Sentencia Civil 119/2025 Audiencia Provincial Civil de Granada nº 4, Rec. 300/2024 de 31 de marzo del 2025

PRIMERO.- Motivos del recurso de apelación.

Por la representación de D. Indalecio fue interpuesto recurso de apelación contra la Sentenciadictada con fecha 31 de enero de 2024 por el Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Granada, en el seno del procedimiento de Juicio Ordinario nº 155/2023 . Así, con carácter general, se alega como motivo del recurso de apelación error en la valoración de la prueba y, en particular, tal error se concreta respecto a la valoración efectuada por la Juez de instancia a propósito de los siguientes documentos.

En primer lugar, en relación a los documentos nº 13 y 14 de la contestación a la demanda referidos al Plan Especial de Reforma Interior (PERI), cuyo valor probatorio fue impugnado en el acto de la audiencia previa, considera la parte apelante que la Juez de instancia ha apreciado con "falta de rigor" estos documentos toda vez que entiende que el PERI no es un instrumento adecuado para reparcelar y, pese a ello, los demandados habrían tratado de aprovecharse del mismo para dar lugar a la repartición a la que aluden en su contestación a la demanda. Cometido que entiende el apelante excede de lo permitido por la legalidad aplicable a este tipo de instrumentos.

Y, en segundo lugar, y por lo que respecta al documento nº 1 de la contestación a la demanda, documento privado de fecha 11 de octubre de 2011, entiende la parte apelante que se trata de un pacto de uso y que no respondería a una división material de las fincas.

Conferido traslado a la parte contraria, la misma se opuso el recurso interpuesto.

SEGUNDO.- Antecedentes fácticos.

El presente procedimiento deriva de la demanda interpuesta por D. Indalecio frente a sus hermanos, Dª. Patricia y D. Modesto, en la que ejercitaba una acción de división de cosa común respecto de las siguientes fincas sitas en el término municipal de Melegís (Granada): la finca (rústica) nº NUM000 del Registro de la Propiedad de Órgiva-Ugíjar; la finca (urbana) nº NUM001 del Registro de la Propiedad de Órgiva-Ugíjar; y, la finca nº NUM002 (urbana) del Registro de la Propiedad de Órgiva-Ugíjar. Fincas que consideraba indivisibles: la rústica por ser su superficie inferior a la unidad mínima de cultivo; y, las dos fincas urbanas porque de dividirse resultarían inservibles para su fin y uso habituales.

Los demandados se opusieron a la demanda formulada de contrario y alegaron lo siguiente.

En primer lugar, que el proindiviso defendido en la demanda se extinguió en fecha 11 de octubre de 2010 en base a un acuerdo privado alcanzado por los tres hermanos respecto de las fincas descritas en la demanda y, en virtud del cual, sobre la calificación de "suelo urbano no consolidado", habrían presentado un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que habría sido aprobado por el Ayuntamiento de El Valle y respecto del que los tres hermanos se comprometieron a ultimar la reparcelación. Así mismo, en el citado acuerdo privado se hace constar que la finca ya se habría repartido habiéndose adjudicado a cada hermano una parcela de forma que, incluso, uno de los demandados, D. Modesto, por una adjudicación en exceso habría compensado a sus otros dos hermanos tanto en el Impuesto de Donaciones como en el Impuesto Municipal sobre el Incremento del valor de los terrenos. Así mismo, se alega que cada hermano ha realizado obras de consolidación de sus respectivas parcelas.

En segundo lugar, se aduce la existencia de actos propios en la conducta del demandante en la medida en que consintió en la partición referida, en las compensaciones correspondientes, en la tramitación urbanística de los inmuebles toda vez que aceptó el Plan Especial de Reforma Interior, en la presentación del Proyecto de Reparcelación y del Proyecto de Urbanización, así como en el pago de los gastos ante el Ayuntamiento.

Finalmente, se invoca la proscripción del enriquecimiento injusto que consideran tendría lugar en el supuesto de venta en pública subasta de las fincas en el estado actual en que se encuentran, tras las importantes obras de reforma asumidas por los demandados en exclusiva.

La Sentencia que ahora se recurre desestima íntegramente la demanda al considerar improcedente la acción ejercitada por la parte actora por carecer de acción y por tanto, de legitimación activa ad causamen la medida en que la finca no sólo es divisible, sino que consta dividida desde octubre del año 2010, fecha en la entiende se extinguió el condominio. Así mismo, en la sentencia se considera que el actor actúa contra sus propios actos toda vez que se ha mostrado conforme con el Plan Especial de Reforma Interior, con la adjudicación de las tres parcelas entre los tres hermanos, con la división y distribución de la parcela de su madre entre los tres, con las compensaciones realizadas por D. Modesto, con las obras de reforma realizadas por éste sobre las edificaciones ubicadas en la parcela asignada y, con el Proyecto de reparcelación presentado ante el Ayuntamiento.

TERCERO.- Decisión del Tribunal.

Con carácter previo, y tal como se ha declarado, entre otras, en la Sentencia de esta Audiencia Provincial, Sección 3ª, de fecha 13 de diciembre de 2024 ( ROJ:SAP GR 2318/2024- ECLI:ES:APGR:2024:2318 ), << conviene poner de manifiesto la doctrina consolidada de la Sala Primera sobre la revisión de la prueba en segunda instancia. En este sentido, entre otras muchas podemos citar la STS nº 668/2015 de 4 de diciembre , que desarrolla esta doctrina en los siguientes términos:"Esta Sala, en jurisprudencia pacífica y reiterada con frecuencia, ha rechazado que la valoración de la prueba realizada en primera instancia solo pueda ser revisada por la Audiencia Provincial en caso de que conduzca a exégesis erróneas, ilógicas o que conculque preceptos legales, o sus conclusiones sean absurdas, irracionales o arbitrarias.

En nuestro sistema procesal, el juicio de segunda instancia es pleno y en él la comprobación que el órgano superior hace para verificar el acierto o desacierto de lo decidido en primera instancia es una comprobación del resultado alcanzado, en la que no están limitados los poderes del órgano revisor en relación con los del juez "a quo". Así lo ha declarado el Tribunal Constitucional ( STC 212/2000, de 18 de septiembre ), y así lo ha declarado esta Sala, a la que cualquier pretensión de limitar los poderes del tribunal de apelación le ha merecido " una severa crítica" ( sentencias de esta Sala de 15 de octubre de 1991 , y núm. 808/2009, de 21 de diciembre ).

Es perfectamente lícito que el recurrente en apelación centre su recurso en criticar la valoración de la prueba hecha en la sentencia de primera instancia, e intente convencer al tribunal de segunda instancia de que su valoración de la prueba, aun parcial por responder a la defensa lícita de los intereses de parte, es más correcta que la sin duda imparcial, pero susceptible de crítica y de revisión, del Juez de Primera Instancia. Así lo hemos declarado en la sentencia núm. 649/2014, de 13 de enero de 2015 .">>

Revisadas, por tanto, de nuevo las actuaciones de primera instancia, toda la documentación obrante en el procedimiento y habiéndose procedido, así mismo, a la visión del juicio oral, no podemos más que compartir y confirmar las conclusiones alcanzadas por la Juez de Primera Instancia.

Para ello, se ha de comenzar con el análisis del documento nº 1 acompañado a la contestación a la demanda, esencial para resolver esta litis. Impugna el recurrente la valoración que del mismo se efectúa por la Juez a quopor entender que estamos en presencia de un pacto de uso y no de una auténtica división material de las fincas. Sin embargo, no se puede compartir esta tesis. Dicho documento que, además, la parte actora hizo suyo en el acto de la audiencia previa, consiste en un acuerdo privado de fecha 11 de octubre de 2010 firmado por los tres hermanos Indalecio Patricia Modesto en el mismo día de la firma de la escritura pública de donación en virtud de la cual la madre de aquéllos les donó proindiviso y por terceras e iguales partes las fincas nº NUM000, NUM001 y NUM002 sitas en el DIRECCION000 de Melegís (Granada).

De dicho documento cabe destacar lo siguiente:

Que dichas fincas están incluidas en la UE 1.2 de Melegís, en proceso de desarrollo con el Plan Especial de Reforma Interiorque fue aprobado definitivamente el 29 de marzo de 2.010, así como que, para el desarrollo de la unidad de ejecución, será necesaria la tramitación y aprobación de un proyecto de reparcelación.

Que tienen partida la finca privadamente en la forma que se refleja en el plano de parcelación y cesiones, redactado por el Arquitecto Don Rodolfo con fecha Abril de 2008 y visado con fecha 3 de junio de 2.008. En este plano, (que fue redactado antes de la escritura de donación reseñada), la Parcela NUM003 resulta de Don Indalecio; la Parcela NUM004 es de Don Modesto; la número NUM005 es de Doña Patricia y la número NUM006 se refleja como de la propiedad de la madre Doña Constanza.

Que una vez se lleve a efecto la reparcelación indicada y se pueda documentar notarialmente la adjudicación de cada parcela, esta propiedad será individual y en las tres parcelas que resultan del indicado plano una vez absorbida la parcela NUM006 de la madre por las otras tres.-

Que las dos casas que fueron donadas por la madre, se encuentran dentro del perímetro de la parcela NUM004 de Don Modesto, el cual ha efectuado al día de la fecha obras y mejoras en las mismas, costeando con recursos propios sus rehabilitación y los gastos que ello ha ocasionado, sin que en tales reformas y mejoras la madre o los otros hermanos hayan contribuido económicamente.

Que por este documento los hermanos Indalecio Patricia Modesto dan por extinguida la comunidad entre ellos existente en las fincas donadas por la madre, sin que nada tengan que reclamarse. Que cada hermano ostenta actualmente la propiedad de cada parcela, invirtiendo en ella las mejoras, plantaciones, acondicionamiento de terreno o instalaciones, que estime oportuno.

Dicho documento, que no sólo no ha sido impugnado de contrario sino que la parte ahora recurrente hizo suyo en el acto de la audiencia previa, no deja lugar a dudas de forma que, tal y como se hace en la sentencia recurrida, los otorgantes de aquél (ahora demandante y demandados) reconocían que "tienen partida la finca privadamente"conforme consta en el plano de parcelación y de cesiones redactado por el Arquitecto D. Rodolfo, de manera que "la Parcela NUM003 resulta de Don Indalecio; la Parcela NUM004 es de Don Modesto; la número NUM005 es de Doña Patricia y la número NUM006 se refleja como de la propiedad de la madre Doña Constanza". Así mismo, del citado documento resulta que los tres hermanos Indalecio Patricia Modesto convinieron "en repartir la parcela número NUM006 (inicialmente prevista para la madre) entre ellos tres, a razón de 243,04m2 cada uno y para ello, Don Indalecio ha ampliado su parcela en el lindero Sur, en una línea recta de Este a Oeste hasta haber ocupado sus 243,04m2; Don Modesto ha ampliado su parcela en el lindero Norte hasta ocupar sus 243,04m2 y Doña Patricia ha ampliado su parcela por el lindero Nor-Oeste, hasta ocupar sus 243,04m2". Por último, resulta trascendental el último punto del convenio en el que se recoge textualmente: "Que por este documento los hermanos Indalecio Patricia Modesto dan por extinguida la comunidad entre ellos existente en las fincas donadas por la madre, sin que nada tengan que reclamarse. Que cada hermano ostenta actualmente la propiedad de cada parcela, invirtiendo en ella las mejoras, plantaciones, acondicionamiento de terrenos o instalaciones, que estime oportuno".

Basta, por tanto, con atender al sentido literal (ex artículo 1281 del Código Civil) del citado acuerdo para concluir, como hace la sentencia de instancia, que el actor carecería de acción, toda vez que las fincas referidas en la demanda no sólo son divisibles sino que, en efecto, se encuentran divididas desde el año 2010. Afirmación ésta que, además, se ha visto corroborada, como prevé el artículo 1282 del Código Civil, con actos de las partes coetáneos y posteriores al contrato. Entre dichos actos, y tal y como recoge la sentencia recurrida se pueden señalar los siguientes:

Que D. Modesto, al quedarse con las dos casas que fueron donadas por la madre y que se encontraban dentro del perímetro de la parcela NUM004 que se le adjudicó a él tras la donación, en compensación por ello a sus hermanos, se hizo cargo del pago del Impuesto de donaciones y del impuesto por el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Así se desprende de los documentos nº 9 y 10 de la contestación a la demanda.

La realización de las obras de rehabilitación en estas viviendas por parte del codemandado D. Modesto, acreditada mediante los documentos nº 2 a 8 de la contestación a la demanda.

El hecho de que D. Modesto destinara tales inmuebles a su explotación como alojamiento turístico. En efecto, desde el 27 de agosto de 2013, la vivienda turística de alojamiento rural sita en la DIRECCION001 de Melegís (Granada) figura registrada a su nombre en el Registro de Turismo de Andalucía, conforme a la resolución de la Delegación de Turismo. Así se desprende de los documentos nº 11 y 12 de la contestación, habiendo hecho suyo éste último la parte actora en el acto de la audiencia previa.

La tramitación conjunta por los hermanos Indalecio Patricia Modesto del Proyecto de reparcelación y de urbanización, tal y como se desprende de los documentos nº 13 a 20 de la contestación a la demanda, habiendo la parte ahora recurrente hecho suyos los documentos nº 14 a 19 de la contestación. Según se desprende del documento nº 18 de la contestación a la demanda, el Arquitecto técnico municipal, en fecha 16 de diciembre de 2019, informa favorablemente la tramitación del expediente de reparcelación. Expediente que, según documentación aportada por la parte demandada en fecha 14/11/2023 al procedimiento, tal y como fue admitido en el acto de la vista, se encuentra pendiente de la tramitación del Convenio Urbanístico propuesto por la propiedad según comunicación del Ayuntamiento de El valle firmada el 10/11/2023. El borrador del citado convenio urbanístico obra como documento nº 25 de la contestación a la demanda.

Por último, y respecto a las valoraciones que se efectúan en el recurso de apelación apropósito del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que, como documento nº 13, se acompañó a la contestación a la demanda, la cuestión no tiene mayor trascendencia toda vez que la propia parte recurrente, en el acto de la audiencia previa, manifestó que lo impugnaba, no en cuanto a su autenticidad, sino solo por su valor probatorio en el sentido de que no coincidía con el que, finalmente, fue aprobado por el Ayuntamiento de El Valle. Cuestión ésta que consideramos no desvirtúa ni afecta a todo lo razonado anteriormente en tanto que, en cualquier caso, la propia parte apelada en su escrito de contestación se remite a los archivos municipales en caso de que se cuestionase el mismo. Es más la propia parte apelada, en su contestación a la demanda, indica que se aporta el que disponen sus clientes.

En cualquier caso, entendemos con la sentencia apelada que la falta de aprobación del indicado proyecto de reparcelación en el momento actual, si bien haría posible la documentación notarial de la adjudicación de cada parcela y la consiguiente adecuación entre la realidad física y la realidad registral, no es un presupuesto necesario para entender dividida la finca, adjudicada cada parte a cada uno de los otorgantes y, por tanto, extinguida la copropiedad. Cuestión de carácter administrativo que no afecta al carácter divisible y dividido de las fincas objeto de autos.

La reparcelación es un proceso urbanístico mediante el cual se reorganizan las parcelas de un terreno para adaptarlas a un nuevo plan urbanístico. En el caso de autos estaríamos ante una reparcelación voluntaria, no forzosa o administrativa. Y, aunque es cierto que la reparcelación puede ser una solución a una situación de comunidad de bienes en proindiviso, en este caso concreto, de la prueba desplegada en el acto del juicio oral, resulta que el condominio se extinguió al haberse adjudicado el terreno a cada uno de los copropietarios mediante compensación económica a los demás en virtud del convenio de fecha 11 de octubre de 2010.

Es por lo que en base a todo lo expuesto que procede desestimar el recurso de apelación y confirmar en todos sus términos la sentencia recurrida.

CUARTO.- Costas.

De conformidad con lo dispuesto por el art. 398.1 LEC, procede imponer a la apelante el pago de las costas procesales causadas en esta alzada.

QUINTO.- Depósito.

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Décimo quinta de la LOPJ, al desestimarse el recurso de apelación y confirmarse la sentencia de primera instancia, el recurrente perderá el depósito, al que se dará el destino previsto en esta disposición.

Vistos los citados preceptos y demás de general y pertinente aplicación,