Sentencia Civil 570/2024 Audiencia Provincial Civil de Castellón/Castelló nº 3, Rec. 241/2022 de 29 de octubre del 2024

PRIMERO.- Resumen de la primera instancia.

La Sentencia de primera instancia desestima, en los términos que han sido reproducidos en el antecedente de hecho primero de la presente resolución, la demanda de juicio ordinario interpuesta en representación de SOLUCIONES REALES DE NEGOCIO,

S.L. (en adelante, SRN) frente a CERÁMICA CAS, S.L. (en lo sucesivo, CAS).

La demanda tenía por objeto una pretensión de condena dineraria al pago de la cantidad de 23.280,40 euros, más intereses legales desde su interposición y costas.

En síntesis, SRN invocaba la firma, en fecha 9 de marzo de 2015, de un contrato que calificaba de arrendamiento de servicios e identificaba con el documento que, bajo n.º 5, adjuntaba a la demanda ("Carta de encargo").Esencialmente, la parte basaba su reclamación dineraria en la previsión de "honorarios a éxito"incluida en dicha carta de encargo. A tal efecto, y tras exponer lo que estimaba relevante sobre el proceso de refinanciación y obtención de nueva financiación de la entidad demandada CAS, concluía que procedía el abono reclamado. Añadía, al final de su escrito, someras alegaciones relativas a enriquecimiento sin causa y "teoría de los actos propios".

CAS contestó a la demanda, interesando su desestimación. Admitía las relaciones comerciales con la actora, pero, resumidamente, cuestionaba la interpretación del contrato y, asimismo, afirmaba el grave incumplimiento por SRN -a la que identificaba como ALTAIR- de sus obligaciones contractuales. Intercalaba, de forma desordenada, otras alegaciones sobre engaño doloso y consentimiento, mas no promovía en momento alguno reconvención en solicitud de anulación contractual.

Previa la celebración de audiencia previa y juicio -en el que se practicaron el interrogatorio de la parte actora y tres testificales-, se dictó la Sentencia de primera instancia.

Tras efectuar en su fundamento primero una síntesis de lo pretendido por la actora y de la controversia, y dedicar el fundamento segundo a un relato de la prueba, el fundamento tercero de la Sentencia comienza con la reproducción de un resumen de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2020 -en concreto, Sentencia n.º 38/2020- relativa a la "cláusula de éxito".A continuación, la resolución de primera instancia expone una sucesión de argumentos relativos al objetivo a conseguir, la interpretación de la carta de encargo, la configuración de la cláusula de honorarios a éxito como abusiva -aun cuando posteriormente la propia resolución excluye la aplicabilidad de la normativa sobre consumidores-, la existencia de demora y el resultado alcanzado. Concluye la resolución negando la existencia de éxito o, en su caso, de éxito definitivo e inatacable, y desestima la demanda.

SEGUNDO.- Recurso de apelación.

La parte demandante apela la Sentencia solicitando de esta Audiencia el dictado de resolución por la que "se estime íntegramente el presente recurso y las alegaciones efectuadas en el mismo, y se proceda a la revocación de la Sentencia nº 46/2021 de fecha 12 de marzo de 2021 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Nules , dictándose en su lugar otra por la que, con arreglo a derecho, se estime íntegramente la demanda interpuesta por SOLUCIONES REALES DE NEGOCIO SL contra CERAMICA CAS SL, y en su consecuencia se condene a la demandada -CERAMICA CAS SL- al pago a mi mandante de la cantidad de VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON CUARENTA CENTIMOS

(23.280,40.-€) más los intereses legales desde la interposición de la demanda, con expresa condena en costas a la contraparte".

Tras un apartado "previo primero",relativo a la Sentencia apelada y que anticipa un resumen de tres motivos de apelación, el escrito de interposición de recurso se estructura en cuatro alegaciones, encabezadas por los siguientes títulos:

"PRIMERA.- LA SENTENCIA RECURRIDA REALIZA UNA ERRONEA VALORACION DE LA PRUEBA PRACTICADA EN ESTE PROCEDIMIENTO."

"SEGUNDA.- LA SENTENCIA RECURRIDA INFRINGE LOS ARTICULOS 1.281 Y SIGUIENTES DEL CODIGO CIVIL RELATIVOS A LA INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS."

"TERCERO.- LA SENTENCIA RECURRIDA INFRINGE EL ARTICULO 7 DEL CÓDIGO CIVIL Y LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS Y SUPONE UN ENRIQUECIMIENTO INJUSTO PARA LA CERAMICA CAS SA EN PERJUICIO DE MI PATROCINADA"

"CUARTO.- COSTAS"

La parte demandada y apelada se opone al recurso, interesando su desestimación.

TERCERO.- Interpretación del contrato.

En aras a un examen ordenado y lógico de las cuestiones planteadas en segunda instancia, consideramos que ha abordarse inicialmente la interpretación del contrato, sin perjuicio de reexaminar a tal fin, en cuanto sea necesario, la valoración de la prueba. La propia lectura del recurso de apelación revela la vinculación que en el mismo se hace de ambas cuestiones, pues efectúa juicios interpretativos en su alegación primera (en especial, subapartados a, b, c y d) y apreciaciones sobre la prueba en su alegación segunda. Y no es ajeno a dicho planteamiento el escrito de oposición a la apelación.

Puede además recordarse que, no existiendo una pluralidad de pretensiones deducidas en relación de subsidiariedad, el Tribunal que conoce de la apelación no está obligado a seguir en su respuesta la sistemática de la exposición de la parte apelante (entre otras, Sentencias de esta Sección n.º 608/2021, de 19 de julio, y n.º 200/2023, de 12 de mayo).

Sentado lo anterior, cabe partir de la denominada carta de encargo (documento n.º 5 de la demanda, de fecha 9 de marzo de 2015, con 3 páginas).

En ella consta inicial manifestación de las partes de encargar "en régimen de arrendamiento de servicios"unos trabajos. Y, a continuación, constan seis cláusulas, de las que cabe destacar varios contenidos.

La primera cláusula, titulada "DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR",concreta éstos del siguiente modo:

"Asesoramiento en el Proceso de Refinanciación de CERAMICA CAS, S.L., (en adelante, CAS) (de acuerdo con nuestras propuestas profesionales de febrero y marzo de 2015) y que incluye los siguientes trabajos:

* Elaboración del Plan de Negocio de CAS.

* Asesoramiento en el Proceso de Refinanciación Bancaria."

La segunda cláusula, "DURACION",en lo que respecta al último trabajo ("Asesoramiento en el Proceso de Refinanciación Bancaria"),señala: "la duración de los

trabajos incluidos se estima en cuatro meses (siendo esta una estimación ya que la duración real depende de la intervención de terceros: entidades financieras, potenciales financiadores, etc.)".

La tercera, "RETRIBUCIÓN POR LOS TRABAJOS REALIZADOS",dispone: "Los

honorarios a incurrir por los trabajos correspondientes se han fijado de acuerdo con el siguiente detalle (datos en euros):

* Honorarios fijos:

Los honorarios a incurrir ascenderán a 14.000 euros más IVA (16.940 euros IVA incluido).

* Para los honorarios a éxito en el proceso de refinanciación:

Los honorarios a incurrir ascenderán al 2% sobre el límite de la deuda bancaria (préstamos y líneas comerciales) refinanciada y/u obtenida (nueva financiación)."

Se recoge a continuación en la propia cláusula tercera la facturación y forma de pago.

En el caso de "los honorarios a éxito en el proceso de refinanciación",prevé:

"100% de la cantidad resultante de honorarios a éxito derivados del proceso de refinanciación, junto con el IVA vigente, se devengarán y facturarán en el momento de la firma de las operaciones en la Notaría. El pago de nuestras facturas se efectuará mediante giro bancario a favor de SOLUCIONES REALES de NEGOCIO, S.L. dentro de los 30 días siguientes a la fecha de emisión de las mismas, en una cuenta corriente a facilitar por la sociedad".

