Sentencia Civil 200/2026 Audiencia Provincial Civil nº 3 de Granada, Rec. 656/2025 de 25 de mayo del 2026

PRIMERO:En la demanda presentada el 10 de noviembre de 2020 se ejercita una acción de reclamación de daños y perjuicios por infracción de las normas de defensa de la competencia frente a MAN Trucks Bus SE y DAF Trucks NV.

La sentencia dictada en primera instancia estima parcialmente la demanda, declara que MAN Trucks BUS SE y DAF Trucks NV son responsables de los daños y perjuicios sufridos por el demandante como consecuencia de la infracción del art. 101 TFUE sancionada por la Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2016 y condena a la demandada a abonar a la parte actora, en concepto de daños derivados de la colusión de precios, la cantidad de 12.050,15 €, así como al pago de los intereses legales desde la interposición de la demanda.

Frente a dicha resolución, MAN Trucks BUS SE presenta recurso de apelación en el que formula las siguientes alegaciones: 1) el análisis de la conducta anticompetitiva demuestra que no puede presumirse que provocara un incremento de los precios de venta de los vehículos; y 2) la DT 1ª RD Ley 9/2017 impide aplicar la facultad de estimación del daño en cualquier caso tampoco concurre una situación de dificultad probatoria que justifique la aplicación del art. 17.1 de la Directiva de daños; y 3) el informe pericial de Compass Lexecom constituye una hipótesis alternativa mejor fundada que la del informe pericial de la parte actora.

La parte actora se opuso al recurso de apelación y formuló impugnación sobre la base de las siguientes alegaciones: 1) vulneración de los art. 101 TFUE, la Directiva 2014/104 y los principios de efectividad y equivalencia; 2) infracción del art. 72 LDC y art. 1902 CC, procede condenar al abono de los intereses devengados desde la fecha de adquisición de los vehículos.

Dado traslado de la impugnación a la parte apelante, no formuló escrito de oposición.

SEGUNDO: De la existencia del daño y relación de causalidad

Atendiendo a los motivos de apelación e impugnación y siguiendo un orden lógico, procede resolver en primer lugar el recurso formulado por MAN en el que se cuestiona la propia existencia del daño para, a continuación, analizar la valoración de los informes periciales aportados por ambas partes respecto a la cuantificación del daño y la procedencia del devengo de los intereses legales desde la fecha de adquisición de los vehículos.

En el recurso de apelación de MAN se sostiene que, del contenido de la Decisión, no cabe inferir que la conducta anticompetitiva provocara el incremento de los precios de los vehículos sin que proceda apreciar la doctrina "ex re ipsa" ni presumir el daño reclamado.

Esta sala ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre el alcance de la conducta ilícita sancionada por la Decisión de la Comisión en el asunto AT-39824-Camiones y su nexo causal con el daño reclamado entre otras en las sentencias nº 530/2022 de 4 de julio (rollo 911/2021), nº 537/2022 de 6 de julio (rollo 910/2022) y nº 538/2022 de 6 de julio (rollo 1167/2021), en ellas nos remitíamos a los argumentos desarrollados en la Sentencia de la AP de Valencia de 21 de diciembre de 2021 en los siguientes términos "...La Comisión sanciona la conducta continuada de las destinatarias de la Decisión consistente en el intercambio de información con la finalidad de alterar, distorsionar o falsear el proceso de fijación independiente de los precios y su evolución normal en el espacio económico europeo, eliminando incertidumbres " y en último término de la reacción de los clientes en el mercado" (apartados 71 y 74).

Y aun cuando es cierto que en el apartado 82 - con cita de la jurisprudencia del TJUE - afirma que no es necesario "tomar en consideración los efectos reales del acuerdo" ni, a los efectos de su calificación, "demostrar que la conducta ha tenido efectos anticompetitivos, en la medida en que ha quedado probado su objeto anticompetitivo", ello no significa que podamos acoger la tesis de la demandada en orden a la ausencia de efectos de la conducta sobre el mercado. Que no se haya necesitado examinar el efecto real para calificar la conducta e imponer la sanción, no significa que se hayan descartado los efectos. Más bien al contrario: dicho lo anterior, en el apartado 85 es la propia Comisión la que establece la presunción de que la conducta sancionada " tiene efectos apreciables sobre el comercio". Y tan es así, que en la nota de prensa que se publica en la misma fecha, contiene un último apartado relativo a las acciones por daños dirigido a los eventuales afectados por la conducta descrita en el caso (documento 5 al folio 210 y siguientes del primer tomo)."

Hemos mantenido nuestro criterio desde entonces y hemos valorado [teniendo presente la Sentencia del TGUE de 16 de septiembre de 2013 confirmada por la Sentencia del TJUE de 3 de julio de 2018 (T-379/10 y T-381/10) y el párrafo 27 de la Decisión] que, aun tratándose de una infracción por el objeto, cabe estimar la existencia de efectos en el mercado, y en particular de la relación de causalidad entre la conducta sancionada y su incidencia en el precio de los camiones adquiridos. Pese a la argumentación esgrimida por la demandada apelante, no podemos obviar la afirmación de la Decisión que atribuye a la conducta sancionada " efectos apreciables sobre el comercio", aun cuando no haya procedido a su concreta evaluación por referencia al caso."

Esta valoración de la conducta sancionada por la Decisión de la Comisión ha sido confirmada por las SSTS 923/2023, 924/2023, 925/2023, 926/2023, 927/2023, 940/2023, 941/2023, 942/2023, 946/2023, 947/2023, 948/2023, 946/2023 y 950/2023 dictadas entre el 12 y el 14 de julio, confirmadas por las posteriores de 16 octubre de 2023 y 14 de marzo de 2024 así como las dictadas desde entonces. En todas ellas, al analizar la existencia del daño derivado de la conducta colusoria sancionada por la Decisión de la Comisión, se parte del efecto vinculante previsto en el art. 16.1 del Reglamento (CE) 1/2003, de 16 de diciembre de 2022, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los arts. 81 y 82 del Tratado, que dispone que "cuando los órganos jurisdiccionales nacionales se pronuncien sobre acuerdos, decisiones o prácticas en virtud de los artículos 81 y 82 del Tratado ya haya sido objeto de una decisión de la Comisión, no podrán adoptar resoluciones incompatibles con la decisión adoptada por la Comisión. [...]".Analizado el contenido y alcance de la Decisión de la Comisión destaca que no circunscribe la conducta de las empresas involucradas en el cártel a un mero intercambio de información, sino que va más allá de esta conducta, citando a tal efecto la propia parte dispositiva y los considerandos 50, 51, 71 y 81. Esta conclusión coincide con la interpretación de la Decisión del TJUE en el apartado 16 de la Sentencia de 22 de junio de 2022 (asunto C-267/20, Volvo y DAF Trucks) y apartado 21 de la STJUE de 16 de febrero de 2023 (asunto C312/21, Tráficos Manuel Ferrer).

Al analizar si la conducta sancionada ha ocasionado un daño en las sentencias de la Sala Primera citadas se llega a la siguiente conclusión: "(...) aunque sea discutible que pueda calificarse como aplicación de la doctrina ex re ipsa, el razonamiento seguido por la Audiencia Provincial ha sido correcto: ha existido una infracción del Derecho de la competencia de enorme gravedad por su duración (14 años), por su extensión espacial (todo el EEE), por la cuota de mercado de los fabricantes implicados en el cártel (aproximadamente un 90%) y, debe añadirse, por la naturaleza de los acuerdos colusorios (no solo el intercambio de información sobre datos concurrenciales sensibles sino también la discusión y acuerdos sobre fijación e incremento de precios brutos).

Y con base en estos hechos y en la propia racionalidad económica de la existencia de un cártel de estas características (con una alta exposición al riesgo de elevadas sanciones, cuya asunción carecería de lógica en ausencia de todo beneficio), aplicando las reglas del raciocinio humano y las máximas de experiencia (reflejadas muchas de ellas en los documentos elaborados por las instituciones de la Unión Europea, como es el caso de la Guía práctica para cuantificar el perjuicio en las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de los arts. 101 o 102 TFUE ), puede presumirse que la infracción ha producido un daño en los compradores de los productos afectados por el cártel, consistente en que han pagado un precio superior al que hubieran pagado si el cártel no hubiera existido.

Esta presunción de existencia del daño, fundada en el art. 386 LEC , no es una presunción legal, y tampoco es iuris et de iure, por lo que admitiría prueba en contrario. Conforme al apartado 3 de este precepto, «frente a la posible formulación de una presunción judicial, el litigante perjudicado por ella siempre podrá practicar la prueba en contrario a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior». El art. 385.2 LEC , aplicable por vía de remisión, admite que la prueba en contrario pueda dirigirse «tanto a probar la inexistencia del hecho presunto como a demostrar que no existe, en el caso de que se trate, el enlace que ha de haber entre el hecho que se presume y el hecho probado o admitido que fundamenta la presunción». En el caso de la litis, según resulta de la valoración hecha en la instancia (incólume tras la desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal), el informe pericial de la demandada no ha desvirtuado las bases sobre las que se ha fundado la presunción ni su resultado. En consecuencia, debemos partir del hecho presunto (existencia del daño) como hecho cierto."

En consecuencia, dada la doctrina jurisprudencial expuesta procede concluir que, conforme a los indicios expuestos en las Sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, cabe alcanzar la presunción, que no ha sido desvirtuada de contrario, de que el ilícito concurrencial por el que fueron sancionados entre otros MAN SE ocasionó un daño en los adquirentes de los vehículos afectados por el cártel consistente en que han pagado un precio superior al que hubieran pagado si el cártel no hubiera existido.

TERCERO.- De la valoración de la prueba pericial

En segundo lugar, en respuesta a los demás motivos en que la parte codemandada funda su recurso de apelación y al primero de los motivos de impugnación, procede analizar los informes periciales aportados por la parte actora y la demandada, elaborados por Jose Manuel y Compas Lexecom respectivamente.

Informe pericial de la parte actora

Esta sala ha tenido la oportunidad de analizar el informe pericial elaborado por el Sr. Jose Manuel y que fue aportado por la actora en la Sentencia nº 334/2023 de 28 de julio (rollo 1258/2021). Tal y como se expuso en la citada sentencia, este dictamen calcula el perjuicio derivado de la conducta colusoria sancionada por la comisión utilizando un método sincrónico comparativo con datos obtenidos con un mercado similar, como es el de los camiones ligeros y furgonetas. Para este análisis comparativo los datos se han obtenido de los precios brutos de estos vehículos publicados en la revista anual de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM).

Sobre este tipo de informes, esta Sala ya ha puesto de manifiesto una serie de debilidades. Así, se echa en falta que, aunque la infracción se dio principalmente en el precio bruto, no se analice el impacto del cártel en la evolución de los precios netos que es donde se concreta el daño sufrido por el demandante. Es cierto que los precios brutos son el punto de partida, con incidencia clara en el precio final pagado por los clientes, pero este a su vez, donde se concreta el daño, es fruto también de otras variables que se aplican sobre aquel, y entre ellos los descuentos con evolución diferente en el tiempo, sin que pueda establecerse que en cada momento, sin base objetiva, durante toda la duración del cártel, tuvo la misma incidencia.

Por otro lado, tampoco parece razonable la extrapolación de los resultados del año 2000 a los años 1998 y 1999.

Finalmente, en el modelo de regresión no se toman en consideración variables tan significativas como la demanda y tampoco se justifica que el signo negativo de la variable marca y la incidencia que pueda tener en el resultado del análisis econométrico.

Informe pericial aportado por MAN

El informe elaborado para Man por Compas Lexecom se compone de dos partes, una primera bajo el título "Informe Pericial (Parte I): Análisis económico del Informe Pericial elaborado por PQ Axis" y una segunda con el título Informe Pericial (Parte II): estimación de los efectos de la infracción en los precios de MAN en España Demanda de Juan Francisco Aranda, S.L.

Los peritos de la demandada afirman que una coordinación (explícita o tácita) de los precios de lista no conlleva un aumento automático de los precios efectivamente desembolsados. En definitiva, que los precios finales no se han visto influidos por los precios brutos lo que se infiere de la falta de evidencia de que exista un control indirecto de los descuentos por los fabricantes ni de que la conducta sancionada incluya ningún acuerdo al respecto.

En la parte II del informe el modelo econométrico parte de precios de transacción y se construye sobre la base de la premisa, rechazada en el anterior fundamento de derecho, relativa a que la Decisión sanciona exclusivamente intercambios de información que resultan inocuos para el mercado de tal forma que el precio que hubieran pagado los adquirentes de camiones de marcas implicadas hubiera sido el mismo en un escenario sin infracción. Si atendemos a las propias características del cártel, con especial énfasis al periodo prolongado de duración en el tiempo, no es posible otorgar credibilidad a los resultados del estudio de regresión incluido en el informe de la demandada, máxime cuando por los propios peritos ni siquiera se cuestionan la razonabilidad del resultado obtenido. Existe unanimidad en las sentencias de las distintas audiencias provinciales, en no aceptar las conclusiones del informe de la demandada respecto a la inexistencia de daño.

De la procedencia de la estimación judicial del daño

En la medida que ninguno de los informes periciales ha alcanzado la convicción de este Tribunal procede analizar si resulta oportuno recurrir a la facultad de estimación judicial del daño. Sobre esta cuestión la Sala Primera en las sentencias citadas ha realizado una aclaración que resulta esencial al afirmar que cuando en la STS 651/2013 de 7 de noviembre (as. Cártel del azúcar" afirmó que "lo exigible al informe pericial que aporte la parte perjudicada es que formule una hipótesis razonable y técnicamente fundada sobre datos contrastables y no erróneos"no lo hizo para "establecer un requisito imprescindible para que el perjudicado obtenga una indemnización de los daños provocados por el cártel, sino como fundamento de la aceptación por el tribunal de la valoración de los daños del informe pericial presentado por el perjudicado en aquel litigio, que era impugnado por las empresas participantes en aquel cártel porque contenía errores en la valoración del daño".

Lo que procede es determinar si, como ocurre en este caso, la falta de aceptación por el Tribunal de las conclusiones alcanzadas en el informe pericial aportado por la perjudicada supone una inactividad probatoria de la parte demandante que, de conformidad con el apartado 57 de la STJUE de 16 de febrero de 2023 (asunto C-312/21 Tráficos Manuel Ferrer) impida al juez nacional sustituir a la parte en la determinación del perjuicio o suplir su falta de acción.

El Tribunal Supremo, para determinar si la insuficiencia del informe pericial para cuantificar el daño debe imputarse a la inactividad probatoria del perjudicado, toma en consideración una serie de circunstancias concretas del supuesto que examina que también concurren en el caso de autos: 1) el caso se sitúa dentro de la primera oleada de reclamaciones judiciales por este cártel en España, cuando todavía no se habían generalizado estas valoraciones judiciales que negaban eficacia de los métodos estadísticos para valorar concretos daños causados en la adquisición de un vehículo afectado por el cártel; 2) a las dificultades propias de la cuantificación del daño en asuntos de competencia a que hacían referencia los apartados 17 y 123 de la citada Guía práctica, se suman las derivadas de las especiales características del cártel de los camiones (duración, ámbito geográfico, singularidad de los productos afectados, dificultad de acceso a la información) que dificultan realizar análisis sincrónicos o diacrónicos; 3) desproporción entre el interés litigioso y el coste que podría generarle la práctica de las diligencias necesarias para acceder a la documentación que pudiera ser relevante en ese caso concreto y la elaboración del posterior informe pericial; y 4) en el momento de presentación de la demanda existía un consenso general sobre la duración del plazo de ejercicio de la acción, un año, conforme al art. 1968.2 del Código Civil, que dejaba poco margen para la realización de informes periciales más elaborados.

En este sentido, el Tribunal Supremo, en las sentencias citadas considera significativo que "(...) e incluso en el caso Royal Mail/British Telecom, enjuiciado por el Competition Appeal Tribunal británico [CAT, Case Nº: 1290/5/7/18 (T)], en el que sí hubo un amplio acceso a los documentos de la demandada y a la información reservada del expediente de la Comisión y se aportaron detallados informes periciales elaborados por prestigiosos peritos, no ha sido posible la cuantificación exacta del daño con base en esas pruebas documentales y periciales y el tribunal ha debido recurrir a la estimación del daño, que ha fijado en un 5% del precio de los camiones".

