Sentencia Civil 120/2026 Audiencia Provincial Civil nº 32 de Madrid, Rec. 375/2024 de 10 de abril del 2026

PRIMERO.-La demandante solicita en su escrito rector que: "A) Se declare que la sociedad demandada es responsable de los daños y perjuicios sufridos por mi mandante como consecuencia de la infracción de la infracción del artículo 101 TFUE , sancionada por la Comisión Europea en su Decisión de 19 de julio de 2016 , y en su consecuencia,

B) Se condene a la demandada a indemnizar a la mercantil Vicemo, S.L. en concepto de daños derivados de la colusión en precios en la cifra de 17.674,61€ más 12.250,79€ por los intereses devengados desde la fecha de adquisición de cada uno de los vehículos, esto es del camión con matrícula NUM000 el 30 de diciembre de 2003 y el vehículo con matrícula NUM001 el 25 de junio de 2004 y calculados hasta el 30 de septiembre de 2022, es decir un total de 29.925,40€ más los que se devenguen hasta el pago del principal reclamado, sin perjuicio de verse incrementado el interés legal en dos puntos ( art. 576 LEC ) desde la fecha de notificación de sentencia.

C) Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada.

D) Y subsidiariamente respecto al pedimento anterior de las costas, para el caso de estimación parcial de la presente demanda, se impongan a la parte demandada las costas devengadas para la cuantía de la indemnización finalmente reconocida en sentencia.

SUBSIDIARIAMENTE, solicitamos la estimación por parte de este órgano judicial del 5% del precio neto de adquisición de cada uno de los vehículos como daño producido por la cartelización del mercado, junto a los intereses que en Derecho procedan y las costas del procedimiento y todo ello en virtud del criterio seguido por la Ilma. Audiencia Provincial de Pontevedra, así como otras Audiencias provinciales del territorio español, de acuerdo a lo expuesto en el cuerpo de esta demanda".

La parte demandada además de oponerse al fondo del asunto plantea la excepción prescripción de la acción.

La sentencia dictada en primera instancia dispone en su fallo que: Que, con estimación parcial de la demanda presentada por la representación procesal de VICEMO, S.L., contra IVECO, S.P.A., debo declarar y declaro que esta mercantil, como consecuencia una infracción del Derecho de la Competencia, es responsable del daño causado a la actora, que asciende al 5% del importe de compra de cada uno de los camiones objeto del litigio, condenándola a su pago, así como al pago del interés legal desde la fecha de adquisición de cada uno de los camiones, incrementado en dos puntos desde la fecha de la presente resolución; sin expresa imposición de costas."

Frente la sentencia recaída en la instancia precedente se alza la parte apelante en base a los siguientes alegatos:

"1. La Sentencia considera erróneamente acreditada la existencia de los tres requisitos del art. 1902 CC (acto ilícito, daño y nexo causal), cuando en realidad el demandante limita su insuficiente esfuerzo probatorio a tratar de cuantificar -sin éxito- el daño. Dedicaremos un apartado completo al por qué de la insuficiencia de dicho esfuerzo, pero antes debemos detenernos en la falta de acreditación de una conducta causante de daño y la propia existencia de éste en abstracto.

2. En la Alegación Primera mostraremos cómo, a pesar de que el primer elemento del artículo 1902 CC (existencia de un ilícito) viene dado por la Decisión de la Comisión, la sentencia yerra fatalmente en la comprensión de las características y alcance del ilícito: no se trata de un acuerdo de fijación de precios sino de intercambio de información.

3. En la Alegación Segunda demostraremos que la parte demandante no está exenta de probar el nexo causal entre conducta y supuesto daño, y que fracasa completamente en ese cometido. No puede presumirse el daño, ni por la presunción de la Directiva de Daños (que no es de aplicación), ni por la regla ex re ipsa, que el Tribunal Supremo ha confirmado tampoco es de aplicación, ni es correcto construir una presunción sobre la base del artículo 386 LEC (y el Tribunal Supremo yerra al hacerlo en sus sentencias de Junio 2023).

4. En las Alegaciones Tercera y Cuarta señalaremos cómo el cálculo del daño propuesto por la parte demandante es insostenible, al basarse en un informe pericial que sufre de graves errores y carencias (tal y como el propio Juzgador ha percibido y reconocido expresamente). Al mismo tiempo, justificaremos la validez y el rigor del contrainforme presentado por la demandada.

5. En la Alegación Quinta expondremos los motivos por los cuales no cabe recurrir en este caso a la estimación judicial, al no cumplirse los requisitos para ello: no es de aplicación la facultad de estimación judicial del artículo 17.1 de la Directiva, pero si lo fuera, no se cumplen los requisitos establecidos en dicho artículo ni en la sentencia del TJUE en el asunto Tráficos Manuel Ferrer.

6. En la Alegación Sexta argumentaremos la prescripción de la acción.

7. En la Alegación Séptima defenderemos la aplicación de la figura del passing on.

8. En la Alegación Octava explicaremos la cuestión del interés.

9. Por último, en la Alegación Novena, ofreceremos la conclusión de nuestro recurso de apelación".

Termina suplicando que: "conforme a lo solicitado en el presente recurso de apelación, dicte sentencia por la que revoque la Sentencia número 18/2024, de 5 de febrero, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 19 de Madrid y acuerde, en consecuencia, la desestimación íntegra de la demanda con imposición de las costas a la parte demandante".

La parte apelada se opone al recurso de apelación y solicita su desestimación y la confirmación de la sentencia apelada.

SEGUNDO.-Para la resolución del recurso de apelación debemos partir de los siguientes hechos: VICEMO S.L. adquirió los siguientes vehículos

Las sociedades MAN SE; MAN Truck Bus AG; MAN Truck Bus Deutschland GmbH; Daimler AG; Fiat Chrysler Automobiles N.V.; CNH Industrial N.V.; Iveco S.p.A.; Iveco Magirus AG; AB Volvo; Volvo Lastvagnar AB; Renault Trucks SAS; Volvo Group Trucks Central Europe GmbH; PACCAR Inc.; DAF Trucks Deutschland GmbH; y DAF Trucks N.V. fueron partícipes en conductas restrictivas de la competencia realizadas desde el 17 de enero de 1997 hasta 18 de enero de 2011 (con una acotación temporal más significativa en el caso de MAN SE y las empresas de su grupo), según consta en la Decisión de la Comisión adoptada en fecha 19 de julio de 2016, que fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) en fecha 6 de abril de 2017. El ilícito consistió en acuerdos o prácticas concertadas entre competidores con el fin de alinear los precios brutos de los camiones medios (entre 6 y 16 Tm) y pesados (de más de 16 TM) en el espacio económico europeo, así como sobre el calendario y repercusión de los costes para la introducción de tecnologías de emisiones exigida por la normativa europea. Por esa causa resultó sancionada Iveco S. p A. a pagar una multa de 494.606.000 euros y junto con ella, pero con determinados límites cuantitativos, las entidades del grupo IVECO, Fiat Chrysler Automobiles NV, Iveco Magirus AG y CNH Industrial NV.

La petición de la parte demandante se fundamenta en la decisión de la Comisión al entender que la conducta anticompetitiva llevada a cabo por las demandadas provocó un sobreprecio en la compraventa de los vehículos relacionados anteriormente que ha tenido que soportar injustamente.

TERCERO.- Sobre la prescripción de la acción

Por razones de método, la siguiente cuestión a dilucidar en el presente recurso es la relativa a la prescripción de la acción, cuestión que fue expresamente rechazada por el juez a quo al entender que el plazo de prescripción era el de cinco años ya que fue el transpuesto en la legislación española el RD-Ley 9/2017, de 26 de mayo, de reforma de la LDC, siempre que no se hubiese consolidado la situación a la fecha de expiración del plazo de transposición de la citada Directiva UE 2014/104, el cual terminaba el 27 de diciembre de 2016, lo que hubiera exigido que esta fecha se hubiera ya agotado el plazo de prescripción que antes hubiera podido regir. En cuanto al dies a quo debe de aplicarse el cómputo desde la fecha de la publicación de la Resolución de la Comisión, que se establece en el Resumen de la referida Decisión de la Comisión de 19 de julio de 2016 en fecha 6 de abril de 2017, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto AT.39824 - Camiones).

En relación a esta cuestión debe traerse a colación la sentencia del TJUE de 22 de junio de 2022 (asunto c-267/20), que supuso un vuelco en el enfoque de esta problemática. En primer lugar, porque ha dejado claro que, en principio, el momento más adecuado para la fijación del "dies a quo" para el inicio del cómputo de la prescripción es el de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) del resumen de la Decisión de la Comisión sobre el denominado cártel de los camiones, lo que se produjo con fecha 6 de abril de 2017, ya que es a partir de entonces que se habría proporcionado información suficiente al interesado para el ejercicio de la acción y no antes de ello. Y, en segundo término, porque permite aplicar el plazo mínimo de cinco años ( artículo 10 de la Directiva 2014/104), que fue el incorporado a España por el RDL 9/2017, siempre que no se hubiese consolidado la situación a la fecha de expiración del plazo de transposición de la directiva (27 de diciembre de 2016), lo que hubiera pasado porque entonces se hubiera ya agotado el plazo de prescripción.

El parecer del Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos vincula ( artículo 4 bis de la LOPJ, introducido por la LO 7/2015, en relación con el artículo 267 del TFUE) y además también lo ha hecho suyo la Sala 1ª del TS español en las sentencias 941/2023, de 13 de junio, 949/2023, de 14 de junio, y 950/2023, de 14 de junio.

La aplicación de este principio nos lleva a confirmar la decisión del juez de instancia. Según consta en el sistema de gestión procesal, la demanda se presentó el 24 de febrero de 2023; dado que el dies a quo se fija en el 6 de abril de 2017 y que constan en autos diversos correos electrónicos y burofaxes planteando a la demandada una reclamación extrajudicial (documentos 12 a 23 de la demanda), que interrumpirían la prescripción, con arreglo a lo dispuesto en el art. 1973 del Código Civil, siendo la última de 6 de octubre de 2021, recibida en las oficinas de la demandada en Madrid el 8 de octubre de 2021 y en las de Turín el 19 de octubre de 2021 (documentos 21 y 22 de la demanda), la demanda estaría presentada dentro del plazo, por lo que en modo alguno puede considerarse prescrita. Por lo tanto, reafirmamos la desestimación de esta excepción.

CUARTO.- Sobre la existencia de daño y la relación de causalidad

La apelante defiende en su recurso que la conducta sancionada por Decisión de la Comisión no necesariamente habría tenido que producir un impacto en el mercado. Considera que no cabe presumir, como lo hace la resolución recurrida, que el cártel hubiera generado un daño a la demandante.

Como ya hemos adelantado, la conducta ilícita consistió en acuerdos colusorios sobre la fijación de precios y el incremento de los precios brutos de camiones en el Espacio Económico Europeo (EEE), así como sobre el calendario y la repercusión de los costes relativos a la introducción de tecnologías de emisiones para esos camiones. Así resulta de manera explícita de la Decisión de la Comisión de fecha 19 de julio de 2016, relativa al conocido como el cártel de los camiones. Además, como también figura en ella, el alcance geográfico de la infracción se extendió a todo el espacio europeo (EEE) durante toda la duración de la infracción. No se limitaba a apreciar la conducta de intercambio de información en sí misma, sino que se refería también a los efectos de ese intercambio (precios netos, aumentos de precios, etc.). Los destinatarios de la Decisión estuvieron directamente involucrados en la discusión de precios e incrementos de precios (así lo ha venido a reconocer además la jurisprudencia sobre este caso, tal como la sentencia de la Sala 1ª del TS nº 948/2023, de 14 de junio). Asimismo, incluso si la conducta se hubiera limitado al intercambio de información sobre precios, ello no permitiría ignorar que el intercambio de información estratégica posibilita a las empresas competidoras conocer el precio que se puede fijar, que no va a resultar determinado por la búsqueda de la eficiencia empresarial sino conforme a una competencia alterada por la conducta infractora, en cuanto se suprime la incertidumbre sobre el comportamiento que tendrán en el mercado las empresas partícipes.

El efecto vinculante de las decisiones de la Comisión respecto a la existencia de la infracción (conocida como regla de supremacía) es una constante en el Derecho comunitario. Así se señalaba en el art. 16 del Reglamento 1/2003, en la Comunicación de la Comisión relativa a la Cooperación entre la Comisión y los Órganos Jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE, punto 13, y en la STJCE de 13 de abril de 1994, as. C-128/1992, "Banks" (22-23). Es por ello que lo que debe valorarse es la producción de daño como consecuencia de la actuación anticompetitiva. Para ello debe determinarse el marco jurídico que debemos aplicar, teniendo en cuenta que la conducta infractora se llevó a cabo entre el 17 de enero de 1997 y el 18 de enero de 2011. En este sentido debe recordarse que la aplicación de la Directiva 2014/104/UE no se determina en función de la fecha de la resolución de la autoridad de Competencia o del momento de interposición de la demanda, sino en la propia conducta anticompetitiva. Por lo que en el caso que nos ocupa no podemos acudir, de manera general e indiferenciada (al margen de las matizaciones que efectúa la jurisprudencia del TJUE - sentencia del TJUE de 22 de junio de 2022, asunto c-267/20), a la aplicación de la normativa de carácter sustantivo de la Directiva 2014/104/UE y a su norma de transposición al Derecho español, el Real Decreto Ley 9/2017 (que modificó la Ley 15/2007, de Defensa de la competencia), dado que la fecha de ocurrencia de los hechos es anterior a la vigencia de esas normativas. El principio de interpretación conforme a directiva tiene su límite en los postulados de la no retroactividad y de la seguridad jurídica que rigen en el Derecho de la Unión, por lo que los acontecimientos que aquí nos ocupan quedan fuera de su ámbito de aplicación temporal. La irretroactividad de la nueva normativa sustantiva está además enunciada en el artículo 22 de la Directiva y en la disposición transitoria primera del RDL 9/2017. La doctrina jurisprudencial comunitaria ( sentencia del TJUE de 22 de junio de 2022, asunto c-267/20) ha tenido ya la oportunidad de precisar que la previsión del artículo 17 apartado 2 de la Directiva 2014/104 es una norma sustantiva que no puede aplicarse a un cártel como el de los camiones que finalizó (18 de enero de 2011) antes de que expirara el plazo de transposición de esa regulación comunitaria (27 de diciembre de 2016). La acción de reclamación debe quedar sustentada, por lo tanto, en la tradicional responsabilidad civil extracontractual ( artículo 1902 del C. Civil y sentencia de la Sala 1ª del TS 651/2013, de 7 de noviembre, sobre el cártel del azúcar), en relación con las previsiones contenidas en el artículo 101 del TFUE, que considera ilícitos los acuerdos colusorios, y en el artículo 16 del Reglamento (CE) 1/2003, que obliga a la aplicación uniforme de la normativa comunitaria de la competencia y a que los tribunales tengan presente el sentido de las Decisiones adoptadas por la Comisión europea. A la luz, todo ello, de la jurisprudencia que emana del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dado que se trata de materia que interesa al Derecho comunitario.

Ahora bien, la conclusión favorable a la producción de daño por causa de una conducta anticompetitiva ya podía efectuarse acudiendo al mecanismo jurídico del establecimiento de presunciones, incluso en los escenarios previos a los de la aplicación de la Directiva 2014/104/UE de daños, atendiendo al Derecho nacional y conforme al principio de efectividad. Lo que ocurre es que no bastará con la acreditación de un modo inespecífico del sufrimiento de daño, sino que resultará preciso aportar también los elementos de juicio precisos para que pueda procederse a la cuantificación en el caso concreto de cuál fue su magnitud, con arreglo a un estándar de prueba que permita apreciarlo con un mínimo de objetividad.

Este tribunal ha asumido, como ya se ha explicado en numerosas sentencias (sentencias números 2/2023, de 28 de abril, 3/2003, de 19 de mayo, 14/2023, de 9 de junio o 22/2023 de 7 de julio, entre otras muchas, de la sección 32ª,de la Audiencia Provincial de Madrid), que la teoría económica y los estudios empíricos constatan que cualquier tipo de cártel afecta a los precios. Como señala la Guía Práctica que acompaña a la Comunicación de la Comisión sobre la cuantificación del perjuicio en las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de los artículos 101 o 102 TFUE (140), infringir las normas de competencia expone a los miembros del cártel al riesgo de ser descubiertos y, por tanto, a ser objeto de una decisión por la que se declare una infracción y se impongan multas. El mero hecho de que las empresas participen, a pesar de todo, en tales actividades ilegales indica que esperan obtener sustanciales beneficios de sus acciones, es decir, que el cártel produzca efectos en el mercado, y, por consiguiente, en sus clientes.

Como ya hemos indicado la conducta anticompetitiva ya ha sido declarada por la autoridad competente y de su Decisión se infiere que unos fabricantes, han estado intercambiando información y actuado durante determinado tiempo manipulando mediante acuerdos los precios brutos de los camiones en el espacio económico europeo. Se trata, por lo tanto, de un mecanismo artificioso, ajeno al libre funcionamiento del mercado, con la potencialidad suficiente para condicionar los precios que se irán luego aplicando en las fases sucesivas de comercialización de los bienes afectados por la manipulación, pues media una conexión lógica y temporal con la operativa del cártel. No podemos negar que la incidencia del cártel es, no obstante, de índole difusa, pues va propagándose de manera sucesiva por el mercado en un escenario no exento de complejidades. Pero lo normal, porque así lo dicta la lógica más elemental, es que la interferencia ocasionada en inicio sobre los precios brutos se acabe trasladando, en alguna medida, a esos otros estadios posteriores de circulación de la mercancía, hasta llegar, de algún modo, al precio final pagado por los adquirentes. Si se protege la libre competencia es también para evitar que aquél resulte alterado de una manera artificial. Por lo tanto, consideramos lógico adoptar como punto de partida que parte de un razonamiento presuntivo, que la conducta de los cartelistas durante la vigencia del cártel era potencialmente generadora de daños a los adquirentes finales de los productos. Dada la gran extensión temporal y espacial que se aprecia en la operativa desplegada, es posible presumir que el cártel (incluso si se limitase al intercambio de información sobre precios) habría tenido alguna clase de incidencia en el precio final aplicado a los consumidores. Por otro lado, eso es lo que justificaría el riesgo que se asumía al obrar de ese modo.

Las Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/ C 11/01), que sustituyeron a las Directrices de la Comisión sobre la aplicabilidad del artículo 81 TCE a los acuerdos de cooperación horizontal (DOCE 2001/ C 3/02), se refieren al intercambio de información en su apartado 73 del siguiente modo: "Es particularmente probable que el intercambio de información sobre las intenciones individuales de las empresas en cuanto a su conducta futura relativa a precios o cantidades desemboque en un resultado colusorio. La información recíproca sobre tales intenciones puede permitir a los competidores llegar a un nivel común de precios más elevado sin correr el riesgo de perder cuota de mercado o de desencadenar una guerra de precios durante el periodo de ajuste a los nuevos precios."

Como ha señalado la Sala 1ª del TS en las sentencias nº 924/2023, de 12 de junio, 946/2023, de 14 de junio, 948/2023, de 14 de junio, 949/2023, de 14 de junio y 950/2023, de 14 de junio, "ha existido una infracción del Derecho de la competencia de enorme gravedad por su duración (14 años), por su extensión espacial (todo el EEE), por la cuota de mercado de los fabricantes implicados en el cártel (aproximadamente un 90%) y, debe añadirse, por la naturaleza de los acuerdos colusorios (no solo el intercambio de información sobre datos concurrenciales sensibles sino también la discusión y acuerdos sobre fijación e incremento de precios brutos). // Y con base en estos hechos y en la propia racionalidad económica de la existencia de un cártel de estas características (con una alta exposición al riesgo de elevadas sanciones, cuya asunción carecería de lógica en ausencia de todo beneficio), aplicando las reglas del raciocinio humano y las máximas de experiencia (reflejadas muchas de ellas en los documentos elaborados por las instituciones de la Unión Europea, como es el caso de la Guía práctica para cuantificar el perjuicio en las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de los arts. 101 o 102 TFUE ), puede presumirse que la infracción ha producido un daño en los compradores de los productos afectados por el cártel, consistente en que han pagado un precio superior al que hubieran pagado si el cártel no hubiera existido."

A la vista de los anteriores argumentos, la conducta infractora en la que participó la demandada tuvo influencia en los precios finales pagados por los clientes produciendo un sobreprecio en los mismos.

QUINTO.- Sobre la cuantificación del daño y su estimación judicial

En lo relativo a la prueba del daño debe destacarse que la demandante aportó con su demanda el informe pericial elaborado por ZUNZUNEGUI Y SOBRINO ASOCIADOS, SL. Este informe ya ha sido objeto de análisis por esta Sala en diversas sentencias (19 de mayo de 2023 y 6 de octubre de 2023). El dictamen intenta ofrecer una hipótesis de cuantificación del daño que persigue ajustarse al caso del cártel de camiones y trata de determinar la magnitud del menoscabo patrimonial sufrido por el perjudicado a partir de un procedimiento econométrico reconocible. Tomaba como referencia la Guía práctica de la Comisión europea del año 2013 para la cuantificación del perjuicio en las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de los artículos 101 o 102 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea y empleaba tanto el método "forecasting approach" a través de estimaciones de modelos de demanda, así como de series temporales, para calcular los precios alternativos que habrían regido "si no hubiera habido colusión", como el enfoque "benchmarks" analizando lo que ha sucedido en los mercados afectados por el cártel en un período posterior -2012-2016- para dotar de robustez al análisis. El esfuerzo se centró en analizar aquellos países europeos que publican Índices de Precios Industriales (IPRIs) específicos de camiones, seleccionando los más representativos e importantes del continente europeo. Asimismo, analizaba los informes anuales de algunas de las empresas involucradas en el cártel a nivel europeo. Y a través del Eurostat accedieron a la lista de productos de las estadísticas de Producción Comunitaria (Prodcom) seleccionando los códigos correspondientes con los camiones de entre 5 y 20 toneladas para extraer el valor de la producción y las unidades producidas. Se trató en el dictamen de obtener un índice de precios global para los camiones a nivel europeo que poder comparar con el Índice de Precios Industriales general de vehículos de motor a nivel europeo (Método Comparativo de Índices de Precios Anidados) y así deducir el sobreprecio o "efecto Cártel" que se concretaba en la pericia en un porcentaje medio para el periodo analizado del 16,68%. Sin embargo, los datos utilizados y sus conclusiones resultaban objetables, pues fueron atinadamente rebatidos en el dictamen de la contraparte y las reservas fueron compartidas por el juez a quo, sin que ello haya sido objeto de recurso por la parte actora, lo que nos releva de tener que revisar ese análisis en esta segunda instancia. Partimos, por lo tanto, de que el resultado que ofrecía ese dictamen pericial se enfrentaba a reparos de suficiente peso como para que no pudiera darse por bueno, pues resultaba comprometida la fiabilidad del cálculo del sobreprecio que allí se señalaba (16,68%). Nos parece correcto que el juez a quo no diera pie a que un dictamen con respecto al cual había apreciado deficiencias relevantes pudiera provocar una cuantificación superior a la que correspondiese al daño verdaderamente generado, ni corriese el riesgo de imponer condenas resarcitorias que no se aviniesen con los efectos realmente generados por el infractor.

Por su parte la demandada presentó el informe pericial de COMPAS LEXECON que concluye que no existe evidencia de que la conducta anticompetitiva efectivamente provocara un incremento de los precios de venta a clientes finales.

No podemos aceptar, como tampoco lo hizo el juez de instancia, que el informe de Compass Lexecom ofrezca una cuantificación alternativa del daño. Este informe sostiene que la conducta cartelista no habría generado un impacto significativo en los precios de venta de camiones de la marca concernida en España. Para ello, se tienen en cuenta los precios netos pagados por los concesionarios (además de otros datos, como los costes de producción y distribución), se aplica un método de comparación temporal durante y después del periodo de infracción, con aplicación de un análisis de regresión. Sin embargo, la conclusión que extrae nos genera dudas sobre el modo de aplicación del método seleccionado y/o la muestra utilizada. Porque concluir que un cártel tan prolongado en el tiempo y de tal extensión objetiva y subjetiva, que se refiere a los principales fabricantes de los vehículos afectados y que tiene por objeto la fijación de precios, entre otros aspectos que igualmente inciden sobre los precios, no ha ocasionado sobrecoste suficientemente relevante en el caso de los camiones de la marca de uno de los principales fabricantes europeos que estuvo implicado en la maniobra anticompetitiva nos parece, sencillamente, un aserto escasamente verosímil. Una conclusión tan extrema sugiere que la elaboración del informe, que se ha basado además en los datos cuya fuente es el entorno de la propia demandada, presenta sesgos que dan lugar a resultados incompatibles con el principio de normalidad, con la teoría económica, con las evidencias empíricas y con las circunstancias del caso (naturaleza de la conducta y extensión temporal, espacial, subjetiva y objetiva). Por otro lado, como críticas de método, tendría que haberse manejado al confeccionar el informe los precios objetivos y de mercado, no solo los precios netos de transferencia que permanecen en el contexto interno de la red de la entidad demandada.

Ahora bien, el que no aceptemos el informe pericial solicitado por la actora no implica que la misma no hay desplegado la actividad necesaria para poder determinar la cuantía del daño, pudiendo aplicarse la estimación judicial para su cuantificación.

La jurisprudencia más reciente se ha mostrado además muy flexible con el establecimiento del estándar mínimo de prueba preciso poder realizar una estimación judicial del daño, dada la clara desproporción en la situación de los litigantes que convertiría en claramente antieconómica la reclamación judicial del demandante si se es excesivamente riguroso en la exigencia de un estándar de prueba, llegando incluso a admitirse dictámenes meramente estadísticos puedan resultar suficientes en estos casos de los cárteles para cumplir con la carga que incumbe al demandante de efectuar un esfuerzo para tratar de cuantificar daño que, de por sí, es muy difícil de concretar en una cifra determinada.

Esta Sala ya ha considerado (sentencia 24 julio de 2024), que no puede desestimarse la demanda porque el informe presentado no sea suficiente a los efectos de determinar el sobreprecio sufrido por la demandante, ya que, constituye un principio general del Derecho de la competencia que cualquier persona tiene derecho a solicitar la reparación del perjuicio que le haya irrogado un comportamiento que pueda restringir o falsear el juego de la competencia ( sentencias del Tribunal de Justicia (UE) de 20 de septiembre de 2001, caso Courage, asunto C-453/99, y de 13 de julio de 2006, caso Manfredi, asuntos acumulados C-295/04 a C-298/04). La sentencia del TJUE de 22 de junio de 2022 (asunto c-267/20) ha venido a aclarar que la facultad judicial de estimación del daño ( artículo 17, apartado primero, de la Directiva 2014/104) constituye una disposición procesal que resulta aplicable a las acciones de daños que, aunque se refiriesen a una infracción del Derecho de la competencia finalizada con anterioridad, hubieran sido ejercitadas tras su entrada en vigor. La estimación judicial del daño presupone que el órgano jurisdiccional nacional haya comprobado que se ha acreditado la existencia de perjuicio y que resulta prácticamente imposible o excesivamente difícil cuantificarlo con precisión, tomando en consideración el conjunto de los parámetros que llevan a tal conclusión, cuando ello no se deba a un problema creado por la mera inactividad de la parte demandante ( sentencia del Tribunal de Justicia -TJUE- de 16 de febrero de 2023, asunto C-312/21).

Como dice el Tribunal Supremo en la sentencia de 18 de diciembre de 2025 (ECLI:ES:TS: 2025:5857): "16.- En un caso como el presente, no consideramos que pueda apreciarse una inactividad probatoria de la parte demandante que hiciera improcedente la estimación judicial del daño. Por eso, que hayamos considerado inadecuado el informe para la cuantificación del sobrecoste y, por tanto, hayamos rechazado sus conclusiones, no supone, sin más, la inactividad de la parte demandante. Sobre todo, si tenemos en cuenta que, a las dificultades propias de la cuantificación del daño en asuntos de competencia a que hacían referencia los apartados 17 y 123 de la citada Guía práctica, se suman las derivadas de las especiales características del cártel de los camiones. (...) 17.- Esta valoración viene avalada por la interpretación sistemática y teleológica del art. 101.1 TFUE y la necesidad de garantizar su plena eficacia y del efecto útil, por la que los órganos jurisdiccionales nacionales también deben velar, según resulta de la jurisprudencia reiterada del TJUE ( STJUE de 12 de noviembre de 2019 (asunto C-435/18 , Otis y otros, ECLI: EU:C:2019:1069 )".

En este sentido, el Tribunal Supremo se ha mostrado muy flexible con el establecimiento del estándar mínimo de prueba preciso para realizar una estimación judicial del daño. Así se refleja en las sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo nº 924/2023, de 12 de junio, 925/2023, de 12 de junio, 927/2023 de 12 de junio y 940/2023, de 13 de junio donde se señala que deben tenerse presentes las dificultades que supone enfrentarse a un cártel de extensa duración, de ámbito geográfico amplio y con singularidad en los productos afectados. La jurisprudencia subraya que en esa clase de casos "las propias características de este cártel contribuyen a considerar que, en este caso, la falta de idoneidad del informe presentado por el demandante para cuantificar el sobreprecio no supone una inactividad que impida la estimación judicial".Y advierte que se produce en estos casos una clara desproporción en la situación de los litigantes que convertiría en claramente antieconómica la reclamación judicial del demandante si se es excesivamente riguroso en la exigencia de un estándar de prueba. En estas resoluciones se llega a admitir que incluso dictámenes meramente estadísticos puedan resultar suficientes en estos casos de los cárteles para cumplir con la carga que incumbe al demandante de efectuar un esfuerzo para tratar de cuantificar daño que, de por sí, es muy difícil de concretar en una cifra determinada.

Por ello, y por las circunstancias expuestas, consideramos que concurren los presupuestos para aplicar la estimación judicial del daño que realizó el juez a quo, a fin de conjugar el derecho al pleno resarcimiento de la demandante y la dificultad para la cuantificación del daño.

El porcentaje aplicado del 5% sobre el precio de compra coincide con el que esta Sección ha asumido como referencia de partida para el cálculo de la indemnización, criterio que ha sido respaldado por las últimas Sentencias del Tribunal Supremo (por todas las ya citadas) para materializar la estimación judicial del daño en un mínimo razonable a falta de la presentación de una valoración alternativa más adecuada, que en este caso hemos descartado que se diera. Por lo que debe confirmarse la sentencia apelada en este extremo.

SEXTO. - Sobre la repercusión del sobreprecio

Entiende la parte apelante que: "Sin embargo, asumiendo tal hipotético sobreprecio (que negamos), la parte demandante debe además acreditar dos hechos adicionales que la parte demandante y su perito han ignorado por completo en primer lugar, y desde la primera vez que los vehículos fueron comercializados en España por IVECO ESPAÑA, deberá acreditarse que el concesionario o intermediario al que IVECO ESPAÑA vendió los vehículos ha repercutido, efectivamente, dicho supuesto sobreprecio "aguas abajo" y que dicho concesionario o intermediario no había absorbido total o parcialmente dicho sobreprecio dentro de sus márgenes de venta; en segundo lugar, debe acreditarse que la parte demandante, en el ejercicio de sus actividades comerciales o profesionales, no ha repercutido dicho sobreprecio "aguas abajo" en el precio de la prestación de sus propios servicios o actividades profesionales o en la posterior venta de los vehículos en caso de que haya transferido el citado vehículos a una tercera persona o entidad. Lo anterior representa las situaciones conocidas en cuanto al "passing on" de los supuestos daños o sobreprecios".

En relación a la defensa del traspaso del daño o "passing on",la sentencia de la Sala 1ª del TS nº 651/2013, de 7 de noviembre, ya señaló la siguiente reflexión jurídica: "Aunque en ocasiones, de un modo reduccionista, se habla del "passing-on" como simple repercusión de precios en el sentido de incremento del precio en el mercado "aguas abajo" en proporción al incremento de precios sufrido en el mercado "aguas arriba", en realidad lo que debe haberse repercutido a los clientes no es el tal incremento del precio sino el perjuicio económico derivado del mismo, el daño. La elevación de los precios de los productos (...) es un requisito necesario para que la repercusión del daño haya tenido lugar, pero no es suficiente. Lo determinante es que el comprador directo frente al que se opone la defensa no haya sufrido daño porque lo haya logrado repercutir a terceros no demandantes. (...) // La jurisprudencia comunitaria ya había mantenido esta afirmación en relación a la defensa del "passing-on" frente a la reclamación de devolución de tributos y gravámenes contrarios al Derecho comunitario. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que incluso en el supuesto de que se demuestre que el tributo recaudado indebidamente ha sido repercutido sobre terceros, la devolución del mismo al agente económico no implica necesariamente un enriquecimiento sin causa de este último, ya que el hecho de incluir el importe de dicho tributo en los precios que practica puede ocasionarle un perjuicio relacionado con la disminución del volumen de sus ventas (sentencia, de Pleno, de 14 de enero de 1997, caso Société Comateb y otros contra Directeur général des douanes et droits indirects , asuntos acumulados C-192/95 a C-218/95 ; sentencia, Sala Quinta, de 21 de septiembre de 2000, caso Kapniki Michaïlidis AE contra Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA ) , asuntos acumulados C- 441/98 y C-442/98 ; sentencia, Sala Quinta, de 2 de octubre de 2003, caso Weber's Wine World Handels-GmbH y otros contra Abgabenberufungskommission Wien , asunto C -147/01 ; y sentencia, Gran Sala, de 6 de septiembre de 2011, caso Lady Kid y otros contra Skatteministeriet ).// Por tanto, en el caso de reclamación indemnización por los daños causados por la actuación del cartel consistente en la concertación del incremento de precios, no es suficiente probar que el comprador directo ha aumentado también el precio de sus productos. Es necesario probar que con ese aumento del precio cobrado a sus clientes ha logrado repercutir el daño sufrido por el aumento del precio consecuencia de la actuación del cártel. Si el aumento de precio no ha logrado repercutir todo ese daño porque se ha producido una disminución de las ventas (debido a que otros competidores no han sufrido la actuación del cártel y han arrebatado cuota de mercado, nacional o internacional, a quienes sí la han sufrido, o a que la demanda se ha retraído ante el aumento del precio, etc.), no puede estimarse la defensa del "passing-on" o no puede hacerse en su totalidad".

Este tribunal considera que no basta con planteamientos puramente hipotéticos e inconcretos, como los que se nos someten en el recurso, para poder admitir la defensa del "passing on" en este caso. Con lo que, por las meras alegaciones de la apelante, no podemos considerar debidamente acreditado que el concesionario hubiera absorbido el sobreprecio en sus márgenes comerciales y, en consecuencia no lo hubiera repercutido a la compradora, tampoco que lo haya repercutido a través de su actividad comercial, ni que la demandante haya vendido el vehículo posteriormente y hubiera recuperado parte de dicho importe, lo que en abstracto resulta difícil considerar pues se trataría de un vehículo de segunda mano que sufre una importante depreciación de su valor original.

Es más, en lo concerniente a la repercusión del sobreprecio en la actividad comercial de la actora, como ya dijimos en nuestra sentencia de 7 de marzo de 2025, el planteamiento de la defensa de la recurrente incurre en una aporía, ya que según su línea de pensamiento, para enjugar el sobreprecio soportado, el adquirente necesariamente habría procedido a repercutirlo mediante la elevación del precio de los bienes y servicios que oferta; pero eso se traduciría, siguiendo la lógica reacción del mercado, en una menor ventaja competitiva para su oferta empresarial, que al resultar más cara provocaría una reducción de ventas en un mercado altamente competitivo. Con lo que esta consecuencia vendría a suponer entonces un daño patrimonial por lucro cesante del que tendría derecho a ser resarcido el demandante a costa del cartelista. A lo que debe añadirse la dificultad evidente que podría conllevar que se operase una repercusión completa y perfecta, o en un grado debidamente determinado, a los consumidores finales del sobrecoste padecido.

También alude la apelante en su escrito de recurso a que: "La parte demandante no es un consumidor final, sino que utilizó los vehículos para realizar actividades profesionales y para la prestación de servicios profesionales. Lo anterior significa que los vehículos constituyen un bien comercial que se utiliza para una actividad profesional. El coste de adquisición de dicho activo comercial es amortizado por la empresa en un plazo máximo, según la normativa aplicable, de cinco a diez años. En consecuencia, hay que tener en cuenta que la parte demandante debería haber realizado ya la amortización fiscalmente deducible de los vehículos respecto a la totalidad de su precio de adquisición. Así, en sus declaraciones fiscales, la parte demandante debería haber incluido el coste de adquisición de los vehículos como un gasto totalmente deducible fiscalmente, lo que dará lugar a una reducción equivalente en la base imponible del mismo y, en consecuencia, la parte demandante habrá pagado menos impuestos (o habrá obtenido un crédito fiscal en el caso de que la parte demandante haya registrado pérdidas en el ejercicio)".

En lo que se refiere a las desgravaciones o deducciones a las que pueda acogerse legalmente el perjudicado por la adquisición del bien, hemos de decir que en absoluto dan lugar a una compensación por los daños que deba ser deducida de la indemnización a satisfacer por el infractor ( sentencias de la sección 28ª del AP de Madrid de 10 de diciembre de 2021 y 8 de julio de 2022 , sentencias de la sección 32ª de la AP de Madrid 2/2023, de 28 de abril y 68/2025 de 7 de marzo). Con el cumplimiento de las obligaciones contables o tributarias en los términos previstos legalmente el perjudicado por la conducta ilícita no se está compensando por el daño sufrido, ni ese cumplimiento de obligaciones representa un "lucro" compensable. La regla de la compensatio lucri cum damno tiene su fundamento en la responsabilidad contractual ex artículo 1106 del Código Civil respecto a la liquidación de daños indemnizables y se sustenta en ventajas que deben derivar de los propios hechos generadores de la responsabilidad, lo que no es el caso.

SÉPTIMO.- Sobre los intereses

En el recurso se impugna el pronunciamiento de condena al pago de intereses desde la fecha de adquisición del vehículo hasta la fecha de la sentencia ya que la recurrente considera que sólo deben ser aplicables, en su caso, a partir de la fecha de la sentencia.

La actualización de la indemnización con el interés legal obedece a que se trata de una deuda de valor que debe actualizarse y no al pago de intereses moratorios, lo que está admitido por la jurisprudencia.

Ya la Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 2016, Manfredi, asuntos acumulados C-295/04 a C- 298/04 (apartados 95, 100 y parte dispositiva), señaló que: "...en virtud del principio de efectividad y del derecho de toda persona a solicitar la reparación del perjuicio causado por un contrato o un comportamiento que pueda restringir o falsear el juego de la competencia, los perjudicados no sólo deben poder solicitar reparación del daño emergente, sino también del lucro cesante, así como el pago de intereses". Añadiendo, en el apartado 97 con cita del apartado 31 de la Sentencia de 2 de agosto de 1993, Marshall (C-271/91 ) que la concesión de los intereses, según las normas nacionales aplicables, constituye un elemento indispensable de la indemnización. En este mismo sentido la Guía indica que: "La adición de intereses también deberá tenerse en cuenta. La concesión de intereses constituye un elemento indispensable de la reparación. Como ha destacado el Tribunal de Justicia, la reparación íntegra del perjuicio sufrido debe incluir la reparación de los efectos adversos ocasionados por el lapso de tiempo transcurrido desde que se produjo el perjuicio causado por la infracción. Estos efectos son la depreciación monetaria y la oportunidad perdida para la parte perjudicada de tener el capital a su disposición. La legislación nacional debe tener en cuenta estos efectos como interés legal u otras formas de interés, siempre que se ajusten a los principios de efectividad y de equivalencia...".También el Tribunal Supremo admite la actualización de la indemnización como deuda de valor (Sentencias de 8 de junio de 2012 y 4 de marzo de 2015).

En consecuencia, procede rechazar el presente motivo de recurso al ser la condena al pago de los intereses reclamados desde la fecha de adquisición del vehículo.

OCTAVO. - Costas

La desestimación del recurso de apelación implica la expresa imposición de las costas derivadas de la segunda instancia a la parte apelante de conformidad con lo establecido en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,

PRIMERO.-La demandante solicita en su escrito rector que: "A) Se declare que la sociedad demandada es responsable de los daños y perjuicios sufridos por mi mandante como consecuencia de la infracción de la infracción del artículo 101 TFUE , sancionada por la Comisión Europea en su Decisión de 19 de julio de 2016 , y en su consecuencia,

B) Se condene a la demandada a indemnizar a la mercantil Vicemo, S.L. en concepto de daños derivados de la colusión en precios en la cifra de 17.674,61€ más 12.250,79€ por los intereses devengados desde la fecha de adquisición de cada uno de los vehículos, esto es del camión con matrícula NUM000 el 30 de diciembre de 2003 y el vehículo con matrícula NUM001 el 25 de junio de 2004 y calculados hasta el 30 de septiembre de 2022, es decir un total de 29.925,40€ más los que se devenguen hasta el pago del principal reclamado, sin perjuicio de verse incrementado el interés legal en dos puntos ( art. 576 LEC ) desde la fecha de notificación de sentencia.

C) Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada.

D) Y subsidiariamente respecto al pedimento anterior de las costas, para el caso de estimación parcial de la presente demanda, se impongan a la parte demandada las costas devengadas para la cuantía de la indemnización finalmente reconocida en sentencia.

SUBSIDIARIAMENTE, solicitamos la estimación por parte de este órgano judicial del 5% del precio neto de adquisición de cada uno de los vehículos como daño producido por la cartelización del mercado, junto a los intereses que en Derecho procedan y las costas del procedimiento y todo ello en virtud del criterio seguido por la Ilma. Audiencia Provincial de Pontevedra, así como otras Audiencias provinciales del territorio español, de acuerdo a lo expuesto en el cuerpo de esta demanda".

La parte demandada además de oponerse al fondo del asunto plantea la excepción prescripción de la acción.

La sentencia dictada en primera instancia dispone en su fallo que: Que, con estimación parcial de la demanda presentada por la representación procesal de VICEMO, S.L., contra IVECO, S.P.A., debo declarar y declaro que esta mercantil, como consecuencia una infracción del Derecho de la Competencia, es responsable del daño causado a la actora, que asciende al 5% del importe de compra de cada uno de los camiones objeto del litigio, condenándola a su pago, así como al pago del interés legal desde la fecha de adquisición de cada uno de los camiones, incrementado en dos puntos desde la fecha de la presente resolución; sin expresa imposición de costas."

Frente la sentencia recaída en la instancia precedente se alza la parte apelante en base a los siguientes alegatos:

"1. La Sentencia considera erróneamente acreditada la existencia de los tres requisitos del art. 1902 CC (acto ilícito, daño y nexo causal), cuando en realidad el demandante limita su insuficiente esfuerzo probatorio a tratar de cuantificar -sin éxito- el daño. Dedicaremos un apartado completo al por qué de la insuficiencia de dicho esfuerzo, pero antes debemos detenernos en la falta de acreditación de una conducta causante de daño y la propia existencia de éste en abstracto.

2. En la Alegación Primera mostraremos cómo, a pesar de que el primer elemento del artículo 1902 CC (existencia de un ilícito) viene dado por la Decisión de la Comisión, la sentencia yerra fatalmente en la comprensión de las características y alcance del ilícito: no se trata de un acuerdo de fijación de precios sino de intercambio de información.

3. En la Alegación Segunda demostraremos que la parte demandante no está exenta de probar el nexo causal entre conducta y supuesto daño, y que fracasa completamente en ese cometido. No puede presumirse el daño, ni por la presunción de la Directiva de Daños (que no es de aplicación), ni por la regla ex re ipsa, que el Tribunal Supremo ha confirmado tampoco es de aplicación, ni es correcto construir una presunción sobre la base del artículo 386 LEC (y el Tribunal Supremo yerra al hacerlo en sus sentencias de Junio 2023).

4. En las Alegaciones Tercera y Cuarta señalaremos cómo el cálculo del daño propuesto por la parte demandante es insostenible, al basarse en un informe pericial que sufre de graves errores y carencias (tal y como el propio Juzgador ha percibido y reconocido expresamente). Al mismo tiempo, justificaremos la validez y el rigor del contrainforme presentado por la demandada.

5. En la Alegación Quinta expondremos los motivos por los cuales no cabe recurrir en este caso a la estimación judicial, al no cumplirse los requisitos para ello: no es de aplicación la facultad de estimación judicial del artículo 17.1 de la Directiva, pero si lo fuera, no se cumplen los requisitos establecidos en dicho artículo ni en la sentencia del TJUE en el asunto Tráficos Manuel Ferrer.

6. En la Alegación Sexta argumentaremos la prescripción de la acción.

7. En la Alegación Séptima defenderemos la aplicación de la figura del passing on.

8. En la Alegación Octava explicaremos la cuestión del interés.

9. Por último, en la Alegación Novena, ofreceremos la conclusión de nuestro recurso de apelación".

Termina suplicando que: "conforme a lo solicitado en el presente recurso de apelación, dicte sentencia por la que revoque la Sentencia número 18/2024, de 5 de febrero, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 19 de Madrid y acuerde, en consecuencia, la desestimación íntegra de la demanda con imposición de las costas a la parte demandante".

La parte apelada se opone al recurso de apelación y solicita su desestimación y la confirmación de la sentencia apelada.

SEGUNDO.-Para la resolución del recurso de apelación debemos partir de los siguientes hechos: VICEMO S.L. adquirió los siguientes vehículos

Las sociedades MAN SE; MAN Truck Bus AG; MAN Truck Bus Deutschland GmbH; Daimler AG; Fiat Chrysler Automobiles N.V.; CNH Industrial N.V.; Iveco S.p.A.; Iveco Magirus AG; AB Volvo; Volvo Lastvagnar AB; Renault Trucks SAS; Volvo Group Trucks Central Europe GmbH; PACCAR Inc.; DAF Trucks Deutschland GmbH; y DAF Trucks N.V. fueron partícipes en conductas restrictivas de la competencia realizadas desde el 17 de enero de 1997 hasta 18 de enero de 2011 (con una acotación temporal más significativa en el caso de MAN SE y las empresas de su grupo), según consta en la Decisión de la Comisión adoptada en fecha 19 de julio de 2016, que fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) en fecha 6 de abril de 2017. El ilícito consistió en acuerdos o prácticas concertadas entre competidores con el fin de alinear los precios brutos de los camiones medios (entre 6 y 16 Tm) y pesados (de más de 16 TM) en el espacio económico europeo, así como sobre el calendario y repercusión de los costes para la introducción de tecnologías de emisiones exigida por la normativa europea. Por esa causa resultó sancionada Iveco S. p A. a pagar una multa de 494.606.000 euros y junto con ella, pero con determinados límites cuantitativos, las entidades del grupo IVECO, Fiat Chrysler Automobiles NV, Iveco Magirus AG y CNH Industrial NV.

La petición de la parte demandante se fundamenta en la decisión de la Comisión al entender que la conducta anticompetitiva llevada a cabo por las demandadas provocó un sobreprecio en la compraventa de los vehículos relacionados anteriormente que ha tenido que soportar injustamente.

TERCERO.- Sobre la prescripción de la acción

Por razones de método, la siguiente cuestión a dilucidar en el presente recurso es la relativa a la prescripción de la acción, cuestión que fue expresamente rechazada por el juez a quo al entender que el plazo de prescripción era el de cinco años ya que fue el transpuesto en la legislación española el RD-Ley 9/2017, de 26 de mayo, de reforma de la LDC, siempre que no se hubiese consolidado la situación a la fecha de expiración del plazo de transposición de la citada Directiva UE 2014/104, el cual terminaba el 27 de diciembre de 2016, lo que hubiera exigido que esta fecha se hubiera ya agotado el plazo de prescripción que antes hubiera podido regir. En cuanto al dies a quo debe de aplicarse el cómputo desde la fecha de la publicación de la Resolución de la Comisión, que se establece en el Resumen de la referida Decisión de la Comisión de 19 de julio de 2016 en fecha 6 de abril de 2017, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto AT.39824 - Camiones).

En relación a esta cuestión debe traerse a colación la sentencia del TJUE de 22 de junio de 2022 (asunto c-267/20), que supuso un vuelco en el enfoque de esta problemática. En primer lugar, porque ha dejado claro que, en principio, el momento más adecuado para la fijación del "dies a quo" para el inicio del cómputo de la prescripción es el de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) del resumen de la Decisión de la Comisión sobre el denominado cártel de los camiones, lo que se produjo con fecha 6 de abril de 2017, ya que es a partir de entonces que se habría proporcionado información suficiente al interesado para el ejercicio de la acción y no antes de ello. Y, en segundo término, porque permite aplicar el plazo mínimo de cinco años ( artículo 10 de la Directiva 2014/104), que fue el incorporado a España por el RDL 9/2017, siempre que no se hubiese consolidado la situación a la fecha de expiración del plazo de transposición de la directiva (27 de diciembre de 2016), lo que hubiera pasado porque entonces se hubiera ya agotado el plazo de prescripción.

El parecer del Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos vincula ( artículo 4 bis de la LOPJ, introducido por la LO 7/2015, en relación con el artículo 267 del TFUE) y además también lo ha hecho suyo la Sala 1ª del TS español en las sentencias 941/2023, de 13 de junio, 949/2023, de 14 de junio, y 950/2023, de 14 de junio.

La aplicación de este principio nos lleva a confirmar la decisión del juez de instancia. Según consta en el sistema de gestión procesal, la demanda se presentó el 24 de febrero de 2023; dado que el dies a quo se fija en el 6 de abril de 2017 y que constan en autos diversos correos electrónicos y burofaxes planteando a la demandada una reclamación extrajudicial (documentos 12 a 23 de la demanda), que interrumpirían la prescripción, con arreglo a lo dispuesto en el art. 1973 del Código Civil, siendo la última de 6 de octubre de 2021, recibida en las oficinas de la demandada en Madrid el 8 de octubre de 2021 y en las de Turín el 19 de octubre de 2021 (documentos 21 y 22 de la demanda), la demanda estaría presentada dentro del plazo, por lo que en modo alguno puede considerarse prescrita. Por lo tanto, reafirmamos la desestimación de esta excepción.

CUARTO.- Sobre la existencia de daño y la relación de causalidad

La apelante defiende en su recurso que la conducta sancionada por Decisión de la Comisión no necesariamente habría tenido que producir un impacto en el mercado. Considera que no cabe presumir, como lo hace la resolución recurrida, que el cártel hubiera generado un daño a la demandante.

Como ya hemos adelantado, la conducta ilícita consistió en acuerdos colusorios sobre la fijación de precios y el incremento de los precios brutos de camiones en el Espacio Económico Europeo (EEE), así como sobre el calendario y la repercusión de los costes relativos a la introducción de tecnologías de emisiones para esos camiones. Así resulta de manera explícita de la Decisión de la Comisión de fecha 19 de julio de 2016, relativa al conocido como el cártel de los camiones. Además, como también figura en ella, el alcance geográfico de la infracción se extendió a todo el espacio europeo (EEE) durante toda la duración de la infracción. No se limitaba a apreciar la conducta de intercambio de información en sí misma, sino que se refería también a los efectos de ese intercambio (precios netos, aumentos de precios, etc.). Los destinatarios de la Decisión estuvieron directamente involucrados en la discusión de precios e incrementos de precios (así lo ha venido a reconocer además la jurisprudencia sobre este caso, tal como la sentencia de la Sala 1ª del TS nº 948/2023, de 14 de junio). Asimismo, incluso si la conducta se hubiera limitado al intercambio de información sobre precios, ello no permitiría ignorar que el intercambio de información estratégica posibilita a las empresas competidoras conocer el precio que se puede fijar, que no va a resultar determinado por la búsqueda de la eficiencia empresarial sino conforme a una competencia alterada por la conducta infractora, en cuanto se suprime la incertidumbre sobre el comportamiento que tendrán en el mercado las empresas partícipes.

El efecto vinculante de las decisiones de la Comisión respecto a la existencia de la infracción (conocida como regla de supremacía) es una constante en el Derecho comunitario. Así se señalaba en el art. 16 del Reglamento 1/2003, en la Comunicación de la Comisión relativa a la Cooperación entre la Comisión y los Órganos Jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE, punto 13, y en la STJCE de 13 de abril de 1994, as. C-128/1992, "Banks" (22-23). Es por ello que lo que debe valorarse es la producción de daño como consecuencia de la actuación anticompetitiva. Para ello debe determinarse el marco jurídico que debemos aplicar, teniendo en cuenta que la conducta infractora se llevó a cabo entre el 17 de enero de 1997 y el 18 de enero de 2011. En este sentido debe recordarse que la aplicación de la Directiva 2014/104/UE no se determina en función de la fecha de la resolución de la autoridad de Competencia o del momento de interposición de la demanda, sino en la propia conducta anticompetitiva. Por lo que en el caso que nos ocupa no podemos acudir, de manera general e indiferenciada (al margen de las matizaciones que efectúa la jurisprudencia del TJUE - sentencia del TJUE de 22 de junio de 2022, asunto c-267/20), a la aplicación de la normativa de carácter sustantivo de la Directiva 2014/104/UE y a su norma de transposición al Derecho español, el Real Decreto Ley 9/2017 (que modificó la Ley 15/2007, de Defensa de la competencia), dado que la fecha de ocurrencia de los hechos es anterior a la vigencia de esas normativas. El principio de interpretación conforme a directiva tiene su límite en los postulados de la no retroactividad y de la seguridad jurídica que rigen en el Derecho de la Unión, por lo que los acontecimientos que aquí nos ocupan quedan fuera de su ámbito de aplicación temporal. La irretroactividad de la nueva normativa sustantiva está además enunciada en el artículo 22 de la Directiva y en la disposición transitoria primera del RDL 9/2017. La doctrina jurisprudencial comunitaria ( sentencia del TJUE de 22 de junio de 2022, asunto c-267/20) ha tenido ya la oportunidad de precisar que la previsión del artículo 17 apartado 2 de la Directiva 2014/104 es una norma sustantiva que no puede aplicarse a un cártel como el de los camiones que finalizó (18 de enero de 2011) antes de que expirara el plazo de transposición de esa regulación comunitaria (27 de diciembre de 2016). La acción de reclamación debe quedar sustentada, por lo tanto, en la tradicional responsabilidad civil extracontractual ( artículo 1902 del C. Civil y sentencia de la Sala 1ª del TS 651/2013, de 7 de noviembre, sobre el cártel del azúcar), en relación con las previsiones contenidas en el artículo 101 del TFUE, que considera ilícitos los acuerdos colusorios, y en el artículo 16 del Reglamento (CE) 1/2003, que obliga a la aplicación uniforme de la normativa comunitaria de la competencia y a que los tribunales tengan presente el sentido de las Decisiones adoptadas por la Comisión europea. A la luz, todo ello, de la jurisprudencia que emana del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dado que se trata de materia que interesa al Derecho comunitario.

Ahora bien, la conclusión favorable a la producción de daño por causa de una conducta anticompetitiva ya podía efectuarse acudiendo al mecanismo jurídico del establecimiento de presunciones, incluso en los escenarios previos a los de la aplicación de la Directiva 2014/104/UE de daños, atendiendo al Derecho nacional y conforme al principio de efectividad. Lo que ocurre es que no bastará con la acreditación de un modo inespecífico del sufrimiento de daño, sino que resultará preciso aportar también los elementos de juicio precisos para que pueda procederse a la cuantificación en el caso concreto de cuál fue su magnitud, con arreglo a un estándar de prueba que permita apreciarlo con un mínimo de objetividad.

Este tribunal ha asumido, como ya se ha explicado en numerosas sentencias (sentencias números 2/2023, de 28 de abril, 3/2003, de 19 de mayo, 14/2023, de 9 de junio o 22/2023 de 7 de julio, entre otras muchas, de la sección 32ª,de la Audiencia Provincial de Madrid), que la teoría económica y los estudios empíricos constatan que cualquier tipo de cártel afecta a los precios. Como señala la Guía Práctica que acompaña a la Comunicación de la Comisión sobre la cuantificación del perjuicio en las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de los artículos 101 o 102 TFUE (140), infringir las normas de competencia expone a los miembros del cártel al riesgo de ser descubiertos y, por tanto, a ser objeto de una decisión por la que se declare una infracción y se impongan multas. El mero hecho de que las empresas participen, a pesar de todo, en tales actividades ilegales indica que esperan obtener sustanciales beneficios de sus acciones, es decir, que el cártel produzca efectos en el mercado, y, por consiguiente, en sus clientes.

Como ya hemos indicado la conducta anticompetitiva ya ha sido declarada por la autoridad competente y de su Decisión se infiere que unos fabricantes, han estado intercambiando información y actuado durante determinado tiempo manipulando mediante acuerdos los precios brutos de los camiones en el espacio económico europeo. Se trata, por lo tanto, de un mecanismo artificioso, ajeno al libre funcionamiento del mercado, con la potencialidad suficiente para condicionar los precios que se irán luego aplicando en las fases sucesivas de comercialización de los bienes afectados por la manipulación, pues media una conexión lógica y temporal con la operativa del cártel. No podemos negar que la incidencia del cártel es, no obstante, de índole difusa, pues va propagándose de manera sucesiva por el mercado en un escenario no exento de complejidades. Pero lo normal, porque así lo dicta la lógica más elemental, es que la interferencia ocasionada en inicio sobre los precios brutos se acabe trasladando, en alguna medida, a esos otros estadios posteriores de circulación de la mercancía, hasta llegar, de algún modo, al precio final pagado por los adquirentes. Si se protege la libre competencia es también para evitar que aquél resulte alterado de una manera artificial. Por lo tanto, consideramos lógico adoptar como punto de partida que parte de un razonamiento presuntivo, que la conducta de los cartelistas durante la vigencia del cártel era potencialmente generadora de daños a los adquirentes finales de los productos. Dada la gran extensión temporal y espacial que se aprecia en la operativa desplegada, es posible presumir que el cártel (incluso si se limitase al intercambio de información sobre precios) habría tenido alguna clase de incidencia en el precio final aplicado a los consumidores. Por otro lado, eso es lo que justificaría el riesgo que se asumía al obrar de ese modo.

Las Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/ C 11/01), que sustituyeron a las Directrices de la Comisión sobre la aplicabilidad del artículo 81 TCE a los acuerdos de cooperación horizontal (DOCE 2001/ C 3/02), se refieren al intercambio de información en su apartado 73 del siguiente modo: "Es particularmente probable que el intercambio de información sobre las intenciones individuales de las empresas en cuanto a su conducta futura relativa a precios o cantidades desemboque en un resultado colusorio. La información recíproca sobre tales intenciones puede permitir a los competidores llegar a un nivel común de precios más elevado sin correr el riesgo de perder cuota de mercado o de desencadenar una guerra de precios durante el periodo de ajuste a los nuevos precios."

Como ha señalado la Sala 1ª del TS en las sentencias nº 924/2023, de 12 de junio, 946/2023, de 14 de junio, 948/2023, de 14 de junio, 949/2023, de 14 de junio y 950/2023, de 14 de junio, "ha existido una infracción del Derecho de la competencia de enorme gravedad por su duración (14 años), por su extensión espacial (todo el EEE), por la cuota de mercado de los fabricantes implicados en el cártel (aproximadamente un 90%) y, debe añadirse, por la naturaleza de los acuerdos colusorios (no solo el intercambio de información sobre datos concurrenciales sensibles sino también la discusión y acuerdos sobre fijación e incremento de precios brutos). // Y con base en estos hechos y en la propia racionalidad económica de la existencia de un cártel de estas características (con una alta exposición al riesgo de elevadas sanciones, cuya asunción carecería de lógica en ausencia de todo beneficio), aplicando las reglas del raciocinio humano y las máximas de experiencia (reflejadas muchas de ellas en los documentos elaborados por las instituciones de la Unión Europea, como es el caso de la Guía práctica para cuantificar el perjuicio en las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de los arts. 101 o 102 TFUE ), puede presumirse que la infracción ha producido un daño en los compradores de los productos afectados por el cártel, consistente en que han pagado un precio superior al que hubieran pagado si el cártel no hubiera existido."

A la vista de los anteriores argumentos, la conducta infractora en la que participó la demandada tuvo influencia en los precios finales pagados por los clientes produciendo un sobreprecio en los mismos.

QUINTO.- Sobre la cuantificación del daño y su estimación judicial

En lo relativo a la prueba del daño debe destacarse que la demandante aportó con su demanda el informe pericial elaborado por ZUNZUNEGUI Y SOBRINO ASOCIADOS, SL. Este informe ya ha sido objeto de análisis por esta Sala en diversas sentencias (19 de mayo de 2023 y 6 de octubre de 2023). El dictamen intenta ofrecer una hipótesis de cuantificación del daño que persigue ajustarse al caso del cártel de camiones y trata de determinar la magnitud del menoscabo patrimonial sufrido por el perjudicado a partir de un procedimiento econométrico reconocible. Tomaba como referencia la Guía práctica de la Comisión europea del año 2013 para la cuantificación del perjuicio en las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de los artículos 101 o 102 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea y empleaba tanto el método "forecasting approach" a través de estimaciones de modelos de demanda, así como de series temporales, para calcular los precios alternativos que habrían regido "si no hubiera habido colusión", como el enfoque "benchmarks" analizando lo que ha sucedido en los mercados afectados por el cártel en un período posterior -2012-2016- para dotar de robustez al análisis. El esfuerzo se centró en analizar aquellos países europeos que publican Índices de Precios Industriales (IPRIs) específicos de camiones, seleccionando los más representativos e importantes del continente europeo. Asimismo, analizaba los informes anuales de algunas de las empresas involucradas en el cártel a nivel europeo. Y a través del Eurostat accedieron a la lista de productos de las estadísticas de Producción Comunitaria (Prodcom) seleccionando los códigos correspondientes con los camiones de entre 5 y 20 toneladas para extraer el valor de la producción y las unidades producidas. Se trató en el dictamen de obtener un índice de precios global para los camiones a nivel europeo que poder comparar con el Índice de Precios Industriales general de vehículos de motor a nivel europeo (Método Comparativo de Índices de Precios Anidados) y así deducir el sobreprecio o "efecto Cártel" que se concretaba en la pericia en un porcentaje medio para el periodo analizado del 16,68%. Sin embargo, los datos utilizados y sus conclusiones resultaban objetables, pues fueron atinadamente rebatidos en el dictamen de la contraparte y las reservas fueron compartidas por el juez a quo, sin que ello haya sido objeto de recurso por la parte actora, lo que nos releva de tener que revisar ese análisis en esta segunda instancia. Partimos, por lo tanto, de que el resultado que ofrecía ese dictamen pericial se enfrentaba a reparos de suficiente peso como para que no pudiera darse por bueno, pues resultaba comprometida la fiabilidad del cálculo del sobreprecio que allí se señalaba (16,68%). Nos parece correcto que el juez a quo no diera pie a que un dictamen con respecto al cual había apreciado deficiencias relevantes pudiera provocar una cuantificación superior a la que correspondiese al daño verdaderamente generado, ni corriese el riesgo de imponer condenas resarcitorias que no se aviniesen con los efectos realmente generados por el infractor.

Por su parte la demandada presentó el informe pericial de COMPAS LEXECON que concluye que no existe evidencia de que la conducta anticompetitiva efectivamente provocara un incremento de los precios de venta a clientes finales.

No podemos aceptar, como tampoco lo hizo el juez de instancia, que el informe de Compass Lexecom ofrezca una cuantificación alternativa del daño. Este informe sostiene que la conducta cartelista no habría generado un impacto significativo en los precios de venta de camiones de la marca concernida en España. Para ello, se tienen en cuenta los precios netos pagados por los concesionarios (además de otros datos, como los costes de producción y distribución), se aplica un método de comparación temporal durante y después del periodo de infracción, con aplicación de un análisis de regresión. Sin embargo, la conclusión que extrae nos genera dudas sobre el modo de aplicación del método seleccionado y/o la muestra utilizada. Porque concluir que un cártel tan prolongado en el tiempo y de tal extensión objetiva y subjetiva, que se refiere a los principales fabricantes de los vehículos afectados y que tiene por objeto la fijación de precios, entre otros aspectos que igualmente inciden sobre los precios, no ha ocasionado sobrecoste suficientemente relevante en el caso de los camiones de la marca de uno de los principales fabricantes europeos que estuvo implicado en la maniobra anticompetitiva nos parece, sencillamente, un aserto escasamente verosímil. Una conclusión tan extrema sugiere que la elaboración del informe, que se ha basado además en los datos cuya fuente es el entorno de la propia demandada, presenta sesgos que dan lugar a resultados incompatibles con el principio de normalidad, con la teoría económica, con las evidencias empíricas y con las circunstancias del caso (naturaleza de la conducta y extensión temporal, espacial, subjetiva y objetiva). Por otro lado, como críticas de método, tendría que haberse manejado al confeccionar el informe los precios objetivos y de mercado, no solo los precios netos de transferencia que permanecen en el contexto interno de la red de la entidad demandada.

Ahora bien, el que no aceptemos el informe pericial solicitado por la actora no implica que la misma no hay desplegado la actividad necesaria para poder determinar la cuantía del daño, pudiendo aplicarse la estimación judicial para su cuantificación.

La jurisprudencia más reciente se ha mostrado además muy flexible con el establecimiento del estándar mínimo de prueba preciso poder realizar una estimación judicial del daño, dada la clara desproporción en la situación de los litigantes que convertiría en claramente antieconómica la reclamación judicial del demandante si se es excesivamente riguroso en la exigencia de un estándar de prueba, llegando incluso a admitirse dictámenes meramente estadísticos puedan resultar suficientes en estos casos de los cárteles para cumplir con la carga que incumbe al demandante de efectuar un esfuerzo para tratar de cuantificar daño que, de por sí, es muy difícil de concretar en una cifra determinada.

Esta Sala ya ha considerado (sentencia 24 julio de 2024), que no puede desestimarse la demanda porque el informe presentado no sea suficiente a los efectos de determinar el sobreprecio sufrido por la demandante, ya que, constituye un principio general del Derecho de la competencia que cualquier persona tiene derecho a solicitar la reparación del perjuicio que le haya irrogado un comportamiento que pueda restringir o falsear el juego de la competencia ( sentencias del Tribunal de Justicia (UE) de 20 de septiembre de 2001, caso Courage, asunto C-453/99, y de 13 de julio de 2006, caso Manfredi, asuntos acumulados C-295/04 a C-298/04). La sentencia del TJUE de 22 de junio de 2022 (asunto c-267/20) ha venido a aclarar que la facultad judicial de estimación del daño ( artículo 17, apartado primero, de la Directiva 2014/104) constituye una disposición procesal que resulta aplicable a las acciones de daños que, aunque se refiriesen a una infracción del Derecho de la competencia finalizada con anterioridad, hubieran sido ejercitadas tras su entrada en vigor. La estimación judicial del daño presupone que el órgano jurisdiccional nacional haya comprobado que se ha acreditado la existencia de perjuicio y que resulta prácticamente imposible o excesivamente difícil cuantificarlo con precisión, tomando en consideración el conjunto de los parámetros que llevan a tal conclusión, cuando ello no se deba a un problema creado por la mera inactividad de la parte demandante ( sentencia del Tribunal de Justicia -TJUE- de 16 de febrero de 2023, asunto C-312/21).

Como dice el Tribunal Supremo en la sentencia de 18 de diciembre de 2025 (ECLI:ES:TS: 2025:5857): "16.- En un caso como el presente, no consideramos que pueda apreciarse una inactividad probatoria de la parte demandante que hiciera improcedente la estimación judicial del daño. Por eso, que hayamos considerado inadecuado el informe para la cuantificación del sobrecoste y, por tanto, hayamos rechazado sus conclusiones, no supone, sin más, la inactividad de la parte demandante. Sobre todo, si tenemos en cuenta que, a las dificultades propias de la cuantificación del daño en asuntos de competencia a que hacían referencia los apartados 17 y 123 de la citada Guía práctica, se suman las derivadas de las especiales características del cártel de los camiones. (...) 17.- Esta valoración viene avalada por la interpretación sistemática y teleológica del art. 101.1 TFUE y la necesidad de garantizar su plena eficacia y del efecto útil, por la que los órganos jurisdiccionales nacionales también deben velar, según resulta de la jurisprudencia reiterada del TJUE ( STJUE de 12 de noviembre de 2019 (asunto C-435/18 , Otis y otros, ECLI: EU:C:2019:1069 )".

En este sentido, el Tribunal Supremo se ha mostrado muy flexible con el establecimiento del estándar mínimo de prueba preciso para realizar una estimación judicial del daño. Así se refleja en las sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo nº 924/2023, de 12 de junio, 925/2023, de 12 de junio, 927/2023 de 12 de junio y 940/2023, de 13 de junio donde se señala que deben tenerse presentes las dificultades que supone enfrentarse a un cártel de extensa duración, de ámbito geográfico amplio y con singularidad en los productos afectados. La jurisprudencia subraya que en esa clase de casos "las propias características de este cártel contribuyen a considerar que, en este caso, la falta de idoneidad del informe presentado por el demandante para cuantificar el sobreprecio no supone una inactividad que impida la estimación judicial".Y advierte que se produce en estos casos una clara desproporción en la situación de los litigantes que convertiría en claramente antieconómica la reclamación judicial del demandante si se es excesivamente riguroso en la exigencia de un estándar de prueba. En estas resoluciones se llega a admitir que incluso dictámenes meramente estadísticos puedan resultar suficientes en estos casos de los cárteles para cumplir con la carga que incumbe al demandante de efectuar un esfuerzo para tratar de cuantificar daño que, de por sí, es muy difícil de concretar en una cifra determinada.

Por ello, y por las circunstancias expuestas, consideramos que concurren los presupuestos para aplicar la estimación judicial del daño que realizó el juez a quo, a fin de conjugar el derecho al pleno resarcimiento de la demandante y la dificultad para la cuantificación del daño.

El porcentaje aplicado del 5% sobre el precio de compra coincide con el que esta Sección ha asumido como referencia de partida para el cálculo de la indemnización, criterio que ha sido respaldado por las últimas Sentencias del Tribunal Supremo (por todas las ya citadas) para materializar la estimación judicial del daño en un mínimo razonable a falta de la presentación de una valoración alternativa más adecuada, que en este caso hemos descartado que se diera. Por lo que debe confirmarse la sentencia apelada en este extremo.

SEXTO. - Sobre la repercusión del sobreprecio

Entiende la parte apelante que: "Sin embargo, asumiendo tal hipotético sobreprecio (que negamos), la parte demandante debe además acreditar dos hechos adicionales que la parte demandante y su perito han ignorado por completo en primer lugar, y desde la primera vez que los vehículos fueron comercializados en España por IVECO ESPAÑA, deberá acreditarse que el concesionario o intermediario al que IVECO ESPAÑA vendió los vehículos ha repercutido, efectivamente, dicho supuesto sobreprecio "aguas abajo" y que dicho concesionario o intermediario no había absorbido total o parcialmente dicho sobreprecio dentro de sus márgenes de venta; en segundo lugar, debe acreditarse que la parte demandante, en el ejercicio de sus actividades comerciales o profesionales, no ha repercutido dicho sobreprecio "aguas abajo" en el precio de la prestación de sus propios servicios o actividades profesionales o en la posterior venta de los vehículos en caso de que haya transferido el citado vehículos a una tercera persona o entidad. Lo anterior representa las situaciones conocidas en cuanto al "passing on" de los supuestos daños o sobreprecios".

En relación a la defensa del traspaso del daño o "passing on",la sentencia de la Sala 1ª del TS nº 651/2013, de 7 de noviembre, ya señaló la siguiente reflexión jurídica: "Aunque en ocasiones, de un modo reduccionista, se habla del "passing-on" como simple repercusión de precios en el sentido de incremento del precio en el mercado "aguas abajo" en proporción al incremento de precios sufrido en el mercado "aguas arriba", en realidad lo que debe haberse repercutido a los clientes no es el tal incremento del precio sino el perjuicio económico derivado del mismo, el daño. La elevación de los precios de los productos (...) es un requisito necesario para que la repercusión del daño haya tenido lugar, pero no es suficiente. Lo determinante es que el comprador directo frente al que se opone la defensa no haya sufrido daño porque lo haya logrado repercutir a terceros no demandantes. (...) // La jurisprudencia comunitaria ya había mantenido esta afirmación en relación a la defensa del "passing-on" frente a la reclamación de devolución de tributos y gravámenes contrarios al Derecho comunitario. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que incluso en el supuesto de que se demuestre que el tributo recaudado indebidamente ha sido repercutido sobre terceros, la devolución del mismo al agente económico no implica necesariamente un enriquecimiento sin causa de este último, ya que el hecho de incluir el importe de dicho tributo en los precios que practica puede ocasionarle un perjuicio relacionado con la disminución del volumen de sus ventas (sentencia, de Pleno, de 14 de enero de 1997, caso Société Comateb y otros contra Directeur général des douanes et droits indirects , asuntos acumulados C-192/95 a C-218/95 ; sentencia, Sala Quinta, de 21 de septiembre de 2000, caso Kapniki Michaïlidis AE contra Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA ) , asuntos acumulados C- 441/98 y C-442/98 ; sentencia, Sala Quinta, de 2 de octubre de 2003, caso Weber's Wine World Handels-GmbH y otros contra Abgabenberufungskommission Wien , asunto C -147/01 ; y sentencia, Gran Sala, de 6 de septiembre de 2011, caso Lady Kid y otros contra Skatteministeriet ).// Por tanto, en el caso de reclamación indemnización por los daños causados por la actuación del cartel consistente en la concertación del incremento de precios, no es suficiente probar que el comprador directo ha aumentado también el precio de sus productos. Es necesario probar que con ese aumento del precio cobrado a sus clientes ha logrado repercutir el daño sufrido por el aumento del precio consecuencia de la actuación del cártel. Si el aumento de precio no ha logrado repercutir todo ese daño porque se ha producido una disminución de las ventas (debido a que otros competidores no han sufrido la actuación del cártel y han arrebatado cuota de mercado, nacional o internacional, a quienes sí la han sufrido, o a que la demanda se ha retraído ante el aumento del precio, etc.), no puede estimarse la defensa del "passing-on" o no puede hacerse en su totalidad".

Este tribunal considera que no basta con planteamientos puramente hipotéticos e inconcretos, como los que se nos someten en el recurso, para poder admitir la defensa del "passing on" en este caso. Con lo que, por las meras alegaciones de la apelante, no podemos considerar debidamente acreditado que el concesionario hubiera absorbido el sobreprecio en sus márgenes comerciales y, en consecuencia no lo hubiera repercutido a la compradora, tampoco que lo haya repercutido a través de su actividad comercial, ni que la demandante haya vendido el vehículo posteriormente y hubiera recuperado parte de dicho importe, lo que en abstracto resulta difícil considerar pues se trataría de un vehículo de segunda mano que sufre una importante depreciación de su valor original.

Es más, en lo concerniente a la repercusión del sobreprecio en la actividad comercial de la actora, como ya dijimos en nuestra sentencia de 7 de marzo de 2025, el planteamiento de la defensa de la recurrente incurre en una aporía, ya que según su línea de pensamiento, para enjugar el sobreprecio soportado, el adquirente necesariamente habría procedido a repercutirlo mediante la elevación del precio de los bienes y servicios que oferta; pero eso se traduciría, siguiendo la lógica reacción del mercado, en una menor ventaja competitiva para su oferta empresarial, que al resultar más cara provocaría una reducción de ventas en un mercado altamente competitivo. Con lo que esta consecuencia vendría a suponer entonces un daño patrimonial por lucro cesante del que tendría derecho a ser resarcido el demandante a costa del cartelista. A lo que debe añadirse la dificultad evidente que podría conllevar que se operase una repercusión completa y perfecta, o en un grado debidamente determinado, a los consumidores finales del sobrecoste padecido.

También alude la apelante en su escrito de recurso a que: "La parte demandante no es un consumidor final, sino que utilizó los vehículos para realizar actividades profesionales y para la prestación de servicios profesionales. Lo anterior significa que los vehículos constituyen un bien comercial que se utiliza para una actividad profesional. El coste de adquisición de dicho activo comercial es amortizado por la empresa en un plazo máximo, según la normativa aplicable, de cinco a diez años. En consecuencia, hay que tener en cuenta que la parte demandante debería haber realizado ya la amortización fiscalmente deducible de los vehículos respecto a la totalidad de su precio de adquisición. Así, en sus declaraciones fiscales, la parte demandante debería haber incluido el coste de adquisición de los vehículos como un gasto totalmente deducible fiscalmente, lo que dará lugar a una reducción equivalente en la base imponible del mismo y, en consecuencia, la parte demandante habrá pagado menos impuestos (o habrá obtenido un crédito fiscal en el caso de que la parte demandante haya registrado pérdidas en el ejercicio)".

En lo que se refiere a las desgravaciones o deducciones a las que pueda acogerse legalmente el perjudicado por la adquisición del bien, hemos de decir que en absoluto dan lugar a una compensación por los daños que deba ser deducida de la indemnización a satisfacer por el infractor ( sentencias de la sección 28ª del AP de Madrid de 10 de diciembre de 2021 y 8 de julio de 2022 , sentencias de la sección 32ª de la AP de Madrid 2/2023, de 28 de abril y 68/2025 de 7 de marzo). Con el cumplimiento de las obligaciones contables o tributarias en los términos previstos legalmente el perjudicado por la conducta ilícita no se está compensando por el daño sufrido, ni ese cumplimiento de obligaciones representa un "lucro" compensable. La regla de la compensatio lucri cum damno tiene su fundamento en la responsabilidad contractual ex artículo 1106 del Código Civil respecto a la liquidación de daños indemnizables y se sustenta en ventajas que deben derivar de los propios hechos generadores de la responsabilidad, lo que no es el caso.

SÉPTIMO.- Sobre los intereses

En el recurso se impugna el pronunciamiento de condena al pago de intereses desde la fecha de adquisición del vehículo hasta la fecha de la sentencia ya que la recurrente considera que sólo deben ser aplicables, en su caso, a partir de la fecha de la sentencia.

La actualización de la indemnización con el interés legal obedece a que se trata de una deuda de valor que debe actualizarse y no al pago de intereses moratorios, lo que está admitido por la jurisprudencia.

Ya la Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 2016, Manfredi, asuntos acumulados C-295/04 a C- 298/04 (apartados 95, 100 y parte dispositiva), señaló que: "...en virtud del principio de efectividad y del derecho de toda persona a solicitar la reparación del perjuicio causado por un contrato o un comportamiento que pueda restringir o falsear el juego de la competencia, los perjudicados no sólo deben poder solicitar reparación del daño emergente, sino también del lucro cesante, así como el pago de intereses". Añadiendo, en el apartado 97 con cita del apartado 31 de la Sentencia de 2 de agosto de 1993, Marshall (C-271/91 ) que la concesión de los intereses, según las normas nacionales aplicables, constituye un elemento indispensable de la indemnización. En este mismo sentido la Guía indica que: "La adición de intereses también deberá tenerse en cuenta. La concesión de intereses constituye un elemento indispensable de la reparación. Como ha destacado el Tribunal de Justicia, la reparación íntegra del perjuicio sufrido debe incluir la reparación de los efectos adversos ocasionados por el lapso de tiempo transcurrido desde que se produjo el perjuicio causado por la infracción. Estos efectos son la depreciación monetaria y la oportunidad perdida para la parte perjudicada de tener el capital a su disposición. La legislación nacional debe tener en cuenta estos efectos como interés legal u otras formas de interés, siempre que se ajusten a los principios de efectividad y de equivalencia...".También el Tribunal Supremo admite la actualización de la indemnización como deuda de valor (Sentencias de 8 de junio de 2012 y 4 de marzo de 2015).

En consecuencia, procede rechazar el presente motivo de recurso al ser la condena al pago de los intereses reclamados desde la fecha de adquisición del vehículo.

OCTAVO. - Costas

La desestimación del recurso de apelación implica la expresa imposición de las costas derivadas de la segunda instancia a la parte apelante de conformidad con lo establecido en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,

PRIMERO.-La demandante solicita en su escrito rector que: "A) Se declare que la sociedad demandada es responsable de los daños y perjuicios sufridos por mi mandante como consecuencia de la infracción de la infracción del artículo 101 TFUE , sancionada por la Comisión Europea en su Decisión de 19 de julio de 2016 , y en su consecuencia,

B) Se condene a la demandada a indemnizar a la mercantil Vicemo, S.L. en concepto de daños derivados de la colusión en precios en la cifra de 17.674,61€ más 12.250,79€ por los intereses devengados desde la fecha de adquisición de cada uno de los vehículos, esto es del camión con matrícula NUM000 el 30 de diciembre de 2003 y el vehículo con matrícula NUM001 el 25 de junio de 2004 y calculados hasta el 30 de septiembre de 2022, es decir un total de 29.925,40€ más los que se devenguen hasta el pago del principal reclamado, sin perjuicio de verse incrementado el interés legal en dos puntos ( art. 576 LEC ) desde la fecha de notificación de sentencia.

C) Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada.

D) Y subsidiariamente respecto al pedimento anterior de las costas, para el caso de estimación parcial de la presente demanda, se impongan a la parte demandada las costas devengadas para la cuantía de la indemnización finalmente reconocida en sentencia.

SUBSIDIARIAMENTE, solicitamos la estimación por parte de este órgano judicial del 5% del precio neto de adquisición de cada uno de los vehículos como daño producido por la cartelización del mercado, junto a los intereses que en Derecho procedan y las costas del procedimiento y todo ello en virtud del criterio seguido por la Ilma. Audiencia Provincial de Pontevedra, así como otras Audiencias provinciales del territorio español, de acuerdo a lo expuesto en el cuerpo de esta demanda".

La parte demandada además de oponerse al fondo del asunto plantea la excepción prescripción de la acción.

La sentencia dictada en primera instancia dispone en su fallo que: Que, con estimación parcial de la demanda presentada por la representación procesal de VICEMO, S.L., contra IVECO, S.P.A., debo declarar y declaro que esta mercantil, como consecuencia una infracción del Derecho de la Competencia, es responsable del daño causado a la actora, que asciende al 5% del importe de compra de cada uno de los camiones objeto del litigio, condenándola a su pago, así como al pago del interés legal desde la fecha de adquisición de cada uno de los camiones, incrementado en dos puntos desde la fecha de la presente resolución; sin expresa imposición de costas."

Frente la sentencia recaída en la instancia precedente se alza la parte apelante en base a los siguientes alegatos:

"1. La Sentencia considera erróneamente acreditada la existencia de los tres requisitos del art. 1902 CC (acto ilícito, daño y nexo causal), cuando en realidad el demandante limita su insuficiente esfuerzo probatorio a tratar de cuantificar -sin éxito- el daño. Dedicaremos un apartado completo al por qué de la insuficiencia de dicho esfuerzo, pero antes debemos detenernos en la falta de acreditación de una conducta causante de daño y la propia existencia de éste en abstracto.

2. En la Alegación Primera mostraremos cómo, a pesar de que el primer elemento del artículo 1902 CC (existencia de un ilícito) viene dado por la Decisión de la Comisión, la sentencia yerra fatalmente en la comprensión de las características y alcance del ilícito: no se trata de un acuerdo de fijación de precios sino de intercambio de información.

3. En la Alegación Segunda demostraremos que la parte demandante no está exenta de probar el nexo causal entre conducta y supuesto daño, y que fracasa completamente en ese cometido. No puede presumirse el daño, ni por la presunción de la Directiva de Daños (que no es de aplicación), ni por la regla ex re ipsa, que el Tribunal Supremo ha confirmado tampoco es de aplicación, ni es correcto construir una presunción sobre la base del artículo 386 LEC (y el Tribunal Supremo yerra al hacerlo en sus sentencias de Junio 2023).

4. En las Alegaciones Tercera y Cuarta señalaremos cómo el cálculo del daño propuesto por la parte demandante es insostenible, al basarse en un informe pericial que sufre de graves errores y carencias (tal y como el propio Juzgador ha percibido y reconocido expresamente). Al mismo tiempo, justificaremos la validez y el rigor del contrainforme presentado por la demandada.

5. En la Alegación Quinta expondremos los motivos por los cuales no cabe recurrir en este caso a la estimación judicial, al no cumplirse los requisitos para ello: no es de aplicación la facultad de estimación judicial del artículo 17.1 de la Directiva, pero si lo fuera, no se cumplen los requisitos establecidos en dicho artículo ni en la sentencia del TJUE en el asunto Tráficos Manuel Ferrer.

6. En la Alegación Sexta argumentaremos la prescripción de la acción.

7. En la Alegación Séptima defenderemos la aplicación de la figura del passing on.

8. En la Alegación Octava explicaremos la cuestión del interés.

9. Por último, en la Alegación Novena, ofreceremos la conclusión de nuestro recurso de apelación".

Termina suplicando que: "conforme a lo solicitado en el presente recurso de apelación, dicte sentencia por la que revoque la Sentencia número 18/2024, de 5 de febrero, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 19 de Madrid y acuerde, en consecuencia, la desestimación íntegra de la demanda con imposición de las costas a la parte demandante".

La parte apelada se opone al recurso de apelación y solicita su desestimación y la confirmación de la sentencia apelada.

SEGUNDO.-Para la resolución del recurso de apelación debemos partir de los siguientes hechos: VICEMO S.L. adquirió los siguientes vehículos

Las sociedades MAN SE; MAN Truck Bus AG; MAN Truck Bus Deutschland GmbH; Daimler AG; Fiat Chrysler Automobiles N.V.; CNH Industrial N.V.; Iveco S.p.A.; Iveco Magirus AG; AB Volvo; Volvo Lastvagnar AB; Renault Trucks SAS; Volvo Group Trucks Central Europe GmbH; PACCAR Inc.; DAF Trucks Deutschland GmbH; y DAF Trucks N.V. fueron partícipes en conductas restrictivas de la competencia realizadas desde el 17 de enero de 1997 hasta 18 de enero de 2011 (con una acotación temporal más significativa en el caso de MAN SE y las empresas de su grupo), según consta en la Decisión de la Comisión adoptada en fecha 19 de julio de 2016, que fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) en fecha 6 de abril de 2017. El ilícito consistió en acuerdos o prácticas concertadas entre competidores con el fin de alinear los precios brutos de los camiones medios (entre 6 y 16 Tm) y pesados (de más de 16 TM) en el espacio económico europeo, así como sobre el calendario y repercusión de los costes para la introducción de tecnologías de emisiones exigida por la normativa europea. Por esa causa resultó sancionada Iveco S. p A. a pagar una multa de 494.606.000 euros y junto con ella, pero con determinados límites cuantitativos, las entidades del grupo IVECO, Fiat Chrysler Automobiles NV, Iveco Magirus AG y CNH Industrial NV.

La petición de la parte demandante se fundamenta en la decisión de la Comisión al entender que la conducta anticompetitiva llevada a cabo por las demandadas provocó un sobreprecio en la compraventa de los vehículos relacionados anteriormente que ha tenido que soportar injustamente.

TERCERO.- Sobre la prescripción de la acción

Por razones de método, la siguiente cuestión a dilucidar en el presente recurso es la relativa a la prescripción de la acción, cuestión que fue expresamente rechazada por el juez a quo al entender que el plazo de prescripción era el de cinco años ya que fue el transpuesto en la legislación española el RD-Ley 9/2017, de 26 de mayo, de reforma de la LDC, siempre que no se hubiese consolidado la situación a la fecha de expiración del plazo de transposición de la citada Directiva UE 2014/104, el cual terminaba el 27 de diciembre de 2016, lo que hubiera exigido que esta fecha se hubiera ya agotado el plazo de prescripción que antes hubiera podido regir. En cuanto al dies a quo debe de aplicarse el cómputo desde la fecha de la publicación de la Resolución de la Comisión, que se establece en el Resumen de la referida Decisión de la Comisión de 19 de julio de 2016 en fecha 6 de abril de 2017, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto AT.39824 - Camiones).

En relación a esta cuestión debe traerse a colación la sentencia del TJUE de 22 de junio de 2022 (asunto c-267/20), que supuso un vuelco en el enfoque de esta problemática. En primer lugar, porque ha dejado claro que, en principio, el momento más adecuado para la fijación del "dies a quo" para el inicio del cómputo de la prescripción es el de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) del resumen de la Decisión de la Comisión sobre el denominado cártel de los camiones, lo que se produjo con fecha 6 de abril de 2017, ya que es a partir de entonces que se habría proporcionado información suficiente al interesado para el ejercicio de la acción y no antes de ello. Y, en segundo término, porque permite aplicar el plazo mínimo de cinco años ( artículo 10 de la Directiva 2014/104), que fue el incorporado a España por el RDL 9/2017, siempre que no se hubiese consolidado la situación a la fecha de expiración del plazo de transposición de la directiva (27 de diciembre de 2016), lo que hubiera pasado porque entonces se hubiera ya agotado el plazo de prescripción.

El parecer del Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos vincula ( artículo 4 bis de la LOPJ, introducido por la LO 7/2015, en relación con el artículo 267 del TFUE) y además también lo ha hecho suyo la Sala 1ª del TS español en las sentencias 941/2023, de 13 de junio, 949/2023, de 14 de junio, y 950/2023, de 14 de junio.

La aplicación de este principio nos lleva a confirmar la decisión del juez de instancia. Según consta en el sistema de gestión procesal, la demanda se presentó el 24 de febrero de 2023; dado que el dies a quo se fija en el 6 de abril de 2017 y que constan en autos diversos correos electrónicos y burofaxes planteando a la demandada una reclamación extrajudicial (documentos 12 a 23 de la demanda), que interrumpirían la prescripción, con arreglo a lo dispuesto en el art. 1973 del Código Civil, siendo la última de 6 de octubre de 2021, recibida en las oficinas de la demandada en Madrid el 8 de octubre de 2021 y en las de Turín el 19 de octubre de 2021 (documentos 21 y 22 de la demanda), la demanda estaría presentada dentro del plazo, por lo que en modo alguno puede considerarse prescrita. Por lo tanto, reafirmamos la desestimación de esta excepción.

CUARTO.- Sobre la existencia de daño y la relación de causalidad

La apelante defiende en su recurso que la conducta sancionada por Decisión de la Comisión no necesariamente habría tenido que producir un impacto en el mercado. Considera que no cabe presumir, como lo hace la resolución recurrida, que el cártel hubiera generado un daño a la demandante.

Como ya hemos adelantado, la conducta ilícita consistió en acuerdos colusorios sobre la fijación de precios y el incremento de los precios brutos de camiones en el Espacio Económico Europeo (EEE), así como sobre el calendario y la repercusión de los costes relativos a la introducción de tecnologías de emisiones para esos camiones. Así resulta de manera explícita de la Decisión de la Comisión de fecha 19 de julio de 2016, relativa al conocido como el cártel de los camiones. Además, como también figura en ella, el alcance geográfico de la infracción se extendió a todo el espacio europeo (EEE) durante toda la duración de la infracción. No se limitaba a apreciar la conducta de intercambio de información en sí misma, sino que se refería también a los efectos de ese intercambio (precios netos, aumentos de precios, etc.). Los destinatarios de la Decisión estuvieron directamente involucrados en la discusión de precios e incrementos de precios (así lo ha venido a reconocer además la jurisprudencia sobre este caso, tal como la sentencia de la Sala 1ª del TS nº 948/2023, de 14 de junio). Asimismo, incluso si la conducta se hubiera limitado al intercambio de información sobre precios, ello no permitiría ignorar que el intercambio de información estratégica posibilita a las empresas competidoras conocer el precio que se puede fijar, que no va a resultar determinado por la búsqueda de la eficiencia empresarial sino conforme a una competencia alterada por la conducta infractora, en cuanto se suprime la incertidumbre sobre el comportamiento que tendrán en el mercado las empresas partícipes.

El efecto vinculante de las decisiones de la Comisión respecto a la existencia de la infracción (conocida como regla de supremacía) es una constante en el Derecho comunitario. Así se señalaba en el art. 16 del Reglamento 1/2003, en la Comunicación de la Comisión relativa a la Cooperación entre la Comisión y los Órganos Jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE, punto 13, y en la STJCE de 13 de abril de 1994, as. C-128/1992, "Banks" (22-23). Es por ello que lo que debe valorarse es la producción de daño como consecuencia de la actuación anticompetitiva. Para ello debe determinarse el marco jurídico que debemos aplicar, teniendo en cuenta que la conducta infractora se llevó a cabo entre el 17 de enero de 1997 y el 18 de enero de 2011. En este sentido debe recordarse que la aplicación de la Directiva 2014/104/UE no se determina en función de la fecha de la resolución de la autoridad de Competencia o del momento de interposición de la demanda, sino en la propia conducta anticompetitiva. Por lo que en el caso que nos ocupa no podemos acudir, de manera general e indiferenciada (al margen de las matizaciones que efectúa la jurisprudencia del TJUE - sentencia del TJUE de 22 de junio de 2022, asunto c-267/20), a la aplicación de la normativa de carácter sustantivo de la Directiva 2014/104/UE y a su norma de transposición al Derecho español, el Real Decreto Ley 9/2017 (que modificó la Ley 15/2007, de Defensa de la competencia), dado que la fecha de ocurrencia de los hechos es anterior a la vigencia de esas normativas. El principio de interpretación conforme a directiva tiene su límite en los postulados de la no retroactividad y de la seguridad jurídica que rigen en el Derecho de la Unión, por lo que los acontecimientos que aquí nos ocupan quedan fuera de su ámbito de aplicación temporal. La irretroactividad de la nueva normativa sustantiva está además enunciada en el artículo 22 de la Directiva y en la disposición transitoria primera del RDL 9/2017. La doctrina jurisprudencial comunitaria ( sentencia del TJUE de 22 de junio de 2022, asunto c-267/20) ha tenido ya la oportunidad de precisar que la previsión del artículo 17 apartado 2 de la Directiva 2014/104 es una norma sustantiva que no puede aplicarse a un cártel como el de los camiones que finalizó (18 de enero de 2011) antes de que expirara el plazo de transposición de esa regulación comunitaria (27 de diciembre de 2016). La acción de reclamación debe quedar sustentada, por lo tanto, en la tradicional responsabilidad civil extracontractual ( artículo 1902 del C. Civil y sentencia de la Sala 1ª del TS 651/2013, de 7 de noviembre, sobre el cártel del azúcar), en relación con las previsiones contenidas en el artículo 101 del TFUE, que considera ilícitos los acuerdos colusorios, y en el artículo 16 del Reglamento (CE) 1/2003, que obliga a la aplicación uniforme de la normativa comunitaria de la competencia y a que los tribunales tengan presente el sentido de las Decisiones adoptadas por la Comisión europea. A la luz, todo ello, de la jurisprudencia que emana del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dado que se trata de materia que interesa al Derecho comunitario.

Ahora bien, la conclusión favorable a la producción de daño por causa de una conducta anticompetitiva ya podía efectuarse acudiendo al mecanismo jurídico del establecimiento de presunciones, incluso en los escenarios previos a los de la aplicación de la Directiva 2014/104/UE de daños, atendiendo al Derecho nacional y conforme al principio de efectividad. Lo que ocurre es que no bastará con la acreditación de un modo inespecífico del sufrimiento de daño, sino que resultará preciso aportar también los elementos de juicio precisos para que pueda procederse a la cuantificación en el caso concreto de cuál fue su magnitud, con arreglo a un estándar de prueba que permita apreciarlo con un mínimo de objetividad.

Este tribunal ha asumido, como ya se ha explicado en numerosas sentencias (sentencias números 2/2023, de 28 de abril, 3/2003, de 19 de mayo, 14/2023, de 9 de junio o 22/2023 de 7 de julio, entre otras muchas, de la sección 32ª,de la Audiencia Provincial de Madrid), que la teoría económica y los estudios empíricos constatan que cualquier tipo de cártel afecta a los precios. Como señala la Guía Práctica que acompaña a la Comunicación de la Comisión sobre la cuantificación del perjuicio en las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de los artículos 101 o 102 TFUE (140), infringir las normas de competencia expone a los miembros del cártel al riesgo de ser descubiertos y, por tanto, a ser objeto de una decisión por la que se declare una infracción y se impongan multas. El mero hecho de que las empresas participen, a pesar de todo, en tales actividades ilegales indica que esperan obtener sustanciales beneficios de sus acciones, es decir, que el cártel produzca efectos en el mercado, y, por consiguiente, en sus clientes.

Como ya hemos indicado la conducta anticompetitiva ya ha sido declarada por la autoridad competente y de su Decisión se infiere que unos fabricantes, han estado intercambiando información y actuado durante determinado tiempo manipulando mediante acuerdos los precios brutos de los camiones en el espacio económico europeo. Se trata, por lo tanto, de un mecanismo artificioso, ajeno al libre funcionamiento del mercado, con la potencialidad suficiente para condicionar los precios que se irán luego aplicando en las fases sucesivas de comercialización de los bienes afectados por la manipulación, pues media una conexión lógica y temporal con la operativa del cártel. No podemos negar que la incidencia del cártel es, no obstante, de índole difusa, pues va propagándose de manera sucesiva por el mercado en un escenario no exento de complejidades. Pero lo normal, porque así lo dicta la lógica más elemental, es que la interferencia ocasionada en inicio sobre los precios brutos se acabe trasladando, en alguna medida, a esos otros estadios posteriores de circulación de la mercancía, hasta llegar, de algún modo, al precio final pagado por los adquirentes. Si se protege la libre competencia es también para evitar que aquél resulte alterado de una manera artificial. Por lo tanto, consideramos lógico adoptar como punto de partida que parte de un razonamiento presuntivo, que la conducta de los cartelistas durante la vigencia del cártel era potencialmente generadora de daños a los adquirentes finales de los productos. Dada la gran extensión temporal y espacial que se aprecia en la operativa desplegada, es posible presumir que el cártel (incluso si se limitase al intercambio de información sobre precios) habría tenido alguna clase de incidencia en el precio final aplicado a los consumidores. Por otro lado, eso es lo que justificaría el riesgo que se asumía al obrar de ese modo.

Las Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (2011/ C 11/01), que sustituyeron a las Directrices de la Comisión sobre la aplicabilidad del artículo 81 TCE a los acuerdos de cooperación horizontal (DOCE 2001/ C 3/02), se refieren al intercambio de información en su apartado 73 del siguiente modo: "Es particularmente probable que el intercambio de información sobre las intenciones individuales de las empresas en cuanto a su conducta futura relativa a precios o cantidades desemboque en un resultado colusorio. La información recíproca sobre tales intenciones puede permitir a los competidores llegar a un nivel común de precios más elevado sin correr el riesgo de perder cuota de mercado o de desencadenar una guerra de precios durante el periodo de ajuste a los nuevos precios."

Como ha señalado la Sala 1ª del TS en las sentencias nº 924/2023, de 12 de junio, 946/2023, de 14 de junio, 948/2023, de 14 de junio, 949/2023, de 14 de junio y 950/2023, de 14 de junio, "ha existido una infracción del Derecho de la competencia de enorme gravedad por su duración (14 años), por su extensión espacial (todo el EEE), por la cuota de mercado de los fabricantes implicados en el cártel (aproximadamente un 90%) y, debe añadirse, por la naturaleza de los acuerdos colusorios (no solo el intercambio de información sobre datos concurrenciales sensibles sino también la discusión y acuerdos sobre fijación e incremento de precios brutos). // Y con base en estos hechos y en la propia racionalidad económica de la existencia de un cártel de estas características (con una alta exposición al riesgo de elevadas sanciones, cuya asunción carecería de lógica en ausencia de todo beneficio), aplicando las reglas del raciocinio humano y las máximas de experiencia (reflejadas muchas de ellas en los documentos elaborados por las instituciones de la Unión Europea, como es el caso de la Guía práctica para cuantificar el perjuicio en las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de los arts. 101 o 102 TFUE ), puede presumirse que la infracción ha producido un daño en los compradores de los productos afectados por el cártel, consistente en que han pagado un precio superior al que hubieran pagado si el cártel no hubiera existido."

A la vista de los anteriores argumentos, la conducta infractora en la que participó la demandada tuvo influencia en los precios finales pagados por los clientes produciendo un sobreprecio en los mismos.

QUINTO.- Sobre la cuantificación del daño y su estimación judicial

En lo relativo a la prueba del daño debe destacarse que la demandante aportó con su demanda el informe pericial elaborado por ZUNZUNEGUI Y SOBRINO ASOCIADOS, SL. Este informe ya ha sido objeto de análisis por esta Sala en diversas sentencias (19 de mayo de 2023 y 6 de octubre de 2023). El dictamen intenta ofrecer una hipótesis de cuantificación del daño que persigue ajustarse al caso del cártel de camiones y trata de determinar la magnitud del menoscabo patrimonial sufrido por el perjudicado a partir de un procedimiento econométrico reconocible. Tomaba como referencia la Guía práctica de la Comisión europea del año 2013 para la cuantificación del perjuicio en las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de los artículos 101 o 102 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea y empleaba tanto el método "forecasting approach" a través de estimaciones de modelos de demanda, así como de series temporales, para calcular los precios alternativos que habrían regido "si no hubiera habido colusión", como el enfoque "benchmarks" analizando lo que ha sucedido en los mercados afectados por el cártel en un período posterior -2012-2016- para dotar de robustez al análisis. El esfuerzo se centró en analizar aquellos países europeos que publican Índices de Precios Industriales (IPRIs) específicos de camiones, seleccionando los más representativos e importantes del continente europeo. Asimismo, analizaba los informes anuales de algunas de las empresas involucradas en el cártel a nivel europeo. Y a través del Eurostat accedieron a la lista de productos de las estadísticas de Producción Comunitaria (Prodcom) seleccionando los códigos correspondientes con los camiones de entre 5 y 20 toneladas para extraer el valor de la producción y las unidades producidas. Se trató en el dictamen de obtener un índice de precios global para los camiones a nivel europeo que poder comparar con el Índice de Precios Industriales general de vehículos de motor a nivel europeo (Método Comparativo de Índices de Precios Anidados) y así deducir el sobreprecio o "efecto Cártel" que se concretaba en la pericia en un porcentaje medio para el periodo analizado del 16,68%. Sin embargo, los datos utilizados y sus conclusiones resultaban objetables, pues fueron atinadamente rebatidos en el dictamen de la contraparte y las reservas fueron compartidas por el juez a quo, sin que ello haya sido objeto de recurso por la parte actora, lo que nos releva de tener que revisar ese análisis en esta segunda instancia. Partimos, por lo tanto, de que el resultado que ofrecía ese dictamen pericial se enfrentaba a reparos de suficiente peso como para que no pudiera darse por bueno, pues resultaba comprometida la fiabilidad del cálculo del sobreprecio que allí se señalaba (16,68%). Nos parece correcto que el juez a quo no diera pie a que un dictamen con respecto al cual había apreciado deficiencias relevantes pudiera provocar una cuantificación superior a la que correspondiese al daño verdaderamente generado, ni corriese el riesgo de imponer condenas resarcitorias que no se aviniesen con los efectos realmente generados por el infractor.

Por su parte la demandada presentó el informe pericial de COMPAS LEXECON que concluye que no existe evidencia de que la conducta anticompetitiva efectivamente provocara un incremento de los precios de venta a clientes finales.

No podemos aceptar, como tampoco lo hizo el juez de instancia, que el informe de Compass Lexecom ofrezca una cuantificación alternativa del daño. Este informe sostiene que la conducta cartelista no habría generado un impacto significativo en los precios de venta de camiones de la marca concernida en España. Para ello, se tienen en cuenta los precios netos pagados por los concesionarios (además de otros datos, como los costes de producción y distribución), se aplica un método de comparación temporal durante y después del periodo de infracción, con aplicación de un análisis de regresión. Sin embargo, la conclusión que extrae nos genera dudas sobre el modo de aplicación del método seleccionado y/o la muestra utilizada. Porque concluir que un cártel tan prolongado en el tiempo y de tal extensión objetiva y subjetiva, que se refiere a los principales fabricantes de los vehículos afectados y que tiene por objeto la fijación de precios, entre otros aspectos que igualmente inciden sobre los precios, no ha ocasionado sobrecoste suficientemente relevante en el caso de los camiones de la marca de uno de los principales fabricantes europeos que estuvo implicado en la maniobra anticompetitiva nos parece, sencillamente, un aserto escasamente verosímil. Una conclusión tan extrema sugiere que la elaboración del informe, que se ha basado además en los datos cuya fuente es el entorno de la propia demandada, presenta sesgos que dan lugar a resultados incompatibles con el principio de normalidad, con la teoría económica, con las evidencias empíricas y con las circunstancias del caso (naturaleza de la conducta y extensión temporal, espacial, subjetiva y objetiva). Por otro lado, como críticas de método, tendría que haberse manejado al confeccionar el informe los precios objetivos y de mercado, no solo los precios netos de transferencia que permanecen en el contexto interno de la red de la entidad demandada.

Ahora bien, el que no aceptemos el informe pericial solicitado por la actora no implica que la misma no hay desplegado la actividad necesaria para poder determinar la cuantía del daño, pudiendo aplicarse la estimación judicial para su cuantificación.

La jurisprudencia más reciente se ha mostrado además muy flexible con el establecimiento del estándar mínimo de prueba preciso poder realizar una estimación judicial del daño, dada la clara desproporción en la situación de los litigantes que convertiría en claramente antieconómica la reclamación judicial del demandante si se es excesivamente riguroso en la exigencia de un estándar de prueba, llegando incluso a admitirse dictámenes meramente estadísticos puedan resultar suficientes en estos casos de los cárteles para cumplir con la carga que incumbe al demandante de efectuar un esfuerzo para tratar de cuantificar daño que, de por sí, es muy difícil de concretar en una cifra determinada.

Esta Sala ya ha considerado (sentencia 24 julio de 2024), que no puede desestimarse la demanda porque el informe presentado no sea suficiente a los efectos de determinar el sobreprecio sufrido por la demandante, ya que, constituye un principio general del Derecho de la competencia que cualquier persona tiene derecho a solicitar la reparación del perjuicio que le haya irrogado un comportamiento que pueda restringir o falsear el juego de la competencia ( sentencias del Tribunal de Justicia (UE) de 20 de septiembre de 2001, caso Courage, asunto C-453/99, y de 13 de julio de 2006, caso Manfredi, asuntos acumulados C-295/04 a C-298/04). La sentencia del TJUE de 22 de junio de 2022 (asunto c-267/20) ha venido a aclarar que la facultad judicial de estimación del daño ( artículo 17, apartado primero, de la Directiva 2014/104) constituye una disposición procesal que resulta aplicable a las acciones de daños que, aunque se refiriesen a una infracción del Derecho de la competencia finalizada con anterioridad, hubieran sido ejercitadas tras su entrada en vigor. La estimación judicial del daño presupone que el órgano jurisdiccional nacional haya comprobado que se ha acreditado la existencia de perjuicio y que resulta prácticamente imposible o excesivamente difícil cuantificarlo con precisión, tomando en consideración el conjunto de los parámetros que llevan a tal conclusión, cuando ello no se deba a un problema creado por la mera inactividad de la parte demandante ( sentencia del Tribunal de Justicia -TJUE- de 16 de febrero de 2023, asunto C-312/21).

Como dice el Tribunal Supremo en la sentencia de 18 de diciembre de 2025 (ECLI:ES:TS: 2025:5857): "16.- En un caso como el presente, no consideramos que pueda apreciarse una inactividad probatoria de la parte demandante que hiciera improcedente la estimación judicial del daño. Por eso, que hayamos considerado inadecuado el informe para la cuantificación del sobrecoste y, por tanto, hayamos rechazado sus conclusiones, no supone, sin más, la inactividad de la parte demandante. Sobre todo, si tenemos en cuenta que, a las dificultades propias de la cuantificación del daño en asuntos de competencia a que hacían referencia los apartados 17 y 123 de la citada Guía práctica, se suman las derivadas de las especiales características del cártel de los camiones. (...) 17.- Esta valoración viene avalada por la interpretación sistemática y teleológica del art. 101.1 TFUE y la necesidad de garantizar su plena eficacia y del efecto útil, por la que los órganos jurisdiccionales nacionales también deben velar, según resulta de la jurisprudencia reiterada del TJUE ( STJUE de 12 de noviembre de 2019 (asunto C-435/18 , Otis y otros, ECLI: EU:C:2019:1069 )".

En este sentido, el Tribunal Supremo se ha mostrado muy flexible con el establecimiento del estándar mínimo de prueba preciso para realizar una estimación judicial del daño. Así se refleja en las sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo nº 924/2023, de 12 de junio, 925/2023, de 12 de junio, 927/2023 de 12 de junio y 940/2023, de 13 de junio donde se señala que deben tenerse presentes las dificultades que supone enfrentarse a un cártel de extensa duración, de ámbito geográfico amplio y con singularidad en los productos afectados. La jurisprudencia subraya que en esa clase de casos "las propias características de este cártel contribuyen a considerar que, en este caso, la falta de idoneidad del informe presentado por el demandante para cuantificar el sobreprecio no supone una inactividad que impida la estimación judicial".Y advierte que se produce en estos casos una clara desproporción en la situación de los litigantes que convertiría en claramente antieconómica la reclamación judicial del demandante si se es excesivamente riguroso en la exigencia de un estándar de prueba. En estas resoluciones se llega a admitir que incluso dictámenes meramente estadísticos puedan resultar suficientes en estos casos de los cárteles para cumplir con la carga que incumbe al demandante de efectuar un esfuerzo para tratar de cuantificar daño que, de por sí, es muy difícil de concretar en una cifra determinada.

Por ello, y por las circunstancias expuestas, consideramos que concurren los presupuestos para aplicar la estimación judicial del daño que realizó el juez a quo, a fin de conjugar el derecho al pleno resarcimiento de la demandante y la dificultad para la cuantificación del daño.

El porcentaje aplicado del 5% sobre el precio de compra coincide con el que esta Sección ha asumido como referencia de partida para el cálculo de la indemnización, criterio que ha sido respaldado por las últimas Sentencias del Tribunal Supremo (por todas las ya citadas) para materializar la estimación judicial del daño en un mínimo razonable a falta de la presentación de una valoración alternativa más adecuada, que en este caso hemos descartado que se diera. Por lo que debe confirmarse la sentencia apelada en este extremo.

SEXTO. - Sobre la repercusión del sobreprecio

Entiende la parte apelante que: "Sin embargo, asumiendo tal hipotético sobreprecio (que negamos), la parte demandante debe además acreditar dos hechos adicionales que la parte demandante y su perito han ignorado por completo en primer lugar, y desde la primera vez que los vehículos fueron comercializados en España por IVECO ESPAÑA, deberá acreditarse que el concesionario o intermediario al que IVECO ESPAÑA vendió los vehículos ha repercutido, efectivamente, dicho supuesto sobreprecio "aguas abajo" y que dicho concesionario o intermediario no había absorbido total o parcialmente dicho sobreprecio dentro de sus márgenes de venta; en segundo lugar, debe acreditarse que la parte demandante, en el ejercicio de sus actividades comerciales o profesionales, no ha repercutido dicho sobreprecio "aguas abajo" en el precio de la prestación de sus propios servicios o actividades profesionales o en la posterior venta de los vehículos en caso de que haya transferido el citado vehículos a una tercera persona o entidad. Lo anterior representa las situaciones conocidas en cuanto al "passing on" de los supuestos daños o sobreprecios".

En relación a la defensa del traspaso del daño o "passing on",la sentencia de la Sala 1ª del TS nº 651/2013, de 7 de noviembre, ya señaló la siguiente reflexión jurídica: "Aunque en ocasiones, de un modo reduccionista, se habla del "passing-on" como simple repercusión de precios en el sentido de incremento del precio en el mercado "aguas abajo" en proporción al incremento de precios sufrido en el mercado "aguas arriba", en realidad lo que debe haberse repercutido a los clientes no es el tal incremento del precio sino el perjuicio económico derivado del mismo, el daño. La elevación de los precios de los productos (...) es un requisito necesario para que la repercusión del daño haya tenido lugar, pero no es suficiente. Lo determinante es que el comprador directo frente al que se opone la defensa no haya sufrido daño porque lo haya logrado repercutir a terceros no demandantes. (...) // La jurisprudencia comunitaria ya había mantenido esta afirmación en relación a la defensa del "passing-on" frente a la reclamación de devolución de tributos y gravámenes contrarios al Derecho comunitario. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que incluso en el supuesto de que se demuestre que el tributo recaudado indebidamente ha sido repercutido sobre terceros, la devolución del mismo al agente económico no implica necesariamente un enriquecimiento sin causa de este último, ya que el hecho de incluir el importe de dicho tributo en los precios que practica puede ocasionarle un perjuicio relacionado con la disminución del volumen de sus ventas (sentencia, de Pleno, de 14 de enero de 1997, caso Société Comateb y otros contra Directeur général des douanes et droits indirects , asuntos acumulados C-192/95 a C-218/95 ; sentencia, Sala Quinta, de 21 de septiembre de 2000, caso Kapniki Michaïlidis AE contra Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA ) , asuntos acumulados C- 441/98 y C-442/98 ; sentencia, Sala Quinta, de 2 de octubre de 2003, caso Weber's Wine World Handels-GmbH y otros contra Abgabenberufungskommission Wien , asunto C -147/01 ; y sentencia, Gran Sala, de 6 de septiembre de 2011, caso Lady Kid y otros contra Skatteministeriet ).// Por tanto, en el caso de reclamación indemnización por los daños causados por la actuación del cartel consistente en la concertación del incremento de precios, no es suficiente probar que el comprador directo ha aumentado también el precio de sus productos. Es necesario probar que con ese aumento del precio cobrado a sus clientes ha logrado repercutir el daño sufrido por el aumento del precio consecuencia de la actuación del cártel. Si el aumento de precio no ha logrado repercutir todo ese daño porque se ha producido una disminución de las ventas (debido a que otros competidores no han sufrido la actuación del cártel y han arrebatado cuota de mercado, nacional o internacional, a quienes sí la han sufrido, o a que la demanda se ha retraído ante el aumento del precio, etc.), no puede estimarse la defensa del "passing-on" o no puede hacerse en su totalidad".

Este tribunal considera que no basta con planteamientos puramente hipotéticos e inconcretos, como los que se nos someten en el recurso, para poder admitir la defensa del "passing on" en este caso. Con lo que, por las meras alegaciones de la apelante, no podemos considerar debidamente acreditado que el concesionario hubiera absorbido el sobreprecio en sus márgenes comerciales y, en consecuencia no lo hubiera repercutido a la compradora, tampoco que lo haya repercutido a través de su actividad comercial, ni que la demandante haya vendido el vehículo posteriormente y hubiera recuperado parte de dicho importe, lo que en abstracto resulta difícil considerar pues se trataría de un vehículo de segunda mano que sufre una importante depreciación de su valor original.

Es más, en lo concerniente a la repercusión del sobreprecio en la actividad comercial de la actora, como ya dijimos en nuestra sentencia de 7 de marzo de 2025, el planteamiento de la defensa de la recurrente incurre en una aporía, ya que según su línea de pensamiento, para enjugar el sobreprecio soportado, el adquirente necesariamente habría procedido a repercutirlo mediante la elevación del precio de los bienes y servicios que oferta; pero eso se traduciría, siguiendo la lógica reacción del mercado, en una menor ventaja competitiva para su oferta empresarial, que al resultar más cara provocaría una reducción de ventas en un mercado altamente competitivo. Con lo que esta consecuencia vendría a suponer entonces un daño patrimonial por lucro cesante del que tendría derecho a ser resarcido el demandante a costa del cartelista. A lo que debe añadirse la dificultad evidente que podría conllevar que se operase una repercusión completa y perfecta, o en un grado debidamente determinado, a los consumidores finales del sobrecoste padecido.

También alude la apelante en su escrito de recurso a que: "La parte demandante no es un consumidor final, sino que utilizó los vehículos para realizar actividades profesionales y para la prestación de servicios profesionales. Lo anterior significa que los vehículos constituyen un bien comercial que se utiliza para una actividad profesional. El coste de adquisición de dicho activo comercial es amortizado por la empresa en un plazo máximo, según la normativa aplicable, de cinco a diez años. En consecuencia, hay que tener en cuenta que la parte demandante debería haber realizado ya la amortización fiscalmente deducible de los vehículos respecto a la totalidad de su precio de adquisición. Así, en sus declaraciones fiscales, la parte demandante debería haber incluido el coste de adquisición de los vehículos como un gasto totalmente deducible fiscalmente, lo que dará lugar a una reducción equivalente en la base imponible del mismo y, en consecuencia, la parte demandante habrá pagado menos impuestos (o habrá obtenido un crédito fiscal en el caso de que la parte demandante haya registrado pérdidas en el ejercicio)".

En lo que se refiere a las desgravaciones o deducciones a las que pueda acogerse legalmente el perjudicado por la adquisición del bien, hemos de decir que en absoluto dan lugar a una compensación por los daños que deba ser deducida de la indemnización a satisfacer por el infractor ( sentencias de la sección 28ª del AP de Madrid de 10 de diciembre de 2021 y 8 de julio de 2022 , sentencias de la sección 32ª de la AP de Madrid 2/2023, de 28 de abril y 68/2025 de 7 de marzo). Con el cumplimiento de las obligaciones contables o tributarias en los términos previstos legalmente el perjudicado por la conducta ilícita no se está compensando por el daño sufrido, ni ese cumplimiento de obligaciones representa un "lucro" compensable. La regla de la compensatio lucri cum damno tiene su fundamento en la responsabilidad contractual ex artículo 1106 del Código Civil respecto a la liquidación de daños indemnizables y se sustenta en ventajas que deben derivar de los propios hechos generadores de la responsabilidad, lo que no es el caso.

SÉPTIMO.- Sobre los intereses

En el recurso se impugna el pronunciamiento de condena al pago de intereses desde la fecha de adquisición del vehículo hasta la fecha de la sentencia ya que la recurrente considera que sólo deben ser aplicables, en su caso, a partir de la fecha de la sentencia.

La actualización de la indemnización con el interés legal obedece a que se trata de una deuda de valor que debe actualizarse y no al pago de intereses moratorios, lo que está admitido por la jurisprudencia.

Ya la Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 2016, Manfredi, asuntos acumulados C-295/04 a C- 298/04 (apartados 95, 100 y parte dispositiva), señaló que: "...en virtud del principio de efectividad y del derecho de toda persona a solicitar la reparación del perjuicio causado por un contrato o un comportamiento que pueda restringir o falsear el juego de la competencia, los perjudicados no sólo deben poder solicitar reparación del daño emergente, sino también del lucro cesante, así como el pago de intereses". Añadiendo, en el apartado 97 con cita del apartado 31 de la Sentencia de 2 de agosto de 1993, Marshall (C-271/91 ) que la concesión de los intereses, según las normas nacionales aplicables, constituye un elemento indispensable de la indemnización. En este mismo sentido la Guía indica que: "La adición de intereses también deberá tenerse en cuenta. La concesión de intereses constituye un elemento indispensable de la reparación. Como ha destacado el Tribunal de Justicia, la reparación íntegra del perjuicio sufrido debe incluir la reparación de los efectos adversos ocasionados por el lapso de tiempo transcurrido desde que se produjo el perjuicio causado por la infracción. Estos efectos son la depreciación monetaria y la oportunidad perdida para la parte perjudicada de tener el capital a su disposición. La legislación nacional debe tener en cuenta estos efectos como interés legal u otras formas de interés, siempre que se ajusten a los principios de efectividad y de equivalencia...".También el Tribunal Supremo admite la actualización de la indemnización como deuda de valor (Sentencias de 8 de junio de 2012 y 4 de marzo de 2015).

En consecuencia, procede rechazar el presente motivo de recurso al ser la condena al pago de los intereses reclamados desde la fecha de adquisición del vehículo.

OCTAVO. - Costas

La desestimación del recurso de apelación implica la expresa imposición de las costas derivadas de la segunda instancia a la parte apelante de conformidad con lo establecido en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,