Se añaden por último otras previsiones sobre forma de pago de honorarios fijos, desistimiento por parte del cliente (cláusula cuarta), confidencialidad (quinta) y "seguridad jurídica"(cláusula sexta, que consiste propiamente en un pacto de sumisión expresa).

Descrita la carta de encargo en sus pasajes de mayor trascendencia a los efectos del presente recurso, entendemos que la controversia radica, esencialmente, en el entendimiento de los denominados honorarios a éxito ("honorarios a éxito en el proceso de refinanciación").En síntesis, la actora y apelante reclama una interpretación de la cláusula que reputa conforme a su sentido literal, rechazando en particular su vinculación con la obtención de una financiación por importe de un millón ochocientos mil euros, sin garantías personales, o en determinado plazo. Por el contrario, la parte demandada y apelada considera que el éxito está vinculado a la obtención de unos objetivos trasladados a la contraparte y que ésta se comprometió a conseguir. En su posicionamiento la demandada recurrió también, en algunos pasajes, a argumentos de reducción al absurdo y preguntas retóricas (v. gr., párrafo III de la pág. 3 de la contestación).

Partiendo de ello, y en una primera aproximación, hemos de observar inicialmente que la calificación o la denominación que al negocio jurídico hubieran dado las partes no vincula al tribunal (v. gr., entre otras, Sentencias de la Sala Primera n.º 381/2006, de 4 de abril, y n.º 275/1993, de 24 de marzo). Debe asimismo reseñarse que la carta de encargo examinada es un documento prerredactado por la parte actora y apelante, circunstancia que puede reputarse corroboraba por el interrogatorio del legal representante de la misma, don Fructuoso (min. 04:30 y siguientes del primer video de la grabación del juicio). Sin perjuicio de dicha circunstancia, no se revelan oportunas diversas alusiones de la Sentencia apelada a abusividad. Aún cuando pudiera entenderse que el término, pese a incluirse en una resolución judicial, no se está utilizando en ella en su significado técnico-jurídico más estricto, procedería recordar que, en materia de cláusulas contractuales, la abusividad -en su sentido propio- solo opera en relaciones con consumidores ( artículos 2 y 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias; artículo 8.2 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación; y artículos 1.1, 2 y 6 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores). En el presente caso, la entidad demandada y apelada, sociedad de capital con condición de comerciante por su propia forma societaria y ánimo de lucro, no tiene condición de consumidora.

Efectuadas dichas puntualizaciones, es reiterada y constante la jurisprudencia que, al abordar el sentido y la finalidad de las reglas legales de interpretación contractual, afirma que

"el principio rector de la labor interpretativa es la averiguación o búsqueda de la voluntad real o efectivamente querida por las partes, que se proyecta, necesariamente, sobre la totalidad del contrato celebrado, considerado como una unidad lógica y no como una mera suma de cláusulas, de ahí que la interpretación sistemática ( art. 1285 CC ) constituya un presupuesto lógico-jurídico de esta labor de interpretación"( Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo n.º 774/2024, de 3 de junio, y n.º 57/2024, de 18 de enero, ambas con cita de numerosas otras).

Ello cobra singular relevancia en el presente caso. De un lado, porque la propia carta de encargo remite, al delimitar el trabajo a realizar, a las "propuestas profesionales de febrero y marzo de 2015",que constan aportadas a autos (documentos adjuntados a la demanda bajo n.º 3 "Propuesta de Colaboración en Negociación Bancaria"de febrero de 2015, y n.º 4 "Plan de Negocio"de marzo de 2015). Y de otro, porque no es admisible una interpretación aislada de la cláusula de honorarios a éxito que no considere la totalidad del contrato.

En íntima conexión con ello, y por lo que respecta a la interpretación literal, es cierta su configuración como punto de partida y la afirmación de su carácter preponderante ( artículo 1281, párrafo I, del Código Civil, y, en el presente caso, artículo 57, en relación con artículo 50, ambos del Código de Comercio), pero también que no es siempre punto de llegada ( artículo 1281, párrafo II, y siguientes de Código Civil) , de modo que la doctrina jurisprudencial, en casos de disposiciones interpretables, remarca que "la labor de interpretación debe seguir su curso, con los criterios hermenéuticos a su alcance ( arts. 1282

- 1289 CC ), para poder dotar a aquellas disposiciones de un sentido acorde con la intención realmente querida por las partes y con lo dispuesto imperativamente en el orden contractual"( Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo n.º 774/2024, de 3 de junio, y n.º 57/2024, de 18 de enero). Al respecto, la Sentencia de la Sala Primera n.º 651/2014, de 24 de noviembre, precisa: "En el marco de la interpretación contractual conviene señalar, conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala desarrollada, con carácter general, en la Sentencia de 18 de mayo de 2012 (núm. 294/2012 ), y confirmada por otras mas recientes, casos de las SSTS de 22 de febrero de 2013 (núm. 53/2013 ) y 16 de octubre de 2014 (núm. 381/2014 ), entre otras, que en la interpretación de los contratos la interpretación gramatical, referida al "sentido literal" que dispone el artículo 1281 del Código Civil , no supone, en rigor, una estricta subordinación del criterio subjetivo manifestado por la voluntad o la intención de las partes; mas bien, por el contrario, el citado precepto, párrafo segundo, destaca la

prevalencia final de la voluntad realmente querida por las partes contratantes. Su relevancia, por tanto, hay que observarla fuera de esta liza dialéctica y dentro de la unidad del fenómeno interpretativo en su conjunto".

Sentado lo anterior, advertimos que en la propuesta de colaboración en la negociación bancaria (documento n.º 3 de la demanda), redactada por la entidad actora, y a la que remite la carta de encargo, se remarca ya inicialmente la consecución de resultados: "... lograr el éxito en sus ámbitos de actuación, y a ello nos comprometemos en este proyecto"; "Le agradecemos la oportunidad de colaborar con su entidad y proponerle una solución dirigida a la obtención de resultados"; "Para cumplir los objetivos de este proyecto y superar sus expectativas, ..."; "Sabemos que los resultados de este proyecto son muy importantes para su organización, ...".En la parte 3, relativa a beneficios, se alude a una " solución definitiva del problema de endeudamiento de la entidad".Y en la parte 4, de enfoque y metodología, etapa II, se menciona expresamente un "principal objetivo de levantar garantías".

Consideramos también muy significativo que, en la primera negociación acreditada tras la celebración del contrato, el Director General de SRN, don Fructuoso, comunique a Banco Sabadell unos objetivos de obtención de financiación a largo plazo de 1,8 millones de euros y la sustitución de las garantías personales y pignoraciones de fondos por garantías hipotecarias sobre los activos productivos de CAS (correo electrónico de fecha 14 de agosto de 2015, 17:07:54, documento n.º 12 de la demanda; asimismo, en documento n.º 14, in fine).

La específica cuestión de las garantías, ya destacada en la propuesta a que remite la carta de encargo, aparece reiteradamente en actos posteriores: en correo de 27 de octubre de 2015, a las 11:37, don Lucas, Director del Área de Corporate Finance de la demandante, manifiesta a don Fructuoso, Director General, que ha hablado con " Gervasio" (se deduce que don Gervasio, firmante de la carta de encargo en nombre de CAS, y que según resulta de las actuaciones ha llegado a ser apoderado de CAS y persona natural representante de la persona jurídica administradora de CAS), e indica que éste -don Gervasio- ha estado reunido con los socios de CAS que no entienden aportar avales personales además del hipotecario (documento n.º 32 de la demanda); en correo electrónico de 24 de noviembre de 2015, a las 17:35, don Fructuoso comunica al mencionado don Gervasio haber mantenido una conversación con el Director de Zona del Banco Sabadell, exponiéndole la situación "de todos conocida"de incomprensión del mantenimiento de la pignoración de

fondos (documento n.º 42 de la demanda); en correo electrónico de 1 de marzo de 2016 a las 08:58:00, don Fructuoso explica a doña Belen, de Banco Popular, que las líneas no deberán contar con el aval de socios, porque este asunto volverá a generar polémica (documento n.º 58 de la demanda); en correo electrónico de 1 de marzo de 2016, a las 8:56, de don Fructuoso a un gestor de empresas de BBVA, se alude asimismo a que las líneas comerciales sean sin avales personales (documento n.º 59 de la demanda); en correo electrónico de 23 de marzo de 2016, a las 11:56:00, dirigido por don Lucas, ya mencionado, a personal de Banco Popular (doña Belen) y de BBVA, se señala que "desde un inicio"se ofrecieron como garantía los terrenos e instalaciones en que CAS desarrolla su actividad (documento n.º 80 de la demanda, figurando asimismo al final de los documentos n.º 82 y 93 de la demanda, y como documento n.º 5 de la contestación), por tanto una garantía real inmobiliaria.

Paralelamente, un objetivo de un millón ochocientos mil euros, además de en el ya citado correo electrónico de fecha 14 de agosto de 2015 a las 17:07:54, aparece también en actos posteriores: correo electrónico de 5 de noviembre de 2015, 17:09, remitido por don Gervasio (CAS) a don Fructuoso (SRN) (documento n.º 36 de la demanda), contestando a continuación éste que está perfectamente explicado y entendido; correo electrónico de 19 de febrero de 2016, hora 13:06:41, de don Gervasio a don Fructuoso, en el que se señala como una de las prioridades en la negociación de las minutas la disposición por las entidades firmantes a compartir la garantía hipotecaria en primer rango con otras entidades hasta 1.800.000 euros (documento n.º 56 de la demanda); correo electrónico de 30 de mayo de 2016, 14:02, de don Fructuoso a un socio director de Edetania Patrimonios, aludiendo al proyecto de los socios de CAS de profesionalizar la empresa y, en concreto, a estructurar a largo plazo tanto las inversiones a realizar "(en torno a 1 millón de euros)",como la sustitución de un préstamo que mantenían con Banco Sabadell (documento n.º 90 de la demanda) -resultando de las propias actuaciones que las pólizas que mantenían con Banco Sabadell eran por unos ochocientos mil euros (v. gr., documento n.º 12 de la demanda)-; correo electrónico de 28 de julio de 2016, 19:49, de don Gervasio a don Fructuoso, en el que se señala que "el objetivo inicial era con sólo esta garantía hipotecaria holgada cubrir 1.800.000€ de financiación, para esto se contrató a Altair"(documento n.º 113 de la demanda); correo electrónico de 29 de septiembre de 2016, 12:13:38, de don Gervasio a don Fructuoso, aludiendo como escenario en el que

se realiza el encargo a financiación a largo mediante "préstamo hipotecario de 1.8Mill€"(documento n.º 117).

Sobre la base de todo lo anterior, consideramos que la interpretación sistemática del contrato, constituido no solo por la carta de encargo, sino también por las propuestas, revela que no cabría reputar éxito, a efectos de honorarios, cualquier tipo de financiación o refinanciación obtenida en cualesquiera términos. Ello no se revela coherente, como se deduce de lo ya expuesto, con el compromiso de resultado que continuamente subyace a la propuesta de colaboración en negociación bancaria ("solución definitiva del problema de endeudamiento de la entidad", "principal objetivo de levantar garantías").Tampoco con un sistema de retribución que ya prevé un fijo que retribuye no solo el trabajo de elaboración del plan de negocio, sino también el proceso de refinanciación. Así resulta de la cláusula 3 de la carta de encargo en relación tanto con su cláusula 1, como con la propia previsión de honorarios por trabajos correspondientes a la elaboración del plan de negocio (documento n.º 4 de la demanda, apartado 6), que de por sí era inferior al fijo que se establece en la carta de encargo, habiéndose alegado además por la actora que se efectuó una rebaja respecto de dicha previsión de honorarios del plan de negocios de la propuesta inicial. No puede tampoco obviarse el señalamiento, en la propuesta y en la carta, de una duración para el proceso de refinanciación (cuatro meses) que, aunque se califica de estimación, hace depender su carácter estimado u orientativo exclusivamente de la intervención de terceros, y no de la actuación de los contratantes.