Finalmente, se justifica que esta valoración viene avalada por la interpretación sistemática y teleológica del art. 101.1 TFUE y la necesidad de garantizar su plena eficacia y del efecto útil, por la que los órganos jurisdiccionales nacionales también deben velar, según resulta de la jurisprudencia reiterada del TJUE.

Por todo lo expuesto, si bien se ha considerado acreditada la existencia del daño ocasionado por la conducta infractora, las debilidades apreciadas en el informe pericial aportado por la actora impiden que sus conclusiones alcancen la convicción de este Tribunal, sin que el argumento relativo a la aplicación del principio de efectividad invocado por la actora en su escrito de de impugnación justifique que deba acogerse íntegramente la reclamación formulada sino que lo procedente es acudir a la facultad judicial de estimación del daño.

En consecuencia, considerándose acreditado la existencia del daño ocasionado por la conducta infractora, procede hacer uso de la facultad judicial de estimación del daño. El Tribunal Supremo en las citadas sentencias ha determinado que en la medida que "(...) no se ha probado que ese daño superara el mínimo previsible en un cártel de esas características, que una generalidad de tribunales ha fijado prudentemente en un 5% del coste de los camiones, pues, como se ha dicho, los tribunales de instancia han negado eficacia probatoria al informe pericial de la demandante, que fijaba el daño en un porcentaje superior de sobreprecio. Al no haber resultado probado que el importe de ese daño haya sido superior a ese mínimo del 5% del precio del camión, el ejercicio de las facultades estimativas que el ordenamiento jurídico atribuía a los tribunales antes incluso de la trasposición de la Directiva, como consecuencia directa del principio de indemnidad derivado de los arts. 1902 CC y 101 TFUE , no les permite fijar una indemnización superior."( STS 927/2023 de 12 de junio).

Esta Sala considera que, dado el criterio asumido por la Sala Primera del Tribunal Supremo en procedimientos en los que ni el informe pericial de la parte actora ni el informe de la demandada han conseguido acreditar que el daño fuera inferior al porcentaje mínimo fijado para estimar el daño, debe adoptarse la misma solución, que coincide con la alcanzada en la instancia, máxime si tenemos en cuenta las circunstancias en las que se produce la litigación en las reclamaciones de daños derivados del cártel de los camiones, un contexto de litigación en masa, que justifica que se dé un trato igual o equivalente a situaciones iguales o equivalentes. Con ello se pretende facilitar la predecibilidad de las soluciones judiciales y ofrecer una mayor seguridad jurídica.

En consecuencia, en la medida que la solución acordada en la instancia de estimar el daño en un 5% es la acogida por el propio Tribunal Supremo, no cabe apreciar arbitrariedad en la decisión adoptada en la instancia ni tampoco tampoco la infracción de los art. 101 TFUE, art. 72 LDC, DA 2ª RDLey 9/2017 y del principio de efectividad del Derecho de la Unión.

CUARTO: De los intereses legales

En último lugar, la parte actora impugna el pronunciamiento sobre los intereses legales al no haberse condenado al abono de los devengados desde la fecha de adquisición de los vehículos.

Esta sala ya se ha pronunciado sobre esta cuestión partiendo de la base de que la reparación íntegra del daño exige también el derecho a percibir la obligación accesoria de interés (asunto Manfredi, C-295/04 a 298/04, apartado 95), elemento indispensable de reparación, según la Guía Práctica (apartado 20). La deuda indemnizatoria se concibe como una deuda de valor, de manera que la obligación accesoria de pago de intereses presenta la misma finalidad de lograr la restitutio in integrum y forma parte así de la finalidad del mecanismo de indemnización (criterio que luego recogerá el considerando 12 de la Directiva).

Sobre esta cuestión se ha pronunciado la Sala Primera, entre muchas otras, en la STS 1415/2023 de 16 de octubre concluyendo que: "No se trata por tanto de una indemnización por mora, basada en los arts. 1101 y 1108 CC , sino de una medida destinada a que el resarcimiento del daño sufrido por la víctima de la conducta infractora del Derecho de la competencia sea pleno, contrarrestando el efecto del transcurso del tiempo entre el momento de la producción del daño y el momento en que se acuerda la reparación de dicho daño. Se trata de una exigencia derivada del art. 101 TFUE , en la interpretación que le ha dado la jurisprudencia del TJUE.

6.- Al considerar que procede el pago de intereses de la indemnización desde el momento en que se produjo el daño (el pago del precio del camión) porque es una medida necesaria para que el resarcimiento sea pleno, y no porque se ha producido una mora en el pago, deviene irrelevante la objeción derivada de la máxima in illiquidis non fit mora."

En el caso de autos, aunque en el apartado 1.2 del suplico de la demanda se solicita que se condene a la demandada "(...) al pago de los intereses legales devengados desde la fecha desde la interposición de la demanda y, subsidiariamente, desde la sentencia",lo cierto es que en el suplico de la demanda al sobreprecio provocado por el cártel se añade la reclamación de la suma de 17.562,32 € por los intereses devengados desde la fecha de pago del precio hasta la presentación de la demanda. Por tanto, procede estimar en esta cuestión el escrito de impugnación y, conforme a la doctrina jurisprudencial expuesta, condenar al abono de los intereses legales desde la fecha de adquisición de los vehículos.

QUINTO: Costas

Desestimado el recurso de apelación de la parte codemandada procede condenarle al abono de las costas de la segunda instancia ( art. 398 LEC) y estimada parcialmente la impugnación formulada por la actora, no procede imponer las costas.

PRIMERO:En la demanda presentada el 10 de noviembre de 2020 se ejercita una acción de reclamación de daños y perjuicios por infracción de las normas de defensa de la competencia frente a MAN Trucks Bus SE y DAF Trucks NV.

La sentencia dictada en primera instancia estima parcialmente la demanda, declara que MAN Trucks BUS SE y DAF Trucks NV son responsables de los daños y perjuicios sufridos por el demandante como consecuencia de la infracción del art. 101 TFUE sancionada por la Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2016 y condena a la demandada a abonar a la parte actora, en concepto de daños derivados de la colusión de precios, la cantidad de 12.050,15 €, así como al pago de los intereses legales desde la interposición de la demanda.

Frente a dicha resolución, MAN Trucks BUS SE presenta recurso de apelación en el que formula las siguientes alegaciones: 1) el análisis de la conducta anticompetitiva demuestra que no puede presumirse que provocara un incremento de los precios de venta de los vehículos; y 2) la DT 1ª RD Ley 9/2017 impide aplicar la facultad de estimación del daño en cualquier caso tampoco concurre una situación de dificultad probatoria que justifique la aplicación del art. 17.1 de la Directiva de daños; y 3) el informe pericial de Compass Lexecom constituye una hipótesis alternativa mejor fundada que la del informe pericial de la parte actora.

La parte actora se opuso al recurso de apelación y formuló impugnación sobre la base de las siguientes alegaciones: 1) vulneración de los art. 101 TFUE, la Directiva 2014/104 y los principios de efectividad y equivalencia; 2) infracción del art. 72 LDC y art. 1902 CC, procede condenar al abono de los intereses devengados desde la fecha de adquisición de los vehículos.

Dado traslado de la impugnación a la parte apelante, no formuló escrito de oposición.

SEGUNDO: De la existencia del daño y relación de causalidad

Atendiendo a los motivos de apelación e impugnación y siguiendo un orden lógico, procede resolver en primer lugar el recurso formulado por MAN en el que se cuestiona la propia existencia del daño para, a continuación, analizar la valoración de los informes periciales aportados por ambas partes respecto a la cuantificación del daño y la procedencia del devengo de los intereses legales desde la fecha de adquisición de los vehículos.

En el recurso de apelación de MAN se sostiene que, del contenido de la Decisión, no cabe inferir que la conducta anticompetitiva provocara el incremento de los precios de los vehículos sin que proceda apreciar la doctrina "ex re ipsa" ni presumir el daño reclamado.

Esta sala ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre el alcance de la conducta ilícita sancionada por la Decisión de la Comisión en el asunto AT-39824-Camiones y su nexo causal con el daño reclamado entre otras en las sentencias nº 530/2022 de 4 de julio (rollo 911/2021), nº 537/2022 de 6 de julio (rollo 910/2022) y nº 538/2022 de 6 de julio (rollo 1167/2021), en ellas nos remitíamos a los argumentos desarrollados en la Sentencia de la AP de Valencia de 21 de diciembre de 2021 en los siguientes términos "...La Comisión sanciona la conducta continuada de las destinatarias de la Decisión consistente en el intercambio de información con la finalidad de alterar, distorsionar o falsear el proceso de fijación independiente de los precios y su evolución normal en el espacio económico europeo, eliminando incertidumbres " y en último término de la reacción de los clientes en el mercado" (apartados 71 y 74).

Y aun cuando es cierto que en el apartado 82 - con cita de la jurisprudencia del TJUE - afirma que no es necesario "tomar en consideración los efectos reales del acuerdo" ni, a los efectos de su calificación, "demostrar que la conducta ha tenido efectos anticompetitivos, en la medida en que ha quedado probado su objeto anticompetitivo", ello no significa que podamos acoger la tesis de la demandada en orden a la ausencia de efectos de la conducta sobre el mercado. Que no se haya necesitado examinar el efecto real para calificar la conducta e imponer la sanción, no significa que se hayan descartado los efectos. Más bien al contrario: dicho lo anterior, en el apartado 85 es la propia Comisión la que establece la presunción de que la conducta sancionada " tiene efectos apreciables sobre el comercio". Y tan es así, que en la nota de prensa que se publica en la misma fecha, contiene un último apartado relativo a las acciones por daños dirigido a los eventuales afectados por la conducta descrita en el caso (documento 5 al folio 210 y siguientes del primer tomo)."

Hemos mantenido nuestro criterio desde entonces y hemos valorado [teniendo presente la Sentencia del TGUE de 16 de septiembre de 2013 confirmada por la Sentencia del TJUE de 3 de julio de 2018 (T-379/10 y T-381/10) y el párrafo 27 de la Decisión] que, aun tratándose de una infracción por el objeto, cabe estimar la existencia de efectos en el mercado, y en particular de la relación de causalidad entre la conducta sancionada y su incidencia en el precio de los camiones adquiridos. Pese a la argumentación esgrimida por la demandada apelante, no podemos obviar la afirmación de la Decisión que atribuye a la conducta sancionada " efectos apreciables sobre el comercio", aun cuando no haya procedido a su concreta evaluación por referencia al caso."

Esta valoración de la conducta sancionada por la Decisión de la Comisión ha sido confirmada por las SSTS 923/2023, 924/2023, 925/2023, 926/2023, 927/2023, 940/2023, 941/2023, 942/2023, 946/2023, 947/2023, 948/2023, 946/2023 y 950/2023 dictadas entre el 12 y el 14 de julio, confirmadas por las posteriores de 16 octubre de 2023 y 14 de marzo de 2024 así como las dictadas desde entonces. En todas ellas, al analizar la existencia del daño derivado de la conducta colusoria sancionada por la Decisión de la Comisión, se parte del efecto vinculante previsto en el art. 16.1 del Reglamento (CE) 1/2003, de 16 de diciembre de 2022, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los arts. 81 y 82 del Tratado, que dispone que "cuando los órganos jurisdiccionales nacionales se pronuncien sobre acuerdos, decisiones o prácticas en virtud de los artículos 81 y 82 del Tratado ya haya sido objeto de una decisión de la Comisión, no podrán adoptar resoluciones incompatibles con la decisión adoptada por la Comisión. [...]".Analizado el contenido y alcance de la Decisión de la Comisión destaca que no circunscribe la conducta de las empresas involucradas en el cártel a un mero intercambio de información, sino que va más allá de esta conducta, citando a tal efecto la propia parte dispositiva y los considerandos 50, 51, 71 y 81. Esta conclusión coincide con la interpretación de la Decisión del TJUE en el apartado 16 de la Sentencia de 22 de junio de 2022 (asunto C-267/20, Volvo y DAF Trucks) y apartado 21 de la STJUE de 16 de febrero de 2023 (asunto C312/21, Tráficos Manuel Ferrer).

Al analizar si la conducta sancionada ha ocasionado un daño en las sentencias de la Sala Primera citadas se llega a la siguiente conclusión: "(...) aunque sea discutible que pueda calificarse como aplicación de la doctrina ex re ipsa, el razonamiento seguido por la Audiencia Provincial ha sido correcto: ha existido una infracción del Derecho de la competencia de enorme gravedad por su duración (14 años), por su extensión espacial (todo el EEE), por la cuota de mercado de los fabricantes implicados en el cártel (aproximadamente un 90%) y, debe añadirse, por la naturaleza de los acuerdos colusorios (no solo el intercambio de información sobre datos concurrenciales sensibles sino también la discusión y acuerdos sobre fijación e incremento de precios brutos).

Y con base en estos hechos y en la propia racionalidad económica de la existencia de un cártel de estas características (con una alta exposición al riesgo de elevadas sanciones, cuya asunción carecería de lógica en ausencia de todo beneficio), aplicando las reglas del raciocinio humano y las máximas de experiencia (reflejadas muchas de ellas en los documentos elaborados por las instituciones de la Unión Europea, como es el caso de la Guía práctica para cuantificar el perjuicio en las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de los arts. 101 o 102 TFUE ), puede presumirse que la infracción ha producido un daño en los compradores de los productos afectados por el cártel, consistente en que han pagado un precio superior al que hubieran pagado si el cártel no hubiera existido.

Esta presunción de existencia del daño, fundada en el art. 386 LEC , no es una presunción legal, y tampoco es iuris et de iure, por lo que admitiría prueba en contrario. Conforme al apartado 3 de este precepto, «frente a la posible formulación de una presunción judicial, el litigante perjudicado por ella siempre podrá practicar la prueba en contrario a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior». El art. 385.2 LEC , aplicable por vía de remisión, admite que la prueba en contrario pueda dirigirse «tanto a probar la inexistencia del hecho presunto como a demostrar que no existe, en el caso de que se trate, el enlace que ha de haber entre el hecho que se presume y el hecho probado o admitido que fundamenta la presunción». En el caso de la litis, según resulta de la valoración hecha en la instancia (incólume tras la desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal), el informe pericial de la demandada no ha desvirtuado las bases sobre las que se ha fundado la presunción ni su resultado. En consecuencia, debemos partir del hecho presunto (existencia del daño) como hecho cierto."

En consecuencia, dada la doctrina jurisprudencial expuesta procede concluir que, conforme a los indicios expuestos en las Sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, cabe alcanzar la presunción, que no ha sido desvirtuada de contrario, de que el ilícito concurrencial por el que fueron sancionados entre otros MAN SE ocasionó un daño en los adquirentes de los vehículos afectados por el cártel consistente en que han pagado un precio superior al que hubieran pagado si el cártel no hubiera existido.

TERCERO.- De la valoración de la prueba pericial

En segundo lugar, en respuesta a los demás motivos en que la parte codemandada funda su recurso de apelación y al primero de los motivos de impugnación, procede analizar los informes periciales aportados por la parte actora y la demandada, elaborados por Jose Manuel y Compas Lexecom respectivamente.

Informe pericial de la parte actora

Esta sala ha tenido la oportunidad de analizar el informe pericial elaborado por el Sr. Jose Manuel y que fue aportado por la actora en la Sentencia nº 334/2023 de 28 de julio (rollo 1258/2021). Tal y como se expuso en la citada sentencia, este dictamen calcula el perjuicio derivado de la conducta colusoria sancionada por la comisión utilizando un método sincrónico comparativo con datos obtenidos con un mercado similar, como es el de los camiones ligeros y furgonetas. Para este análisis comparativo los datos se han obtenido de los precios brutos de estos vehículos publicados en la revista anual de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM).

Sobre este tipo de informes, esta Sala ya ha puesto de manifiesto una serie de debilidades. Así, se echa en falta que, aunque la infracción se dio principalmente en el precio bruto, no se analice el impacto del cártel en la evolución de los precios netos que es donde se concreta el daño sufrido por el demandante. Es cierto que los precios brutos son el punto de partida, con incidencia clara en el precio final pagado por los clientes, pero este a su vez, donde se concreta el daño, es fruto también de otras variables que se aplican sobre aquel, y entre ellos los descuentos con evolución diferente en el tiempo, sin que pueda establecerse que en cada momento, sin base objetiva, durante toda la duración del cártel, tuvo la misma incidencia.

Por otro lado, tampoco parece razonable la extrapolación de los resultados del año 2000 a los años 1998 y 1999.

Finalmente, en el modelo de regresión no se toman en consideración variables tan significativas como la demanda y tampoco se justifica que el signo negativo de la variable marca y la incidencia que pueda tener en el resultado del análisis econométrico.

Informe pericial aportado por MAN

El informe elaborado para Man por Compas Lexecom se compone de dos partes, una primera bajo el título "Informe Pericial (Parte I): Análisis económico del Informe Pericial elaborado por PQ Axis" y una segunda con el título Informe Pericial (Parte II): estimación de los efectos de la infracción en los precios de MAN en España Demanda de Juan Francisco Aranda, S.L.

Los peritos de la demandada afirman que una coordinación (explícita o tácita) de los precios de lista no conlleva un aumento automático de los precios efectivamente desembolsados. En definitiva, que los precios finales no se han visto influidos por los precios brutos lo que se infiere de la falta de evidencia de que exista un control indirecto de los descuentos por los fabricantes ni de que la conducta sancionada incluya ningún acuerdo al respecto.

En la parte II del informe el modelo econométrico parte de precios de transacción y se construye sobre la base de la premisa, rechazada en el anterior fundamento de derecho, relativa a que la Decisión sanciona exclusivamente intercambios de información que resultan inocuos para el mercado de tal forma que el precio que hubieran pagado los adquirentes de camiones de marcas implicadas hubiera sido el mismo en un escenario sin infracción. Si atendemos a las propias características del cártel, con especial énfasis al periodo prolongado de duración en el tiempo, no es posible otorgar credibilidad a los resultados del estudio de regresión incluido en el informe de la demandada, máxime cuando por los propios peritos ni siquiera se cuestionan la razonabilidad del resultado obtenido. Existe unanimidad en las sentencias de las distintas audiencias provinciales, en no aceptar las conclusiones del informe de la demandada respecto a la inexistencia de daño.

De la procedencia de la estimación judicial del daño

En la medida que ninguno de los informes periciales ha alcanzado la convicción de este Tribunal procede analizar si resulta oportuno recurrir a la facultad de estimación judicial del daño. Sobre esta cuestión la Sala Primera en las sentencias citadas ha realizado una aclaración que resulta esencial al afirmar que cuando en la STS 651/2013 de 7 de noviembre (as. Cártel del azúcar" afirmó que "lo exigible al informe pericial que aporte la parte perjudicada es que formule una hipótesis razonable y técnicamente fundada sobre datos contrastables y no erróneos"no lo hizo para "establecer un requisito imprescindible para que el perjudicado obtenga una indemnización de los daños provocados por el cártel, sino como fundamento de la aceptación por el tribunal de la valoración de los daños del informe pericial presentado por el perjudicado en aquel litigio, que era impugnado por las empresas participantes en aquel cártel porque contenía errores en la valoración del daño".

Lo que procede es determinar si, como ocurre en este caso, la falta de aceptación por el Tribunal de las conclusiones alcanzadas en el informe pericial aportado por la perjudicada supone una inactividad probatoria de la parte demandante que, de conformidad con el apartado 57 de la STJUE de 16 de febrero de 2023 (asunto C-312/21 Tráficos Manuel Ferrer) impida al juez nacional sustituir a la parte en la determinación del perjuicio o suplir su falta de acción.

El Tribunal Supremo, para determinar si la insuficiencia del informe pericial para cuantificar el daño debe imputarse a la inactividad probatoria del perjudicado, toma en consideración una serie de circunstancias concretas del supuesto que examina que también concurren en el caso de autos: 1) el caso se sitúa dentro de la primera oleada de reclamaciones judiciales por este cártel en España, cuando todavía no se habían generalizado estas valoraciones judiciales que negaban eficacia de los métodos estadísticos para valorar concretos daños causados en la adquisición de un vehículo afectado por el cártel; 2) a las dificultades propias de la cuantificación del daño en asuntos de competencia a que hacían referencia los apartados 17 y 123 de la citada Guía práctica, se suman las derivadas de las especiales características del cártel de los camiones (duración, ámbito geográfico, singularidad de los productos afectados, dificultad de acceso a la información) que dificultan realizar análisis sincrónicos o diacrónicos; 3) desproporción entre el interés litigioso y el coste que podría generarle la práctica de las diligencias necesarias para acceder a la documentación que pudiera ser relevante en ese caso concreto y la elaboración del posterior informe pericial; y 4) en el momento de presentación de la demanda existía un consenso general sobre la duración del plazo de ejercicio de la acción, un año, conforme al art. 1968.2 del Código Civil, que dejaba poco margen para la realización de informes periciales más elaborados.

En este sentido, el Tribunal Supremo, en las sentencias citadas considera significativo que "(...) e incluso en el caso Royal Mail/British Telecom, enjuiciado por el Competition Appeal Tribunal británico [CAT, Case Nº: 1290/5/7/18 (T)], en el que sí hubo un amplio acceso a los documentos de la demandada y a la información reservada del expediente de la Comisión y se aportaron detallados informes periciales elaborados por prestigiosos peritos, no ha sido posible la cuantificación exacta del daño con base en esas pruebas documentales y periciales y el tribunal ha debido recurrir a la estimación del daño, que ha fijado en un 5% del precio de los camiones".

Finalmente, se justifica que esta valoración viene avalada por la interpretación sistemática y teleológica del art. 101.1 TFUE y la necesidad de garantizar su plena eficacia y del efecto útil, por la que los órganos jurisdiccionales nacionales también deben velar, según resulta de la jurisprudencia reiterada del TJUE.

Por todo lo expuesto, si bien se ha considerado acreditada la existencia del daño ocasionado por la conducta infractora, las debilidades apreciadas en el informe pericial aportado por la actora impiden que sus conclusiones alcancen la convicción de este Tribunal, sin que el argumento relativo a la aplicación del principio de efectividad invocado por la actora en su escrito de de impugnación justifique que deba acogerse íntegramente la reclamación formulada sino que lo procedente es acudir a la facultad judicial de estimación del daño.

En consecuencia, considerándose acreditado la existencia del daño ocasionado por la conducta infractora, procede hacer uso de la facultad judicial de estimación del daño. El Tribunal Supremo en las citadas sentencias ha determinado que en la medida que "(...) no se ha probado que ese daño superara el mínimo previsible en un cártel de esas características, que una generalidad de tribunales ha fijado prudentemente en un 5% del coste de los camiones, pues, como se ha dicho, los tribunales de instancia han negado eficacia probatoria al informe pericial de la demandante, que fijaba el daño en un porcentaje superior de sobreprecio. Al no haber resultado probado que el importe de ese daño haya sido superior a ese mínimo del 5% del precio del camión, el ejercicio de las facultades estimativas que el ordenamiento jurídico atribuía a los tribunales antes incluso de la trasposición de la Directiva, como consecuencia directa del principio de indemnidad derivado de los arts. 1902 CC y 101 TFUE , no les permite fijar una indemnización superior."( STS 927/2023 de 12 de junio).

Esta Sala considera que, dado el criterio asumido por la Sala Primera del Tribunal Supremo en procedimientos en los que ni el informe pericial de la parte actora ni el informe de la demandada han conseguido acreditar que el daño fuera inferior al porcentaje mínimo fijado para estimar el daño, debe adoptarse la misma solución, que coincide con la alcanzada en la instancia, máxime si tenemos en cuenta las circunstancias en las que se produce la litigación en las reclamaciones de daños derivados del cártel de los camiones, un contexto de litigación en masa, que justifica que se dé un trato igual o equivalente a situaciones iguales o equivalentes. Con ello se pretende facilitar la predecibilidad de las soluciones judiciales y ofrecer una mayor seguridad jurídica.

En consecuencia, en la medida que la solución acordada en la instancia de estimar el daño en un 5% es la acogida por el propio Tribunal Supremo, no cabe apreciar arbitrariedad en la decisión adoptada en la instancia ni tampoco tampoco la infracción de los art. 101 TFUE, art. 72 LDC, DA 2ª RDLey 9/2017 y del principio de efectividad del Derecho de la Unión.

CUARTO: De los intereses legales

En último lugar, la parte actora impugna el pronunciamiento sobre los intereses legales al no haberse condenado al abono de los devengados desde la fecha de adquisición de los vehículos.

Esta sala ya se ha pronunciado sobre esta cuestión partiendo de la base de que la reparación íntegra del daño exige también el derecho a percibir la obligación accesoria de interés (asunto Manfredi, C-295/04 a 298/04, apartado 95), elemento indispensable de reparación, según la Guía Práctica (apartado 20). La deuda indemnizatoria se concibe como una deuda de valor, de manera que la obligación accesoria de pago de intereses presenta la misma finalidad de lograr la restitutio in integrum y forma parte así de la finalidad del mecanismo de indemnización (criterio que luego recogerá el considerando 12 de la Directiva).

Sobre esta cuestión se ha pronunciado la Sala Primera, entre muchas otras, en la STS 1415/2023 de 16 de octubre concluyendo que: "No se trata por tanto de una indemnización por mora, basada en los arts. 1101 y 1108 CC , sino de una medida destinada a que el resarcimiento del daño sufrido por la víctima de la conducta infractora del Derecho de la competencia sea pleno, contrarrestando el efecto del transcurso del tiempo entre el momento de la producción del daño y el momento en que se acuerda la reparación de dicho daño. Se trata de una exigencia derivada del art. 101 TFUE , en la interpretación que le ha dado la jurisprudencia del TJUE.

6.- Al considerar que procede el pago de intereses de la indemnización desde el momento en que se produjo el daño (el pago del precio del camión) porque es una medida necesaria para que el resarcimiento sea pleno, y no porque se ha producido una mora en el pago, deviene irrelevante la objeción derivada de la máxima in illiquidis non fit mora."

En el caso de autos, aunque en el apartado 1.2 del suplico de la demanda se solicita que se condene a la demandada "(...) al pago de los intereses legales devengados desde la fecha desde la interposición de la demanda y, subsidiariamente, desde la sentencia",lo cierto es que en el suplico de la demanda al sobreprecio provocado por el cártel se añade la reclamación de la suma de 17.562,32 € por los intereses devengados desde la fecha de pago del precio hasta la presentación de la demanda. Por tanto, procede estimar en esta cuestión el escrito de impugnación y, conforme a la doctrina jurisprudencial expuesta, condenar al abono de los intereses legales desde la fecha de adquisición de los vehículos.

QUINTO: Costas

Desestimado el recurso de apelación de la parte codemandada procede condenarle al abono de las costas de la segunda instancia ( art. 398 LEC) y estimada parcialmente la impugnación formulada por la actora, no procede imponer las costas.

PRIMERO:En la demanda presentada el 10 de noviembre de 2020 se ejercita una acción de reclamación de daños y perjuicios por infracción de las normas de defensa de la competencia frente a MAN Trucks Bus SE y DAF Trucks NV.

La sentencia dictada en primera instancia estima parcialmente la demanda, declara que MAN Trucks BUS SE y DAF Trucks NV son responsables de los daños y perjuicios sufridos por el demandante como consecuencia de la infracción del art. 101 TFUE sancionada por la Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2016 y condena a la demandada a abonar a la parte actora, en concepto de daños derivados de la colusión de precios, la cantidad de 12.050,15 €, así como al pago de los intereses legales desde la interposición de la demanda.

Frente a dicha resolución, MAN Trucks BUS SE presenta recurso de apelación en el que formula las siguientes alegaciones: 1) el análisis de la conducta anticompetitiva demuestra que no puede presumirse que provocara un incremento de los precios de venta de los vehículos; y 2) la DT 1ª RD Ley 9/2017 impide aplicar la facultad de estimación del daño en cualquier caso tampoco concurre una situación de dificultad probatoria que justifique la aplicación del art. 17.1 de la Directiva de daños; y 3) el informe pericial de Compass Lexecom constituye una hipótesis alternativa mejor fundada que la del informe pericial de la parte actora.

La parte actora se opuso al recurso de apelación y formuló impugnación sobre la base de las siguientes alegaciones: 1) vulneración de los art. 101 TFUE, la Directiva 2014/104 y los principios de efectividad y equivalencia; 2) infracción del art. 72 LDC y art. 1902 CC, procede condenar al abono de los intereses devengados desde la fecha de adquisición de los vehículos.

Dado traslado de la impugnación a la parte apelante, no formuló escrito de oposición.

SEGUNDO: De la existencia del daño y relación de causalidad

Atendiendo a los motivos de apelación e impugnación y siguiendo un orden lógico, procede resolver en primer lugar el recurso formulado por MAN en el que se cuestiona la propia existencia del daño para, a continuación, analizar la valoración de los informes periciales aportados por ambas partes respecto a la cuantificación del daño y la procedencia del devengo de los intereses legales desde la fecha de adquisición de los vehículos.

En el recurso de apelación de MAN se sostiene que, del contenido de la Decisión, no cabe inferir que la conducta anticompetitiva provocara el incremento de los precios de los vehículos sin que proceda apreciar la doctrina "ex re ipsa" ni presumir el daño reclamado.

Esta sala ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre el alcance de la conducta ilícita sancionada por la Decisión de la Comisión en el asunto AT-39824-Camiones y su nexo causal con el daño reclamado entre otras en las sentencias nº 530/2022 de 4 de julio (rollo 911/2021), nº 537/2022 de 6 de julio (rollo 910/2022) y nº 538/2022 de 6 de julio (rollo 1167/2021), en ellas nos remitíamos a los argumentos desarrollados en la Sentencia de la AP de Valencia de 21 de diciembre de 2021 en los siguientes términos "...La Comisión sanciona la conducta continuada de las destinatarias de la Decisión consistente en el intercambio de información con la finalidad de alterar, distorsionar o falsear el proceso de fijación independiente de los precios y su evolución normal en el espacio económico europeo, eliminando incertidumbres " y en último término de la reacción de los clientes en el mercado" (apartados 71 y 74).

Y aun cuando es cierto que en el apartado 82 - con cita de la jurisprudencia del TJUE - afirma que no es necesario "tomar en consideración los efectos reales del acuerdo" ni, a los efectos de su calificación, "demostrar que la conducta ha tenido efectos anticompetitivos, en la medida en que ha quedado probado su objeto anticompetitivo", ello no significa que podamos acoger la tesis de la demandada en orden a la ausencia de efectos de la conducta sobre el mercado. Que no se haya necesitado examinar el efecto real para calificar la conducta e imponer la sanción, no significa que se hayan descartado los efectos. Más bien al contrario: dicho lo anterior, en el apartado 85 es la propia Comisión la que establece la presunción de que la conducta sancionada " tiene efectos apreciables sobre el comercio". Y tan es así, que en la nota de prensa que se publica en la misma fecha, contiene un último apartado relativo a las acciones por daños dirigido a los eventuales afectados por la conducta descrita en el caso (documento 5 al folio 210 y siguientes del primer tomo)."

Hemos mantenido nuestro criterio desde entonces y hemos valorado [teniendo presente la Sentencia del TGUE de 16 de septiembre de 2013 confirmada por la Sentencia del TJUE de 3 de julio de 2018 (T-379/10 y T-381/10) y el párrafo 27 de la Decisión] que, aun tratándose de una infracción por el objeto, cabe estimar la existencia de efectos en el mercado, y en particular de la relación de causalidad entre la conducta sancionada y su incidencia en el precio de los camiones adquiridos. Pese a la argumentación esgrimida por la demandada apelante, no podemos obviar la afirmación de la Decisión que atribuye a la conducta sancionada " efectos apreciables sobre el comercio", aun cuando no haya procedido a su concreta evaluación por referencia al caso."

Esta valoración de la conducta sancionada por la Decisión de la Comisión ha sido confirmada por las SSTS 923/2023, 924/2023, 925/2023, 926/2023, 927/2023, 940/2023, 941/2023, 942/2023, 946/2023, 947/2023, 948/2023, 946/2023 y 950/2023 dictadas entre el 12 y el 14 de julio, confirmadas por las posteriores de 16 octubre de 2023 y 14 de marzo de 2024 así como las dictadas desde entonces. En todas ellas, al analizar la existencia del daño derivado de la conducta colusoria sancionada por la Decisión de la Comisión, se parte del efecto vinculante previsto en el art. 16.1 del Reglamento (CE) 1/2003, de 16 de diciembre de 2022, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los arts. 81 y 82 del Tratado, que dispone que "cuando los órganos jurisdiccionales nacionales se pronuncien sobre acuerdos, decisiones o prácticas en virtud de los artículos 81 y 82 del Tratado ya haya sido objeto de una decisión de la Comisión, no podrán adoptar resoluciones incompatibles con la decisión adoptada por la Comisión. [...]".Analizado el contenido y alcance de la Decisión de la Comisión destaca que no circunscribe la conducta de las empresas involucradas en el cártel a un mero intercambio de información, sino que va más allá de esta conducta, citando a tal efecto la propia parte dispositiva y los considerandos 50, 51, 71 y 81. Esta conclusión coincide con la interpretación de la Decisión del TJUE en el apartado 16 de la Sentencia de 22 de junio de 2022 (asunto C-267/20, Volvo y DAF Trucks) y apartado 21 de la STJUE de 16 de febrero de 2023 (asunto C312/21, Tráficos Manuel Ferrer).

Al analizar si la conducta sancionada ha ocasionado un daño en las sentencias de la Sala Primera citadas se llega a la siguiente conclusión: "(...) aunque sea discutible que pueda calificarse como aplicación de la doctrina ex re ipsa, el razonamiento seguido por la Audiencia Provincial ha sido correcto: ha existido una infracción del Derecho de la competencia de enorme gravedad por su duración (14 años), por su extensión espacial (todo el EEE), por la cuota de mercado de los fabricantes implicados en el cártel (aproximadamente un 90%) y, debe añadirse, por la naturaleza de los acuerdos colusorios (no solo el intercambio de información sobre datos concurrenciales sensibles sino también la discusión y acuerdos sobre fijación e incremento de precios brutos).

Y con base en estos hechos y en la propia racionalidad económica de la existencia de un cártel de estas características (con una alta exposición al riesgo de elevadas sanciones, cuya asunción carecería de lógica en ausencia de todo beneficio), aplicando las reglas del raciocinio humano y las máximas de experiencia (reflejadas muchas de ellas en los documentos elaborados por las instituciones de la Unión Europea, como es el caso de la Guía práctica para cuantificar el perjuicio en las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de los arts. 101 o 102 TFUE ), puede presumirse que la infracción ha producido un daño en los compradores de los productos afectados por el cártel, consistente en que han pagado un precio superior al que hubieran pagado si el cártel no hubiera existido.

Esta presunción de existencia del daño, fundada en el art. 386 LEC , no es una presunción legal, y tampoco es iuris et de iure, por lo que admitiría prueba en contrario. Conforme al apartado 3 de este precepto, «frente a la posible formulación de una presunción judicial, el litigante perjudicado por ella siempre podrá practicar la prueba en contrario a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior». El art. 385.2 LEC , aplicable por vía de remisión, admite que la prueba en contrario pueda dirigirse «tanto a probar la inexistencia del hecho presunto como a demostrar que no existe, en el caso de que se trate, el enlace que ha de haber entre el hecho que se presume y el hecho probado o admitido que fundamenta la presunción». En el caso de la litis, según resulta de la valoración hecha en la instancia (incólume tras la desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal), el informe pericial de la demandada no ha desvirtuado las bases sobre las que se ha fundado la presunción ni su resultado. En consecuencia, debemos partir del hecho presunto (existencia del daño) como hecho cierto."

En consecuencia, dada la doctrina jurisprudencial expuesta procede concluir que, conforme a los indicios expuestos en las Sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, cabe alcanzar la presunción, que no ha sido desvirtuada de contrario, de que el ilícito concurrencial por el que fueron sancionados entre otros MAN SE ocasionó un daño en los adquirentes de los vehículos afectados por el cártel consistente en que han pagado un precio superior al que hubieran pagado si el cártel no hubiera existido.

TERCERO.- De la valoración de la prueba pericial

En segundo lugar, en respuesta a los demás motivos en que la parte codemandada funda su recurso de apelación y al primero de los motivos de impugnación, procede analizar los informes periciales aportados por la parte actora y la demandada, elaborados por Jose Manuel y Compas Lexecom respectivamente.

Informe pericial de la parte actora

Esta sala ha tenido la oportunidad de analizar el informe pericial elaborado por el Sr. Jose Manuel y que fue aportado por la actora en la Sentencia nº 334/2023 de 28 de julio (rollo 1258/2021). Tal y como se expuso en la citada sentencia, este dictamen calcula el perjuicio derivado de la conducta colusoria sancionada por la comisión utilizando un método sincrónico comparativo con datos obtenidos con un mercado similar, como es el de los camiones ligeros y furgonetas. Para este análisis comparativo los datos se han obtenido de los precios brutos de estos vehículos publicados en la revista anual de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM).

Sobre este tipo de informes, esta Sala ya ha puesto de manifiesto una serie de debilidades. Así, se echa en falta que, aunque la infracción se dio principalmente en el precio bruto, no se analice el impacto del cártel en la evolución de los precios netos que es donde se concreta el daño sufrido por el demandante. Es cierto que los precios brutos son el punto de partida, con incidencia clara en el precio final pagado por los clientes, pero este a su vez, donde se concreta el daño, es fruto también de otras variables que se aplican sobre aquel, y entre ellos los descuentos con evolución diferente en el tiempo, sin que pueda establecerse que en cada momento, sin base objetiva, durante toda la duración del cártel, tuvo la misma incidencia.

Por otro lado, tampoco parece razonable la extrapolación de los resultados del año 2000 a los años 1998 y 1999.

Finalmente, en el modelo de regresión no se toman en consideración variables tan significativas como la demanda y tampoco se justifica que el signo negativo de la variable marca y la incidencia que pueda tener en el resultado del análisis econométrico.

Informe pericial aportado por MAN

El informe elaborado para Man por Compas Lexecom se compone de dos partes, una primera bajo el título "Informe Pericial (Parte I): Análisis económico del Informe Pericial elaborado por PQ Axis" y una segunda con el título Informe Pericial (Parte II): estimación de los efectos de la infracción en los precios de MAN en España Demanda de Juan Francisco Aranda, S.L.

Los peritos de la demandada afirman que una coordinación (explícita o tácita) de los precios de lista no conlleva un aumento automático de los precios efectivamente desembolsados. En definitiva, que los precios finales no se han visto influidos por los precios brutos lo que se infiere de la falta de evidencia de que exista un control indirecto de los descuentos por los fabricantes ni de que la conducta sancionada incluya ningún acuerdo al respecto.

En la parte II del informe el modelo econométrico parte de precios de transacción y se construye sobre la base de la premisa, rechazada en el anterior fundamento de derecho, relativa a que la Decisión sanciona exclusivamente intercambios de información que resultan inocuos para el mercado de tal forma que el precio que hubieran pagado los adquirentes de camiones de marcas implicadas hubiera sido el mismo en un escenario sin infracción. Si atendemos a las propias características del cártel, con especial énfasis al periodo prolongado de duración en el tiempo, no es posible otorgar credibilidad a los resultados del estudio de regresión incluido en el informe de la demandada, máxime cuando por los propios peritos ni siquiera se cuestionan la razonabilidad del resultado obtenido. Existe unanimidad en las sentencias de las distintas audiencias provinciales, en no aceptar las conclusiones del informe de la demandada respecto a la inexistencia de daño.

De la procedencia de la estimación judicial del daño

En la medida que ninguno de los informes periciales ha alcanzado la convicción de este Tribunal procede analizar si resulta oportuno recurrir a la facultad de estimación judicial del daño. Sobre esta cuestión la Sala Primera en las sentencias citadas ha realizado una aclaración que resulta esencial al afirmar que cuando en la STS 651/2013 de 7 de noviembre (as. Cártel del azúcar" afirmó que "lo exigible al informe pericial que aporte la parte perjudicada es que formule una hipótesis razonable y técnicamente fundada sobre datos contrastables y no erróneos"no lo hizo para "establecer un requisito imprescindible para que el perjudicado obtenga una indemnización de los daños provocados por el cártel, sino como fundamento de la aceptación por el tribunal de la valoración de los daños del informe pericial presentado por el perjudicado en aquel litigio, que era impugnado por las empresas participantes en aquel cártel porque contenía errores en la valoración del daño".

Lo que procede es determinar si, como ocurre en este caso, la falta de aceptación por el Tribunal de las conclusiones alcanzadas en el informe pericial aportado por la perjudicada supone una inactividad probatoria de la parte demandante que, de conformidad con el apartado 57 de la STJUE de 16 de febrero de 2023 (asunto C-312/21 Tráficos Manuel Ferrer) impida al juez nacional sustituir a la parte en la determinación del perjuicio o suplir su falta de acción.

El Tribunal Supremo, para determinar si la insuficiencia del informe pericial para cuantificar el daño debe imputarse a la inactividad probatoria del perjudicado, toma en consideración una serie de circunstancias concretas del supuesto que examina que también concurren en el caso de autos: 1) el caso se sitúa dentro de la primera oleada de reclamaciones judiciales por este cártel en España, cuando todavía no se habían generalizado estas valoraciones judiciales que negaban eficacia de los métodos estadísticos para valorar concretos daños causados en la adquisición de un vehículo afectado por el cártel; 2) a las dificultades propias de la cuantificación del daño en asuntos de competencia a que hacían referencia los apartados 17 y 123 de la citada Guía práctica, se suman las derivadas de las especiales características del cártel de los camiones (duración, ámbito geográfico, singularidad de los productos afectados, dificultad de acceso a la información) que dificultan realizar análisis sincrónicos o diacrónicos; 3) desproporción entre el interés litigioso y el coste que podría generarle la práctica de las diligencias necesarias para acceder a la documentación que pudiera ser relevante en ese caso concreto y la elaboración del posterior informe pericial; y 4) en el momento de presentación de la demanda existía un consenso general sobre la duración del plazo de ejercicio de la acción, un año, conforme al art. 1968.2 del Código Civil, que dejaba poco margen para la realización de informes periciales más elaborados.

En este sentido, el Tribunal Supremo, en las sentencias citadas considera significativo que "(...) e incluso en el caso Royal Mail/British Telecom, enjuiciado por el Competition Appeal Tribunal británico [CAT, Case Nº: 1290/5/7/18 (T)], en el que sí hubo un amplio acceso a los documentos de la demandada y a la información reservada del expediente de la Comisión y se aportaron detallados informes periciales elaborados por prestigiosos peritos, no ha sido posible la cuantificación exacta del daño con base en esas pruebas documentales y periciales y el tribunal ha debido recurrir a la estimación del daño, que ha fijado en un 5% del precio de los camiones".

Finalmente, se justifica que esta valoración viene avalada por la interpretación sistemática y teleológica del art. 101.1 TFUE y la necesidad de garantizar su plena eficacia y del efecto útil, por la que los órganos jurisdiccionales nacionales también deben velar, según resulta de la jurisprudencia reiterada del TJUE.

Por todo lo expuesto, si bien se ha considerado acreditada la existencia del daño ocasionado por la conducta infractora, las debilidades apreciadas en el informe pericial aportado por la actora impiden que sus conclusiones alcancen la convicción de este Tribunal, sin que el argumento relativo a la aplicación del principio de efectividad invocado por la actora en su escrito de de impugnación justifique que deba acogerse íntegramente la reclamación formulada sino que lo procedente es acudir a la facultad judicial de estimación del daño.

En consecuencia, considerándose acreditado la existencia del daño ocasionado por la conducta infractora, procede hacer uso de la facultad judicial de estimación del daño. El Tribunal Supremo en las citadas sentencias ha determinado que en la medida que "(...) no se ha probado que ese daño superara el mínimo previsible en un cártel de esas características, que una generalidad de tribunales ha fijado prudentemente en un 5% del coste de los camiones, pues, como se ha dicho, los tribunales de instancia han negado eficacia probatoria al informe pericial de la demandante, que fijaba el daño en un porcentaje superior de sobreprecio. Al no haber resultado probado que el importe de ese daño haya sido superior a ese mínimo del 5% del precio del camión, el ejercicio de las facultades estimativas que el ordenamiento jurídico atribuía a los tribunales antes incluso de la trasposición de la Directiva, como consecuencia directa del principio de indemnidad derivado de los arts. 1902 CC y 101 TFUE , no les permite fijar una indemnización superior."( STS 927/2023 de 12 de junio).

Esta Sala considera que, dado el criterio asumido por la Sala Primera del Tribunal Supremo en procedimientos en los que ni el informe pericial de la parte actora ni el informe de la demandada han conseguido acreditar que el daño fuera inferior al porcentaje mínimo fijado para estimar el daño, debe adoptarse la misma solución, que coincide con la alcanzada en la instancia, máxime si tenemos en cuenta las circunstancias en las que se produce la litigación en las reclamaciones de daños derivados del cártel de los camiones, un contexto de litigación en masa, que justifica que se dé un trato igual o equivalente a situaciones iguales o equivalentes. Con ello se pretende facilitar la predecibilidad de las soluciones judiciales y ofrecer una mayor seguridad jurídica.

En consecuencia, en la medida que la solución acordada en la instancia de estimar el daño en un 5% es la acogida por el propio Tribunal Supremo, no cabe apreciar arbitrariedad en la decisión adoptada en la instancia ni tampoco tampoco la infracción de los art. 101 TFUE, art. 72 LDC, DA 2ª RDLey 9/2017 y del principio de efectividad del Derecho de la Unión.

CUARTO: De los intereses legales

En último lugar, la parte actora impugna el pronunciamiento sobre los intereses legales al no haberse condenado al abono de los devengados desde la fecha de adquisición de los vehículos.

Esta sala ya se ha pronunciado sobre esta cuestión partiendo de la base de que la reparación íntegra del daño exige también el derecho a percibir la obligación accesoria de interés (asunto Manfredi, C-295/04 a 298/04, apartado 95), elemento indispensable de reparación, según la Guía Práctica (apartado 20). La deuda indemnizatoria se concibe como una deuda de valor, de manera que la obligación accesoria de pago de intereses presenta la misma finalidad de lograr la restitutio in integrum y forma parte así de la finalidad del mecanismo de indemnización (criterio que luego recogerá el considerando 12 de la Directiva).

Sobre esta cuestión se ha pronunciado la Sala Primera, entre muchas otras, en la STS 1415/2023 de 16 de octubre concluyendo que: "No se trata por tanto de una indemnización por mora, basada en los arts. 1101 y 1108 CC , sino de una medida destinada a que el resarcimiento del daño sufrido por la víctima de la conducta infractora del Derecho de la competencia sea pleno, contrarrestando el efecto del transcurso del tiempo entre el momento de la producción del daño y el momento en que se acuerda la reparación de dicho daño. Se trata de una exigencia derivada del art. 101 TFUE , en la interpretación que le ha dado la jurisprudencia del TJUE.

6.- Al considerar que procede el pago de intereses de la indemnización desde el momento en que se produjo el daño (el pago del precio del camión) porque es una medida necesaria para que el resarcimiento sea pleno, y no porque se ha producido una mora en el pago, deviene irrelevante la objeción derivada de la máxima in illiquidis non fit mora."

En el caso de autos, aunque en el apartado 1.2 del suplico de la demanda se solicita que se condene a la demandada "(...) al pago de los intereses legales devengados desde la fecha desde la interposición de la demanda y, subsidiariamente, desde la sentencia",lo cierto es que en el suplico de la demanda al sobreprecio provocado por el cártel se añade la reclamación de la suma de 17.562,32 € por los intereses devengados desde la fecha de pago del precio hasta la presentación de la demanda. Por tanto, procede estimar en esta cuestión el escrito de impugnación y, conforme a la doctrina jurisprudencial expuesta, condenar al abono de los intereses legales desde la fecha de adquisición de los vehículos.

QUINTO: Costas

Desestimado el recurso de apelación de la parte codemandada procede condenarle al abono de las costas de la segunda instancia ( art. 398 LEC) y estimada parcialmente la impugnación formulada por la actora, no procede imponer las costas.