Sentencia Civil 829/2025 Audiencia Provincial Civil de Barcelona nº 4, Rec. 75/2024 de 12 de noviembre del 2025

PRIMERO.- Antecedentes y objeto del recurso

I.-)La Procuradora Dª. María Teresa Mansilla Robert, en representación de Dª. María Inés, presentó demanda de juicio ordinario contra Dª. Rosana, ejercitando la acción de reclamación de legítima. Se señalaba que la demandante era legitimaria de su padre D. Secundino, mientras que la demandada, esposa del causante, era su heredera a título universal. Además, habría otro legitimario, el hermano de la demandante D. Maximo. Se señalan, como bienes incluidos en el caudal hereditario que se habían reseñado en la escritura de aceptación de herencia, los siguientes:

1.Plazas de parking de la DIRECCION003 de Vilanova i la Geltrú: 6 plazas de parking, a las que se atribuye un valor total de 46.800€(7.800€ por cada una de ellas). Figura como único titular el padre de la Sra. María Inés.

2.Plazas de parking en DIRECCION004, de Vilanova i la Geltrú: 10 plazas de parking, a las que atribuye un valor total de 74.167€ (no se les atribuye un valor unitario). Figuran como titulares, al 50%, el padre y la madre de la Sra. María Inés. Valor que integra el caudal relicto 37.083,50€.

3.Locales (2) y viviendas (4) en DIRECCION005, de Vilanova i la Geltrú, a los que atribuye un valor total de 400.957€. Figuran como titulares, al 50%, el padre y el hermano de la Sra. María Inés. Valor que integra el caudal relicto 200.478,5€.

4.Finca rústica DIRECCION000, de Vilanova i la Geltrú, a la que atribuye un valor de 132.356€. Figuran como titulares, al 50%, el padre y el hermano de la Sra. María Inés. Valor que integra el caudal relicto 66.178€.

5.Terreno DIRECCION001, de Vilanova i la Geltrú, al que atribuye un valor de 32.000€.Figura como único titular el padre de la Sra. María Inés.

6.Terreno DIRECCION002, de Vilanova i la Geltrú, al que atribuye un valor de 49.000€.Figura como único titular el padre de la Sra. María Inés.

7.Mitad indivisa de la finca rústica, con casa edificada, en la localidad de Rinconada, a la que atribuye un valor de 99.153€.Figura como único titular el padre de la Sra. María Inés.

8.Terrero en la localidad de la Rinconada, al que atribuye un valor de 63.864€.Figura como único titular el padre de la Sra. María Inés.

9.Saldo bancario en Catalunya Caixa (hoy BBVA): 232,47€.Figura como único titular el padre de la Sra. María Inés.

10.Saldo bancario en Caixabank: 439,25€. Figuran como titulares, al 50%, el padre y la madre de la Sra. María Inés. Valor que integra el caudal relicto 219,63€.

11.Saldo bancario en Caixabank: 59.095,86€. Figuran como titulares, al 50%, el padre y la madre de la Sra. María Inés. Valor que integra el caudal relicto 29.547,93€.

12.Saldo bancario en Bankia: 2.325,39€. Figuran como titulares, al 50%, el padre y la madre de la Sra. María Inés. Valor que integra el caudal relicto 1162,7€.

13.Saldo bancario en Banco de Sabadell: 6.802,82€. Figuran como titulares, al 50%, el padre y la madre de la Sra. María Inés. Valor que integra el caudal relicto 3.401,41€.

14.Saldo bancario en Banco de Sabadell: 182,46€. Figuran como titulares, al 50%, el padre y la madre de la Sra. María Inés. Valor que integra el caudal relicto 91,23€.

15.Saldo bancario en Banco de Sabadell: 50.000€. Figuran como titulares, al 50%, el padre y la madre de la Sra. María Inés. Valor que integra el caudal relicto 25.000€.

16.Participaciones sociales de la empresa CIUTAMAR, S.L, 60,7843%: 985.043,62€.

17.Ajuar domestico 38.223,27€.

Con todo ello, se solicitaba Sentencia por la que se condenase a la parte demandada:

"1.- A pagar a la parte actora el importe que le corresponde por su legítima individual conforme al resultado de aplicar la siguiente fórmula de cálculo de conformidad con las reglas de cálculo de dicha legítima individual establecidas por el artículo 451-5 del Código Civil Catalán y demás de concordante aplicación:

? Bienes del Apartado A) del hecho 6º de esta demanda,

o siendo el importe concreto de legítima individual de este apartado A) el de 209.684,91€ (1/8 de 1.677.479,26 € = 209.684,91 €) según valores y tasaciones aportadas por esta parte actora, sin perjuicio de los ajustes que de tal cantidad de 209.684,91€ resulten del periodo probatorio según indicábamos en dicho apartado A).

o o, en su defecto, el importe que resulte de cualesquiera otras valoraciones que pudieran resultar de la fase probatoria y que aceptara como válidas el/la juzgador/a.

? + bienes del apartado B)

o Según importe que resulte de la fase probatoria en función de los bienes de dicho apartado B) que finalmente se incluyan en el activo del caudal relicto en caso de concurrir los requisitos legales para tal inclusión y parámetros y forma de cálculo expuestos en dicho apartado B) con arreglo a las disposiciones legales al efecto.

? - gastos deducibles del apartado C)

o Siendo dicho importe por gastos el de 22.286,95€ según declaración de la propia demandada en su escritura de aceptación de herencia (punto IV, pág. 63).

o o, en su defecto, el importe que pudiera resultar de la fase probatoria y que determinará el/la juzgador/a.

? = caudal relicto del causante,

? Dividido por 1/8

? = importe de la legítima individual de la actora,

? + intereses desde la fecha de fallecimiento.

2.- Más los intereses legales correspondientes a las cantidades antes referidas:

* desde la fecha de fallecimiento del causante el 9-3-15,

* o, en su defecto, desde el día 15-10-15 en que la parte contraria incurrió en mora según burofax aportado como doc. 10.

* en defecto de los anteriores, desde la fecha de interposición de la demanda.

* o, en defecto de todos los anteriores, desde la fecha de sentencia,

Y con el incremento de dos puntos desde que se dictare sentencia en primera instancia.

3.- Y para el caso de que no hubiera bienes suficientes del activo hereditario para el pago de la legítima de la actora, interesamos que se declare la inoficiosidad de cualesquiera legados, donaciones, asignaciones y/o atribuciones que correspondan procediendo a su reducción y/o supresión según el orden y circunstancias previstas al efecto en los arts. 451-22 y ss. del Código Civil Catalán .

4.- Y costas causadas."

II.-)El Procurador D. Francisco Sánchez Rojo, en representación de Dª. Rosana, presentó escrito de contestación a la demanda. En síntesis, se reconoció la condición de legitimaria de la actora respecto de los bienes del causante, así como la de heredera universal de la demandada. Como motivos de oposición se planteó la existencia de sobrevaloración de los bienes incluidos en el apartado A) de la demanda. A criterio de esta parte procedería minorar la legítima de la actora por dos conceptos: por un lado, valor actualizado de la parte de la vivienda habitual de la demandante, que fue pagada por sus padres; por otro, valor actualizado del coste de sus estudios. Se alegó la procedencia de pagar la legítima con bienes de la herencia. En cuanto a los intereses, procedería computarlos desde el fallecimiento del causante hasta noviembre de 2015, fecha en que esta parte envió un burofax a la demandante trasladándole una proposición razonable del pago de legítima.

Se solicitó la llamada al procedimiento del otro legitimario, D. Maximo.

Se planteó excepción procesal de defecto legal en el modo de proponer la demanda, ya que los apdos. B) y C) del Suplico no contendrían pretensiones concretas, sino solicitudes genéricas que requerirían hacer una labor prospectiva de investigación, algo impropio del procedimiento civil.

Se hizo allanamiento parcial a la demanda. Esta parte se allanaría al pago de la legítima en relación con los bienes del apdo. A) de la demanda, y por el valor propuesto por la actora (209.684,91 euros), ofreciendo como pago tres fincas integrantes del caudal hereditario: DIRECCION000, DIRECCION001 y DIRECCION002, que en conjunto tendrían un valor de 213.000 euros. El exceso se computaría a intereses. En cuanto a dichos intereses, esta parte se allanaría al pago de los mismos, computados desde el 9 de marzo de 2015 hasta el 15 de noviembre de 2015, lo que supondrían 4.945,20 euros. Esos intereses se abonarían mediante el exceso de valoración de bienes muebles y una cuota del 24,23% de una plaza de aparcamiento.

Con todo ello, se solicitó que se tuviese por formulado allanamiento parcial a la demanda, en los términos indicados. Y, respecto del resto de pretensiones, se solicitaba la desestimación de la demanda, con imposición de costas a la parte actora.

III.-)Mediante Auto de 31 de octubre de 2017 se admitió la llamada al procedimiento de D. Maximo, estimando con ello la petición de intervención provocada formulada por la parte demandada.

El Procurador D. Jordi Caldera Sánchez, en representación de D. Maximo, presentó escrito de contestación a la demanda, alegando, en síntesis, la sobrevaloración de los bienes incluidos en el apartado A) de la demanda, y la necesidad de minorar la legítima de la actora con los importes correspondientes al valor actualizado de la vivienda habitual de la demandante que había sido pagada por sus padres y al coste de los estudios de carrera universitaria, y en general con todos los gastos de la actora que hubiesen sido sufragados por el causante, o por éste y su esposa. En conclusión, se solicitaba sentencia desestimatoria de la demanda, con imposición de costas a la parte actora.

IV.-)Por Auto de 6 de noviembre de 2017 se acordó no admitir el allanamiento parcial formulado por la parte demandada, ya que el mismo estaba condicionado a la aceptación por la actora de una determinada manera de hacer el pago, y tal aceptación no se había producido. El juez entendió que, en puridad, el allanamiento parcial no era exactamente un allanamiento, sino más bien una oferta de transacción. En conclusión, se acordó no haber lugar al allanamiento.

V.-)La sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda presentada. La juez de instancia destacó que en la audiencia previa habían quedado fuera del proceso las pretensiones contenidas en los apdos. B) y C) de la demanda, después de acogerse la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda. Además, en la audiencia previa ambas partes habían aceptado que el caudal relicto de la herencia tenía se viese incrementado, ya que la finca de DIRECCION000 habría de estar incluida en un 100%, y no en un 50%, y que debía incluirse también el importe existente en una cuenta bancaria del BBVA, en una cuantía de 75 euros.

En cuanto al valor de los bienes integrantes del caudal relicto, la juez otorgó preferencia a los importes contenidos en el informe pericial aportado por la parte actora, excepto en lo referido a las viviendas de DIRECCION006 de Segur de Calafell, para las que consideraba más ajustadas las tasaciones del perito de la parte demandada. En cuanto a las participaciones de la sociedad "Ciutamar, S.L.", la juez consideró más correcto acoger los valores aportados por el perito de la parte demandada, con las salvedades ya apuntadas respecto de las valoraciones de los bienes inmuebles.

En cuanto a las minoraciones propuestas por la representación de Dª. Rosana, la juez consideró pertinente imputar a la misma los gastos en formación universitaria, por el valor que se derivaría del informe pericial aportado por dicha parte demandada. Sin embargo, no se consideró procedente aplicar una minoración por el precio supuestamente abonado por el causante para la adquisición de la primera vivienda de la actora.

En cuanto a la forma de hacer el pago, la juez entendió que el testamento otorgado por el causante contenía un legado simple de legítima, por lo que la persona heredera podría optar entre pagar a la legitimaria en dinero o con bienes, con las limitaciones establecidas en la ley. Los ofrecimientos de pago que se hicieron por la heredera no podrían considerarse pago efectivo, y no determinarían el modo de hacerse el pago posterior.

En cuanto a los intereses, se consideró procedente que los mismos fuesen los devengados por el total importe de la legítima desde el fallecimiento del causante hasta el efectivo pago.

En conclusión, se acordó estimar parcialmente la demanda, y condenar a Dª. Rosana a pagar a la actora el importe correspondiente por legítima, que se determinaría en ejecución de sentencia conforme a los criterios establecidos en el Fundamento de Derecho Séptimo de la sentencia, más intereses legales de dicha cantidad desde la fecha del fallecimiento del causante hasta el completo pago. Y con absolución de D. Maximo. Y debiendo abonar cada parte las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

VI.-)La representación de Dª. María Inés se alza contra aquella resolución. La apelación se plantea por los siguientes motivos: 1.-) Esta parte entiende que el pago de la legítima ha de hacerse en metálico, sin que pueda hacerse en bienes, ya que: en primer lugar, porque se trataría de un legado de legítima; en segundo lugar, porque el ofrecimiento y consignación hechos por la demandada ya supondrían un inicio de pago, que determinaría que toda la legítima se deba pagar del mismo modo. 2.-) En cuanto al cálculo del valor de los bienes de la legítima, deben acogerse en su integridad los precios contenidos en los informes periciales aportados por esta parte, tanto en lo referido a los bienes inmuebles como a las participaciones sociales de la entidad "Ciutamar, S.L.". 3.-) Esta parte considera improcedente derivar para ejecución de sentencia el cálculo del importe concreto que debe pagarse en concepto de legítima, y en ese sentido la sentencia dictada vulnera el artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( en adelante , LEC). 4.-) Se considera improcedente la minoración de la legítima en el importe correspondiente a gastos de formación universitaria; y, subsidiariamente, se muestra oposición al valor en que se ha tasado ese concepto. 5.-) Deben excluirse del posible pago de la legítima las fincas identificadas por esta parte como "tóxicas". En conclusión, se solicita que se revoque la sentencia de instancia, y en su lugar se estime íntegramente la demanda, ordenando el pago de la legítima en metálico conforme a los valores propuestos por esta parte, fijando el importe en sentencia y sin derivación a ejecución, sin minorar importe alguno. Y, en el supuesto de que se admita el pago de la legítima en bienes, se disponga expresamente que no cabrá hacer entrega de las fincas identificadas por esta parte como "tóxicas".

VI.-)La representación de Dª. Rosana muestra oposición al recurso presentado. Con carácter previo, se alega que la parte actora está incurriendo en incongruencias. La demanda ya no puede estimarse en su integridad, ya que en la audiencia previa se acogió la excepción de defecto en el modo de proponer la demanda y se eliminó del objeto del proceso las peticiones relativas a los apdos. B) y C) de la demanda, y ello ya no se discute. Además, en este recurso se incluyen peticiones que no se habían solicitado en la demanda, en concreto que la legítima se pague en dinero, y que en caso de pagarse en bienes se excluyan ciertas fincas de dicho pago. Son pretensiones ya extemporáneas, que alteran el objeto del proceso. En cuanto a los motivos por los que se interpone recurso, se afirma el derecho de esta parte de optar entre pagar la legítima en bienes o en dinero. Se muestra oposición a que los bienes del caudal hereditario se valoren en las cantidades que propone la actora. En cuanto al hecho de que se haya derivado a ejecución de sentencia la cuantificación de la legítima, esta parte considera procedente el pronunciamiento de la juez de instancia, no obstante lo cual no se opone a que se cuantifique la legítima en este momento procesal. En realidad, a esta parte no le beneficia dejar esta cuestión para ejecución de sentencia. Procede imputar a la legítima los gastos abonados para la formación universitaria de la demandante, por el valor recogido en la sentencia de instancia. Finalmente, para el caso de que se permita el pago de la legítima en bienes, esta parte entiende que no es procedente excluir de dicho pago las fincas apuntadas por la parte actora. En consecuencia, se solicita Sentencia desestimatoria del recurso, confirmando la resolución apelada, con condena en costas a la parte apelante.

SEGUNDO.- Acción ejercitada

Se ejercita en este procedimiento por Dª. María Inés una acción de reclamación de legítima, relativa al caudal hereditario de su padre D. Secundino, fallecido en fecha 9 de marzo de 2015 (doc. nº 1 de los acompañados a la demanda).

Debido a esa relación paternofilial, la demandante es legitimaria en los términos de los arts. 451-1 y ss. CCCat.

La acción se ha dirigido contra Dª. Rosana, viuda del causante y madre de la demandante, por su condición de heredera universal de D. Secundino, en virtud de testamento otorgado en fecha 30 de noviembre de 1989 (doc. nº 7 de los acompañados a la demanda), y todo ello conforme al art. 451-3 CCCat.

TERCERO.- Sobre el objeto del recurso y posibles incongruencias de la parte actora

Con carácter previo a analizar los motivos que fundamentan el recurso de apelación, cabe hacer mención a las alegaciones hechas con carácter previo por la parte apelada en su escrito de oposición. Obviamente, no cabe analizar ahora si la demanda presentada por Dª. María Inés ha de entenderse estimada o no, porque ello dependerá de los pronunciamientos que finalmente se dicten, pero sí procede hacer una mención sobre el supuesto carácter extemporáneo de algunas de las peticiones contenidas en el escrito de interposición del recurso.

La parte apelada se refiere en esta alegación a las peticiones reseñadas en los apartados 1) y 5) del escrito de interposición de recurso. La solicitud de Dª. María Inés de que se declare que el pago de la legítima a su favor sólo se podrá hacer en dinero, y la de que, en caso de que se permita hacerla en bienes, se excluyan de dicho posible pago las tres fincas indicadas por la actora ( DIRECCION000, DIRECCION001 y DIRECCION002) serían peticiones nuevas, que no formaban parte del petituminicial de la demanda, y que por tanto no pueden incluirse en el Fallo de la Sentencia que se dicte en esta apelación.

Esta Sección no puede compartir la argumentación de la parte apelada. Es cierto que estos pedimentos concretos no se incluían de manera expresa en el Suplico de la demanda. El debate que se ha suscitado en torno a estas peticiones concretas ha venido provocado por el allanamiento parcial incluido en el escrito de contestación a la demanda, y el Auto del juzgado a quode fecha 6 de noviembre de 2017, acordando que ese allanamiento no era tal. El juzgador entendió que se trataba de una mera propuesta de transacción, que al no haber sido aceptada por la actora no podía ser homologada. Fue a partir de ese momento procesal que la representación de Dª. María Inés mostró un interés expreso en que se declarase judicialmente que la legítima debía pagarse en dinero, y que, en caso de hacerse en bienes, se excluyesen de dicho pago ciertas fincas calificadas como "tóxicas".

Lo que ocurre es que, durante la audiencia previa, sí quedaron incluidas como cuestiones controvertidas en este pleito ( art. 428 LEC) estas circunstancias concretas. La parte demandada consideró aceptable en aquel momento que el objeto del pleito se extendiese también a estas cuestiones. La sentencia de instancia se ha pronunciado sobre ellas, y la representación de Dª. Rosana no ha presentado recurso, ni ha impugnado dicha sentencia. Resulta inaceptable, con ello, que se pretenda ahora que la parte apelante no pueda reproducir ese debate en segunda instancia, y no pueda instar una resolución acorde a sus pretensiones.

CUARTO.- Sobre el modo de pago de la legítima.

I.-)Entrando en el análisis de los distintos motivos de fondo que constituyen el objeto del recurso, la parte apelante plantea en primer lugar el derecho de la actora a percibir su legítima en dinero, sin que la heredera esté facultada a optar entre pago en metálico o en bienes que formen parte del caudal hereditario.

En lo que se refiere a este motivo, la apelación no puede estimarse. El art. 451-11 CCCat regula el derecho del heredero a pagar la legítima en dinero o mediante la entrega de bienes que formen parte del caudal hereditario, en los siguientes términos:

"Artículo 451-11. Pago de la legítima

1. El heredero o las personas facultadas para hacer la partición, distribuir la herencia o pagar legítimas pueden optar por el pago, tanto de la legítima como del suplemento, en dinero, aunque no haya en la herencia, o por el pago en bienes del caudal relicto, siempre y cuando, por disposición del causante, no corresponda a los legitimarios percibirlos por medio de institución de heredero, legado o asignación de un bien específico, atribución particular o donación.

2. En caso de optar por el pago de la legítima o, si procede, el suplemento, en bienes, el heredero o la persona facultada para pagar debe cumplir los requisitos establecidos por el artículo 451-7.2. Una vez hecha la opción y comenzado el pago de una forma determinada, el legitimario puede exigir que el resto le sea pagado de la misma forma."

La representación de Dª. María Inés sostiene que la demandada no tiene derecho a esa opción, ya que en este caso el causante dispuso un legado de legítima. Por tanto, conforme al art. 451-11.1 CCCat, Dª. Rosana tendría impedida la posibilidad de optar por el pago de la legítima en bienes. A criterio de la parte apelante, cualquier legado de legítima supondría la obligatoriedad del heredero de hacer el pago de la legítima en metálico.

Pues bien, si se observa el testamento otorgado en su día por D. Secundino, se observa que la disposición de la legítima se estableció como un legado simple de legítima, en los términos apuntados por la parte apelada. Al examinar el testamento otorgado por el causante en fecha 30 de noviembre de 1989 (doc. nº 7 de los acompañados a la demanda), se aprecia que el mismo se redactó en términos muy sencillos y simples. Es más, se trata de un testamento breve en cuanto a sus cláusulas, ya que en realidad se reducen a tres. En la primera, el causante declara su sometimiento al Derecho Civil de Catalunya y expresa su condición de casado con Dª. Rosana y de padre de Dª. María Inés y D. Maximo. Y ya como cláusulas segunda y tercera dice:

"SEGUNDA.- Salva y lega lo que por legítima estricta corresponda a quien acredite derecho a la misma, en especial a sus hijos María Inés y Maximo.

TERCERA.- INSTITUYE heredera universal y libre a su esposa Doña Rosana, a quien sustituye vulgarmente por sus hijos María Inés y Maximo, a partes iguales entre ellos, y éstos a su vez por sus respectivos descendientes."

Esa formulación testamentaria se ajusta a lo dispuesto en el art. 451-7.4 CCCat, que dice: "4. La legítima puede legarse en forma simple, utilizando la fórmula «lo que por legítima corresponda» u otras análogas o similares. En este caso, si el legitimario ha sido a la vez instituido heredero o favorecido con otros legados, estas atribuciones implican igualmente la de la legítima, sin que el legado en forma simple le otorgue derecho adicional alguno".En similares términos, el art. 451-7.2 CCCat contempla la posibilidad de que el legado dispuesto en concepto de legítima sea de dinero o de bienes integrantes del caudal relicto. No es admisible de ningún modo que la mera inclusión del término "legado", al referirse a la legítima, deba dar lugar siempre a un pago en metálico.

II.-)Tampoco puede aceptarse que el ofrecimiento hecho por Dª. Rosana constituya un inicio del pago, o constituya un acto propio, de modo que la demandada quede obligada a pagar en metálico toda la legítima. Aquel ofrecimiento de pago estaba condicionado a que la legitimaria se diese por totalmente saldada y satisfecha en su derecho a la legítima, y Dª. María Inés no lo aceptó por ese motivo. Pero, siendo así, no cabe entender que aquel ofrecimiento tuviese un efecto solutorio. De la misma forma que aquel ofrecimiento no tendría consecuencia alguna a los efectos de liquidar intereses conforme al art. 451-14 CCCat, tampoco se podrá considerar como un "pago" a los efectos de aplicar el art. 451-11.2 CCCat.

Y, desde luego, el mero hecho de que el pago en metálico vaya a dar menos dificultades en trámite de ejecución de sentencia no puede ser motivo para acoger la petición de Dª. María Inés. Es cierto que el art. 451-13 CCCat impone que, en caso de optarse por el pago mediante entrega de bienes, tales bienes deban valorarse a la fecha en que el heredero los elige o se adjudican. Pero ello no ha de servir para condicionar en contra del heredero el ejercicio de un derecho (el de opción por la modalidad de pago) que el ordenamiento jurídico le reconoce explícitamente. Debe preservarse a la apelada el derecho a la opción que se deriva de la Ley, sin más condicionantes ni limitaciones que los que la propia legislación prevea expresamente, y desde luego no por el mero hecho de resultar más cómodas o sencillas la tramitación y efectividad de los pagos.

QUINTO.- Sobre la valoración de los bienes que conforman el caudal hereditario

I.-)Respecto de la valoración de los bienes inmuebles, cabe indicar que, puesto que sólo se ha presentado recurso por la representación de Dª. María Inés, la única cuestión que ha de ser resuelta en segunda instancia es la valoración que cabe otorgar a las viviendas ubicadas en DIRECCION006 de Segur de Calafell, y que son propiedad de la sociedad "Ciutamar, S.L.". En cuanto al resto de fincas, la juez de instancia se inclinó por dar preferencia a las valoraciones incluidas en el informe pericial presentado por la parte actora (Sr. Ovidio), y ello no es ya una cuestión controvertida entre las partes.

Pues bien, esta Sección comparte la valoración de la juez de instancia, en cuanto a la preferencia que cabe otorgar a las valoraciones incluidas en el dictamen pericial aportado por la parte demandada (Sr. Rosendo), en relación a las mencionadas viviendas.

Es habitual que los bienes inmuebles (ya sean viviendas, ya sean locales), se valoren pericialmente conforme a un criterio de comparación, es decir, tomando como referencia los anuncios y ofertas de venta de los que se pueda tener constancia, relativos a fincas de similares características en la misma zona. Si se utiliza ese criterio, resulta obvio que la tasación final que alcance el perito resultará más fiable cuanto mayor haya sido el número de "testigos" (anuncios, ofertas) que se hayan tomado como referencia, y cuanto mayor sea su "calidad". Es decir, será más fiable la valoración si los anuncios u ofertas que se han tomado como testigos se refieren a inmuebles que comparten las mismas características físicas, jurídicas y urbanísticas que el que ha de tasarse. Cuanto más semejantes sean los inmuebles, más precisa será la valoración pericial.

No obstante, si lo que se pretende es peritar es el valor de mercado de un bien concreto, lo más ajustado será estar no tanto a los precios por los que se anuncie u oferte otro bien de similares características, sino por el precio real de operaciones concretas, hechas en fechas próximas a aquélla que ha de tomarse como referencia en la valoración. El precio por el que se oferta la venta de un bien puede no corresponder con el precio real, ya que es posible que finalmente la compraventa no se consume, o se celebre por un precio menor, tras la posible negociación entre las partes. Siempre será más ajustado acudir a precios reales, de operaciones constatada, si se cuenta con esa información.

En este caso, consta que en el año siguiente al de fallecimiento del causante, en 2016, se produjeron tres ventas de viviendas ubicadas en ese mismo edificio de la DIRECCION006 de Segur de Calafell, y se han aportado las escrituras otorgadas al efecto. Por tanto, se trata de una información sobre precios reales, de compraventas de viviendas de características prácticamente iguales, en fechas próximas a la del fallecimiento del causante. Es comprensible, por tanto, que la juez de instancia diese preferencia a la valoración hecha por el Sr. Rosendo, frente a la ofrecida por el Sr. Ovidio.

Es cierto que los precios de mercado del año 2015 podrían haber variado en el año 2016, aunque esa variación no sería muy grande, y en cualquier caso podría ser corregida mediante los índices oficiales sobre variación del precio de las viviendas a los que cualquier perito haya podido acceder.

También es cierto que cada vivienda tendrá unas características peculiares y que, como señala la parte apelada, viviendas situadas en pisos más altos tengan un valor de mercado mayor que viviendas de la misma superficie y orientación, en el mismo edificio, en una planta más baja. No obstante, esa variación no podría considerarse muy significativa.

Se ha alegado por la demandante en su recurso que Dª. Rosana, en prueba de interrogatorio, manifestó que había "malvendido" esas tres viviendas, por las necesidades de liquidez por las que atravesaba en ese momento. Ello invitaría a pensar en que el valor de mercado sería realmente superior al que aparece en las diferentes escrituras. Desde luego, no consta que Dª. Rosana tenga conocimientos técnicos en mercado inmobiliario como para poder afirmar que los valores reales de las viviendas fuesen superiores a aquéllos por los que se vendieron en 2016. El hecho de que hubiese una cierta premura en la venta no tendría por qué conllevar necesariamente que el precio de la transmisión tuviese que ser significativamente inferior al valor real del mercado.

Además, el propio perito Sr. Ovidio apuntó en su declaración que los precios que se recogieron en las distintas escrituras de 2016 podrían no corresponder al precio real que los compradores desembolsaron para la adquisición de las viviendas, ya que parte del precio podría haberse pagado en "B" o en "negro", para evitar el pago de impuestos.

Pues bien, estas alegaciones, a juicio de esta Sección, han de tener poco peso en este litigio. Llama la atención que las ventas operadas sobre viviendas de ese edificio, en el año 2016, fueron tres, todas ellas con diferentes compradores. Pues bien, llama la atención la homogeneidad en los precios de las tres operaciones. Las viviendas de los pisos bajos NUM000 y NUM001 (vendidas en fechas 11 de enero y 27 de mayo de 2016, respectivamente) fueron transmitidas, cada una, por un precio de 113.000 euros, y la venta del piso NUM002 (de 24 de noviembre de 2016), por 115.000 euros. Si hubiese tanta diferencia derivada de las alturas de las viviendas, y si en todo caso el precio escriturado fuese distinto al real para evitar impuestos, lo normal es que hubiese habido mucha más disparidad. El hecho de que se trate de tres operaciones, con distintos compradores, por precios tan similares, invita a pensar que el precio escriturado es muy aproximado al real.

Así, estando acreditado que en aquel año 2016 se perfeccionaron esas tres operaciones de compraventa, por esos precios, no parece razonable que el valor real de mercado de esas viviendas a la fecha de fallecimiento del causante (el 9 de marzo de 2015) fuese el que se indicaba por el Sr. Ovidio en su informe pericial. Nótese que aquellas tres mismas viviendas fueron valoradas por el perito designado por la demandante por los precios de 169.895,00 euros, 165.591,00 euros y 165.591,00 euros. La variación entre la tasación del Sr. Ovidio, que toma como referencia la fecha de 9 de marzo de 2015, y los precios reales documentados sobre operaciones hechas en 2016 es demasiado grande.

Y, ante las objeciones que la apelante hace al método de valoración del Sr. Rosendo, lo cierto es que su tasación daría pie a valores incluso superiores a aquéllos que aparecen en las escrituras de compraventa (117.000,00 euros, 126.900,00 euros y 126.900,00 euros, respectivamente). Es decir, los valores sostenidos por la parte demandada, y que la juez de instancia acoge como procedentes en su sentencia, referidos a la fecha de 9 de marzo de 2015, son incluso ligeramente superiores a aquellos que se hicieron constar como precio en las tres escrituras de compraventa otorgadas en 2016. Es decir, nada hace pensar que la peritación del Sr. Rosendo sea especialmente baja. Más bien al contrario.

II.-)Esta Sección sí considera preciso apartarse del criterio de la juez de instancia en cuanto a la valoración de las participaciones sociales que el causante ostentaba en la entidad "Ciutamar, S.L.". Lógicamente, los dos peritos que intervinieron a instancia de las partes hicieron una valoración de esas participaciones que estaba condicionada por el valor otorgado a los inmuebles. El precio real de mercado de esas participaciones estará muy condicionado por el valor que tengan los fondos propios o el patrimonio de la sociedad.

Pero, aparte de ello, los dos peritos que aportaron una tasación de estas participaciones (Sr. Diego, a instancia de la parte actora, y Sra. Edurne, a instancia de la parte demandada), utilizaron distintos métodos de valoración. El Sr. Diego partió de la hipótesis de una venta inmediata de la sociedad, y para ello tuvo en cuenta, únicamente, los gastos e impuestos que generaba el patrimonio social durante un año. La Sra. Edurne tomó como modelo la posible liquidación de la empresa, y planteó como escenario una enajenación en un plazo de 5 años, con lo que habría que tener en cuenta todos los gastos que se generasen como consecuencia del patrimonio de la sociedad durante ese periodo de tiempo.

La juez de instancia entendió procedente seguir el criterio de la Sra. Edurne, porque era más ajustado a la situación real que se produjo tras el fallecimiento del causante. Al parecer, tras la muerte de D. Secundino la entidad "Ciutamar, S.L." dejó de tener actividad, ante la falta de conocimientos y experiencia en el sector de la heredera Dª. Rosana. Su intención habría sido, ciertamente, la de liquidar o transmitir la finca a terceros. Y en la práctica es posible que la tramitación de procedimientos judiciales relativos a la herencia haya supuesto un óbice a esa posible transmisión. Por otro lado, es hasta cierto punto comprensible que la Sra. Edurne utilizase ese método de valoración, ya que emitió su dictamen varios años después del fallecimiento del causante, y cuando por tanto conocía cuál había sido la evolución posterior de esa sociedad.

A criterio de esta Sección, esas vicisitudes posteriores al fallecimiento del causante no han de tener incidencia a la hora de valorar los bienes que componen el caudal relicto. Conforme al art. 451-5 CCCat, la legítima se deberá calcular partiendo del valor que tuvieran los bienes de la herencia en el momento de la muerte del causante. Si a fecha 9 de marzo de 2015 "Ciutamar, S.L." era una sociedad en pleno funcionamiento, con un patrimonio susceptible de ser explotado, ésa será la realidad que deba tenerse en cuenta a los efectos de calcular la legítima. Las participaciones de "Ciutamar, S.L." deberían valorarse en función del valor de mercado que tendrían el día 9 de marzo de 2015 si en esa fecha un tercero hubiese estado interesado en adquirir esa empresa en funcionamiento. La decisión de la heredera de liquidar la sociedad, o el retraso que esa liquidación haya podido conllevar, con los posibles nuevos gastos que se hayan generado, no pueden perjudicar a la legitimaria, de la misma forma que tampoco podría ésta aprovecharse de los beneficios o rendimientos que se hubiesen podido obtener con posterioridad a la muerte del causante, en caso de que la heredera hubiese continuado la actividad social.

Es por ello que el recurso de apelación interpuesto por Dª. María Inés deberá estimarse, en el sentido de que las participaciones sociales de "Ciutamar, S.L." incluidas en el caudal hereditario deberán valorarse conforme al criterio expuesto por el Sr. Diego en su dictamen, con las modificaciones derivadas de lo ya resuelto respecto de las tasaciones de bienes inmuebles.

SEXTO.- Sobre la derivación de la cuantificación de la legítima en ejecución de sentencia

Se sostiene por la representación de Dª. María Inés que la sentencia de instancia debe revocarse, por constituir una vulneración del art. 219 LEC. Según la apelante, la sentencia que resolviese este litigio tendría que haber condenado a la demandada al pago de una cantidad concreta, líquida y determinada, sin subordinación a ningún trámite posterior.

Vaya por delante que el discurso de la parte apelante confunde en cierto modo la causa con la consecuencia, en la medida en que no pretende que, tras la valoración de la juez sobre cuáles han de ser los criterios de valoración de los bienes, se establezca una cuantía determinada como valor del caudal hereditario e importe de la legítima. De ser así, la propia parte apelante podría haber ofrecido esa cifra en su recurso, y no lo ha hecho.

Lo que en el fondo pretende hacer la apelante mediante el planteamiento de este motivo de apelación, y así se deriva de todo su discurso, es que se altere el criterio de valoración de los bienes, para ajustarse totalmente a las pretensiones de esa parte, y fijar una cuantía de la legítima acorde a lo solicitado en la demanda. Pero, desde luego, ello no procede.

Ya han quedado fijados en razonamientos anteriores cuáles son los criterios que han de seguirse en la valoración de los distintos bienes o derechos que integran el caudal hereditario. Desde luego, dentro de los poderes jurisdiccionales de la juez de instancia estaba el de acordar que unos bienes se valorasen conforme a lo indicado por un perito, y que otros se valorasen según lo dicho por otro perito diferente. De hecho, esta Sección también ha adoptado la misma solución de acoger, respecto de bienes concretos, el método de valoración pericial que entiende más correcto, o más ajustado al valor real conforme al art. 451-5 CCCat.

Siendo así, el mandato del art. 219 LEC llevaría a intentar fijar un importe concreto de la legítima. No obstante, parece prudente no llevar a cabo esa labor. Ni la juez de instancia lo hizo, ni tampoco la parte actora al interponer su recurso. Y esta Sección tampoco lo hará, ante el riesgo, principalmente, de no saber adaptar correctamente los valores del informe pericial sobre precio de las participaciones sociales de "Ciutamar, S.L.", una vez alterado el valor de sus fondos propios o patrimonio social.

Es más, caso de entenderse que la función posterior de liquidación excede de una labor de simple cuantificación, lo correcto sería, conforme al art. 219 LEC invocado por la recurrente, diferir esa fijación de cantidad para un nuevo pleito, con todo lo que ello implica (demanda, contestación, audiencia, juicio, sentencia, recursos...). Parece mucho más ajustada la solución adoptada por la juez de instancia de dirimir esa cuestión en ejecución de sentencia, se entiende que mediante un incidente de los previstos en los arts. 712 y ss. LEC. Teniendo en cuenta que las bases de esa futura liquidación han sido convenientemente establecidas (valoración de participaciones sociales conforme al criterio pericial seguido en el informe pericial del Sr. Diego, pero tomando como referencia los valores propuestos por el Sr. Rosendo respecto de las viviendas de la DIRECCION006 de Segur de Calafell), el pronunciamiento de la sentencia de instancia no supone ninguna merma de derechos para las partes, e incluso cabe calificarlo como más sencillo desde un punto de vista procesal.

SÉPTIMO.- Sobre la minoración del valor actualizado del coste de los estudios de la actora

Sí ha de estimarse el recurso en lo relativo a la minoración aplicada a la legítima, en los términos del art. 451-8.2 CCCat, apdo. a). Según dicho precepto, son imputables a la legítima, salvo que el causante disponga otra cosa: "a) Las donaciones hechas por el causante a favor de los hijos para que puedan adquirir la primera vivienda o emprender una actividad profesional, industrial o mercantil que les proporcione independencia personal y económica".

La juez de instancia ha entendido de aplicación este precepto respecto de los desembolsos que el causante y su esposa hubiesen podido hacer para que la actora cursase estudios universitarios entre los años 1992-1996. Al entender de esta Sección, tales gastos no pueden englobarse en el concepto de desembolsos hechos para emprender una actividad profesional, industrial o mercantil que proporcione independencia personal y económica. La demandante Dª. María Inés nació en el año 1974 y comenzó su formación universitaria a los 18 años. No se trató de un gasto propio e individualizado que tuviese por objeto iniciar el desarrollo de una actividad laboral o empresarial determinada, sino que simplemente formaron parte de lo que podría considerarse el periodo normal formativo y de estudios de la legitimaria. El hecho de que sus padres sufragasen esos estudios, o contribuyesen a ello, no dejaría de estar incluido en la obligación de alimentos propia de la relación paternofilial, sin que el hecho de que la demandante hubiese alcanzado ya la mayoría de edad sea razón suficiente para minorar el importe de la legítima.

El art. 236-17.1 CCCat impone a los progenitores el deber de "cuidar de los hijos, prestarles alimentos en el sentido más amplio, convivir con ellos, educarlos y proporcionarles una formación integral".Cabe considerar, sin duda, que los abonos cuya minoración pretende la heredera están en este caso incluidos en este precepto.

OCTAVO.- Sobre la exclusión de determinadas fincas en caso de realizarse el pago mediante entrega de bienes

Finalmente, a criterio de esta Sección, de ningún modo cabe excluir las tres fincas señaladas por la parte apelante ( DIRECCION000, DIRECCION001 y DIRECCION002) de la posibilidad del pago mediante entrega de bienes, en caso de que la heredera opte por esa modalidad.

Se trata de tres fincas que la propia demandante considera incluidas dentro del caudal hereditario, y a las que se reconoce un valor nada despreciable (en conjunto, 213.000 euros). La demandante se refiere a estas fincas utilizando el adjetivo de "tóxicas", siempre entre comillas, sin que pueda llegar a entenderse en qué consiste exactamente dicho calificativo, referido a un bien inmueble. Parecería, de la lectura del escrito de recurso, que el hecho de tratarse de fincas enclavadas en suelo rústico, o no urbanizable, y carecer de determinados servicios (infraestructura de suministros, asfaltado, alcantarillado, etc.), ya las harían merecedoras de ese término tan peyorativo.

Es cierto que el art. 451-7.2 CCCat regula ciertos condicionantes que han de tener los bienes integrantes del caudal hereditario para poder ser entregados por el heredero en concepto de legítima. Pero es que, en realidad, estas tres fincas no pueden entenderse afectadas por las limitaciones que se derivan de ese precepto.

Así, el art. 451-7.2 CCCat exige, para proceder al pago de legítima mediante entrega de bienes, que los designados sean de propiedad exclusiva, plena y libre. Sin duda, los tres inmuebles apuntados por la apelante cumplirían estos requisitos.

También es cierto que se exige que los bienes entregados como pago de legítima sean de calidad media, atendida la de los bienes que compusieren el caudal relicto, y que la cesión no se halle sujeta a condiciones, plazos o modos, ni se encuentre gravada con usufructos u otras cargas, ni sujeta a fideicomiso (SSTSJCat de 13 de junio de 2016 y 19 de junio de 2017, entre otras). Pues bien, teniendo en cuenta la naturaleza de estos bienes (fincas rústicas), no cabe considerar que las mismas estén afectadas por estos condicionantes. El carácter rústico o no urbanizable del suelo sobre el que se asienta el inmueble determina la configuración y características propias del bien, pero no puede interpretarse que se trate de una finca "de menor calidad" a otra que se encuentre en un suelo urbano, o urbanizable. Sería, simplemente, un inmueble de distinto tipo.

La parte recurrente invoca también, como fundamento de su pretensión, el art. 451-12 CCCat, que lleva por rúbrica "Calidad de los bienes".Este precepto dispone:

"1. Si las personas a que se refiere el artículo 451-11 optan por el pago en bienes y el legitimario no se conforma con los que se le pretenden adjudicar, este puede recurrir a la autoridad judicial competente, que debe decidir con equidad y por el procedimiento de jurisdicción voluntaria.

2. La autoridad judicial puede ordenar, en cualquier caso, que se practique una prueba pericial para conocer la calidad y el valor de los bienes que componen la herencia y del lote que pretenda adjudicarse al legitimario."

El precepto regula la posibilidad de que se tramite un procedimiento de jurisdicción voluntaria, para que el juez resuelva conforme a criterios de equidad, en el caso de que el legitimario no esté conforme con los bienes concretos que se le hayan asignado como pago de legítima. Eso sí, ese derecho que el CCCat otorga al legitimario, para abrir ese cauce procesal, sólo ha de llevarse a efecto con posterioridad a la opción que el heredero haya realizado (pago en metálico o pago en bienes) y una vez que se hayan designado los bienes específicos con los que hacer el pago. Lo que no es admisible es reconocer al legitimario un derecho a elegir entre los bienes que componen el caudal hereditario, ni a excluir alguno de ellos, conforme a criterios de equidad o conveniencia. Ciertamente, el legitimario podría pretender la exclusión de ciertos bienes del pago (los que no fuesen de propiedad exclusiva, plena y libre), pero ello vendría justificado por la propia limitación que el legislador estrictamente ha previsto. El legitimario no está facultado para anticipar ese juicio de equidad a un momento anterior al derecho de opción que el heredero ha de tener para elegir la modalidad de pago de la legítima, y en su caso la elección de bienes.

Es decir, Dª. Rosana ha de tener el derecho a optar sobre el modo en que quiere hacer el pago, y en su caso a designar los bienes mediante cuya entrega poder considerar abonada la legítima. Y, sólo entonces, Dª. María Inés dispondrá de la posibilidad de valorar si procede acudir al trámite del art. 451-12 CCCat, en caso de disconformidad.

NOVENO.- Costas procesales

Conforme al art. 398.2 LEC, en la redacción aplicable a este procedimiento, la estimación parcial del recurso de apelación conllevará que no se adopte pronunciamiento expreso sobre costas de la segunda instancia.

Vistos los preceptos citados y los demás de general y pertinente aplicación