Sentencia Civil 271/2025 Audiencia Provincial Civil de Castellón/Castelló nº 3, Rec. 1140/2022 de 30 de abril del 2025

PRIMERO.- Objeto del recurso.

La mercantil L.C. Asset 1, S.A.R.L. formuló demanda de procedimiento monitorio frente a Doña Fermina en reclamación de la cantidad de 20.889,86 €, importe derivado de un contrato suscrito con la entidad Banco Cetelem S.A. en fecha 23 de mayo de 2012, cuyo crédito ha sido cedido a la entidad demandante.

La demandada presentó escrito de oposición por lo que por decreto de fecha 19 de noviembre de 2021 se acordó el archivo del procedimiento.

Seguidamente la parte demandante presentó demanda de juicio ordinario en reclamación de la misma cantidad solicitada.

La demandada se opuso a la demanda y solicitó su desestimación con expresa imposición de costas de la instancia a la parte actora. Alega en primer lugar la falta de legitimación activa de la sociedad actora. Se refiere en segundo lugar a la prescripción de la deuda reclamada. En cuanto al fondo opone la falta de notificación al deudor de la cesión del crédito y la nulidad de las cláusulas del contrato, entre la que menciona la de intereses del contrato. Pide que se desestimen las pretensiones de la demanda, con expresa imposición de costas a la actora.

La Sentencia de instancia ha estimado la demanda y ha condenado a la demandada a abonar la cantidad solicitada, más intereses legales y con expresa imposición de costas a la parte demandada. Ha rechazado para ello que concurra falta de legitimación activa, también la prescripción de la deuda y la abusividad de los intereses remuneratorios.

Frente a esta resolución interpone recurso de apelación la representación de Doña Fermina. Alega como primer motivo del recurso la existencia de error en la valoración de la prueba al haber desestimado la excepción de falta de legitimación activa. Opone de nuevo la falta de notificación a los deudores de la cesión del crédito. En el siguiente motivo del recurso se refiere a la prescripción de la deuda reclamada y de los intereses remuneratorios. Finalmente alega la existencia de error en la valoración de la prueba respecto a la inexistencia del préstamo mercantil y sobre la nulidad de las cláusulas del contrato refiriéndose a la de intereses del contrato, de la que afirma que no fue negociada y que tiene una letra diminuta e ilegible. También pide la nulidad de la cláusula que impide el desistimiento del contrato y del resto de cláusulas detalladas por no cumplir con las condiciones mínimas de legibilidad. Pide que se acuerde desestimar la demanda con expresa imposición de costas de la primera instancia.

La parte demandante ha presentado escrito de oposición al recurso de apelación solicitando su desestimación con expresa imposición de costas.

SEGUNDO.- Falta de legitimación activa.

Reproduce la parte la excepción de falta de legitimación activa por no haber suscrito esa parte el contrato que fundamenta la demanda no habiendo aportado el documento fehaciente que acredite la cesión del crédito.

En esta cuestión la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de septiembre de 2009 (RJ

2009,4590), recuerda la doctrina contenida en las Sentencias de la misma Sala de 28 febrero 2002 (RJ 2002\3513) y otras anteriores ( SSTS de 31 marzo 1997 -RJ 1997\2481- y 28 diciembre 2001 -RJ 2002\2874-) en cuanto "la legitimación "ad causam" consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud para actuar en el mismo como parte; se trata de una cualidad de la persona para hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la pretensión que trata de ejercitar y exige " una adecuación entre la titularidad jurídica afirmada (activa o pasiva) y el objeto jurídico pretendido", siendo en puridad una cuestión preliminar al fondo del asunto, aunque íntimamente ligada con él, que por su propia naturaleza puede y debe ser examinada de oficio por el tribunal ( sentencias de 10 octubre 2002 ( RJ 2002\9977 ), 20 julio 2004 ( RJ 2004\4872 ) y 27 junio 2007 ( RJ 2007\3551), entre otras) ya que los derechos subjetivos no existen en abstracto sino en cuanto pertenecientes a determinado sujeto y es precisamente dicho sujeto titular el único que puede exigir su efectividad mediante el ejercicio de la correspondiente acción procesal, careciendo de relevancia que tal actuación del derecho pueda ser pretendida por quien en realidad, por su propia condición o relación indirecta con tal derecho, según sus propias afirmaciones contenidas en la demanda, carece de la necesaria relación directa justificadora del ejercicio de la acción".

En este sentido establece el artículo 10 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil que "serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso"y que únicamente "se exceptúan los casos en que por ley se atribuya legitimación a persona distinta del titular".

En el presente supuesto es cierto que quien ha planteado la demanda, la mercantil L.C. Asset 1, S.A.R.L. no ha sido parte en el contrato en que se fundamenta la demanda, al haber sido suscrito entre Doña Fermina y Banco Cetelem S.A.U., pero su intervención en el presente procedimiento lo es por haberle sido cedido el crédito.

No es cierto que no se haya acreditado dicha cesión del crédito porque se ha aportado con el escrito de demanda una certificación notarial que acredita la existencia de un contrato de compraventa de cartera de créditos, suscrito en fecha 14 de junio de 2018, entre Banco Celetem S.A.U., como vendedor, y L.C. Asset 1, S.A.R.L., como comprador, indicando que entre los créditos cedidos se encuentra el de la demandada, que identifica con su nombre y apellidos y NIF.

Consideramos que con ese documento consta debidamente acreditada la legitimación de la demandante, por lo que se rechaza el motivo del recurso.

TERCERO.- Falta de notificación a los deudores de la cesión del crédito.

Lo que se opone a continuación es la falta de notificación a la deudora de la cesión del crédito, notificación que considera preceptiva y obligatoria, lo que no compartimos.

Como recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 215 de 20 de abril de 2021, la cesión de créditos es un contrato traslativo que se perfeccionan por el mero consentimiento de cedente y cesionario, sin necesidad de acto alguno de entrega o traspaso posesorio, ni del consentimiento del deudor cedido; ni siquiera es preciso su conocimiento.

En el mismo sentido cabe citar, entre otros, el Auto de esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón, núm. 255 de 28 de noviembre de 2024, cuando con cita de nuestra Sentencia de 06 de junio de 2022 (ROJ: SAP CS 452/2022-

ECLI:ES:APCS:2022:452) recordando "Sobre la notificación a los deudores de la cesión del crédito. La cesión de crédito no requiere, para su eficacia o validez, la notificación al deudor. La notificación al deudor tiene la única virtualidad de evitar que este quede liberado si paga al anterior titular ignorante de la cesión y, con ello, del cambio de acreedor. Como ha declarado el Tribunal Supremo, entre otras, en Sentencia de 2 de julio de 2008 : "... la cesión de créditos puede hacerse válidamente sin conocimiento previo del deudor y aun contra su voluntad sin que la notificación tenga otro alcance más que el de obligarle con el nuevo acreedor, de suerte que a partir de la misma no se reputará legítimo el pago que se haga al cedente y no al cesionario, el cual se subroga con plenitud jurídica en la posición jurídica de aquél tanto en lo relativo a la obligación principal como respecto de las accesorias que en su garantía se hubiesen, en su caso, constituido."

Se rechaza también y en consecuencia el motivo del recurso.

CUARTO.- Prescripción de la deuda reclamada y de los intereses remuneratorios.

En cuanto a la prescripción de la deuda reclamada, expone la resolución recurrida, para proceder a su desestimación, que resulta de aplicación el plazo de cinco años a que se refiere el artículo 1.964 del Código Civil, a lo que añade que se declaró vencido el crédito en fecha 1 de junio de 2018, por lo que cuando se presentó la demanda de juicio monitorio el día 24 de febrero de 2021 el mismo no había prescrito.

Lo que se argumenta ahora en el recurso, tras citar el contenido de los artículos 1966.3º y 1964-2, ambos del Código Civil, que fijan un plazo de prescripción de cinco años, es que dicho plazo debe comenzar a computarse desde la fecha de vencimiento para el cumplimiento del contrato.

En el contrato aportado de financiación se indica que el importe total del préstamo es de 19.896,91 €, a pagar en 84 mensualidades, siendo la primera la del día 5 de julio de 2012 y la del vencimiento último la del día 5 de junio de 2019, por lo que si se toma esta última fecha como de inicio del cómputo del plazo de prescripción, que es lo que se pide en el recurso, tampoco habría transcurrido dicho plazo cuando se presentó la demanda de procedimiento monitorio el día 24 de febrero de 2021.

No cabe en consecuencia declarar prescrita la acción de reclamación de la deuda.

Cuestión diferente es la que afecta a los intereses remuneratorios, en la que citamos la Sentencia de esta Sala núm. 255 de 28 de noviembre de 2024 cuando indica que "Como señalan entre otras las Sentencias de la Sección 8 de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 311 de 2 de octubre de 2020 y la de la Sección 8 de la Audiencia Provincial de Alicante núm. 228 de 19 de noviembre de 2014 , la jurisprudencia de forma reiterada ha declarado que el plazo de prescripción de los intereses moratorios es de quince años ( artículo 1.964 del Código Civil ), mientras que el plazo de prescripción de los intereses compensatorios o retributivos es de cinco años ( artículo 1.966.3ª del Código Civil ).

Recuerdan estas resoluciones el contenido de la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2010 en cuanto declara que" no es la sentencia de primera instancia, sino la de apelación, la que se ajusta a la doctrina de esta Sala sobre la inaplicabilidad del art. 1966-3º CC , y la aplicabilidad de su art. 1964, a las acciones para reclamar una única prestación debida pero cuyo cumplimiento se facilita mediante entregas periódicas, lo mismo que a los intereses de demora, a diferencia de los remuneratorios a los que sí se aplica el plazo de cinco años ( SSTS 17-3-94 en rec. 1346/91 , 31-5-03 en rec. 2788/97 , 30-107 en rec. 1386/00 , 23-9-08 en rec- 711/02 y 25-3-09 en rec. 2623/05 )."

En el presente supuesto de la liquidación de la deuda y del extracto aportado resulta que se está reclamando por intereses remuneratorios la cantidad de 656,57 €, que se corresponden con la cantidad de 166,08 € devengada el día 4 de agosto de 2012, a la de 164,80 € de 5 de septiembre de 2012, de 163,50 € del día 5 de octubre de 2012 y 162,19 € del 5 de noviembre de 2012, de acuerdo al contenido del extracto aportado.

Aplicando el plazo de cinco años y aun cuando se tenga en cuenta la suspensión de

estos plazos por la normativa aprobada como consecuencia del Covid resulta evidente que en fecha 24 de febrero de 2021, cuando se planteó la demanda de procedimiento monitorio, ya había transcurrido, por lo que debe declararse prescrita la acción para reclamar la cantidad de 656,57 € por intereses remuneratorios, estimando en ese sentido el motivo del recurso.

Finalmente diremos que se reclama también la cantidad de 1.281,94 € por intereses legales que se calculan desde el día 1 de junio de 2018, que es cuando se liquida la deuda, hasta el día 1 de septiembre de 2020, indicando en la demanda que son más beneficiosos que los intereses de demora al tipo pactado en el contrato, por lo que no tienen la consideración de intereses remuneratorios, sin que en relación a los de demora se haya planteado la prescripción de la acción, que además aplicando las consideraciones antes expuestas tampoco podrían declararse prescritos.

Se estima en parte en los términos antes expuestos el motivo del recurso.

QUINTO.- Inexistencia de préstamo mercantil y nulidad de las cláusulas contractuales.

En la sentencia dictada se afirma que por el hecho de que se califique como mercantil el préstamo ello no supone que se niegue la condición de consumidora de la actora, presumiéndose dicha condición al ser una persona física, pero no considera que pueda entrar a examinar la posible abusividad de la cláusula de intereses remuneratorios al ser éste un elemento esencial del contrato, para rechazar por último que deban ser considerados usuarios.

No procede por tanto volver a defender en el recurso la condición de consumidora de esa parte, cuando esto ya se lo reconoce la resolución dictada en la instancia que se recurre.

En cuanto al resto de alegaciones del motivo del recurso son una copia literal del escrito de contestación a la demanda sin indicar las razones por las que no han sido correctos los argumentos expuestos por la Juez de instancia, por lo que bastaría con remitirnos a lo expuesto en la sentencia de instancia para rechazar el motivo del recurso en cuanto no se han cuestionado en el mismo, de forma que no han quedado desvirtuados por lo alegado por la parte.

Además no podemos sino estar de acuerdo con que no puede estimarse usurario el interés remuneratorio fijado en el contrato en un tipo del 8,98 %, TAE del 10,43%, cuando según las tablas publicadas por el Banco de España el interés de los créditos al consumo en supuestos como el que aquí nos ocupa de créditos a más de cinco años es de 9,16% por un contrato del año 2012, es ligeramente inferior al fijado en el contrato y no supera los 6 puntos porcentuales a que se refiere el Tribunal Supremo entre otras en su Sentencia núm. 1.378 de 6 de octubre de 2023, para considerar que el interés pactado es notablemente superior al normal del dinero, por lo que no cabe apreciar su nulidad por este motivo ni debemos entrar a valorar si cabe su moderación, siendo que además en el presente supuesto no se reclama la cantidad de 1.938,51 € por intereses remuneratorios como se dice en el motivo del recurso.

En cuanto a la nulidad por abusiva de la cláusula de intereses remuneratorios, procede de nuevo recordar con cita de la Sentencia de esta Sala núm. 528 de 7 de octubre de 2024 que "partimos de que el interés remuneratorio es el precio del contrato y por lo tanto elemento esencial del mismo.

Sobre los elementos esenciales del contrato el art. 4.2 de la Directiva 93/13, de 5 de abril , sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, dispone: "La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible". Se excluye, pues, el control de abusividad sobre las cláusulas que sean objeto principal del contrato quedando sujetas sólo al control de incorporación de los arts. 5 y 7 LCGC , y al control de transparencia.

Como indica la STS 20-1-2020 : "el control de transparencia no se agota en el mero control de incorporación, sino que supone un plus sobre el mismo. Según se desprende inequívocamente de la jurisprudencia del TJUE (sentencias de 21 de marzo de 2013, asunto C-92/11, caso RWE Vertrieb ; de 30 de abril de 2014, asunto C-26/13, caso Kásler y Káslerne Rábai ; de 26 de febrero de 2015, asunto C-143/13 , caso Matei; y de 23 de abril de 2015, asunto C-96/14 , caso Van Hove), no solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, sus consecuencias económicas y jurídicas"..

En el presente supuesto con el escrito de demanda se ha aportado el contrato de financiación suscrito con la demandada. En el mismo y tras detallar cuales son los datos personales y los del vehículo financiado se indica en el plan de financiación cual es la cantidad financiada, 19.896,91 €, que se debe pagar en 84 mensualidades, siendo la cantidad de intereses 6.984,77 €, con un importe de cada mensualidad de 338,33 €, debiendo abonar por el seguro 1.538,04 €, por lo que se dice que el importe total adeudado es de 2.841,72 €, con un TIN de 8,38% y un TAE de 10,43% y una comisión de formalización del 3%, siendo la fecha del primer vencimiento la del día 5 de julio de 2012 y la del último la del día 5 de junio de 2019.

También se ha aportado la información normalizada europea sobre crédito al consumo, que aparece firmada por la demandada, y donde de nuevo se hace constar el importe del préstamo, el del número de mensualidades a abonar, así como su importe, la fecha del primer vencimiento y la del último, con los mismos datos antes indicados.

Entendemos que en estas circunstancias siendo la redacción de la cláusula clara y comprensible no se considera que deba declararse nula por abusiva por falta de transparencia, al haber permitido a la demanda conocer la carga económica y jurídica de la misma.

Finalmente, y en cuanto a esta cláusula de intereses remuneratorio y a otras entre las que menciona la de desistimiento del contrato se afirma que no es legible dado el tamaño de la letra.

Basta para emitirnos a lo que hemos indicado en resoluciones anteriores de esta Sala entre las que mencionamos nuestro Auto núm. 101 de 23 de mayo de 2024, también en un supuesto de un contrato firmado en el año 2012, cuando hemos indicado que "que la resolución apelada aplica la redacción del artículo 80.1.b del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, introducida por la disposición final séptima de Ley 4/2022, de 25 de febrero . Dicha redacción no es sin embargo aplicable, "ratione temporis", al contrato presentado, de fecha 2012.

Tampoco le era de aplicación la redacción dada al citado artículo por Ley 3/2014 de 27 de marzo que exigía que el tamaño de la letra fuera superior a milímetro y medio, con suficiente contraste con el fondo para no dificultar la lectura.

Las exigencias sobre el tamaño de la letra, espacio entre líneas y contraste con el fondo no se reflejaron en la redacción inicial del RD Legislativo 1/2007.

Consecuentemente, debe revocarse el auto ya que, al margen de inadmitir por un defecto respecto del que no concedió oportunidad real de subsanar, y remitirse a una normativa no aplicable al caso, se observa que el contrato puede ser leído y por lo tanto sometido al control de abusividad".

Se rechaza en definitiva el motivo del recurso, por lo que su estimación es parcial en los términos indicados.

SEXTO.- Costas de la alzada.

En cuanto a las costas de la alzada la estimación parcial del recurso de apelación supone que no se realice expresa imposición, a tenor de lo establecido en el artículo 398-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción aplicable al presente procedimiento (arg. ex disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,