Sentencia Civil 766/2024 Audiencia Provincial Civil de Las Palmas nº 4, Rec. 1639/2023 de 23 de diciembre del 2024

PRIMERO. La resolución de instancia y el recurso

1. Don Arturo ("El Cliente") afirma que suscribió un contrato de compraventa de bienes de consumo con CLUB INTERNACIONAL DEL LIBRO, MARKETING DIRECTO, S.L. ("El Acreedor") y vulneró su derecho al honor al incluirlo el 12 de noviembre de 2021, habiendo sido cancelados sus datos, el 4 de diciembre de 2022. Reclama una indemnización de 4.000€, con intereses legales y la cancelación de los datos.

2. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda con condena en costas.

3. Recurre en apelación el Cliente. Sus alegaciones se pueden resumir en:

[1] Vulneración del artículo 38 del Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre y de la doctrina jurisprudencial emanada del tribunal supremo. Inexistencia de requerimiento con carácter previo. El segundo argumento ofrecido por la juzgadora a quo, para tener por cumplida la exigencia de haber requerido previamente de pago al presunto deudor, consiste en que, conforme al documento nº 6 del escrito de contestación a la demanda, se habría enviado una comunicación al domicilio del Sr. Arturo y que, al no constar devuelta, se presume que ha llegado a su destinatario. Se cita, además, en apoyo de esta conclusión, la STS de 21 de diciembre de 2022. Sin embargo, el supuesto analizado en el presente procedimiento dista profundamente del examinado por la STS de 21 de diciembre de 2022. En nuestro caso particular, si bien se aporta como documento no 6 el certificado de la empresa Gratisfilm, NO SE HA ACOMPAÑADO EL ALBARÁN DE CORREOS o documento similar que certifique, al menos, el envío de la presunta certificación.

[2] Inexistencia de deuda cierta, líquida, vencible y exigible. Se le inscribe por 285,04 euros cuando, según la propia demandada, la deuda asciende a la cantidad de 488,64 euros. Para mayor confusión, el documento no 5 de la contestación a la demanda (presunto requerimiento dirigido al actor cuyo envío y recepción seguimos negando), no se hace constar ninguna cantidad adeudada. Todas estas circunstancias revelan que ni si quiera la entidad tenía clara cuál es el importe que adeudaría el Sr. Arturo vulnerado, con ello, el principio de calidad de los datos.

[3] Infracción del artículo 394 de la LEC al no haber aplicado la excepción al principio del vencimiento objetivo en materia de costas, dadas las dudas de hecho y de Derecho que planteaba el objeto litigioso.

El Acreedor se opone al recurso y pide la confirmación de la Sentencia, que no ha impugnado. El Ministerio Fiscal también se opone al recurso.

4. La Sala desestima el recurso, puesto que no se ha incumplido ninguno los requisitos para la inclusión de los datos del Cliente en el registro de morosos, conforme a la legislación aplicable y la Jurisprudencia que la interpreta.

SEGUNDO. Bases de datos de morosidad de crédito y protección de datos

5. Debemos recordar la obligación de las entidades financieras de comprobar la solvencia del consumidor, incluso en los créditos transfronterizos, establecida en la DIRECTIVA 2008/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo, artículos 8 y 9.

6. Se ha recogido por la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo:

Artículo 14. Obligación de evaluar la solvencia del consumidor. 1. El prestamista, antes de que se celebre el contrato de crédito, deberá evaluar la solvencia del consumidor, sobre la base de una información suficiente obtenida por los medios adecuados a tal fin, entre ellos, la información facilitada por el consumidor, a solicitud del prestamista o intermediario en la concesión de crédito. Con igual finalidad, podrá consultar los ficheros de solvencia patrimonial y crédito, a los que se refiere el artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en los términos y con los requisitos y garantías previstos en dicha Ley Orgánica y su normativa de desarrollo [...]

7. Esas bases de datos se rigen por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales [en vigor desde el 07/12/2018]:

Artículo 20. Sistemas de información crediticia. 1. Salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que los datos hayan sido facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés.

b) Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes.

c) Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe.

La entidad que mantenga el sistema de información crediticia con datos relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito deberá notificar al afectado la inclusión de tales datos y le informará sobre la posibilidad de ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo.

d) Que los datos únicamente se mantengan en el sistema mientras persista el incumplimiento, con el límite máximo de cinco años desde la fecha de vencimiento de la obligación dineraria, financiera o de crédito.

e) Que los datos referidos a un deudor determinado solamente puedan ser consultados cuando quien consulte el sistema mantuviese una relación contractual con el afectado que implique el abono de una cuantía pecuniaria o este le hubiera solicitado la celebración de un contrato que suponga financiación, pago aplazado o facturación periódica, como sucede, entre otros supuestos, en los previstos en la legislación de contratos de crédito al consumo y de contratos de crédito inmobiliario.

Cuando se hubiera ejercitado ante el sistema el derecho a la limitación del tratamiento de los datos impugnando su exactitud conforme a lo previsto en el artículo 18.1.a) del Reglamento (UE) 2016/679, el sistema informará a quienes pudieran consultarlo con arreglo al párrafo anterior acerca de la mera existencia de dicha circunstancia, sin facilitar los datos concretos respecto de los que se hubiera ejercitado el derecho, en tanto se resuelve sobre la solicitud del afectado.

f) Que, en el caso de que se denegase la solicitud de celebración del contrato, o éste no llegara a celebrarse, como consecuencia de la consulta efectuada, quien haya consultado el sistema informe al afectado del resultado de dicha consulta.

2. Las entidades que mantengan el sistema y las acreedoras, respecto del tratamiento de los datos referidos a sus deudores, tendrán la condición de corresponsables del tratamiento de los datos, siendo de aplicación lo establecido por el artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/679.

Corresponderá al acreedor garantizar que concurren los requisitos exigidos para la inclusión en el sistema de la deuda, respondiendo de su inexistencia o inexactitud.

3. La presunción a la que se refiere el apartado 1 de este artículo no ampara los supuestos en que la información crediticia fuese asociada por la entidad que mantuviera el sistema a informaciones adicionales a las contempladas en dicho apartado, relacionadas con el deudor y obtenidas de otras fuentes, a fin de llevar a cabo un perfilado del mismo, en particular mediante la aplicación de técnicas de calificación crediticia.

Disposición adicional sexta. Incorporación de deudas a sistemas de información crediticia. No se incorporarán a los sistemas de información crediticia a los que se refiere el artículo 20.1 de esta ley orgánica deudas en que la cuantía del principal sea inferior a cincuenta euros. El Gobierno, mediante real decreto, podrá actualizar esta cuantía.

8. Así como el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal:

Artículo 38. Requisitos para la inclusión de los datos. 1. Sólo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada y respecto de la cual no se haya entablado reclamación judicial, arbitral o administrativa, o tratándose de servicios financieros, no se haya planteado una reclamación en los términos previstos en el Reglamento de los Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros, aprobado por Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero.

b) Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico.

c) Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación.

Artículo 39. Información previa a la inclusión. El acreedor deberá informar al deudor, en el momento en que se celebre el contrato y, en todo caso, al tiempo de efectuar el requerimiento al que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo anterior, que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y cumplirse los requisitos previstos en el citado artículo, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias.

9. La indebida inclusión de datos en estos ficheros puede constituir una vulneración del derecho al honor del afectado. Y "existen tres obligaciones diferenciables: i) El acreedor debe informar al afectado acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquellos en los que participe. En la regulación anterior, dicha información debía realizarse en todo caso en el requerimiento de pago, pero tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, tal información puede hacerse "en el contrato o en el momento de requerir el pago" (art. 20.1.a de dicha ley orgánica). ii) El acreedor, o quien actúe por su cuenta o interés, debe requerir de pago al deudor con carácter previo a la comunicación de sus datos al fichero de morosos y estará obligado a conservar a disposición del responsable del fichero común y de la Agencia Española de Protección de Datos la documentación suficiente que acredite el cumplimiento de tal requisito y de los demás exigidos por la normativa aplicable. iii) La entidad que mantenga el fichero de morosos deberá notificar al afectado la inclusión de tales datos y le informará sobre la posibilidad de ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo. La notificación deberá efectuarse a través de un medio fiable, auditable e independiente de la entidad notificante, que le permita acreditar la efectiva realización de los envíos...", Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo del 1 de febrero de 2024, Sentencia: 117/2024 Recurso: 7903/2022.

10. Tenemos en cuenta la "la jurisprudencia existente sobre el carácter funcional del requerimiento previo de pago [...] su exigibilidad se funda en la necesidad de evitar "sean incluidas en estos registros personas que, por un simple descuido, por un error bancario al que son ajenas, o por cualquier otra circunstancia de similar naturaleza, han dejado de hacer frente a una obligación dineraria vencida y exigible sin que ese dato sea pertinente para enjuiciar su solvencia. Además, les permite ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación" [...] esta idea del carácter funcional del requerimiento de pago, lo que explica la distinta trascendencia que para la existencia de intromisión ilegítima en el derecho al honor del deudor puede tener su omisión o su práctica defectuosa en función de las circunstancias concretas de la deuda y el carácter sorpresivo que para el interesado pueda tener aparecer como moroso en un fichero de esta naturaleza." "El carácter funcional del requerimiento de pago ha justificado que no se considere vulnerado el honor del deudor en algunos supuestos de requerimientos defectuosos o de falta de requerimiento (o de falta de prueba de su realización efectiva) [.] rechazó la existencia de la intromisión ilegítima en el derecho al honor del deudor que, sin negar la realidad de la deuda, alegaba que el requerimiento previo de pago lo fue por una cantidad inferior a la reflejada luego en el fichero. Dada la conducta persistente de impago, el interesado no pudo verse sorprendido por la inclusión de sus datos en el fichero y, ante la conducta enteramente pasiva del deudor ("contumaz en el impago de deudas"), la discordancia de cifras no era relevante [.] "la discordancia entre la cantidad por la que se practicó el requerimiento de pago en 2017 y la que en el año 2020 figura en el fichero de solvencia patrimonial no determina por sí sola que haya existido una vulneración del derecho al honor de la demandante.[.]" [.] en un caso de falta de constancia de la realización del requerimiento previo, rechazó la existencia de intromisión ilegítima en el honor del deudor cuyos datos habían sido comunicados al fichero por el impago de la deuda derivada del uso de una tarjeta de crédito, cuyas condiciones de pago se habían novado hasta en siete ocasiones ante el impago del deudor, que siempre incumplió las nuevas condiciones establecidas para facilitarle el pago, por lo que el recurrente no se vio sorprendido por la inclusión de sus datos en el fichero. En este caso, el requerimiento había perdido su finalidad, ya que no era necesario para que el interesado tuviese plena certeza de la deuda ni podía considerarse que la inclusión de sus datos en el fichero fuera sorpresiva." En el caso de la sentencia 609/2022, de 19 de septiembre, antes citada, existían seis anotaciones por impagos anteriores a la que era objeto del procedimiento y otras seis posteriores. Se consideró que el afectado se encontraba en situación de insolvencia, por lo que se entendió que los eventuales defectos del requerimiento no podían sustentar la vulneración del derecho al honor en que se sustentaba la demanda. La posterior sentencia 1821/2023, de 21 de diciembre, en un caso en el que los datos personales del demandante eran objeto de tratamiento en un sistema de información crediticia por varias deudas impagadas, declaró que la Audiencia Provincial, que solo había tomado en consideración tal circunstancia para moderar la cuantía de la indemnización, "no extrae de dicha declaración la consecuencia coherente con dicha jurisprudencia: la improcedencia de considerar vulnerado el derecho al honor del demandante aun asumiendo que no concurriera la garantía de recepción del requerimiento de pago previo", Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo del 13 de mayo de 2024, Sentencia: 648/2024 Recurso: 2966/2023 (y las que cita).

11. Y también la "doctrina sobre la garantía de la recepción del requerimiento de pago previo o constancia razonable de ella de la siguiente forma: (i) El carácter recepticio del requerimiento previo de pago no exige la fehaciencia de su recepción, pues ésta puede quedar acreditada por medio de presunciones, siempre que exista garantía o constancia razonable de ella. (ii) Tal garantía existe cuando es idónea la dirección a la que se envió la carta que incluía el requerimiento (lo que no se discute en ninguna de las instancias) y se acredita su admisión para envío por el servicio postal de correos [...] sin que haya constancia de su devolución [...] Tampoco concurre dato alguno con reflejo en los autos del que se pueda inferir que las cartas no llegaran a su destino o que su recepción se hubiera frustrado por razones imputables -que, en este caso, no constan- al prestador del servicio postal encargado y responsable de entregarla al destinatario (que hay que considerar que, en principio, la remitió, no que no lo hizo, conforme al principio de normalidad expresado en el viejo aforismo según el cual "lo normal se entiende que está probado y lo anormal se prueba"). A partir de ese conjunto de datos, es razonable inferir la recepción del requerimiento por la deudora y considerar probada la misma. (iii) Tampoco merece una consideración desfavorable el sistema de notificaciones masivas, ni procede tachar las comunicaciones por formar parte de un conjunto grande de ellas, dado que dicha circunstancia, igual que si se hubieran presentado de forma independiente e individual, no impide su puesta a disposición del servicio postal de correos, que opera un número ingente de comunicaciones y que no puede denegar su admisión por el mero hecho de formar parte de una remesa masiva de envíos que le son confiados por el remitente para la realización de un proceso postal integral, integrado por las fases de clasificación, transporte, distribución y entrega, que debe garantizar de manera efectiva los derechos de los usuarios y del que, una vez producida la recepción, se hace responsable, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 3.12 b) de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal [...] "[L]a exigencia por parte de la Audiencia Provincial de que, para considerar realizado efectivamente el requerimiento de pago, deben haberse utilizado sistemas tales como el burofax o el correo certificado con acuse de recibo, no es acorde con la jurisprudencia de esta sala que [...] ha declarado que "si bien no consta probado de forma fehaciente el envío, lo cierto es que la Ley no exige esta fehaciencia". Es más, la recepción del requerimiento de pago se puede considerar fijada a través de las presunciones o acreditada por cualquier medio de prueba [...] siempre que exista garantía o constancia razonable de ella [...], lo que se produce cuando la comunicación depositada en el operador postal ha sido remitida al domicilio del deudor y no existen circunstancias (por ejemplo, la devolución de otras comunicaciones dirigidas a ese domicilio) que desvirtúen esta conclusión", Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo del 13 de mayo de 2024, Sentencia: 648/2024 Recurso: 2966/2023.

TERCERO. Examen de los requisitos

12. El requerimiento de pago se verifica por carta de 18 de agosto de 2021 (estando en vigor la nueva regulación), y su contenido es correcto en cuanto a la información y detalle de los sistemas:

...y no habiendo sido posible, nos vemos en la obligación de informarle que a partir del día 21/9/2021 sus datos serán comunicados al fichero de impagados Asnef

13. La [1] notificación del requerimiento mediante envío masivo de cartas es aceptada por la Jurisprudencia. Una entidad tercera (GRATISFILM PHOTOCOLOR CLUB, S.A.) certifica la remisión de la carta al domicilio que aparece en el contrato, y que "no consta que la referida comunicación haya resultado devuelta por el servicio de correos". De manera que hay garantía o constancia razonable de la entrega. Y el contenido está probado por remisión al modelo de carta "Código PRV ASNEF", cuya copia individualizada también se adjunta. Siendo irrelevante que se presente en el mismo documento o separado.

14. El objeto del requerimiento de pago es evitar el simple descuido, error bancario o cualquier otra circunstancia de similar naturaleza, y la norma no exige acreditación especial de la deuda por el Acreedor. De manera que no es necesaria ningún tipo de liquidación fehaciente y la mera discrepancia en cuanto a las cifras no es relevante. Si el Cliente está disconforme, puede iniciar un procedimiento administrativo o judicial, o acudir a un procedimiento alternativo de resolución de disputas. Una vez incluidos, también puede impugnarlo frente al responsable del tratamiento de los datos conforme a lo previsto en el artículo 18.1.a) del Reglamento (UE) 2016/679. No consta que el Cliente haya usado ninguna de esas posibilidades, por lo que la alegación [2] no prospera.

CUARTO. Vencimiento objetivo y costas de la instancia

15. La ley opta por el criterio del vencimiento objetivo en materia de costas de la primera instancia, aunque permite modularlo teniendo en cuenta las serias dudas de hecho o de derecho. En cuyo caso es imprescindible la motivación "... sí podría revisarse la decisión del tribunal de apelación, por verse afectada la tutela judicial efectiva, en aquellos supuestos en que se aparte de las reglas generales sobre vencimiento en materia de condena en costas, previstas en el art. 394 LEC , y, sin embargo no motivase su decisión. Es el supuesto aquí contemplado.Como consecuencia de la sentencia recurrida, que estimó en parte el recurso de apelación, se estimaba parcialmente la demanda y, por aplicación del art. 394.2 LEC , cada parte abonaría las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad respecto de las causadas en la primera instancia. Este precepto permite apartarse de la citada regla, cuando añade "a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad". No obstante, será preciso motivar que concurre esta excepción a la regla general", Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo del 25 de enero de 2019, Sentencia: 56/2019 Recurso: 351/2016.

16. La Sala no aprecia particulares dudas jurídicas en la interpretación de los mencionados preceptos y el ACREEDOR ha demostrado el cumplimiento de los requisitos legales, por lo que la alegación [3] tampoco prospera.

QUINTO. Costas y depósito

17. Las costas de la apelación desestimada, por imperativo del artículo 398, se impondrán a la parte recurrente.

18. Procede acordar la pérdida del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey