Sentencia Civil 113/2026 Audiencia Provincial Civil nº 32 de Madrid, Rec. 482/2024 de 19 de marzo del 2026

I. PRELIMINAR

1.- El presente expediente trae causa de la demanda presentada por TRANSJULIA I FILLS, S.L. ("TRANSJULIA") contra VOLVO GROUP ESPAÑA, S.A.U. ("VGE") con fundamento en el artículo 1902 del Código Civil (" CC") y el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ("TFUE"). La demanda se sustenta en la decisión de la Comisión Europea C(2016) 4673 final, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto AT.39824 - Camiones), de 19 de julio de 2016 (en lo sucesivo, "la DECISIÓN). TRANSJULIA solicitaba la condena de la demandada al pago de 12.687,50 euros, importe en que cuantificaba el sobreprecio que hubo de satisfacer para adquirir, el 20 de junio de 2007, la cabeza tractora marca VOLVO con matrícula NUM000. Dicho importe corresponde al 12,5% del precio de adquisición. Además, TRANSJULIA reclamaba otros 6.763,35 euros, en concepto de intereses al tipo legal devengados por el importe en que cuantificó el sobreprecio desde la fecha de adquisición, más los intereses procesales desde la interposición de la demanda hasta el completo pago de lo declarado en sentencia.

2.- Al cabo del trámite, se dictó sentencia por la que, estimándose en parte la demanda, se condena a VGE al pago del importe que representa el 2,46% del precio de adquisición de la cabeza tractora a la que se refiere el litigio, más los intereses legales devengados por dicho importe desde la fecha de adquisición.

3.- La demandada interpuso recurso de apelación, para interesar la íntegra desestimación de la demanda. La demandante, a su vez, formuló impugnación, para solicitar que, por via de estimación, se fijase en el 5% del precio de adquisición el importe que VGE debía abonar en concepto de sobreprecio. En los apartados que siguen acometeremos el examen de las cuestiones que afloran en esta segunda instancia, debidamente ordenadas y en la medida que se requiera para dar oportuna respuesta a la controversia que se nos somete,

RECURSO DE VGE

II. INCONGRUENCIA EXTRA PETITA

4.- En el apartado cuarto de su recurso, VGE alega incongruencia extra petita. La falta consistiría en que, según la parte recurrente, el importe del daño se fijó por vía de estimación judicial a partir de hechos y datos que no fueron aportados al procedimiento, en referencia al informe Oxera 2009.

Respuesta del Tribunal

5.- La denuncia carece de todo fundamento. En la sentencia recurrida no se fija el importe del sobreprecio por vía de estimación. Entendemos que nos encontramos ante un mero error de la parte recurrente, que introdujo este capítulo en su recurso por descuido.

III. LEGITIMACIÓN DE VGE

6.- VGE revive en esta instancia los alegatos de falta de legitimación pasiva. Estos descargos se sustentan en que VGE no fue sancionada por la DECISION y en que no se han satisfecho por el demandante las cargas impuestas a la víctima en el párrafo 51 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2021, Sumal, C-882/19, ECLI:EU:C:2021:800, para poder extender a la filial la responsabilidad por daños como consecuencia de la conducta realizada por la matriz sancionada, específicamente, en relación con la demostración de la existencia de "un vínculo concreto entre la actividad económica de dicha sociedad filial y el objeto de la infracción de la que se ha declarado responsable a la sociedad matriz".También se invoca el apartado 53 de la sentencia, en el particular en el que, en relación con el derecho de defensa de la sociedad filial, establece que esta "debe disponer, ante el juez nacional de que se trate, de todos los medios necesarios para ejercer de manera efectiva su derecho de defensa",aduciendo VGE que la extensión automática de los efectos civiles de una sanción derivada de un procedimiento administrativo sancionador en el que no fue parte infringe el artículo 24 de la Constitución y el artículo 47 de la Carta Europea de Derechos Humanos.

Respuesta del Tribunal

7.- Cabe reproducir aquí la respuesta dada a los mismos alegatos en las sentencias de esta Sección de 20 de octubre de 2023, rollos de apelación 114/2023 y 118/2023, de 3 de noviembre de 2023, rollo de apelación 117/2023, de 12 de enero de 2024, rollo de apelación 242/2023 y de 8 de marzo de 2024, rollo de apelación 283/2023, entre otras. En ellas señalamos que es posible declarar la responsabilidad de la filial de VOLVO en España, por cuanto participa en el proceso de distribución comercial de los vehículos del grupo VOLVO en España, lo que pone de manifiesto sus vínculos económicos, organizativos y jurídicos con las empresas del grupo VOLVO destinatarias de la DECISIÓN (extremo reconocido en el propio escrito de interposición del recurso), así como la existencia de un vínculo concreto entre la actividad económica de aquella y el objeto de la infracción, en el sentido determinado por el apartado 52 de la sentencia Sumal. En relación con este extremo, puntualizamos que en el propio informe pericial aportado por las demandadas apelantes se indica que: "La compañía local de Volvo /Renault en España vende o comercializa la venta de la mayoría de los camiones a distribuidores al denominado Precio Neto al Distribuidor"(página 8). Añadíamos que los alegatos relativos a la merma del derecho de defensa de la recurrente resultaban infundados, toda vez que había podido alegar y probar en el procedimiento lo que considerara oportuno sobre la falta de vínculos con las codemandadas o con la actividad determinante de la infracción. Todas estas observaciones son trasladables al supuesto que ahora nos ocupa.

8.- También apuntamos en las referidas sentencias que no queda afectado el derecho de defensa de la filial en el procedimiento sancionador cuando al menos una de las sociedades que conforman la "empresa" haya tenido la oportunidad de rebatir la realidad de la infracción. Y la eventual responsabilidad de la sociedad filial por los daños causados no queda excluida por el mero hecho de que la DECISIÓN declara la existencia de la infracción no hubiese impuesto a esa sociedad una sanción administrativa.

IV. EXISTENCIA DE DAÑO Y RELACIÓN DE CAUSALIDAD

9.- En su recurso, VGE denuncia la infracción, por aplicación incorrecta, del artículo 1902 CC. El discurso impugnatorio que se despliega bajo dicho encabezamiento, discurre, a partir de la constatación de que, según la propia resolución recurrida, el régimen aplicable es el artículo 1902 del Código Civil (" CC"), por las siguientes líneas argumentales: (i) el juez de la anterior instancia, pese a reconocer que la Directiva 2014/104 no resulta aplicable, resuelve, de facto, aplicando un régimen jurídico igual al instaurado por esta norma (ii) la sentencia impugnada presume la existencia de daño, consistente en el incremento de los precios netos (precio de adquisición por el cliente final), a partir de un hecho presunto, el incremento de los precios brutos, que se establece a partir de una incorrecta lectura de la DECISIÓN; (iii) no existe un enlace preciso y directo entre el hecho base y el hecho presunto así caracterizados; (iv) el hecho presunto ha sido desvirtuado por la prueba aportada por la apelante; (v) la relación de causalidad con la conducta sancionada no puede presumirse y, en todo caso, la apelante ha acreditado su inexistencia (en referencia al informe aportado con su escrito de contestación -"INFORME KPMG").

Respuesta del Tribunal

10.- Ninguna acogida merecen los alegatos de VGE, por lo que razonamos a continuación.

11.- Por lo que se refiere a la relación entre aumento de precios brutos y aumento de precios de venta a clientes, la Sección 28ª de esta Audiencia Provincial ya observó en numerosas sentencias lo que sigue, transcripción de la sentencia 526/2022, de 1 de julio de 2022, que utilizamos a modo de botón de muestra, convirtiéndolo en razonamiento propio:

"Como es obvio, el hecho de que la comercialización de los productos se efectúe a través de la red de distribución del fabricante y los adquirentes finales de los camiones mantengan relación directa con los concesionarios de dicho fabricante no excluye la existencia del daño, consistente en el sobrecoste derivado de los acuerdos ilícitos expuestos. Incluso los descuentos que decidan aplicar los concesionarios con cargo a su margen de distribución se aplican en función de precios ya distorsionados.

En el sector del automóvil resulta notorio que los aumentos de precio de los vehículos se repercuten en la cadena de distribución del propio fabricante, sin perjuicio de los descuentos que decidan en cada caso aplicar los concesionarios sobre sus márgenes comerciales, que dependen siempre del precio de adquisición - de los nuevos precios del fabricante -. Los concesionarios no asumen los incrementos de precios del fabricante. Dicho de otro modo, como norma general, cuando un fabricante incrementa sus precios también se incrementan los precios de los vehículos que venden los concesionarios. En definitiva, la repercusión de los aumentos de precio en la cadena de distribución del fabricante es una práctica comercial generalizada. Esta conclusión puede alcanzarse en nuestro Derecho, como hemos señalado, conforme al principio de normalidad".

12.- El Tribunal Supremo, por su parte, en la sentencia de 14 de junio de 2023, ECLI:ES:TS:2023:2479 (que tomaremos como referencia de entre las dictadas sobre la materia en fechas 12, 13 y 14 de junio de 2023, todas en el mismo sentido), se pronuncia en los siguientes términos:

"Desde un punto de vista lógico, a falta de prueba en contrario, no puede admitirse que un pacto colusorio sobre precios brutos de las características del cártel a que se refiere este litigio no acaba trasladándose a los precios netos o finales, puesto que, por más que puedan influir diversos factores o variables en su traducción final, los primeros son la base de partida de los segundos".

13.- Refiriéndose más adelante, en expresión tomada de la sentencia del Tribunal de Distrito de Amsterdam de 12 de mayo de 2021, al "efecto marea":

"... En definitiva, por más que intervengan diversos factores en la fijación del precio final, si se parte de un precio bruto superior al que hubiera resultado de una concurrencia no distorsionada por el cártel, el precio final también será más elevado.

Es como si la marea levantara todos los barcos. Cada uno de los barcos puede seguir subiendo y bajando con las olas, pero incluso el barco más bajo está en un nivel más alto y eso son los precios más altos que pagan los compradores de camiones".

14.- A ello añade: "No se entiende por qué los escalones intermedios del mercado (las filiales nacionales encargadas de la distribución y los concesionarios ya fueran independientes o dependientes de los fabricantes) habrían absorbido en sus márgenes comerciales durante 14 años los aumentos de precios brutos provocados por la conducta ilícita de los fabricantes evitando de este modo su repercusión en los compradores finales".

15.- A la luz de cuanto antecede, no encontramos en el análisis recogido en la sentencia recurrida, en cuanto concluye en la existencia de daño, motivo de incorrección. Se trata de un planteamiento concorde con el asumido por este Tribunal (y por la generalidad de las Audiencias Provinciales) en cuanto a la relación entre aumento de precios brutos y aumento de precios finales de venta a clientes. A partir de los hechos recogidos en la DECISIÓN, cabe presumir la existencia de daño.

16.- La sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2023 ya citada sanciona la corrección de dicho enfoque, en atención a las características del cártel que nos ocupa, en los siguientes términos:

"... mediante un razonamiento que cabe calificar como correcto: ha existido una infracción del Derecho de la competencia de enorme gravedad por su duración (14 años), por su extensión espacial (todo el EEE), por la cuota de mercado de los fabricantes implicados en el cártel (aproximadamente un 90%) y, debe añadirse, por la naturaleza de los acuerdos colusorios (no solo el intercambio de información sobre datos concurrenciales sensibles sino también la discusión y acuerdos sobre fijación e incremento de precios brutos).

Y con base en estos hechos y en la propia racionalidad económica de la existencia de un cártel de estas características (con una alta exposición al riesgo de elevadas sanciones, cuya asunción carecería de lógica en ausencia de todo beneficio), aplicando las reglas del raciocinio humano y las máximas de experiencia (reflejadas muchas de ellas en los documentos elaborados por las instituciones de la Unión Europea, como es el caso de la Guía práctica para cuantificar el perjuicio en las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de los arts. 101 o 102 TFUE ), puede presumirse que la infracción ha producido un daño en los compradores de los productos afectados por el cártel, consistente en que han pagado un precio superior al que hubieran pagado si el cártel no hubiera existido".

17.- Las sentencias del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2024 reproducen estas consideraciones.

18.- Nos hallamos, en cualquier caso, ante una presunción judicial, que admite prueba en contrario ( artículo 386.2 LEC). El INFORME KPMG no alcanza a desvirtuar dicha presunción, como pretende la parte apelante. Sencilla y llanamente, las conclusiones que en el informe se alcanzan acerca de la inexistencia de sobrecoste (tanto da a estos efectos admitir una probabilidad de sobrecoste que, por no resultar estadísticamente significativa, ha de ser descartada) resultan difícilmente admisibles a la luz de la experiencia empírica (reforzada en este caso por la duración y extensión geográfica, objetiva y subjetiva de la conducta infractora), la doctrina sobre los cárteles de fijación de precios, los estudios empíricos y los documentos de la propia Comisión, en línea con lo advertido en precedentes líneas.

19.- En la sentencia de fecha 9 de septiembre de 2024, rollo de apelación 262/2024, explicamos nuestra posición respecto al informe en cuestión en los siguientes términos:

"Con arreglo al dictamen que esgrime la parte recurrente (Informe KPMG) la infracción cometida no habría generado, porque se considera que no resultaría estadísticamente representativo, impacto significativo en los precios de venta de camiones de la marca concernida en España. Si esta fuera una prueba sólida pudiera haber contribuido a desvirtuar la presunción de daño. Pero conforme a lo que hemos explicado antes es claro que discrepamos de los posicionamientos de partida de ese dictamen. Además, la conclusión que extrae nos genera dudas sobre la aplicación del método seleccionado (comparación diacrónica temporal, con análisis de regresión) y/o la muestra utilizada (que se ciñe, además, a un período temporal más acotado que el de duración del cártel). Concluir que un cártel tan prolongado en el tiempo y de tal extensión objetiva y subjetiva, que se refiere a los principales fabricantes de los vehículos afectados y que tiene por objeto la fijación de precios, entre otros aspectos que igualmente inciden sobre los precios, no ha ocasionado sobrecoste suficientemente relevante en el caso de los camiones de la marca de uno de los principales fabricantes europeos que estuvo implicado en la maniobra anticompetitiva nos parece, sencillamente, un aserto escasamente verosímil. Resulta además un planteamiento frontal y radicalmente opuesto al seguido el informe pericial aportado por la parte demandante que, aunque presente debilidades, apunta a la existencia de alguna incidencia relevante del cártel en los precios, lo que supone un escenario mucho más verosímil en atención a las características de la operativa anticoncurrencial que aquí nos ocupa. En cambio, una conclusión tan extrema sugiere que la elaboración del informe, que se ha basado además en los datos cuya fuente es el entorno de la propia demandada, presenta sesgos que dan lugar a resultados incompatibles con el principio de normalidad, con la teoría económica, con las evidencias empíricas y con las circunstancias del caso (naturaleza de la conducta y extensión temporal, espacial, subjetiva y objetiva).

Por otro lado, como críticas de método, tendría que haberse manejado al confeccionar el informe los precios objetivos y de mercado, no los precios de transferencia que permanecen en el contexto interno de la red de la entidad demandada y no nos permiten conocer el impacto final que tuvo la maniobra anticompetitiva en los precios finalmente soportados por los adquirentes de los vehículos. Asimismo, deberían haber sido excluidas las variables que pudieran estar afectadas por la propia infracción, tal como ocurre con los costes de producción internos de la empresa participante en el cártel. El dictamen se centra, sin embargo, en los precios netos de venta del fabricante al distribuidor -net sales- como variante relevante de estudio. Además, presenta carencias en cuando a la referencia temporal analizada, pues no toma en consideración los datos de todo el período cartelizado, que se inicia en 1997, sino solo desde 2003 en adelante, lo que implica que la curva de precios ya podía sufrir un arrastre de seis años de efecto cártel, sin que se justifique además la razón que habilite para extrapolar los resultados de la regresión (que comprende desde 2003 hasta 2016) a todo el período afectado por el cártel (con inclusión del período 1997-2002).

Ya hemos explicado en el Fundamento de Derecho Tercero que la teoría económica y los estudios empíricos constatan que todo tipo de cártel afecta a los precios. Una vez se dicta una resolución por la autoridad de competencia que aprecia la existencia de un cártel que había actuado en el mercado es razonable esperar, con fundamento en la teoría económica, que aquél ocasionó algún grado de sobrecoste. Otra cosa es que los acuerdos no se hubieran llegado a ejecutar, lo que no consta que sea aquí el caso. De hecho, la duración de la conducta y su extensión muestran que el cártel producía efectos sobre los precios y que los operadores asumían el riesgo derivado de tal conducta por los beneficios que les reportaba. Asimismo, como señalamos con anterioridad, no podríamos admitir como conclusión razonable que un cartel relativo al intercambio de información sobre precios no produzca daño sensible que se proyecte sobre los precios. Los intercambios de información sobre precios suponen precisamente un instrumento de fijación de los mismos y, generalmente, esa clase de información es de la que se considera estratégica. Además, la negación a la existencia del sobrecoste, como algo significativo, debería fundarse sobre datos objetivos y fiables.

Por otro lado, sugerir, como lo hace la apelante, que el dictamen KPMG ofrece al tribunal una cuantificación alternativa del daño, cuando lo que se sostiene en él es que ese resultado carecería de una significación mínimamente relevante, constituye una auténtica paradoja. Si se presenta en el dictamen pericial un escenario de supuesta ausencia daño no se está mostrando una valoración alternativa de cuál pudo ser su alcance cuantitativo, sino que simplemente se está negando la premisa mayor.

En definitiva, es por todo este cúmulo de razones que no podemos hacer nuestra la conclusión del dictamen que esgrime la recurrente (Informe KPMG) que solo vendría a admitir una incidencia meramente marginal, casi inocua y no significativa, en los precios. Por lo tanto, hemos de considerar que la presunción de daño antes construida no ha sido desvirtuada por la parte demandada/apelante".

V. CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

20.- Tras dar por sentada la causación de un perjuicio, el juzgador de la anterior instancia, en trance de cuantificarlo en el caso concreto, al valorar los informes que las partes aportaron a tal fin, consideró que el aportado por la demandante, firmado por D. Simón, incurre en deficiencias que le privan de aptitud como justificación del importe indemnizatorio que reclama, mientras que el aportado por la demandada, INFORME KPMG, arroja una cuantificación alternativa de un 2,46% del precio que, teniendo en cuenta que los datos manejados pueden ser tenidos por ciertos, el método utilizado es apropiado y la forma en que se traslada al caso prima facie no ofrece reparos, debe ser acogida, trasladándola por ello al fallo de la sentencia. Las dos partes impugnan tal pronunciamiento.

21.- VGE sostiene que el juzgador de primera instancia ha interpretado incorrectamente su informe. Subraya que lo que en él se concluye es que la infracción sancionada en la DECISIÓN no tuvo efectos sobre los precios, toda vez que solo podría justificar la evolución de los precios en un porcentaje absolutamente marginal, en concreto, para los camiones Volvo del segmento de "larga distancia" como es aquí el caso, en un 0,69% de sobreprecio, siendo del 5% la probabilidad de los resultados que se arrojan para los distintos segmentos de vehículos contemplados (en una horquilla que va del -0,76% -segmento de "distribución regional de Renault- al 2,46% -segmento de "transporte estándar" de Renault), de lo que se desprende que la probabilidad de "0" es de un 95%. Se añade que no es posible garantizar con exactitud el porcentaje de sobreprecio de un concreto camión dentro de la horquilla que corresponde a su segmento de uso. Con tales bases, se observa que la sentencia dictada en la anterior instancia, haciendo caso omiso a las advertencias sobre la significatividad estadística de los resultados que arroja el INFORME KPMG y errando en la identificación del segmento al que pertenece el vehículo, fijó el sobreprecio en el caso de autos en un 2,46% del precio de adquisición, pretendidamente con fundamento en el referido informe. Según VGE la lectura que debe hacerse del INFORME KPMG, habida cuenta la falta de significatividad del resultado que ofrece en relación con los vehículos del segmento al que pertenece el del caso y la falta de significatividad estadística de los resultados que arroja, es que no existió sobreprecio. Ello debería traducirse, una vez que se considera que el informe aportado por la parte demandante no es apto en modo alguno para cumplir sus fines, en la desestimación de la demanda. Esto es lo que se persigue con el recurso.

Respuesta del Tribunal

22.- En numerosísimos precedentes hemos asumido la interpretación que VGE hace del INFORME KPMG, en el sentido de que la conclusión que arroja el mismo es que no existió sobreprecio. Ello nos lleva a rechazar la posibilidad de que, con fundamento en dicho informe, se establezca en un determinado porcentaje de los que en él se manejan aplicado al precio el sobreprecio sufrido por el demandante, como hace la sentencia recurrida.

23.- Ahora bien, que ello, en conexión con la falta de idoneidad que la sentencia recurrida atribuye al informe aportado por TRANSJULIA, haya de conducir a las resultas que propugna VGE depende de la respuesta que deba darse a la impugnación formulada por la promotora del expediente, de lo que nos ocupamos a continuación.

RECURSO DE TRANSJULIA

VI. CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

24.- La promotora del expediente, asumiendo que el informe que en su día aportó no constituye prueba bastante del importe que reclamaba en su demanda, defiende, no obstante, que aquel satisface el estándar probatorio mínimo señalado por la jurisprudencia para recurrir a las facultades judiciales de estimación y postula que, siguiendo el criterio establecido por esta Audiencia Provincial, se estime el perjuicio causado en el 5% del precio de adquisición. A ello se opone VGE.

Respuesta del Tribunal

25.- Según la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en relación con el marco conflictual en el que nos encontramos, la falta de idoneidad del informe aportado por el perjudicado en acreditación del importe que en concepto de daño reclama no ha de traducirse necesariamente en la negación de toda indemnización. En tal consideración pesan las dificultades que ofrecen las valoraciones de daños y perjuicios que consisten en proyecciones de lo que habría sucedido si la conducta ilícita que los genera no hubiera tenido lugar y las dificultades añadidas que derivan de las especiales características del cártel de los camiones. Ante un escenario así, la estimación judicial se presenta como un mecanismo para corregir el problema que, para la reparación del perjudicado, representa la determinación precisa del importe de los daños.

26.- La activación de tal mecanismo presupone, según esa misma doctrina, una aproximación razonable a la cuantificación de los daños merced al esfuerzo probatorio de la parte, aunque el mismo revele deficiencias. En este sentido, el Alto Tribunal ha adoptado un criterio flexible en relación con el estándar mínimo de prueba preciso para abrir la puerta a la estimación judicial del daño, al punto de admitir el ejercicio de las facultades judiciales de estimación con base en informes puramente estadísticos.

27.- Como se ha señalado, todo lo anterior constituye jurisprudencia pacífica, de la que citaremos, como mero botón de muestra, la reciente sentencia de 10 de febrero de 2026, ECLI:ES:TS:2026:413. En ella, además de desarrollarse extensamente las ideas que preceden, se recogen determinadas consideraciones al hilo de la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de febrero de 2023, C-312/21, Tráficos Manuel Ferrer, ECLI: EU:C:2023:99, que estimamos particularmente relevantes a la hora de dar respuesta a la controversia que se nos somete.

28.- En efecto, el Alto Tribunal resalta que, conforme a lo señalado por el Tribunal de Justicia, la aplicación de las facultades de estimación del juez en el campo que nos ocupa ha de ceñirse a situaciones en que, una vez acreditada la existencia del daño respecto de la parte demandante, sea prácticamente imposible o excesivamente difícil cuantificarlo, si bien, en el supuesto de que la imposibilidad práctica de evaluar el perjuicio se deba a la inactividad de la parte demandante, no corresponderá al juez nacional sustituir a esta parte ni suplir su falta de acción. Con tales mimbres, concluye el Tribunal Supremo, el juzgador debe valorar los elementos pertinentes, dadas las circunstancias concurrentes en el caso, para juzgar el esfuerzo probatorio desplegado por el perjudicado.

29.- La consecuencia que hemos de extraer de lo anterior es diáfana: si se alcanza la conclusión de que el perjudicado desarrolló un esfuerzo probatorio suficiente, cabrá acudir a la estimación judicial como instrumento adecuado para procurar la reparación del daño sufrido; en caso contrario, no cabrá reconocer al perjudicado importe indemnizatorio alguno.

30.- Debemos estar, pues, a las circunstancias del caso. En el que ahora nos ocupa, el informe presentado por la promotora del expediente se limita a hacer referencia a la DECISIÓN para, tras señalar que la Comisión estimó el sobrecoste generado por la conducta sancionada entre un 10% y un 15% del precio de adquisición de los camiones vendidos en el periodo infractor, calcular el sobreprecio ocasionado en el supuesto aplicando el valor medio de dicha horquilla, 12,5%, al precio de compra, sin mayores aditamentos ni discursos explicativos. Durante su intervención en el acto del juicio, el autor, a la hora de ilustrar al tribunal sobre el proceso que le llevó a señalar como sobreprecio la cifra que arroja el informe, se limitó a: (i) explicar la mecánica de la operación realizada, a saber, aplicación del porcentaje del 12,5% sobre el precio de compra; y (ii) señalar, cuando fue preguntado por la letrada de la contraparte acerca de las razones que le habían llevado a tomar como referente ese tanto por cierto, que el mismo representaba la media de la horquilla de entre un 10% y un 15% en la que un informe de la Comisión había estimado el sobreprecio aplicado por las empresas sancionadas en la DECISIÓN, tras haber aclarado tajantemente que para calcular el sobrecoste no se había basado en las multas fijadas en la DECISIÓN. En ningún momento el perito identificó de qué informe se trataba, aclarando, cuando fue preguntado al efecto, que no había acudido a ninguno de los métodos señalados en la Guía "porque la Unión Europea ya lo ha hecho y no voy a hacer doble trabajo". En el informe pericial no figura ningún informe de la Comisión en la relación de documentos de los que, como allí se dice, "se obtiene el dictamen"; la relación únicamente incluye la ficha técnica y el permiso de circulación del vehículo, el contrato de leasing por el que se financió la adquisición y el resumen de la DECISIÓN publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

31.- A la vista de las circunstancias expuestas, nos ofrece pocas dudas que no cabe hablar de esfuerzo probatorio suficiente por parte del perjudicado. Por muy generoso que se quiera ser. La prueba que aportó TRANSJULIA en acreditación del perjuicio sufrido se limita a un llamado "informe pericial" que consiste, pura y llanamente, en la aplicación de un determinado porcentaje sobre el precio de adquisición, sin resultar justificada en modo alguno, ni directamente en el informe, ni indirectamente, por los documentos señalados expresamente en el informe como fuente o por la identificación de la documentación de referencia (ese ignoto "informe de la Comisión" al que el perito hizo referencia en el acto del juicio), la adopción de tal pauta. Admitir la suficiencia de dicho "informe" a los efectos de acudir a la estimación judicial del daño privaría de razón de ser a la carga impuesta al perjudicado.

32.- El informe aportado por TRANSJULIA no merece la calificación de informe pericial con que se nos presenta, en tanto que para afirmar -erróneamente- que la Decisión o un ignorado informe cuantifica el daño entre un 10% y 15% del precio de adquisición y, luego, hacer una simple media aritmética, no son precisos conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos que es lo que puede dotar a un informe de la calificación de pericial ( artículo 335 LEC). Admitir que el informe aportado por la actora permite pasar por el portillo hacia la estimación judicial del daño sería tanto como admitir la posibilidad de recurrir a este instrumento de cuantificación de la indemnización sin más apoyo que la mera Decisión. En definitiva, estimar el daño en el caso enjuiciado supondría hacerlo sin exigir al demandante el más mínimo esfuerzo probatorio, llamando a los perjudicados a que, en lo sucesivo, se limitaran, sin mayor esfuerzo, a solicitar la estimación judicial con expectativas fundadas de que así lo hará el tribunal.

33.- Por consiguiente, el recurso de TRANSJULIA no puede prosperar.

34.- Recapitulando: (i) la prueba aportada por la promotora del expediente resulta inadecuada para cuantificar el daño; (ii) el señalamiento, como importe indemnizatorio, del 2,46% del precio de adquisición con fundamento en la valoración ofrecida por el informe aportado por la contraparte, no resulta admisible; y (iii) el informe pericial aportado por la promotora del expediente no representa un esfuerzo probatorio suficiente que justifique acudir a la estimación judicial del daño. De todo ello resulta, como corolario, la desestimación íntegra de la demanda.

V. COSTAS

35.- La suerte de los recursos, que da lugar a la íntegra desestimación de la demanda origen de las presentes actuaciones, determina las siguientes consecuencias en materia de costas: (i) las de primera instancia habrán de ser a cargo de TRANSJULIA, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; ( ii) en cuanto a las de segunda instancia, TRANSJULIA habrá de hacer frente a las costas ocasionadas por su recurso y no ha lugar a expreso pronunciamiento condenatorio por lo que se refiere a las originadas por el recurso de VGE, de conformidad, respectivamente, con lo dispuesto en el artículo 398.1, en relación con el 394, y en el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción anterior a la vigente, que es la que resulta de aplicación por razones de derecho transitorio.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

I. PRELIMINAR

1.- El presente expediente trae causa de la demanda presentada por TRANSJULIA I FILLS, S.L. ("TRANSJULIA") contra VOLVO GROUP ESPAÑA, S.A.U. ("VGE") con fundamento en el artículo 1902 del Código Civil (" CC") y el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ("TFUE"). La demanda se sustenta en la decisión de la Comisión Europea C(2016) 4673 final, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto AT.39824 - Camiones), de 19 de julio de 2016 (en lo sucesivo, "la DECISIÓN). TRANSJULIA solicitaba la condena de la demandada al pago de 12.687,50 euros, importe en que cuantificaba el sobreprecio que hubo de satisfacer para adquirir, el 20 de junio de 2007, la cabeza tractora marca VOLVO con matrícula NUM000. Dicho importe corresponde al 12,5% del precio de adquisición. Además, TRANSJULIA reclamaba otros 6.763,35 euros, en concepto de intereses al tipo legal devengados por el importe en que cuantificó el sobreprecio desde la fecha de adquisición, más los intereses procesales desde la interposición de la demanda hasta el completo pago de lo declarado en sentencia.

2.- Al cabo del trámite, se dictó sentencia por la que, estimándose en parte la demanda, se condena a VGE al pago del importe que representa el 2,46% del precio de adquisición de la cabeza tractora a la que se refiere el litigio, más los intereses legales devengados por dicho importe desde la fecha de adquisición.

3.- La demandada interpuso recurso de apelación, para interesar la íntegra desestimación de la demanda. La demandante, a su vez, formuló impugnación, para solicitar que, por via de estimación, se fijase en el 5% del precio de adquisición el importe que VGE debía abonar en concepto de sobreprecio. En los apartados que siguen acometeremos el examen de las cuestiones que afloran en esta segunda instancia, debidamente ordenadas y en la medida que se requiera para dar oportuna respuesta a la controversia que se nos somete,

RECURSO DE VGE

II. INCONGRUENCIA EXTRA PETITA

4.- En el apartado cuarto de su recurso, VGE alega incongruencia extra petita. La falta consistiría en que, según la parte recurrente, el importe del daño se fijó por vía de estimación judicial a partir de hechos y datos que no fueron aportados al procedimiento, en referencia al informe Oxera 2009.

Respuesta del Tribunal

5.- La denuncia carece de todo fundamento. En la sentencia recurrida no se fija el importe del sobreprecio por vía de estimación. Entendemos que nos encontramos ante un mero error de la parte recurrente, que introdujo este capítulo en su recurso por descuido.

III. LEGITIMACIÓN DE VGE

6.- VGE revive en esta instancia los alegatos de falta de legitimación pasiva. Estos descargos se sustentan en que VGE no fue sancionada por la DECISION y en que no se han satisfecho por el demandante las cargas impuestas a la víctima en el párrafo 51 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2021, Sumal, C-882/19, ECLI:EU:C:2021:800, para poder extender a la filial la responsabilidad por daños como consecuencia de la conducta realizada por la matriz sancionada, específicamente, en relación con la demostración de la existencia de "un vínculo concreto entre la actividad económica de dicha sociedad filial y el objeto de la infracción de la que se ha declarado responsable a la sociedad matriz".También se invoca el apartado 53 de la sentencia, en el particular en el que, en relación con el derecho de defensa de la sociedad filial, establece que esta "debe disponer, ante el juez nacional de que se trate, de todos los medios necesarios para ejercer de manera efectiva su derecho de defensa",aduciendo VGE que la extensión automática de los efectos civiles de una sanción derivada de un procedimiento administrativo sancionador en el que no fue parte infringe el artículo 24 de la Constitución y el artículo 47 de la Carta Europea de Derechos Humanos.

Respuesta del Tribunal

7.- Cabe reproducir aquí la respuesta dada a los mismos alegatos en las sentencias de esta Sección de 20 de octubre de 2023, rollos de apelación 114/2023 y 118/2023, de 3 de noviembre de 2023, rollo de apelación 117/2023, de 12 de enero de 2024, rollo de apelación 242/2023 y de 8 de marzo de 2024, rollo de apelación 283/2023, entre otras. En ellas señalamos que es posible declarar la responsabilidad de la filial de VOLVO en España, por cuanto participa en el proceso de distribución comercial de los vehículos del grupo VOLVO en España, lo que pone de manifiesto sus vínculos económicos, organizativos y jurídicos con las empresas del grupo VOLVO destinatarias de la DECISIÓN (extremo reconocido en el propio escrito de interposición del recurso), así como la existencia de un vínculo concreto entre la actividad económica de aquella y el objeto de la infracción, en el sentido determinado por el apartado 52 de la sentencia Sumal. En relación con este extremo, puntualizamos que en el propio informe pericial aportado por las demandadas apelantes se indica que: "La compañía local de Volvo /Renault en España vende o comercializa la venta de la mayoría de los camiones a distribuidores al denominado Precio Neto al Distribuidor"(página 8). Añadíamos que los alegatos relativos a la merma del derecho de defensa de la recurrente resultaban infundados, toda vez que había podido alegar y probar en el procedimiento lo que considerara oportuno sobre la falta de vínculos con las codemandadas o con la actividad determinante de la infracción. Todas estas observaciones son trasladables al supuesto que ahora nos ocupa.

8.- También apuntamos en las referidas sentencias que no queda afectado el derecho de defensa de la filial en el procedimiento sancionador cuando al menos una de las sociedades que conforman la "empresa" haya tenido la oportunidad de rebatir la realidad de la infracción. Y la eventual responsabilidad de la sociedad filial por los daños causados no queda excluida por el mero hecho de que la DECISIÓN declara la existencia de la infracción no hubiese impuesto a esa sociedad una sanción administrativa.

IV. EXISTENCIA DE DAÑO Y RELACIÓN DE CAUSALIDAD

9.- En su recurso, VGE denuncia la infracción, por aplicación incorrecta, del artículo 1902 CC. El discurso impugnatorio que se despliega bajo dicho encabezamiento, discurre, a partir de la constatación de que, según la propia resolución recurrida, el régimen aplicable es el artículo 1902 del Código Civil (" CC"), por las siguientes líneas argumentales: (i) el juez de la anterior instancia, pese a reconocer que la Directiva 2014/104 no resulta aplicable, resuelve, de facto, aplicando un régimen jurídico igual al instaurado por esta norma (ii) la sentencia impugnada presume la existencia de daño, consistente en el incremento de los precios netos (precio de adquisición por el cliente final), a partir de un hecho presunto, el incremento de los precios brutos, que se establece a partir de una incorrecta lectura de la DECISIÓN; (iii) no existe un enlace preciso y directo entre el hecho base y el hecho presunto así caracterizados; (iv) el hecho presunto ha sido desvirtuado por la prueba aportada por la apelante; (v) la relación de causalidad con la conducta sancionada no puede presumirse y, en todo caso, la apelante ha acreditado su inexistencia (en referencia al informe aportado con su escrito de contestación -"INFORME KPMG").

Respuesta del Tribunal

10.- Ninguna acogida merecen los alegatos de VGE, por lo que razonamos a continuación.

11.- Por lo que se refiere a la relación entre aumento de precios brutos y aumento de precios de venta a clientes, la Sección 28ª de esta Audiencia Provincial ya observó en numerosas sentencias lo que sigue, transcripción de la sentencia 526/2022, de 1 de julio de 2022, que utilizamos a modo de botón de muestra, convirtiéndolo en razonamiento propio:

"Como es obvio, el hecho de que la comercialización de los productos se efectúe a través de la red de distribución del fabricante y los adquirentes finales de los camiones mantengan relación directa con los concesionarios de dicho fabricante no excluye la existencia del daño, consistente en el sobrecoste derivado de los acuerdos ilícitos expuestos. Incluso los descuentos que decidan aplicar los concesionarios con cargo a su margen de distribución se aplican en función de precios ya distorsionados.

En el sector del automóvil resulta notorio que los aumentos de precio de los vehículos se repercuten en la cadena de distribución del propio fabricante, sin perjuicio de los descuentos que decidan en cada caso aplicar los concesionarios sobre sus márgenes comerciales, que dependen siempre del precio de adquisición - de los nuevos precios del fabricante -. Los concesionarios no asumen los incrementos de precios del fabricante. Dicho de otro modo, como norma general, cuando un fabricante incrementa sus precios también se incrementan los precios de los vehículos que venden los concesionarios. En definitiva, la repercusión de los aumentos de precio en la cadena de distribución del fabricante es una práctica comercial generalizada. Esta conclusión puede alcanzarse en nuestro Derecho, como hemos señalado, conforme al principio de normalidad".

12.- El Tribunal Supremo, por su parte, en la sentencia de 14 de junio de 2023, ECLI:ES:TS:2023:2479 (que tomaremos como referencia de entre las dictadas sobre la materia en fechas 12, 13 y 14 de junio de 2023, todas en el mismo sentido), se pronuncia en los siguientes términos:

"Desde un punto de vista lógico, a falta de prueba en contrario, no puede admitirse que un pacto colusorio sobre precios brutos de las características del cártel a que se refiere este litigio no acaba trasladándose a los precios netos o finales, puesto que, por más que puedan influir diversos factores o variables en su traducción final, los primeros son la base de partida de los segundos".

13.- Refiriéndose más adelante, en expresión tomada de la sentencia del Tribunal de Distrito de Amsterdam de 12 de mayo de 2021, al "efecto marea":

"... En definitiva, por más que intervengan diversos factores en la fijación del precio final, si se parte de un precio bruto superior al que hubiera resultado de una concurrencia no distorsionada por el cártel, el precio final también será más elevado.

Es como si la marea levantara todos los barcos. Cada uno de los barcos puede seguir subiendo y bajando con las olas, pero incluso el barco más bajo está en un nivel más alto y eso son los precios más altos que pagan los compradores de camiones".

14.- A ello añade: "No se entiende por qué los escalones intermedios del mercado (las filiales nacionales encargadas de la distribución y los concesionarios ya fueran independientes o dependientes de los fabricantes) habrían absorbido en sus márgenes comerciales durante 14 años los aumentos de precios brutos provocados por la conducta ilícita de los fabricantes evitando de este modo su repercusión en los compradores finales".

15.- A la luz de cuanto antecede, no encontramos en el análisis recogido en la sentencia recurrida, en cuanto concluye en la existencia de daño, motivo de incorrección. Se trata de un planteamiento concorde con el asumido por este Tribunal (y por la generalidad de las Audiencias Provinciales) en cuanto a la relación entre aumento de precios brutos y aumento de precios finales de venta a clientes. A partir de los hechos recogidos en la DECISIÓN, cabe presumir la existencia de daño.

16.- La sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2023 ya citada sanciona la corrección de dicho enfoque, en atención a las características del cártel que nos ocupa, en los siguientes términos:

"... mediante un razonamiento que cabe calificar como correcto: ha existido una infracción del Derecho de la competencia de enorme gravedad por su duración (14 años), por su extensión espacial (todo el EEE), por la cuota de mercado de los fabricantes implicados en el cártel (aproximadamente un 90%) y, debe añadirse, por la naturaleza de los acuerdos colusorios (no solo el intercambio de información sobre datos concurrenciales sensibles sino también la discusión y acuerdos sobre fijación e incremento de precios brutos).

Y con base en estos hechos y en la propia racionalidad económica de la existencia de un cártel de estas características (con una alta exposición al riesgo de elevadas sanciones, cuya asunción carecería de lógica en ausencia de todo beneficio), aplicando las reglas del raciocinio humano y las máximas de experiencia (reflejadas muchas de ellas en los documentos elaborados por las instituciones de la Unión Europea, como es el caso de la Guía práctica para cuantificar el perjuicio en las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de los arts. 101 o 102 TFUE ), puede presumirse que la infracción ha producido un daño en los compradores de los productos afectados por el cártel, consistente en que han pagado un precio superior al que hubieran pagado si el cártel no hubiera existido".

17.- Las sentencias del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2024 reproducen estas consideraciones.

18.- Nos hallamos, en cualquier caso, ante una presunción judicial, que admite prueba en contrario ( artículo 386.2 LEC). El INFORME KPMG no alcanza a desvirtuar dicha presunción, como pretende la parte apelante. Sencilla y llanamente, las conclusiones que en el informe se alcanzan acerca de la inexistencia de sobrecoste (tanto da a estos efectos admitir una probabilidad de sobrecoste que, por no resultar estadísticamente significativa, ha de ser descartada) resultan difícilmente admisibles a la luz de la experiencia empírica (reforzada en este caso por la duración y extensión geográfica, objetiva y subjetiva de la conducta infractora), la doctrina sobre los cárteles de fijación de precios, los estudios empíricos y los documentos de la propia Comisión, en línea con lo advertido en precedentes líneas.

19.- En la sentencia de fecha 9 de septiembre de 2024, rollo de apelación 262/2024, explicamos nuestra posición respecto al informe en cuestión en los siguientes términos:

"Con arreglo al dictamen que esgrime la parte recurrente (Informe KPMG) la infracción cometida no habría generado, porque se considera que no resultaría estadísticamente representativo, impacto significativo en los precios de venta de camiones de la marca concernida en España. Si esta fuera una prueba sólida pudiera haber contribuido a desvirtuar la presunción de daño. Pero conforme a lo que hemos explicado antes es claro que discrepamos de los posicionamientos de partida de ese dictamen. Además, la conclusión que extrae nos genera dudas sobre la aplicación del método seleccionado (comparación diacrónica temporal, con análisis de regresión) y/o la muestra utilizada (que se ciñe, además, a un período temporal más acotado que el de duración del cártel). Concluir que un cártel tan prolongado en el tiempo y de tal extensión objetiva y subjetiva, que se refiere a los principales fabricantes de los vehículos afectados y que tiene por objeto la fijación de precios, entre otros aspectos que igualmente inciden sobre los precios, no ha ocasionado sobrecoste suficientemente relevante en el caso de los camiones de la marca de uno de los principales fabricantes europeos que estuvo implicado en la maniobra anticompetitiva nos parece, sencillamente, un aserto escasamente verosímil. Resulta además un planteamiento frontal y radicalmente opuesto al seguido el informe pericial aportado por la parte demandante que, aunque presente debilidades, apunta a la existencia de alguna incidencia relevante del cártel en los precios, lo que supone un escenario mucho más verosímil en atención a las características de la operativa anticoncurrencial que aquí nos ocupa. En cambio, una conclusión tan extrema sugiere que la elaboración del informe, que se ha basado además en los datos cuya fuente es el entorno de la propia demandada, presenta sesgos que dan lugar a resultados incompatibles con el principio de normalidad, con la teoría económica, con las evidencias empíricas y con las circunstancias del caso (naturaleza de la conducta y extensión temporal, espacial, subjetiva y objetiva).

Por otro lado, como críticas de método, tendría que haberse manejado al confeccionar el informe los precios objetivos y de mercado, no los precios de transferencia que permanecen en el contexto interno de la red de la entidad demandada y no nos permiten conocer el impacto final que tuvo la maniobra anticompetitiva en los precios finalmente soportados por los adquirentes de los vehículos. Asimismo, deberían haber sido excluidas las variables que pudieran estar afectadas por la propia infracción, tal como ocurre con los costes de producción internos de la empresa participante en el cártel. El dictamen se centra, sin embargo, en los precios netos de venta del fabricante al distribuidor -net sales- como variante relevante de estudio. Además, presenta carencias en cuando a la referencia temporal analizada, pues no toma en consideración los datos de todo el período cartelizado, que se inicia en 1997, sino solo desde 2003 en adelante, lo que implica que la curva de precios ya podía sufrir un arrastre de seis años de efecto cártel, sin que se justifique además la razón que habilite para extrapolar los resultados de la regresión (que comprende desde 2003 hasta 2016) a todo el período afectado por el cártel (con inclusión del período 1997-2002).

Ya hemos explicado en el Fundamento de Derecho Tercero que la teoría económica y los estudios empíricos constatan que todo tipo de cártel afecta a los precios. Una vez se dicta una resolución por la autoridad de competencia que aprecia la existencia de un cártel que había actuado en el mercado es razonable esperar, con fundamento en la teoría económica, que aquél ocasionó algún grado de sobrecoste. Otra cosa es que los acuerdos no se hubieran llegado a ejecutar, lo que no consta que sea aquí el caso. De hecho, la duración de la conducta y su extensión muestran que el cártel producía efectos sobre los precios y que los operadores asumían el riesgo derivado de tal conducta por los beneficios que les reportaba. Asimismo, como señalamos con anterioridad, no podríamos admitir como conclusión razonable que un cartel relativo al intercambio de información sobre precios no produzca daño sensible que se proyecte sobre los precios. Los intercambios de información sobre precios suponen precisamente un instrumento de fijación de los mismos y, generalmente, esa clase de información es de la que se considera estratégica. Además, la negación a la existencia del sobrecoste, como algo significativo, debería fundarse sobre datos objetivos y fiables.

Por otro lado, sugerir, como lo hace la apelante, que el dictamen KPMG ofrece al tribunal una cuantificación alternativa del daño, cuando lo que se sostiene en él es que ese resultado carecería de una significación mínimamente relevante, constituye una auténtica paradoja. Si se presenta en el dictamen pericial un escenario de supuesta ausencia daño no se está mostrando una valoración alternativa de cuál pudo ser su alcance cuantitativo, sino que simplemente se está negando la premisa mayor.

En definitiva, es por todo este cúmulo de razones que no podemos hacer nuestra la conclusión del dictamen que esgrime la recurrente (Informe KPMG) que solo vendría a admitir una incidencia meramente marginal, casi inocua y no significativa, en los precios. Por lo tanto, hemos de considerar que la presunción de daño antes construida no ha sido desvirtuada por la parte demandada/apelante".

V. CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

20.- Tras dar por sentada la causación de un perjuicio, el juzgador de la anterior instancia, en trance de cuantificarlo en el caso concreto, al valorar los informes que las partes aportaron a tal fin, consideró que el aportado por la demandante, firmado por D. Simón, incurre en deficiencias que le privan de aptitud como justificación del importe indemnizatorio que reclama, mientras que el aportado por la demandada, INFORME KPMG, arroja una cuantificación alternativa de un 2,46% del precio que, teniendo en cuenta que los datos manejados pueden ser tenidos por ciertos, el método utilizado es apropiado y la forma en que se traslada al caso prima facie no ofrece reparos, debe ser acogida, trasladándola por ello al fallo de la sentencia. Las dos partes impugnan tal pronunciamiento.

21.- VGE sostiene que el juzgador de primera instancia ha interpretado incorrectamente su informe. Subraya que lo que en él se concluye es que la infracción sancionada en la DECISIÓN no tuvo efectos sobre los precios, toda vez que solo podría justificar la evolución de los precios en un porcentaje absolutamente marginal, en concreto, para los camiones Volvo del segmento de "larga distancia" como es aquí el caso, en un 0,69% de sobreprecio, siendo del 5% la probabilidad de los resultados que se arrojan para los distintos segmentos de vehículos contemplados (en una horquilla que va del -0,76% -segmento de "distribución regional de Renault- al 2,46% -segmento de "transporte estándar" de Renault), de lo que se desprende que la probabilidad de "0" es de un 95%. Se añade que no es posible garantizar con exactitud el porcentaje de sobreprecio de un concreto camión dentro de la horquilla que corresponde a su segmento de uso. Con tales bases, se observa que la sentencia dictada en la anterior instancia, haciendo caso omiso a las advertencias sobre la significatividad estadística de los resultados que arroja el INFORME KPMG y errando en la identificación del segmento al que pertenece el vehículo, fijó el sobreprecio en el caso de autos en un 2,46% del precio de adquisición, pretendidamente con fundamento en el referido informe. Según VGE la lectura que debe hacerse del INFORME KPMG, habida cuenta la falta de significatividad del resultado que ofrece en relación con los vehículos del segmento al que pertenece el del caso y la falta de significatividad estadística de los resultados que arroja, es que no existió sobreprecio. Ello debería traducirse, una vez que se considera que el informe aportado por la parte demandante no es apto en modo alguno para cumplir sus fines, en la desestimación de la demanda. Esto es lo que se persigue con el recurso.

Respuesta del Tribunal

22.- En numerosísimos precedentes hemos asumido la interpretación que VGE hace del INFORME KPMG, en el sentido de que la conclusión que arroja el mismo es que no existió sobreprecio. Ello nos lleva a rechazar la posibilidad de que, con fundamento en dicho informe, se establezca en un determinado porcentaje de los que en él se manejan aplicado al precio el sobreprecio sufrido por el demandante, como hace la sentencia recurrida.

23.- Ahora bien, que ello, en conexión con la falta de idoneidad que la sentencia recurrida atribuye al informe aportado por TRANSJULIA, haya de conducir a las resultas que propugna VGE depende de la respuesta que deba darse a la impugnación formulada por la promotora del expediente, de lo que nos ocupamos a continuación.

RECURSO DE TRANSJULIA

VI. CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

24.- La promotora del expediente, asumiendo que el informe que en su día aportó no constituye prueba bastante del importe que reclamaba en su demanda, defiende, no obstante, que aquel satisface el estándar probatorio mínimo señalado por la jurisprudencia para recurrir a las facultades judiciales de estimación y postula que, siguiendo el criterio establecido por esta Audiencia Provincial, se estime el perjuicio causado en el 5% del precio de adquisición. A ello se opone VGE.

Respuesta del Tribunal

25.- Según la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en relación con el marco conflictual en el que nos encontramos, la falta de idoneidad del informe aportado por el perjudicado en acreditación del importe que en concepto de daño reclama no ha de traducirse necesariamente en la negación de toda indemnización. En tal consideración pesan las dificultades que ofrecen las valoraciones de daños y perjuicios que consisten en proyecciones de lo que habría sucedido si la conducta ilícita que los genera no hubiera tenido lugar y las dificultades añadidas que derivan de las especiales características del cártel de los camiones. Ante un escenario así, la estimación judicial se presenta como un mecanismo para corregir el problema que, para la reparación del perjudicado, representa la determinación precisa del importe de los daños.

26.- La activación de tal mecanismo presupone, según esa misma doctrina, una aproximación razonable a la cuantificación de los daños merced al esfuerzo probatorio de la parte, aunque el mismo revele deficiencias. En este sentido, el Alto Tribunal ha adoptado un criterio flexible en relación con el estándar mínimo de prueba preciso para abrir la puerta a la estimación judicial del daño, al punto de admitir el ejercicio de las facultades judiciales de estimación con base en informes puramente estadísticos.

27.- Como se ha señalado, todo lo anterior constituye jurisprudencia pacífica, de la que citaremos, como mero botón de muestra, la reciente sentencia de 10 de febrero de 2026, ECLI:ES:TS:2026:413. En ella, además de desarrollarse extensamente las ideas que preceden, se recogen determinadas consideraciones al hilo de la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de febrero de 2023, C-312/21, Tráficos Manuel Ferrer, ECLI: EU:C:2023:99, que estimamos particularmente relevantes a la hora de dar respuesta a la controversia que se nos somete.

28.- En efecto, el Alto Tribunal resalta que, conforme a lo señalado por el Tribunal de Justicia, la aplicación de las facultades de estimación del juez en el campo que nos ocupa ha de ceñirse a situaciones en que, una vez acreditada la existencia del daño respecto de la parte demandante, sea prácticamente imposible o excesivamente difícil cuantificarlo, si bien, en el supuesto de que la imposibilidad práctica de evaluar el perjuicio se deba a la inactividad de la parte demandante, no corresponderá al juez nacional sustituir a esta parte ni suplir su falta de acción. Con tales mimbres, concluye el Tribunal Supremo, el juzgador debe valorar los elementos pertinentes, dadas las circunstancias concurrentes en el caso, para juzgar el esfuerzo probatorio desplegado por el perjudicado.

29.- La consecuencia que hemos de extraer de lo anterior es diáfana: si se alcanza la conclusión de que el perjudicado desarrolló un esfuerzo probatorio suficiente, cabrá acudir a la estimación judicial como instrumento adecuado para procurar la reparación del daño sufrido; en caso contrario, no cabrá reconocer al perjudicado importe indemnizatorio alguno.

30.- Debemos estar, pues, a las circunstancias del caso. En el que ahora nos ocupa, el informe presentado por la promotora del expediente se limita a hacer referencia a la DECISIÓN para, tras señalar que la Comisión estimó el sobrecoste generado por la conducta sancionada entre un 10% y un 15% del precio de adquisición de los camiones vendidos en el periodo infractor, calcular el sobreprecio ocasionado en el supuesto aplicando el valor medio de dicha horquilla, 12,5%, al precio de compra, sin mayores aditamentos ni discursos explicativos. Durante su intervención en el acto del juicio, el autor, a la hora de ilustrar al tribunal sobre el proceso que le llevó a señalar como sobreprecio la cifra que arroja el informe, se limitó a: (i) explicar la mecánica de la operación realizada, a saber, aplicación del porcentaje del 12,5% sobre el precio de compra; y (ii) señalar, cuando fue preguntado por la letrada de la contraparte acerca de las razones que le habían llevado a tomar como referente ese tanto por cierto, que el mismo representaba la media de la horquilla de entre un 10% y un 15% en la que un informe de la Comisión había estimado el sobreprecio aplicado por las empresas sancionadas en la DECISIÓN, tras haber aclarado tajantemente que para calcular el sobrecoste no se había basado en las multas fijadas en la DECISIÓN. En ningún momento el perito identificó de qué informe se trataba, aclarando, cuando fue preguntado al efecto, que no había acudido a ninguno de los métodos señalados en la Guía "porque la Unión Europea ya lo ha hecho y no voy a hacer doble trabajo". En el informe pericial no figura ningún informe de la Comisión en la relación de documentos de los que, como allí se dice, "se obtiene el dictamen"; la relación únicamente incluye la ficha técnica y el permiso de circulación del vehículo, el contrato de leasing por el que se financió la adquisición y el resumen de la DECISIÓN publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

31.- A la vista de las circunstancias expuestas, nos ofrece pocas dudas que no cabe hablar de esfuerzo probatorio suficiente por parte del perjudicado. Por muy generoso que se quiera ser. La prueba que aportó TRANSJULIA en acreditación del perjuicio sufrido se limita a un llamado "informe pericial" que consiste, pura y llanamente, en la aplicación de un determinado porcentaje sobre el precio de adquisición, sin resultar justificada en modo alguno, ni directamente en el informe, ni indirectamente, por los documentos señalados expresamente en el informe como fuente o por la identificación de la documentación de referencia (ese ignoto "informe de la Comisión" al que el perito hizo referencia en el acto del juicio), la adopción de tal pauta. Admitir la suficiencia de dicho "informe" a los efectos de acudir a la estimación judicial del daño privaría de razón de ser a la carga impuesta al perjudicado.

32.- El informe aportado por TRANSJULIA no merece la calificación de informe pericial con que se nos presenta, en tanto que para afirmar -erróneamente- que la Decisión o un ignorado informe cuantifica el daño entre un 10% y 15% del precio de adquisición y, luego, hacer una simple media aritmética, no son precisos conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos que es lo que puede dotar a un informe de la calificación de pericial ( artículo 335 LEC). Admitir que el informe aportado por la actora permite pasar por el portillo hacia la estimación judicial del daño sería tanto como admitir la posibilidad de recurrir a este instrumento de cuantificación de la indemnización sin más apoyo que la mera Decisión. En definitiva, estimar el daño en el caso enjuiciado supondría hacerlo sin exigir al demandante el más mínimo esfuerzo probatorio, llamando a los perjudicados a que, en lo sucesivo, se limitaran, sin mayor esfuerzo, a solicitar la estimación judicial con expectativas fundadas de que así lo hará el tribunal.

33.- Por consiguiente, el recurso de TRANSJULIA no puede prosperar.

34.- Recapitulando: (i) la prueba aportada por la promotora del expediente resulta inadecuada para cuantificar el daño; (ii) el señalamiento, como importe indemnizatorio, del 2,46% del precio de adquisición con fundamento en la valoración ofrecida por el informe aportado por la contraparte, no resulta admisible; y (iii) el informe pericial aportado por la promotora del expediente no representa un esfuerzo probatorio suficiente que justifique acudir a la estimación judicial del daño. De todo ello resulta, como corolario, la desestimación íntegra de la demanda.

V. COSTAS

35.- La suerte de los recursos, que da lugar a la íntegra desestimación de la demanda origen de las presentes actuaciones, determina las siguientes consecuencias en materia de costas: (i) las de primera instancia habrán de ser a cargo de TRANSJULIA, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; ( ii) en cuanto a las de segunda instancia, TRANSJULIA habrá de hacer frente a las costas ocasionadas por su recurso y no ha lugar a expreso pronunciamiento condenatorio por lo que se refiere a las originadas por el recurso de VGE, de conformidad, respectivamente, con lo dispuesto en el artículo 398.1, en relación con el 394, y en el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción anterior a la vigente, que es la que resulta de aplicación por razones de derecho transitorio.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

I. PRELIMINAR

1.- El presente expediente trae causa de la demanda presentada por TRANSJULIA I FILLS, S.L. ("TRANSJULIA") contra VOLVO GROUP ESPAÑA, S.A.U. ("VGE") con fundamento en el artículo 1902 del Código Civil (" CC") y el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ("TFUE"). La demanda se sustenta en la decisión de la Comisión Europea C(2016) 4673 final, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto AT.39824 - Camiones), de 19 de julio de 2016 (en lo sucesivo, "la DECISIÓN). TRANSJULIA solicitaba la condena de la demandada al pago de 12.687,50 euros, importe en que cuantificaba el sobreprecio que hubo de satisfacer para adquirir, el 20 de junio de 2007, la cabeza tractora marca VOLVO con matrícula NUM000. Dicho importe corresponde al 12,5% del precio de adquisición. Además, TRANSJULIA reclamaba otros 6.763,35 euros, en concepto de intereses al tipo legal devengados por el importe en que cuantificó el sobreprecio desde la fecha de adquisición, más los intereses procesales desde la interposición de la demanda hasta el completo pago de lo declarado en sentencia.

2.- Al cabo del trámite, se dictó sentencia por la que, estimándose en parte la demanda, se condena a VGE al pago del importe que representa el 2,46% del precio de adquisición de la cabeza tractora a la que se refiere el litigio, más los intereses legales devengados por dicho importe desde la fecha de adquisición.

3.- La demandada interpuso recurso de apelación, para interesar la íntegra desestimación de la demanda. La demandante, a su vez, formuló impugnación, para solicitar que, por via de estimación, se fijase en el 5% del precio de adquisición el importe que VGE debía abonar en concepto de sobreprecio. En los apartados que siguen acometeremos el examen de las cuestiones que afloran en esta segunda instancia, debidamente ordenadas y en la medida que se requiera para dar oportuna respuesta a la controversia que se nos somete,

RECURSO DE VGE

II. INCONGRUENCIA EXTRA PETITA

4.- En el apartado cuarto de su recurso, VGE alega incongruencia extra petita. La falta consistiría en que, según la parte recurrente, el importe del daño se fijó por vía de estimación judicial a partir de hechos y datos que no fueron aportados al procedimiento, en referencia al informe Oxera 2009.

Respuesta del Tribunal

5.- La denuncia carece de todo fundamento. En la sentencia recurrida no se fija el importe del sobreprecio por vía de estimación. Entendemos que nos encontramos ante un mero error de la parte recurrente, que introdujo este capítulo en su recurso por descuido.

III. LEGITIMACIÓN DE VGE

6.- VGE revive en esta instancia los alegatos de falta de legitimación pasiva. Estos descargos se sustentan en que VGE no fue sancionada por la DECISION y en que no se han satisfecho por el demandante las cargas impuestas a la víctima en el párrafo 51 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2021, Sumal, C-882/19, ECLI:EU:C:2021:800, para poder extender a la filial la responsabilidad por daños como consecuencia de la conducta realizada por la matriz sancionada, específicamente, en relación con la demostración de la existencia de "un vínculo concreto entre la actividad económica de dicha sociedad filial y el objeto de la infracción de la que se ha declarado responsable a la sociedad matriz".También se invoca el apartado 53 de la sentencia, en el particular en el que, en relación con el derecho de defensa de la sociedad filial, establece que esta "debe disponer, ante el juez nacional de que se trate, de todos los medios necesarios para ejercer de manera efectiva su derecho de defensa",aduciendo VGE que la extensión automática de los efectos civiles de una sanción derivada de un procedimiento administrativo sancionador en el que no fue parte infringe el artículo 24 de la Constitución y el artículo 47 de la Carta Europea de Derechos Humanos.

Respuesta del Tribunal

7.- Cabe reproducir aquí la respuesta dada a los mismos alegatos en las sentencias de esta Sección de 20 de octubre de 2023, rollos de apelación 114/2023 y 118/2023, de 3 de noviembre de 2023, rollo de apelación 117/2023, de 12 de enero de 2024, rollo de apelación 242/2023 y de 8 de marzo de 2024, rollo de apelación 283/2023, entre otras. En ellas señalamos que es posible declarar la responsabilidad de la filial de VOLVO en España, por cuanto participa en el proceso de distribución comercial de los vehículos del grupo VOLVO en España, lo que pone de manifiesto sus vínculos económicos, organizativos y jurídicos con las empresas del grupo VOLVO destinatarias de la DECISIÓN (extremo reconocido en el propio escrito de interposición del recurso), así como la existencia de un vínculo concreto entre la actividad económica de aquella y el objeto de la infracción, en el sentido determinado por el apartado 52 de la sentencia Sumal. En relación con este extremo, puntualizamos que en el propio informe pericial aportado por las demandadas apelantes se indica que: "La compañía local de Volvo /Renault en España vende o comercializa la venta de la mayoría de los camiones a distribuidores al denominado Precio Neto al Distribuidor"(página 8). Añadíamos que los alegatos relativos a la merma del derecho de defensa de la recurrente resultaban infundados, toda vez que había podido alegar y probar en el procedimiento lo que considerara oportuno sobre la falta de vínculos con las codemandadas o con la actividad determinante de la infracción. Todas estas observaciones son trasladables al supuesto que ahora nos ocupa.

8.- También apuntamos en las referidas sentencias que no queda afectado el derecho de defensa de la filial en el procedimiento sancionador cuando al menos una de las sociedades que conforman la "empresa" haya tenido la oportunidad de rebatir la realidad de la infracción. Y la eventual responsabilidad de la sociedad filial por los daños causados no queda excluida por el mero hecho de que la DECISIÓN declara la existencia de la infracción no hubiese impuesto a esa sociedad una sanción administrativa.

IV. EXISTENCIA DE DAÑO Y RELACIÓN DE CAUSALIDAD

9.- En su recurso, VGE denuncia la infracción, por aplicación incorrecta, del artículo 1902 CC. El discurso impugnatorio que se despliega bajo dicho encabezamiento, discurre, a partir de la constatación de que, según la propia resolución recurrida, el régimen aplicable es el artículo 1902 del Código Civil (" CC"), por las siguientes líneas argumentales: (i) el juez de la anterior instancia, pese a reconocer que la Directiva 2014/104 no resulta aplicable, resuelve, de facto, aplicando un régimen jurídico igual al instaurado por esta norma (ii) la sentencia impugnada presume la existencia de daño, consistente en el incremento de los precios netos (precio de adquisición por el cliente final), a partir de un hecho presunto, el incremento de los precios brutos, que se establece a partir de una incorrecta lectura de la DECISIÓN; (iii) no existe un enlace preciso y directo entre el hecho base y el hecho presunto así caracterizados; (iv) el hecho presunto ha sido desvirtuado por la prueba aportada por la apelante; (v) la relación de causalidad con la conducta sancionada no puede presumirse y, en todo caso, la apelante ha acreditado su inexistencia (en referencia al informe aportado con su escrito de contestación -"INFORME KPMG").

Respuesta del Tribunal

10.- Ninguna acogida merecen los alegatos de VGE, por lo que razonamos a continuación.

11.- Por lo que se refiere a la relación entre aumento de precios brutos y aumento de precios de venta a clientes, la Sección 28ª de esta Audiencia Provincial ya observó en numerosas sentencias lo que sigue, transcripción de la sentencia 526/2022, de 1 de julio de 2022, que utilizamos a modo de botón de muestra, convirtiéndolo en razonamiento propio:

"Como es obvio, el hecho de que la comercialización de los productos se efectúe a través de la red de distribución del fabricante y los adquirentes finales de los camiones mantengan relación directa con los concesionarios de dicho fabricante no excluye la existencia del daño, consistente en el sobrecoste derivado de los acuerdos ilícitos expuestos. Incluso los descuentos que decidan aplicar los concesionarios con cargo a su margen de distribución se aplican en función de precios ya distorsionados.

En el sector del automóvil resulta notorio que los aumentos de precio de los vehículos se repercuten en la cadena de distribución del propio fabricante, sin perjuicio de los descuentos que decidan en cada caso aplicar los concesionarios sobre sus márgenes comerciales, que dependen siempre del precio de adquisición - de los nuevos precios del fabricante -. Los concesionarios no asumen los incrementos de precios del fabricante. Dicho de otro modo, como norma general, cuando un fabricante incrementa sus precios también se incrementan los precios de los vehículos que venden los concesionarios. En definitiva, la repercusión de los aumentos de precio en la cadena de distribución del fabricante es una práctica comercial generalizada. Esta conclusión puede alcanzarse en nuestro Derecho, como hemos señalado, conforme al principio de normalidad".

12.- El Tribunal Supremo, por su parte, en la sentencia de 14 de junio de 2023, ECLI:ES:TS:2023:2479 (que tomaremos como referencia de entre las dictadas sobre la materia en fechas 12, 13 y 14 de junio de 2023, todas en el mismo sentido), se pronuncia en los siguientes términos:

"Desde un punto de vista lógico, a falta de prueba en contrario, no puede admitirse que un pacto colusorio sobre precios brutos de las características del cártel a que se refiere este litigio no acaba trasladándose a los precios netos o finales, puesto que, por más que puedan influir diversos factores o variables en su traducción final, los primeros son la base de partida de los segundos".

13.- Refiriéndose más adelante, en expresión tomada de la sentencia del Tribunal de Distrito de Amsterdam de 12 de mayo de 2021, al "efecto marea":

"... En definitiva, por más que intervengan diversos factores en la fijación del precio final, si se parte de un precio bruto superior al que hubiera resultado de una concurrencia no distorsionada por el cártel, el precio final también será más elevado.

Es como si la marea levantara todos los barcos. Cada uno de los barcos puede seguir subiendo y bajando con las olas, pero incluso el barco más bajo está en un nivel más alto y eso son los precios más altos que pagan los compradores de camiones".

14.- A ello añade: "No se entiende por qué los escalones intermedios del mercado (las filiales nacionales encargadas de la distribución y los concesionarios ya fueran independientes o dependientes de los fabricantes) habrían absorbido en sus márgenes comerciales durante 14 años los aumentos de precios brutos provocados por la conducta ilícita de los fabricantes evitando de este modo su repercusión en los compradores finales".

15.- A la luz de cuanto antecede, no encontramos en el análisis recogido en la sentencia recurrida, en cuanto concluye en la existencia de daño, motivo de incorrección. Se trata de un planteamiento concorde con el asumido por este Tribunal (y por la generalidad de las Audiencias Provinciales) en cuanto a la relación entre aumento de precios brutos y aumento de precios finales de venta a clientes. A partir de los hechos recogidos en la DECISIÓN, cabe presumir la existencia de daño.

16.- La sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2023 ya citada sanciona la corrección de dicho enfoque, en atención a las características del cártel que nos ocupa, en los siguientes términos:

"... mediante un razonamiento que cabe calificar como correcto: ha existido una infracción del Derecho de la competencia de enorme gravedad por su duración (14 años), por su extensión espacial (todo el EEE), por la cuota de mercado de los fabricantes implicados en el cártel (aproximadamente un 90%) y, debe añadirse, por la naturaleza de los acuerdos colusorios (no solo el intercambio de información sobre datos concurrenciales sensibles sino también la discusión y acuerdos sobre fijación e incremento de precios brutos).

Y con base en estos hechos y en la propia racionalidad económica de la existencia de un cártel de estas características (con una alta exposición al riesgo de elevadas sanciones, cuya asunción carecería de lógica en ausencia de todo beneficio), aplicando las reglas del raciocinio humano y las máximas de experiencia (reflejadas muchas de ellas en los documentos elaborados por las instituciones de la Unión Europea, como es el caso de la Guía práctica para cuantificar el perjuicio en las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de los arts. 101 o 102 TFUE ), puede presumirse que la infracción ha producido un daño en los compradores de los productos afectados por el cártel, consistente en que han pagado un precio superior al que hubieran pagado si el cártel no hubiera existido".

17.- Las sentencias del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2024 reproducen estas consideraciones.

18.- Nos hallamos, en cualquier caso, ante una presunción judicial, que admite prueba en contrario ( artículo 386.2 LEC). El INFORME KPMG no alcanza a desvirtuar dicha presunción, como pretende la parte apelante. Sencilla y llanamente, las conclusiones que en el informe se alcanzan acerca de la inexistencia de sobrecoste (tanto da a estos efectos admitir una probabilidad de sobrecoste que, por no resultar estadísticamente significativa, ha de ser descartada) resultan difícilmente admisibles a la luz de la experiencia empírica (reforzada en este caso por la duración y extensión geográfica, objetiva y subjetiva de la conducta infractora), la doctrina sobre los cárteles de fijación de precios, los estudios empíricos y los documentos de la propia Comisión, en línea con lo advertido en precedentes líneas.

19.- En la sentencia de fecha 9 de septiembre de 2024, rollo de apelación 262/2024, explicamos nuestra posición respecto al informe en cuestión en los siguientes términos:

"Con arreglo al dictamen que esgrime la parte recurrente (Informe KPMG) la infracción cometida no habría generado, porque se considera que no resultaría estadísticamente representativo, impacto significativo en los precios de venta de camiones de la marca concernida en España. Si esta fuera una prueba sólida pudiera haber contribuido a desvirtuar la presunción de daño. Pero conforme a lo que hemos explicado antes es claro que discrepamos de los posicionamientos de partida de ese dictamen. Además, la conclusión que extrae nos genera dudas sobre la aplicación del método seleccionado (comparación diacrónica temporal, con análisis de regresión) y/o la muestra utilizada (que se ciñe, además, a un período temporal más acotado que el de duración del cártel). Concluir que un cártel tan prolongado en el tiempo y de tal extensión objetiva y subjetiva, que se refiere a los principales fabricantes de los vehículos afectados y que tiene por objeto la fijación de precios, entre otros aspectos que igualmente inciden sobre los precios, no ha ocasionado sobrecoste suficientemente relevante en el caso de los camiones de la marca de uno de los principales fabricantes europeos que estuvo implicado en la maniobra anticompetitiva nos parece, sencillamente, un aserto escasamente verosímil. Resulta además un planteamiento frontal y radicalmente opuesto al seguido el informe pericial aportado por la parte demandante que, aunque presente debilidades, apunta a la existencia de alguna incidencia relevante del cártel en los precios, lo que supone un escenario mucho más verosímil en atención a las características de la operativa anticoncurrencial que aquí nos ocupa. En cambio, una conclusión tan extrema sugiere que la elaboración del informe, que se ha basado además en los datos cuya fuente es el entorno de la propia demandada, presenta sesgos que dan lugar a resultados incompatibles con el principio de normalidad, con la teoría económica, con las evidencias empíricas y con las circunstancias del caso (naturaleza de la conducta y extensión temporal, espacial, subjetiva y objetiva).

Por otro lado, como críticas de método, tendría que haberse manejado al confeccionar el informe los precios objetivos y de mercado, no los precios de transferencia que permanecen en el contexto interno de la red de la entidad demandada y no nos permiten conocer el impacto final que tuvo la maniobra anticompetitiva en los precios finalmente soportados por los adquirentes de los vehículos. Asimismo, deberían haber sido excluidas las variables que pudieran estar afectadas por la propia infracción, tal como ocurre con los costes de producción internos de la empresa participante en el cártel. El dictamen se centra, sin embargo, en los precios netos de venta del fabricante al distribuidor -net sales- como variante relevante de estudio. Además, presenta carencias en cuando a la referencia temporal analizada, pues no toma en consideración los datos de todo el período cartelizado, que se inicia en 1997, sino solo desde 2003 en adelante, lo que implica que la curva de precios ya podía sufrir un arrastre de seis años de efecto cártel, sin que se justifique además la razón que habilite para extrapolar los resultados de la regresión (que comprende desde 2003 hasta 2016) a todo el período afectado por el cártel (con inclusión del período 1997-2002).

Ya hemos explicado en el Fundamento de Derecho Tercero que la teoría económica y los estudios empíricos constatan que todo tipo de cártel afecta a los precios. Una vez se dicta una resolución por la autoridad de competencia que aprecia la existencia de un cártel que había actuado en el mercado es razonable esperar, con fundamento en la teoría económica, que aquél ocasionó algún grado de sobrecoste. Otra cosa es que los acuerdos no se hubieran llegado a ejecutar, lo que no consta que sea aquí el caso. De hecho, la duración de la conducta y su extensión muestran que el cártel producía efectos sobre los precios y que los operadores asumían el riesgo derivado de tal conducta por los beneficios que les reportaba. Asimismo, como señalamos con anterioridad, no podríamos admitir como conclusión razonable que un cartel relativo al intercambio de información sobre precios no produzca daño sensible que se proyecte sobre los precios. Los intercambios de información sobre precios suponen precisamente un instrumento de fijación de los mismos y, generalmente, esa clase de información es de la que se considera estratégica. Además, la negación a la existencia del sobrecoste, como algo significativo, debería fundarse sobre datos objetivos y fiables.

Por otro lado, sugerir, como lo hace la apelante, que el dictamen KPMG ofrece al tribunal una cuantificación alternativa del daño, cuando lo que se sostiene en él es que ese resultado carecería de una significación mínimamente relevante, constituye una auténtica paradoja. Si se presenta en el dictamen pericial un escenario de supuesta ausencia daño no se está mostrando una valoración alternativa de cuál pudo ser su alcance cuantitativo, sino que simplemente se está negando la premisa mayor.

En definitiva, es por todo este cúmulo de razones que no podemos hacer nuestra la conclusión del dictamen que esgrime la recurrente (Informe KPMG) que solo vendría a admitir una incidencia meramente marginal, casi inocua y no significativa, en los precios. Por lo tanto, hemos de considerar que la presunción de daño antes construida no ha sido desvirtuada por la parte demandada/apelante".

V. CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

20.- Tras dar por sentada la causación de un perjuicio, el juzgador de la anterior instancia, en trance de cuantificarlo en el caso concreto, al valorar los informes que las partes aportaron a tal fin, consideró que el aportado por la demandante, firmado por D. Simón, incurre en deficiencias que le privan de aptitud como justificación del importe indemnizatorio que reclama, mientras que el aportado por la demandada, INFORME KPMG, arroja una cuantificación alternativa de un 2,46% del precio que, teniendo en cuenta que los datos manejados pueden ser tenidos por ciertos, el método utilizado es apropiado y la forma en que se traslada al caso prima facie no ofrece reparos, debe ser acogida, trasladándola por ello al fallo de la sentencia. Las dos partes impugnan tal pronunciamiento.

21.- VGE sostiene que el juzgador de primera instancia ha interpretado incorrectamente su informe. Subraya que lo que en él se concluye es que la infracción sancionada en la DECISIÓN no tuvo efectos sobre los precios, toda vez que solo podría justificar la evolución de los precios en un porcentaje absolutamente marginal, en concreto, para los camiones Volvo del segmento de "larga distancia" como es aquí el caso, en un 0,69% de sobreprecio, siendo del 5% la probabilidad de los resultados que se arrojan para los distintos segmentos de vehículos contemplados (en una horquilla que va del -0,76% -segmento de "distribución regional de Renault- al 2,46% -segmento de "transporte estándar" de Renault), de lo que se desprende que la probabilidad de "0" es de un 95%. Se añade que no es posible garantizar con exactitud el porcentaje de sobreprecio de un concreto camión dentro de la horquilla que corresponde a su segmento de uso. Con tales bases, se observa que la sentencia dictada en la anterior instancia, haciendo caso omiso a las advertencias sobre la significatividad estadística de los resultados que arroja el INFORME KPMG y errando en la identificación del segmento al que pertenece el vehículo, fijó el sobreprecio en el caso de autos en un 2,46% del precio de adquisición, pretendidamente con fundamento en el referido informe. Según VGE la lectura que debe hacerse del INFORME KPMG, habida cuenta la falta de significatividad del resultado que ofrece en relación con los vehículos del segmento al que pertenece el del caso y la falta de significatividad estadística de los resultados que arroja, es que no existió sobreprecio. Ello debería traducirse, una vez que se considera que el informe aportado por la parte demandante no es apto en modo alguno para cumplir sus fines, en la desestimación de la demanda. Esto es lo que se persigue con el recurso.

Respuesta del Tribunal

22.- En numerosísimos precedentes hemos asumido la interpretación que VGE hace del INFORME KPMG, en el sentido de que la conclusión que arroja el mismo es que no existió sobreprecio. Ello nos lleva a rechazar la posibilidad de que, con fundamento en dicho informe, se establezca en un determinado porcentaje de los que en él se manejan aplicado al precio el sobreprecio sufrido por el demandante, como hace la sentencia recurrida.

23.- Ahora bien, que ello, en conexión con la falta de idoneidad que la sentencia recurrida atribuye al informe aportado por TRANSJULIA, haya de conducir a las resultas que propugna VGE depende de la respuesta que deba darse a la impugnación formulada por la promotora del expediente, de lo que nos ocupamos a continuación.

RECURSO DE TRANSJULIA

VI. CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

24.- La promotora del expediente, asumiendo que el informe que en su día aportó no constituye prueba bastante del importe que reclamaba en su demanda, defiende, no obstante, que aquel satisface el estándar probatorio mínimo señalado por la jurisprudencia para recurrir a las facultades judiciales de estimación y postula que, siguiendo el criterio establecido por esta Audiencia Provincial, se estime el perjuicio causado en el 5% del precio de adquisición. A ello se opone VGE.

Respuesta del Tribunal

25.- Según la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en relación con el marco conflictual en el que nos encontramos, la falta de idoneidad del informe aportado por el perjudicado en acreditación del importe que en concepto de daño reclama no ha de traducirse necesariamente en la negación de toda indemnización. En tal consideración pesan las dificultades que ofrecen las valoraciones de daños y perjuicios que consisten en proyecciones de lo que habría sucedido si la conducta ilícita que los genera no hubiera tenido lugar y las dificultades añadidas que derivan de las especiales características del cártel de los camiones. Ante un escenario así, la estimación judicial se presenta como un mecanismo para corregir el problema que, para la reparación del perjudicado, representa la determinación precisa del importe de los daños.

26.- La activación de tal mecanismo presupone, según esa misma doctrina, una aproximación razonable a la cuantificación de los daños merced al esfuerzo probatorio de la parte, aunque el mismo revele deficiencias. En este sentido, el Alto Tribunal ha adoptado un criterio flexible en relación con el estándar mínimo de prueba preciso para abrir la puerta a la estimación judicial del daño, al punto de admitir el ejercicio de las facultades judiciales de estimación con base en informes puramente estadísticos.

27.- Como se ha señalado, todo lo anterior constituye jurisprudencia pacífica, de la que citaremos, como mero botón de muestra, la reciente sentencia de 10 de febrero de 2026, ECLI:ES:TS:2026:413. En ella, además de desarrollarse extensamente las ideas que preceden, se recogen determinadas consideraciones al hilo de la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de febrero de 2023, C-312/21, Tráficos Manuel Ferrer, ECLI: EU:C:2023:99, que estimamos particularmente relevantes a la hora de dar respuesta a la controversia que se nos somete.

28.- En efecto, el Alto Tribunal resalta que, conforme a lo señalado por el Tribunal de Justicia, la aplicación de las facultades de estimación del juez en el campo que nos ocupa ha de ceñirse a situaciones en que, una vez acreditada la existencia del daño respecto de la parte demandante, sea prácticamente imposible o excesivamente difícil cuantificarlo, si bien, en el supuesto de que la imposibilidad práctica de evaluar el perjuicio se deba a la inactividad de la parte demandante, no corresponderá al juez nacional sustituir a esta parte ni suplir su falta de acción. Con tales mimbres, concluye el Tribunal Supremo, el juzgador debe valorar los elementos pertinentes, dadas las circunstancias concurrentes en el caso, para juzgar el esfuerzo probatorio desplegado por el perjudicado.

29.- La consecuencia que hemos de extraer de lo anterior es diáfana: si se alcanza la conclusión de que el perjudicado desarrolló un esfuerzo probatorio suficiente, cabrá acudir a la estimación judicial como instrumento adecuado para procurar la reparación del daño sufrido; en caso contrario, no cabrá reconocer al perjudicado importe indemnizatorio alguno.

30.- Debemos estar, pues, a las circunstancias del caso. En el que ahora nos ocupa, el informe presentado por la promotora del expediente se limita a hacer referencia a la DECISIÓN para, tras señalar que la Comisión estimó el sobrecoste generado por la conducta sancionada entre un 10% y un 15% del precio de adquisición de los camiones vendidos en el periodo infractor, calcular el sobreprecio ocasionado en el supuesto aplicando el valor medio de dicha horquilla, 12,5%, al precio de compra, sin mayores aditamentos ni discursos explicativos. Durante su intervención en el acto del juicio, el autor, a la hora de ilustrar al tribunal sobre el proceso que le llevó a señalar como sobreprecio la cifra que arroja el informe, se limitó a: (i) explicar la mecánica de la operación realizada, a saber, aplicación del porcentaje del 12,5% sobre el precio de compra; y (ii) señalar, cuando fue preguntado por la letrada de la contraparte acerca de las razones que le habían llevado a tomar como referente ese tanto por cierto, que el mismo representaba la media de la horquilla de entre un 10% y un 15% en la que un informe de la Comisión había estimado el sobreprecio aplicado por las empresas sancionadas en la DECISIÓN, tras haber aclarado tajantemente que para calcular el sobrecoste no se había basado en las multas fijadas en la DECISIÓN. En ningún momento el perito identificó de qué informe se trataba, aclarando, cuando fue preguntado al efecto, que no había acudido a ninguno de los métodos señalados en la Guía "porque la Unión Europea ya lo ha hecho y no voy a hacer doble trabajo". En el informe pericial no figura ningún informe de la Comisión en la relación de documentos de los que, como allí se dice, "se obtiene el dictamen"; la relación únicamente incluye la ficha técnica y el permiso de circulación del vehículo, el contrato de leasing por el que se financió la adquisición y el resumen de la DECISIÓN publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

31.- A la vista de las circunstancias expuestas, nos ofrece pocas dudas que no cabe hablar de esfuerzo probatorio suficiente por parte del perjudicado. Por muy generoso que se quiera ser. La prueba que aportó TRANSJULIA en acreditación del perjuicio sufrido se limita a un llamado "informe pericial" que consiste, pura y llanamente, en la aplicación de un determinado porcentaje sobre el precio de adquisición, sin resultar justificada en modo alguno, ni directamente en el informe, ni indirectamente, por los documentos señalados expresamente en el informe como fuente o por la identificación de la documentación de referencia (ese ignoto "informe de la Comisión" al que el perito hizo referencia en el acto del juicio), la adopción de tal pauta. Admitir la suficiencia de dicho "informe" a los efectos de acudir a la estimación judicial del daño privaría de razón de ser a la carga impuesta al perjudicado.

32.- El informe aportado por TRANSJULIA no merece la calificación de informe pericial con que se nos presenta, en tanto que para afirmar -erróneamente- que la Decisión o un ignorado informe cuantifica el daño entre un 10% y 15% del precio de adquisición y, luego, hacer una simple media aritmética, no son precisos conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos que es lo que puede dotar a un informe de la calificación de pericial ( artículo 335 LEC). Admitir que el informe aportado por la actora permite pasar por el portillo hacia la estimación judicial del daño sería tanto como admitir la posibilidad de recurrir a este instrumento de cuantificación de la indemnización sin más apoyo que la mera Decisión. En definitiva, estimar el daño en el caso enjuiciado supondría hacerlo sin exigir al demandante el más mínimo esfuerzo probatorio, llamando a los perjudicados a que, en lo sucesivo, se limitaran, sin mayor esfuerzo, a solicitar la estimación judicial con expectativas fundadas de que así lo hará el tribunal.

33.- Por consiguiente, el recurso de TRANSJULIA no puede prosperar.

34.- Recapitulando: (i) la prueba aportada por la promotora del expediente resulta inadecuada para cuantificar el daño; (ii) el señalamiento, como importe indemnizatorio, del 2,46% del precio de adquisición con fundamento en la valoración ofrecida por el informe aportado por la contraparte, no resulta admisible; y (iii) el informe pericial aportado por la promotora del expediente no representa un esfuerzo probatorio suficiente que justifique acudir a la estimación judicial del daño. De todo ello resulta, como corolario, la desestimación íntegra de la demanda.

V. COSTAS

35.- La suerte de los recursos, que da lugar a la íntegra desestimación de la demanda origen de las presentes actuaciones, determina las siguientes consecuencias en materia de costas: (i) las de primera instancia habrán de ser a cargo de TRANSJULIA, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; ( ii) en cuanto a las de segunda instancia, TRANSJULIA habrá de hacer frente a las costas ocasionadas por su recurso y no ha lugar a expreso pronunciamiento condenatorio por lo que se refiere a las originadas por el recurso de VGE, de conformidad, respectivamente, con lo dispuesto en el artículo 398.1, en relación con el 394, y en el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción anterior a la vigente, que es la que resulta de aplicación por razones de derecho transitorio.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación