Sentencia Civil 489/2026 Audiencia Provincial Civil nº 3 de Tarragona, Rec. 61/2025 de 21 de mayo del 2026

PRIMERO: Planteamiento del litigio.-En la demanda rectora del procedimiento Don Bernabe ejercitó acción contra CAIXABANK PAYMENTS CONSUMER, E.F .C, E. P, S.A.U, pretendiendo la nulidad de condiciones generales de la contratación en relación con un contrato de tarjeta concertado entre las partes en fecha 9 de mayo de 2022. En la demanda se peticionaba se declarase la nulidad en el contrato de la cláusula que establecía la comisión de reclamación de cuotas impagadas, (denominada en el mismo de compensación de costes ante un impago) y se condenase a la demandada, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.303 CC, a la eventual restitución de todos los importes recibidos como consecuencia de la aplicación de la cláusula mencionada, cuya cantidad se solicitaba se calculase en ejecución de sentencia, dejándola sin efecto en el contrato. Todo ello con los intereses legales desde la presentación de la demanda ( artículo 1.109 CC) , más los intereses procesales del artículo 576 LEC desde la resolución que se dictase. También se pidió se condenase expresamente, y en todo caso, a la demandada al pago de las costas que se causasen en el procedimiento, por ser de preceptiva imposición caso de estimación de la demanda, aunque fuera de forma sustancial y no total.

La parte demandada CAIXABANK PAYMENTS CONSUMER, E.F .C, E. P, S.A.U, se opuso a la demanda e interesó su íntegra desestimación. La cláusula que intenta anular nunca se aplicó, por lo que no hay nada que restituir, y resulta innegable que no se podrá aplicar en el futuro, habida cuenta la novación operada por la entidad demandada. CAIXABANK remitió el documento que contenía la novación, otra vez, al responder a la reclamación, por lo que es evidente que el actor estaba en poder del mismo. En la novación, acompañada a la demanda, se reguló una nueva cláusula de reclamación por impago, que se adaptó a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La cláusula controvertida se adapta a los requisitos del Tribunal Supremo: a) El devengo se produciría solo con una gestión personalizada para la recuperación de la cuota impagada; b) Solo se puede repercutir después de que se haga la primera reclamación; c) La reclamación debe ser por escrito; d) Solo se podría reclamar una sola vez, sin perjuicio de las gestiones realizadas. La demanda es simplemente instrumental pues, pese a la

facilidad probatoria y la fecha del contrato, no se acredita la aplicación de las comisiones que se pretenden anular, por lo que es evidente que la demanda es artificial, para que la representación procesal no pierda la condena en costas que esperaba obtener cuando remitió la primera reclamación, donde consideraba nulos los intereses ordinarios.

La sentencia dictada desestima íntegramente la demanda. Considera que la cláusula en el ejemplar de 9 de mayo de 2022 que incorpora una novación del contrato es válida y eficaz. Además, considera que la parte demandante carece de interés legítimo porque la comisión no es abusiva, se ajusta a la doctrina del Tribunal Supremo, concreta las gestiones para la reclamación, su repercusión se verifica tras una primera reclamación por escrito y se devenga una sola vez. Se imponen las costas a la parte demandada.

Recurre en apelación la representación de Don Bernabe. Considera que la cláusula impugnada es abusiva. Sostiene el apelante que el recargo se prevé de forma automática e incrementa la cuota mensual de que se trate, sin que del clausulado resulte que la entidad vaya a tener algún gasto concreto que justifique este recargo, además de que conviene tener presente que la "sanción" por el impago de la cuota ya viene representada, no solo por el devengo de los intereses ordinarios que genera el crédito, sino de demora, y además la propia cláusula prevé que los intereses se capitalizarán y generarán nuevos intereses, lo que supone que el impago de una cuota genera para el cliente importantes cargos que se integran e incrementan con los intereses y la capitalización de estos intereses generan, a su vez, nuevos intereses, sin que parezca justificado que se le añada además una sanción específica por incumplimiento con una cuota automática, de carácter fijo, que supone una vulneración del carácter proporcional y justificado que deben tener este tipo de cláusulas. No se modula el período de impago, o retraso en el pago, estableciendo un importe fijo de 40 euros que se aplicaría frente a cualquier incumplimiento o retraso en el pago, adicional por tanto a los intereses de demora, sin detallar qué gestiones deben hacerse en reclamación de las cuotas para la aplicación de la comisión, y debe considerarse que la generación automática de cartas de reclamación habría de entenderse incluida sin coste adicional en la actividad de gestión propia de la entidad, por lo que puede afirmarse la abusividad de dicha cláusula. No consta información al cliente sobre el coste de la actuación que devenga la comisión. La comisión supone un incremento a la posición deudora que ya se encuentra sancionada con el recargo por la aplicación de los intereses de demora. En el caso de que se estime la demanda las costas de la primera instancia deben imponerse a la parte demandada por el principio de efectividad Subsidiariamente, para el supuesto de no estimarse el recurso, la parte apelante solicita se declaren las costas de oficio por principio de no vinculación de condiciones abusivas del consumidor y por el principio de primacía del derecho de la unión y efectividad, en concordancia con la resolución STJUE de 20 de julio de 2020, y siguientes sentencias del Tribunal Supremo que refrendan la misma postura.

La parte demandada se opone al recurso y solicita su íntegra desestimación.

SEGUNDO: Nulidad de la comisión de compensación de costes de cobro ante un impago o comisión de reclamación de cuotas impagadas.-Sostiene la parte apelante la nulidad de la cláusula impugnada en el contrato de tarjeta, que es la prevista como condición 23.1 en el contrato concertado en mayo de 2022. Esta cláusula tiene el siguiente tenor:

Compensació per costos de cobrament davant d'un impagament:

Si vostè incompleix la seva obligació de pagament, ens obliga

immediatament a destinar recursos per posar al dia el deute impagat.

1r) Se li reclamarà mitjançant i) comunicacions telemàtiques (p.

ex., SMS o mitjans similars), ii) correu electrònic i/o bústia de

banca electrònica (com l'actual CaixaBankNow), quan vostè hagi

acordat aquestes vies de comunicació amb CaixaBank, i iii) una o

diverses trucades telefòniques al telèfon facilitat per vostè que

consta en els nostres sistemes (el nombre i la progressió

s'adaptaran a les circumstàncies particulars de cada impagat i

cada client, tot i que sempre es faran almenys dos (2) intents per

intentar establir contacte personal amb vostè), o bé mitjançant

qualsevol altre mètode personalitzat que ens permeti posar-nos

en contacte amb vostè. La compensació de costos de cobrament

raonable i d'acord amb aquestes gestions s'indica en l'Annex de

preus.

2n) Si persisteix al cap de 15 dies, es podrà remetre, a més, un

burofax o equivalent amb certificació de contingut i recepció. El

cost postal actual d'aquest enviament és de 24 €.

La 1a compensació i) només es meritarà en deutes superiors a 60 €,

ii) únicament després de fer efectivament les gestions concretes de

cobrament descrites i iii) un mateix impagament no podrà generar

més d'una compensació.

La 2a compensació i) només es meritarà en deutes superiors a 300 €,

ii) únicament després de la remissió efectiva del burofax per

persistència de l'impagament i iii) un mateix impagament no generarà

més d'una compensació. Els costos de cobrament i l'interès de

demora són diferents. Els recursos destinats efectivament a posar al

dia el deute impagat són els costos de cobrament; el benefici deixat

de percebre que ocasiona l'impagament és l'interès de demora."

Y tras remitir el contrato al anexo de precios consta en el citado ANEXO.

Compensació per costos de cobrament davant un impagament

40,00€ per les gestions personalitzades que

CaixaBank Payments Consumer es vegi obligada a

dur a terme per a la recuperació de cada quota

pactada que resulti impagada al seu venciment.

Para enjuiciar la posible validez de una comisión como la de autos debemos partir de la doctrina del STS, Civil sección 1 del 27 de junio de 2023 ( ROJ: STS 2913/2023 - Sentencia: 1036/2023:

"CUARTO.- Comisión por reclamación de posiciones deudoras

1.- La Sala ya se ha pronunciado sobre la comisión por reclamación de posiciones deudoras como indemnización por incumplimiento, habiéndose fijado criterio a partir de nuestra sentencia 566/2019, de 25 de octubre , reiterado en otras posteriores como la sentencia 431/2020, de 15 de julio . A dicho criterio nos remitimos.

2.- La normativa bancaria sobre comisiones está constituida, básicamente, por la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, por la Circular 5/2012 del Banco de España de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicio de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, y por la Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago, que regula la transparencia de los servicios de pago sujetos a la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.

3.- Conforme a esta normativa, para que las entidades puedan cobrar comisiones a sus clientes deben cumplirse dos requisitos: que retribuyan un servicio real prestado al cliente y que los gastos del servicio se hayan realizado efectivamente. Bajo estas dos premisas, las entidades bancarias no pueden cobrar por servicios que no hayan solicitado o aceptado los clientes, que deberán haber sido informados personalmente y por anticipado del importe que van a tener que pagar por ese servicio.

Como declaramos en las SSTS 566/2019, de 25 de octubre y 431/2020, de 15 de julio , según el Banco de España (Memoria del Servicio de Reclamaciones de 2009), la comisión por reclamación de posiciones deudoras compensa a la entidad por las gestiones efectivas realizadas para recuperar la deuda impagada por su cliente; debe estar recogida en el contrato; y para que sea acorde con las buenas prácticas bancarias debe reunir los siguientes requisitos mínimos: (i) el devengo de la comisión está vinculado a la existencia de gestiones efectivas de reclamación realizadas ante el cliente deudor; (ii) la comisión no puede reiterarse en la reclamación de un mismo saldo por gestiones adicionales realizadas por la entidad con el mismo fin, ni siquiera cuando, en el caso de impago en el tiempo, este se prolonga en sucesivas liquidaciones; (iii) su cuantía debe de ser única, no admitiéndose tarifas porcentuales; (iv) no puede aplicarse de manera automática.

Desde esta perspectiva hay que diferenciar entre la previsión contractual de la comisión, por un lado, y su devengo y cobro en caso de realizarse efectivamente el servicio o abonarse los gastos repercutidos, por otro ( STS 431/2020, de 15 de julio ).

4.- En la cláusula cuarta de la escritura préstamo de 28 de abril de 2015 se establece que "la Caja cobrará igualmente a la parte prestataria, una comisión por cada impago que se produzca en los vencimientos concertados, por importe de 18, 00 € (DIECIOCHO EUROS) [...]".

Si contrastamos la cláusula controvertida con las anteriores exigencias, se comprueba que, como mínimo, no reúne dos de los requisitos, pues prevé que podrá reiterarse y se plantea como una reclamación automática. Pero es que, además, no discrimina periodos de mora, de modo que basta la inefectividad de la cuota en la fecha de pago prevista para que, además de los intereses moratorios, se produzca el devengo de una comisión.

Tal como está redactada, tampoco identifica qué tipo de gestión se va a llevar a cabo, por lo que no cabe deducir que ello generará un gasto efectivo.

5.- En la STJUE de 3 de octubre de 2019 (asunto C-621/17 , Gyula Kiss), el Tribunal ha declarado que, aunque el prestamista no está obligado a precisar en el contrato la naturaleza de todos los servicios proporcionados como contrapartida de los gastos previstos en una o varias cláusulas contractuales:

"No obstante, habida cuenta de la protección que la Directiva 93/13 pretende conceder al consumidor por el hecho de encontrarse en una situación de inferioridad con respecto al profesional, tanto en lo que respecta a la capacidad de negociación como al nivel de información, es importante que la naturaleza de los servicios efectivamente proporcionados pueda razonablemente entenderse o deducirse del contrato en su conjunto. Además, el consumidor debe poder comprobar que no hay solapamiento entre los distintos gastos o entre los servicios que aquellos retribuyen".

A su vez, la STJUE de 26 de febrero de 2015 (asunto C-143/13 , Matei), referida -entre otras- a una denominada "comisión de riesgo", declaró que una cláusula que permite, sin contrapartida, la retribución del simple riesgo del préstamo, que ya está cubierto por las consecuencias legales y contractuales del impago, puede resultar abusiva.

6.- Precisamente la indeterminación a la que hemos hecho referencia es la que genera la abusividad, puesto que supondría, sin más, sumar a los intereses de demora otra cantidad a modo de sanción por el mismo concepto, con infracción de lo previsto en los artículos 85.6 TRLGDCU ( indemnizaciones desproporcionadas ) y 87.5 TRLGDCU (cobro de servicios no prestados).

7.- Como consecuencia de lo expuesto, procede estimar la demanda y el recurso de apelación del demandante en este punto, declarar la nulidad por abusiva de la referida cláusula sobre posiciones deudoras y condenar a la entidad demandada a que pague al demandante la suma dineraria de 125 euros, que fue efectivamente abonada por él, suma que devengará el interés legal del dinero desde la fecha de su cobro hasta la fecha de la sentencia de primera instancia (30- 10-2018 ); y desde la fecha de la sentencia de primera instancia y hasta su completo pago, devengará el interés del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ".

Como es de ver en la relación entre la condición 23.1 y en ANEXO DE PRECIOS al final del contrato al que se remite, se establece el cobro de una comisión de 40 euros por las gestiones personalizadas que la demandada se vea obligada a llevar a cabo, disponiendo el devengo de esa comisión con independencia del medio de reclamación, incluyendo ese devengo por un simple SMS, un correo electrónico o dos intentos de contacto telefónico. En estos casos no está justificado que se haya generado un coste para la entidad al margen de lo que es su habitual gestión de operaciones. Se verifica una liquidación anterior al devengo del gasto y es desproporcionado que se exija 40 euros por enviar un SMS, lo que puede verificarse por sistemas automáticos o por efectuar dos llamadas telefónicas no contestadas. Además, se establece la posibilidad de un coste adicional de 24 euros por reclamación por burofax o equivalente si el impago persiste 15 días, evidenciando la desproporción del coste de 40 euros por una gestión que no implica un gasto específico, pese al intento aparente de ajustar la regulación de la comisión a la doctrina del Tribunal Supremo. Así si bien la regulación de la comisión en la condición 23-1 alude a que la compensación se verifica después de realizar efectivamente las gestiones de cobro descritas, en la regulación del ANEXO la expresión utilizada admite el automatismo en el devengo de la comisión.

Por otra parte, no consta que como dice engañosamente el contrato, que el impago genere para la entidad inmediatamente un gasto o como se indica "nos obliga de inmediato a destinar recursos para poner al día la deuda impagada".La propia deuda lo que genera es un lucro adicional para la emisora de la tarjeta al acumularse al saldo renovable mensualmente y generar, a su vez, intereses remuneratorios. También el impago genera intereses de demora, al tipo resultante de sumar el interés ordinario, ya muy elevado, dos puntos porcentuales (condición 12.1) La deuda se comunica al deudor al remitir los extractos mensuales con lo que no se advera que la reclamación adicional aumente la eficacia del cobro. Por otra parte, el límite de 60 euros para el devengo de la comisión es excesivamente reducido y se establece la posibilidad de devengo de la comisión para deudas de muy reducida cuantía, que puede reiterarse en cada deuda que supere solo los 60 euros, deuda que además genera intereses al integrarse en el saldo deudor de la tarjeta.

Debe estimarse el recurso y decretar la nulidad de la comisión pactada como han mantenido otras Audiencias. En este sentido cabe citar respecto al mismo pacto en contratos de tarjeta de la demandada:

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres , Civil sección 1 del 18 de julio de 2025 ( ROJ: SAP CC 818/2025 - ECLI:ES:APCC:2025:818 ) Sentencia: 577/2025 Recurso: 811/2024:

"Con estas previsiones puede entenderse que la entidad financiera está pretendiendo adaptar la redacción de la cláusula del devengo de la compensación por cobro a las exigencias sobre la normativa sobre transparencia, y diferenciarla del cobro de intereses de demora.

Pero, con ello, no está dejando de imponer al consumidor adherente una compensación que puede resultar desproporcionada alta en perjuicio del consumidor, en tanto que la literalidad de la misma no impide que, ante un impago, pueda cobrarse el coste de 40 euros de forma inmediata, por ejemplo, con sólo el envío de un SMS, o de un correo electrónico, o de intentos de llamadas telefónicas, siendo facultativa la posibilidad de una comunicación adicional con acuse de recibo.

La fijación de una comisión de 40 euros, en relación con impagos, supone una liquidación ex ante de unos gastos, sin que conste acreditado que las gestiones realizadas alcancen el importe prefijado por la comisión.

Por ello, se estima que la comisión es abusiva al imponer, en contra de la buena fe y en perjuicio del consumidor, una indemnización desproporcionadamente alta que causa un importante desequilibrio en los derechos y obligaciones de las partes en el contrato ( art. 82.1 y 85.6 TRLGDCU )".

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Civil sección 4 del 21 de octubre de 2025 ( ROJ: SAP Z 2436/2025 - ECLI:ES:APZ:2025:2436 ) Sentencia: 448/2025 Recurso: 222/2024:

"3. En el presente caso, debemos seguir el precedente mantenido en nuestra sentencia de 14-X-2025 (n.º 428) al analizar una cláusula de igual contenido. Allí declaramos su abusividad, aunque -añadíamos- en rigor no se define como comisión, sino compensación"por costes de cobro ante un impago".

4. Nos encontramos en todo caso ante una comisión de aplicación automática,al no identificar qué tipo de gestión la va a justificar, con independencia del gasto efectivo que el impago pueda suponer para el banco.

5. La anterior conclusión no queda desvirtuada por el contenido de las páginas 31 y 32 del documento contractual relativas también a la "Compensación por costes de cobro ante un impago",dentro del apartado 22.1 ya referido y antes de esa página 37 comprendida en el "anexo de precios" (a partir de la página 36), al que se remite expresamente la misma estipulación 22.1. Se trata de unas explicaciones extensas y complejas que no eliminan la automaticidad de la "compensación" por importe de 40 € por cada cuota impagada. Como argumentamos en la citada sentencia de 14-X-2025 (n.º 428), si se analiza la condición general 22 se observa que se contemplan reclamaciones telemáticas (SMS, llamadas telefónicas, buzón de banca, etc.) que no conllevan un coste específico, pero sí se factura de manera efectiva cuando la gestión supone un gasto específico (24 €), mientras que el precio en el anexo es de 40 €, que resulta desproporcionado a la gestión telemática realizada.

6. En conclusión, la cláusula infringe lo previsto en los artículos 85.6 de la Ley de Consumidores y Usuarios [LGDC] (indemnizaciones desproporcionadas ) y 87.5 LGDCU (cobro de servicios no prestados). La cláusula, por tanto, no cumple los requisitos mínimos para que sea acorde con las buenas prácticas bancarias.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de León , Civil sección 2 del 03 de noviembre de 2025 ( ROJ: SAP LE 1797/2025 - ECLI:ES:APLE:2025:1797 ) Sentencia: 587/2025 Recurso: 59/2025:

"En relación a esta misma clausula las sentencias nº 27/2025 y 28/2025 ambas de fecha 20 de enero de 2025, de la Sección 1º de esta AP de León: dicen; "En este caso, la cláusula está redactada en los mismos términos de indeterminación que ha valorado como abusivos el Tribunal Supremo. En la estipulación 23.1 del contrato se recoge la compensación por costes de cobro ante un impago. En relación con esta compensación, en el contrato se parte de que, si el usurario de la tarjeta "incumple su obligación de pago, nos obliga de inmediato a destinar recursos para poner al día la deuda impagada". En las tarjetas de crédito revolving, el impago lo que sí genera, sin género de duda, es un incremento del saldo deudor que, a su vez, se renueva mensualmente generando intereses sobre el principal y sobre los intereses impagados, por lo que el impago no solo no genera un coste sino que es, en buena medida, muy característico de este tipo de tarjetas que operan como líneas de crédito abiertas y renovables y que, además, añaden un rendimiento económico adicional para la emisora de la tarjeta que se lucra con el sobrecoste financiero que supone para el usuario de la tarjeta haber dejado de pagar lo adeudado. Una deuda de 60 euros resulta insignificante en relación con un límite de crédito que se ofrece en el contrato de 1.500 euros, por lo que no se justifica la reclamación por una deuda tan reducida, máxime cuando, como se ha indicado, no consta que suponga perjuicio para la emisora de la tarjeta (la propia deuda generada genera un lucro para la emisora de la tarjeta al acumularse al saldo renovable mensualmente y generar, a su vez, intereses a favor de aquella). Por otra parte, si la emisora de la tarjeta remite a su usuario un extracto mensual con todo lo adeudado, es obvio que ya le comunica lo que adeuda, por lo que no existe razón alguna para suponer que la reclamación añada un "plus" en la eficacia del cobro de la deuda. De hecho, la existencia de la deuda no es lo que perjudica a la emisora de la tarjeta; lo que sí le perjudicaría sería la insolvencia del usuario, pero no impagos puntuales.

La potestad unilateral de reclamar una compensación por cada posición deudora, con límites tan reducidos (60 euros, en este caso), supone un claro desequilibrio en perjuicio del consumidor, que no solo va a tener que pagar la deuda y remunerar oportunamente a la emisora de la tarjeta los intereses generados por el impago, sino que, además, va a tener que aceptar pasivamente que aquella genere reclamaciones por cada impago de 60 euros. Aunque son sean dos conceptos diferentes, lo que no se explica es qué necesidad hay de reclamar una deuda tan reducida que se remunera adecuadamente con el interés pactado a cada renovación mensual.

A pesar de intento regulatorio de la estipulación 23.1, al fijar el pago de la compensación en el anexo de precios, se dice: "40,00€ por las gestiones[...] se vea obligada a llevar a cabo para la recuperación de cada cuota pactada que resulte impagada a su vencimiento". Es decir, la emisora de la tarjeta va a poder reclamar cada posición deudora cuando le parezca oportuno y por las sumas que considere pertinentes (supongamos que sea un mínimo de 60 euros). Es razonable, y no produce desequilibrio económico en perjuicio del consumidor, que la emisora de tarjeta reclame el pago de una deuda significativa y relevante, normalmente vinculada a la resolución anticipada y al cálculo de un saldo deudor, pero no generar una compensación por la reclamación de una sola cuota, sin que exista razón alguna para considerar que con ello la emisora de la tarjeta va a favorecer el cobro de lo adeudado o que ese descubierto le suponga un perjuicio (la deuda se grava con nuevos intereses adicionales en cada renovación mensual). A lo que se añade la desproporción entre una deuda de 60 euros y un cargo de 40 euros por la mera reclamación de pago, y que se contempla el pago de 40 euros sin una previa justificación de la realización de gestiones de cobro o que estas conlleven ese coste (enviar un SMS o realizar una llamada telefónica para reclamar el pago no justifican tal coste, y tampoco que resulta necesario hacerlo cuando mensualmente se remiten extractos con el total adeudado)".

En consecuencia, la aplicación del anterior criterio al supuesto de autos lleva a concluir que la condición que establece una comisión por impago, tal como está redactada, y tal como ha valorado la juzgadora de instancia, resulta abusiva pues se produce automáticamente en caso de impago de una cuota a su vencimiento, y ello con independencia de la gestión que se lleve a cabo, por lo que no cabe deducir que ello generará necesariamente un gasto efectivo".

La Sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja , Civil sección 1 del 22 de mayo de 2025 ( ROJ: SAP LO 312/2025 - ECLI:ES:APLO:2025:312 ) Sentencia: 190/2025 Recurso: 399/2024:

"Se fija una comisión de 40 euros cualquiera que sea la efectiva gestión realizada: envío de sms, correo electrónico, buzón de banca electrónica, una o varias llamadas telefónicas, sin justificar ni acreditar en modo alguno que el envío de sms, correo electrónico, comunicación por buzón de banca electrónica, o la realización de una o varias llamadas telefónicas, tengan un coste de 40 euros. Además se fija dicha comisión por cualquier impago por importe superior a 60 euros, de manera automática, bastando una reclamación por las vías señaladas, sin dar opción al deudor a regularizar el pago, a modo de penalización por impago además del interés de demora. Y si la deuda es superior a 300 euros, se fija un importe adicional de 24 euros por una gestión adicional: envío de burofax, por la misma deuda, si transcurren más de quince días desde el impago".

También ha declarado la nulidad de la misma comisión en un contrato de tarjeta de CAIXABANK PAYMENTS CONSUMER, E.F .C, E. P, S.A.U, la sentencia de esta Sala, Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Tarragona de 5 de marzo de 2026, recurso de apelación 898/2024. Por tanto, debe estimarse el motivo de recurso considerando nula por abusiva la condición prevista en el apartado 23.1 del contrato de 9 de mayo de 2022 que establece la llamada compensación por costos de cobro por impago.

TERCERO: Falta de interés legítimo. Petición de condena a liquidar en ejecución de sentencia.-Aludió la parte demandada al contestar a la falta de interés legítimo de la parte actora que únicamente buscaba una sentencia que condenase a las costas procesales, reseñando que la comisión no había llegado a aplicarse en el contrato y además la novación operada en el año 2022 había ajustado la redacción de la cláusula a la doctrina del Tribunal Supremo. Debe puntualizarse que la cláusula impugnada es la 23.1 de compensación por costos de cobro por impago según está redactada en el contrato que consta celebrado el 9 de mayo de 2022, sin que conste novación alguna de un contrato celebrado con anterioridad. Además ya hemos visto que la redacción de la cláusula no se ajusta a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, conforme al criterio mantenido por esta Sala.

En orden a la alegación de la parte demandada de que la cláusula no ha llegado a aplicarse, la sentencia basaba la falta de interés legítimo en que la cláusula no era abusiva, más que en que no se hubiera aplicado en el contrato. Y ya hemos visto que esta Sala sí la reputa abusiva. La abusividad de una cláusula de un contrato que comporta su nulidad y su inaplicación en la relación contractual con efectos ex tunc, determina la aplicación de los efectos de la nulidad de pleno derecho previstos en el artículo 1303 del Código Civil, esto es, la devolución al consumidor de todas las cantidades que durante la vigencia contractual hubiese abonado por aplicación de la cláusula abusiva con sus intereses. Es también factible que la determinación de la cantidad a reintegrar se verifique en ejecución de sentencia, de acuerdo con el artículo 219 de la LEC, pues se determinan las bases para la liquidación. No debe olvidarse que es la entidad demandada, quien está llamada a liquidar y liquida el contrato, dispone de toda la documentación del mismo y de la facilidad probatoria, que debe valorarse a la hora de atribuir la carga probatoria del efectivo devengo de la comisión, de acuerdo con el artículo 217.7 de la LEC que indica: "Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio".

Es significativo en este sentido que fue requerida CAIXABANK PAYMENTS CONSUMER, E.F .C, E. P, S.A.U, mediante correo electrónico remitido al servicio de atención al cliente en fecha 12 de febrero de 2024, para que entregase a la parte actora los ficheros de movimientos y la liquidación detallada de los cargos, incluidos por comisiones. La parte demandada no niega la recepción de este requerimiento, que efectivamente contestó el 19 de febrero de 2024, como consta en la documental acompañada a la demanda. No solo no consta que haya facilitado tal información al consumidor que permitiría, en su caso, la cuantificación de la reclamación, sino que pretende atribuirle la carga de demostrar que la comisión efectivamente se ha aplicado y cuantificar su importe.

Por otra parte, la parte demandada estaría en perfectas condiciones de acreditar que no se ha devengado la comisión para fundar la desestimación de la pretensión de reclamación de cantidad y, sin embargo, se ha abstenido de verificar acreditación alguna que se encontraba plenamente a su disposición, no así de la parte demandada.

Efectivamente esta Sala ha exigido, en el caso de reclamación de los gastos indebidamente pagados por el consumidor en los contratos de préstamo hipotecario, que se adveren por la parte actora las cantidades reclamadas en la fase declarativa del proceso, sin que puedan determinarse en ejecución de sentencia. Pero este caso es sustancialmente distinto. En el caso de los gastos se trata de desembolsos que realizó en su día el consumidor a tercero, al Registrador de la Propiedad, al Notario, a la sociedad de tasación o a la gestoría, no al propio Banco o entidad financiera. En estos gastos se emitieron facturas a cargo del consumidor y cabe considerar que puede tenerlas a su disposición. Sin embargo, en este caso las comisiones las aplica potestativamente la entidad bancaria en el curso del contrato, en una liquidación que, tratándose de un contrato de tarjeta, no está exenta de cierta complejidad. No se comparte la consideración que pudiera identificarse el cobro de la comisión en un extracto de la cuenta en que se cargan las cuotas de la tarjeta, pues generalmente se carga una única cuota que corresponde a diversos conceptos y puede incluir la propia comisión.

Es general la admisión por los Tribunales de condenas a reintegrar las cantidades que se hayan aplicado como consecuencia de una cláusula abusiva, aunque tales cantidades no estén precisadas en la fase declarativa y se determinen en ejecución, pues se trata de un efecto ex lege de la nulidad de pleno derecho. Ello no impide a la entidad bancaria, que tiene la disponibilidad y la facilidad probatoria, acreditar puntualmente que no se ha devengado cantidad alguna por la cláusula abusiva. Pero, ni ha acreditado la inaplicación de la cláusula reputada abusiva, ni ha facilitado la liquidación del contrato que se le ha requerido por el consumidor para cuantificar la reclamación, caso de aplicación de la cláusula. Por tanto, subsiste el interés legítimo de la parte actora, en un contrato que no se niega vigente, para que se anule una cláusula para evitar su aplicación futura y que se condene a la restitución en el eventual caso, como dice el suplico de la demanda, de que la comisión abusiva haya sido efectivamente aplicada, lo que en absoluto prueba la entidad demandada que no haya ocurrido, incluso en el curso del procedimiento. Debe pronunciarse también la condena a la restitución mediando interés legítimo.

CUARTO: Costas de la primera instancia y de apelación.-La estimación íntegra de la demanda conlleva la imposición de costas de la primera instancia a la parte demandada en aplicación del artículo 394.1 de la LEC , sin que proceda la existencia de dudas de derecho porque algún Tribunal de primera instancia o alguna otra Audiencia Provincial se haya inclinado por mantener la validez de la cláusula, ello por el principio de efectividad .

El principio de efectividad impide la apreciación de dudas de derecho. En Sentencia del Pleno de la Sala Civil del 17 de septiembre de 2020 ( ROJ: STS 2838/2020 Sentencia: 472/2020 Recurso: 5170/2018 Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA. reitera su doctrina sobre el principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea, para excluir, en los litigios sobre cláusulas abusivas en que la demanda del consumidor resulta estimada, la aplicación de la excepción al principio del vencimiento objetivo en materia de costas basada en la existencia de serias dudas de derecho. El Pleno de la Sala, con estimación del recurso de casación, concluye que si en estos casos el consumidor, pese a vencer en el litigio, tuviera que pagar parte de las costas judiciales (concretamente las causadas a su instancia y las comunes por mitad), se haría imposible o se dificultaría en exceso la efectividad del Derecho de la Unión Europea, y no se restablecería la situación de hecho y de derecho que se habría dado si no hubiera existido la cláusula abusiva. Y que, por otro lado, se produciría un efecto disuasorio inverso, pues no se disuadiría a los bancos de incluir las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios, sino que se disuadiría a los consumidores de promover litigios.

Reseñó STJUE, sección 1 del 16 de julio de 2020 ( ROJ: PTJUE 176/2020 - Sentencia: 62019CJ0224 Recurso: C-224/19:

"5) El artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 , así como el principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a un régimen que permite que el consumidor cargue con una parte de las costas procesales en función del importe de las cantidades indebidamente pagadas que le son restituidas a raíz de la declaración de la nulidad de una cláusula contractual por tener carácter abusivo, dado que tal régimen crea un obstáculo significativo que puede disuadir a los consumidores de ejercer el derecho, conferido por la Directiva 93/13 , a un control judicial efectivo del carácter potencialmente abusivo de cláusulas contractuales".

Es consolidada la Jurisprudencia, en base a esta doctrina del TJUE, como reitera la sentencia del Tribunal Supremo, Civil sección 1 del 4 de junio de 2024 ( ROJ: STS 2946/2024 - )Sentencia: 796/2024 Recurso: 575/2022, la que indica que, estimada la acción de nulidad por abusividad de las cláusulas, aunque no se estime la nulidad de la totalidad de las cláusulas impugnadas en los términos inicialmente establecidos en la demanda, o la totalidad de las pretensiones restitutorias (en este caso se estima parcialmente la acción de reclamación de cantidad), procede la imposición de las costas de la primera instancia al Banco demandado, conforme a la doctrina del TJUE (sentencia de 16 de julio de 2020, asuntos C-224/19 y C-259/19).

En orden a las costas de la apelación deducida por Don Bernabe se ha sentado una nueva doctrina por el Tribunal Supremo en el caso de que el recurso o la impugnación entabladas por el consumidor haya sido total o parcialmente estimadas en la alzada y en los casos como el presente en que rija la regulación anterior al RDL 6/2023, de 19 de diciembre. Si bien el artículo 398.2 de la LEC determinaría, en principio, que no se impusieran las costas a ninguna de las partes, la nueva doctrina del Tribunal Supremo declara que en los procesos tramitados al amparo de la Directiva 93/13, de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en contratos con consumidores cuando se estime en todo o en parte el recurso de apelación del consumidor (o la impugnación de la sentencia de primera instancia) se impondrán las costas de la segunda instancia al banco predisponente, conforme a los arts. 6.1 y 7.1 de la citada Directiva y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional. Así lo pone de manifiesto la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo, Civil sección 991 del 04 de diciembre de 2025 ( ROJ: STS 5480/2025 - ECLI:ES:TS:2025:5480 )Sentencia: 1786/2025 Recurso: 9452/2022 "En suma, debemos modificar nuestra jurisprudencia a fin de establecer que cuando el consumidor se vea obligado a acudir a la segunda instancia para no verse vinculado por una cláusula abusiva y su recurso de apelación o la impugnación de la sentencia de primera instancia resulten total o parcialmente estimados, las costas de esa segunda instancia deberán imponerse al profesional predisponente."

Deben imponerse las costas de la apelación a la parte apelada.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO: Planteamiento del litigio.-En la demanda rectora del procedimiento Don Bernabe ejercitó acción contra CAIXABANK PAYMENTS CONSUMER, E.F .C, E. P, S.A.U, pretendiendo la nulidad de condiciones generales de la contratación en relación con un contrato de tarjeta concertado entre las partes en fecha 9 de mayo de 2022. En la demanda se peticionaba se declarase la nulidad en el contrato de la cláusula que establecía la comisión de reclamación de cuotas impagadas, (denominada en el mismo de compensación de costes ante un impago) y se condenase a la demandada, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.303 CC, a la eventual restitución de todos los importes recibidos como consecuencia de la aplicación de la cláusula mencionada, cuya cantidad se solicitaba se calculase en ejecución de sentencia, dejándola sin efecto en el contrato. Todo ello con los intereses legales desde la presentación de la demanda ( artículo 1.109 CC) , más los intereses procesales del artículo 576 LEC desde la resolución que se dictase. También se pidió se condenase expresamente, y en todo caso, a la demandada al pago de las costas que se causasen en el procedimiento, por ser de preceptiva imposición caso de estimación de la demanda, aunque fuera de forma sustancial y no total.

La parte demandada CAIXABANK PAYMENTS CONSUMER, E.F .C, E. P, S.A.U, se opuso a la demanda e interesó su íntegra desestimación. La cláusula que intenta anular nunca se aplicó, por lo que no hay nada que restituir, y resulta innegable que no se podrá aplicar en el futuro, habida cuenta la novación operada por la entidad demandada. CAIXABANK remitió el documento que contenía la novación, otra vez, al responder a la reclamación, por lo que es evidente que el actor estaba en poder del mismo. En la novación, acompañada a la demanda, se reguló una nueva cláusula de reclamación por impago, que se adaptó a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La cláusula controvertida se adapta a los requisitos del Tribunal Supremo: a) El devengo se produciría solo con una gestión personalizada para la recuperación de la cuota impagada; b) Solo se puede repercutir después de que se haga la primera reclamación; c) La reclamación debe ser por escrito; d) Solo se podría reclamar una sola vez, sin perjuicio de las gestiones realizadas. La demanda es simplemente instrumental pues, pese a la

facilidad probatoria y la fecha del contrato, no se acredita la aplicación de las comisiones que se pretenden anular, por lo que es evidente que la demanda es artificial, para que la representación procesal no pierda la condena en costas que esperaba obtener cuando remitió la primera reclamación, donde consideraba nulos los intereses ordinarios.

La sentencia dictada desestima íntegramente la demanda. Considera que la cláusula en el ejemplar de 9 de mayo de 2022 que incorpora una novación del contrato es válida y eficaz. Además, considera que la parte demandante carece de interés legítimo porque la comisión no es abusiva, se ajusta a la doctrina del Tribunal Supremo, concreta las gestiones para la reclamación, su repercusión se verifica tras una primera reclamación por escrito y se devenga una sola vez. Se imponen las costas a la parte demandada.

Recurre en apelación la representación de Don Bernabe. Considera que la cláusula impugnada es abusiva. Sostiene el apelante que el recargo se prevé de forma automática e incrementa la cuota mensual de que se trate, sin que del clausulado resulte que la entidad vaya a tener algún gasto concreto que justifique este recargo, además de que conviene tener presente que la "sanción" por el impago de la cuota ya viene representada, no solo por el devengo de los intereses ordinarios que genera el crédito, sino de demora, y además la propia cláusula prevé que los intereses se capitalizarán y generarán nuevos intereses, lo que supone que el impago de una cuota genera para el cliente importantes cargos que se integran e incrementan con los intereses y la capitalización de estos intereses generan, a su vez, nuevos intereses, sin que parezca justificado que se le añada además una sanción específica por incumplimiento con una cuota automática, de carácter fijo, que supone una vulneración del carácter proporcional y justificado que deben tener este tipo de cláusulas. No se modula el período de impago, o retraso en el pago, estableciendo un importe fijo de 40 euros que se aplicaría frente a cualquier incumplimiento o retraso en el pago, adicional por tanto a los intereses de demora, sin detallar qué gestiones deben hacerse en reclamación de las cuotas para la aplicación de la comisión, y debe considerarse que la generación automática de cartas de reclamación habría de entenderse incluida sin coste adicional en la actividad de gestión propia de la entidad, por lo que puede afirmarse la abusividad de dicha cláusula. No consta información al cliente sobre el coste de la actuación que devenga la comisión. La comisión supone un incremento a la posición deudora que ya se encuentra sancionada con el recargo por la aplicación de los intereses de demora. En el caso de que se estime la demanda las costas de la primera instancia deben imponerse a la parte demandada por el principio de efectividad Subsidiariamente, para el supuesto de no estimarse el recurso, la parte apelante solicita se declaren las costas de oficio por principio de no vinculación de condiciones abusivas del consumidor y por el principio de primacía del derecho de la unión y efectividad, en concordancia con la resolución STJUE de 20 de julio de 2020, y siguientes sentencias del Tribunal Supremo que refrendan la misma postura.

La parte demandada se opone al recurso y solicita su íntegra desestimación.

SEGUNDO: Nulidad de la comisión de compensación de costes de cobro ante un impago o comisión de reclamación de cuotas impagadas.-Sostiene la parte apelante la nulidad de la cláusula impugnada en el contrato de tarjeta, que es la prevista como condición 23.1 en el contrato concertado en mayo de 2022. Esta cláusula tiene el siguiente tenor:

Compensació per costos de cobrament davant d'un impagament:

Si vostè incompleix la seva obligació de pagament, ens obliga

immediatament a destinar recursos per posar al dia el deute impagat.

1r) Se li reclamarà mitjançant i) comunicacions telemàtiques (p.

ex., SMS o mitjans similars), ii) correu electrònic i/o bústia de

banca electrònica (com l'actual CaixaBankNow), quan vostè hagi

acordat aquestes vies de comunicació amb CaixaBank, i iii) una o

diverses trucades telefòniques al telèfon facilitat per vostè que

consta en els nostres sistemes (el nombre i la progressió

s'adaptaran a les circumstàncies particulars de cada impagat i

cada client, tot i que sempre es faran almenys dos (2) intents per

intentar establir contacte personal amb vostè), o bé mitjançant

qualsevol altre mètode personalitzat que ens permeti posar-nos

en contacte amb vostè. La compensació de costos de cobrament

raonable i d'acord amb aquestes gestions s'indica en l'Annex de

preus.

2n) Si persisteix al cap de 15 dies, es podrà remetre, a més, un

burofax o equivalent amb certificació de contingut i recepció. El

cost postal actual d'aquest enviament és de 24 €.

La 1a compensació i) només es meritarà en deutes superiors a 60 €,

ii) únicament després de fer efectivament les gestions concretes de

cobrament descrites i iii) un mateix impagament no podrà generar

més d'una compensació.

La 2a compensació i) només es meritarà en deutes superiors a 300 €,

ii) únicament després de la remissió efectiva del burofax per

persistència de l'impagament i iii) un mateix impagament no generarà

més d'una compensació. Els costos de cobrament i l'interès de

demora són diferents. Els recursos destinats efectivament a posar al

dia el deute impagat són els costos de cobrament; el benefici deixat

de percebre que ocasiona l'impagament és l'interès de demora."

Y tras remitir el contrato al anexo de precios consta en el citado ANEXO.

Compensació per costos de cobrament davant un impagament

40,00€ per les gestions personalitzades que

CaixaBank Payments Consumer es vegi obligada a

dur a terme per a la recuperació de cada quota

pactada que resulti impagada al seu venciment.

Para enjuiciar la posible validez de una comisión como la de autos debemos partir de la doctrina del STS, Civil sección 1 del 27 de junio de 2023 ( ROJ: STS 2913/2023 - Sentencia: 1036/2023:

"CUARTO.- Comisión por reclamación de posiciones deudoras

1.- La Sala ya se ha pronunciado sobre la comisión por reclamación de posiciones deudoras como indemnización por incumplimiento, habiéndose fijado criterio a partir de nuestra sentencia 566/2019, de 25 de octubre , reiterado en otras posteriores como la sentencia 431/2020, de 15 de julio . A dicho criterio nos remitimos.

2.- La normativa bancaria sobre comisiones está constituida, básicamente, por la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, por la Circular 5/2012 del Banco de España de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicio de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, y por la Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago, que regula la transparencia de los servicios de pago sujetos a la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.

3.- Conforme a esta normativa, para que las entidades puedan cobrar comisiones a sus clientes deben cumplirse dos requisitos: que retribuyan un servicio real prestado al cliente y que los gastos del servicio se hayan realizado efectivamente. Bajo estas dos premisas, las entidades bancarias no pueden cobrar por servicios que no hayan solicitado o aceptado los clientes, que deberán haber sido informados personalmente y por anticipado del importe que van a tener que pagar por ese servicio.

Como declaramos en las SSTS 566/2019, de 25 de octubre y 431/2020, de 15 de julio , según el Banco de España (Memoria del Servicio de Reclamaciones de 2009), la comisión por reclamación de posiciones deudoras compensa a la entidad por las gestiones efectivas realizadas para recuperar la deuda impagada por su cliente; debe estar recogida en el contrato; y para que sea acorde con las buenas prácticas bancarias debe reunir los siguientes requisitos mínimos: (i) el devengo de la comisión está vinculado a la existencia de gestiones efectivas de reclamación realizadas ante el cliente deudor; (ii) la comisión no puede reiterarse en la reclamación de un mismo saldo por gestiones adicionales realizadas por la entidad con el mismo fin, ni siquiera cuando, en el caso de impago en el tiempo, este se prolonga en sucesivas liquidaciones; (iii) su cuantía debe de ser única, no admitiéndose tarifas porcentuales; (iv) no puede aplicarse de manera automática.

Desde esta perspectiva hay que diferenciar entre la previsión contractual de la comisión, por un lado, y su devengo y cobro en caso de realizarse efectivamente el servicio o abonarse los gastos repercutidos, por otro ( STS 431/2020, de 15 de julio ).

4.- En la cláusula cuarta de la escritura préstamo de 28 de abril de 2015 se establece que "la Caja cobrará igualmente a la parte prestataria, una comisión por cada impago que se produzca en los vencimientos concertados, por importe de 18, 00 € (DIECIOCHO EUROS) [...]".

Si contrastamos la cláusula controvertida con las anteriores exigencias, se comprueba que, como mínimo, no reúne dos de los requisitos, pues prevé que podrá reiterarse y se plantea como una reclamación automática. Pero es que, además, no discrimina periodos de mora, de modo que basta la inefectividad de la cuota en la fecha de pago prevista para que, además de los intereses moratorios, se produzca el devengo de una comisión.

Tal como está redactada, tampoco identifica qué tipo de gestión se va a llevar a cabo, por lo que no cabe deducir que ello generará un gasto efectivo.

5.- En la STJUE de 3 de octubre de 2019 (asunto C-621/17 , Gyula Kiss), el Tribunal ha declarado que, aunque el prestamista no está obligado a precisar en el contrato la naturaleza de todos los servicios proporcionados como contrapartida de los gastos previstos en una o varias cláusulas contractuales:

"No obstante, habida cuenta de la protección que la Directiva 93/13 pretende conceder al consumidor por el hecho de encontrarse en una situación de inferioridad con respecto al profesional, tanto en lo que respecta a la capacidad de negociación como al nivel de información, es importante que la naturaleza de los servicios efectivamente proporcionados pueda razonablemente entenderse o deducirse del contrato en su conjunto. Además, el consumidor debe poder comprobar que no hay solapamiento entre los distintos gastos o entre los servicios que aquellos retribuyen".

A su vez, la STJUE de 26 de febrero de 2015 (asunto C-143/13 , Matei), referida -entre otras- a una denominada "comisión de riesgo", declaró que una cláusula que permite, sin contrapartida, la retribución del simple riesgo del préstamo, que ya está cubierto por las consecuencias legales y contractuales del impago, puede resultar abusiva.

6.- Precisamente la indeterminación a la que hemos hecho referencia es la que genera la abusividad, puesto que supondría, sin más, sumar a los intereses de demora otra cantidad a modo de sanción por el mismo concepto, con infracción de lo previsto en los artículos 85.6 TRLGDCU ( indemnizaciones desproporcionadas ) y 87.5 TRLGDCU (cobro de servicios no prestados).

7.- Como consecuencia de lo expuesto, procede estimar la demanda y el recurso de apelación del demandante en este punto, declarar la nulidad por abusiva de la referida cláusula sobre posiciones deudoras y condenar a la entidad demandada a que pague al demandante la suma dineraria de 125 euros, que fue efectivamente abonada por él, suma que devengará el interés legal del dinero desde la fecha de su cobro hasta la fecha de la sentencia de primera instancia (30- 10-2018 ); y desde la fecha de la sentencia de primera instancia y hasta su completo pago, devengará el interés del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ".

Como es de ver en la relación entre la condición 23.1 y en ANEXO DE PRECIOS al final del contrato al que se remite, se establece el cobro de una comisión de 40 euros por las gestiones personalizadas que la demandada se vea obligada a llevar a cabo, disponiendo el devengo de esa comisión con independencia del medio de reclamación, incluyendo ese devengo por un simple SMS, un correo electrónico o dos intentos de contacto telefónico. En estos casos no está justificado que se haya generado un coste para la entidad al margen de lo que es su habitual gestión de operaciones. Se verifica una liquidación anterior al devengo del gasto y es desproporcionado que se exija 40 euros por enviar un SMS, lo que puede verificarse por sistemas automáticos o por efectuar dos llamadas telefónicas no contestadas. Además, se establece la posibilidad de un coste adicional de 24 euros por reclamación por burofax o equivalente si el impago persiste 15 días, evidenciando la desproporción del coste de 40 euros por una gestión que no implica un gasto específico, pese al intento aparente de ajustar la regulación de la comisión a la doctrina del Tribunal Supremo. Así si bien la regulación de la comisión en la condición 23-1 alude a que la compensación se verifica después de realizar efectivamente las gestiones de cobro descritas, en la regulación del ANEXO la expresión utilizada admite el automatismo en el devengo de la comisión.

Por otra parte, no consta que como dice engañosamente el contrato, que el impago genere para la entidad inmediatamente un gasto o como se indica "nos obliga de inmediato a destinar recursos para poner al día la deuda impagada".La propia deuda lo que genera es un lucro adicional para la emisora de la tarjeta al acumularse al saldo renovable mensualmente y generar, a su vez, intereses remuneratorios. También el impago genera intereses de demora, al tipo resultante de sumar el interés ordinario, ya muy elevado, dos puntos porcentuales (condición 12.1) La deuda se comunica al deudor al remitir los extractos mensuales con lo que no se advera que la reclamación adicional aumente la eficacia del cobro. Por otra parte, el límite de 60 euros para el devengo de la comisión es excesivamente reducido y se establece la posibilidad de devengo de la comisión para deudas de muy reducida cuantía, que puede reiterarse en cada deuda que supere solo los 60 euros, deuda que además genera intereses al integrarse en el saldo deudor de la tarjeta.

Debe estimarse el recurso y decretar la nulidad de la comisión pactada como han mantenido otras Audiencias. En este sentido cabe citar respecto al mismo pacto en contratos de tarjeta de la demandada:

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres , Civil sección 1 del 18 de julio de 2025 ( ROJ: SAP CC 818/2025 - ECLI:ES:APCC:2025:818 ) Sentencia: 577/2025 Recurso: 811/2024:

"Con estas previsiones puede entenderse que la entidad financiera está pretendiendo adaptar la redacción de la cláusula del devengo de la compensación por cobro a las exigencias sobre la normativa sobre transparencia, y diferenciarla del cobro de intereses de demora.

Pero, con ello, no está dejando de imponer al consumidor adherente una compensación que puede resultar desproporcionada alta en perjuicio del consumidor, en tanto que la literalidad de la misma no impide que, ante un impago, pueda cobrarse el coste de 40 euros de forma inmediata, por ejemplo, con sólo el envío de un SMS, o de un correo electrónico, o de intentos de llamadas telefónicas, siendo facultativa la posibilidad de una comunicación adicional con acuse de recibo.

La fijación de una comisión de 40 euros, en relación con impagos, supone una liquidación ex ante de unos gastos, sin que conste acreditado que las gestiones realizadas alcancen el importe prefijado por la comisión.

Por ello, se estima que la comisión es abusiva al imponer, en contra de la buena fe y en perjuicio del consumidor, una indemnización desproporcionadamente alta que causa un importante desequilibrio en los derechos y obligaciones de las partes en el contrato ( art. 82.1 y 85.6 TRLGDCU )".

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Civil sección 4 del 21 de octubre de 2025 ( ROJ: SAP Z 2436/2025 - ECLI:ES:APZ:2025:2436 ) Sentencia: 448/2025 Recurso: 222/2024:

"3. En el presente caso, debemos seguir el precedente mantenido en nuestra sentencia de 14-X-2025 (n.º 428) al analizar una cláusula de igual contenido. Allí declaramos su abusividad, aunque -añadíamos- en rigor no se define como comisión, sino compensación"por costes de cobro ante un impago".

4. Nos encontramos en todo caso ante una comisión de aplicación automática,al no identificar qué tipo de gestión la va a justificar, con independencia del gasto efectivo que el impago pueda suponer para el banco.

5. La anterior conclusión no queda desvirtuada por el contenido de las páginas 31 y 32 del documento contractual relativas también a la "Compensación por costes de cobro ante un impago",dentro del apartado 22.1 ya referido y antes de esa página 37 comprendida en el "anexo de precios" (a partir de la página 36), al que se remite expresamente la misma estipulación 22.1. Se trata de unas explicaciones extensas y complejas que no eliminan la automaticidad de la "compensación" por importe de 40 € por cada cuota impagada. Como argumentamos en la citada sentencia de 14-X-2025 (n.º 428), si se analiza la condición general 22 se observa que se contemplan reclamaciones telemáticas (SMS, llamadas telefónicas, buzón de banca, etc.) que no conllevan un coste específico, pero sí se factura de manera efectiva cuando la gestión supone un gasto específico (24 €), mientras que el precio en el anexo es de 40 €, que resulta desproporcionado a la gestión telemática realizada.

6. En conclusión, la cláusula infringe lo previsto en los artículos 85.6 de la Ley de Consumidores y Usuarios [LGDC] (indemnizaciones desproporcionadas ) y 87.5 LGDCU (cobro de servicios no prestados). La cláusula, por tanto, no cumple los requisitos mínimos para que sea acorde con las buenas prácticas bancarias.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de León , Civil sección 2 del 03 de noviembre de 2025 ( ROJ: SAP LE 1797/2025 - ECLI:ES:APLE:2025:1797 ) Sentencia: 587/2025 Recurso: 59/2025:

"En relación a esta misma clausula las sentencias nº 27/2025 y 28/2025 ambas de fecha 20 de enero de 2025, de la Sección 1º de esta AP de León: dicen; "En este caso, la cláusula está redactada en los mismos términos de indeterminación que ha valorado como abusivos el Tribunal Supremo. En la estipulación 23.1 del contrato se recoge la compensación por costes de cobro ante un impago. En relación con esta compensación, en el contrato se parte de que, si el usurario de la tarjeta "incumple su obligación de pago, nos obliga de inmediato a destinar recursos para poner al día la deuda impagada". En las tarjetas de crédito revolving, el impago lo que sí genera, sin género de duda, es un incremento del saldo deudor que, a su vez, se renueva mensualmente generando intereses sobre el principal y sobre los intereses impagados, por lo que el impago no solo no genera un coste sino que es, en buena medida, muy característico de este tipo de tarjetas que operan como líneas de crédito abiertas y renovables y que, además, añaden un rendimiento económico adicional para la emisora de la tarjeta que se lucra con el sobrecoste financiero que supone para el usuario de la tarjeta haber dejado de pagar lo adeudado. Una deuda de 60 euros resulta insignificante en relación con un límite de crédito que se ofrece en el contrato de 1.500 euros, por lo que no se justifica la reclamación por una deuda tan reducida, máxime cuando, como se ha indicado, no consta que suponga perjuicio para la emisora de la tarjeta (la propia deuda generada genera un lucro para la emisora de la tarjeta al acumularse al saldo renovable mensualmente y generar, a su vez, intereses a favor de aquella). Por otra parte, si la emisora de la tarjeta remite a su usuario un extracto mensual con todo lo adeudado, es obvio que ya le comunica lo que adeuda, por lo que no existe razón alguna para suponer que la reclamación añada un "plus" en la eficacia del cobro de la deuda. De hecho, la existencia de la deuda no es lo que perjudica a la emisora de la tarjeta; lo que sí le perjudicaría sería la insolvencia del usuario, pero no impagos puntuales.

La potestad unilateral de reclamar una compensación por cada posición deudora, con límites tan reducidos (60 euros, en este caso), supone un claro desequilibrio en perjuicio del consumidor, que no solo va a tener que pagar la deuda y remunerar oportunamente a la emisora de la tarjeta los intereses generados por el impago, sino que, además, va a tener que aceptar pasivamente que aquella genere reclamaciones por cada impago de 60 euros. Aunque son sean dos conceptos diferentes, lo que no se explica es qué necesidad hay de reclamar una deuda tan reducida que se remunera adecuadamente con el interés pactado a cada renovación mensual.

A pesar de intento regulatorio de la estipulación 23.1, al fijar el pago de la compensación en el anexo de precios, se dice: "40,00€ por las gestiones[...] se vea obligada a llevar a cabo para la recuperación de cada cuota pactada que resulte impagada a su vencimiento". Es decir, la emisora de la tarjeta va a poder reclamar cada posición deudora cuando le parezca oportuno y por las sumas que considere pertinentes (supongamos que sea un mínimo de 60 euros). Es razonable, y no produce desequilibrio económico en perjuicio del consumidor, que la emisora de tarjeta reclame el pago de una deuda significativa y relevante, normalmente vinculada a la resolución anticipada y al cálculo de un saldo deudor, pero no generar una compensación por la reclamación de una sola cuota, sin que exista razón alguna para considerar que con ello la emisora de la tarjeta va a favorecer el cobro de lo adeudado o que ese descubierto le suponga un perjuicio (la deuda se grava con nuevos intereses adicionales en cada renovación mensual). A lo que se añade la desproporción entre una deuda de 60 euros y un cargo de 40 euros por la mera reclamación de pago, y que se contempla el pago de 40 euros sin una previa justificación de la realización de gestiones de cobro o que estas conlleven ese coste (enviar un SMS o realizar una llamada telefónica para reclamar el pago no justifican tal coste, y tampoco que resulta necesario hacerlo cuando mensualmente se remiten extractos con el total adeudado)".

En consecuencia, la aplicación del anterior criterio al supuesto de autos lleva a concluir que la condición que establece una comisión por impago, tal como está redactada, y tal como ha valorado la juzgadora de instancia, resulta abusiva pues se produce automáticamente en caso de impago de una cuota a su vencimiento, y ello con independencia de la gestión que se lleve a cabo, por lo que no cabe deducir que ello generará necesariamente un gasto efectivo".

La Sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja , Civil sección 1 del 22 de mayo de 2025 ( ROJ: SAP LO 312/2025 - ECLI:ES:APLO:2025:312 ) Sentencia: 190/2025 Recurso: 399/2024:

"Se fija una comisión de 40 euros cualquiera que sea la efectiva gestión realizada: envío de sms, correo electrónico, buzón de banca electrónica, una o varias llamadas telefónicas, sin justificar ni acreditar en modo alguno que el envío de sms, correo electrónico, comunicación por buzón de banca electrónica, o la realización de una o varias llamadas telefónicas, tengan un coste de 40 euros. Además se fija dicha comisión por cualquier impago por importe superior a 60 euros, de manera automática, bastando una reclamación por las vías señaladas, sin dar opción al deudor a regularizar el pago, a modo de penalización por impago además del interés de demora. Y si la deuda es superior a 300 euros, se fija un importe adicional de 24 euros por una gestión adicional: envío de burofax, por la misma deuda, si transcurren más de quince días desde el impago".

También ha declarado la nulidad de la misma comisión en un contrato de tarjeta de CAIXABANK PAYMENTS CONSUMER, E.F .C, E. P, S.A.U, la sentencia de esta Sala, Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Tarragona de 5 de marzo de 2026, recurso de apelación 898/2024. Por tanto, debe estimarse el motivo de recurso considerando nula por abusiva la condición prevista en el apartado 23.1 del contrato de 9 de mayo de 2022 que establece la llamada compensación por costos de cobro por impago.

TERCERO: Falta de interés legítimo. Petición de condena a liquidar en ejecución de sentencia.-Aludió la parte demandada al contestar a la falta de interés legítimo de la parte actora que únicamente buscaba una sentencia que condenase a las costas procesales, reseñando que la comisión no había llegado a aplicarse en el contrato y además la novación operada en el año 2022 había ajustado la redacción de la cláusula a la doctrina del Tribunal Supremo. Debe puntualizarse que la cláusula impugnada es la 23.1 de compensación por costos de cobro por impago según está redactada en el contrato que consta celebrado el 9 de mayo de 2022, sin que conste novación alguna de un contrato celebrado con anterioridad. Además ya hemos visto que la redacción de la cláusula no se ajusta a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, conforme al criterio mantenido por esta Sala.

En orden a la alegación de la parte demandada de que la cláusula no ha llegado a aplicarse, la sentencia basaba la falta de interés legítimo en que la cláusula no era abusiva, más que en que no se hubiera aplicado en el contrato. Y ya hemos visto que esta Sala sí la reputa abusiva. La abusividad de una cláusula de un contrato que comporta su nulidad y su inaplicación en la relación contractual con efectos ex tunc, determina la aplicación de los efectos de la nulidad de pleno derecho previstos en el artículo 1303 del Código Civil, esto es, la devolución al consumidor de todas las cantidades que durante la vigencia contractual hubiese abonado por aplicación de la cláusula abusiva con sus intereses. Es también factible que la determinación de la cantidad a reintegrar se verifique en ejecución de sentencia, de acuerdo con el artículo 219 de la LEC, pues se determinan las bases para la liquidación. No debe olvidarse que es la entidad demandada, quien está llamada a liquidar y liquida el contrato, dispone de toda la documentación del mismo y de la facilidad probatoria, que debe valorarse a la hora de atribuir la carga probatoria del efectivo devengo de la comisión, de acuerdo con el artículo 217.7 de la LEC que indica: "Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio".

Es significativo en este sentido que fue requerida CAIXABANK PAYMENTS CONSUMER, E.F .C, E. P, S.A.U, mediante correo electrónico remitido al servicio de atención al cliente en fecha 12 de febrero de 2024, para que entregase a la parte actora los ficheros de movimientos y la liquidación detallada de los cargos, incluidos por comisiones. La parte demandada no niega la recepción de este requerimiento, que efectivamente contestó el 19 de febrero de 2024, como consta en la documental acompañada a la demanda. No solo no consta que haya facilitado tal información al consumidor que permitiría, en su caso, la cuantificación de la reclamación, sino que pretende atribuirle la carga de demostrar que la comisión efectivamente se ha aplicado y cuantificar su importe.

Por otra parte, la parte demandada estaría en perfectas condiciones de acreditar que no se ha devengado la comisión para fundar la desestimación de la pretensión de reclamación de cantidad y, sin embargo, se ha abstenido de verificar acreditación alguna que se encontraba plenamente a su disposición, no así de la parte demandada.

Efectivamente esta Sala ha exigido, en el caso de reclamación de los gastos indebidamente pagados por el consumidor en los contratos de préstamo hipotecario, que se adveren por la parte actora las cantidades reclamadas en la fase declarativa del proceso, sin que puedan determinarse en ejecución de sentencia. Pero este caso es sustancialmente distinto. En el caso de los gastos se trata de desembolsos que realizó en su día el consumidor a tercero, al Registrador de la Propiedad, al Notario, a la sociedad de tasación o a la gestoría, no al propio Banco o entidad financiera. En estos gastos se emitieron facturas a cargo del consumidor y cabe considerar que puede tenerlas a su disposición. Sin embargo, en este caso las comisiones las aplica potestativamente la entidad bancaria en el curso del contrato, en una liquidación que, tratándose de un contrato de tarjeta, no está exenta de cierta complejidad. No se comparte la consideración que pudiera identificarse el cobro de la comisión en un extracto de la cuenta en que se cargan las cuotas de la tarjeta, pues generalmente se carga una única cuota que corresponde a diversos conceptos y puede incluir la propia comisión.

Es general la admisión por los Tribunales de condenas a reintegrar las cantidades que se hayan aplicado como consecuencia de una cláusula abusiva, aunque tales cantidades no estén precisadas en la fase declarativa y se determinen en ejecución, pues se trata de un efecto ex lege de la nulidad de pleno derecho. Ello no impide a la entidad bancaria, que tiene la disponibilidad y la facilidad probatoria, acreditar puntualmente que no se ha devengado cantidad alguna por la cláusula abusiva. Pero, ni ha acreditado la inaplicación de la cláusula reputada abusiva, ni ha facilitado la liquidación del contrato que se le ha requerido por el consumidor para cuantificar la reclamación, caso de aplicación de la cláusula. Por tanto, subsiste el interés legítimo de la parte actora, en un contrato que no se niega vigente, para que se anule una cláusula para evitar su aplicación futura y que se condene a la restitución en el eventual caso, como dice el suplico de la demanda, de que la comisión abusiva haya sido efectivamente aplicada, lo que en absoluto prueba la entidad demandada que no haya ocurrido, incluso en el curso del procedimiento. Debe pronunciarse también la condena a la restitución mediando interés legítimo.

CUARTO: Costas de la primera instancia y de apelación.-La estimación íntegra de la demanda conlleva la imposición de costas de la primera instancia a la parte demandada en aplicación del artículo 394.1 de la LEC , sin que proceda la existencia de dudas de derecho porque algún Tribunal de primera instancia o alguna otra Audiencia Provincial se haya inclinado por mantener la validez de la cláusula, ello por el principio de efectividad .

El principio de efectividad impide la apreciación de dudas de derecho. En Sentencia del Pleno de la Sala Civil del 17 de septiembre de 2020 ( ROJ: STS 2838/2020 Sentencia: 472/2020 Recurso: 5170/2018 Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA. reitera su doctrina sobre el principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea, para excluir, en los litigios sobre cláusulas abusivas en que la demanda del consumidor resulta estimada, la aplicación de la excepción al principio del vencimiento objetivo en materia de costas basada en la existencia de serias dudas de derecho. El Pleno de la Sala, con estimación del recurso de casación, concluye que si en estos casos el consumidor, pese a vencer en el litigio, tuviera que pagar parte de las costas judiciales (concretamente las causadas a su instancia y las comunes por mitad), se haría imposible o se dificultaría en exceso la efectividad del Derecho de la Unión Europea, y no se restablecería la situación de hecho y de derecho que se habría dado si no hubiera existido la cláusula abusiva. Y que, por otro lado, se produciría un efecto disuasorio inverso, pues no se disuadiría a los bancos de incluir las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios, sino que se disuadiría a los consumidores de promover litigios.

Reseñó STJUE, sección 1 del 16 de julio de 2020 ( ROJ: PTJUE 176/2020 - Sentencia: 62019CJ0224 Recurso: C-224/19:

"5) El artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 , así como el principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a un régimen que permite que el consumidor cargue con una parte de las costas procesales en función del importe de las cantidades indebidamente pagadas que le son restituidas a raíz de la declaración de la nulidad de una cláusula contractual por tener carácter abusivo, dado que tal régimen crea un obstáculo significativo que puede disuadir a los consumidores de ejercer el derecho, conferido por la Directiva 93/13 , a un control judicial efectivo del carácter potencialmente abusivo de cláusulas contractuales".

Es consolidada la Jurisprudencia, en base a esta doctrina del TJUE, como reitera la sentencia del Tribunal Supremo, Civil sección 1 del 4 de junio de 2024 ( ROJ: STS 2946/2024 - )Sentencia: 796/2024 Recurso: 575/2022, la que indica que, estimada la acción de nulidad por abusividad de las cláusulas, aunque no se estime la nulidad de la totalidad de las cláusulas impugnadas en los términos inicialmente establecidos en la demanda, o la totalidad de las pretensiones restitutorias (en este caso se estima parcialmente la acción de reclamación de cantidad), procede la imposición de las costas de la primera instancia al Banco demandado, conforme a la doctrina del TJUE (sentencia de 16 de julio de 2020, asuntos C-224/19 y C-259/19).

En orden a las costas de la apelación deducida por Don Bernabe se ha sentado una nueva doctrina por el Tribunal Supremo en el caso de que el recurso o la impugnación entabladas por el consumidor haya sido total o parcialmente estimadas en la alzada y en los casos como el presente en que rija la regulación anterior al RDL 6/2023, de 19 de diciembre. Si bien el artículo 398.2 de la LEC determinaría, en principio, que no se impusieran las costas a ninguna de las partes, la nueva doctrina del Tribunal Supremo declara que en los procesos tramitados al amparo de la Directiva 93/13, de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en contratos con consumidores cuando se estime en todo o en parte el recurso de apelación del consumidor (o la impugnación de la sentencia de primera instancia) se impondrán las costas de la segunda instancia al banco predisponente, conforme a los arts. 6.1 y 7.1 de la citada Directiva y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional. Así lo pone de manifiesto la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo, Civil sección 991 del 04 de diciembre de 2025 ( ROJ: STS 5480/2025 - ECLI:ES:TS:2025:5480 )Sentencia: 1786/2025 Recurso: 9452/2022 "En suma, debemos modificar nuestra jurisprudencia a fin de establecer que cuando el consumidor se vea obligado a acudir a la segunda instancia para no verse vinculado por una cláusula abusiva y su recurso de apelación o la impugnación de la sentencia de primera instancia resulten total o parcialmente estimados, las costas de esa segunda instancia deberán imponerse al profesional predisponente."

Deben imponerse las costas de la apelación a la parte apelada.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO: Planteamiento del litigio.-En la demanda rectora del procedimiento Don Bernabe ejercitó acción contra CAIXABANK PAYMENTS CONSUMER, E.F .C, E. P, S.A.U, pretendiendo la nulidad de condiciones generales de la contratación en relación con un contrato de tarjeta concertado entre las partes en fecha 9 de mayo de 2022. En la demanda se peticionaba se declarase la nulidad en el contrato de la cláusula que establecía la comisión de reclamación de cuotas impagadas, (denominada en el mismo de compensación de costes ante un impago) y se condenase a la demandada, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.303 CC, a la eventual restitución de todos los importes recibidos como consecuencia de la aplicación de la cláusula mencionada, cuya cantidad se solicitaba se calculase en ejecución de sentencia, dejándola sin efecto en el contrato. Todo ello con los intereses legales desde la presentación de la demanda ( artículo 1.109 CC) , más los intereses procesales del artículo 576 LEC desde la resolución que se dictase. También se pidió se condenase expresamente, y en todo caso, a la demandada al pago de las costas que se causasen en el procedimiento, por ser de preceptiva imposición caso de estimación de la demanda, aunque fuera de forma sustancial y no total.

La parte demandada CAIXABANK PAYMENTS CONSUMER, E.F .C, E. P, S.A.U, se opuso a la demanda e interesó su íntegra desestimación. La cláusula que intenta anular nunca se aplicó, por lo que no hay nada que restituir, y resulta innegable que no se podrá aplicar en el futuro, habida cuenta la novación operada por la entidad demandada. CAIXABANK remitió el documento que contenía la novación, otra vez, al responder a la reclamación, por lo que es evidente que el actor estaba en poder del mismo. En la novación, acompañada a la demanda, se reguló una nueva cláusula de reclamación por impago, que se adaptó a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La cláusula controvertida se adapta a los requisitos del Tribunal Supremo: a) El devengo se produciría solo con una gestión personalizada para la recuperación de la cuota impagada; b) Solo se puede repercutir después de que se haga la primera reclamación; c) La reclamación debe ser por escrito; d) Solo se podría reclamar una sola vez, sin perjuicio de las gestiones realizadas. La demanda es simplemente instrumental pues, pese a la

facilidad probatoria y la fecha del contrato, no se acredita la aplicación de las comisiones que se pretenden anular, por lo que es evidente que la demanda es artificial, para que la representación procesal no pierda la condena en costas que esperaba obtener cuando remitió la primera reclamación, donde consideraba nulos los intereses ordinarios.

La sentencia dictada desestima íntegramente la demanda. Considera que la cláusula en el ejemplar de 9 de mayo de 2022 que incorpora una novación del contrato es válida y eficaz. Además, considera que la parte demandante carece de interés legítimo porque la comisión no es abusiva, se ajusta a la doctrina del Tribunal Supremo, concreta las gestiones para la reclamación, su repercusión se verifica tras una primera reclamación por escrito y se devenga una sola vez. Se imponen las costas a la parte demandada.

Recurre en apelación la representación de Don Bernabe. Considera que la cláusula impugnada es abusiva. Sostiene el apelante que el recargo se prevé de forma automática e incrementa la cuota mensual de que se trate, sin que del clausulado resulte que la entidad vaya a tener algún gasto concreto que justifique este recargo, además de que conviene tener presente que la "sanción" por el impago de la cuota ya viene representada, no solo por el devengo de los intereses ordinarios que genera el crédito, sino de demora, y además la propia cláusula prevé que los intereses se capitalizarán y generarán nuevos intereses, lo que supone que el impago de una cuota genera para el cliente importantes cargos que se integran e incrementan con los intereses y la capitalización de estos intereses generan, a su vez, nuevos intereses, sin que parezca justificado que se le añada además una sanción específica por incumplimiento con una cuota automática, de carácter fijo, que supone una vulneración del carácter proporcional y justificado que deben tener este tipo de cláusulas. No se modula el período de impago, o retraso en el pago, estableciendo un importe fijo de 40 euros que se aplicaría frente a cualquier incumplimiento o retraso en el pago, adicional por tanto a los intereses de demora, sin detallar qué gestiones deben hacerse en reclamación de las cuotas para la aplicación de la comisión, y debe considerarse que la generación automática de cartas de reclamación habría de entenderse incluida sin coste adicional en la actividad de gestión propia de la entidad, por lo que puede afirmarse la abusividad de dicha cláusula. No consta información al cliente sobre el coste de la actuación que devenga la comisión. La comisión supone un incremento a la posición deudora que ya se encuentra sancionada con el recargo por la aplicación de los intereses de demora. En el caso de que se estime la demanda las costas de la primera instancia deben imponerse a la parte demandada por el principio de efectividad Subsidiariamente, para el supuesto de no estimarse el recurso, la parte apelante solicita se declaren las costas de oficio por principio de no vinculación de condiciones abusivas del consumidor y por el principio de primacía del derecho de la unión y efectividad, en concordancia con la resolución STJUE de 20 de julio de 2020, y siguientes sentencias del Tribunal Supremo que refrendan la misma postura.

La parte demandada se opone al recurso y solicita su íntegra desestimación.

SEGUNDO: Nulidad de la comisión de compensación de costes de cobro ante un impago o comisión de reclamación de cuotas impagadas.-Sostiene la parte apelante la nulidad de la cláusula impugnada en el contrato de tarjeta, que es la prevista como condición 23.1 en el contrato concertado en mayo de 2022. Esta cláusula tiene el siguiente tenor:

Compensació per costos de cobrament davant d'un impagament:

Si vostè incompleix la seva obligació de pagament, ens obliga

immediatament a destinar recursos per posar al dia el deute impagat.

1r) Se li reclamarà mitjançant i) comunicacions telemàtiques (p.

ex., SMS o mitjans similars), ii) correu electrònic i/o bústia de

banca electrònica (com l'actual CaixaBankNow), quan vostè hagi

acordat aquestes vies de comunicació amb CaixaBank, i iii) una o

diverses trucades telefòniques al telèfon facilitat per vostè que

consta en els nostres sistemes (el nombre i la progressió

s'adaptaran a les circumstàncies particulars de cada impagat i

cada client, tot i que sempre es faran almenys dos (2) intents per

intentar establir contacte personal amb vostè), o bé mitjançant

qualsevol altre mètode personalitzat que ens permeti posar-nos

en contacte amb vostè. La compensació de costos de cobrament

raonable i d'acord amb aquestes gestions s'indica en l'Annex de

preus.

2n) Si persisteix al cap de 15 dies, es podrà remetre, a més, un

burofax o equivalent amb certificació de contingut i recepció. El

cost postal actual d'aquest enviament és de 24 €.

La 1a compensació i) només es meritarà en deutes superiors a 60 €,

ii) únicament després de fer efectivament les gestions concretes de

cobrament descrites i iii) un mateix impagament no podrà generar

més d'una compensació.

La 2a compensació i) només es meritarà en deutes superiors a 300 €,

ii) únicament després de la remissió efectiva del burofax per

persistència de l'impagament i iii) un mateix impagament no generarà

més d'una compensació. Els costos de cobrament i l'interès de

demora són diferents. Els recursos destinats efectivament a posar al

dia el deute impagat són els costos de cobrament; el benefici deixat

de percebre que ocasiona l'impagament és l'interès de demora."

Y tras remitir el contrato al anexo de precios consta en el citado ANEXO.

Compensació per costos de cobrament davant un impagament

40,00€ per les gestions personalitzades que

CaixaBank Payments Consumer es vegi obligada a

dur a terme per a la recuperació de cada quota

pactada que resulti impagada al seu venciment.

Para enjuiciar la posible validez de una comisión como la de autos debemos partir de la doctrina del STS, Civil sección 1 del 27 de junio de 2023 ( ROJ: STS 2913/2023 - Sentencia: 1036/2023:

"CUARTO.- Comisión por reclamación de posiciones deudoras

1.- La Sala ya se ha pronunciado sobre la comisión por reclamación de posiciones deudoras como indemnización por incumplimiento, habiéndose fijado criterio a partir de nuestra sentencia 566/2019, de 25 de octubre , reiterado en otras posteriores como la sentencia 431/2020, de 15 de julio . A dicho criterio nos remitimos.

2.- La normativa bancaria sobre comisiones está constituida, básicamente, por la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, por la Circular 5/2012 del Banco de España de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicio de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, y por la Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago, que regula la transparencia de los servicios de pago sujetos a la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.

3.- Conforme a esta normativa, para que las entidades puedan cobrar comisiones a sus clientes deben cumplirse dos requisitos: que retribuyan un servicio real prestado al cliente y que los gastos del servicio se hayan realizado efectivamente. Bajo estas dos premisas, las entidades bancarias no pueden cobrar por servicios que no hayan solicitado o aceptado los clientes, que deberán haber sido informados personalmente y por anticipado del importe que van a tener que pagar por ese servicio.

Como declaramos en las SSTS 566/2019, de 25 de octubre y 431/2020, de 15 de julio , según el Banco de España (Memoria del Servicio de Reclamaciones de 2009), la comisión por reclamación de posiciones deudoras compensa a la entidad por las gestiones efectivas realizadas para recuperar la deuda impagada por su cliente; debe estar recogida en el contrato; y para que sea acorde con las buenas prácticas bancarias debe reunir los siguientes requisitos mínimos: (i) el devengo de la comisión está vinculado a la existencia de gestiones efectivas de reclamación realizadas ante el cliente deudor; (ii) la comisión no puede reiterarse en la reclamación de un mismo saldo por gestiones adicionales realizadas por la entidad con el mismo fin, ni siquiera cuando, en el caso de impago en el tiempo, este se prolonga en sucesivas liquidaciones; (iii) su cuantía debe de ser única, no admitiéndose tarifas porcentuales; (iv) no puede aplicarse de manera automática.

Desde esta perspectiva hay que diferenciar entre la previsión contractual de la comisión, por un lado, y su devengo y cobro en caso de realizarse efectivamente el servicio o abonarse los gastos repercutidos, por otro ( STS 431/2020, de 15 de julio ).

4.- En la cláusula cuarta de la escritura préstamo de 28 de abril de 2015 se establece que "la Caja cobrará igualmente a la parte prestataria, una comisión por cada impago que se produzca en los vencimientos concertados, por importe de 18, 00 € (DIECIOCHO EUROS) [...]".

Si contrastamos la cláusula controvertida con las anteriores exigencias, se comprueba que, como mínimo, no reúne dos de los requisitos, pues prevé que podrá reiterarse y se plantea como una reclamación automática. Pero es que, además, no discrimina periodos de mora, de modo que basta la inefectividad de la cuota en la fecha de pago prevista para que, además de los intereses moratorios, se produzca el devengo de una comisión.

Tal como está redactada, tampoco identifica qué tipo de gestión se va a llevar a cabo, por lo que no cabe deducir que ello generará un gasto efectivo.

5.- En la STJUE de 3 de octubre de 2019 (asunto C-621/17 , Gyula Kiss), el Tribunal ha declarado que, aunque el prestamista no está obligado a precisar en el contrato la naturaleza de todos los servicios proporcionados como contrapartida de los gastos previstos en una o varias cláusulas contractuales:

"No obstante, habida cuenta de la protección que la Directiva 93/13 pretende conceder al consumidor por el hecho de encontrarse en una situación de inferioridad con respecto al profesional, tanto en lo que respecta a la capacidad de negociación como al nivel de información, es importante que la naturaleza de los servicios efectivamente proporcionados pueda razonablemente entenderse o deducirse del contrato en su conjunto. Además, el consumidor debe poder comprobar que no hay solapamiento entre los distintos gastos o entre los servicios que aquellos retribuyen".

A su vez, la STJUE de 26 de febrero de 2015 (asunto C-143/13 , Matei), referida -entre otras- a una denominada "comisión de riesgo", declaró que una cláusula que permite, sin contrapartida, la retribución del simple riesgo del préstamo, que ya está cubierto por las consecuencias legales y contractuales del impago, puede resultar abusiva.

6.- Precisamente la indeterminación a la que hemos hecho referencia es la que genera la abusividad, puesto que supondría, sin más, sumar a los intereses de demora otra cantidad a modo de sanción por el mismo concepto, con infracción de lo previsto en los artículos 85.6 TRLGDCU ( indemnizaciones desproporcionadas ) y 87.5 TRLGDCU (cobro de servicios no prestados).

7.- Como consecuencia de lo expuesto, procede estimar la demanda y el recurso de apelación del demandante en este punto, declarar la nulidad por abusiva de la referida cláusula sobre posiciones deudoras y condenar a la entidad demandada a que pague al demandante la suma dineraria de 125 euros, que fue efectivamente abonada por él, suma que devengará el interés legal del dinero desde la fecha de su cobro hasta la fecha de la sentencia de primera instancia (30- 10-2018 ); y desde la fecha de la sentencia de primera instancia y hasta su completo pago, devengará el interés del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ".

Como es de ver en la relación entre la condición 23.1 y en ANEXO DE PRECIOS al final del contrato al que se remite, se establece el cobro de una comisión de 40 euros por las gestiones personalizadas que la demandada se vea obligada a llevar a cabo, disponiendo el devengo de esa comisión con independencia del medio de reclamación, incluyendo ese devengo por un simple SMS, un correo electrónico o dos intentos de contacto telefónico. En estos casos no está justificado que se haya generado un coste para la entidad al margen de lo que es su habitual gestión de operaciones. Se verifica una liquidación anterior al devengo del gasto y es desproporcionado que se exija 40 euros por enviar un SMS, lo que puede verificarse por sistemas automáticos o por efectuar dos llamadas telefónicas no contestadas. Además, se establece la posibilidad de un coste adicional de 24 euros por reclamación por burofax o equivalente si el impago persiste 15 días, evidenciando la desproporción del coste de 40 euros por una gestión que no implica un gasto específico, pese al intento aparente de ajustar la regulación de la comisión a la doctrina del Tribunal Supremo. Así si bien la regulación de la comisión en la condición 23-1 alude a que la compensación se verifica después de realizar efectivamente las gestiones de cobro descritas, en la regulación del ANEXO la expresión utilizada admite el automatismo en el devengo de la comisión.

Por otra parte, no consta que como dice engañosamente el contrato, que el impago genere para la entidad inmediatamente un gasto o como se indica "nos obliga de inmediato a destinar recursos para poner al día la deuda impagada".La propia deuda lo que genera es un lucro adicional para la emisora de la tarjeta al acumularse al saldo renovable mensualmente y generar, a su vez, intereses remuneratorios. También el impago genera intereses de demora, al tipo resultante de sumar el interés ordinario, ya muy elevado, dos puntos porcentuales (condición 12.1) La deuda se comunica al deudor al remitir los extractos mensuales con lo que no se advera que la reclamación adicional aumente la eficacia del cobro. Por otra parte, el límite de 60 euros para el devengo de la comisión es excesivamente reducido y se establece la posibilidad de devengo de la comisión para deudas de muy reducida cuantía, que puede reiterarse en cada deuda que supere solo los 60 euros, deuda que además genera intereses al integrarse en el saldo deudor de la tarjeta.

Debe estimarse el recurso y decretar la nulidad de la comisión pactada como han mantenido otras Audiencias. En este sentido cabe citar respecto al mismo pacto en contratos de tarjeta de la demandada:

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres , Civil sección 1 del 18 de julio de 2025 ( ROJ: SAP CC 818/2025 - ECLI:ES:APCC:2025:818 ) Sentencia: 577/2025 Recurso: 811/2024:

"Con estas previsiones puede entenderse que la entidad financiera está pretendiendo adaptar la redacción de la cláusula del devengo de la compensación por cobro a las exigencias sobre la normativa sobre transparencia, y diferenciarla del cobro de intereses de demora.

Pero, con ello, no está dejando de imponer al consumidor adherente una compensación que puede resultar desproporcionada alta en perjuicio del consumidor, en tanto que la literalidad de la misma no impide que, ante un impago, pueda cobrarse el coste de 40 euros de forma inmediata, por ejemplo, con sólo el envío de un SMS, o de un correo electrónico, o de intentos de llamadas telefónicas, siendo facultativa la posibilidad de una comunicación adicional con acuse de recibo.

La fijación de una comisión de 40 euros, en relación con impagos, supone una liquidación ex ante de unos gastos, sin que conste acreditado que las gestiones realizadas alcancen el importe prefijado por la comisión.

Por ello, se estima que la comisión es abusiva al imponer, en contra de la buena fe y en perjuicio del consumidor, una indemnización desproporcionadamente alta que causa un importante desequilibrio en los derechos y obligaciones de las partes en el contrato ( art. 82.1 y 85.6 TRLGDCU )".

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Civil sección 4 del 21 de octubre de 2025 ( ROJ: SAP Z 2436/2025 - ECLI:ES:APZ:2025:2436 ) Sentencia: 448/2025 Recurso: 222/2024:

"3. En el presente caso, debemos seguir el precedente mantenido en nuestra sentencia de 14-X-2025 (n.º 428) al analizar una cláusula de igual contenido. Allí declaramos su abusividad, aunque -añadíamos- en rigor no se define como comisión, sino compensación"por costes de cobro ante un impago".

4. Nos encontramos en todo caso ante una comisión de aplicación automática,al no identificar qué tipo de gestión la va a justificar, con independencia del gasto efectivo que el impago pueda suponer para el banco.

5. La anterior conclusión no queda desvirtuada por el contenido de las páginas 31 y 32 del documento contractual relativas también a la "Compensación por costes de cobro ante un impago",dentro del apartado 22.1 ya referido y antes de esa página 37 comprendida en el "anexo de precios" (a partir de la página 36), al que se remite expresamente la misma estipulación 22.1. Se trata de unas explicaciones extensas y complejas que no eliminan la automaticidad de la "compensación" por importe de 40 € por cada cuota impagada. Como argumentamos en la citada sentencia de 14-X-2025 (n.º 428), si se analiza la condición general 22 se observa que se contemplan reclamaciones telemáticas (SMS, llamadas telefónicas, buzón de banca, etc.) que no conllevan un coste específico, pero sí se factura de manera efectiva cuando la gestión supone un gasto específico (24 €), mientras que el precio en el anexo es de 40 €, que resulta desproporcionado a la gestión telemática realizada.

6. En conclusión, la cláusula infringe lo previsto en los artículos 85.6 de la Ley de Consumidores y Usuarios [LGDC] (indemnizaciones desproporcionadas ) y 87.5 LGDCU (cobro de servicios no prestados). La cláusula, por tanto, no cumple los requisitos mínimos para que sea acorde con las buenas prácticas bancarias.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de León , Civil sección 2 del 03 de noviembre de 2025 ( ROJ: SAP LE 1797/2025 - ECLI:ES:APLE:2025:1797 ) Sentencia: 587/2025 Recurso: 59/2025:

"En relación a esta misma clausula las sentencias nº 27/2025 y 28/2025 ambas de fecha 20 de enero de 2025, de la Sección 1º de esta AP de León: dicen; "En este caso, la cláusula está redactada en los mismos términos de indeterminación que ha valorado como abusivos el Tribunal Supremo. En la estipulación 23.1 del contrato se recoge la compensación por costes de cobro ante un impago. En relación con esta compensación, en el contrato se parte de que, si el usurario de la tarjeta "incumple su obligación de pago, nos obliga de inmediato a destinar recursos para poner al día la deuda impagada". En las tarjetas de crédito revolving, el impago lo que sí genera, sin género de duda, es un incremento del saldo deudor que, a su vez, se renueva mensualmente generando intereses sobre el principal y sobre los intereses impagados, por lo que el impago no solo no genera un coste sino que es, en buena medida, muy característico de este tipo de tarjetas que operan como líneas de crédito abiertas y renovables y que, además, añaden un rendimiento económico adicional para la emisora de la tarjeta que se lucra con el sobrecoste financiero que supone para el usuario de la tarjeta haber dejado de pagar lo adeudado. Una deuda de 60 euros resulta insignificante en relación con un límite de crédito que se ofrece en el contrato de 1.500 euros, por lo que no se justifica la reclamación por una deuda tan reducida, máxime cuando, como se ha indicado, no consta que suponga perjuicio para la emisora de la tarjeta (la propia deuda generada genera un lucro para la emisora de la tarjeta al acumularse al saldo renovable mensualmente y generar, a su vez, intereses a favor de aquella). Por otra parte, si la emisora de la tarjeta remite a su usuario un extracto mensual con todo lo adeudado, es obvio que ya le comunica lo que adeuda, por lo que no existe razón alguna para suponer que la reclamación añada un "plus" en la eficacia del cobro de la deuda. De hecho, la existencia de la deuda no es lo que perjudica a la emisora de la tarjeta; lo que sí le perjudicaría sería la insolvencia del usuario, pero no impagos puntuales.

La potestad unilateral de reclamar una compensación por cada posición deudora, con límites tan reducidos (60 euros, en este caso), supone un claro desequilibrio en perjuicio del consumidor, que no solo va a tener que pagar la deuda y remunerar oportunamente a la emisora de la tarjeta los intereses generados por el impago, sino que, además, va a tener que aceptar pasivamente que aquella genere reclamaciones por cada impago de 60 euros. Aunque son sean dos conceptos diferentes, lo que no se explica es qué necesidad hay de reclamar una deuda tan reducida que se remunera adecuadamente con el interés pactado a cada renovación mensual.

A pesar de intento regulatorio de la estipulación 23.1, al fijar el pago de la compensación en el anexo de precios, se dice: "40,00€ por las gestiones[...] se vea obligada a llevar a cabo para la recuperación de cada cuota pactada que resulte impagada a su vencimiento". Es decir, la emisora de la tarjeta va a poder reclamar cada posición deudora cuando le parezca oportuno y por las sumas que considere pertinentes (supongamos que sea un mínimo de 60 euros). Es razonable, y no produce desequilibrio económico en perjuicio del consumidor, que la emisora de tarjeta reclame el pago de una deuda significativa y relevante, normalmente vinculada a la resolución anticipada y al cálculo de un saldo deudor, pero no generar una compensación por la reclamación de una sola cuota, sin que exista razón alguna para considerar que con ello la emisora de la tarjeta va a favorecer el cobro de lo adeudado o que ese descubierto le suponga un perjuicio (la deuda se grava con nuevos intereses adicionales en cada renovación mensual). A lo que se añade la desproporción entre una deuda de 60 euros y un cargo de 40 euros por la mera reclamación de pago, y que se contempla el pago de 40 euros sin una previa justificación de la realización de gestiones de cobro o que estas conlleven ese coste (enviar un SMS o realizar una llamada telefónica para reclamar el pago no justifican tal coste, y tampoco que resulta necesario hacerlo cuando mensualmente se remiten extractos con el total adeudado)".

En consecuencia, la aplicación del anterior criterio al supuesto de autos lleva a concluir que la condición que establece una comisión por impago, tal como está redactada, y tal como ha valorado la juzgadora de instancia, resulta abusiva pues se produce automáticamente en caso de impago de una cuota a su vencimiento, y ello con independencia de la gestión que se lleve a cabo, por lo que no cabe deducir que ello generará necesariamente un gasto efectivo".

La Sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja , Civil sección 1 del 22 de mayo de 2025 ( ROJ: SAP LO 312/2025 - ECLI:ES:APLO:2025:312 ) Sentencia: 190/2025 Recurso: 399/2024:

"Se fija una comisión de 40 euros cualquiera que sea la efectiva gestión realizada: envío de sms, correo electrónico, buzón de banca electrónica, una o varias llamadas telefónicas, sin justificar ni acreditar en modo alguno que el envío de sms, correo electrónico, comunicación por buzón de banca electrónica, o la realización de una o varias llamadas telefónicas, tengan un coste de 40 euros. Además se fija dicha comisión por cualquier impago por importe superior a 60 euros, de manera automática, bastando una reclamación por las vías señaladas, sin dar opción al deudor a regularizar el pago, a modo de penalización por impago además del interés de demora. Y si la deuda es superior a 300 euros, se fija un importe adicional de 24 euros por una gestión adicional: envío de burofax, por la misma deuda, si transcurren más de quince días desde el impago".

También ha declarado la nulidad de la misma comisión en un contrato de tarjeta de CAIXABANK PAYMENTS CONSUMER, E.F .C, E. P, S.A.U, la sentencia de esta Sala, Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Tarragona de 5 de marzo de 2026, recurso de apelación 898/2024. Por tanto, debe estimarse el motivo de recurso considerando nula por abusiva la condición prevista en el apartado 23.1 del contrato de 9 de mayo de 2022 que establece la llamada compensación por costos de cobro por impago.

TERCERO: Falta de interés legítimo. Petición de condena a liquidar en ejecución de sentencia.-Aludió la parte demandada al contestar a la falta de interés legítimo de la parte actora que únicamente buscaba una sentencia que condenase a las costas procesales, reseñando que la comisión no había llegado a aplicarse en el contrato y además la novación operada en el año 2022 había ajustado la redacción de la cláusula a la doctrina del Tribunal Supremo. Debe puntualizarse que la cláusula impugnada es la 23.1 de compensación por costos de cobro por impago según está redactada en el contrato que consta celebrado el 9 de mayo de 2022, sin que conste novación alguna de un contrato celebrado con anterioridad. Además ya hemos visto que la redacción de la cláusula no se ajusta a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, conforme al criterio mantenido por esta Sala.

En orden a la alegación de la parte demandada de que la cláusula no ha llegado a aplicarse, la sentencia basaba la falta de interés legítimo en que la cláusula no era abusiva, más que en que no se hubiera aplicado en el contrato. Y ya hemos visto que esta Sala sí la reputa abusiva. La abusividad de una cláusula de un contrato que comporta su nulidad y su inaplicación en la relación contractual con efectos ex tunc, determina la aplicación de los efectos de la nulidad de pleno derecho previstos en el artículo 1303 del Código Civil, esto es, la devolución al consumidor de todas las cantidades que durante la vigencia contractual hubiese abonado por aplicación de la cláusula abusiva con sus intereses. Es también factible que la determinación de la cantidad a reintegrar se verifique en ejecución de sentencia, de acuerdo con el artículo 219 de la LEC, pues se determinan las bases para la liquidación. No debe olvidarse que es la entidad demandada, quien está llamada a liquidar y liquida el contrato, dispone de toda la documentación del mismo y de la facilidad probatoria, que debe valorarse a la hora de atribuir la carga probatoria del efectivo devengo de la comisión, de acuerdo con el artículo 217.7 de la LEC que indica: "Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio".

Es significativo en este sentido que fue requerida CAIXABANK PAYMENTS CONSUMER, E.F .C, E. P, S.A.U, mediante correo electrónico remitido al servicio de atención al cliente en fecha 12 de febrero de 2024, para que entregase a la parte actora los ficheros de movimientos y la liquidación detallada de los cargos, incluidos por comisiones. La parte demandada no niega la recepción de este requerimiento, que efectivamente contestó el 19 de febrero de 2024, como consta en la documental acompañada a la demanda. No solo no consta que haya facilitado tal información al consumidor que permitiría, en su caso, la cuantificación de la reclamación, sino que pretende atribuirle la carga de demostrar que la comisión efectivamente se ha aplicado y cuantificar su importe.

Por otra parte, la parte demandada estaría en perfectas condiciones de acreditar que no se ha devengado la comisión para fundar la desestimación de la pretensión de reclamación de cantidad y, sin embargo, se ha abstenido de verificar acreditación alguna que se encontraba plenamente a su disposición, no así de la parte demandada.

Efectivamente esta Sala ha exigido, en el caso de reclamación de los gastos indebidamente pagados por el consumidor en los contratos de préstamo hipotecario, que se adveren por la parte actora las cantidades reclamadas en la fase declarativa del proceso, sin que puedan determinarse en ejecución de sentencia. Pero este caso es sustancialmente distinto. En el caso de los gastos se trata de desembolsos que realizó en su día el consumidor a tercero, al Registrador de la Propiedad, al Notario, a la sociedad de tasación o a la gestoría, no al propio Banco o entidad financiera. En estos gastos se emitieron facturas a cargo del consumidor y cabe considerar que puede tenerlas a su disposición. Sin embargo, en este caso las comisiones las aplica potestativamente la entidad bancaria en el curso del contrato, en una liquidación que, tratándose de un contrato de tarjeta, no está exenta de cierta complejidad. No se comparte la consideración que pudiera identificarse el cobro de la comisión en un extracto de la cuenta en que se cargan las cuotas de la tarjeta, pues generalmente se carga una única cuota que corresponde a diversos conceptos y puede incluir la propia comisión.

Es general la admisión por los Tribunales de condenas a reintegrar las cantidades que se hayan aplicado como consecuencia de una cláusula abusiva, aunque tales cantidades no estén precisadas en la fase declarativa y se determinen en ejecución, pues se trata de un efecto ex lege de la nulidad de pleno derecho. Ello no impide a la entidad bancaria, que tiene la disponibilidad y la facilidad probatoria, acreditar puntualmente que no se ha devengado cantidad alguna por la cláusula abusiva. Pero, ni ha acreditado la inaplicación de la cláusula reputada abusiva, ni ha facilitado la liquidación del contrato que se le ha requerido por el consumidor para cuantificar la reclamación, caso de aplicación de la cláusula. Por tanto, subsiste el interés legítimo de la parte actora, en un contrato que no se niega vigente, para que se anule una cláusula para evitar su aplicación futura y que se condene a la restitución en el eventual caso, como dice el suplico de la demanda, de que la comisión abusiva haya sido efectivamente aplicada, lo que en absoluto prueba la entidad demandada que no haya ocurrido, incluso en el curso del procedimiento. Debe pronunciarse también la condena a la restitución mediando interés legítimo.

CUARTO: Costas de la primera instancia y de apelación.-La estimación íntegra de la demanda conlleva la imposición de costas de la primera instancia a la parte demandada en aplicación del artículo 394.1 de la LEC , sin que proceda la existencia de dudas de derecho porque algún Tribunal de primera instancia o alguna otra Audiencia Provincial se haya inclinado por mantener la validez de la cláusula, ello por el principio de efectividad .

El principio de efectividad impide la apreciación de dudas de derecho. En Sentencia del Pleno de la Sala Civil del 17 de septiembre de 2020 ( ROJ: STS 2838/2020 Sentencia: 472/2020 Recurso: 5170/2018 Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA. reitera su doctrina sobre el principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea, para excluir, en los litigios sobre cláusulas abusivas en que la demanda del consumidor resulta estimada, la aplicación de la excepción al principio del vencimiento objetivo en materia de costas basada en la existencia de serias dudas de derecho. El Pleno de la Sala, con estimación del recurso de casación, concluye que si en estos casos el consumidor, pese a vencer en el litigio, tuviera que pagar parte de las costas judiciales (concretamente las causadas a su instancia y las comunes por mitad), se haría imposible o se dificultaría en exceso la efectividad del Derecho de la Unión Europea, y no se restablecería la situación de hecho y de derecho que se habría dado si no hubiera existido la cláusula abusiva. Y que, por otro lado, se produciría un efecto disuasorio inverso, pues no se disuadiría a los bancos de incluir las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios, sino que se disuadiría a los consumidores de promover litigios.

Reseñó STJUE, sección 1 del 16 de julio de 2020 ( ROJ: PTJUE 176/2020 - Sentencia: 62019CJ0224 Recurso: C-224/19:

"5) El artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 , así como el principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a un régimen que permite que el consumidor cargue con una parte de las costas procesales en función del importe de las cantidades indebidamente pagadas que le son restituidas a raíz de la declaración de la nulidad de una cláusula contractual por tener carácter abusivo, dado que tal régimen crea un obstáculo significativo que puede disuadir a los consumidores de ejercer el derecho, conferido por la Directiva 93/13 , a un control judicial efectivo del carácter potencialmente abusivo de cláusulas contractuales".

Es consolidada la Jurisprudencia, en base a esta doctrina del TJUE, como reitera la sentencia del Tribunal Supremo, Civil sección 1 del 4 de junio de 2024 ( ROJ: STS 2946/2024 - )Sentencia: 796/2024 Recurso: 575/2022, la que indica que, estimada la acción de nulidad por abusividad de las cláusulas, aunque no se estime la nulidad de la totalidad de las cláusulas impugnadas en los términos inicialmente establecidos en la demanda, o la totalidad de las pretensiones restitutorias (en este caso se estima parcialmente la acción de reclamación de cantidad), procede la imposición de las costas de la primera instancia al Banco demandado, conforme a la doctrina del TJUE (sentencia de 16 de julio de 2020, asuntos C-224/19 y C-259/19).

En orden a las costas de la apelación deducida por Don Bernabe se ha sentado una nueva doctrina por el Tribunal Supremo en el caso de que el recurso o la impugnación entabladas por el consumidor haya sido total o parcialmente estimadas en la alzada y en los casos como el presente en que rija la regulación anterior al RDL 6/2023, de 19 de diciembre. Si bien el artículo 398.2 de la LEC determinaría, en principio, que no se impusieran las costas a ninguna de las partes, la nueva doctrina del Tribunal Supremo declara que en los procesos tramitados al amparo de la Directiva 93/13, de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en contratos con consumidores cuando se estime en todo o en parte el recurso de apelación del consumidor (o la impugnación de la sentencia de primera instancia) se impondrán las costas de la segunda instancia al banco predisponente, conforme a los arts. 6.1 y 7.1 de la citada Directiva y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional. Así lo pone de manifiesto la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo, Civil sección 991 del 04 de diciembre de 2025 ( ROJ: STS 5480/2025 - ECLI:ES:TS:2025:5480 )Sentencia: 1786/2025 Recurso: 9452/2022 "En suma, debemos modificar nuestra jurisprudencia a fin de establecer que cuando el consumidor se vea obligado a acudir a la segunda instancia para no verse vinculado por una cláusula abusiva y su recurso de apelación o la impugnación de la sentencia de primera instancia resulten total o parcialmente estimados, las costas de esa segunda instancia deberán imponerse al profesional predisponente."

Deben imponerse las costas de la apelación a la parte apelada.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.