Sentencia Civil 62/2026 Audiencia Provincial Civil de Tarragona nº 3, Rec. 569/2024 de 29 de enero del 2026

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.- La representación procesal de Virgilio presentó demanda de juicio ordinario ejercitando acción de nulidad de contrato por intereses remuneratorios usurarios y subsidiariamente, acción de nulidad de condiciones generales de la contratación acumulada a la acción de restitución de cantidades frente a CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F.C., E.P. S.A.U BCN. Sostiene que el actor, que tiene la condición de consumidor, en fecha 6 de febrero de 2020 firmó con la entidad demandada el contrato de tarjeta de crédito revolving "Visa & Go" con un TAE del 24,90%. Entiende que dicho TAE es usurario teniendo en cuenta que el TAE promedio de las operaciones de tarjeta de crédito y tarjetas revolving para el año 2020 se fijó en 18,06%. Por ello solicita que se declare nulo el contrato por intereses usurarios y se condene a la demanda a devolver todos los importes percibidos como consecuencia de la nulidad del contrato que excedan del capital prestado, más los intereses legales correspondientes desde cada cobro percibido indebidamente hasta el íntegro pago al consumidor perjudicado. Subsidiariamente solicita que se declare nula la cláusula que regula los intereses remuneratorios (TAE) y la de comisión por reclamación de impagos por falta de transparencia e incorporación y se condene a la demandada a devolver todos los importes recibidos como consecuencia de la aplicación de la cláusula que regula el TAE, a calcular en ejecución de sentencia, dejando la cláusula sin efecto en el contrato. Todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada.

2.- CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F.C., E.P. S.A.U BCN contestó a la demanda oponiéndose a las pretensiones ejercitadas en su contra. Entendía que el interés remuneratorio establecido en el contrato suscrito entre las partes no era usurario. Del mismo modo defendía que las cláusulas impugnadas superaban el doble control de incorporación. Por todo ello solicitaba la desestimación de la demanda con expresa condena en costas a la parte actora.

3.- La sentencia de instancia desestima la demanda interpuesta por Virgilio. Entiende que el interés remuneratorio pactado en el contrato suscrito entre las partes no es usurario al no ser notablemente superior al normal del dinero, toda vez que no excede en más de 6 puntos el tipo medio de comparación con inclusión del porcentaje en concepto de comisiones. Del mismo modo estima que el contrato de tarjeta de crédito supera el doble control de transparencia toda vez que suministra al contratante la información precisa, clara, destacada y separada del elemento esencial y determinante del contrato que constituye la fijación del interés remuneratorio pactado, y permite la comprensión y asunción de la carga económica del contrato, sin que por consiguiente proceda la nulidad interesada. En cuanto a la pretendida abusividad de la cláusula de comisión por imago la sentencia considera que no es abusiva porque la cláusula concreta las gestiones a realizar en caso de reclamación, su repercusión en el momento de la primera reclamación por escrito y por una sola vez. Por todo ello desestima la demanda con expresa imposición de costas a la parte actora.

SEGUNDO.- Los motivos de apelación de la sentencia

1.- La representación procesal de Virgilio recurre en apelación la sentencia de instancia solicitando su íntegra revocación. Por lo que se refiere al carácter usurario del interés remuneratorio pactado considera si se toma en consideración el tipo de interés medio para el año de la contratación, es decir, el año 2020 publicado por el Banco de España, que es del 18,06% sí se supera en más de 6 puntos la diferencia con el TAE aplicado al contrato de autos que es del 24,90% y por tanto el interés pactado es usurario. Subsidiariamente considera que el índice que regula el interés remuneratorio no supera el filtro de transparencia. Y del mismo modo sostiene que la cláusula relativa a la comisión por impagados es abusiva. Se trata de una cláusula que no responde a servicios efectivamente prestados y que además supone un desequilibrio de los derechos y obligaciones de las partes. Finalmente interesa que se impongan las costas de la instancia a la parte demandada teniendo en cuenta que el actor ostenta la condición de consumidor.

2.- La entidad demandada se opone al recurso de apelación interpuesto de contrario interesando su íntegra desestimación con imposición de costas a la parte actora. Defiende que tal como indica la sentencia de instancia, el crédito revolving de autos contiene una TAE del 24,90% que no supera los 6 puntos fijados por el Tribunal Supremo en su sentencia de 15 de febrero de 2023 respecto al tipo medio de interés en la fecha de suscripción del contrato, toda vez que hay que estar al tipo medio del mes de febrero de 2020, mes de la contratación, y no al tipo medio anual para el año 2020. Por consiguiente, el interés remuneratorio no puede estimarse usurario. También se opone a la pretendida falta de superación del doble control de transparencia, pues defiende que el consumidor dispuso de información contractual y postcontractual suficiente para permitirle conocer tanto el coste asociado al crédito como el funcionamiento del mismo y en cualquier caso la cláusula no era abusiva al no existir un desequilibrio importante de las prestaciones. Y finalmente, defiende la validez de la comisión por gestión de reclamación de impagados, que solo se devenga con la efectiva reclamación por escrito

TERCERO.- Decisión de la Sala

1.- Planteamiento de la cuestión controvertida

El recurso de apelación trae causa de un contrato de crédito mediante tarjeta de modalidad revolvingsuscrito entre las partes.

En esta segunda instancia se somete a revisión, en primer término, la corrección del pronunciamiento que rechaza el carácter usurario del interés remuneratorio pactado.

Asimismo, se cuestiona la validez de la cláusula reguladora de dicho interés por su eventual falta de transparencia, al entender el apelante que no supera el doble control exigido por la jurisprudencia.

Se combate igualmente la validez de la cláusula que regula la comisión por gestión de reclamación de impagados.

Finalmente, se impugna el pronunciamiento relativo a la imposición de las costas procesales de la primera instancia, interesando su revocación en caso de estimación del recurso.

2.- Jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa al carácter usurario del interés remuneratorio (TAE) pactado en el contrato de tarjeta de crédito en la modalidad revolving

Las sentencias del Tribunal Supremo de 10 de enero de 2024 (ROJ: STS 66/2024 - ECLI:ES:TS:2024:66) y de 15 de febrero de 2023, del Pleno ( ROJ: STS 442/2023 - ECLI:ES:TS:2023:442) recogen la jurisprudencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo para la determinación del carácter usurario del interés remuneratorio convenido en los contrato de tarjeta de crédito con la modalidad revolving.

Al respecto determinan que:

"(...) está claro que el juicio sobre el carácter usurario del interés remuneratorio convenido en este contrato de tarjeta de crédito en la modalidad revolving (...) ha de hacerse tomando, en primer lugar, como interés convenido de referencia la TAE, que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados. Además, la comparación debe hacerse respecto del interés medio aplicable a la categoría a la que corresponda la operación cuestionada, en este caso, el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito revolving.

"En relación con la determinación de este parámetro de comparación, para los contratos posteriores a que el boletín estadístico del Banco de España desglosara un apartado especial a este tipo de créditos, en junio de 2010, la jurisprudencia acude a la información suministrada en esta estadística para conocer cuál era ese interés medio en aquel momento en que se concertó el contrato litigioso.

"Al respecto, habría que hacer otra advertencia, seguida de una matización: el índice analizado por el Banco de España en esos boletines estadísticos no es la TAE, sino el TEDR (tipo efectivo de definición restringida), que equivale a la TAE sin comisiones; de manera que si a ese TEDR se le añadieran las comisiones, el tipo sería ligeramente superior, y la diferencia con la TAE también ligeramente menor, con el consiguiente efecto respecto de la posibilidad de apreciar la usura. De tal forma que, en los contratos posteriores a junio de 2010, se puede seguir acudiendo al boletín estadístico del Banco de España, y al mismo tiempo permitir que el índice publicado se complemente con lo que correspondería a la vista de las comisiones generalmente aplicadas por las entidades financieras. En realidad, en estos últimos años, aunque la TEDR haya sido inferior a la TAE por no contener las comisiones, a los efectos del enjuiciamiento que hay que hacer (si la TAE es notablemente superior al interés [TAE] común en el mercado), ordinariamente no será muy determinante, en atención a que la usura requiere no sólo que el interés pactado sea superior al común del mercado, sino que lo sea "notablemente" (...)

"(...) Una vez determinado el índice de referencia, el tipo de interés (TAE) común para este tipo de contratos de crédito al tiempo de su celebración (2004), hay que valorar el margen admisible por encima del tipo medio de referencia, esto es: en cuántos puntos porcentuales o en qué porcentaje puede superarlo el tipo TAE contractual para que no se considere un interés notablemente superior al normal del dinero. La ley española no establece ninguna norma al respecto. El art. 1 de la Ley de Usura , al acudir a una fórmula amplia (el interés notablemente superior al normal del dinero), emplea un adverbio para caracterizar ese exceso respecto del interés común del mercado ("notablemente"), que exige una apreciación en cada caso. Un criterio así de abierto, no rígido, exige un juicio o valoración para cada caso, acorde con la búsqueda de la justicia del caso concreto.

"Esta fórmula legal se acomoda muy bien a un contexto de contratación y litigación como era el español antes de que hubiera irrumpido la litigación en masa, en la segunda década de este siglo. Pero en este nuevo contexto, siendo tantos los miles de litigios que versan sobre la misma cuestión, la aspiración de la justicia viene ahora connotada por la exigencia de dar un trato igual o equivalente a situaciones iguales o equivalentes, y facilitar la predecibilidad de las soluciones judiciales para dotar de mayor seguridad jurídica al mercado y al tráfico económico"

Y, a falta de una previsión legal, en esa sentencia establecimos como criterio uniforme de valoración que el interés convenido supere los 6 puntos porcentuales del que era común en el mercando para las tarjetas de crédito revolving:

"En la medida en que el criterio que vamos a establecer lo es sólo para un tipo de contratos, los de tarjeta de crédito en la modalidad revolving, en los que hasta ahora el interés medio se ha situado por encima del 15% (...), consideramos más adecuado seguir el criterio de que la diferencia entre el tipo medio de mercado y el convenido sea superior a 6 puntos porcentuales".

En la sentencia 258/2023, de 15 de febrero , de Pleno, a cuya extensa argumentación nos remitimos, se contiene la jurisprudencia de la sala sobre las pautas a seguir para la determinación del carácter usurario del interés en tarjetas de créditos, que parte de la siguiente consideración:

"(...) está claro que el juicio sobre el carácter usurario del interés remuneratorio convenido en este contrato de tarjeta de crédito en la modalidad revolving (...) ha de hacerse tomando, en primer lugar, como interés convenido de referencia la TAE (...). Además, la comparación debe hacerse respecto del interés medio aplicable a la categoría a la que corresponda la operación cuestionada, en este caso, el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito revolving.

"En relación con la determinación de este parámetro de comparación, para los contratos posteriores a que el boletín estadístico del Banco de España desglosara un apartado especial a este tipo de créditos, en junio de 2010, la jurisprudencia acude a la información suministrada en esta estadística para conocer cuál era ese interés medio en aquel momento en que se concertó el contrato litigioso".

Con la siguiente advertencia:

"el índice analizado por el Banco de España en esos boletines estadísticos no es la TAE, sino el TEDR (tipo efectivo de definición restringida), que equivale a la TAE sin comisiones; de manera que si a ese TEDR se le añadieran las comisiones, el tipo sería ligeramente superior, y la diferencia con la TAE también ligeramente menor, con el consiguiente efecto respecto de la posibilidad de apreciar la usura. De tal forma que, en los contratos posteriores a junio de 2010, se puede seguir acudiendo al boletín estadístico del Banco de España, y al mismo tiempo permitir que el índice publicado se complemente con lo que correspondería a la vista de las comisiones generalmente aplicadas por las entidades financieras".

En esta sentencia se determina, con carácter novedoso, el parámetro de comparación para los contratos anteriores a junio de 2010:

"Respecto de los contratos anteriores a junio de 2010, a falta de un desglose especifico en los boletines estadísticos del Banco España, no cabe acudir (...) al índice correspondiente a los créditos al consumo, sino que ha de acudirse a la información específica más próxima en el tiempo. Esta es la que se ofreció en 2010. Según el boletín estadístico, el tipo medio TEDR ese año estaba en el 19,32. Lógicamente, la TAE, al agregar las comisiones, sería ligeramente superior (entre 20 y 30 centésimas, en los niveles de interés que nos movemos). Por lo que podemos partir de forma orientativa del índice de 2010 (19,32), con la corrección oportuna para adecuarlo a la TAE.

Y establecemos tanto para los contratos anteriores al año 2010, como para los posteriores, el margen admisible por encima del tipo medio de referencia, para que el interés no se considere notablemente superior al normal del dinero.

"Una vez determinado el índice de referencia, el tipo de interés (TAE) común para este tipo de contratos de crédito al tiempo de su celebración (2004), hay que valorar el margen admisible por encima del tipo medio de referencia, esto es: en cuántos puntos porcentuales o en qué porcentaje puede superarlo el tipo TAE contractual para que no se considere un interés notablemente superior al normal del dinero. La ley española no establece ninguna norma al respecto. El art. 1 de la Ley de Usura , al acudir a una fórmula amplia (el interés notablemente superior al normal del dinero), emplea un adverbio para caracterizar ese exceso respecto del interés común del mercado ("notablemente"), que exige una apreciación en cada caso. Un criterio así de abierto, no rígido, exige un juicio o valoración para cada caso, acorde con la búsqueda de la justicia del caso concreto.

"Esta fórmula legal se acomoda muy bien a un contexto de contratación y litigación como era el español antes de que hubiera irrumpido la litigación en masa, en la segunda década de este siglo. Pero en este nuevo contexto, siendo tantos los miles de litigios que versan sobre la misma cuestión, la aspiración de la justicia viene ahora connotada por la exigencia de dar un trato igual o equivalente a situaciones iguales o equivalentes, y facilitar la predecibilidad de las soluciones judiciales para dotar de mayor seguridad jurídica al mercado y al tráfico económico".

Y, a falta de una previsión legal, en esa sentencia establecimos como criterio uniforme de valoración que el interés convenido supere los 6 puntos porcentuales del que era común en el mercando para las tarjetas de crédito revolving:

"En la medida en que el criterio que vamos a establecer lo es sólo para un tipo de contratos, los de tarjeta de crédito en la modalidad revolving, en los que hasta ahora el interés medio se ha situado por encima del 15% (...), consideramos más adecuado seguir el criterio de que la diferencia entre el tipo medio de mercado y el convenido sea superior a 6 puntos porcentuales".

3.- Análisis del posible carácter usurario del interés remuneratorio pactado en el caso de autos

En el contrato suscrito entre las partes en fecha 6 de febrero de 2020 se pactaba un TAE del 24,90%.

El tipo medio de interés de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving de las estadísticas del Banco de España en el año 2020 se estableció en el 18,06% y en concreto en el mes de febrero de 2020 en un 19,81%.

La Jurisprudencia transcrita indica que la comparativa de la TAE pactada debe efectuarse respecto del tipo de interés medio aplicable a la categoría a la que corresponda la operación cuestionada, en este caso, el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito revolving, en el momento en el que se concertó el contrato litigioso.

Por consiguiente, disponiendo de un tipo medio publicado por el Banco de España para el concreto mes en el que se llevó a cabo la operación, es decir el mes de febrero de 2020, esta Sala estima más precioso y ajustado acudir a esa publicación, como hizo la sentencia de instancia, que a la genérica de todo el año 2020 que pretende la apelante.

Así lo ha acordado esta Sala en sentencia de 18 de diciembre de 2025 -recurso de apelación 335/2024 -, al analizar un supuesto en el que también se disponía del tipo medio del mes de la contratación, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Supremo 248/2025, de 17 de febrero .

En el caso que nos ocupa, el TAE pactado (24,90%) excedía en 4,84 puntos el tipo medio de comparación (19,81%) con inclusión de 0,2 o 0,3 puntos en concepto de comisiones (0,25 puntos) por lo que a tenor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo transcrita no puede considerarse que se trate de un interés notablemente superior al normal del dinero.

Por consiguiente, debe confirmarse el pronunciamiento de la sentencia de instancia en este extremo al concluir que el interés remuneratorio pactado no era usurario.

4.- Jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa al doble control de transparencia de la cláusula reguladora del interés remuneratorio (TAE) en los contratos de tarjeta revolving

El Tribunal Supremo, en sentencia del Pleno de 30 de enero de 2025 (ROJ: STS 241/2025 -ECLI:ES:TS:2025:241) analiza la falta de transparencia de la cláusula que regula los intereses remuneratorios (TAE) en el contrato en modalidad revolving en los siguientes términos:

"5. La información que debe suministrarse al consumidor al que se le ofrece una tarjeta con la modalidad revolving debe cumplir con las exigencias establecidas en la normativa nacional y con aquellas que el TJUE ha extraído de la Directiva 93/13/CEE .

Debe exponer, de manera transparente por su contenido, forma de expresión y ubicación en el documento, el funcionamiento concreto del mecanismo de recomposición del capital y su influencia en la liquidación de los intereses y en la amortización del capital dispuesto, especialmente en los supuestos de incremento notable del riesgo, ya indicados: cuando la cuota periódica de pago no es elevada pero sí lo es el tipo de interés; y cuando se produce un impago y la capitalización de los intereses y las comisiones devengadas prolonga indefinidamente el pago de la deuda porque las cuotas periódicas, que por defecto se fijan en una cuantía mínima, apenas amortizan capital. Debe informarse, por tanto, de la relación entre la elevada TAE, el mecanismo de recomposición del capital y las demás cláusulas con trascendencia en la creación de los riesgos descritos, de manera que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él.

En concreto, en lo que respecta al anatocismo, constituye una previsión contractual lícita, pero excepcional y con efectos significativamente gravosos para el consumidor, que requiere, por tanto, información clara al consumidor y que la redacción de la cláusula sea inteligible para el consumidor medio, como requisito para que pueda ser considerada transparente.

Por tanto, la información debe permitir al consumidor medio comprender el producto ofertado, tomar conciencia de los riesgos que se derivan del plazo indefinido o prorrogable automáticamente, el elevado tipo de interés, la recomposición constante del crédito, la escasa amortización del capital en el caso de cuotas bajas, y el anatocismo; y, asimismo debe permitirle comparar las diversas ofertas, tal como exige el art. 10 de la Ley de contratos de crédito al consumo, pues para optar por una u otra modalidad de amortización es necesario que las comprenda. Por tanto, es necesaria una información diferenciada sobre las características, los costes y los riesgos de las tres modalidades de financiación que por lo general son electivas, por más que en muchos casos se aplique, por defecto, la modalidad revolving.Porque la diferencia de la modalidad revolvingcon la modalidad de pago aplazado a fin de mes, sin intereses, puede ser fácil de comprender, pero no lo es tanto la diferencia entre la modalidad de pago aplazado, que es en realidad un préstamo al consumo, parecido a la compra a plazos, y la modalidad revolving.

Para cumplir tales exigencias no es suficiente que la información contenga la TAE. En términos comprensibles para el consumidor medio, la información debe indicar que el sistema de amortización es del tipo revolving;debe establecer cuál es la cuota mensual (bien en una cantidad determinada, bien en un porcentaje de la cantidad dispuesta); debe establecer cuál es la duración del contrato; debe indicar si, y en qué casos, el interés se devengará no solo respecto del capital dispuesto sino también respecto del total de la cantidad adeudada (incluyendo intereses, comisiones e indemnizaciones devengadas); y deberá contener unos ejemplos adecuados tanto para comprender los riesgos del sistema como para permitir la comparación con otras modalidades de amortización o con las ofertas de otras entidades financieras. Es preciso que la información incida sobre la forma en que esa elevada TAE opera en la propia economía del contrato, dada las particularidades del sistema de amortización y las demás cláusulas a que se ha hecho referencia. Y debe hacerlo de modo claro y comprensible, no de una forma dispersa a lo largo de un extenso documento y en términos poco expresivos de los riesgos del sistema de amortización revolving,como es el caso objeto de este recurso.

Estas exigencias, para el caso de contratos a los que sea aplicable por razones temporales, están actualmente explicitadas en la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente y por la que se modifica la Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos, la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparenciay protección del cliente de servicios bancarios.

El sistema de amortización revolving no es simplemente un sistema como el de pago aplazado, que puede considerarse un simple préstamo al consumo que se va amortizando en cuotas periódicas durante un periodo determinado. Ya hemos expuesto sus peculiares características y los riesgos que conllevan, significativamente superiores a los de un simple préstamo al consumo. No se trata solo de que el mayor aplazamiento generará mayores intereses, conocimiento que alcanza al consumidor medio; o que, por su propia naturaleza, no pueda fijarse ex ante el coste total del crédito ni establecer un cuadro de amortización. La duración indefinida o prorrogable del contrato de crédito revolving resulta relevante y ha de ser puesta en relación con el mecanismo de reconstitución de la deuda, especialmente si el contrato contempla la capitalización de los intereses y/o una cuota mínima por defecto de cuya incidencia en el coste del crédito es necesario advertir con suficiente claridad.

6.En este caso, según consta acreditado en la instancia, la tarjeta revolving fue ofrecida por un comercial de la entidad demandada, aunque la contratación se hizo on-line, a través de la página web de la financiera. La información que se le pudo suministrar sobre el coste del crédito, y en concreto la TAE, aparece en el contrato y en la ficha de Información Normalizada Europea (INE), que estaba a disposición de la demandante al contratar la tarjeta, y es clara. Pero más allá de una información general de esta modalidad de tarjeta, no consta que hubiera sido informada con carácter previo del riesgo derivado de una lenta amortización, de que se forme una «bola de nieve».

Con la información contenida en el contrato y en la ficha INE, un consumidor medio, normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, no es capaz de tomar conciencia de la naturaleza y consecuencias del mecanismo de amortización revolving, los elevados costes que pueden suponerle y los riesgos de terminar siendo un «deudor cautivo» que tal sistema puede implicar."

5.- Análisis del doble control de transparencia del clausulado del contrato de tarjeta revolving suscrito entre las partes

5.1.- Control de incorporación o transparencia formal

Si atendemos exclusivamente a la transparencia documental o gramatical del contrato suscrito entre las partes podemos concluir que se utilizan caracteres tipográficos legibles y que la redacción es clara y comprensible.

Las condiciones económicas esenciales del contrato constan formalmente incorporadas, son localizables y susceptibles de identificación mediante una lectura normal del conjunto documental aun cuando puedan encontrarse distribuidas en distintos apartados.

Por ello, y desde esta estricta perspectiva formal, procede concluir que el contrato supera el control de incorporación o inclusión, quedando reservado al apartado siguiente el examen relativo al control de transparencia material y a la efectiva comprensión del alcance económico del crédito por el adherente.

5.2.- Control de transparencia material

Si bien el contrato litigioso supera el control de incorporación, el mismo no supera el control de transparencia por cuanto el consumidor no pudo conocer la carga jurídica y económica del contrato.

Así lo ha concluido esta misma Sala con ocasión del estudio del control de transparencia material en productos idénticos al que aquí se analiza, contratos de tarjeta revolving suscritos con la misma entidad aquí demandada, concluyendo la falta de transparencia de dicho clausulado.

En este sentido, damos aquí por reproducido lo que indicamos en nuestra sentencia de 28 de noviembre de 2024, (ROJ: SAP T 1832/2024- ECLI:ES:APT: 2024:1832) al respecto:

"Las condiciones transcritas, relativas a los intereses y el funcionamiento del contrato, no permiten al consumidor conocer de manera razonable el coste real asumido al suscribir el crédito asociado a la tarjeta. No se ha destacado convenientemente que, aunque se efectúe el pago de la cuota pactada de mínimo, el importe del capital dispuesto, que efectivamente se amortice con su pago, puede resultar inapreciable -o, incluso, inexistente con la posibilidad de originar un incremento del crédito-, lo que necesariamente implicará la prolongación en el tiempo del periodo de amortización previsible.

No ofrece información alguna, en función de los diferentes escenarios posibles, sobre el importe total que deberá abonar el acreditado en concepto de intereses -verdadera carga económica del crédito-, ni sobre el periodo de tiempo preciso para la completa amortización del importe total de la línea de crédito concedida con el pago de la cuota mensual estipulada.

Tampoco incluye referencia o explicación alguna respecto de las consecuencias de la reutilización del crédito, conforme a su carácter rotativo o renovable, en el importe de los intereses a pagar y en la determinación del plazo de amortización, ni ejemplos ni información complementaria que permita al consumidor conocer el mecanismo que subyace en el interés remuneratorio. Por otro lado tampoco existe referencia a la "Información normalizada europea sobre el crédito al consumo", ni se explica ni detalla cómo tiene lugar la devolución del crédito, en el caso de pago aplazado, mediante el abono de mensualidades de diferentes cuantías y como puede repercutir en ello el devengo de intereses y otros gastos, de manera que la demandante pudiera formarse una idea de que las obligaciones a que se comprometía al suscribir el contrato, cómo tendría que devolver el crédito, durante cuánto tiempo y a qué coste.

Ninguna eficacia cabe reconocer, en este sentido, a las declaraciones predispuestas que contiene el contrato suscrito por las que reconoce haber tenido acceso la información previa en el modelo normalizado europeo y haber recibido explicaciones adecuadas y obrar por cuenta propia, mostrando su conformidad con las condiciones particulares y condiciones generalesde la tarjeta de crédito. Reiterada jurisprudencia ha afirmado la ineficacia de menciones predispuestas que consisten en declaraciones, no de voluntad, sino de conocimiento o fijación como ciertos de determinados hechos, que se revelan como fórmulas predispuestas por el profesional vacías de contenido real al resultar contradichas por los hechos.

Conforme a ello podemos decir que no se ha probado por la demandada que se facilitara ninguna clase de información precontractual a la actora, ni siquiera la Información normalizada europea sobre el crédito al consumo, lo que implica que de las cláusulas del contrato no es posible extraer una información clara sobre el alcance económico del mismo. Y aunque la falta de transparencia no produce necesariamente la abusividad, sino que permite verificar dicho control, en un caso de autos esta falta de transparencia en estipulaciones esenciales del contrato como son la determinación del interés y a su liquidación, además de no resultar transparentes conculcan la buena fe pues con dicho conocimiento el consumidor no se hubiera obligado en los términos establecidos en el contrato"

Del mismo modo hemos concluido la falta de transparencia de la cláusula que determina los intereses remuneratorios (TAE) en contratos de tarjeta revolving suscritos con CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F.C., E.P. S.A.U BCN en sentencia de esta Sala de 16 de mayo de 2024 (ROJ: SAP T 747/2024 - ECLI:ES:APT:2024:747), sentencia de 3 de abril de 2025 (ROJ: SAP T 518/2025 - ECLI:ES:APT:2025:518) o más recientemente sentencia de 24 de septiembre de 2025 (ROJ: SAP T 1548/2025 -ECLI:ES:APT:2025:1548 ) entre otras.

Con la información contenida en el contrato, un consumidor medio, normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, no sería capaz de tomar conciencia de la naturaleza y consecuencias del mecanismo de amortización revolving, los elevados costes que pueden suponerle y los riesgos de terminar siendo un «deudor cautivo» que tal sistema puede implicar.

Por todo lo expuesto, debemos concluir que el contrato de tarjeta revolving analizado no supera el doble control de transparencia.

6.- Jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa al carácter abusivo de la cláusula relativa a los intereses remuneratorios (TAE) en contratos de tarjeta revolving

El Tribunal Supremo, en sentencia del Pleno de 30 de enero de 2025 (ROJ: STS 241/2025 - ECLI:ES:TS:2025:241) citada anteriormente, después de haber analizado y concluido la falta de transparencia en el contrato revolving, entra a estudiar su posible abusividad en los siguientes términos:

"Declarada la falta de transparencia, procede determinar si la cláusula es abusiva, como sigue diciendo el Tribunal Supremo en las sentencias citadas: "Cuando un tribunal considera que una cláusula contractual no está redactada de manera clara y comprensible a efectos del artículo 4, apartado 2 , y 5 de la citada Directiva 93/13/CEE , le incumbe examinar si tal cláusula es abusiva en el sentido del artículo 3, apartado 1, de esa misma Directiva. La falta de transparenciano supone automáticamente que una cláusula contractual sea considerada abusiva en virtud del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE pues la mera circunstancia de que una cláusula no esté redactada de manera clara y comprensible no le confiere, por sí sola, carácter abusivo. Esto significa que, aun estableciendo que una cláusula cubierta por el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE no es clara ni comprensible, su carácter abusivo debe todavía evaluarse con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 3, apartado 1. Así lo ha declarado el TJUE desde la sentencia de 26 de enero de 2017, C-421/14 , Banco Primus, apartados, 62 a 67, habiéndolo reiterado en sentencias como la de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB Bank, C-621/17, apartado 49 , y de 13 de julio de 2023, C-265/22 , Banco Santander, apartado 66.

Sin embargo, en la medida en que las cláusulas contractuales no sean claras ni comprensibles, esta circunstancia puede contribuir a concluir que una cláusula contractual es abusiva en virtud del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE , o incluso puede indicar su carácter abusivo. La transparencia de una cláusula contractual que exigen los arts. 4.2 y 5 de la Directiva 93/13/CEE (más exactamente, su falta de transparencia) es uno de los elementos que deben tenerse en cuenta para apreciar si tal cláusula es abusiva (por todas, las recientes sentencias de 13 de julio de 2023, C-265/22, Banco Santander, apartado 66 , y de 12 de diciembre de 2024, C-300/23 , Kutxabank, apartado 110).

De manera similar a como hemos declarado en los supuestos de cláusulas suelo o de préstamos en divisas, en el caso de las tarjetas revolving, la falta de transparencia de la cláusula relativa a la TAE, valorada junto con las cláusulas relativas al sistema de amortización, el anatocismo y la escasa cuota mensual, no es inocua para el consumidor, sino que provoca un grave desequilibrio, en contra de las exigencias de la buena fe, puesto que, al ignorar los riesgos significativos que entraña dicho sistema de amortización, no puede comparar la oferta con las de otros sistemas de amortización y se compromete en un contrato que puede tener para él graves consecuencias pues puede terminar siendo lo que hemos venido en llamar un «deudor cautivo» y el Banco de España denomina «efecto bola de nieve».

Son también circunstancias relevantes para la valoración de la buena fe del predisponente necesaria para apreciar la abusividad de estas cláusulas la incitación por parte del profesional a la contratación en la modalidad revolving en los términos más proclives a acentuar tales riesgos, como resulta de su comercialización fuera de establecimientos financieros (en las estaciones de tren, autobús, aeropuerto o centros comerciales tales como hipermercados, grandes superficies de electrodomésticos y electrónica, etc.), con denominaciones que ocultan esos riesgos e incitan a su contratación («cuota fácil» en este caso), con previsiones contractuales en las que, por defecto, se contrata el sistema revolving y/o las cuotas de escasa cuantía que incrementan el pago de intereses y prolongan el plazo de amortización".

7.- Análisis del posible carácter abusivo del clausulado del contrato de autos

Partiendo de la jurisprudencia transcrita y aplicándola al caso de autos, debemos concluir que la falta de transparencia en las estipulaciones esenciales del contrato suscrito entre las partes en fecha 6 de febrero de 2020, en concreto y por lo expuesto anteriormente, en relación con las cláusulas sobre la determinación del interés y su liquidación, determina que dichas cláusulas además de no resultar transparentes provoquen un grave desequilibrio, en contra de las exigencias de la buena fe y por ello deban reputarse nulas por abusivas.

Si Virgilio hubiese dispuesto de toda la información que no pudo llegar a conocer debido a esta falta de transparencia, en particular si hubiese conocido todos los riesgos significativos derivados del sistema de amortización del contrato que suscribía no se hubiera obligado en los términos establecidos en el contrato.

Por ello debemos concluir la abusividad y nulidad de las cláusulas negociadoras de los intereses remuneratorios y del sistema revolving de liquidación del contrato.

8.- Consecuencias de la declaración de nulidad de la cláusula reguladora de los intereses remuneratorios (TAE) y del sistema revolving de liquidación del contrato

Dispone el artículo 10.1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación que:

"1. La no incorporación al contrato de las cláusulas de las condiciones generales o la declaración de nulidad de las mismas no determinará la ineficacia total del contrato, si éste puede subsistir sin tales cláusulas, extremo sobre el que deberá pronunciarse la sentencia.".

En el caso de autos es evidente que el contrato de tarjeta de crédito no puede subsistir si se elimina el devengo de intereses remuneratorios, que constituyen el precio del contrato, esto es, la misma contraprestación que está obligado a satisfacer el consumidor por disponer de crédito con la utilización de la tarjeta y realizar con ella compras y sacar dinero efectivo en cajeros. Por tanto, la conclusión no puede ser otra que declarar la nulidad del contrato.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.303 del Código civil el prestatario deberá reintegrar tan sólo las cantidades de las que hubiera dispuesto y que no hubiera ya abonado siempre que superen el monto del capital dispuesto, debiendo condenarse a la entidad bancaria a devolver la diferencia.

La pretensión de nulidad de la cláusula de comisión por impago decae al ser nulo el contrato por la abusividad de la cláusula reguladora de los intereses remuneratorios y sistema revolving de liquidación del contrato.

Por todo lo expuesto, procede estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Virgilio, revocar la sentencia de instancia, declarar la nulidad del contrato suscrito entre las partes en fecha 6 de febrero de 2020 por falta de transparencia, y condenar a la entidad bancaria a restituir las cantidades indebidamente abonadas por el prestatario que excedan del capital dispuesto, con los intereses legales desde la fecha de cada pago ex artículo 1303 del Código civil, a determinar en ejecución de sentencia.

9.- Sobre la imposición de las costas procesales de la primera instancia

La sentencia de instancia desestimaba íntegramente la demanda interpuesta por la representación de Virgilio y le imponía todas las costas generadas en dicha instancia. El actor apelante en esta sede combatía dicho pronunciamiento.

La estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por la parte actora que determina la estimación de la demanda de instancia conlleva la imposición de las costas de la primera instancia a la entidad bancaria demandada, costas a imponer a la misma en todo caso , por el principio de efectividad.

Así, establece la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2024 (ECLI:ES:TS:2024:2946) que:

"Es pacífica y extensa la jurisprudencia de esta Sala que, desde la sentencia nº 35/2021, de 27 de enero , declara que estimada la acción de nulidad por abusiva de cláusula de gastos, intereses moratorios y vencimiento anticipado, aunque no se estimen la totalidad de todas las cláusulas impugnadas en los términos inicialmente establecidos en la demanda, o la totalidad de las pretensiones restitutorias, procede la imposición de las costas de la primera instancia al banco demandado, conforme con la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020, C-224/19 y C-259/19 , Caixabank y BBVA."

En este mismo sentido señala la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 2024 (ECLI:ES:TS:2024:2864):

"Como recuerda la sentencia 991/2023, de 20 de junio , las exigencias previstas en los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE y los principios de no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas y de efectividad del Derecho de la UE, en los términos en que han sido interpretados por nuestras sentencias, en especial la 35/2021, de 27 de enero , o la de pleno 418/2023, de 28 de marzo , conducen a que, estimada la acción de nulidad por abusiva de determinadas cláusulas, aunque no se estime la nulidad de la totalidad de todas las cláusulas impugnadas en los términos inicialmente establecidos en la demanda, o de las pretensiones restitutorias, procede la imposición de las costas de la primera instancia al banco demandado, conforme con la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020, C-224/19 y C-259/19 , CaixaBank y BBVA".

CUARTO.- Costas

Para la determinación de la imposición de costas derivada del recurso de apelación interpuesto por el demandante hay que tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo que analiza la problemática del pronunciamiento sobre las costas en segunda instancia en los procesos con consumidores, conforme al artículo 398.2 LEC en la redacción anterior al Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, aplicable temporalmente al caso que aquí nos ocupa.

Al respecto la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2025 (ECLI:ES:TS: 2025:5479) dispone que:

"4.3.- En suma, debemos modificar nuestra jurisprudencia a fin de establecer que cuando el consumidor se vea obligado a acudir a la segunda instancia para no verse vinculado por una cláusula abusiva y su recurso de apelación o la impugnación de la sentencia de primera instancia resulten total o parcialmente estimados, las costas de esa segunda instancia deberán imponerse al profesional predisponente."

En idéntico sentido se pronuncia la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2025 (ECLI:ES:TS: 2025:5481).

Por consiguiente, la estimación del recurso de apelación interpuesto por Virgilio determina la imposición de las costas procesales de dicho recurso a la parte demandada.

Por lo expuesto,

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.- La representación procesal de Virgilio presentó demanda de juicio ordinario ejercitando acción de nulidad de contrato por intereses remuneratorios usurarios y subsidiariamente, acción de nulidad de condiciones generales de la contratación acumulada a la acción de restitución de cantidades frente a CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F .C., E. P. S.A.U BCN. Sostiene que el actor, que tiene la condición de consumidor, en fecha 6 de febrero de 2020 firmó con la entidad demandada el contrato de tarjeta de crédito revolving "Visa & Go" con un TAE del 24,90%. Entiende que dicho TAE es usurario teniendo en cuenta que el TAE promedio de las operaciones de tarjeta de crédito y tarjetas revolving para el año 2020 se fijó en 18,06%. Por ello solicita que se declare nulo el contrato por intereses usurarios y se condene a la demanda a devolver todos los importes percibidos como consecuencia de la nulidad del contrato que excedan del capital prestado, más los intereses legales correspondientes desde cada cobro percibido indebidamente hasta el íntegro pago al consumidor perjudicado. Subsidiariamente solicita que se declare nula la cláusula que regula los intereses remuneratorios (TAE) y la de comisión por reclamación de impagos por falta de transparencia e incorporación y se condene a la demandada a devolver todos los importes recibidos como consecuencia de la aplicación de la cláusula que regula el TAE, a calcular en ejecución de sentencia, dejando la cláusula sin efecto en el contrato. Todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada.

2.- CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F .C., E. P. S.A.U BCN contestó a la demanda oponiéndose a las pretensiones ejercitadas en su contra. Entendía que el interés remuneratorio establecido en el contrato suscrito entre las partes no era usurario. Del mismo modo defendía que las cláusulas impugnadas superaban el doble control de incorporación. Por todo ello solicitaba la desestimación de la demanda con expresa condena en costas a la parte actora.

3.- La sentencia de instancia desestima la demanda interpuesta por Virgilio. Entiende que el interés remuneratorio pactado en el contrato suscrito entre las partes no es usurario al no ser notablemente superior al normal del dinero, toda vez que no excede en más de 6 puntos el tipo medio de comparación con inclusión del porcentaje en concepto de comisiones. Del mismo modo estima que el contrato de tarjeta de crédito supera el doble control de transparencia toda vez que suministra al contratante la información precisa, clara, destacada y separada del elemento esencial y determinante del contrato que constituye la fijación del interés remuneratorio pactado, y permite la comprensión y asunción de la carga económica del contrato, sin que por consiguiente proceda la nulidad interesada. En cuanto a la pretendida abusividad de la cláusula de comisión por imago la sentencia considera que no es abusiva porque la cláusula concreta las gestiones a realizar en caso de reclamación, su repercusión en el momento de la primera reclamación por escrito y por una sola vez. Por todo ello desestima la demanda con expresa imposición de costas a la parte actora.

SEGUNDO.- Los motivos de apelación de la sentencia

1.- La representación procesal de Virgilio recurre en apelación la sentencia de instancia solicitando su íntegra revocación. Por lo que se refiere al carácter usurario del interés remuneratorio pactado considera si se toma en consideración el tipo de interés medio para el año de la contratación, es decir, el año 2020 publicado por el Banco de España, que es del 18,06% sí se supera en más de 6 puntos la diferencia con el TAE aplicado al contrato de autos que es del 24,90% y por tanto el interés pactado es usurario. Subsidiariamente considera que el índice que regula el interés remuneratorio no supera el filtro de transparencia. Y del mismo modo sostiene que la cláusula relativa a la comisión por impagados es abusiva. Se trata de una cláusula que no responde a servicios efectivamente prestados y que además supone un desequilibrio de los derechos y obligaciones de las partes. Finalmente interesa que se impongan las costas de la instancia a la parte demandada teniendo en cuenta que el actor ostenta la condición de consumidor.

2.- La entidad demandada se opone al recurso de apelación interpuesto de contrario interesando su íntegra desestimación con imposición de costas a la parte actora. Defiende que tal como indica la sentencia de instancia, el crédito revolving de autos contiene una TAE del 24,90% que no supera los 6 puntos fijados por el Tribunal Supremo en su sentencia de 15 de febrero de 2023 respecto al tipo medio de interés en la fecha de suscripción del contrato, toda vez que hay que estar al tipo medio del mes de febrero de 2020, mes de la contratación, y no al tipo medio anual para el año 2020. Por consiguiente, el interés remuneratorio no puede estimarse usurario. También se opone a la pretendida falta de superación del doble control de transparencia, pues defiende que el consumidor dispuso de información contractual y postcontractual suficiente para permitirle conocer tanto el coste asociado al crédito como el funcionamiento del mismo y en cualquier caso la cláusula no era abusiva al no existir un desequilibrio importante de las prestaciones. Y finalmente, defiende la validez de la comisión por gestión de reclamación de impagados, que solo se devenga con la efectiva reclamación por escrito

TERCERO.- Decisión de la Sala

1.- Planteamiento de la cuestión controvertida

El recurso de apelación trae causa de un contrato de crédito mediante tarjeta de modalidad revolvingsuscrito entre las partes.

En esta segunda instancia se somete a revisión, en primer término, la corrección del pronunciamiento que rechaza el carácter usurario del interés remuneratorio pactado.

Asimismo, se cuestiona la validez de la cláusula reguladora de dicho interés por su eventual falta de transparencia, al entender el apelante que no supera el doble control exigido por la jurisprudencia.

Se combate igualmente la validez de la cláusula que regula la comisión por gestión de reclamación de impagados.

Finalmente, se impugna el pronunciamiento relativo a la imposición de las costas procesales de la primera instancia, interesando su revocación en caso de estimación del recurso.

2.- Jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa al carácter usurario del interés remuneratorio (TAE) pactado en el contrato de tarjeta de crédito en la modalidad revolving

Las sentencias del Tribunal Supremo de 10 de enero de 2024 (ROJ: STS 66/2024 - ECLI:ES:TS:2024:66) y de 15 de febrero de 2023, del Pleno ( ROJ: STS 442/2023 - ECLI:ES:TS:2023:442) recogen la jurisprudencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo para la determinación del carácter usurario del interés remuneratorio convenido en los contrato de tarjeta de crédito con la modalidad revolving.

Al respecto determinan que:

"(...) está claro que el juicio sobre el carácter usurario del interés remuneratorio convenido en este contrato de tarjeta de crédito en la modalidad revolving (...) ha de hacerse tomando, en primer lugar, como interés convenido de referencia la TAE, que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados. Además, la comparación debe hacerse respecto del interés medio aplicable a la categoría a la que corresponda la operación cuestionada, en este caso, el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito revolving.

"En relación con la determinación de este parámetro de comparación, para los contratos posteriores a que el boletín estadístico del Banco de España desglosara un apartado especial a este tipo de créditos, en junio de 2010, la jurisprudencia acude a la información suministrada en esta estadística para conocer cuál era ese interés medio en aquel momento en que se concertó el contrato litigioso.

"Al respecto, habría que hacer otra advertencia, seguida de una matización: el índice analizado por el Banco de España en esos boletines estadísticos no es la TAE, sino el TEDR (tipo efectivo de definición restringida), que equivale a la TAE sin comisiones; de manera que si a ese TEDR se le añadieran las comisiones, el tipo sería ligeramente superior, y la diferencia con la TAE también ligeramente menor, con el consiguiente efecto respecto de la posibilidad de apreciar la usura. De tal forma que, en los contratos posteriores a junio de 2010, se puede seguir acudiendo al boletín estadístico del Banco de España, y al mismo tiempo permitir que el índice publicado se complemente con lo que correspondería a la vista de las comisiones generalmente aplicadas por las entidades financieras. En realidad, en estos últimos años, aunque la TEDR haya sido inferior a la TAE por no contener las comisiones, a los efectos del enjuiciamiento que hay que hacer (si la TAE es notablemente superior al interés [TAE] común en el mercado), ordinariamente no será muy determinante, en atención a que la usura requiere no sólo que el interés pactado sea superior al común del mercado, sino que lo sea "notablemente" (...)

"(...) Una vez determinado el índice de referencia, el tipo de interés (TAE) común para este tipo de contratos de crédito al tiempo de su celebración (2004), hay que valorar el margen admisible por encima del tipo medio de referencia, esto es: en cuántos puntos porcentuales o en qué porcentaje puede superarlo el tipo TAE contractual para que no se considere un interés notablemente superior al normal del dinero. La ley española no establece ninguna norma al respecto. El art. 1 de la Ley de Usura , al acudir a una fórmula amplia (el interés notablemente superior al normal del dinero), emplea un adverbio para caracterizar ese exceso respecto del interés común del mercado ("notablemente"), que exige una apreciación en cada caso. Un criterio así de abierto, no rígido, exige un juicio o valoración para cada caso, acorde con la búsqueda de la justicia del caso concreto.

"Esta fórmula legal se acomoda muy bien a un contexto de contratación y litigación como era el español antes de que hubiera irrumpido la litigación en masa, en la segunda década de este siglo. Pero en este nuevo contexto, siendo tantos los miles de litigios que versan sobre la misma cuestión, la aspiración de la justicia viene ahora connotada por la exigencia de dar un trato igual o equivalente a situaciones iguales o equivalentes, y facilitar la predecibilidad de las soluciones judiciales para dotar de mayor seguridad jurídica al mercado y al tráfico económico"

Y, a falta de una previsión legal, en esa sentencia establecimos como criterio uniforme de valoración que el interés convenido supere los 6 puntos porcentuales del que era común en el mercando para las tarjetas de crédito revolving:

"En la medida en que el criterio que vamos a establecer lo es sólo para un tipo de contratos, los de tarjeta de crédito en la modalidad revolving, en los que hasta ahora el interés medio se ha situado por encima del 15% (...), consideramos más adecuado seguir el criterio de que la diferencia entre el tipo medio de mercado y el convenido sea superior a 6 puntos porcentuales".

En la sentencia 258/2023, de 15 de febrero , de Pleno, a cuya extensa argumentación nos remitimos, se contiene la jurisprudencia de la sala sobre las pautas a seguir para la determinación del carácter usurario del interés en tarjetas de créditos, que parte de la siguiente consideración:

"(...) está claro que el juicio sobre el carácter usurario del interés remuneratorio convenido en este contrato de tarjeta de crédito en la modalidad revolving (...) ha de hacerse tomando, en primer lugar, como interés convenido de referencia la TAE (...). Además, la comparación debe hacerse respecto del interés medio aplicable a la categoría a la que corresponda la operación cuestionada, en este caso, el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito revolving.

"En relación con la determinación de este parámetro de comparación, para los contratos posteriores a que el boletín estadístico del Banco de España desglosara un apartado especial a este tipo de créditos, en junio de 2010, la jurisprudencia acude a la información suministrada en esta estadística para conocer cuál era ese interés medio en aquel momento en que se concertó el contrato litigioso".

Con la siguiente advertencia:

"el índice analizado por el Banco de España en esos boletines estadísticos no es la TAE, sino el TEDR (tipo efectivo de definición restringida), que equivale a la TAE sin comisiones; de manera que si a ese TEDR se le añadieran las comisiones, el tipo sería ligeramente superior, y la diferencia con la TAE también ligeramente menor, con el consiguiente efecto respecto de la posibilidad de apreciar la usura. De tal forma que, en los contratos posteriores a junio de 2010, se puede seguir acudiendo al boletín estadístico del Banco de España, y al mismo tiempo permitir que el índice publicado se complemente con lo que correspondería a la vista de las comisiones generalmente aplicadas por las entidades financieras".

En esta sentencia se determina, con carácter novedoso, el parámetro de comparación para los contratos anteriores a junio de 2010:

"Respecto de los contratos anteriores a junio de 2010, a falta de un desglose especifico en los boletines estadísticos del Banco España, no cabe acudir (...) al índice correspondiente a los créditos al consumo, sino que ha de acudirse a la información específica más próxima en el tiempo. Esta es la que se ofreció en 2010. Según el boletín estadístico, el tipo medio TEDR ese año estaba en el 19,32. Lógicamente, la TAE, al agregar las comisiones, sería ligeramente superior (entre 20 y 30 centésimas, en los niveles de interés que nos movemos). Por lo que podemos partir de forma orientativa del índice de 2010 (19,32), con la corrección oportuna para adecuarlo a la TAE.

Y establecemos tanto para los contratos anteriores al año 2010, como para los posteriores, el margen admisible por encima del tipo medio de referencia, para que el interés no se considere notablemente superior al normal del dinero.

"Una vez determinado el índice de referencia, el tipo de interés (TAE) común para este tipo de contratos de crédito al tiempo de su celebración (2004), hay que valorar el margen admisible por encima del tipo medio de referencia, esto es: en cuántos puntos porcentuales o en qué porcentaje puede superarlo el tipo TAE contractual para que no se considere un interés notablemente superior al normal del dinero. La ley española no establece ninguna norma al respecto. El art. 1 de la Ley de Usura , al acudir a una fórmula amplia (el interés notablemente superior al normal del dinero), emplea un adverbio para caracterizar ese exceso respecto del interés común del mercado ("notablemente"), que exige una apreciación en cada caso. Un criterio así de abierto, no rígido, exige un juicio o valoración para cada caso, acorde con la búsqueda de la justicia del caso concreto.

"Esta fórmula legal se acomoda muy bien a un contexto de contratación y litigación como era el español antes de que hubiera irrumpido la litigación en masa, en la segunda década de este siglo. Pero en este nuevo contexto, siendo tantos los miles de litigios que versan sobre la misma cuestión, la aspiración de la justicia viene ahora connotada por la exigencia de dar un trato igual o equivalente a situaciones iguales o equivalentes, y facilitar la predecibilidad de las soluciones judiciales para dotar de mayor seguridad jurídica al mercado y al tráfico económico".

Y, a falta de una previsión legal, en esa sentencia establecimos como criterio uniforme de valoración que el interés convenido supere los 6 puntos porcentuales del que era común en el mercando para las tarjetas de crédito revolving:

"En la medida en que el criterio que vamos a establecer lo es sólo para un tipo de contratos, los de tarjeta de crédito en la modalidad revolving, en los que hasta ahora el interés medio se ha situado por encima del 15% (...), consideramos más adecuado seguir el criterio de que la diferencia entre el tipo medio de mercado y el convenido sea superior a 6 puntos porcentuales".

3.- Análisis del posible carácter usurario del interés remuneratorio pactado en el caso de autos

En el contrato suscrito entre las partes en fecha 6 de febrero de 2020 se pactaba un TAE del 24,90%.

El tipo medio de interés de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving de las estadísticas del Banco de España en el año 2020 se estableció en el 18,06% y en concreto en el mes de febrero de 2020 en un 19,81%.

La Jurisprudencia transcrita indica que la comparativa de la TAE pactada debe efectuarse respecto del tipo de interés medio aplicable a la categoría a la que corresponda la operación cuestionada, en este caso, el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito revolving, en el momento en el que se concertó el contrato litigioso.

Por consiguiente, disponiendo de un tipo medio publicado por el Banco de España para el concreto mes en el que se llevó a cabo la operación, es decir el mes de febrero de 2020, esta Sala estima más precioso y ajustado acudir a esa publicación, como hizo la sentencia de instancia, que a la genérica de todo el año 2020 que pretende la apelante.

Así lo ha acordado esta Sala en sentencia de 18 de diciembre de 2025 -recurso de apelación 335/2024 -, al analizar un supuesto en el que también se disponía del tipo medio del mes de la contratación, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Supremo 248/2025, de 17 de febrero .

En el caso que nos ocupa, el TAE pactado (24,90%) excedía en 4,84 puntos el tipo medio de comparación (19,81%) con inclusión de 0,2 o 0,3 puntos en concepto de comisiones (0,25 puntos) por lo que a tenor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo transcrita no puede considerarse que se trate de un interés notablemente superior al normal del dinero.

Por consiguiente, debe confirmarse el pronunciamiento de la sentencia de instancia en este extremo al concluir que el interés remuneratorio pactado no era usurario.

4.- Jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa al doble control de transparencia de la cláusula reguladora del interés remuneratorio (TAE) en los contratos de tarjeta revolving

El Tribunal Supremo, en sentencia del Pleno de 30 de enero de 2025 (ROJ: STS 241/2025 -ECLI:ES:TS:2025:241) analiza la falta de transparencia de la cláusula que regula los intereses remuneratorios (TAE) en el contrato en modalidad revolving en los siguientes términos:

"5. La información que debe suministrarse al consumidor al que se le ofrece una tarjeta con la modalidad revolving debe cumplir con las exigencias establecidas en la normativa nacional y con aquellas que el TJUE ha extraído de la Directiva 93/13/CEE .

Debe exponer, de manera transparente por su contenido, forma de expresión y ubicación en el documento, el funcionamiento concreto del mecanismo de recomposición del capital y su influencia en la liquidación de los intereses y en la amortización del capital dispuesto, especialmente en los supuestos de incremento notable del riesgo, ya indicados: cuando la cuota periódica de pago no es elevada pero sí lo es el tipo de interés; y cuando se produce un impago y la capitalización de los intereses y las comisiones devengadas prolonga indefinidamente el pago de la deuda porque las cuotas periódicas, que por defecto se fijan en una cuantía mínima, apenas amortizan capital. Debe informarse, por tanto, de la relación entre la elevada TAE, el mecanismo de recomposición del capital y las demás cláusulas con trascendencia en la creación de los riesgos descritos, de manera que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él.

En concreto, en lo que respecta al anatocismo, constituye una previsión contractual lícita, pero excepcional y con efectos significativamente gravosos para el consumidor, que requiere, por tanto, información clara al consumidor y que la redacción de la cláusula sea inteligible para el consumidor medio, como requisito para que pueda ser considerada transparente.

Por tanto, la información debe permitir al consumidor medio comprender el producto ofertado, tomar conciencia de los riesgos que se derivan del plazo indefinido o prorrogable automáticamente, el elevado tipo de interés, la recomposición constante del crédito, la escasa amortización del capital en el caso de cuotas bajas, y el anatocismo; y, asimismo debe permitirle comparar las diversas ofertas, tal como exige el art. 10 de la Ley de contratos de crédito al consumo, pues para optar por una u otra modalidad de amortización es necesario que las comprenda. Por tanto, es necesaria una información diferenciada sobre las características, los costes y los riesgos de las tres modalidades de financiación que por lo general son electivas, por más que en muchos casos se aplique, por defecto, la modalidad revolving.Porque la diferencia de la modalidad revolvingcon la modalidad de pago aplazado a fin de mes, sin intereses, puede ser fácil de comprender, pero no lo es tanto la diferencia entre la modalidad de pago aplazado, que es en realidad un préstamo al consumo, parecido a la compra a plazos, y la modalidad revolving.

Para cumplir tales exigencias no es suficiente que la información contenga la TAE. En términos comprensibles para el consumidor medio, la información debe indicar que el sistema de amortización es del tipo revolving;debe establecer cuál es la cuota mensual (bien en una cantidad determinada, bien en un porcentaje de la cantidad dispuesta); debe establecer cuál es la duración del contrato; debe indicar si, y en qué casos, el interés se devengará no solo respecto del capital dispuesto sino también respecto del total de la cantidad adeudada (incluyendo intereses, comisiones e indemnizaciones devengadas); y deberá contener unos ejemplos adecuados tanto para comprender los riesgos del sistema como para permitir la comparación con otras modalidades de amortización o con las ofertas de otras entidades financieras. Es preciso que la información incida sobre la forma en que esa elevada TAE opera en la propia economía del contrato, dada las particularidades del sistema de amortización y las demás cláusulas a que se ha hecho referencia. Y debe hacerlo de modo claro y comprensible, no de una forma dispersa a lo largo de un extenso documento y en términos poco expresivos de los riesgos del sistema de amortización revolving,como es el caso objeto de este recurso.

Estas exigencias, para el caso de contratos a los que sea aplicable por razones temporales, están actualmente explicitadas en la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente y por la que se modifica la Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos, la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparenciay protección del cliente de servicios bancarios.

El sistema de amortización revolving no es simplemente un sistema como el de pago aplazado, que puede considerarse un simple préstamo al consumo que se va amortizando en cuotas periódicas durante un periodo determinado. Ya hemos expuesto sus peculiares características y los riesgos que conllevan, significativamente superiores a los de un simple préstamo al consumo. No se trata solo de que el mayor aplazamiento generará mayores intereses, conocimiento que alcanza al consumidor medio; o que, por su propia naturaleza, no pueda fijarse ex ante el coste total del crédito ni establecer un cuadro de amortización. La duración indefinida o prorrogable del contrato de crédito revolving resulta relevante y ha de ser puesta en relación con el mecanismo de reconstitución de la deuda, especialmente si el contrato contempla la capitalización de los intereses y/o una cuota mínima por defecto de cuya incidencia en el coste del crédito es necesario advertir con suficiente claridad.

6.En este caso, según consta acreditado en la instancia, la tarjeta revolving fue ofrecida por un comercial de la entidad demandada, aunque la contratación se hizo on-line, a través de la página web de la financiera. La información que se le pudo suministrar sobre el coste del crédito, y en concreto la TAE, aparece en el contrato y en la ficha de Información Normalizada Europea (INE), que estaba a disposición de la demandante al contratar la tarjeta, y es clara. Pero más allá de una información general de esta modalidad de tarjeta, no consta que hubiera sido informada con carácter previo del riesgo derivado de una lenta amortización, de que se forme una «bola de nieve».

Con la información contenida en el contrato y en la ficha INE, un consumidor medio, normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, no es capaz de tomar conciencia de la naturaleza y consecuencias del mecanismo de amortización revolving, los elevados costes que pueden suponerle y los riesgos de terminar siendo un «deudor cautivo» que tal sistema puede implicar."

5.- Análisis del doble control de transparencia del clausulado del contrato de tarjeta revolving suscrito entre las partes

5.1.- Control de incorporación o transparencia formal

Si atendemos exclusivamente a la transparencia documental o gramatical del contrato suscrito entre las partes podemos concluir que se utilizan caracteres tipográficos legibles y que la redacción es clara y comprensible.

Las condiciones económicas esenciales del contrato constan formalmente incorporadas, son localizables y susceptibles de identificación mediante una lectura normal del conjunto documental aun cuando puedan encontrarse distribuidas en distintos apartados.

Por ello, y desde esta estricta perspectiva formal, procede concluir que el contrato supera el control de incorporación o inclusión, quedando reservado al apartado siguiente el examen relativo al control de transparencia material y a la efectiva comprensión del alcance económico del crédito por el adherente.

5.2.- Control de transparencia material

Si bien el contrato litigioso supera el control de incorporación, el mismo no supera el control de transparencia por cuanto el consumidor no pudo conocer la carga jurídica y económica del contrato.

Así lo ha concluido esta misma Sala con ocasión del estudio del control de transparencia material en productos idénticos al que aquí se analiza, contratos de tarjeta revolving suscritos con la misma entidad aquí demandada, concluyendo la falta de transparencia de dicho clausulado.

En este sentido, damos aquí por reproducido lo que indicamos en nuestra sentencia de 28 de noviembre de 2024, (ROJ: SAP T 1832/2024- ECLI:ES:APT: 2024:1832) al respecto:

"Las condiciones transcritas, relativas a los intereses y el funcionamiento del contrato, no permiten al consumidor conocer de manera razonable el coste real asumido al suscribir el crédito asociado a la tarjeta. No se ha destacado convenientemente que, aunque se efectúe el pago de la cuota pactada de mínimo, el importe del capital dispuesto, que efectivamente se amortice con su pago, puede resultar inapreciable -o, incluso, inexistente con la posibilidad de originar un incremento del crédito-, lo que necesariamente implicará la prolongación en el tiempo del periodo de amortización previsible.

No ofrece información alguna, en función de los diferentes escenarios posibles, sobre el importe total que deberá abonar el acreditado en concepto de intereses -verdadera carga económica del crédito-, ni sobre el periodo de tiempo preciso para la completa amortización del importe total de la línea de crédito concedida con el pago de la cuota mensual estipulada.

Tampoco incluye referencia o explicación alguna respecto de las consecuencias de la reutilización del crédito, conforme a su carácter rotativo o renovable, en el importe de los intereses a pagar y en la determinación del plazo de amortización, ni ejemplos ni información complementaria que permita al consumidor conocer el mecanismo que subyace en el interés remuneratorio. Por otro lado tampoco existe referencia a la "Información normalizada europea sobre el crédito al consumo", ni se explica ni detalla cómo tiene lugar la devolución del crédito, en el caso de pago aplazado, mediante el abono de mensualidades de diferentes cuantías y como puede repercutir en ello el devengo de intereses y otros gastos, de manera que la demandante pudiera formarse una idea de que las obligaciones a que se comprometía al suscribir el contrato, cómo tendría que devolver el crédito, durante cuánto tiempo y a qué coste.

Ninguna eficacia cabe reconocer, en este sentido, a las declaraciones predispuestas que contiene el contrato suscrito por las que reconoce haber tenido acceso la información previa en el modelo normalizado europeo y haber recibido explicaciones adecuadas y obrar por cuenta propia, mostrando su conformidad con las condiciones particulares y condiciones generalesde la tarjeta de crédito. Reiterada jurisprudencia ha afirmado la ineficacia de menciones predispuestas que consisten en declaraciones, no de voluntad, sino de conocimiento o fijación como ciertos de determinados hechos, que se revelan como fórmulas predispuestas por el profesional vacías de contenido real al resultar contradichas por los hechos.

Conforme a ello podemos decir que no se ha probado por la demandada que se facilitara ninguna clase de información precontractual a la actora, ni siquiera la Información normalizada europea sobre el crédito al consumo, lo que implica que de las cláusulas del contrato no es posible extraer una información clara sobre el alcance económico del mismo. Y aunque la falta de transparencia no produce necesariamente la abusividad, sino que permite verificar dicho control, en un caso de autos esta falta de transparencia en estipulaciones esenciales del contrato como son la determinación del interés y a su liquidación, además de no resultar transparentes conculcan la buena fe pues con dicho conocimiento el consumidor no se hubiera obligado en los términos establecidos en el contrato"

Del mismo modo hemos concluido la falta de transparencia de la cláusula que determina los intereses remuneratorios (TAE) en contratos de tarjeta revolving suscritos con CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F .C., E. P. S.A.U BCN en sentencia de esta Sala de 16 de mayo de 2024 (ROJ: SAP T 747/2024 - ECLI:ES:APT:2024:747), sentencia de 3 de abril de 2025 (ROJ: SAP T 518/2025 - ECLI:ES:APT:2025:518) o más recientemente sentencia de 24 de septiembre de 2025 (ROJ: SAP T 1548/2025 -ECLI:ES:APT:2025:1548 ) entre otras.

Con la información contenida en el contrato, un consumidor medio, normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, no sería capaz de tomar conciencia de la naturaleza y consecuencias del mecanismo de amortización revolving, los elevados costes que pueden suponerle y los riesgos de terminar siendo un «deudor cautivo» que tal sistema puede implicar.

Por todo lo expuesto, debemos concluir que el contrato de tarjeta revolving analizado no supera el doble control de transparencia.

6.- Jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa al carácter abusivo de la cláusula relativa a los intereses remuneratorios (TAE) en contratos de tarjeta revolving

El Tribunal Supremo, en sentencia del Pleno de 30 de enero de 2025 (ROJ: STS 241/2025 - ECLI:ES:TS:2025:241) citada anteriormente, después de haber analizado y concluido la falta de transparencia en el contrato revolving, entra a estudiar su posible abusividad en los siguientes términos:

"Declarada la falta de transparencia, procede determinar si la cláusula es abusiva, como sigue diciendo el Tribunal Supremo en las sentencias citadas: "Cuando un tribunal considera que una cláusula contractual no está redactada de manera clara y comprensible a efectos del artículo 4, apartado 2 , y 5 de la citada Directiva 93/13/CEE , le incumbe examinar si tal cláusula es abusiva en el sentido del artículo 3, apartado 1, de esa misma Directiva. La falta de transparenciano supone automáticamente que una cláusula contractual sea considerada abusiva en virtud del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE pues la mera circunstancia de que una cláusula no esté redactada de manera clara y comprensible no le confiere, por sí sola, carácter abusivo. Esto significa que, aun estableciendo que una cláusula cubierta por el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE no es clara ni comprensible, su carácter abusivo debe todavía evaluarse con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 3, apartado 1. Así lo ha declarado el TJUE desde la sentencia de 26 de enero de 2017, C-421/14 , Banco Primus, apartados, 62 a 67, habiéndolo reiterado en sentencias como la de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB Bank, C-621/17, apartado 49 , y de 13 de julio de 2023, C-265/22 , Banco Santander, apartado 66.

Sin embargo, en la medida en que las cláusulas contractuales no sean claras ni comprensibles, esta circunstancia puede contribuir a concluir que una cláusula contractual es abusiva en virtud del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE , o incluso puede indicar su carácter abusivo. La transparencia de una cláusula contractual que exigen los arts. 4.2 y 5 de la Directiva 93/13/CEE (más exactamente, su falta de transparencia) es uno de los elementos que deben tenerse en cuenta para apreciar si tal cláusula es abusiva (por todas, las recientes sentencias de 13 de julio de 2023, C-265/22, Banco Santander, apartado 66 , y de 12 de diciembre de 2024, C-300/23 , Kutxabank, apartado 110).

De manera similar a como hemos declarado en los supuestos de cláusulas suelo o de préstamos en divisas, en el caso de las tarjetas revolving, la falta de transparencia de la cláusula relativa a la TAE, valorada junto con las cláusulas relativas al sistema de amortización, el anatocismo y la escasa cuota mensual, no es inocua para el consumidor, sino que provoca un grave desequilibrio, en contra de las exigencias de la buena fe, puesto que, al ignorar los riesgos significativos que entraña dicho sistema de amortización, no puede comparar la oferta con las de otros sistemas de amortización y se compromete en un contrato que puede tener para él graves consecuencias pues puede terminar siendo lo que hemos venido en llamar un «deudor cautivo» y el Banco de España denomina «efecto bola de nieve».

Son también circunstancias relevantes para la valoración de la buena fe del predisponente necesaria para apreciar la abusividad de estas cláusulas la incitación por parte del profesional a la contratación en la modalidad revolving en los términos más proclives a acentuar tales riesgos, como resulta de su comercialización fuera de establecimientos financieros (en las estaciones de tren, autobús, aeropuerto o centros comerciales tales como hipermercados, grandes superficies de electrodomésticos y electrónica, etc.), con denominaciones que ocultan esos riesgos e incitan a su contratación («cuota fácil» en este caso), con previsiones contractuales en las que, por defecto, se contrata el sistema revolving y/o las cuotas de escasa cuantía que incrementan el pago de intereses y prolongan el plazo de amortización".

7.- Análisis del posible carácter abusivo del clausulado del contrato de autos

Partiendo de la jurisprudencia transcrita y aplicándola al caso de autos, debemos concluir que la falta de transparencia en las estipulaciones esenciales del contrato suscrito entre las partes en fecha 6 de febrero de 2020, en concreto y por lo expuesto anteriormente, en relación con las cláusulas sobre la determinación del interés y su liquidación, determina que dichas cláusulas además de no resultar transparentes provoquen un grave desequilibrio, en contra de las exigencias de la buena fe y por ello deban reputarse nulas por abusivas.

Si Virgilio hubiese dispuesto de toda la información que no pudo llegar a conocer debido a esta falta de transparencia, en particular si hubiese conocido todos los riesgos significativos derivados del sistema de amortización del contrato que suscribía no se hubiera obligado en los términos establecidos en el contrato.

Por ello debemos concluir la abusividad y nulidad de las cláusulas negociadoras de los intereses remuneratorios y del sistema revolving de liquidación del contrato.

8.- Consecuencias de la declaración de nulidad de la cláusula reguladora de los intereses remuneratorios (TAE) y del sistema revolving de liquidación del contrato

Dispone el artículo 10.1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación que:

"1. La no incorporación al contrato de las cláusulas de las condiciones generales o la declaración de nulidad de las mismas no determinará la ineficacia total del contrato, si éste puede subsistir sin tales cláusulas, extremo sobre el que deberá pronunciarse la sentencia.".

En el caso de autos es evidente que el contrato de tarjeta de crédito no puede subsistir si se elimina el devengo de intereses remuneratorios, que constituyen el precio del contrato, esto es, la misma contraprestación que está obligado a satisfacer el consumidor por disponer de crédito con la utilización de la tarjeta y realizar con ella compras y sacar dinero efectivo en cajeros. Por tanto, la conclusión no puede ser otra que declarar la nulidad del contrato.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.303 del Código civil el prestatario deberá reintegrar tan sólo las cantidades de las que hubiera dispuesto y que no hubiera ya abonado siempre que superen el monto del capital dispuesto, debiendo condenarse a la entidad bancaria a devolver la diferencia.

La pretensión de nulidad de la cláusula de comisión por impago decae al ser nulo el contrato por la abusividad de la cláusula reguladora de los intereses remuneratorios y sistema revolving de liquidación del contrato.

Por todo lo expuesto, procede estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Virgilio, revocar la sentencia de instancia, declarar la nulidad del contrato suscrito entre las partes en fecha 6 de febrero de 2020 por falta de transparencia, y condenar a la entidad bancaria a restituir las cantidades indebidamente abonadas por el prestatario que excedan del capital dispuesto, con los intereses legales desde la fecha de cada pago ex artículo 1303 del Código civil, a determinar en ejecución de sentencia.

9.- Sobre la imposición de las costas procesales de la primera instancia

La sentencia de instancia desestimaba íntegramente la demanda interpuesta por la representación de Virgilio y le imponía todas las costas generadas en dicha instancia. El actor apelante en esta sede combatía dicho pronunciamiento.

La estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por la parte actora que determina la estimación de la demanda de instancia conlleva la imposición de las costas de la primera instancia a la entidad bancaria demandada, costas a imponer a la misma en todo caso , por el principio de efectividad.

Así, establece la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2024 (ECLI:ES:TS:2024:2946) que:

"Es pacífica y extensa la jurisprudencia de esta Sala que, desde la sentencia nº 35/2021, de 27 de enero , declara que estimada la acción de nulidad por abusiva de cláusula de gastos, intereses moratorios y vencimiento anticipado, aunque no se estimen la totalidad de todas las cláusulas impugnadas en los términos inicialmente establecidos en la demanda, o la totalidad de las pretensiones restitutorias, procede la imposición de las costas de la primera instancia al banco demandado, conforme con la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020, C-224/19 y C-259/19 , Caixabank y BBVA."

En este mismo sentido señala la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 2024 (ECLI:ES:TS:2024:2864):

"Como recuerda la sentencia 991/2023, de 20 de junio , las exigencias previstas en los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE y los principios de no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas y de efectividad del Derecho de la UE, en los términos en que han sido interpretados por nuestras sentencias, en especial la 35/2021, de 27 de enero , o la de pleno 418/2023, de 28 de marzo , conducen a que, estimada la acción de nulidad por abusiva de determinadas cláusulas, aunque no se estime la nulidad de la totalidad de todas las cláusulas impugnadas en los términos inicialmente establecidos en la demanda, o de las pretensiones restitutorias, procede la imposición de las costas de la primera instancia al banco demandado, conforme con la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020, C-224/19 y C-259/19 , CaixaBank y BBVA".

CUARTO.- Costas

Para la determinación de la imposición de costas derivada del recurso de apelación interpuesto por el demandante hay que tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo que analiza la problemática del pronunciamiento sobre las costas en segunda instancia en los procesos con consumidores, conforme al artículo 398.2 LEC en la redacción anterior al Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, aplicable temporalmente al caso que aquí nos ocupa.

Al respecto la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2025 (ECLI:ES:TS: 2025:5479) dispone que:

"4.3.- En suma, debemos modificar nuestra jurisprudencia a fin de establecer que cuando el consumidor se vea obligado a acudir a la segunda instancia para no verse vinculado por una cláusula abusiva y su recurso de apelación o la impugnación de la sentencia de primera instancia resulten total o parcialmente estimados, las costas de esa segunda instancia deberán imponerse al profesional predisponente."

En idéntico sentido se pronuncia la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2025 (ECLI:ES:TS: 2025:5481).

Por consiguiente, la estimación del recurso de apelación interpuesto por Virgilio determina la imposición de las costas procesales de dicho recurso a la parte demandada.

Por lo expuesto,

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.- La representación procesal de Virgilio presentó demanda de juicio ordinario ejercitando acción de nulidad de contrato por intereses remuneratorios usurarios y subsidiariamente, acción de nulidad de condiciones generales de la contratación acumulada a la acción de restitución de cantidades frente a CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F .C., E. P. S.A.U BCN. Sostiene que el actor, que tiene la condición de consumidor, en fecha 6 de febrero de 2020 firmó con la entidad demandada el contrato de tarjeta de crédito revolving "Visa & Go" con un TAE del 24,90%. Entiende que dicho TAE es usurario teniendo en cuenta que el TAE promedio de las operaciones de tarjeta de crédito y tarjetas revolving para el año 2020 se fijó en 18,06%. Por ello solicita que se declare nulo el contrato por intereses usurarios y se condene a la demanda a devolver todos los importes percibidos como consecuencia de la nulidad del contrato que excedan del capital prestado, más los intereses legales correspondientes desde cada cobro percibido indebidamente hasta el íntegro pago al consumidor perjudicado. Subsidiariamente solicita que se declare nula la cláusula que regula los intereses remuneratorios (TAE) y la de comisión por reclamación de impagos por falta de transparencia e incorporación y se condene a la demandada a devolver todos los importes recibidos como consecuencia de la aplicación de la cláusula que regula el TAE, a calcular en ejecución de sentencia, dejando la cláusula sin efecto en el contrato. Todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada.

2.- CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F .C., E. P. S.A.U BCN contestó a la demanda oponiéndose a las pretensiones ejercitadas en su contra. Entendía que el interés remuneratorio establecido en el contrato suscrito entre las partes no era usurario. Del mismo modo defendía que las cláusulas impugnadas superaban el doble control de incorporación. Por todo ello solicitaba la desestimación de la demanda con expresa condena en costas a la parte actora.

3.- La sentencia de instancia desestima la demanda interpuesta por Virgilio. Entiende que el interés remuneratorio pactado en el contrato suscrito entre las partes no es usurario al no ser notablemente superior al normal del dinero, toda vez que no excede en más de 6 puntos el tipo medio de comparación con inclusión del porcentaje en concepto de comisiones. Del mismo modo estima que el contrato de tarjeta de crédito supera el doble control de transparencia toda vez que suministra al contratante la información precisa, clara, destacada y separada del elemento esencial y determinante del contrato que constituye la fijación del interés remuneratorio pactado, y permite la comprensión y asunción de la carga económica del contrato, sin que por consiguiente proceda la nulidad interesada. En cuanto a la pretendida abusividad de la cláusula de comisión por imago la sentencia considera que no es abusiva porque la cláusula concreta las gestiones a realizar en caso de reclamación, su repercusión en el momento de la primera reclamación por escrito y por una sola vez. Por todo ello desestima la demanda con expresa imposición de costas a la parte actora.

SEGUNDO.- Los motivos de apelación de la sentencia

1.- La representación procesal de Virgilio recurre en apelación la sentencia de instancia solicitando su íntegra revocación. Por lo que se refiere al carácter usurario del interés remuneratorio pactado considera si se toma en consideración el tipo de interés medio para el año de la contratación, es decir, el año 2020 publicado por el Banco de España, que es del 18,06% sí se supera en más de 6 puntos la diferencia con el TAE aplicado al contrato de autos que es del 24,90% y por tanto el interés pactado es usurario. Subsidiariamente considera que el índice que regula el interés remuneratorio no supera el filtro de transparencia. Y del mismo modo sostiene que la cláusula relativa a la comisión por impagados es abusiva. Se trata de una cláusula que no responde a servicios efectivamente prestados y que además supone un desequilibrio de los derechos y obligaciones de las partes. Finalmente interesa que se impongan las costas de la instancia a la parte demandada teniendo en cuenta que el actor ostenta la condición de consumidor.

2.- La entidad demandada se opone al recurso de apelación interpuesto de contrario interesando su íntegra desestimación con imposición de costas a la parte actora. Defiende que tal como indica la sentencia de instancia, el crédito revolving de autos contiene una TAE del 24,90% que no supera los 6 puntos fijados por el Tribunal Supremo en su sentencia de 15 de febrero de 2023 respecto al tipo medio de interés en la fecha de suscripción del contrato, toda vez que hay que estar al tipo medio del mes de febrero de 2020, mes de la contratación, y no al tipo medio anual para el año 2020. Por consiguiente, el interés remuneratorio no puede estimarse usurario. También se opone a la pretendida falta de superación del doble control de transparencia, pues defiende que el consumidor dispuso de información contractual y postcontractual suficiente para permitirle conocer tanto el coste asociado al crédito como el funcionamiento del mismo y en cualquier caso la cláusula no era abusiva al no existir un desequilibrio importante de las prestaciones. Y finalmente, defiende la validez de la comisión por gestión de reclamación de impagados, que solo se devenga con la efectiva reclamación por escrito

TERCERO.- Decisión de la Sala

1.- Planteamiento de la cuestión controvertida

El recurso de apelación trae causa de un contrato de crédito mediante tarjeta de modalidad revolvingsuscrito entre las partes.

En esta segunda instancia se somete a revisión, en primer término, la corrección del pronunciamiento que rechaza el carácter usurario del interés remuneratorio pactado.

Asimismo, se cuestiona la validez de la cláusula reguladora de dicho interés por su eventual falta de transparencia, al entender el apelante que no supera el doble control exigido por la jurisprudencia.

Se combate igualmente la validez de la cláusula que regula la comisión por gestión de reclamación de impagados.

Finalmente, se impugna el pronunciamiento relativo a la imposición de las costas procesales de la primera instancia, interesando su revocación en caso de estimación del recurso.

2.- Jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa al carácter usurario del interés remuneratorio (TAE) pactado en el contrato de tarjeta de crédito en la modalidad revolving

Las sentencias del Tribunal Supremo de 10 de enero de 2024 (ROJ: STS 66/2024 - ECLI:ES:TS:2024:66) y de 15 de febrero de 2023, del Pleno ( ROJ: STS 442/2023 - ECLI:ES:TS:2023:442) recogen la jurisprudencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo para la determinación del carácter usurario del interés remuneratorio convenido en los contrato de tarjeta de crédito con la modalidad revolving.

Al respecto determinan que:

"(...) está claro que el juicio sobre el carácter usurario del interés remuneratorio convenido en este contrato de tarjeta de crédito en la modalidad revolving (...) ha de hacerse tomando, en primer lugar, como interés convenido de referencia la TAE, que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados. Además, la comparación debe hacerse respecto del interés medio aplicable a la categoría a la que corresponda la operación cuestionada, en este caso, el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito revolving.

"En relación con la determinación de este parámetro de comparación, para los contratos posteriores a que el boletín estadístico del Banco de España desglosara un apartado especial a este tipo de créditos, en junio de 2010, la jurisprudencia acude a la información suministrada en esta estadística para conocer cuál era ese interés medio en aquel momento en que se concertó el contrato litigioso.

"Al respecto, habría que hacer otra advertencia, seguida de una matización: el índice analizado por el Banco de España en esos boletines estadísticos no es la TAE, sino el TEDR (tipo efectivo de definición restringida), que equivale a la TAE sin comisiones; de manera que si a ese TEDR se le añadieran las comisiones, el tipo sería ligeramente superior, y la diferencia con la TAE también ligeramente menor, con el consiguiente efecto respecto de la posibilidad de apreciar la usura. De tal forma que, en los contratos posteriores a junio de 2010, se puede seguir acudiendo al boletín estadístico del Banco de España, y al mismo tiempo permitir que el índice publicado se complemente con lo que correspondería a la vista de las comisiones generalmente aplicadas por las entidades financieras. En realidad, en estos últimos años, aunque la TEDR haya sido inferior a la TAE por no contener las comisiones, a los efectos del enjuiciamiento que hay que hacer (si la TAE es notablemente superior al interés [TAE] común en el mercado), ordinariamente no será muy determinante, en atención a que la usura requiere no sólo que el interés pactado sea superior al común del mercado, sino que lo sea "notablemente" (...)

"(...) Una vez determinado el índice de referencia, el tipo de interés (TAE) común para este tipo de contratos de crédito al tiempo de su celebración (2004), hay que valorar el margen admisible por encima del tipo medio de referencia, esto es: en cuántos puntos porcentuales o en qué porcentaje puede superarlo el tipo TAE contractual para que no se considere un interés notablemente superior al normal del dinero. La ley española no establece ninguna norma al respecto. El art. 1 de la Ley de Usura , al acudir a una fórmula amplia (el interés notablemente superior al normal del dinero), emplea un adverbio para caracterizar ese exceso respecto del interés común del mercado ("notablemente"), que exige una apreciación en cada caso. Un criterio así de abierto, no rígido, exige un juicio o valoración para cada caso, acorde con la búsqueda de la justicia del caso concreto.

"Esta fórmula legal se acomoda muy bien a un contexto de contratación y litigación como era el español antes de que hubiera irrumpido la litigación en masa, en la segunda década de este siglo. Pero en este nuevo contexto, siendo tantos los miles de litigios que versan sobre la misma cuestión, la aspiración de la justicia viene ahora connotada por la exigencia de dar un trato igual o equivalente a situaciones iguales o equivalentes, y facilitar la predecibilidad de las soluciones judiciales para dotar de mayor seguridad jurídica al mercado y al tráfico económico"

Y, a falta de una previsión legal, en esa sentencia establecimos como criterio uniforme de valoración que el interés convenido supere los 6 puntos porcentuales del que era común en el mercando para las tarjetas de crédito revolving:

"En la medida en que el criterio que vamos a establecer lo es sólo para un tipo de contratos, los de tarjeta de crédito en la modalidad revolving, en los que hasta ahora el interés medio se ha situado por encima del 15% (...), consideramos más adecuado seguir el criterio de que la diferencia entre el tipo medio de mercado y el convenido sea superior a 6 puntos porcentuales".

En la sentencia 258/2023, de 15 de febrero , de Pleno, a cuya extensa argumentación nos remitimos, se contiene la jurisprudencia de la sala sobre las pautas a seguir para la determinación del carácter usurario del interés en tarjetas de créditos, que parte de la siguiente consideración:

"(...) está claro que el juicio sobre el carácter usurario del interés remuneratorio convenido en este contrato de tarjeta de crédito en la modalidad revolving (...) ha de hacerse tomando, en primer lugar, como interés convenido de referencia la TAE (...). Además, la comparación debe hacerse respecto del interés medio aplicable a la categoría a la que corresponda la operación cuestionada, en este caso, el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito revolving.

"En relación con la determinación de este parámetro de comparación, para los contratos posteriores a que el boletín estadístico del Banco de España desglosara un apartado especial a este tipo de créditos, en junio de 2010, la jurisprudencia acude a la información suministrada en esta estadística para conocer cuál era ese interés medio en aquel momento en que se concertó el contrato litigioso".

Con la siguiente advertencia:

"el índice analizado por el Banco de España en esos boletines estadísticos no es la TAE, sino el TEDR (tipo efectivo de definición restringida), que equivale a la TAE sin comisiones; de manera que si a ese TEDR se le añadieran las comisiones, el tipo sería ligeramente superior, y la diferencia con la TAE también ligeramente menor, con el consiguiente efecto respecto de la posibilidad de apreciar la usura. De tal forma que, en los contratos posteriores a junio de 2010, se puede seguir acudiendo al boletín estadístico del Banco de España, y al mismo tiempo permitir que el índice publicado se complemente con lo que correspondería a la vista de las comisiones generalmente aplicadas por las entidades financieras".

En esta sentencia se determina, con carácter novedoso, el parámetro de comparación para los contratos anteriores a junio de 2010:

"Respecto de los contratos anteriores a junio de 2010, a falta de un desglose especifico en los boletines estadísticos del Banco España, no cabe acudir (...) al índice correspondiente a los créditos al consumo, sino que ha de acudirse a la información específica más próxima en el tiempo. Esta es la que se ofreció en 2010. Según el boletín estadístico, el tipo medio TEDR ese año estaba en el 19,32. Lógicamente, la TAE, al agregar las comisiones, sería ligeramente superior (entre 20 y 30 centésimas, en los niveles de interés que nos movemos). Por lo que podemos partir de forma orientativa del índice de 2010 (19,32), con la corrección oportuna para adecuarlo a la TAE.

Y establecemos tanto para los contratos anteriores al año 2010, como para los posteriores, el margen admisible por encima del tipo medio de referencia, para que el interés no se considere notablemente superior al normal del dinero.

"Una vez determinado el índice de referencia, el tipo de interés (TAE) común para este tipo de contratos de crédito al tiempo de su celebración (2004), hay que valorar el margen admisible por encima del tipo medio de referencia, esto es: en cuántos puntos porcentuales o en qué porcentaje puede superarlo el tipo TAE contractual para que no se considere un interés notablemente superior al normal del dinero. La ley española no establece ninguna norma al respecto. El art. 1 de la Ley de Usura , al acudir a una fórmula amplia (el interés notablemente superior al normal del dinero), emplea un adverbio para caracterizar ese exceso respecto del interés común del mercado ("notablemente"), que exige una apreciación en cada caso. Un criterio así de abierto, no rígido, exige un juicio o valoración para cada caso, acorde con la búsqueda de la justicia del caso concreto.

"Esta fórmula legal se acomoda muy bien a un contexto de contratación y litigación como era el español antes de que hubiera irrumpido la litigación en masa, en la segunda década de este siglo. Pero en este nuevo contexto, siendo tantos los miles de litigios que versan sobre la misma cuestión, la aspiración de la justicia viene ahora connotada por la exigencia de dar un trato igual o equivalente a situaciones iguales o equivalentes, y facilitar la predecibilidad de las soluciones judiciales para dotar de mayor seguridad jurídica al mercado y al tráfico económico".

Y, a falta de una previsión legal, en esa sentencia establecimos como criterio uniforme de valoración que el interés convenido supere los 6 puntos porcentuales del que era común en el mercando para las tarjetas de crédito revolving:

"En la medida en que el criterio que vamos a establecer lo es sólo para un tipo de contratos, los de tarjeta de crédito en la modalidad revolving, en los que hasta ahora el interés medio se ha situado por encima del 15% (...), consideramos más adecuado seguir el criterio de que la diferencia entre el tipo medio de mercado y el convenido sea superior a 6 puntos porcentuales".

3.- Análisis del posible carácter usurario del interés remuneratorio pactado en el caso de autos

En el contrato suscrito entre las partes en fecha 6 de febrero de 2020 se pactaba un TAE del 24,90%.

El tipo medio de interés de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving de las estadísticas del Banco de España en el año 2020 se estableció en el 18,06% y en concreto en el mes de febrero de 2020 en un 19,81%.

La Jurisprudencia transcrita indica que la comparativa de la TAE pactada debe efectuarse respecto del tipo de interés medio aplicable a la categoría a la que corresponda la operación cuestionada, en este caso, el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito revolving, en el momento en el que se concertó el contrato litigioso.

Por consiguiente, disponiendo de un tipo medio publicado por el Banco de España para el concreto mes en el que se llevó a cabo la operación, es decir el mes de febrero de 2020, esta Sala estima más precioso y ajustado acudir a esa publicación, como hizo la sentencia de instancia, que a la genérica de todo el año 2020 que pretende la apelante.

Así lo ha acordado esta Sala en sentencia de 18 de diciembre de 2025 -recurso de apelación 335/2024 -, al analizar un supuesto en el que también se disponía del tipo medio del mes de la contratación, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Supremo 248/2025, de 17 de febrero .

En el caso que nos ocupa, el TAE pactado (24,90%) excedía en 4,84 puntos el tipo medio de comparación (19,81%) con inclusión de 0,2 o 0,3 puntos en concepto de comisiones (0,25 puntos) por lo que a tenor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo transcrita no puede considerarse que se trate de un interés notablemente superior al normal del dinero.

Por consiguiente, debe confirmarse el pronunciamiento de la sentencia de instancia en este extremo al concluir que el interés remuneratorio pactado no era usurario.

4.- Jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa al doble control de transparencia de la cláusula reguladora del interés remuneratorio (TAE) en los contratos de tarjeta revolving

El Tribunal Supremo, en sentencia del Pleno de 30 de enero de 2025 (ROJ: STS 241/2025 -ECLI:ES:TS:2025:241) analiza la falta de transparencia de la cláusula que regula los intereses remuneratorios (TAE) en el contrato en modalidad revolving en los siguientes términos:

"5. La información que debe suministrarse al consumidor al que se le ofrece una tarjeta con la modalidad revolving debe cumplir con las exigencias establecidas en la normativa nacional y con aquellas que el TJUE ha extraído de la Directiva 93/13/CEE .

Debe exponer, de manera transparente por su contenido, forma de expresión y ubicación en el documento, el funcionamiento concreto del mecanismo de recomposición del capital y su influencia en la liquidación de los intereses y en la amortización del capital dispuesto, especialmente en los supuestos de incremento notable del riesgo, ya indicados: cuando la cuota periódica de pago no es elevada pero sí lo es el tipo de interés; y cuando se produce un impago y la capitalización de los intereses y las comisiones devengadas prolonga indefinidamente el pago de la deuda porque las cuotas periódicas, que por defecto se fijan en una cuantía mínima, apenas amortizan capital. Debe informarse, por tanto, de la relación entre la elevada TAE, el mecanismo de recomposición del capital y las demás cláusulas con trascendencia en la creación de los riesgos descritos, de manera que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él.

En concreto, en lo que respecta al anatocismo, constituye una previsión contractual lícita, pero excepcional y con efectos significativamente gravosos para el consumidor, que requiere, por tanto, información clara al consumidor y que la redacción de la cláusula sea inteligible para el consumidor medio, como requisito para que pueda ser considerada transparente.

Por tanto, la información debe permitir al consumidor medio comprender el producto ofertado, tomar conciencia de los riesgos que se derivan del plazo indefinido o prorrogable automáticamente, el elevado tipo de interés, la recomposición constante del crédito, la escasa amortización del capital en el caso de cuotas bajas, y el anatocismo; y, asimismo debe permitirle comparar las diversas ofertas, tal como exige el art. 10 de la Ley de contratos de crédito al consumo, pues para optar por una u otra modalidad de amortización es necesario que las comprenda. Por tanto, es necesaria una información diferenciada sobre las características, los costes y los riesgos de las tres modalidades de financiación que por lo general son electivas, por más que en muchos casos se aplique, por defecto, la modalidad revolving.Porque la diferencia de la modalidad revolvingcon la modalidad de pago aplazado a fin de mes, sin intereses, puede ser fácil de comprender, pero no lo es tanto la diferencia entre la modalidad de pago aplazado, que es en realidad un préstamo al consumo, parecido a la compra a plazos, y la modalidad revolving.

Para cumplir tales exigencias no es suficiente que la información contenga la TAE. En términos comprensibles para el consumidor medio, la información debe indicar que el sistema de amortización es del tipo revolving;debe establecer cuál es la cuota mensual (bien en una cantidad determinada, bien en un porcentaje de la cantidad dispuesta); debe establecer cuál es la duración del contrato; debe indicar si, y en qué casos, el interés se devengará no solo respecto del capital dispuesto sino también respecto del total de la cantidad adeudada (incluyendo intereses, comisiones e indemnizaciones devengadas); y deberá contener unos ejemplos adecuados tanto para comprender los riesgos del sistema como para permitir la comparación con otras modalidades de amortización o con las ofertas de otras entidades financieras. Es preciso que la información incida sobre la forma en que esa elevada TAE opera en la propia economía del contrato, dada las particularidades del sistema de amortización y las demás cláusulas a que se ha hecho referencia. Y debe hacerlo de modo claro y comprensible, no de una forma dispersa a lo largo de un extenso documento y en términos poco expresivos de los riesgos del sistema de amortización revolving,como es el caso objeto de este recurso.

Estas exigencias, para el caso de contratos a los que sea aplicable por razones temporales, están actualmente explicitadas en la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente y por la que se modifica la Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos, la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparenciay protección del cliente de servicios bancarios.

El sistema de amortización revolving no es simplemente un sistema como el de pago aplazado, que puede considerarse un simple préstamo al consumo que se va amortizando en cuotas periódicas durante un periodo determinado. Ya hemos expuesto sus peculiares características y los riesgos que conllevan, significativamente superiores a los de un simple préstamo al consumo. No se trata solo de que el mayor aplazamiento generará mayores intereses, conocimiento que alcanza al consumidor medio; o que, por su propia naturaleza, no pueda fijarse ex ante el coste total del crédito ni establecer un cuadro de amortización. La duración indefinida o prorrogable del contrato de crédito revolving resulta relevante y ha de ser puesta en relación con el mecanismo de reconstitución de la deuda, especialmente si el contrato contempla la capitalización de los intereses y/o una cuota mínima por defecto de cuya incidencia en el coste del crédito es necesario advertir con suficiente claridad.

6.En este caso, según consta acreditado en la instancia, la tarjeta revolving fue ofrecida por un comercial de la entidad demandada, aunque la contratación se hizo on-line, a través de la página web de la financiera. La información que se le pudo suministrar sobre el coste del crédito, y en concreto la TAE, aparece en el contrato y en la ficha de Información Normalizada Europea (INE), que estaba a disposición de la demandante al contratar la tarjeta, y es clara. Pero más allá de una información general de esta modalidad de tarjeta, no consta que hubiera sido informada con carácter previo del riesgo derivado de una lenta amortización, de que se forme una «bola de nieve».

Con la información contenida en el contrato y en la ficha INE, un consumidor medio, normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, no es capaz de tomar conciencia de la naturaleza y consecuencias del mecanismo de amortización revolving, los elevados costes que pueden suponerle y los riesgos de terminar siendo un «deudor cautivo» que tal sistema puede implicar."

5.- Análisis del doble control de transparencia del clausulado del contrato de tarjeta revolving suscrito entre las partes

5.1.- Control de incorporación o transparencia formal

Si atendemos exclusivamente a la transparencia documental o gramatical del contrato suscrito entre las partes podemos concluir que se utilizan caracteres tipográficos legibles y que la redacción es clara y comprensible.

Las condiciones económicas esenciales del contrato constan formalmente incorporadas, son localizables y susceptibles de identificación mediante una lectura normal del conjunto documental aun cuando puedan encontrarse distribuidas en distintos apartados.

Por ello, y desde esta estricta perspectiva formal, procede concluir que el contrato supera el control de incorporación o inclusión, quedando reservado al apartado siguiente el examen relativo al control de transparencia material y a la efectiva comprensión del alcance económico del crédito por el adherente.

5.2.- Control de transparencia material

Si bien el contrato litigioso supera el control de incorporación, el mismo no supera el control de transparencia por cuanto el consumidor no pudo conocer la carga jurídica y económica del contrato.

Así lo ha concluido esta misma Sala con ocasión del estudio del control de transparencia material en productos idénticos al que aquí se analiza, contratos de tarjeta revolving suscritos con la misma entidad aquí demandada, concluyendo la falta de transparencia de dicho clausulado.

En este sentido, damos aquí por reproducido lo que indicamos en nuestra sentencia de 28 de noviembre de 2024, (ROJ: SAP T 1832/2024- ECLI:ES:APT: 2024:1832) al respecto:

"Las condiciones transcritas, relativas a los intereses y el funcionamiento del contrato, no permiten al consumidor conocer de manera razonable el coste real asumido al suscribir el crédito asociado a la tarjeta. No se ha destacado convenientemente que, aunque se efectúe el pago de la cuota pactada de mínimo, el importe del capital dispuesto, que efectivamente se amortice con su pago, puede resultar inapreciable -o, incluso, inexistente con la posibilidad de originar un incremento del crédito-, lo que necesariamente implicará la prolongación en el tiempo del periodo de amortización previsible.

No ofrece información alguna, en función de los diferentes escenarios posibles, sobre el importe total que deberá abonar el acreditado en concepto de intereses -verdadera carga económica del crédito-, ni sobre el periodo de tiempo preciso para la completa amortización del importe total de la línea de crédito concedida con el pago de la cuota mensual estipulada.

Tampoco incluye referencia o explicación alguna respecto de las consecuencias de la reutilización del crédito, conforme a su carácter rotativo o renovable, en el importe de los intereses a pagar y en la determinación del plazo de amortización, ni ejemplos ni información complementaria que permita al consumidor conocer el mecanismo que subyace en el interés remuneratorio. Por otro lado tampoco existe referencia a la "Información normalizada europea sobre el crédito al consumo", ni se explica ni detalla cómo tiene lugar la devolución del crédito, en el caso de pago aplazado, mediante el abono de mensualidades de diferentes cuantías y como puede repercutir en ello el devengo de intereses y otros gastos, de manera que la demandante pudiera formarse una idea de que las obligaciones a que se comprometía al suscribir el contrato, cómo tendría que devolver el crédito, durante cuánto tiempo y a qué coste.

Ninguna eficacia cabe reconocer, en este sentido, a las declaraciones predispuestas que contiene el contrato suscrito por las que reconoce haber tenido acceso la información previa en el modelo normalizado europeo y haber recibido explicaciones adecuadas y obrar por cuenta propia, mostrando su conformidad con las condiciones particulares y condiciones generalesde la tarjeta de crédito. Reiterada jurisprudencia ha afirmado la ineficacia de menciones predispuestas que consisten en declaraciones, no de voluntad, sino de conocimiento o fijación como ciertos de determinados hechos, que se revelan como fórmulas predispuestas por el profesional vacías de contenido real al resultar contradichas por los hechos.

Conforme a ello podemos decir que no se ha probado por la demandada que se facilitara ninguna clase de información precontractual a la actora, ni siquiera la Información normalizada europea sobre el crédito al consumo, lo que implica que de las cláusulas del contrato no es posible extraer una información clara sobre el alcance económico del mismo. Y aunque la falta de transparencia no produce necesariamente la abusividad, sino que permite verificar dicho control, en un caso de autos esta falta de transparencia en estipulaciones esenciales del contrato como son la determinación del interés y a su liquidación, además de no resultar transparentes conculcan la buena fe pues con dicho conocimiento el consumidor no se hubiera obligado en los términos establecidos en el contrato"

Del mismo modo hemos concluido la falta de transparencia de la cláusula que determina los intereses remuneratorios (TAE) en contratos de tarjeta revolving suscritos con CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F .C., E. P. S.A.U BCN en sentencia de esta Sala de 16 de mayo de 2024 (ROJ: SAP T 747/2024 - ECLI:ES:APT:2024:747), sentencia de 3 de abril de 2025 (ROJ: SAP T 518/2025 - ECLI:ES:APT:2025:518) o más recientemente sentencia de 24 de septiembre de 2025 (ROJ: SAP T 1548/2025 -ECLI:ES:APT:2025:1548 ) entre otras.

Con la información contenida en el contrato, un consumidor medio, normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, no sería capaz de tomar conciencia de la naturaleza y consecuencias del mecanismo de amortización revolving, los elevados costes que pueden suponerle y los riesgos de terminar siendo un «deudor cautivo» que tal sistema puede implicar.

Por todo lo expuesto, debemos concluir que el contrato de tarjeta revolving analizado no supera el doble control de transparencia.

6.- Jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa al carácter abusivo de la cláusula relativa a los intereses remuneratorios (TAE) en contratos de tarjeta revolving

El Tribunal Supremo, en sentencia del Pleno de 30 de enero de 2025 (ROJ: STS 241/2025 - ECLI:ES:TS:2025:241) citada anteriormente, después de haber analizado y concluido la falta de transparencia en el contrato revolving, entra a estudiar su posible abusividad en los siguientes términos:

"Declarada la falta de transparencia, procede determinar si la cláusula es abusiva, como sigue diciendo el Tribunal Supremo en las sentencias citadas: "Cuando un tribunal considera que una cláusula contractual no está redactada de manera clara y comprensible a efectos del artículo 4, apartado 2 , y 5 de la citada Directiva 93/13/CEE , le incumbe examinar si tal cláusula es abusiva en el sentido del artículo 3, apartado 1, de esa misma Directiva. La falta de transparenciano supone automáticamente que una cláusula contractual sea considerada abusiva en virtud del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE pues la mera circunstancia de que una cláusula no esté redactada de manera clara y comprensible no le confiere, por sí sola, carácter abusivo. Esto significa que, aun estableciendo que una cláusula cubierta por el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE no es clara ni comprensible, su carácter abusivo debe todavía evaluarse con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 3, apartado 1. Así lo ha declarado el TJUE desde la sentencia de 26 de enero de 2017, C-421/14 , Banco Primus, apartados, 62 a 67, habiéndolo reiterado en sentencias como la de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB Bank, C-621/17, apartado 49 , y de 13 de julio de 2023, C-265/22 , Banco Santander, apartado 66.

Sin embargo, en la medida en que las cláusulas contractuales no sean claras ni comprensibles, esta circunstancia puede contribuir a concluir que una cláusula contractual es abusiva en virtud del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE , o incluso puede indicar su carácter abusivo. La transparencia de una cláusula contractual que exigen los arts. 4.2 y 5 de la Directiva 93/13/CEE (más exactamente, su falta de transparencia) es uno de los elementos que deben tenerse en cuenta para apreciar si tal cláusula es abusiva (por todas, las recientes sentencias de 13 de julio de 2023, C-265/22, Banco Santander, apartado 66 , y de 12 de diciembre de 2024, C-300/23 , Kutxabank, apartado 110).

De manera similar a como hemos declarado en los supuestos de cláusulas suelo o de préstamos en divisas, en el caso de las tarjetas revolving, la falta de transparencia de la cláusula relativa a la TAE, valorada junto con las cláusulas relativas al sistema de amortización, el anatocismo y la escasa cuota mensual, no es inocua para el consumidor, sino que provoca un grave desequilibrio, en contra de las exigencias de la buena fe, puesto que, al ignorar los riesgos significativos que entraña dicho sistema de amortización, no puede comparar la oferta con las de otros sistemas de amortización y se compromete en un contrato que puede tener para él graves consecuencias pues puede terminar siendo lo que hemos venido en llamar un «deudor cautivo» y el Banco de España denomina «efecto bola de nieve».

Son también circunstancias relevantes para la valoración de la buena fe del predisponente necesaria para apreciar la abusividad de estas cláusulas la incitación por parte del profesional a la contratación en la modalidad revolving en los términos más proclives a acentuar tales riesgos, como resulta de su comercialización fuera de establecimientos financieros (en las estaciones de tren, autobús, aeropuerto o centros comerciales tales como hipermercados, grandes superficies de electrodomésticos y electrónica, etc.), con denominaciones que ocultan esos riesgos e incitan a su contratación («cuota fácil» en este caso), con previsiones contractuales en las que, por defecto, se contrata el sistema revolving y/o las cuotas de escasa cuantía que incrementan el pago de intereses y prolongan el plazo de amortización".

7.- Análisis del posible carácter abusivo del clausulado del contrato de autos

Partiendo de la jurisprudencia transcrita y aplicándola al caso de autos, debemos concluir que la falta de transparencia en las estipulaciones esenciales del contrato suscrito entre las partes en fecha 6 de febrero de 2020, en concreto y por lo expuesto anteriormente, en relación con las cláusulas sobre la determinación del interés y su liquidación, determina que dichas cláusulas además de no resultar transparentes provoquen un grave desequilibrio, en contra de las exigencias de la buena fe y por ello deban reputarse nulas por abusivas.

Si Virgilio hubiese dispuesto de toda la información que no pudo llegar a conocer debido a esta falta de transparencia, en particular si hubiese conocido todos los riesgos significativos derivados del sistema de amortización del contrato que suscribía no se hubiera obligado en los términos establecidos en el contrato.

Por ello debemos concluir la abusividad y nulidad de las cláusulas negociadoras de los intereses remuneratorios y del sistema revolving de liquidación del contrato.

8.- Consecuencias de la declaración de nulidad de la cláusula reguladora de los intereses remuneratorios (TAE) y del sistema revolving de liquidación del contrato

Dispone el artículo 10.1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación que:

"1. La no incorporación al contrato de las cláusulas de las condiciones generales o la declaración de nulidad de las mismas no determinará la ineficacia total del contrato, si éste puede subsistir sin tales cláusulas, extremo sobre el que deberá pronunciarse la sentencia.".

En el caso de autos es evidente que el contrato de tarjeta de crédito no puede subsistir si se elimina el devengo de intereses remuneratorios, que constituyen el precio del contrato, esto es, la misma contraprestación que está obligado a satisfacer el consumidor por disponer de crédito con la utilización de la tarjeta y realizar con ella compras y sacar dinero efectivo en cajeros. Por tanto, la conclusión no puede ser otra que declarar la nulidad del contrato.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.303 del Código civil el prestatario deberá reintegrar tan sólo las cantidades de las que hubiera dispuesto y que no hubiera ya abonado siempre que superen el monto del capital dispuesto, debiendo condenarse a la entidad bancaria a devolver la diferencia.

La pretensión de nulidad de la cláusula de comisión por impago decae al ser nulo el contrato por la abusividad de la cláusula reguladora de los intereses remuneratorios y sistema revolving de liquidación del contrato.

Por todo lo expuesto, procede estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Virgilio, revocar la sentencia de instancia, declarar la nulidad del contrato suscrito entre las partes en fecha 6 de febrero de 2020 por falta de transparencia, y condenar a la entidad bancaria a restituir las cantidades indebidamente abonadas por el prestatario que excedan del capital dispuesto, con los intereses legales desde la fecha de cada pago ex artículo 1303 del Código civil, a determinar en ejecución de sentencia.

9.- Sobre la imposición de las costas procesales de la primera instancia

La sentencia de instancia desestimaba íntegramente la demanda interpuesta por la representación de Virgilio y le imponía todas las costas generadas en dicha instancia. El actor apelante en esta sede combatía dicho pronunciamiento.

La estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por la parte actora que determina la estimación de la demanda de instancia conlleva la imposición de las costas de la primera instancia a la entidad bancaria demandada, costas a imponer a la misma en todo caso , por el principio de efectividad.

Así, establece la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2024 (ECLI:ES:TS:2024:2946) que:

"Es pacífica y extensa la jurisprudencia de esta Sala que, desde la sentencia nº 35/2021, de 27 de enero , declara que estimada la acción de nulidad por abusiva de cláusula de gastos, intereses moratorios y vencimiento anticipado, aunque no se estimen la totalidad de todas las cláusulas impugnadas en los términos inicialmente establecidos en la demanda, o la totalidad de las pretensiones restitutorias, procede la imposición de las costas de la primera instancia al banco demandado, conforme con la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020, C-224/19 y C-259/19 , Caixabank y BBVA."

En este mismo sentido señala la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 2024 (ECLI:ES:TS:2024:2864):

"Como recuerda la sentencia 991/2023, de 20 de junio , las exigencias previstas en los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE y los principios de no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas y de efectividad del Derecho de la UE, en los términos en que han sido interpretados por nuestras sentencias, en especial la 35/2021, de 27 de enero , o la de pleno 418/2023, de 28 de marzo , conducen a que, estimada la acción de nulidad por abusiva de determinadas cláusulas, aunque no se estime la nulidad de la totalidad de todas las cláusulas impugnadas en los términos inicialmente establecidos en la demanda, o de las pretensiones restitutorias, procede la imposición de las costas de la primera instancia al banco demandado, conforme con la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020, C-224/19 y C-259/19 , CaixaBank y BBVA".

CUARTO.- Costas

Para la determinación de la imposición de costas derivada del recurso de apelación interpuesto por el demandante hay que tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo que analiza la problemática del pronunciamiento sobre las costas en segunda instancia en los procesos con consumidores, conforme al artículo 398.2 LEC en la redacción anterior al Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, aplicable temporalmente al caso que aquí nos ocupa.

Al respecto la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2025 (ECLI:ES:TS: 2025:5479) dispone que:

"4.3.- En suma, debemos modificar nuestra jurisprudencia a fin de establecer que cuando el consumidor se vea obligado a acudir a la segunda instancia para no verse vinculado por una cláusula abusiva y su recurso de apelación o la impugnación de la sentencia de primera instancia resulten total o parcialmente estimados, las costas de esa segunda instancia deberán imponerse al profesional predisponente."

En idéntico sentido se pronuncia la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2025 (ECLI:ES:TS: 2025:5481).

Por consiguiente, la estimación del recurso de apelación interpuesto por Virgilio determina la imposición de las costas procesales de dicho recurso a la parte demandada.

Por lo expuesto,