Los actos posteriores de las partes permiten concluir que la sustitución y evitación de garantías personales -o de garantías pignoraticias sobre activos personales de los socios-, así como la consecución de una financiación a largo plazo de un millón ochocientos mil euros fueron objetivos conocidos, tomados en consideración y asumidos en la contratación, sobre los que se proyecto la comunidad de intención de las partes.

En esta tesitura, y con base en las normas sobre interpretación contractual ( artículo 1285 y artículo 1282, en relación este con artículo 1281, párrafo II, todos ellos del Código Civil) , estimamos que la consecución, dieciséis meses después de perfeccionarse el contrato, de una financiación con garantías personales y que no llega al millón de euros, no puede generar honorarios por éxito con arreglo a la común intención de las partes al contratar. El propio representante de SRN consideraba que no se había obtenido el cien por cien de la

financiación necesaria para CAS en tiempo y forma, y que el resultado era desfavorable en cuanto a las garantías (correo electrónico de 26 de septiembre de 2016, 10:49:00, obrante en documentos n.º 116 y 117 de la demanda), al margen de solicitar disculpas por diversos motivos (falta de información, coordinación, revisión de minutas; correo de 19 de septiembre de 2016, 15:44:00, en documentos n.º 114 y 115).

Esta conclusión alcanzada se revelaría asimismo coherente con los criterios del artículo 1283 del Código Civil. La generalidad de términos no permite entender comprendidos, en el sistema de retribución a éxito, casos distintos de los supuestos a los que se proyectase la común intención al contratar. Y, en último término, ante una hipotética situación de equivocidad, o de considerarse que, con aplicación de los criterios hermenéuticos, pudieran obtenerse diversos resultados con análogo grado de razonabilidad ( Sentencia de la Sala Primera de 27 de septiembre de 1996, rec. 2731/1992), el artículo 1288 del Código Civil llevaría a la misma conclusión obtenida.

Esta decisión, además, es respetuosa con las consideraciones que, con voluntad de eficacia de carácter general, efectúa sobre la cláusula de éxito la Sentencia de la Sala Primera n.º 38/2020, de 22 de enero, estimando que no es bastante cualquier resultado favorable, sino el definitivo e inatacable.

Lo expuesto determina la confirmación, aunque sea sobre la base de razonamientos no del todo coincidentes, del fallo de la resolución apelada, pues, en suma, el contrato, debidamente interpretado, no ampara la reclamación dineraria efectuada en la demanda.

Ello hace innecesario abordar otras cuestiones suscitadas en el recurso sobre la valoración probatoria que, en cualquier caso, hemos efectuado de nuevo en aplicación del artículo 456.1 de la LEC. Añadimos, a mayor abundamiento, que ni la declaración en juicio del legal representante de la actora ni la testifical de una de las socias de la demandada -con evidente interés en el asunto-, se revelan decisivas o dirimentes, máxime cuando a través de ellas se pretendió introducir alegaciones no efectuadas en momento procesal oportuno ( artículos 399, 405 y 426 de la LEC, todos ellos en relación con artículo 412 de la propia norma) y, en esencia, reproches de todo tipo a la otra parte contratante. En orden a la interpretación del contrato tampoco se revelan concluyentes las testificales de don Lucas, ex trabajador de la actora, incorporado a la misma cuando ya se había iniciado la

realización del plan de negocio, y de doña Belen, gestora de Banco Popular ajena a la contratación entre las partes.

CUARTO.- Actos propios. Enriquecimiento injusto.

Por lo que respecta al tercer motivo de apelación, la parte apelada sostiene que se trata de una "manifestación nueva que no forma parte del proceso llevado en primera instancia, por lo que no se puede entrar ahora a analizar en segunda instancia".

Si bien es cierto que tales cuestiones no fueron aludidas en el trámite de delimitación del artículo 428 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil -LEC en adelante- (min. 00:40 a 05:00 de la grabación audiencia previa), sí apreciamos que existe una referencia a ellas en la demanda (págs. 21, in fine,y 22, ab initio).

Por tanto, en lo que respecta al concreto óbice expuesto por la demandada y apelada, consideramos que cabe el análisis en apelación, en tanto no se exceda de los concretos términos en que se plantearon las cuestiones en los momentos oportunos de primera instancia ( artículos 412 y 456.1 de la LEC; reglas "ut lite pendente nihil innovetur", "pendente apellatione nihil innovetur").Advertimos, en relación con ello, el carácter exiguo de lo argumentado en la demanda.

La invocación de los actos propios, con la que cabe estimar conectadas las referencias a la buena fe, se vinculaba por la actora a omisiones de la parte demandada (no resolver la carta de encargo, no efectuar manifestaciones en marzo y julio de 2016). Entendemos, sin embargo, que el argumento no puede prosperar. Las conductas alegadas no pueden reputarse actos concluyentes y de significado inequívoco que impidan a la demandada oponerse al pago de lo que es reclamado sin debido amparo en el contrato, según la interpretación del mismo ya efectuada y apoyada además en la referencia a plurales actos positivos de ambas partes de los que se infiere la intención común al contratar. Lo invocado por la actora no constituye, por tanto, una actuación, concluyente e inequívoca, de aceptación de la procedencia de un abono que se revela contradictorio con el propósito negocial querido por los contratantes.

En cuanto al enriquecimiento sin causa o injustificado, la propia existencia de una relación contractual entre las partes obsta a la posibilidad de invocar aquel como base de una

reclamación de cantidad que se ha fundado precisamente en una cláusula del contrato. Como ha señalado la jurisprudencia, la existencia de causa válida "puede encontrarse en la consecuencia de pactos libremente asumidos [...] de modo que la justificación del resultado, o la consolidación de la atribución realizada han de ser discutidos, en principio, al socaire del derecho de contratos [...]",añadiendo que esta es la "razón por la cual solo cabe acudir a la aplicación de la doctrina en defecto de "acciones específicas", entendiendo que se trata de un remedio residual, subsidiario, pues si existen acciones específicas, éstas son las que deben ser ejercitadas y "ni su fracaso ni su falta de ejercicio" legitiman para el ejercicio de la acción de enriquecimiento"( Sentencias de la Sala Primera n.º 159/2007, de 22 de febrero, y n.º 859/2011, de 7 de diciembre). En definitiva, lo pretendido en el presente supuesto en la demanda se sitúa, en términos de la Sentencia de la Sala Primera n.º 162/2008, de 29 de febrero, "extramuros de la doctrina del enriquecimiento injusto para enmarcarse dentro del cumplimiento o incumplimiento contractual".En todo caso, y ante las alegaciones que sobre enriquecimiento injustificado contiene la demanda, basta señalar que los trabajos de la actora eran debidos en virtud del contrato, y la demandada solo debe abonar lo pactado, que comprende una parte fija -la cual, como se ha señalado, retribuye tanto la elaboración del plan como el proceso de negociación, y cuyo pago ya se efectuó-, y no la reclamada como retribución por éxito cuya aplicación no procede con base en una adecuada interpretación del contrato en la forma ya razonada.

QUINTO.- Costas y depósito.

La condena en costas de primera instancia debe mantenerse al amparo del artículo

394.1 de la LEC. La breve argumentación del recurso al respecto (ordinal cuarto) se subordina a la estimación de lo anteriormente alegado en el mismo, premisa esta que propiamente no ha concurrido.

Las costas de apelación deben imponerse a la entidad recurrente ( artículo 398.1, en relación con artículo 394.1, ambos de la LEC) .

Ha de acordarse la pérdida del depósito constituido para apelar, disponiendo que se dé al mismo su legal destino ( apartado 9 de la disposición adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).

Con base en lo expuesto, pronunciamos el siguiente