Sentencia Civil 182/2025 Audiencia Provincial Civil de Málaga nº 4, Rec. 259/2023 de 11 de marzo del 2025

PRIMERO.-Resumen de antecedentes.

En el el presente proceso se ejercita por la parte actora, D. Samuel, una acción personal dirigida frente a la Comunidad de Propietarios DIRECCION000 de Vélez Málaga, con la finalidad de obtener la declaración de nulidad del acuerdo sobre aprobación de un presupuesto y ejecución de unas obras de acceso a la comunidad, en concreto acuerdo sobre la aprobación de una cuota extraordinaria a tanto alzado de 2.600 Euros por vivienda para hacer frente a los gastos de construcción de rampas e instalación de ascensor en la comunidad de propietarios, ambos adoptados en la Junta de Propietarios de fecha 27 de Mayo de 2021.

La pretensión se sustentaba en que en el orden del día solo figuraba la aprobación de presupuesto para el comienzo de las obras del ascensor y aprobación de cuotas extraordinarias, pero sin embargo se aprobó la ejecución de rampas de acceso y cuotas para llevarlo a efecto, de manera que el demandante no acudió a la Junta en la creencia que solo se iba a aprobar la obra del ascensor, que no le afectaba por existir un acuerdo anterior en el que se decidió que tanto el demandante como otros propietarios de los bajos no pagarían por este concepto.

Por la parte demandada se opuso que el actor sí estuvo presente en la reunión representado por su hijo, D. Teofilo como es costumbre desde hace tiempo, concurriendo también a Juntas anteriores y quien mantiene contacto directo con la Comunidad. En la junta de fecha 27 de mayo de 2021 acudió pues el hijo en representación del actor, presentando incluso presupuestos alternativos a los presupuestos del ascensor y rampa, siendo válido por tanto el acuerdo adoptado respecto a las cantidades a abonar por cada vecino en la sustitución de ascensores e instalación de rampas.

La sentencia de primera instancia ha desestimado la demanda. La ratio decidendide la sentencia radica en la apreciación, de oficio, de la falta de legitimación activa, ello con base en las siguientes consideraciones:

"Se ha aportado con la demanda la documentación relativa al acta de la sesión, apreciándose que en el orden del día figura: " INFORMACIÓN SOBRE LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE OBRA, APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL COMIENZO DE LAS OBRAS DEL ASCENSOR Y LA INSTAURACIÓN DE LAS CUOTAS NECESARIAS PARA ELLO, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEDIDAS A ADOPTAR CONTRA LOS MOROSOS. " Ciertamente, como se indica por la parte actora, no aparece reflejado en el orden del día el asunto relativo a la rampa, sin embargo, de las declaraciones prestadas en el acto del juicio se puede extraer que todos los vecinos eran conocedores de que se estaba tramitando el proyecto para acometer las obras relativas tanto a ascensor como a rampas, en definitiva, la supresión de barreras arquitectónicas. Este extremo se puede deducir de la propia declaración y forma de actuación del hijo del demandante, el cual, aunque no tuviera expresamente otorgado poder para votación, era el encargado de tomar conocimiento de los asuntos relativos a esta cuestión. Así, Don Teofilo se encargó de obtener presupuesto para acometer la obra tanto de ascensor, como de la construcción de las rampas, presupuesto que se llevó a debate precisamente en la sesión de 27 de mayo. En consecuencia, el extremo relativo a que en el orden del día no apareciese reflejado expresamente el asunto relativo a la rampa, no puede llevar a la conclusión de hacer inválido el acuerdo adoptado ya que el actor, a través de su hijo, que era el que interesó estar informado sobre dichas obras, era plenamente conocedor que los asuntos que se estaban tratando en la comunidad se referían tanto a ascensor como a rampas.

Por otro lado, en relación al acuerdo relativo a la contribución de todos los propietarios a la cuota extraordinaria establecida para el acometimiento de las obras de ascensor y rampas, ciertamente se aporta documentación relativa a acuerdo adoptado en 2016 por el que se eximía a los bajos de los costes de ascensor, a pesar de lo cual, en junta de 27 de mayo de 2021 se acuerda el abono de la cuota de 2600 euros, estableciéndose en el orden del día que se aprobaría la fijación de la cuota para el acometimiento de las obras. Como se indica por la testigo, Doña Belinda, en su momento se establecía la exención de los bajos de sufragar el coste de ascensor a cambio de la concesión de una ayuda o subvención, algo que no obtuvieron. En cualquier caso, los acuerdos se han tomado con las mayorías exigidas y los acuerdos adoptados en una junta de propietarios pueden perfectamente modificarse en una junta posterior si se reúnen las mayorías exigidas, como se ha establecido reiteradamente por la jurisprudencia menor.

Contra la referida sentencia se interpone recurso de apelación por la parte demandante, fundado en los siguientes motivos: 1.- Error en la apreciación de la prueba por vulneración de lo dispuesto en el artículo 218 de la LEC, impugnando el fundamento de derecho cuarto. 2.- Vulneración del modo de adopción de acuerdos fijados en la Ley de Propiedad Horizontal, con impugnación del fundamento de derecho cuarto.

La parte apelada se opuso al recurso solicitando su desestimación y la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO.-Resolución recurso.

1.- Por lo que respecta al vicio procesal denunciado por la parte apelante en su primer motivo ha de tenerse en cuenta que, como afirma la STS de 25 de septiembre de 2002, es doctrina reiterada y absolutamente constante, emanada de las resoluciones de esta Sala, la que establece como principio general que la congruencia no tiene otra exigencia que la derivada de la conformidad que ha de existir entre la sentencia y la pretensión, o las pretensiones, que constituyen el objeto del proceso, y existe, pues congruencia, allí donde la relación entre el fallo y pretensión procesal no está sustancialmente alterada, entendiéndose por pretensiones procesales las deducidas en los suplicos de los escritos fundamentales rectores del proceso, y no en los razonamientos o argumentaciones que se hagan en los mismos (por todas la sentencia de 26 de junio de 1996). Asimismo indica dicha doctrina que lo importante es que los pronunciamientos del fallo dejen resueltos todos los extremos debatidos; la congruencia hace referencia a la necesidad de que entre la parte dispositiva de la resolución judicial -no entre sus fundamentos- y las pretensiones oportunamente deducidas en la demanda, exista la máxima concordancia y relación, y que la contradicción que revela incongruencia ha de resultar de los términos del fallo, no entre los hechos aceptados por la existencia y el fallo, ni entre las alegaciones que le preceden o que hagan las partes y el fallo mismo, pero sin que pueda apoyarse la alegada incongruencia en la fundamentación del referido fallo (por todas la sentencia de 5 de junio de 1989).

En concreta referencia a la incongruencia extrapetita, la STS de 11 de abril de 2014 se pronuncia en los siguientes términos: "El juicio sobre congruencia de la resolución judicial precisa, por tanto, de la confrontación entre su parte dispositiva -dictum- y el objeto del proceso, delimitado, a su vez, por los elementos subjetivos del proceso, las partes, como por los elementos objetivos, la -causa de pedir-, entendida como el hecho o conjunto de hechos que producen efectos jurídicos y resultan esenciales para el logro de las pretensiones solicitadas, y el propio -petitum- o pretensión solicitada, ( STS de 13 de junio de 2005). De esta forma, la congruencia no se mide en relación con los razonamientos o con la argumentación, sino poniendo en relación lo pretendido en la demanda con la parte dispositiva de la sentencia ( SSTS de 30 de marzo de 1988, y 20 de diciembre de 1989. En parecidos términos, cabe señalar que esta labor de contraste o comparación no requiere que se realice de un modo estricto, esto es, que se constate una exactitud literal o rígida en la relación establecida, sino que se faculta para que se realice con cierto grado de flexibilidad bastando que se de la racionalidad y la lógica jurídica necesarias, así como una adecuación sustancial y no absoluta ante lo pedido y lo concedido; de tal modo que se decide sobre el mismo objeto, concediéndolo o denegándolo en todo o en parte. ( STS de 4 de octubre de 1993).En esta línea, y en términos generales, también hay que señalar que las sentencias absolutorias no pueden ser tachadas de incongruencia por entenderse que resuelven todas las cuestiones suscitadas en el pleito, salvo casos especiales ( SSTS de 10 de diciembre de 2004 y 5 de febrero de 2009). Con lo que la incongruencia extra petita (fuera de lo pedido), en relación con el principio de iura novit curia, se produce en la medida en que la facultad que tiene el tribunal para encontrar o informar el derecho aplicable a la solución del caso comporta la alteración de los hechos fundamentales, causa de pedir, en que las partes basen sus pretensiones ( SSTS de 6 de octubre de 1988 y 1 de octubre de 2010)".

El motivo ha de ser rechazado.

Si nos atenemos al escrito de demanda, en el suplico de la misma se contiene dos peticiones anulatorias diferentes sobre un único acuerdo, a saber: .- Una relativa a la aprobación de un presupuesto y ejecución de obras de ejecución de dos rampas de acceso a la comunidad, en la que se afirma que nada tiene que ver con el ascensor; .- Otra, la aprobación de una cuota extraordinaria por importe de 2.600 Euros por vivienda para hacer frente a los gastos de construcción de rampas y ascensor.

Y de la lectura de la sentencia y comprensión jurídica de su fundamentación lleva a la Sala excluir la existencia de cualquier vicio de incongruencia que imputa la parte apelante a la Juzgador de instancia al resolver la cuestión litigiosa no apreciándose defecto formal alguno, habiendo resuelto la sentencia el asunto debatido conforme a los principios de aportación de parte y dispositivo y en virtud de las pruebas practicadas, apreciándose por tanto que lo que subyace en el recurso en la invocación de incongruencia es solo una disconformidad de la parte recurrente con su motivación, lo que no constituye dicha infracción procesal.

2.- En cuanto al error en la valoración de la prueba, incluido igualmente en el primer motivo de apelación.

En orden a la valoración de la prueba por parte de la Juzgadora de Primera Instancia, ha de tenerse en cuenta la conocida, por reiterada, doctrina jurisprudencial que entiende que en la apreciación de las pruebas no puede prevalecer el particular interés de las partes sobre el criterio objetivo e imparcial del Juzgador a quo, salvo que sus resultados sean ilógicos o absurdos, o contrarios a las máximas de experiencia o a las normas de la sana crítica (en este sentido se pronuncian las SSTS de 11 y 30 abril 1988, 18 octubre 1989, 13 de febrero de 1990, 8 julio y 25 noviembre 1991, 18 abril 1992, 1 marzo y 28 octubre 1994, 3 y 20 julio 1995, 23 noviembre 1996, 29 julio 1998, 24 julio 2001, 20 noviembre 2002 y 3 abril 2003).

En nuestro ordenamiento rige el principio de la libre valoración de la prueba por el Tribunal, cuyos resultados, obtenidos a través de la valoración conjunta de toda la prueba, han de prevalecer por estar inspirados en criterios objetivos y desinteresados ( SSTS 11 abril 1988, 18 octubre 1989, 8 julio 1991, entre otras muchas). Por otro lado, las pruebas están sujetas a su ponderación, en concurrencia con los demás medios de prueba ( STS de 25 de enero de 1993) en valoración conjunta ( STS de 30 de marzo de 1988), con el predominio de la libre apreciación de la prueba, que es potestad de los Tribunales de instancia ( SSTS de 22 de enero de 1986, 18 de noviembre de 1987, 30 de marzo de 1988, entre otras).

En el presente motivo se impugna el fundamento de derecho cuarto de la Sentencia que dice: - Entrando en el fondo del asunto, la parte actora centra la controversia en los acuerdos relativos a la aprobación de presupuesto y ejecución de obras de acceso a la comunidad (rampas) que no se incluyeron en el orden del día así como aprobación de cuota extraordinaria de 2600 euros para gastos de construcción de rampas y ascensor. Se ha aportado con la demanda la documentación relativa al acta de la sesión, apreciándose que en el orden del día figura: " INFORMACIÓN SOBRE LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE OBRA, APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL COMIENZO DE LAS OBRAS DEL ASCENSOR Y LA INSTAURACIÓN DE LAS CUOTAS NECESARIAS PARA ELLO, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEDIDAS A ADOPTAR CONTRA LOS MOROSOS. " . Ciertamente, como se indica por la parte actora, no aparece reflejado en el orden del día el asunto relativo a la rampa, sin embargo, de las declaraciones prestadas en el acto del juicio se puede extraer que todos los vecinos eran conocedores de que se estaba tramitando el proyecto para acometer las obras relativas tanto a ascensor como a rampas, en definitiva, la supresión de barreras arquitectónicas. Este extremo se puede deducir de la propia declaración y forma de actuación del hijo del demandante, el cual, aunque no tuviera expresamente otorgado poder para votación, era el encargado de tomar conocimiento de los asuntos relativos a esta cuestión. Así, Don Teofilo se encargó de obtener presupuesto para acometer la obra tanto de ascensor, como de la construcción de las rampas, presupuesto que se llevó a debate precisamente en la sesión de 27 de mayo. En consecuencia, el extremo relativo a que en el orden del día no apareciese reflejado expresamente el asunto relativo a la rampa, no puede llevar a la conclusión de hacer inválido el acuerdo adoptado ya que el actor, a través de su hijo, que era el que interesó estar informado sobre dichas obras, era plenamente conocedor que los asuntos que se estaban tratando en la comunidad se referían tanto a ascensor como a rampas.

A la vista de la actuación valorativa de la prueba realizada por la Juez a quose constata que la misma se encuentra adornada de las notas de racionalidad e imparcialidad que la hacen inmune frente a las interesadas e infundadas alegaciones contrarias de la parte apelante, llegando a unas conclusiones que constituyen la fundamentación jurídica de la sentencia de primera instancia que esta Sala comparte si bien no en su totalidad, por las razones que a continuación se expondrán y ello tras un renovado análisis de la prueba practicada.

Resulta necesario destacar los antecedentes existentes en las actuaciones que han tenido incidencia directa en la conformación del acuerdo impugnado en la junta de 27 de Mayo de 2021. Los propietarios que integran la Comunidad de Propietarios apelada viene tratando desde hace años en sus juntas sobre la instalación de ascensor, como se constata en la Junta de 18 de Marzo de 2016 y 22 de octubre de 2019. Se trata de un edificio del año 1983 que no tiene ascensor, siendo voluntad de los vecinos instalarlo y así mejorar sus condiciones de accesibilidad, existiendo una posibilidad de adecuar el inmueble para instalarlo en el ojo de patio que posee el edificio, tras la escalera. Por lo que aquí interesa resolver, en la Junta de Propietarios de 22 de octubre de 2019, no impugnada, tenía por objeto dar cuenta del resultado de las gestiones sobre instalación de un ascensor y también de la instalación de cuotas necesarias para ello. Según resulta del acta de dicha reunión, se informó en la Junta sobre "como iría la eliminación de barreras arquitectónicas en los bajos y accesos a las escaleras en los patios interiores de dicho bloque, también, ademas de la cota cero de la puerta situada a pie de calle que da a la acera...". Se barajaron varios presupuestos en dicha Junta pero finalmente se acordó volver a convocar otra posterior para votar por la solución definitiva y la fijación de cuotas por cada vecino.

En febrero de 2020 se realiza por la Arquitecta Técnica Dña. Reyes y por encargo de la Presidenta de la Comunidad una Memoria expositiva de la instalación de un ascensor (documento nº 11 aportado junto con la demanda), que se ubicaría en el patio junto a la escalera denominada DIRECCION000. Para ello, como parte integrante e inherente al proyecto de ejecución de instalación del ascensor, dadas las características del edificio, se debían modificar las escaleras laterales (cambiando el sentido) junto con la ejecución de rampas, único modo de salvar la altura de las escaleras. Según el citado documento las rampas, ademas, tenían como objetivo salvar todas las barreras de salida al exterior de escalera (página 5). Así se contiene en dicho proyecto, no solo para la instalación del ascensor sino para adaptar la ejecución a la normativa vigente en materia de seguridad y condiciones de habitabilidad, estableciéndose un capítulo concreto de ejecución de rampa al tener que quitar y modificar un tramo de escalera para la instalación del ascensor, con la "ejecución de nueva rampa" para salvar las escaleras de la planta baja. Las obras se presupuestaron en 22.913,09 Euros por la citada técnica. Este proyecto fue presentado al Ayuntamiento de Vélez Málaga para obtención de la licencia de obras quien requiere de documentación complementaria para justificación del itinerario accesible en el edificio, obteniéndose licencia de obra el día 19 de mayo de 2021.

Sobre la base del posterior Proyecto adaptado realizado por Dña. Reyes, que cuenta con la preceptiva licencia, y que era conocido por la parte apelante igual que el resto de los vecinos, se convoca la Junta extraordinaria de 27 de mayor de 2021 para su aprobación. En esta reunión el actor D. Samuel no asistió personalmente sino su hijo D. Teofilo. Conforme establece la Ley de Propiedad Horizontal en su artículo 15 1 . La asistencia a la Junta de propietarios será personal o por representación legal o voluntaria, bastando para acreditar ésta un escrito firmado por el propietario.Aunque no existe constancia en autos de la autorización por escrito de esta representación que le permitiera asistir a la Junta en sustitución de su padre conforme exige dicho precepto, lo cierto es que de las pruebas testificales y de interrogatorio de D. Teofilo, así como de la documental obrante, se acepta y admite su asistencia por el Presidente y Secretario Administrador en representación de su padre y aunque esto aparece como una irregularidad, lo cierto es que a lo largo de los años el hijo del actor, con pleno conocimiento de éste, ha actuado como si fuera propietario de la vivienda DIRECCION001, existiendo plena constancia en las actuaciones que es él quien participa activamente en los asuntos referentes a la comunidad en relación a la vivienda de su progenitor, interviniendo en las deliberaciones y debates de Juntas de Propietarios y en comunicaciones con la Administración del inmueble y buena muestra es el acta de 22 de octubre de 2019, que se incorpora como documento nº 1 de la demanda, en la que se hace referencia al hijo del actor y también consta su interacción con otros propietarios con temas de la comunidad como si perteneciera a la misma, por lo que constituye un hecho probado que el actor sí estuvo representado en dicha reunión.

La referida Junta Extraordinaria tenía por objeto un único tema de debate para la cual fueron convocados todos los propietarios, que fue el siguiente: 1. INFORMACIÓN SOBRE LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE OBRA, APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL COMIENZO DE LAS OBRAS DEL ASCENSOR Y LA INSTAURACIÓN DE LAS CUOTAS NECESARIAS PARA ELLO, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEDIDAS A ADOPTAR CONTRA LOS MOROSOS. Antes de la reunión, según resulta de la documental aportada por la demandada y de la testifical practicada, el actor y su hijo D. Teofilo habían encargado a D. Remigio, representante legal de la entidad DIRECCION002, la confección de presupuestos sobre la ejecución tanto del ascensor y como de las rampas. Estos presupuestos fueron objeto de votación junto a otro presupuesto elaborado por la entidad Conjenia Construcciones, S.L., votando los 7 asistentes a la reunión, siendo el resultado 5 votos a favor de este ultimo presupuesto y el voto del actor y otro vecino en contra, como se recoge en el acta.

Con estos datos probatorios no puede concluirse que, aunque en la dicción del acuerdo del único punto del orden del día no se hace alusión expresa a la construcción de la rampa, que se infringe el art. 16.2 de la LPH, por cuanto en primer lugar todos los siete vecinos que acuden a la Junta tenían conocimiento pleno que el objeto de la reunión era la aprobación del presupuesto y distribución de cuotas para la ejecución de instalación de ascensor, y esto llevaba implícita por puras razones técnicas, el cambio de escalera e instalación de rampa, así como la adaptación a la normativa de eliminación de barreras arquitectónicas. Se podía presupuestar ambas obras conjunta o separadamente, pero técnicamente la aprobación de la instalación de un ascensor llevaba consigo de manera inherente, la construcción de rampas. Que en la reunión se iba a someter a aprobación la obra conjunta (ascensor y la accesoria de rampas) y que era plenamente conocido por todos los propietarios y, muy especialmente por el apelante, es una hecho plenamente acreditado, no pudiendo mantener que desconocía que el acuerdo implicaba la instalación de rampas pues no solo asistió a reuniones anteriores al respecto y sabía de esta circunstancia, sino que era conocedor del Proyecto (así resulta de lo ya dicho en la reunión de 2019) y que el mismo contemplaba que en las obras de la instalación del ascensor llevaba implícita la eliminación de barreras arquitectónicas y accesos, incluida la realización de rampas. Por tanto, la realización de una rampa estaba indesbordablemente inserto en el marco del asunto a tratar, la instalación del ascensor, por lo que no se puede alegar desconocimiento. Sobre este punto, la Sala hace suya la cita jurisprudencial contenida en la sentencia apelada mediante la invocación de la STS de 28 de junio de 2011, en la que se refleja la doctrina jurisprudencial sobre la cuestión que aquí nos ocupa, matizando la declaración de la imposibilidad de adopción de acuerdos en las Juntas de propietarios que no estés incluidos en el orden del día en el sentido de considerar suficiente hacer constar las materias a tratar en la Junta que se convoca, sin que se exija con rigor la exposición previa de todos los datos o medios de conocimiento precisos para la participación y, en su caso, deliberación de los interesados. De esta manera, no conforma el precepto una exigencia particularizada y detallista de los temas a decidir en la asamblea. Lo que conduce a la Sala a la desestimación del motivo.

En cuanto al motivo segundo, se alega vulneración de lo dispuesto en Ley de Propiedad Horizontal habida cuenta que en 2016 la Junta acordó que los bajos quedaban exentos de abonar los gastos derivados de la instalación y mantenimiento del ascensor y por ello se presentaron dos presupuestos diferenciados para la instalación del ascensor y otro para el de las rampas, porque para el primero estaban exentos.

El motivo ha de ser estimado parcialmente.

Efectivamente se comprueba en las actuaciones que en Junta extraordinaria celebrada con fecha 18 de marzo de 2016 se acordó por unanimidad que todos los vecinos de los bajos quedan exentos de los costes del ascensor. Esencialmente lo que discuten los recurrentes es la repercusión de la exención de pago de los propietarios de los bajos en lo que se refiere a los costes de instalación de ascensor, puesto que el acuerdo que se impugna no es el de instalación de los ascensores, sino el de aprobación definitiva de un presupuesto y reparto del mismo entre los comuneros.

Conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de abril de 2.013 (rec. 1569/2010), señala que "la ejecutividad y fuerza vinculante de acuerdos adoptados en Juntas de Propietarios no impugnados, conlleva que una vez que el comunero tiene conocimiento de los acuerdos comunitarios (que en el supuesto allí analizado se referían a acuerdos modificativos del título constitutivo), adquiere legitimación para impugnarlos.El no hacerlo supone que desde dicho momento son vinculantes y ejecutables. En materia de validez y plena eficacia de los acuerdos adoptados en Junta de Propietarios, dice la sentencia de 18 de julio de 2011 y reproduce la 13 de julio de 2012 , lo siguiente: "los acuerdos que entrañen infracción de preceptos de la Ley de Propiedad Horizontal o de los Estatutos de la Comunidad de que se trate, al no ser radicalmente nulos, son susceptibles de sanación por el transcurso del plazo de caducidad que establece la regla cuarta de artículo 16 de la LPH . Por tanto, aquellos acuerdos no impugnados por los propietarios, gozan de plena validez y eficacia, y afectan y obligan a aquellos(las SSTS de fechas 19 de noviembre de 1996 , 28 de febrero de 2005 , 19 de octubre de 2005 , 30 de diciembre de 2005 y 7 de junio de 2006 )."

Por tanto, el acuerdo adoptado en la Junta referida de 2016 que eximía a los propietarios de los bajos de los gastos de los costes del ascensor, no así de la construcción de rampas, es un acuerdo que goza de plena validez y eficacia, y afectan y obligan a todos los propietarios, y no constando su derogación expresa en otra Junta posterior ni tampoco en la que es objeto de procedimiento, el acuerdo adoptado que establece una cuota igualitaria para abono del coste de sustitución del ascensor, incluyendo a los propietarios de los bajos, contradice el acuerdo adoptado con anterioridad por unanimidad.

Por lo expuesto se estima parcialmente el recurso de apelación, lo que implica la estimación parcial de la demanda, con declaración de nulidad del acuerdo solamente en el correlativo a la distribución de cuotas igualitarias, al no contemplar la exención aprobada por unanimidad en anterior Junta a los propietarios de los bajos del edificio del coste de los ascensores (que no de las rampas), manteniéndose el resto de los acuerdos objeto de impugnación.

TERCERO.-En cuanto a las costas de esta alzada, estimado parcialmente el recurso y en aplicación del artículo 398 de la LEC, que se remite al artículo 394 de la misma Ley, dado que la parte apelada no ha formulado pretensión alguna en el trámite de apelación y no ha podido ver desestimada ésta, sino que se ha limitado a defender la bondad de la resolución, no se hace expresa imposición de costas.

Igualmente, y de conformidad con el apartado 8 de la Disposición Adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, procede devolver el depósito constituido en su día al recurrente.

La estimación parcial del recurso implica la estimación igualmente parcial de la demanda, por lo que no hay pronunciamiento condenatorio en costas ( art. 394 LEC) .

Vistos los preceptos legales citados y demás de aplicación general.