el Juzgado de Primera Instancia número 14 en el procedimiento 272/2020, de modo que, de no proceder al pago, se instaría nueva demanda por la cantidad que había ido venciendo desde ese momento por un total de 10.296,41 €. En la carta remitida se dejaba perfectamente aclarado que se correspondía con cuotas pendientes y vencidas hasta septiembre de 2021.

Por tanto, no siendo controvertido que el decreto de adjudicación a favor del Banco de Santander, S.A. es de 15 de octubre de 2021, es claro que el total del importe reclamado era exclusivamente adeudado por la parte apelada, sin que la eventual afección real que afectaría al nuevo adquiriente, el Banco de Santander, S.A., pueda tener incidencia alguna en el resultado de este procedimiento, en el que no puede cuestionarse la existencia de la deuda y, como consecuencia de ello, la legitimación pasiva de la demandada, en cuanto personalmente obligada al pago.

Por último, en la hipótesis planteada por la parte demandada de que llegase a dictarse sentencia condenatoria en el procedimiento judicial seguido frente al Banco de Santander, S.A., es evidente que, por un lado, la comunidad no podrá cobrar dos veces el mismo importe, por lo que deberá informar al respecto de la percepción de cualquier cantidad percibida en el procedimiento judicial iniciado frente al Banco de Santander, S.A. que pudiera afectar a este o a la ejecución tramitada en el Juzgado de Primera Instancia número 14, pero también lo es que en ese escenario el Banco estaría asumiendo la responsabilidad por deudas en virtud de una afección real, por lo que estaría perfectamente legitimado para repetir frente a la demandada, puesto que era ella la obligada al pago durante el periodo correspondiente a las cuotas reclamadas, como apuntaba la citada sentencia del Tribunal Supremo.

En virtud de todo lo expuesto, debe concluirse que ha de estimarse el recurso de apelación interpuesto, considerando improcedente la excepción de falta de legitimación pasiva, al igual que la de litisconsorcio pasivo necesario, considerando también que la deuda ha quedado perfectamente acreditada, y sin que pueda en cualquier caso estar prescrita la acción, último motivo de oposición alegado por la parte demandada.

En efecto, tal y como ha quedado el reiteradamente expuesto, la deuda derivaba de sumas pendientes por cuotas a partir de mayo de 2019, de modo que, habiéndose presentado la demanda de juicio monitorio en el mes de febrero de 2022, en ningún caso podría estar prescrita la cantidad reclamada.

Como consecuencia de todo lo expuesto, debe revocarse la resolución dictada en primera instancia, que estimó las excepciones opuestas por la parte demandada, y, entrando al análisis de la cuestión de fondo, condenar a la parte demandada al pago de la suma reclamada, así como al pago de las costas, de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 394 LEC.

SEXTO.- Costas.De conformidad con el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al estimarse el recurso de apelación, no procede hacer pronunciamiento sobre las costas.

V I S T O Slos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación