Sentencia Civil 310/2026 Audiencia Provincial Civil nº 4 de Barcelona, Rec. 161/2025 de 24 de abril del 2026

PRIMERO.- Antecedentes y objeto del recurso

Por parte de codemandado Hilario, se interpone recurso de apelación contra la sentencia por la cual fue estimada la demanda interpuesta por Banco Santander SA frente a él, Abril Fresh Communication & Media SL y Agustín tras la oposición planteada en el procedimiento monitorio precedente.

Tal procedimiento monitorio (nº 662/2024) seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Barcelona se presentó por Banco Santander SA frente a Abril Fresh Communication & Media SL, Agustín y Hilario en reclamación de 11.550,03 € derivada de la póliza de préstamo denominada "ICO Garantía Pymes hasta 1,5MM Eur" suscrita el 21.07.2021 siendo prestamista por Banco Santander SA, prestataria Abril Fresh Communication & Media SL y garantes Agustín y Hilario

Tras incoarse el 2.04.2024 se dictó auto de 13.05.2024 que no entendió concurrentes cláusulas abusivas,

Abril Fresh Communication & Media SL y Hilario formularon oposición alegando que no se justifica el origen de la deuda ante la divergencia entre la numeración dada al contrato financiero indicado en la demanda de procedimiento monitorio ( NUM000) que difiere de la numeración del contrato de préstamo aportado ( NUM001).

El contrato entienden además que es nulo por concurrencia de error y dolo como vicios del consentimiento pues, se señala que se suscribió en la idea de que el ICO avalaba el 80 % habiéndose informado a los deudores y avalistas que el aval personal únicamente se ejecutaría, en caso de impago, por el importe no avalado por el ICO, es decir, por el 20%, y también a la empresa. En base a ello se indica en el escrito de oposición que al suscribir el préstamo solamente se asumiría una responsabilidad del 20% y no del 100%, desconociendo del verdadero alcance de la fianza.

En base a esta misma realidad consideran que el préstamo es nulo, existe pluspetición respecto de la cantidad reclamada a la empresa, ya que esta solo debería el 20% del préstamo.

En base a ello se solicita se acuerde desestimar íntegramente la petición de contrario con expresa imposición de las costas y desestime la petición respecto de los avalistas o, subsidiariamente, se acuerde reducir la responsabilidad al 20% del importe total, por existir error en cuanto a la cantidad avalada.

Junto a ello se formuló demanda reconvencional en la que tras señalar asimismo el carácter de consumidores de los avalistas, se considera concurrente error y en su caso dolo, así como la infracción de los requisitos de transparencia e incorporación. En concreto se interesó se declarase la nulidad de la cláusula de aval del préstamo ICO Covid - 19, con expresa imposición de las costas en caso de oposición.

Banco Santander SA impugnó la oposición y contestó a la reconvención señalando que la deuda existe, habiéndose aportado documentación que la justifica, que no concurre vicio ni error, pues el contrato es sencillo y comprensible para cualquier empresario. En concreto se precisa que se suscribe por una sociedad (la deudora) y un empresario (fiador), previendo la cláusula 2.9 que "la garantía del aval no exime en ningún caso de la obligación de la parte prestataria ni de los garantes del presente préstamo en sus obligaciones de pago por la totalidad de la deuda (que comprende la totalidad del capital prestado, así como los gastos, comisiones, intereses y demás conceptos que deriven de la reclamación de la deuda de la presente póliza)".

En base a ello entiende que tampoco concurre pluspetición y debe verse rechazada la reconvención no teniendo los fiadores la condición de consumidores con lo que el control aplicable es el de inclusión las cláusulas generales de contratación que en este caso considera la reconvenida que los requisitos al mismo inherentes se superan, pues las cláusulas cumplen con los requisitos de claridad, transparencia, concreción y sencillez.

Tras ello se dictó sentencia es estimatoria de la demanda con condena en costas a los demandados. La misma considera que el contrato está correctamente identificado, como también la cantidad reclamada. Los garantes no considera que hayan probado su condición de consumidores respetando el contrato las exigencias inherentes al control de incorporación. No entiende tampoco que concurra vicio del consentimiento (error/dolo) dados los términos del contrato no eximiendo la garantía del ICO de la que fija la propia póliza respecto de quienes la suscriben (indica además que el aval del ICO no se ha aportado).

Abril Fresh Communication & Media SL y Hilario interponen recurso de apelación entendiendo que existe un error en la valoración de la prueba y en el régimen normativo en base a una argumentación semejante a la que se invocó al plantear la oposición en el procedimiento monitorio/reconvención, destacando que consideraban que sus responsabilidades se limitaban al 20 %.

Por diligencia de 16.05.2025 se tuvo por precluido el plazo para presentar la oposición a la apelación presentándola el 20.05.2025 Banco Santander SA señalándose por diligencia de 21.05.2025 que ello se había verificado fuera de plazo (la notificación de la diligencia de 22.04.2025 por la que se dio traslado del recurso de apelación se produjo el 23.04.2025).

SEGUNDO.- Identificación del origen de la deuda

Este es el primer motivo del recurso de apelación en el que frente a lo señalado en la sentencia al respecto en cuanto a la identificación del contrato con referencia al documento adjunto a la petición de procedimiento monitorio con la correcta identificación de la liquidación del mismo, oponen los apelantes la existencia de un error en la valoración de la prueba señalando lo por ellos ya expuesto en la contestación a la demanda respecto a que la numeración dada al contrato financiero indicado en la demanda de procedimiento monitorio ( NUM000) difiere de la del contrato de préstamo aportado ( NUM001). Ello comporta a juicio de los apelantes que al no existir relación entre ambos no deben cantidad alguna.

En relación a este motivo de apelación cabe indicar que el procedimiento monitorio de la LEC es de base documental ( art. 812 LEC) , lo que supone que a la petición inicial deben adjuntarse los documentos fundamento de la reclamación ( art. 814.1 LEC) hasta el punto de que éstos se integran con la petición, con lo que si hubiere algún tipo de divergencia debida a un error material en la redacción de la demanda, los propios documentos permiten tenerla por salvada siempre que ello no afecte al derecho de defensa de la contraparte hasta el punto de afectar a la identificación de la concreta pretensión que frente a ella se ejercita.

En este caso la petición inicial de procedimiento monitorio identifica el préstamo fundamento de la reclamación de la siguiente forma:

"PRIMERO.- Entre la entidad BANCO SANTANDER S.A. , como acreedora, y ABRIL FRESH COMMUNICATION & MEDIA S.L, Agustín y Hilario como parte deudora, se concertó el contrato financiero al que aquí se hace referencia. Se acompaña documentación relativa a dicho producto financiero como DOCUMENTO Nº 2.

SEGUNDO.- El demandado ha dejado de atender sus obligaciones de pago a la fecha de vencimiento , por lo que mi representada se ha visto obligada a dar por cerrada la cuenta arrojando la misma un saldo deudor que a fecha de cierre asciende a 11550,03.-€ Se acompaña certificado de saldo deudor como DOCUMENTO Nº 3."

El documento nº 2 es una póliza de préstamo denominada "ICO Garantía Pymes hasta 1,5MM Eur" suscrita el 21.07.2021 siendo prestamista Banco Santander SA, prestataria Abril Fresh Communication & Media SL y garantes Agustín y Hilario. La referencia que en ella se contiene como póliza número es la NUM001.

En el documento de liquidación la referencia es la NUM001 que es la misma que en el préstamo.

Es a estos documentos a los que se refiere de forma expresa la petición inicial de procedimiento monitorio y que por ello determinan lo que es objeto de la reclamación.

En lo que es el número que aparece en el encabezamiento de la demanda, este es el siguiente: Ref. Contrato: NUM000

Si se comparan todos estos números lo que se constata es que sobra un "2" pues separando por bloques de números (al igual que en la certificación) se obtiene el de NUM000 (se ha marcado en negrilla el "2" que constituye el error). Este error es material y no cabe considerar que implique la no exigibilidad de lo debido pues el contrato está perfectamente identificado según se acaba de detallar, lo que supone que este motivo de apelación no se pueda ver atendido.

TERCERO.- Nulidad del préstamo, avales y pluspetición.

Esta alegación objeto de la oposición y la reconvención se fundamenta en la a juicio de los apelantes concurrencia de vicio en el consentimiento (error/dolo) y no respeto del régimen normativo de este tipo de préstamos. En sede de apelación ya no se especifican las cuestiones aludidas en la oposición referentes a problemas de incorporación/transparencia, tampoco siendo objeto del mismo la valoración contenida en la sentencia referente a no tener por consumidores a los garantes de la operación (uno de ellos en concreto Hilario - que es coapelante - es además quien otorgó el apoderamiento apud-acta por cuenta de Abril Fresh Communication & Media SL en su condición de administrador de la misma).

Respecto de lo planteado por los apelantes cabe indicar que la póliza fundamento de la reclamación especifica que la misma se formaliza al amparo del contrato suscrito entre el ICO y Banco Santander SA correspondientes a la línea ICO Avales Covid-19 de acuerdo con el Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo. Éste en su art 29 (en la redacción vigente al tiempo de la suscripción del contrato objeto de estas actuaciones - 21.07.2021) era del siguiente tenor:

"Artículo 29. Aprobación de una Línea para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos.

1. Para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico, entidades de pagos a empresas y autónomos para atender necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, pago de nóminas y a proveedores, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez. También se podrán destinar los avales a la Compañía Española de Reafianzamiento, Sociedad Anónima (CERSA) así como a pagarés incorporados al Mercado de Renta Fija de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF) y al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).

2. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá conceder avales por un importe máximo de 100.000 millones de euros, hasta el 31 de diciembre de 2021. Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros, sin que se requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación.

3. Los avales regulados en esta norma y las condiciones desarrolladas en el Acuerdo de Consejo de Ministros cumplirán con la normativa de la Unión Europea en materia de Ayudas de Estado."

Esta norma estableció un régimen de avales del ICO de cara a dotar de liquidez a las empresas afectadas por toda la problemática económica derivada de las medidas adoptadas con ocasión de la pandemia del Covid-19, hasta el punto de que permitió acceso a unos créditos que de otra forma no se hubieran podido obtener (o hubiera sido muy difícil) o las condiciones hubieran sido muy diferentes en lo que se refiere a intereses, plazo o carencia (entre otras cuestiones). Se trataba por ello de avales otorgados por el ICO a la financiación concedida por las entidades financieras adicionales a las garantías que podían proporcionar las propias empresas y las personas que las pudieren avalar con independencia del ICO. De esta forma se facilitaba el acceso al crédito y liquidez a empresas y autónomos para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Se activaron en diversos tramos por Acuerdos de Consejo de Ministros de 24.03.2020; 10.04.2020; 5.05.2020; 19.05.2020 y 16.06.2020.

En lo que se refiere a la operativa y ejecución de estos avales, el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 determina en su art. 16 el régimen de cobranza. El mismo dispone:

"Artículo 16. Régimen de cobranza.

1. A los avales otorgados en virtud del artículo 29 del Real decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo , de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y del artículo 1 del Real decreto-ley 25/2020, de 3 de julio , de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo les será aplicable el régimen jurídico de recuperación y cobranza que se especifica en este artículo.

2. En caso de ejecución de los avales otorgados, por aplicación de los Reales decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio, se seguirá para el conjunto del principal de la operación avalada el mismo régimen jurídico de recuperación y cobranza que corresponda a la parte del principal del crédito no avalada por el Estado, de acuerdo con la normativa y prácticas de las entidades financieras, y no serán de aplicación los procedimientos y las prerrogativas de cobranza previstos en el artículo 116 bis y 10.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria . Corresponderá a las entidades financieras la formulación de reclamaciones extrajudiciales o ejercicio de acciones judiciales por cuenta y en nombre del Estado para la recuperación de los importes impagados de créditos de la Hacienda Pública derivados de la ejecución de estos avales. No obstante, las entidades de crédito no podrán conceder aplazamientos, fraccionamientos y quitas de las cantidades reclamadas por cuenta y en nombre del Estado sin recabar previamente su aprobación por parte del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se podrán otorgar autorizaciones generales en determinados supuestos para conceder a dichas operaciones aplazamientos y fraccionamientos.

Asimismo, mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, previo dictamen del Consejo de Estado, se fijarán las condiciones en que estas entidades podrán proceder a las operaciones de quita generales.

3. En caso de declaración de concurso del deudor avalado será de aplicación, las reglas generales de representación y defensa en juicio establecidas en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.

Los créditos derivados de la ejecución de estos avales podrán quedar afectados por los acuerdos extrajudiciales de pagos y se considerarán pasivo financiero a efectos de la homologación de los acuerdos de refinanciación.

Asimismo, si el deudor reuniera los requisitos legales para ello, el beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho se extenderá igualmente a los citados créditos.

4. Los créditos de la Hacienda Pública derivados de la ejecución de los avales otorgados al amparo de los Reales decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio ostentarán el rango de crédito ordinario en caso de declaración de concurso del deudor avalado.

Un detalle de las características de este tipo de operaciones en la línea que se acaba de exponer (con referencia a resoluciones que así lo analizan), se contiene en el AAP Zaragoza, Sec. 4ª 253/2025 de 26 de noviembre de 2025 ( ECLI:ES:APZ:2025:2601ª) en el que se expone:

"De tales resoluciones destacamos algunas de sus afirmaciones que estimamos más relevantes:

- El Instituto de Crédito Oficial emitió dos líneas de avales como ayuda para empresas y autónomos, todo ello en razón de la pandemia de Covid- 19 y en base a los acuerdos del Consejo de Ministros de 24-3-2020 y 10-4-2020 publicados en el BOE del 26-3-2020 y del 11-4-2020 respectivamente (docs. 2 y 3 del escrito de oposición) y en cumplimiento del RD Ley 8/2020, de 17 de marzo. De este modo, el ICO comparte el riesgo con las entidades bancarias. La vinculación de los préstamos con la línea de avales queda clara en la disposición adicional 1 ª del anexo 2º de los dos contratos donde consta que la concesión del aval es condición suspensiva de los negocios. Como se establece en el art. 29 del RD Ley 8/2020 , se trata de una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por las entidades financieras a empresas y autónomos como garantía de liquidez para sostener la actividad económica de las empresas ante las dificultades transitorias generadas por la pandemia. Por tanto, el aval es una garantía para el caso de incumplimiento contractual. Funciona básicamente como una fianza. En consecuencia, en caso de impago por parte del deudor principal la entidad bancaria puede ejecutar los avales y reclamar al ICO el importe de la deuda hasta el límite pactado. Sin embargo, esa responsabilidad del organismo oficial es solidaria con la del prestatario, es decir, no le libera ante la entidad bancaria.

- El aval ICO no es una subvención del Estado. No cabe duda alguna de que, en el préstamo concertado, los ejecutados fueron fiadores solidarios entre sí y que a dicha garantía se incorporó una nueva fianza, en este caso del ICO en atención a la concreta línea de crédito en la que se concedió el préstamo. Por ello, concurren ...fiadores a la operación, los ... vinculados a la mercantil y el ICO, todos ellos de forma solidaria entre sí, de tal manera que la limitación del aval del ICO al 80 % sólo implica que esta es la cantidad máxima que, en caso de reclamarse, respondería dicho organismo público. Al ser la responsabilidad solidaria, tal como establece el artículo 1144 CC el acreedor podrá reclamar su crédito a todos o a cualquiera de los fiadores solidarios, sin perjuicio de las relaciones internas que puedan existir entre los mismos. Por ello, al reclamar a los avalistas en la presente demanda, la entidad de crédito actora actúa de acuerdo con las facultades legalmente concedidas no existe pluspetición pues los apelantes son deudores de la totalidad de la deuda afianzada, se insiste, sin perjuicio de las relaciones internas entre los fiadores.

- Definible el aval como un contrato por el que una persona, física o jurídica, garantiza el cumplimiento de una determinada obligación y asume el pago de una deuda de otra persona si ésta no cumple, no existe ningún precepto en los textos legales, incluidos Reales Decretos-Leyes como el 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID- 19 y 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID- 19, que obliguen a las entidades financieras a ejecutar los avales antes de dirigirse contra sus clientes por el total de la deuda o a restringir la reclamación contra éstos al importe de la deuda no avalada".

- La garantía del Estado sólo actúa como una suerte de seguro de impago parcial a favor del acreedor. En caso de impago, el banco puede reclamar por cuenta y nombre del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, al titular del préstamo la totalidad de las cantidades adeudadas, y no sólo el 20% como se alega en el recurso."

De lo que se acaba de exponer deriva que el régimen de estos avales no suple la responsabilidad que se acuerde entre la entidad financiera y la parte prestataria (y en su caso fiadores), sino que lo que ofrece es una garantía adicional a la entidad financiera de cara a la restitución de lo prestado (la ofrece el ICO por medio de su aval que además así se identifica en la publicidad aportada por los apelantes). De esta forma se facilita el acceso a un crédito que de otra manera no se hubiera podido obtener o lo hubiera sido en unas condiciones mas desventajosas. Junto a ello se prevé asimismo (y como operación distinta), la posibilidad de transferencias directas del ICO a autónomos y empresas para la reducción de la financiación avalada contraída durante la pandemia.

El contrato objeto de estas actuaciones es un préstamo en el que existe una garantía solidaria de los fiadores (además de la responsabilidad de la prestataria) que en ningún caso se ve suplida por el aval del ICO.

Así en lo que son las condiciones generales del préstamo se detallan las condiciones de la fianza solidaria de los garantes (condición general tercera - pág. 16) al indicar:

El que esta garantía no se ve suplida por el aval del ICO se expone en la condición 2.9 de la operación (página 14) según la que:

La lectura de estas cláusulas es clara y en ningún modo se entiende que sea contradictoria con la publicidad aportada con la contestación (en ningún momento se indica en ella que la garantía del ICO suple la de quienes interviniesen en la operación ya que de lo que se trata es de un aval adicional cuyas características aparecen en la página 3/9 del documento de publicidad), con lo que no se considera que en la operación aquí analizada concurra ningún vicio del consentimiento ni otra causa de nulidad (y con ello tampoco ninguna pluspetición), lo que comporta que en esta sede de apelación no quepa sino legar a las mismas conclusiones alcanzadas en la sentencia dictada en primera instancia lo que comporta que el recurso de apelación presentado se deba ver desestimado.

TERCERO.-En materia de costas de apelación el art. 398 LEC remite a lo dispuesto en el art. 394 LEC y en este caso la condena al pago de las mismas a la parte apelante se estima justificada al verse desestimado el recurso por ella presentado sin que se considere que el presente supuesto pudiere plantear dudas de hecho o de derecho que supusieren que se debiere llegar a una conclusión diferente.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación

PRIMERO.- Antecedentes y objeto del recurso

Por parte de codemandado Hilario, se interpone recurso de apelación contra la sentencia por la cual fue estimada la demanda interpuesta por Banco Santander SA frente a él, Abril Fresh Communication & Media SL y Agustín tras la oposición planteada en el procedimiento monitorio precedente.

Tal procedimiento monitorio (nº 662/2024) seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Barcelona se presentó por Banco Santander SA frente a Abril Fresh Communication & Media SL, Agustín y Hilario en reclamación de 11.550,03 € derivada de la póliza de préstamo denominada "ICO Garantía Pymes hasta 1,5MM Eur" suscrita el 21.07.2021 siendo prestamista por Banco Santander SA, prestataria Abril Fresh Communication & Media SL y garantes Agustín y Hilario

Tras incoarse el 2.04.2024 se dictó auto de 13.05.2024 que no entendió concurrentes cláusulas abusivas,

Abril Fresh Communication & Media SL y Hilario formularon oposición alegando que no se justifica el origen de la deuda ante la divergencia entre la numeración dada al contrato financiero indicado en la demanda de procedimiento monitorio ( NUM000) que difiere de la numeración del contrato de préstamo aportado ( NUM001).

El contrato entienden además que es nulo por concurrencia de error y dolo como vicios del consentimiento pues, se señala que se suscribió en la idea de que el ICO avalaba el 80 % habiéndose informado a los deudores y avalistas que el aval personal únicamente se ejecutaría, en caso de impago, por el importe no avalado por el ICO, es decir, por el 20%, y también a la empresa. En base a ello se indica en el escrito de oposición que al suscribir el préstamo solamente se asumiría una responsabilidad del 20% y no del 100%, desconociendo del verdadero alcance de la fianza.

En base a esta misma realidad consideran que el préstamo es nulo, existe pluspetición respecto de la cantidad reclamada a la empresa, ya que esta solo debería el 20% del préstamo.

En base a ello se solicita se acuerde desestimar íntegramente la petición de contrario con expresa imposición de las costas y desestime la petición respecto de los avalistas o, subsidiariamente, se acuerde reducir la responsabilidad al 20% del importe total, por existir error en cuanto a la cantidad avalada.

Junto a ello se formuló demanda reconvencional en la que tras señalar asimismo el carácter de consumidores de los avalistas, se considera concurrente error y en su caso dolo, así como la infracción de los requisitos de transparencia e incorporación. En concreto se interesó se declarase la nulidad de la cláusula de aval del préstamo ICO Covid - 19, con expresa imposición de las costas en caso de oposición.

Banco Santander SA impugnó la oposición y contestó a la reconvención señalando que la deuda existe, habiéndose aportado documentación que la justifica, que no concurre vicio ni error, pues el contrato es sencillo y comprensible para cualquier empresario. En concreto se precisa que se suscribe por una sociedad (la deudora) y un empresario (fiador), previendo la cláusula 2.9 que "la garantía del aval no exime en ningún caso de la obligación de la parte prestataria ni de los garantes del presente préstamo en sus obligaciones de pago por la totalidad de la deuda (que comprende la totalidad del capital prestado, así como los gastos, comisiones, intereses y demás conceptos que deriven de la reclamación de la deuda de la presente póliza)".

En base a ello entiende que tampoco concurre pluspetición y debe verse rechazada la reconvención no teniendo los fiadores la condición de consumidores con lo que el control aplicable es el de inclusión las cláusulas generales de contratación que en este caso considera la reconvenida que los requisitos al mismo inherentes se superan, pues las cláusulas cumplen con los requisitos de claridad, transparencia, concreción y sencillez.

Tras ello se dictó sentencia es estimatoria de la demanda con condena en costas a los demandados. La misma considera que el contrato está correctamente identificado, como también la cantidad reclamada. Los garantes no considera que hayan probado su condición de consumidores respetando el contrato las exigencias inherentes al control de incorporación. No entiende tampoco que concurra vicio del consentimiento (error/dolo) dados los términos del contrato no eximiendo la garantía del ICO de la que fija la propia póliza respecto de quienes la suscriben (indica además que el aval del ICO no se ha aportado).

Abril Fresh Communication & Media SL y Hilario interponen recurso de apelación entendiendo que existe un error en la valoración de la prueba y en el régimen normativo en base a una argumentación semejante a la que se invocó al plantear la oposición en el procedimiento monitorio/reconvención, destacando que consideraban que sus responsabilidades se limitaban al 20 %.

Por diligencia de 16.05.2025 se tuvo por precluido el plazo para presentar la oposición a la apelación presentándola el 20.05.2025 Banco Santander SA señalándose por diligencia de 21.05.2025 que ello se había verificado fuera de plazo (la notificación de la diligencia de 22.04.2025 por la que se dio traslado del recurso de apelación se produjo el 23.04.2025).

SEGUNDO.- Identificación del origen de la deuda

Este es el primer motivo del recurso de apelación en el que frente a lo señalado en la sentencia al respecto en cuanto a la identificación del contrato con referencia al documento adjunto a la petición de procedimiento monitorio con la correcta identificación de la liquidación del mismo, oponen los apelantes la existencia de un error en la valoración de la prueba señalando lo por ellos ya expuesto en la contestación a la demanda respecto a que la numeración dada al contrato financiero indicado en la demanda de procedimiento monitorio ( NUM000) difiere de la del contrato de préstamo aportado ( NUM001). Ello comporta a juicio de los apelantes que al no existir relación entre ambos no deben cantidad alguna.

En relación a este motivo de apelación cabe indicar que el procedimiento monitorio de la LEC es de base documental ( art. 812 LEC) , lo que supone que a la petición inicial deben adjuntarse los documentos fundamento de la reclamación ( art. 814.1 LEC) hasta el punto de que éstos se integran con la petición, con lo que si hubiere algún tipo de divergencia debida a un error material en la redacción de la demanda, los propios documentos permiten tenerla por salvada siempre que ello no afecte al derecho de defensa de la contraparte hasta el punto de afectar a la identificación de la concreta pretensión que frente a ella se ejercita.

En este caso la petición inicial de procedimiento monitorio identifica el préstamo fundamento de la reclamación de la siguiente forma:

"PRIMERO.- Entre la entidad BANCO SANTANDER S.A. , como acreedora, y ABRIL FRESH COMMUNICATION & MEDIA S.L, Agustín y Hilario como parte deudora, se concertó el contrato financiero al que aquí se hace referencia. Se acompaña documentación relativa a dicho producto financiero como DOCUMENTO Nº 2.

SEGUNDO.- El demandado ha dejado de atender sus obligaciones de pago a la fecha de vencimiento , por lo que mi representada se ha visto obligada a dar por cerrada la cuenta arrojando la misma un saldo deudor que a fecha de cierre asciende a 11550,03.-€ Se acompaña certificado de saldo deudor como DOCUMENTO Nº 3."

El documento nº 2 es una póliza de préstamo denominada "ICO Garantía Pymes hasta 1,5MM Eur" suscrita el 21.07.2021 siendo prestamista Banco Santander SA, prestataria Abril Fresh Communication & Media SL y garantes Agustín y Hilario. La referencia que en ella se contiene como póliza número es la NUM001.

En el documento de liquidación la referencia es la NUM001 que es la misma que en el préstamo.

Es a estos documentos a los que se refiere de forma expresa la petición inicial de procedimiento monitorio y que por ello determinan lo que es objeto de la reclamación.

En lo que es el número que aparece en el encabezamiento de la demanda, este es el siguiente: Ref. Contrato: NUM000

Si se comparan todos estos números lo que se constata es que sobra un "2" pues separando por bloques de números (al igual que en la certificación) se obtiene el de NUM000 (se ha marcado en negrilla el "2" que constituye el error). Este error es material y no cabe considerar que implique la no exigibilidad de lo debido pues el contrato está perfectamente identificado según se acaba de detallar, lo que supone que este motivo de apelación no se pueda ver atendido.

TERCERO.- Nulidad del préstamo, avales y pluspetición.

Esta alegación objeto de la oposición y la reconvención se fundamenta en la a juicio de los apelantes concurrencia de vicio en el consentimiento (error/dolo) y no respeto del régimen normativo de este tipo de préstamos. En sede de apelación ya no se especifican las cuestiones aludidas en la oposición referentes a problemas de incorporación/transparencia, tampoco siendo objeto del mismo la valoración contenida en la sentencia referente a no tener por consumidores a los garantes de la operación (uno de ellos en concreto Hilario - que es coapelante - es además quien otorgó el apoderamiento apud-acta por cuenta de Abril Fresh Communication & Media SL en su condición de administrador de la misma).

Respecto de lo planteado por los apelantes cabe indicar que la póliza fundamento de la reclamación especifica que la misma se formaliza al amparo del contrato suscrito entre el ICO y Banco Santander SA correspondientes a la línea ICO Avales Covid-19 de acuerdo con el Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo. Éste en su art 29 (en la redacción vigente al tiempo de la suscripción del contrato objeto de estas actuaciones - 21.07.2021) era del siguiente tenor:

"Artículo 29. Aprobación de una Línea para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos.

1. Para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico, entidades de pagos a empresas y autónomos para atender necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, pago de nóminas y a proveedores, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez. También se podrán destinar los avales a la Compañía Española de Reafianzamiento, Sociedad Anónima (CERSA) así como a pagarés incorporados al Mercado de Renta Fija de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF) y al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).

2. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá conceder avales por un importe máximo de 100.000 millones de euros, hasta el 31 de diciembre de 2021. Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros, sin que se requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación.

3. Los avales regulados en esta norma y las condiciones desarrolladas en el Acuerdo de Consejo de Ministros cumplirán con la normativa de la Unión Europea en materia de Ayudas de Estado."

Esta norma estableció un régimen de avales del ICO de cara a dotar de liquidez a las empresas afectadas por toda la problemática económica derivada de las medidas adoptadas con ocasión de la pandemia del Covid-19, hasta el punto de que permitió acceso a unos créditos que de otra forma no se hubieran podido obtener (o hubiera sido muy difícil) o las condiciones hubieran sido muy diferentes en lo que se refiere a intereses, plazo o carencia (entre otras cuestiones). Se trataba por ello de avales otorgados por el ICO a la financiación concedida por las entidades financieras adicionales a las garantías que podían proporcionar las propias empresas y las personas que las pudieren avalar con independencia del ICO. De esta forma se facilitaba el acceso al crédito y liquidez a empresas y autónomos para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Se activaron en diversos tramos por Acuerdos de Consejo de Ministros de 24.03.2020; 10.04.2020; 5.05.2020; 19.05.2020 y 16.06.2020.

En lo que se refiere a la operativa y ejecución de estos avales, el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 determina en su art. 16 el régimen de cobranza. El mismo dispone:

"Artículo 16. Régimen de cobranza.

1. A los avales otorgados en virtud del artículo 29 del Real decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo , de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y del artículo 1 del Real decreto-ley 25/2020, de 3 de julio , de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo les será aplicable el régimen jurídico de recuperación y cobranza que se especifica en este artículo.

2. En caso de ejecución de los avales otorgados, por aplicación de los Reales decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio, se seguirá para el conjunto del principal de la operación avalada el mismo régimen jurídico de recuperación y cobranza que corresponda a la parte del principal del crédito no avalada por el Estado, de acuerdo con la normativa y prácticas de las entidades financieras, y no serán de aplicación los procedimientos y las prerrogativas de cobranza previstos en el artículo 116 bis y 10.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria . Corresponderá a las entidades financieras la formulación de reclamaciones extrajudiciales o ejercicio de acciones judiciales por cuenta y en nombre del Estado para la recuperación de los importes impagados de créditos de la Hacienda Pública derivados de la ejecución de estos avales. No obstante, las entidades de crédito no podrán conceder aplazamientos, fraccionamientos y quitas de las cantidades reclamadas por cuenta y en nombre del Estado sin recabar previamente su aprobación por parte del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se podrán otorgar autorizaciones generales en determinados supuestos para conceder a dichas operaciones aplazamientos y fraccionamientos.

Asimismo, mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, previo dictamen del Consejo de Estado, se fijarán las condiciones en que estas entidades podrán proceder a las operaciones de quita generales.

3. En caso de declaración de concurso del deudor avalado será de aplicación, las reglas generales de representación y defensa en juicio establecidas en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.

Los créditos derivados de la ejecución de estos avales podrán quedar afectados por los acuerdos extrajudiciales de pagos y se considerarán pasivo financiero a efectos de la homologación de los acuerdos de refinanciación.

Asimismo, si el deudor reuniera los requisitos legales para ello, el beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho se extenderá igualmente a los citados créditos.

4. Los créditos de la Hacienda Pública derivados de la ejecución de los avales otorgados al amparo de los Reales decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio ostentarán el rango de crédito ordinario en caso de declaración de concurso del deudor avalado.

Un detalle de las características de este tipo de operaciones en la línea que se acaba de exponer (con referencia a resoluciones que así lo analizan), se contiene en el AAP Zaragoza, Sec. 4ª 253/2025 de 26 de noviembre de 2025 ( ECLI:ES:APZ:2025:2601ª) en el que se expone:

"De tales resoluciones destacamos algunas de sus afirmaciones que estimamos más relevantes:

- El Instituto de Crédito Oficial emitió dos líneas de avales como ayuda para empresas y autónomos, todo ello en razón de la pandemia de Covid- 19 y en base a los acuerdos del Consejo de Ministros de 24-3-2020 y 10-4-2020 publicados en el BOE del 26-3-2020 y del 11-4-2020 respectivamente (docs. 2 y 3 del escrito de oposición) y en cumplimiento del RD Ley 8/2020, de 17 de marzo. De este modo, el ICO comparte el riesgo con las entidades bancarias. La vinculación de los préstamos con la línea de avales queda clara en la disposición adicional 1 ª del anexo 2º de los dos contratos donde consta que la concesión del aval es condición suspensiva de los negocios. Como se establece en el art. 29 del RD Ley 8/2020 , se trata de una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por las entidades financieras a empresas y autónomos como garantía de liquidez para sostener la actividad económica de las empresas ante las dificultades transitorias generadas por la pandemia. Por tanto, el aval es una garantía para el caso de incumplimiento contractual. Funciona básicamente como una fianza. En consecuencia, en caso de impago por parte del deudor principal la entidad bancaria puede ejecutar los avales y reclamar al ICO el importe de la deuda hasta el límite pactado. Sin embargo, esa responsabilidad del organismo oficial es solidaria con la del prestatario, es decir, no le libera ante la entidad bancaria.

- El aval ICO no es una subvención del Estado. No cabe duda alguna de que, en el préstamo concertado, los ejecutados fueron fiadores solidarios entre sí y que a dicha garantía se incorporó una nueva fianza, en este caso del ICO en atención a la concreta línea de crédito en la que se concedió el préstamo. Por ello, concurren ...fiadores a la operación, los ... vinculados a la mercantil y el ICO, todos ellos de forma solidaria entre sí, de tal manera que la limitación del aval del ICO al 80 % sólo implica que esta es la cantidad máxima que, en caso de reclamarse, respondería dicho organismo público. Al ser la responsabilidad solidaria, tal como establece el artículo 1144 CC el acreedor podrá reclamar su crédito a todos o a cualquiera de los fiadores solidarios, sin perjuicio de las relaciones internas que puedan existir entre los mismos. Por ello, al reclamar a los avalistas en la presente demanda, la entidad de crédito actora actúa de acuerdo con las facultades legalmente concedidas no existe pluspetición pues los apelantes son deudores de la totalidad de la deuda afianzada, se insiste, sin perjuicio de las relaciones internas entre los fiadores.

- Definible el aval como un contrato por el que una persona, física o jurídica, garantiza el cumplimiento de una determinada obligación y asume el pago de una deuda de otra persona si ésta no cumple, no existe ningún precepto en los textos legales, incluidos Reales Decretos-Leyes como el 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID- 19 y 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID- 19, que obliguen a las entidades financieras a ejecutar los avales antes de dirigirse contra sus clientes por el total de la deuda o a restringir la reclamación contra éstos al importe de la deuda no avalada".

- La garantía del Estado sólo actúa como una suerte de seguro de impago parcial a favor del acreedor. En caso de impago, el banco puede reclamar por cuenta y nombre del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, al titular del préstamo la totalidad de las cantidades adeudadas, y no sólo el 20% como se alega en el recurso."

De lo que se acaba de exponer deriva que el régimen de estos avales no suple la responsabilidad que se acuerde entre la entidad financiera y la parte prestataria (y en su caso fiadores), sino que lo que ofrece es una garantía adicional a la entidad financiera de cara a la restitución de lo prestado (la ofrece el ICO por medio de su aval que además así se identifica en la publicidad aportada por los apelantes). De esta forma se facilita el acceso a un crédito que de otra manera no se hubiera podido obtener o lo hubiera sido en unas condiciones mas desventajosas. Junto a ello se prevé asimismo (y como operación distinta), la posibilidad de transferencias directas del ICO a autónomos y empresas para la reducción de la financiación avalada contraída durante la pandemia.

El contrato objeto de estas actuaciones es un préstamo en el que existe una garantía solidaria de los fiadores (además de la responsabilidad de la prestataria) que en ningún caso se ve suplida por el aval del ICO.

Así en lo que son las condiciones generales del préstamo se detallan las condiciones de la fianza solidaria de los garantes (condición general tercera - pág. 16) al indicar:

El que esta garantía no se ve suplida por el aval del ICO se expone en la condición 2.9 de la operación (página 14) según la que:

La lectura de estas cláusulas es clara y en ningún modo se entiende que sea contradictoria con la publicidad aportada con la contestación (en ningún momento se indica en ella que la garantía del ICO suple la de quienes interviniesen en la operación ya que de lo que se trata es de un aval adicional cuyas características aparecen en la página 3/9 del documento de publicidad), con lo que no se considera que en la operación aquí analizada concurra ningún vicio del consentimiento ni otra causa de nulidad (y con ello tampoco ninguna pluspetición), lo que comporta que en esta sede de apelación no quepa sino legar a las mismas conclusiones alcanzadas en la sentencia dictada en primera instancia lo que comporta que el recurso de apelación presentado se deba ver desestimado.

TERCERO.-En materia de costas de apelación el art. 398 LEC remite a lo dispuesto en el art. 394 LEC y en este caso la condena al pago de las mismas a la parte apelante se estima justificada al verse desestimado el recurso por ella presentado sin que se considere que el presente supuesto pudiere plantear dudas de hecho o de derecho que supusieren que se debiere llegar a una conclusión diferente.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación

PRIMERO.- Antecedentes y objeto del recurso

Por parte de codemandado Hilario, se interpone recurso de apelación contra la sentencia por la cual fue estimada la demanda interpuesta por Banco Santander SA frente a él, Abril Fresh Communication & Media SL y Agustín tras la oposición planteada en el procedimiento monitorio precedente.

Tal procedimiento monitorio (nº 662/2024) seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Barcelona se presentó por Banco Santander SA frente a Abril Fresh Communication & Media SL, Agustín y Hilario en reclamación de 11.550,03 € derivada de la póliza de préstamo denominada "ICO Garantía Pymes hasta 1,5MM Eur" suscrita el 21.07.2021 siendo prestamista por Banco Santander SA, prestataria Abril Fresh Communication & Media SL y garantes Agustín y Hilario

Tras incoarse el 2.04.2024 se dictó auto de 13.05.2024 que no entendió concurrentes cláusulas abusivas,

Abril Fresh Communication & Media SL y Hilario formularon oposición alegando que no se justifica el origen de la deuda ante la divergencia entre la numeración dada al contrato financiero indicado en la demanda de procedimiento monitorio ( NUM000) que difiere de la numeración del contrato de préstamo aportado ( NUM001).

El contrato entienden además que es nulo por concurrencia de error y dolo como vicios del consentimiento pues, se señala que se suscribió en la idea de que el ICO avalaba el 80 % habiéndose informado a los deudores y avalistas que el aval personal únicamente se ejecutaría, en caso de impago, por el importe no avalado por el ICO, es decir, por el 20%, y también a la empresa. En base a ello se indica en el escrito de oposición que al suscribir el préstamo solamente se asumiría una responsabilidad del 20% y no del 100%, desconociendo del verdadero alcance de la fianza.

En base a esta misma realidad consideran que el préstamo es nulo, existe pluspetición respecto de la cantidad reclamada a la empresa, ya que esta solo debería el 20% del préstamo.

En base a ello se solicita se acuerde desestimar íntegramente la petición de contrario con expresa imposición de las costas y desestime la petición respecto de los avalistas o, subsidiariamente, se acuerde reducir la responsabilidad al 20% del importe total, por existir error en cuanto a la cantidad avalada.

Junto a ello se formuló demanda reconvencional en la que tras señalar asimismo el carácter de consumidores de los avalistas, se considera concurrente error y en su caso dolo, así como la infracción de los requisitos de transparencia e incorporación. En concreto se interesó se declarase la nulidad de la cláusula de aval del préstamo ICO Covid - 19, con expresa imposición de las costas en caso de oposición.

Banco Santander SA impugnó la oposición y contestó a la reconvención señalando que la deuda existe, habiéndose aportado documentación que la justifica, que no concurre vicio ni error, pues el contrato es sencillo y comprensible para cualquier empresario. En concreto se precisa que se suscribe por una sociedad (la deudora) y un empresario (fiador), previendo la cláusula 2.9 que "la garantía del aval no exime en ningún caso de la obligación de la parte prestataria ni de los garantes del presente préstamo en sus obligaciones de pago por la totalidad de la deuda (que comprende la totalidad del capital prestado, así como los gastos, comisiones, intereses y demás conceptos que deriven de la reclamación de la deuda de la presente póliza)".

En base a ello entiende que tampoco concurre pluspetición y debe verse rechazada la reconvención no teniendo los fiadores la condición de consumidores con lo que el control aplicable es el de inclusión las cláusulas generales de contratación que en este caso considera la reconvenida que los requisitos al mismo inherentes se superan, pues las cláusulas cumplen con los requisitos de claridad, transparencia, concreción y sencillez.

Tras ello se dictó sentencia es estimatoria de la demanda con condena en costas a los demandados. La misma considera que el contrato está correctamente identificado, como también la cantidad reclamada. Los garantes no considera que hayan probado su condición de consumidores respetando el contrato las exigencias inherentes al control de incorporación. No entiende tampoco que concurra vicio del consentimiento (error/dolo) dados los términos del contrato no eximiendo la garantía del ICO de la que fija la propia póliza respecto de quienes la suscriben (indica además que el aval del ICO no se ha aportado).

Abril Fresh Communication & Media SL y Hilario interponen recurso de apelación entendiendo que existe un error en la valoración de la prueba y en el régimen normativo en base a una argumentación semejante a la que se invocó al plantear la oposición en el procedimiento monitorio/reconvención, destacando que consideraban que sus responsabilidades se limitaban al 20 %.

Por diligencia de 16.05.2025 se tuvo por precluido el plazo para presentar la oposición a la apelación presentándola el 20.05.2025 Banco Santander SA señalándose por diligencia de 21.05.2025 que ello se había verificado fuera de plazo (la notificación de la diligencia de 22.04.2025 por la que se dio traslado del recurso de apelación se produjo el 23.04.2025).

SEGUNDO.- Identificación del origen de la deuda

Este es el primer motivo del recurso de apelación en el que frente a lo señalado en la sentencia al respecto en cuanto a la identificación del contrato con referencia al documento adjunto a la petición de procedimiento monitorio con la correcta identificación de la liquidación del mismo, oponen los apelantes la existencia de un error en la valoración de la prueba señalando lo por ellos ya expuesto en la contestación a la demanda respecto a que la numeración dada al contrato financiero indicado en la demanda de procedimiento monitorio ( NUM000) difiere de la del contrato de préstamo aportado ( NUM001). Ello comporta a juicio de los apelantes que al no existir relación entre ambos no deben cantidad alguna.

En relación a este motivo de apelación cabe indicar que el procedimiento monitorio de la LEC es de base documental ( art. 812 LEC) , lo que supone que a la petición inicial deben adjuntarse los documentos fundamento de la reclamación ( art. 814.1 LEC) hasta el punto de que éstos se integran con la petición, con lo que si hubiere algún tipo de divergencia debida a un error material en la redacción de la demanda, los propios documentos permiten tenerla por salvada siempre que ello no afecte al derecho de defensa de la contraparte hasta el punto de afectar a la identificación de la concreta pretensión que frente a ella se ejercita.

En este caso la petición inicial de procedimiento monitorio identifica el préstamo fundamento de la reclamación de la siguiente forma:

"PRIMERO.- Entre la entidad BANCO SANTANDER S.A. , como acreedora, y ABRIL FRESH COMMUNICATION & MEDIA S.L, Agustín y Hilario como parte deudora, se concertó el contrato financiero al que aquí se hace referencia. Se acompaña documentación relativa a dicho producto financiero como DOCUMENTO Nº 2.

SEGUNDO.- El demandado ha dejado de atender sus obligaciones de pago a la fecha de vencimiento , por lo que mi representada se ha visto obligada a dar por cerrada la cuenta arrojando la misma un saldo deudor que a fecha de cierre asciende a 11550,03.-€ Se acompaña certificado de saldo deudor como DOCUMENTO Nº 3."

El documento nº 2 es una póliza de préstamo denominada "ICO Garantía Pymes hasta 1,5MM Eur" suscrita el 21.07.2021 siendo prestamista Banco Santander SA, prestataria Abril Fresh Communication & Media SL y garantes Agustín y Hilario. La referencia que en ella se contiene como póliza número es la NUM001.

En el documento de liquidación la referencia es la NUM001 que es la misma que en el préstamo.

Es a estos documentos a los que se refiere de forma expresa la petición inicial de procedimiento monitorio y que por ello determinan lo que es objeto de la reclamación.

En lo que es el número que aparece en el encabezamiento de la demanda, este es el siguiente: Ref. Contrato: NUM000

Si se comparan todos estos números lo que se constata es que sobra un "2" pues separando por bloques de números (al igual que en la certificación) se obtiene el de NUM000 (se ha marcado en negrilla el "2" que constituye el error). Este error es material y no cabe considerar que implique la no exigibilidad de lo debido pues el contrato está perfectamente identificado según se acaba de detallar, lo que supone que este motivo de apelación no se pueda ver atendido.

TERCERO.- Nulidad del préstamo, avales y pluspetición.

Esta alegación objeto de la oposición y la reconvención se fundamenta en la a juicio de los apelantes concurrencia de vicio en el consentimiento (error/dolo) y no respeto del régimen normativo de este tipo de préstamos. En sede de apelación ya no se especifican las cuestiones aludidas en la oposición referentes a problemas de incorporación/transparencia, tampoco siendo objeto del mismo la valoración contenida en la sentencia referente a no tener por consumidores a los garantes de la operación (uno de ellos en concreto Hilario - que es coapelante - es además quien otorgó el apoderamiento apud-acta por cuenta de Abril Fresh Communication & Media SL en su condición de administrador de la misma).

Respecto de lo planteado por los apelantes cabe indicar que la póliza fundamento de la reclamación especifica que la misma se formaliza al amparo del contrato suscrito entre el ICO y Banco Santander SA correspondientes a la línea ICO Avales Covid-19 de acuerdo con el Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo. Éste en su art 29 (en la redacción vigente al tiempo de la suscripción del contrato objeto de estas actuaciones - 21.07.2021) era del siguiente tenor:

"Artículo 29. Aprobación de una Línea para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos.

1. Para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico, entidades de pagos a empresas y autónomos para atender necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, pago de nóminas y a proveedores, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez. También se podrán destinar los avales a la Compañía Española de Reafianzamiento, Sociedad Anónima (CERSA) así como a pagarés incorporados al Mercado de Renta Fija de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF) y al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).

2. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá conceder avales por un importe máximo de 100.000 millones de euros, hasta el 31 de diciembre de 2021. Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros, sin que se requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación.

3. Los avales regulados en esta norma y las condiciones desarrolladas en el Acuerdo de Consejo de Ministros cumplirán con la normativa de la Unión Europea en materia de Ayudas de Estado."

Esta norma estableció un régimen de avales del ICO de cara a dotar de liquidez a las empresas afectadas por toda la problemática económica derivada de las medidas adoptadas con ocasión de la pandemia del Covid-19, hasta el punto de que permitió acceso a unos créditos que de otra forma no se hubieran podido obtener (o hubiera sido muy difícil) o las condiciones hubieran sido muy diferentes en lo que se refiere a intereses, plazo o carencia (entre otras cuestiones). Se trataba por ello de avales otorgados por el ICO a la financiación concedida por las entidades financieras adicionales a las garantías que podían proporcionar las propias empresas y las personas que las pudieren avalar con independencia del ICO. De esta forma se facilitaba el acceso al crédito y liquidez a empresas y autónomos para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Se activaron en diversos tramos por Acuerdos de Consejo de Ministros de 24.03.2020; 10.04.2020; 5.05.2020; 19.05.2020 y 16.06.2020.

En lo que se refiere a la operativa y ejecución de estos avales, el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 determina en su art. 16 el régimen de cobranza. El mismo dispone:

"Artículo 16. Régimen de cobranza.

1. A los avales otorgados en virtud del artículo 29 del Real decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo , de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y del artículo 1 del Real decreto-ley 25/2020, de 3 de julio , de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo les será aplicable el régimen jurídico de recuperación y cobranza que se especifica en este artículo.

2. En caso de ejecución de los avales otorgados, por aplicación de los Reales decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio, se seguirá para el conjunto del principal de la operación avalada el mismo régimen jurídico de recuperación y cobranza que corresponda a la parte del principal del crédito no avalada por el Estado, de acuerdo con la normativa y prácticas de las entidades financieras, y no serán de aplicación los procedimientos y las prerrogativas de cobranza previstos en el artículo 116 bis y 10.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria . Corresponderá a las entidades financieras la formulación de reclamaciones extrajudiciales o ejercicio de acciones judiciales por cuenta y en nombre del Estado para la recuperación de los importes impagados de créditos de la Hacienda Pública derivados de la ejecución de estos avales. No obstante, las entidades de crédito no podrán conceder aplazamientos, fraccionamientos y quitas de las cantidades reclamadas por cuenta y en nombre del Estado sin recabar previamente su aprobación por parte del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se podrán otorgar autorizaciones generales en determinados supuestos para conceder a dichas operaciones aplazamientos y fraccionamientos.

Asimismo, mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, previo dictamen del Consejo de Estado, se fijarán las condiciones en que estas entidades podrán proceder a las operaciones de quita generales.

3. En caso de declaración de concurso del deudor avalado será de aplicación, las reglas generales de representación y defensa en juicio establecidas en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.

Los créditos derivados de la ejecución de estos avales podrán quedar afectados por los acuerdos extrajudiciales de pagos y se considerarán pasivo financiero a efectos de la homologación de los acuerdos de refinanciación.

Asimismo, si el deudor reuniera los requisitos legales para ello, el beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho se extenderá igualmente a los citados créditos.

4. Los créditos de la Hacienda Pública derivados de la ejecución de los avales otorgados al amparo de los Reales decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio ostentarán el rango de crédito ordinario en caso de declaración de concurso del deudor avalado.

Un detalle de las características de este tipo de operaciones en la línea que se acaba de exponer (con referencia a resoluciones que así lo analizan), se contiene en el AAP Zaragoza, Sec. 4ª 253/2025 de 26 de noviembre de 2025 ( ECLI:ES:APZ:2025:2601ª) en el que se expone:

"De tales resoluciones destacamos algunas de sus afirmaciones que estimamos más relevantes:

- El Instituto de Crédito Oficial emitió dos líneas de avales como ayuda para empresas y autónomos, todo ello en razón de la pandemia de Covid- 19 y en base a los acuerdos del Consejo de Ministros de 24-3-2020 y 10-4-2020 publicados en el BOE del 26-3-2020 y del 11-4-2020 respectivamente (docs. 2 y 3 del escrito de oposición) y en cumplimiento del RD Ley 8/2020, de 17 de marzo. De este modo, el ICO comparte el riesgo con las entidades bancarias. La vinculación de los préstamos con la línea de avales queda clara en la disposición adicional 1 ª del anexo 2º de los dos contratos donde consta que la concesión del aval es condición suspensiva de los negocios. Como se establece en el art. 29 del RD Ley 8/2020 , se trata de una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por las entidades financieras a empresas y autónomos como garantía de liquidez para sostener la actividad económica de las empresas ante las dificultades transitorias generadas por la pandemia. Por tanto, el aval es una garantía para el caso de incumplimiento contractual. Funciona básicamente como una fianza. En consecuencia, en caso de impago por parte del deudor principal la entidad bancaria puede ejecutar los avales y reclamar al ICO el importe de la deuda hasta el límite pactado. Sin embargo, esa responsabilidad del organismo oficial es solidaria con la del prestatario, es decir, no le libera ante la entidad bancaria.

- El aval ICO no es una subvención del Estado. No cabe duda alguna de que, en el préstamo concertado, los ejecutados fueron fiadores solidarios entre sí y que a dicha garantía se incorporó una nueva fianza, en este caso del ICO en atención a la concreta línea de crédito en la que se concedió el préstamo. Por ello, concurren ...fiadores a la operación, los ... vinculados a la mercantil y el ICO, todos ellos de forma solidaria entre sí, de tal manera que la limitación del aval del ICO al 80 % sólo implica que esta es la cantidad máxima que, en caso de reclamarse, respondería dicho organismo público. Al ser la responsabilidad solidaria, tal como establece el artículo 1144 CC el acreedor podrá reclamar su crédito a todos o a cualquiera de los fiadores solidarios, sin perjuicio de las relaciones internas que puedan existir entre los mismos. Por ello, al reclamar a los avalistas en la presente demanda, la entidad de crédito actora actúa de acuerdo con las facultades legalmente concedidas no existe pluspetición pues los apelantes son deudores de la totalidad de la deuda afianzada, se insiste, sin perjuicio de las relaciones internas entre los fiadores.

- Definible el aval como un contrato por el que una persona, física o jurídica, garantiza el cumplimiento de una determinada obligación y asume el pago de una deuda de otra persona si ésta no cumple, no existe ningún precepto en los textos legales, incluidos Reales Decretos-Leyes como el 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID- 19 y 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID- 19, que obliguen a las entidades financieras a ejecutar los avales antes de dirigirse contra sus clientes por el total de la deuda o a restringir la reclamación contra éstos al importe de la deuda no avalada".

- La garantía del Estado sólo actúa como una suerte de seguro de impago parcial a favor del acreedor. En caso de impago, el banco puede reclamar por cuenta y nombre del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, al titular del préstamo la totalidad de las cantidades adeudadas, y no sólo el 20% como se alega en el recurso."

De lo que se acaba de exponer deriva que el régimen de estos avales no suple la responsabilidad que se acuerde entre la entidad financiera y la parte prestataria (y en su caso fiadores), sino que lo que ofrece es una garantía adicional a la entidad financiera de cara a la restitución de lo prestado (la ofrece el ICO por medio de su aval que además así se identifica en la publicidad aportada por los apelantes). De esta forma se facilita el acceso a un crédito que de otra manera no se hubiera podido obtener o lo hubiera sido en unas condiciones mas desventajosas. Junto a ello se prevé asimismo (y como operación distinta), la posibilidad de transferencias directas del ICO a autónomos y empresas para la reducción de la financiación avalada contraída durante la pandemia.

El contrato objeto de estas actuaciones es un préstamo en el que existe una garantía solidaria de los fiadores (además de la responsabilidad de la prestataria) que en ningún caso se ve suplida por el aval del ICO.

Así en lo que son las condiciones generales del préstamo se detallan las condiciones de la fianza solidaria de los garantes (condición general tercera - pág. 16) al indicar:

El que esta garantía no se ve suplida por el aval del ICO se expone en la condición 2.9 de la operación (página 14) según la que:

La lectura de estas cláusulas es clara y en ningún modo se entiende que sea contradictoria con la publicidad aportada con la contestación (en ningún momento se indica en ella que la garantía del ICO suple la de quienes interviniesen en la operación ya que de lo que se trata es de un aval adicional cuyas características aparecen en la página 3/9 del documento de publicidad), con lo que no se considera que en la operación aquí analizada concurra ningún vicio del consentimiento ni otra causa de nulidad (y con ello tampoco ninguna pluspetición), lo que comporta que en esta sede de apelación no quepa sino legar a las mismas conclusiones alcanzadas en la sentencia dictada en primera instancia lo que comporta que el recurso de apelación presentado se deba ver desestimado.

TERCERO.-En materia de costas de apelación el art. 398 LEC remite a lo dispuesto en el art. 394 LEC y en este caso la condena al pago de las mismas a la parte apelante se estima justificada al verse desestimado el recurso por ella presentado sin que se considere que el presente supuesto pudiere plantear dudas de hecho o de derecho que supusieren que se debiere llegar a una conclusión diferente.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación