Sentencia Civil 221/2026 Audiencia Provincial Civil nº 4 de Barcelona, Rec. 90/2025 de 25 de marzo del 2026

PRIMERO.- Antecedentes y objeto del recurso

Por la demandante Julieta se interpone recurso de apelación contra la sentencia por la cual fue desestimada la demanda por ella presentada frente a Caixabank Payments & Consumer EFC SAU,

En la demanda, en relación al contrato de tarjeta de crédito revolving Ikea

numero de contrato NUM000 suscrito por Julieta con la entonces Finconsum Establecimiento Financiero de Crédito SAU el 26.02.2011 se solicita se dicte sentencia por la que:

- Se declaren nulas las cláusulas abusivas que se regulan en el contrato, relativas a la cláusula que regula el interés remuneratorio TAE y la de pena convencional relativa a la comisión por impago de 30 euros por falta de incorporación y transparencia, y se condene a la demandada, solicitando que el régimen de restitución siga las mismas bases que establece el art. 3 LRU de 23.07.1908, a la restitución de todo lo abonado que exceda del capital principal, cuya cantidad solicitamos se calcule en ejecución de sentencia.

- Todo ello con los Intereses Legales desde la presentación de la demanda ( artículo 1.109 CC), más los intereses procesales del artículo 576 LEC desde la resolución que se dicte.

- Se condene expresamente, y en todo caso, a la demandada al pago de las costas judiciales que se causen en el presente procedimiento, por ser de preceptiva imposición caso de estimación de la demanda, aunque sea de forma sustancial y no total

Caixabank Payments & Consumer EFC SAU, contestó alegando que desde que tuvo la demandante en su poder la tarjeta, la entidad le fue imputando los cargos correspondientes. Consecuentemente, desde el primer momento, la actora ya se percató del funcionamiento de la misma, cuando, además, le ha estado dando un uso considerable durante años. La cláusula de intereses se destaca en la contestación que es breve, sencilla, introduce la fórmula de cálculo, que no tiene mayor complicación. El contrato además incluye unas cláusulas que explican cómo funciona la tarjeta, qué modalidades de reembolso existen, advirtiendo que "el saldo de la tarjeta no amortizado generará intereses". Estos intereses figuran en la primera página del contrato.

En lo que es la cláusula de comisión por reclamación de posiciones deudoras la entiende válida al generarse por cada importe que resulte impagado, dado el servicio de reclamación que ello conlleva.

Finalmente se expone que la acción de restitución ha prescrito, pues el contrato de tarjeta se firmó el 26.02.2011 y la reclamación se presentó el 16.04.2024, habiendo transcurrido por ello más de 13 años, plazo superior al previsto en el artículo 1964 CC.

En base a ello se interesa la desestimación de la demanda con condena en costas al demandante.

La sentencia es desestimatoria de la demanda con condena en costas a la parte actora. En ella se analiza el contrato suscrito y se entiende que supera las exigencias inherentes a los controles de incorporación y transparencia destacando que el mismo (con información normalizada europea sobre el crédito al consumo) tiene una letra suficientemente clara y comprensible, describe las características principales del producto, duración, plazos de pago, intereses, importe total a pagar. Los costes del crédito aparecen reflejados en un TAE variable, estableciéndose a continuación un simulacro, dentro de los costes del crédito en la información normalizada europea, y no dentro de las condiciones generales. De ello deriva según la sentencia que la demandante podía comprender claramente los costes del crédito, ya que se comprende dentro del mismo el importe total a pagar. A ello añade la remisión de los recibos, que la demandante conocía, asumiendo y conociendo la carga jurídica del contrato, delimitándose también que el contrato es renovable.

Asimismo, se destaca que la parte actora recibía de manera periódica (mensual) extractos en los que se detallaban las operaciones realizadas con cargo a la línea de crédito, los intereses, comisiones y gastos abonados, así como la forma de pago en vigor para cada período de liquidación, importe a pagar, saldo mínimo a pagar, fecha del adeudo en que se realizaría el cargo correspondiente, referencia expresa al tipo de interés remuneratorio y comisiones aplicadas.

En lo que es la cláusula de penalización por impago, señala la sentencia que resulta relevante, el que la actora no haya aportado medio probatorio alguno, que acredite que le fueron cobradas cantidades por tal concepto, de modo, que, al no existir perjuicio patrimonial, no sería necesario reparar perjuicio patrimonial alguno.

Julieta interpone recurso de apelación poniendo de manifiesto que la clienta desconocía la carga económica que realmente supondría el contrato y que, con un solo vistazo al documento del contrato, se constata que las condiciones esenciales del mismo, y en especial las que determinan las condiciones económicas como son los intereses remuneratorios TAE, se encuentran casi imperceptibles, no aportándose un documento de información normalizada precontractual previa a la suscripción del contrato.

Junto a ello se expone que aunque se indique el tipo de interés remuneratorio aplicable, no se informó a la consumidora de las consecuencias que tendría en el contrato la operativa revolving, no realizando una explicación distintiva de este sistema de amortización revolvente, como tampoco se compara el mismo con una tarjeta de pago aplazado clásica, especialmente al no destacarse que el capital va reconstituyéndose en función de las disposiciones financiando igualmente los intereses.

En lo que es la cláusula relativa a la comisión por reclamación de impagados entiende que es abusiva. Considera que no supera el control de incorporación, como tampoco el de transparencia, cobrándose de forma reiterada y automática, sin existir gestiones o servicios que las justifiquen.

En base a ello se solicita que la demanda se vea estimada con condena en costas a la demandada.

Caixabank Payments & Consumer EFC SAU se opone a este recurso señalando la corrección de la valoración que se hace en la sentencia de primera instancia con una exposición semejante a la indicada en la contestación a la demanda que no se reproduce de nuevo a fin de evitar reiteraciones.

SEGUNDO.- Interés remuneratorio.

La acción al mismo referente se ve desestimada y es objeto de recurso en los términos antes indicados.

En relación a la misma, respecto de las exigencias inherentes al control de incorporación, las mismas derivan del art. 5 de la Directiva 93/13 que en lo que es este aspecto fue transpuesta por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación (art. 7) y en concreto en lo que es el régimen de incorporación, por medio del art. 80 TRLGDCU que en la fecha de la operación aquí considerada (26.02.2011) tenía la siguiente redacción:

"Artículo 80. Requisitos de las cláusulas no negociadas individualmente.

1. En los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente, incluidos los que promuevan las Administraciones públicas y las entidades y empresas de ellas dependientes, aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual.

b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 63.1, en los casos de contratación telefónica o electrónica con condiciones generales será necesario que conste, en los términos que reglamentariamente se establezcan, la aceptación de todas y cada una de las cláusulas del contrato, sin necesidad de firma convencional. En este supuesto, se enviará inmediatamente al consumidor y usuario justificación de la contratación efectuada por escrito o, salvo oposición expresa del consumidor y usuario, en cualquier soporte de naturaleza duradera adecuado a la técnica de comunicación a distancia utilizada, donde constarán todos los términos de la misma. La carga de la prueba del cumplimiento de esta obligación corresponde al predisponente.

El cómputo del plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento del consumidor y usuario en la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales, en los supuestos en que reglamentariamente esté previsto, se regirá por lo dispuesto en el artículo 71.

c) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye la utilización de cláusulas abusivas.

2. Cuando se ejerciten acciones individuales, en caso de duda sobre el sentido de una cláusula prevalecerá la interpretación más favorable al consumidor."

En lo que se refiere al control de transparencia material (posibilidad de conocer la carga económica de la operación), las STS 154/2025 de 30 de enero de 2025 (ECLI:ES:TS:2025:242) y 155/2025 de 30 de enero de 2025 (ECLI:ES:TS:2025:241) detallan las exigencias de transparencia material inherentes al mismo y de ellas cabe derivar que los elementos esenciales a considerar (como se indica a título de ejemplo en la sentencia dictada por esta Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Barcelona 241/2025 de 24 de marzo de 2025 - rollo 1227/2023) son los siguientes:

"Debe informarse sobre las características y sobre los riesgos, derivados de la duración indefinida o muy prolongada en el tiempo, de la recomposición constante del límite del crédito, del elevado tipo de interés y escasa cuantía de las cuotas, si es el caso, todo lo cual puede producir lo que se ha definido como "efecto bola de nieve".

Se exige que se exponga el mecanismo de recomposición del capital y su influencia en la liquidación de los intereses y en la amortización del capital dispuesto, sobre todo cuando la cuota a pagar no es elevada y sí lo es el tipo de interés y cuando se produce la capitalización de los intereses. Se trata de factores redundantes respecto a la información del riesgo de permanencia o de no disminución de la deuda. La duración indefinida del crédito ha de ponerse en relación con ese mecanismo de recomposición del capital debido, en particular si concurren esas circunstancias mencionadas de cuotas bajas y capitalización de intereses.

Las sentencias se refieren también a la relación entre la TAE y el mecanismo de recomposición del capital y demás cláusulas con trascendencia en la creación de los riesgos, de modo que puedan valorarse las consecuencias económicas que se deriven de todo ello y compararse las diferentes ofertas.

No es suficiente que la información contenga la TAE. Debe extenderse a que el sistema de amortización es de tipo "revolving", a la cuota mensual y a la duración del contrato. Deben proporcionarse ejemplos adecuados para comprender los riesgos del sistema y permitir compararlo con otras modalidades de amortización o con las ofertas de otras entidades".

En el presente supuesto, el contrato aportado se considera que puede entenderse que supera las exigencias inherentes al control de incorporación dado el tamaño de la letra, fondo blanco y el empleo negrilla y subrayado al encabezar cada condición, la separación entre párrafos distinguiendo los diferentes aspectos considerados.

No obstante lo anterior, no se considera que el contrato supere las exigencias mínimas inherentes al control de transparencia material.

Así, lo primero que cabe destacar es que en él no aparece la TAE aplicada pues en las condiciones generales se hace una remisión a las particulares y en éstas el apartado a ello dedicado en el contrato no se menciona cual fuere la misma pues aparece en blanco el espacio a ello destinado.

Junto a lo anterior de la lectura del contrato no se considera que el mismo especifique y detalle de forma adecuada la mecánica de la operación y la carga económica a la misma inherente (se trata de una línea de crédito revolvente siendo en él esencial informar además de la TAE con la problemática a que se acaba de hacer mención asimismo acerca de su operativa y en especial del "efecto bola de nieve"). En ningún momento se pone en duda la licitud del producto, sino que la problemática radica en la explicación de su operativa y los elementos esenciales de la misma (son los antes detallados) contándose para ello con el contenido del contrato al estarse en sede de nulidad absoluta con lo que se debe estar a lo conocido en ese momento.

A tal efecto en la primera página las condiciones de pago (es donde el apartado destinado a la TAE aparece en blanco) de la siguiente forma:

En cuanto a la cláusula referente a la forma de reembolso, la existente (en el aspecto aquí contemplado) lo que indica es lo siguiente:

Es por ello que además del problema de la falta de indicación de la TAE, se considera que no se acomoda el contrato plenamente a las exigencias derivadas de la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo que antes se han detallado y que vienen referidas al régimen ya fijado desde la Directiva 93/13 y la normativa nacional de desarrollo de la misma ya vigente al tiempo de la contratación, lo que debe llevar aparejado el que la operación no se considera que respete las exigencias del deber de transparencia material que al afectar a una cláusula fundamental la estimación de la problemática aquí planteada comporta la ineficacia del contrato en su conjunto (esta realidad es la que no hace necesario entrar en la consideración referente a la comisión por reclamación de posiciones deudoras pues se ejercita de forma subsidiaria).

Ello hace que este aspecto del recurso de apelación se deba ver estimado, siendo necesario entrar en el análisis de la alegación que se planteó en la contestación a la demanda referente a la prescripción de la acción restitutoria, cuestión que se analiza en el siguiente fundamento de esta sentencia.

TERCERO.- Prescripción de la acción restitutoria.

La parte demandada estimó concurrente la prescripción de la acción restitutoria.

En relación a ello, como se indica entre otras en la sentencia de esta sección 4ª de la Audiencia Provincial de Barcelona nº 751/2024 de 30 de octubre de 2024 (ECLI:ES:APB:2024:13174), en el ámbito la declaración de nulidad de las cláusulas abusivas insertas en contratos concertados con consumidores (y al amparo de la normativa de consumo), se ha planteado la posibilidad de distinguir, a efectos de prescripción, entre el régimen jurídico operativo respecto de la acción de nulidad propiamente dicha y el aplicable a la de restitución de los efectos o remoción de las consecuencias jurídicas derivadas de la cláusula abusiva, existiendo resoluciones judiciales en este sentido. Cabe citar a título de ejemplo las sentencias de la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial de Barcelona de 5 de julio de 2021, 15.03.2024 o el ATS de 22 de julio de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:10157A) que planteó una serie de cuestiones prejudiciales ante el TJUE referentes al inicio de este plazo de prescripción respecto de una cláusula gastos en un préstamo hipotecario y que ha dado lugar a la STJUE de 25 de abril de 2024 (asunto C-561/21) (ECLI:EU:C:2024:362) en la que no se entra en el análisis de cuestiones de derecho nacional (pues son ajenas al TJUE), sino que se determina (partiendo de la prescriptibilildad de la acción restitutoria que señala el Tribunal Supremo al plantear la cuestión prejudicial) cuales fueren los momentos iniciales de cómputo de tal plazo conformes con las previsiones de los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13. En concreto esta STJUE indica:

«1) Los artículos 6, apartado 1 , y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 , sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, así como el principio de seguridad jurídica, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que el plazo de prescripción de una acción de restitución de gastos que el consumidor ha abonado en virtud de una cláusula contractual cuyo carácter abusivo se ha declarado por resolución judicial firme dictada con posterioridad al pago de tales gastos comience a correr en la fecha en que esa resolución haya adquirido firmeza, sin perjuicio de la facultad del profesional de probar que ese consumidor tenía o podía razonablemente tener conocimiento del carácter abusivo de la cláusula en cuestión antes de dictarse dicha resolución.

»2) Los artículos 6, apartado 1 , y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que el plazo de prescripción de una acción de restitución de gastos que el consumidor ha abonado en virtud de una cláusula de un contrato celebrado con un profesional cuyo carácter abusivo se ha declarado por resolución judicial firme dictada con posterioridad al pago de tales gastos comience a correr en la fecha, anterior, en la que el tribunal supremo nacional dictó, en otros asuntos, una serie de sentencias en las que declaró abusivas ciertas cláusulas tipo que se corresponden con la cláusula en cuestión de ese contrato.

»3) Los artículos 6, apartado 1 , y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que el plazo de prescripción de una acción de restitución de gastos que el consumidor ha abonado en virtud de una cláusula de un contrato celebrado con un profesional cuyo carácter abusivo se ha declarado por resolución judicial firme comience a correr en la fecha de determinadas sentencias del Tribunal de Justicia que confirmaron que, en principio, los plazos de prescripción para las acciones de restitución son conformes con el Derecho de la Unión, siempre que respeten los principios de equivalencia y de efectividad».

Ello mismo es lo que se hace en la STJUE de 25 de abril de 2024 (asunto C-484/21) (ECLI:EU:C:2024:360) que da respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Barcelona o en la STJUE de 25 de enero de 2024 (asuntos acumulados C-810/21 a C-813/21) (ECLI: EU:C:2024:81) respecto de diversas cuestiones prejudiciales planteadas por la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial de Barcelona (la cuestión prejudicial planteada por auto de 12.03.2024 por parte del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de A Coruña que ha dado lugar al asunto C- 230/24 pendiente ante el TJUE se enmarca en este mismo ámbito).

Esta última STJUE de 25 de enero de 2024 (asuntos acumulados C-810/21 a C-813/21) (ECLI: EU:C:2024:81) establece:

«1. Los artículos 6, apartado 1 , y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 , sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en relación con el principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una interpretación jurisprudencial del Derecho nacional según la cual, a raíz de la anulación de una cláusula contractual abusiva por la que se imponen al consumidor los gastos de formalización de un contrato de préstamo hipotecario, la acción restitutoria relativa a tales gastos está sujeta a un plazo de prescripción de diez años a contar desde que la referida cláusula agota sus efectos con la realización del último pago de dichos gastos, sin que se considere pertinente a estos efectos que ese consumidor conozca la valoración jurídica de esos hechos. La compatibilidad de las normas por las que se rige un plazo de prescripción con las citadas disposiciones debe apreciarse teniendo en cuenta el conjunto de esas normas.

»2. La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una interpretación jurisprudencial del Derecho nacional según la cual, para determinar el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción que puede ejercitar el consumidor para obtener la restitución de las cantidades pagadas indebidamente con arreglo a una cláusula contractual abusiva, puede considerarse que la existencia de una jurisprudencia nacional consolidada sobre la nulidad de cláusulas similares constituye una prueba de que se cumple el requisito relativo al conocimiento, por el consumidor de que se trate, del carácter abusivo de esa cláusula y de las consecuencias jurídicas que se derivan de ella».

Por su parte la STJUE de 25 de abril de 2024 (asunto C-484/21) (ECLI:EU:C:2024:360) dispone:

«1) Los artículos 6, apartado 1 , y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 , sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, a la luz del principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que el plazo de prescripción de una acción de restitución de gastos que el consumidor ha abonado, en el momento de la celebración de un contrato con un profesional, en virtud de una cláusula contractual cuyo carácter abusivo se ha declarado por resolución judicial firme dictada con posterioridad al pago de esos gastos comience a correr en la fecha de ese pago, con independencia de si ese consumidor tenía o podía razonablemente tener conocimiento del carácter abusivo de esa cláusula desde el momento de dicho pago, o antes de que por esa resolución se declarara la nulidad de dicha cláusula.

»2) Los artículos 6, apartado 1 , y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que el plazo de prescripción de una acción de restitución de gastos que el consumidor ha abonado en virtud de una cláusula de un contrato celebrado con un profesional cuyo carácter abusivo se ha declarado por resolución judicial firme comience a correr en la fecha en la que el tribunal supremo nacional dictó una sentencia anterior, en otro asunto, en la que declaró abusiva una cláusula tipo que se corresponde con esa cláusula de ese contrato».

En aplicación de las resoluciones dictadas por el TJUE, el Tribunal Supremo ha señalado en la STS 857/2024 del 14 de junio de 2024 (ECLI:ES:TS:2024:3076):

"... procede dictar una sentencia que asuma lo resuelto por el TJUE (por todas, SSTJUE de 5 de octubre de 2010, Elchinov, C-173/09 ; de 19 de abril de 2016, DI, C-441/145; y de 1 de julio de 2016, Ognyanov, C-614/14 ); y cumplir la función que, como tribunal de casación, nos corresponde en orden a la armonización de la interpretación del Derecho nacional y en aras de la seguridad jurídica ( SSTJUE de 7 de agosto de 2018, asuntos acumulados C96/16 y C- 94/17 , y 14 de marzo de 2019, C-118/17 ).

4.- En consecuencia, salvo en aquellos casos en que la entidad prestamista pruebe que, en el marco de sus relaciones contractuales, ese concreto consumidor pudo conocer en una fecha anterior que esa estipulación (cláusula de gastos) era abusiva, el día inicial del plazo de prescripción de la acción de restitución de gastos hipotecarios indebidamente pagados por un consumidor será el de la firmeza de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula que obligaba a tales pagos".

Una posición semejante es la adoptada por la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial de Barcelona (que planteó la cuestión prejudicial fundada en las especificidades del Derecho Civil de Cataluña a que antes se ha hecho mención). A tal efecto cabe citar las sentencias 62/2024 de 15 de marzo de 2024 (ECLI:ES:APB:2024:348); 63/2024 de 15 de marzo ( ECLI:ES:APB:2024:2827); 64/2024 de 15 de marzo ( ECLI:ES:APB:2024:2828) o 65/2024 de 15 de marzo de 2024 ( ECLI:ES:APB:2024:2921) en la que se indica:

"19. Por otro lado, la traslación de esa doctrina del TJUE a nuestro Derecho Interno no está exenta de dificultades, sobre todo en aquellos casos en que, por su antigüedad, el plazo ha transcurrido en su integridad sin que el consumidor haya tenido la posibilidad de conocer el carácter abusivo de la cláusula. Hemos de tener en cuenta, por otro lado, que en los distintos escenarios contemplados por el Tribunal Supremo en la cuestión prejudicial planteada por auto de 22 de julio de 2021 se parte de la premisa de que ese conocimiento ha de darse antes de iniciarse el plazo, entendemos que por ser exigencia del Derecho Español que el demandante conozca todas las circunstancias que le permitan ejercitar la acción antes de que pueda computarse el plazo (criterio de la actio nata)".

Aplicado lo anterior al caso aquí analizado, no consta ni se ha acreditado en este caso que la parte demandante/apelante haya conocido antes de la presente causa que las estipulaciones del contrato declaradas nulas tuvieren esta condición, con lo que el día inicial del plazo de prescripción de la acción de restitución no cabe sino que sea la de la firmeza de la sentencia que declara la nulidad de las cláusulas que obligaban a hacer los pagos. Dado que ello no se ha producido con carácter previo a esta causa (de hecho, en paralelo se interesa la declaración de nulidad y sus efectos), no cabe sino entender que tampoco esta acción esté prescrita.

Ello hace que el recurso de apelación se deba ver estimado y con ello la demanda en lo que son los efectos restitutorios que son los derivados del art. 1.303 CC (viene fijado por la ley y por ello debe operar con independencia de la forma concreta como se haya interesado su operatividad que es el de restituir todos los conceptos que excedan del capital prestado o concedido) más intereses desde la interposición de la demanda.

Todo ello con condena en costas a la demandada en base al principio del vencimiento y además teniendo en cuenta que la acción estimada se fundamenta en la aplicación del Derecho de la Unión Europea respecto del que en materia de costas opera el principio de efectividad pudiéndose citar a título de ejemplo la STS 1352/2023 de 3 de octubre de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:4068).

CUARTO.-En cuanto a las costas de apelación en principio conforme a lo previsto en el art. 398 LEC en la redacción del mismo vigente al interponerse la demanda implicaría la no condena en las costas a ninguno de los litigantes.

No obstante esta realidad la STS 1785/2025 de 4 de diciembre de 2025 (ECLI:ES:TS:2025:5479) ha fijado una doctrina conforme a la que el consumidor no tenga que asumir las costas de apelación cuando interpone el recurso o impugna la sentencia de cara a defender su derecho. En concreto esta sentencia indica:

"El resarcimiento de los gastos del recurso de apelación (o la impugnación de la sentencia de primera instancia) que para la satisfacción de su derecho debe afrontar el consumidor en la eliminación de la cláusula abusiva y en el restablecimiento de la situación patrimonial anterior a su indebida imposición, no puede estimarse que sea un coste improbable o anormal para el profesional predisponente, ni por tanto debe estimarse que no es imputable a la entidad y a la imposición indebida por su parte de cláusulas abusivas en los contratos no negociados celebrados con los consumidores, cumpliendo así la imposición de costas, también en los recursos ordinarios interpuestos que tienen como finalidad última la supresión de cláusulas abusivas, con el efecto disuasorio que persigue el Derecho de la Unión.

La aplicación del art. 398.2 LEC (en la redacción anterior al Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre) cuando el recurrente es el consumidor puede producir un efecto disuasorio inverso para los consumidores respecto del ejercicio de su derecho a un control judicial del carácter potencialmente abusivo de cláusulas contractuales en las instancias judiciales ordinarias a las que conforme a la Ley y su derecho de tutela judicial efectiva puede acceder para tal fin. En tanto que, en tales casos, el consumidor debería afrontar íntegramente los gastos derivados de su defensa y representación, necesarios para la formulación del recurso ordinario, sin restablecerse, en tal caso, la situación de hecho y de derecho que se habría dado si no hubiera existido la cláusula abusiva.

Es decir, si el consumidor no sólo ha tenido que iniciar el proceso para no quedar vinculado por la aplicación de cláusulas abusivas, sino que incluso ha tenido que proseguirlo hasta la segunda instancia judicial para que, en definitiva, pueda hacerse efectivo, vería mermado su derecho si, pese a reconocerse por los tribunales, tuviera que hacer frente a las costas devengadas durante la fase de recurso; sin que en tal situación el patrimonio del consumidor quede indemne por la necesidad del proceso judicial. Que es lo que, en definitiva, apunta la STC 121/2025 , cuando concluye que:

«[...] la STJUE de 16 de julio de 2020 , relativa precisamente a las normas procesales españolas sobre la condena en costas, brindaba los criterios de interpretación a tener en cuenta para conciliar las normas procesales sobre costas y el principio de efectividad del Derecho de la Unión».

4.3.- En suma, debemos modificar nuestra jurisprudencia a fin de establecer que cuando el consumidor se vea obligado a acudir a la segunda instancia para no verse vinculado por una cláusula abusiva y su recurso de apelación o la impugnación de la sentencia de primera instancia resulten total o parcialmente estimados, las costas de esa segunda instancia deberán imponerse al profesional predisponente."

Ante lo que se acaba de exponer no cabe sino condenar a la entidad apelada al pago de las costas de apelación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación

PRIMERO.- Antecedentes y objeto del recurso

Por la demandante Julieta se interpone recurso de apelación contra la sentencia por la cual fue desestimada la demanda por ella presentada frente a Caixabank Payments & Consumer EFC SAU,

En la demanda, en relación al contrato de tarjeta de crédito revolving Ikea

numero de contrato NUM000 suscrito por Julieta con la entonces Finconsum Establecimiento Financiero de Crédito SAU el 26.02.2011 se solicita se dicte sentencia por la que:

- Se declaren nulas las cláusulas abusivas que se regulan en el contrato, relativas a la cláusula que regula el interés remuneratorio TAE y la de pena convencional relativa a la comisión por impago de 30 euros por falta de incorporación y transparencia, y se condene a la demandada, solicitando que el régimen de restitución siga las mismas bases que establece el art. 3 LRU de 23.07.1908, a la restitución de todo lo abonado que exceda del capital principal, cuya cantidad solicitamos se calcule en ejecución de sentencia.

- Todo ello con los Intereses Legales desde la presentación de la demanda ( artículo 1.109 CC), más los intereses procesales del artículo 576 LEC desde la resolución que se dicte.

- Se condene expresamente, y en todo caso, a la demandada al pago de las costas judiciales que se causen en el presente procedimiento, por ser de preceptiva imposición caso de estimación de la demanda, aunque sea de forma sustancial y no total

Caixabank Payments & Consumer EFC SAU, contestó alegando que desde que tuvo la demandante en su poder la tarjeta, la entidad le fue imputando los cargos correspondientes. Consecuentemente, desde el primer momento, la actora ya se percató del funcionamiento de la misma, cuando, además, le ha estado dando un uso considerable durante años. La cláusula de intereses se destaca en la contestación que es breve, sencilla, introduce la fórmula de cálculo, que no tiene mayor complicación. El contrato además incluye unas cláusulas que explican cómo funciona la tarjeta, qué modalidades de reembolso existen, advirtiendo que "el saldo de la tarjeta no amortizado generará intereses". Estos intereses figuran en la primera página del contrato.

En lo que es la cláusula de comisión por reclamación de posiciones deudoras la entiende válida al generarse por cada importe que resulte impagado, dado el servicio de reclamación que ello conlleva.

Finalmente se expone que la acción de restitución ha prescrito, pues el contrato de tarjeta se firmó el 26.02.2011 y la reclamación se presentó el 16.04.2024, habiendo transcurrido por ello más de 13 años, plazo superior al previsto en el artículo 1964 CC.

En base a ello se interesa la desestimación de la demanda con condena en costas al demandante.

La sentencia es desestimatoria de la demanda con condena en costas a la parte actora. En ella se analiza el contrato suscrito y se entiende que supera las exigencias inherentes a los controles de incorporación y transparencia destacando que el mismo (con información normalizada europea sobre el crédito al consumo) tiene una letra suficientemente clara y comprensible, describe las características principales del producto, duración, plazos de pago, intereses, importe total a pagar. Los costes del crédito aparecen reflejados en un TAE variable, estableciéndose a continuación un simulacro, dentro de los costes del crédito en la información normalizada europea, y no dentro de las condiciones generales. De ello deriva según la sentencia que la demandante podía comprender claramente los costes del crédito, ya que se comprende dentro del mismo el importe total a pagar. A ello añade la remisión de los recibos, que la demandante conocía, asumiendo y conociendo la carga jurídica del contrato, delimitándose también que el contrato es renovable.

Asimismo, se destaca que la parte actora recibía de manera periódica (mensual) extractos en los que se detallaban las operaciones realizadas con cargo a la línea de crédito, los intereses, comisiones y gastos abonados, así como la forma de pago en vigor para cada período de liquidación, importe a pagar, saldo mínimo a pagar, fecha del adeudo en que se realizaría el cargo correspondiente, referencia expresa al tipo de interés remuneratorio y comisiones aplicadas.

En lo que es la cláusula de penalización por impago, señala la sentencia que resulta relevante, el que la actora no haya aportado medio probatorio alguno, que acredite que le fueron cobradas cantidades por tal concepto, de modo, que, al no existir perjuicio patrimonial, no sería necesario reparar perjuicio patrimonial alguno.

Julieta interpone recurso de apelación poniendo de manifiesto que la clienta desconocía la carga económica que realmente supondría el contrato y que, con un solo vistazo al documento del contrato, se constata que las condiciones esenciales del mismo, y en especial las que determinan las condiciones económicas como son los intereses remuneratorios TAE, se encuentran casi imperceptibles, no aportándose un documento de información normalizada precontractual previa a la suscripción del contrato.

Junto a ello se expone que aunque se indique el tipo de interés remuneratorio aplicable, no se informó a la consumidora de las consecuencias que tendría en el contrato la operativa revolving, no realizando una explicación distintiva de este sistema de amortización revolvente, como tampoco se compara el mismo con una tarjeta de pago aplazado clásica, especialmente al no destacarse que el capital va reconstituyéndose en función de las disposiciones financiando igualmente los intereses.

En lo que es la cláusula relativa a la comisión por reclamación de impagados entiende que es abusiva. Considera que no supera el control de incorporación, como tampoco el de transparencia, cobrándose de forma reiterada y automática, sin existir gestiones o servicios que las justifiquen.

En base a ello se solicita que la demanda se vea estimada con condena en costas a la demandada.

Caixabank Payments & Consumer EFC SAU se opone a este recurso señalando la corrección de la valoración que se hace en la sentencia de primera instancia con una exposición semejante a la indicada en la contestación a la demanda que no se reproduce de nuevo a fin de evitar reiteraciones.

SEGUNDO.- Interés remuneratorio.

La acción al mismo referente se ve desestimada y es objeto de recurso en los términos antes indicados.

En relación a la misma, respecto de las exigencias inherentes al control de incorporación, las mismas derivan del art. 5 de la Directiva 93/13 que en lo que es este aspecto fue transpuesta por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación (art. 7) y en concreto en lo que es el régimen de incorporación, por medio del art. 80 TRLGDCU que en la fecha de la operación aquí considerada (26.02.2011) tenía la siguiente redacción:

"Artículo 80. Requisitos de las cláusulas no negociadas individualmente.

1. En los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente, incluidos los que promuevan las Administraciones públicas y las entidades y empresas de ellas dependientes, aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual.

b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 63.1, en los casos de contratación telefónica o electrónica con condiciones generales será necesario que conste, en los términos que reglamentariamente se establezcan, la aceptación de todas y cada una de las cláusulas del contrato, sin necesidad de firma convencional. En este supuesto, se enviará inmediatamente al consumidor y usuario justificación de la contratación efectuada por escrito o, salvo oposición expresa del consumidor y usuario, en cualquier soporte de naturaleza duradera adecuado a la técnica de comunicación a distancia utilizada, donde constarán todos los términos de la misma. La carga de la prueba del cumplimiento de esta obligación corresponde al predisponente.

El cómputo del plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento del consumidor y usuario en la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales, en los supuestos en que reglamentariamente esté previsto, se regirá por lo dispuesto en el artículo 71.

c) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye la utilización de cláusulas abusivas.

2. Cuando se ejerciten acciones individuales, en caso de duda sobre el sentido de una cláusula prevalecerá la interpretación más favorable al consumidor."

En lo que se refiere al control de transparencia material (posibilidad de conocer la carga económica de la operación), las STS 154/2025 de 30 de enero de 2025 (ECLI:ES:TS:2025:242) y 155/2025 de 30 de enero de 2025 (ECLI:ES:TS:2025:241) detallan las exigencias de transparencia material inherentes al mismo y de ellas cabe derivar que los elementos esenciales a considerar (como se indica a título de ejemplo en la sentencia dictada por esta Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Barcelona 241/2025 de 24 de marzo de 2025 - rollo 1227/2023) son los siguientes:

"Debe informarse sobre las características y sobre los riesgos, derivados de la duración indefinida o muy prolongada en el tiempo, de la recomposición constante del límite del crédito, del elevado tipo de interés y escasa cuantía de las cuotas, si es el caso, todo lo cual puede producir lo que se ha definido como "efecto bola de nieve".

Se exige que se exponga el mecanismo de recomposición del capital y su influencia en la liquidación de los intereses y en la amortización del capital dispuesto, sobre todo cuando la cuota a pagar no es elevada y sí lo es el tipo de interés y cuando se produce la capitalización de los intereses. Se trata de factores redundantes respecto a la información del riesgo de permanencia o de no disminución de la deuda. La duración indefinida del crédito ha de ponerse en relación con ese mecanismo de recomposición del capital debido, en particular si concurren esas circunstancias mencionadas de cuotas bajas y capitalización de intereses.

Las sentencias se refieren también a la relación entre la TAE y el mecanismo de recomposición del capital y demás cláusulas con trascendencia en la creación de los riesgos, de modo que puedan valorarse las consecuencias económicas que se deriven de todo ello y compararse las diferentes ofertas.

No es suficiente que la información contenga la TAE. Debe extenderse a que el sistema de amortización es de tipo "revolving", a la cuota mensual y a la duración del contrato. Deben proporcionarse ejemplos adecuados para comprender los riesgos del sistema y permitir compararlo con otras modalidades de amortización o con las ofertas de otras entidades".

En el presente supuesto, el contrato aportado se considera que puede entenderse que supera las exigencias inherentes al control de incorporación dado el tamaño de la letra, fondo blanco y el empleo negrilla y subrayado al encabezar cada condición, la separación entre párrafos distinguiendo los diferentes aspectos considerados.

No obstante lo anterior, no se considera que el contrato supere las exigencias mínimas inherentes al control de transparencia material.

Así, lo primero que cabe destacar es que en él no aparece la TAE aplicada pues en las condiciones generales se hace una remisión a las particulares y en éstas el apartado a ello dedicado en el contrato no se menciona cual fuere la misma pues aparece en blanco el espacio a ello destinado.

Junto a lo anterior de la lectura del contrato no se considera que el mismo especifique y detalle de forma adecuada la mecánica de la operación y la carga económica a la misma inherente (se trata de una línea de crédito revolvente siendo en él esencial informar además de la TAE con la problemática a que se acaba de hacer mención asimismo acerca de su operativa y en especial del "efecto bola de nieve"). En ningún momento se pone en duda la licitud del producto, sino que la problemática radica en la explicación de su operativa y los elementos esenciales de la misma (son los antes detallados) contándose para ello con el contenido del contrato al estarse en sede de nulidad absoluta con lo que se debe estar a lo conocido en ese momento.

A tal efecto en la primera página las condiciones de pago (es donde el apartado destinado a la TAE aparece en blanco) de la siguiente forma:

En cuanto a la cláusula referente a la forma de reembolso, la existente (en el aspecto aquí contemplado) lo que indica es lo siguiente:

Es por ello que además del problema de la falta de indicación de la TAE, se considera que no se acomoda el contrato plenamente a las exigencias derivadas de la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo que antes se han detallado y que vienen referidas al régimen ya fijado desde la Directiva 93/13 y la normativa nacional de desarrollo de la misma ya vigente al tiempo de la contratación, lo que debe llevar aparejado el que la operación no se considera que respete las exigencias del deber de transparencia material que al afectar a una cláusula fundamental la estimación de la problemática aquí planteada comporta la ineficacia del contrato en su conjunto (esta realidad es la que no hace necesario entrar en la consideración referente a la comisión por reclamación de posiciones deudoras pues se ejercita de forma subsidiaria).

Ello hace que este aspecto del recurso de apelación se deba ver estimado, siendo necesario entrar en el análisis de la alegación que se planteó en la contestación a la demanda referente a la prescripción de la acción restitutoria, cuestión que se analiza en el siguiente fundamento de esta sentencia.

TERCERO.- Prescripción de la acción restitutoria.

La parte demandada estimó concurrente la prescripción de la acción restitutoria.

En relación a ello, como se indica entre otras en la sentencia de esta sección 4ª de la Audiencia Provincial de Barcelona nº 751/2024 de 30 de octubre de 2024 (ECLI:ES:APB:2024:13174), en el ámbito la declaración de nulidad de las cláusulas abusivas insertas en contratos concertados con consumidores (y al amparo de la normativa de consumo), se ha planteado la posibilidad de distinguir, a efectos de prescripción, entre el régimen jurídico operativo respecto de la acción de nulidad propiamente dicha y el aplicable a la de restitución de los efectos o remoción de las consecuencias jurídicas derivadas de la cláusula abusiva, existiendo resoluciones judiciales en este sentido. Cabe citar a título de ejemplo las sentencias de la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial de Barcelona de 5 de julio de 2021, 15.03.2024 o el ATS de 22 de julio de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:10157A) que planteó una serie de cuestiones prejudiciales ante el TJUE referentes al inicio de este plazo de prescripción respecto de una cláusula gastos en un préstamo hipotecario y que ha dado lugar a la STJUE de 25 de abril de 2024 (asunto C-561/21) (ECLI:EU:C:2024:362) en la que no se entra en el análisis de cuestiones de derecho nacional (pues son ajenas al TJUE), sino que se determina (partiendo de la prescriptibilildad de la acción restitutoria que señala el Tribunal Supremo al plantear la cuestión prejudicial) cuales fueren los momentos iniciales de cómputo de tal plazo conformes con las previsiones de los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13. En concreto esta STJUE indica:

«1) Los artículos 6, apartado 1 , y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 , sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, así como el principio de seguridad jurídica, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que el plazo de prescripción de una acción de restitución de gastos que el consumidor ha abonado en virtud de una cláusula contractual cuyo carácter abusivo se ha declarado por resolución judicial firme dictada con posterioridad al pago de tales gastos comience a correr en la fecha en que esa resolución haya adquirido firmeza, sin perjuicio de la facultad del profesional de probar que ese consumidor tenía o podía razonablemente tener conocimiento del carácter abusivo de la cláusula en cuestión antes de dictarse dicha resolución.

»2) Los artículos 6, apartado 1 , y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que el plazo de prescripción de una acción de restitución de gastos que el consumidor ha abonado en virtud de una cláusula de un contrato celebrado con un profesional cuyo carácter abusivo se ha declarado por resolución judicial firme dictada con posterioridad al pago de tales gastos comience a correr en la fecha, anterior, en la que el tribunal supremo nacional dictó, en otros asuntos, una serie de sentencias en las que declaró abusivas ciertas cláusulas tipo que se corresponden con la cláusula en cuestión de ese contrato.

»3) Los artículos 6, apartado 1 , y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que el plazo de prescripción de una acción de restitución de gastos que el consumidor ha abonado en virtud de una cláusula de un contrato celebrado con un profesional cuyo carácter abusivo se ha declarado por resolución judicial firme comience a correr en la fecha de determinadas sentencias del Tribunal de Justicia que confirmaron que, en principio, los plazos de prescripción para las acciones de restitución son conformes con el Derecho de la Unión, siempre que respeten los principios de equivalencia y de efectividad».

Ello mismo es lo que se hace en la STJUE de 25 de abril de 2024 (asunto C-484/21) (ECLI:EU:C:2024:360) que da respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Barcelona o en la STJUE de 25 de enero de 2024 (asuntos acumulados C-810/21 a C-813/21) (ECLI: EU:C:2024:81) respecto de diversas cuestiones prejudiciales planteadas por la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial de Barcelona (la cuestión prejudicial planteada por auto de 12.03.2024 por parte del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de A Coruña que ha dado lugar al asunto C- 230/24 pendiente ante el TJUE se enmarca en este mismo ámbito).

Esta última STJUE de 25 de enero de 2024 (asuntos acumulados C-810/21 a C-813/21) (ECLI: EU:C:2024:81) establece:

«1. Los artículos 6, apartado 1 , y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 , sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en relación con el principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una interpretación jurisprudencial del Derecho nacional según la cual, a raíz de la anulación de una cláusula contractual abusiva por la que se imponen al consumidor los gastos de formalización de un contrato de préstamo hipotecario, la acción restitutoria relativa a tales gastos está sujeta a un plazo de prescripción de diez años a contar desde que la referida cláusula agota sus efectos con la realización del último pago de dichos gastos, sin que se considere pertinente a estos efectos que ese consumidor conozca la valoración jurídica de esos hechos. La compatibilidad de las normas por las que se rige un plazo de prescripción con las citadas disposiciones debe apreciarse teniendo en cuenta el conjunto de esas normas.

»2. La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una interpretación jurisprudencial del Derecho nacional según la cual, para determinar el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción que puede ejercitar el consumidor para obtener la restitución de las cantidades pagadas indebidamente con arreglo a una cláusula contractual abusiva, puede considerarse que la existencia de una jurisprudencia nacional consolidada sobre la nulidad de cláusulas similares constituye una prueba de que se cumple el requisito relativo al conocimiento, por el consumidor de que se trate, del carácter abusivo de esa cláusula y de las consecuencias jurídicas que se derivan de ella».

Por su parte la STJUE de 25 de abril de 2024 (asunto C-484/21) (ECLI:EU:C:2024:360) dispone:

«1) Los artículos 6, apartado 1 , y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 , sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, a la luz del principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que el plazo de prescripción de una acción de restitución de gastos que el consumidor ha abonado, en el momento de la celebración de un contrato con un profesional, en virtud de una cláusula contractual cuyo carácter abusivo se ha declarado por resolución judicial firme dictada con posterioridad al pago de esos gastos comience a correr en la fecha de ese pago, con independencia de si ese consumidor tenía o podía razonablemente tener conocimiento del carácter abusivo de esa cláusula desde el momento de dicho pago, o antes de que por esa resolución se declarara la nulidad de dicha cláusula.

»2) Los artículos 6, apartado 1 , y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que el plazo de prescripción de una acción de restitución de gastos que el consumidor ha abonado en virtud de una cláusula de un contrato celebrado con un profesional cuyo carácter abusivo se ha declarado por resolución judicial firme comience a correr en la fecha en la que el tribunal supremo nacional dictó una sentencia anterior, en otro asunto, en la que declaró abusiva una cláusula tipo que se corresponde con esa cláusula de ese contrato».

En aplicación de las resoluciones dictadas por el TJUE, el Tribunal Supremo ha señalado en la STS 857/2024 del 14 de junio de 2024 (ECLI:ES:TS:2024:3076):

"... procede dictar una sentencia que asuma lo resuelto por el TJUE (por todas, SSTJUE de 5 de octubre de 2010, Elchinov, C-173/09 ; de 19 de abril de 2016, DI, C-441/145; y de 1 de julio de 2016, Ognyanov, C-614/14 ); y cumplir la función que, como tribunal de casación, nos corresponde en orden a la armonización de la interpretación del Derecho nacional y en aras de la seguridad jurídica ( SSTJUE de 7 de agosto de 2018, asuntos acumulados C96/16 y C- 94/17 , y 14 de marzo de 2019, C-118/17 ).

4.- En consecuencia, salvo en aquellos casos en que la entidad prestamista pruebe que, en el marco de sus relaciones contractuales, ese concreto consumidor pudo conocer en una fecha anterior que esa estipulación (cláusula de gastos) era abusiva, el día inicial del plazo de prescripción de la acción de restitución de gastos hipotecarios indebidamente pagados por un consumidor será el de la firmeza de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula que obligaba a tales pagos".

Una posición semejante es la adoptada por la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial de Barcelona (que planteó la cuestión prejudicial fundada en las especificidades del Derecho Civil de Cataluña a que antes se ha hecho mención). A tal efecto cabe citar las sentencias 62/2024 de 15 de marzo de 2024 (ECLI:ES:APB:2024:348); 63/2024 de 15 de marzo ( ECLI:ES:APB:2024:2827); 64/2024 de 15 de marzo ( ECLI:ES:APB:2024:2828) o 65/2024 de 15 de marzo de 2024 ( ECLI:ES:APB:2024:2921) en la que se indica:

"19. Por otro lado, la traslación de esa doctrina del TJUE a nuestro Derecho Interno no está exenta de dificultades, sobre todo en aquellos casos en que, por su antigüedad, el plazo ha transcurrido en su integridad sin que el consumidor haya tenido la posibilidad de conocer el carácter abusivo de la cláusula. Hemos de tener en cuenta, por otro lado, que en los distintos escenarios contemplados por el Tribunal Supremo en la cuestión prejudicial planteada por auto de 22 de julio de 2021 se parte de la premisa de que ese conocimiento ha de darse antes de iniciarse el plazo, entendemos que por ser exigencia del Derecho Español que el demandante conozca todas las circunstancias que le permitan ejercitar la acción antes de que pueda computarse el plazo (criterio de la actio nata)".

Aplicado lo anterior al caso aquí analizado, no consta ni se ha acreditado en este caso que la parte demandante/apelante haya conocido antes de la presente causa que las estipulaciones del contrato declaradas nulas tuvieren esta condición, con lo que el día inicial del plazo de prescripción de la acción de restitución no cabe sino que sea la de la firmeza de la sentencia que declara la nulidad de las cláusulas que obligaban a hacer los pagos. Dado que ello no se ha producido con carácter previo a esta causa (de hecho, en paralelo se interesa la declaración de nulidad y sus efectos), no cabe sino entender que tampoco esta acción esté prescrita.

Ello hace que el recurso de apelación se deba ver estimado y con ello la demanda en lo que son los efectos restitutorios que son los derivados del art. 1.303 CC (viene fijado por la ley y por ello debe operar con independencia de la forma concreta como se haya interesado su operatividad que es el de restituir todos los conceptos que excedan del capital prestado o concedido) más intereses desde la interposición de la demanda.

Todo ello con condena en costas a la demandada en base al principio del vencimiento y además teniendo en cuenta que la acción estimada se fundamenta en la aplicación del Derecho de la Unión Europea respecto del que en materia de costas opera el principio de efectividad pudiéndose citar a título de ejemplo la STS 1352/2023 de 3 de octubre de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:4068).

CUARTO.-En cuanto a las costas de apelación en principio conforme a lo previsto en el art. 398 LEC en la redacción del mismo vigente al interponerse la demanda implicaría la no condena en las costas a ninguno de los litigantes.

No obstante esta realidad la STS 1785/2025 de 4 de diciembre de 2025 (ECLI:ES:TS:2025:5479) ha fijado una doctrina conforme a la que el consumidor no tenga que asumir las costas de apelación cuando interpone el recurso o impugna la sentencia de cara a defender su derecho. En concreto esta sentencia indica:

"El resarcimiento de los gastos del recurso de apelación (o la impugnación de la sentencia de primera instancia) que para la satisfacción de su derecho debe afrontar el consumidor en la eliminación de la cláusula abusiva y en el restablecimiento de la situación patrimonial anterior a su indebida imposición, no puede estimarse que sea un coste improbable o anormal para el profesional predisponente, ni por tanto debe estimarse que no es imputable a la entidad y a la imposición indebida por su parte de cláusulas abusivas en los contratos no negociados celebrados con los consumidores, cumpliendo así la imposición de costas, también en los recursos ordinarios interpuestos que tienen como finalidad última la supresión de cláusulas abusivas, con el efecto disuasorio que persigue el Derecho de la Unión.

La aplicación del art. 398.2 LEC (en la redacción anterior al Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre) cuando el recurrente es el consumidor puede producir un efecto disuasorio inverso para los consumidores respecto del ejercicio de su derecho a un control judicial del carácter potencialmente abusivo de cláusulas contractuales en las instancias judiciales ordinarias a las que conforme a la Ley y su derecho de tutela judicial efectiva puede acceder para tal fin. En tanto que, en tales casos, el consumidor debería afrontar íntegramente los gastos derivados de su defensa y representación, necesarios para la formulación del recurso ordinario, sin restablecerse, en tal caso, la situación de hecho y de derecho que se habría dado si no hubiera existido la cláusula abusiva.

Es decir, si el consumidor no sólo ha tenido que iniciar el proceso para no quedar vinculado por la aplicación de cláusulas abusivas, sino que incluso ha tenido que proseguirlo hasta la segunda instancia judicial para que, en definitiva, pueda hacerse efectivo, vería mermado su derecho si, pese a reconocerse por los tribunales, tuviera que hacer frente a las costas devengadas durante la fase de recurso; sin que en tal situación el patrimonio del consumidor quede indemne por la necesidad del proceso judicial. Que es lo que, en definitiva, apunta la STC 121/2025 , cuando concluye que:

«[...] la STJUE de 16 de julio de 2020 , relativa precisamente a las normas procesales españolas sobre la condena en costas, brindaba los criterios de interpretación a tener en cuenta para conciliar las normas procesales sobre costas y el principio de efectividad del Derecho de la Unión».

4.3.- En suma, debemos modificar nuestra jurisprudencia a fin de establecer que cuando el consumidor se vea obligado a acudir a la segunda instancia para no verse vinculado por una cláusula abusiva y su recurso de apelación o la impugnación de la sentencia de primera instancia resulten total o parcialmente estimados, las costas de esa segunda instancia deberán imponerse al profesional predisponente."

Ante lo que se acaba de exponer no cabe sino condenar a la entidad apelada al pago de las costas de apelación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación

PRIMERO.- Antecedentes y objeto del recurso

Por la demandante Julieta se interpone recurso de apelación contra la sentencia por la cual fue desestimada la demanda por ella presentada frente a Caixabank Payments & Consumer EFC SAU,

En la demanda, en relación al contrato de tarjeta de crédito revolving Ikea

numero de contrato NUM000 suscrito por Julieta con la entonces Finconsum Establecimiento Financiero de Crédito SAU el 26.02.2011 se solicita se dicte sentencia por la que:

- Se declaren nulas las cláusulas abusivas que se regulan en el contrato, relativas a la cláusula que regula el interés remuneratorio TAE y la de pena convencional relativa a la comisión por impago de 30 euros por falta de incorporación y transparencia, y se condene a la demandada, solicitando que el régimen de restitución siga las mismas bases que establece el art. 3 LRU de 23.07.1908, a la restitución de todo lo abonado que exceda del capital principal, cuya cantidad solicitamos se calcule en ejecución de sentencia.

- Todo ello con los Intereses Legales desde la presentación de la demanda ( artículo 1.109 CC), más los intereses procesales del artículo 576 LEC desde la resolución que se dicte.

- Se condene expresamente, y en todo caso, a la demandada al pago de las costas judiciales que se causen en el presente procedimiento, por ser de preceptiva imposición caso de estimación de la demanda, aunque sea de forma sustancial y no total

Caixabank Payments & Consumer EFC SAU, contestó alegando que desde que tuvo la demandante en su poder la tarjeta, la entidad le fue imputando los cargos correspondientes. Consecuentemente, desde el primer momento, la actora ya se percató del funcionamiento de la misma, cuando, además, le ha estado dando un uso considerable durante años. La cláusula de intereses se destaca en la contestación que es breve, sencilla, introduce la fórmula de cálculo, que no tiene mayor complicación. El contrato además incluye unas cláusulas que explican cómo funciona la tarjeta, qué modalidades de reembolso existen, advirtiendo que "el saldo de la tarjeta no amortizado generará intereses". Estos intereses figuran en la primera página del contrato.

En lo que es la cláusula de comisión por reclamación de posiciones deudoras la entiende válida al generarse por cada importe que resulte impagado, dado el servicio de reclamación que ello conlleva.

Finalmente se expone que la acción de restitución ha prescrito, pues el contrato de tarjeta se firmó el 26.02.2011 y la reclamación se presentó el 16.04.2024, habiendo transcurrido por ello más de 13 años, plazo superior al previsto en el artículo 1964 CC.

En base a ello se interesa la desestimación de la demanda con condena en costas al demandante.

La sentencia es desestimatoria de la demanda con condena en costas a la parte actora. En ella se analiza el contrato suscrito y se entiende que supera las exigencias inherentes a los controles de incorporación y transparencia destacando que el mismo (con información normalizada europea sobre el crédito al consumo) tiene una letra suficientemente clara y comprensible, describe las características principales del producto, duración, plazos de pago, intereses, importe total a pagar. Los costes del crédito aparecen reflejados en un TAE variable, estableciéndose a continuación un simulacro, dentro de los costes del crédito en la información normalizada europea, y no dentro de las condiciones generales. De ello deriva según la sentencia que la demandante podía comprender claramente los costes del crédito, ya que se comprende dentro del mismo el importe total a pagar. A ello añade la remisión de los recibos, que la demandante conocía, asumiendo y conociendo la carga jurídica del contrato, delimitándose también que el contrato es renovable.

Asimismo, se destaca que la parte actora recibía de manera periódica (mensual) extractos en los que se detallaban las operaciones realizadas con cargo a la línea de crédito, los intereses, comisiones y gastos abonados, así como la forma de pago en vigor para cada período de liquidación, importe a pagar, saldo mínimo a pagar, fecha del adeudo en que se realizaría el cargo correspondiente, referencia expresa al tipo de interés remuneratorio y comisiones aplicadas.

En lo que es la cláusula de penalización por impago, señala la sentencia que resulta relevante, el que la actora no haya aportado medio probatorio alguno, que acredite que le fueron cobradas cantidades por tal concepto, de modo, que, al no existir perjuicio patrimonial, no sería necesario reparar perjuicio patrimonial alguno.

Julieta interpone recurso de apelación poniendo de manifiesto que la clienta desconocía la carga económica que realmente supondría el contrato y que, con un solo vistazo al documento del contrato, se constata que las condiciones esenciales del mismo, y en especial las que determinan las condiciones económicas como son los intereses remuneratorios TAE, se encuentran casi imperceptibles, no aportándose un documento de información normalizada precontractual previa a la suscripción del contrato.

Junto a ello se expone que aunque se indique el tipo de interés remuneratorio aplicable, no se informó a la consumidora de las consecuencias que tendría en el contrato la operativa revolving, no realizando una explicación distintiva de este sistema de amortización revolvente, como tampoco se compara el mismo con una tarjeta de pago aplazado clásica, especialmente al no destacarse que el capital va reconstituyéndose en función de las disposiciones financiando igualmente los intereses.

En lo que es la cláusula relativa a la comisión por reclamación de impagados entiende que es abusiva. Considera que no supera el control de incorporación, como tampoco el de transparencia, cobrándose de forma reiterada y automática, sin existir gestiones o servicios que las justifiquen.

En base a ello se solicita que la demanda se vea estimada con condena en costas a la demandada.

Caixabank Payments & Consumer EFC SAU se opone a este recurso señalando la corrección de la valoración que se hace en la sentencia de primera instancia con una exposición semejante a la indicada en la contestación a la demanda que no se reproduce de nuevo a fin de evitar reiteraciones.

SEGUNDO.- Interés remuneratorio.

La acción al mismo referente se ve desestimada y es objeto de recurso en los términos antes indicados.

En relación a la misma, respecto de las exigencias inherentes al control de incorporación, las mismas derivan del art. 5 de la Directiva 93/13 que en lo que es este aspecto fue transpuesta por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación (art. 7) y en concreto en lo que es el régimen de incorporación, por medio del art. 80 TRLGDCU que en la fecha de la operación aquí considerada (26.02.2011) tenía la siguiente redacción:

"Artículo 80. Requisitos de las cláusulas no negociadas individualmente.

1. En los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente, incluidos los que promuevan las Administraciones públicas y las entidades y empresas de ellas dependientes, aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual.

b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 63.1, en los casos de contratación telefónica o electrónica con condiciones generales será necesario que conste, en los términos que reglamentariamente se establezcan, la aceptación de todas y cada una de las cláusulas del contrato, sin necesidad de firma convencional. En este supuesto, se enviará inmediatamente al consumidor y usuario justificación de la contratación efectuada por escrito o, salvo oposición expresa del consumidor y usuario, en cualquier soporte de naturaleza duradera adecuado a la técnica de comunicación a distancia utilizada, donde constarán todos los términos de la misma. La carga de la prueba del cumplimiento de esta obligación corresponde al predisponente.

El cómputo del plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento del consumidor y usuario en la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales, en los supuestos en que reglamentariamente esté previsto, se regirá por lo dispuesto en el artículo 71.

c) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye la utilización de cláusulas abusivas.

2. Cuando se ejerciten acciones individuales, en caso de duda sobre el sentido de una cláusula prevalecerá la interpretación más favorable al consumidor."

En lo que se refiere al control de transparencia material (posibilidad de conocer la carga económica de la operación), las STS 154/2025 de 30 de enero de 2025 (ECLI:ES:TS:2025:242) y 155/2025 de 30 de enero de 2025 (ECLI:ES:TS:2025:241) detallan las exigencias de transparencia material inherentes al mismo y de ellas cabe derivar que los elementos esenciales a considerar (como se indica a título de ejemplo en la sentencia dictada por esta Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Barcelona 241/2025 de 24 de marzo de 2025 - rollo 1227/2023) son los siguientes:

"Debe informarse sobre las características y sobre los riesgos, derivados de la duración indefinida o muy prolongada en el tiempo, de la recomposición constante del límite del crédito, del elevado tipo de interés y escasa cuantía de las cuotas, si es el caso, todo lo cual puede producir lo que se ha definido como "efecto bola de nieve".

Se exige que se exponga el mecanismo de recomposición del capital y su influencia en la liquidación de los intereses y en la amortización del capital dispuesto, sobre todo cuando la cuota a pagar no es elevada y sí lo es el tipo de interés y cuando se produce la capitalización de los intereses. Se trata de factores redundantes respecto a la información del riesgo de permanencia o de no disminución de la deuda. La duración indefinida del crédito ha de ponerse en relación con ese mecanismo de recomposición del capital debido, en particular si concurren esas circunstancias mencionadas de cuotas bajas y capitalización de intereses.

Las sentencias se refieren también a la relación entre la TAE y el mecanismo de recomposición del capital y demás cláusulas con trascendencia en la creación de los riesgos, de modo que puedan valorarse las consecuencias económicas que se deriven de todo ello y compararse las diferentes ofertas.

No es suficiente que la información contenga la TAE. Debe extenderse a que el sistema de amortización es de tipo "revolving", a la cuota mensual y a la duración del contrato. Deben proporcionarse ejemplos adecuados para comprender los riesgos del sistema y permitir compararlo con otras modalidades de amortización o con las ofertas de otras entidades".

En el presente supuesto, el contrato aportado se considera que puede entenderse que supera las exigencias inherentes al control de incorporación dado el tamaño de la letra, fondo blanco y el empleo negrilla y subrayado al encabezar cada condición, la separación entre párrafos distinguiendo los diferentes aspectos considerados.

No obstante lo anterior, no se considera que el contrato supere las exigencias mínimas inherentes al control de transparencia material.

Así, lo primero que cabe destacar es que en él no aparece la TAE aplicada pues en las condiciones generales se hace una remisión a las particulares y en éstas el apartado a ello dedicado en el contrato no se menciona cual fuere la misma pues aparece en blanco el espacio a ello destinado.

Junto a lo anterior de la lectura del contrato no se considera que el mismo especifique y detalle de forma adecuada la mecánica de la operación y la carga económica a la misma inherente (se trata de una línea de crédito revolvente siendo en él esencial informar además de la TAE con la problemática a que se acaba de hacer mención asimismo acerca de su operativa y en especial del "efecto bola de nieve"). En ningún momento se pone en duda la licitud del producto, sino que la problemática radica en la explicación de su operativa y los elementos esenciales de la misma (son los antes detallados) contándose para ello con el contenido del contrato al estarse en sede de nulidad absoluta con lo que se debe estar a lo conocido en ese momento.

A tal efecto en la primera página las condiciones de pago (es donde el apartado destinado a la TAE aparece en blanco) de la siguiente forma:

En cuanto a la cláusula referente a la forma de reembolso, la existente (en el aspecto aquí contemplado) lo que indica es lo siguiente:

Es por ello que además del problema de la falta de indicación de la TAE, se considera que no se acomoda el contrato plenamente a las exigencias derivadas de la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo que antes se han detallado y que vienen referidas al régimen ya fijado desde la Directiva 93/13 y la normativa nacional de desarrollo de la misma ya vigente al tiempo de la contratación, lo que debe llevar aparejado el que la operación no se considera que respete las exigencias del deber de transparencia material que al afectar a una cláusula fundamental la estimación de la problemática aquí planteada comporta la ineficacia del contrato en su conjunto (esta realidad es la que no hace necesario entrar en la consideración referente a la comisión por reclamación de posiciones deudoras pues se ejercita de forma subsidiaria).

Ello hace que este aspecto del recurso de apelación se deba ver estimado, siendo necesario entrar en el análisis de la alegación que se planteó en la contestación a la demanda referente a la prescripción de la acción restitutoria, cuestión que se analiza en el siguiente fundamento de esta sentencia.

TERCERO.- Prescripción de la acción restitutoria.

La parte demandada estimó concurrente la prescripción de la acción restitutoria.

En relación a ello, como se indica entre otras en la sentencia de esta sección 4ª de la Audiencia Provincial de Barcelona nº 751/2024 de 30 de octubre de 2024 (ECLI:ES:APB:2024:13174), en el ámbito la declaración de nulidad de las cláusulas abusivas insertas en contratos concertados con consumidores (y al amparo de la normativa de consumo), se ha planteado la posibilidad de distinguir, a efectos de prescripción, entre el régimen jurídico operativo respecto de la acción de nulidad propiamente dicha y el aplicable a la de restitución de los efectos o remoción de las consecuencias jurídicas derivadas de la cláusula abusiva, existiendo resoluciones judiciales en este sentido. Cabe citar a título de ejemplo las sentencias de la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial de Barcelona de 5 de julio de 2021, 15.03.2024 o el ATS de 22 de julio de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:10157A) que planteó una serie de cuestiones prejudiciales ante el TJUE referentes al inicio de este plazo de prescripción respecto de una cláusula gastos en un préstamo hipotecario y que ha dado lugar a la STJUE de 25 de abril de 2024 (asunto C-561/21) (ECLI:EU:C:2024:362) en la que no se entra en el análisis de cuestiones de derecho nacional (pues son ajenas al TJUE), sino que se determina (partiendo de la prescriptibilildad de la acción restitutoria que señala el Tribunal Supremo al plantear la cuestión prejudicial) cuales fueren los momentos iniciales de cómputo de tal plazo conformes con las previsiones de los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13. En concreto esta STJUE indica:

«1) Los artículos 6, apartado 1 , y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 , sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, así como el principio de seguridad jurídica, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que el plazo de prescripción de una acción de restitución de gastos que el consumidor ha abonado en virtud de una cláusula contractual cuyo carácter abusivo se ha declarado por resolución judicial firme dictada con posterioridad al pago de tales gastos comience a correr en la fecha en que esa resolución haya adquirido firmeza, sin perjuicio de la facultad del profesional de probar que ese consumidor tenía o podía razonablemente tener conocimiento del carácter abusivo de la cláusula en cuestión antes de dictarse dicha resolución.

»2) Los artículos 6, apartado 1 , y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que el plazo de prescripción de una acción de restitución de gastos que el consumidor ha abonado en virtud de una cláusula de un contrato celebrado con un profesional cuyo carácter abusivo se ha declarado por resolución judicial firme dictada con posterioridad al pago de tales gastos comience a correr en la fecha, anterior, en la que el tribunal supremo nacional dictó, en otros asuntos, una serie de sentencias en las que declaró abusivas ciertas cláusulas tipo que se corresponden con la cláusula en cuestión de ese contrato.

»3) Los artículos 6, apartado 1 , y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que el plazo de prescripción de una acción de restitución de gastos que el consumidor ha abonado en virtud de una cláusula de un contrato celebrado con un profesional cuyo carácter abusivo se ha declarado por resolución judicial firme comience a correr en la fecha de determinadas sentencias del Tribunal de Justicia que confirmaron que, en principio, los plazos de prescripción para las acciones de restitución son conformes con el Derecho de la Unión, siempre que respeten los principios de equivalencia y de efectividad».

Ello mismo es lo que se hace en la STJUE de 25 de abril de 2024 (asunto C-484/21) (ECLI:EU:C:2024:360) que da respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Barcelona o en la STJUE de 25 de enero de 2024 (asuntos acumulados C-810/21 a C-813/21) (ECLI: EU:C:2024:81) respecto de diversas cuestiones prejudiciales planteadas por la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial de Barcelona (la cuestión prejudicial planteada por auto de 12.03.2024 por parte del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de A Coruña que ha dado lugar al asunto C- 230/24 pendiente ante el TJUE se enmarca en este mismo ámbito).

Esta última STJUE de 25 de enero de 2024 (asuntos acumulados C-810/21 a C-813/21) (ECLI: EU:C:2024:81) establece:

«1. Los artículos 6, apartado 1 , y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 , sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en relación con el principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una interpretación jurisprudencial del Derecho nacional según la cual, a raíz de la anulación de una cláusula contractual abusiva por la que se imponen al consumidor los gastos de formalización de un contrato de préstamo hipotecario, la acción restitutoria relativa a tales gastos está sujeta a un plazo de prescripción de diez años a contar desde que la referida cláusula agota sus efectos con la realización del último pago de dichos gastos, sin que se considere pertinente a estos efectos que ese consumidor conozca la valoración jurídica de esos hechos. La compatibilidad de las normas por las que se rige un plazo de prescripción con las citadas disposiciones debe apreciarse teniendo en cuenta el conjunto de esas normas.

»2. La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una interpretación jurisprudencial del Derecho nacional según la cual, para determinar el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción que puede ejercitar el consumidor para obtener la restitución de las cantidades pagadas indebidamente con arreglo a una cláusula contractual abusiva, puede considerarse que la existencia de una jurisprudencia nacional consolidada sobre la nulidad de cláusulas similares constituye una prueba de que se cumple el requisito relativo al conocimiento, por el consumidor de que se trate, del carácter abusivo de esa cláusula y de las consecuencias jurídicas que se derivan de ella».

Por su parte la STJUE de 25 de abril de 2024 (asunto C-484/21) (ECLI:EU:C:2024:360) dispone:

«1) Los artículos 6, apartado 1 , y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 , sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, a la luz del principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que el plazo de prescripción de una acción de restitución de gastos que el consumidor ha abonado, en el momento de la celebración de un contrato con un profesional, en virtud de una cláusula contractual cuyo carácter abusivo se ha declarado por resolución judicial firme dictada con posterioridad al pago de esos gastos comience a correr en la fecha de ese pago, con independencia de si ese consumidor tenía o podía razonablemente tener conocimiento del carácter abusivo de esa cláusula desde el momento de dicho pago, o antes de que por esa resolución se declarara la nulidad de dicha cláusula.

»2) Los artículos 6, apartado 1 , y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que el plazo de prescripción de una acción de restitución de gastos que el consumidor ha abonado en virtud de una cláusula de un contrato celebrado con un profesional cuyo carácter abusivo se ha declarado por resolución judicial firme comience a correr en la fecha en la que el tribunal supremo nacional dictó una sentencia anterior, en otro asunto, en la que declaró abusiva una cláusula tipo que se corresponde con esa cláusula de ese contrato».

En aplicación de las resoluciones dictadas por el TJUE, el Tribunal Supremo ha señalado en la STS 857/2024 del 14 de junio de 2024 (ECLI:ES:TS:2024:3076):

"... procede dictar una sentencia que asuma lo resuelto por el TJUE (por todas, SSTJUE de 5 de octubre de 2010, Elchinov, C-173/09 ; de 19 de abril de 2016, DI, C-441/145; y de 1 de julio de 2016, Ognyanov, C-614/14 ); y cumplir la función que, como tribunal de casación, nos corresponde en orden a la armonización de la interpretación del Derecho nacional y en aras de la seguridad jurídica ( SSTJUE de 7 de agosto de 2018, asuntos acumulados C96/16 y C- 94/17 , y 14 de marzo de 2019, C-118/17 ).

4.- En consecuencia, salvo en aquellos casos en que la entidad prestamista pruebe que, en el marco de sus relaciones contractuales, ese concreto consumidor pudo conocer en una fecha anterior que esa estipulación (cláusula de gastos) era abusiva, el día inicial del plazo de prescripción de la acción de restitución de gastos hipotecarios indebidamente pagados por un consumidor será el de la firmeza de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula que obligaba a tales pagos".

Una posición semejante es la adoptada por la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial de Barcelona (que planteó la cuestión prejudicial fundada en las especificidades del Derecho Civil de Cataluña a que antes se ha hecho mención). A tal efecto cabe citar las sentencias 62/2024 de 15 de marzo de 2024 (ECLI:ES:APB:2024:348); 63/2024 de 15 de marzo ( ECLI:ES:APB:2024:2827); 64/2024 de 15 de marzo ( ECLI:ES:APB:2024:2828) o 65/2024 de 15 de marzo de 2024 ( ECLI:ES:APB:2024:2921) en la que se indica:

"19. Por otro lado, la traslación de esa doctrina del TJUE a nuestro Derecho Interno no está exenta de dificultades, sobre todo en aquellos casos en que, por su antigüedad, el plazo ha transcurrido en su integridad sin que el consumidor haya tenido la posibilidad de conocer el carácter abusivo de la cláusula. Hemos de tener en cuenta, por otro lado, que en los distintos escenarios contemplados por el Tribunal Supremo en la cuestión prejudicial planteada por auto de 22 de julio de 2021 se parte de la premisa de que ese conocimiento ha de darse antes de iniciarse el plazo, entendemos que por ser exigencia del Derecho Español que el demandante conozca todas las circunstancias que le permitan ejercitar la acción antes de que pueda computarse el plazo (criterio de la actio nata)".

Aplicado lo anterior al caso aquí analizado, no consta ni se ha acreditado en este caso que la parte demandante/apelante haya conocido antes de la presente causa que las estipulaciones del contrato declaradas nulas tuvieren esta condición, con lo que el día inicial del plazo de prescripción de la acción de restitución no cabe sino que sea la de la firmeza de la sentencia que declara la nulidad de las cláusulas que obligaban a hacer los pagos. Dado que ello no se ha producido con carácter previo a esta causa (de hecho, en paralelo se interesa la declaración de nulidad y sus efectos), no cabe sino entender que tampoco esta acción esté prescrita.

Ello hace que el recurso de apelación se deba ver estimado y con ello la demanda en lo que son los efectos restitutorios que son los derivados del art. 1.303 CC (viene fijado por la ley y por ello debe operar con independencia de la forma concreta como se haya interesado su operatividad que es el de restituir todos los conceptos que excedan del capital prestado o concedido) más intereses desde la interposición de la demanda.

Todo ello con condena en costas a la demandada en base al principio del vencimiento y además teniendo en cuenta que la acción estimada se fundamenta en la aplicación del Derecho de la Unión Europea respecto del que en materia de costas opera el principio de efectividad pudiéndose citar a título de ejemplo la STS 1352/2023 de 3 de octubre de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:4068).

CUARTO.-En cuanto a las costas de apelación en principio conforme a lo previsto en el art. 398 LEC en la redacción del mismo vigente al interponerse la demanda implicaría la no condena en las costas a ninguno de los litigantes.

No obstante esta realidad la STS 1785/2025 de 4 de diciembre de 2025 (ECLI:ES:TS:2025:5479) ha fijado una doctrina conforme a la que el consumidor no tenga que asumir las costas de apelación cuando interpone el recurso o impugna la sentencia de cara a defender su derecho. En concreto esta sentencia indica:

"El resarcimiento de los gastos del recurso de apelación (o la impugnación de la sentencia de primera instancia) que para la satisfacción de su derecho debe afrontar el consumidor en la eliminación de la cláusula abusiva y en el restablecimiento de la situación patrimonial anterior a su indebida imposición, no puede estimarse que sea un coste improbable o anormal para el profesional predisponente, ni por tanto debe estimarse que no es imputable a la entidad y a la imposición indebida por su parte de cláusulas abusivas en los contratos no negociados celebrados con los consumidores, cumpliendo así la imposición de costas, también en los recursos ordinarios interpuestos que tienen como finalidad última la supresión de cláusulas abusivas, con el efecto disuasorio que persigue el Derecho de la Unión.

La aplicación del art. 398.2 LEC (en la redacción anterior al Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre) cuando el recurrente es el consumidor puede producir un efecto disuasorio inverso para los consumidores respecto del ejercicio de su derecho a un control judicial del carácter potencialmente abusivo de cláusulas contractuales en las instancias judiciales ordinarias a las que conforme a la Ley y su derecho de tutela judicial efectiva puede acceder para tal fin. En tanto que, en tales casos, el consumidor debería afrontar íntegramente los gastos derivados de su defensa y representación, necesarios para la formulación del recurso ordinario, sin restablecerse, en tal caso, la situación de hecho y de derecho que se habría dado si no hubiera existido la cláusula abusiva.

Es decir, si el consumidor no sólo ha tenido que iniciar el proceso para no quedar vinculado por la aplicación de cláusulas abusivas, sino que incluso ha tenido que proseguirlo hasta la segunda instancia judicial para que, en definitiva, pueda hacerse efectivo, vería mermado su derecho si, pese a reconocerse por los tribunales, tuviera que hacer frente a las costas devengadas durante la fase de recurso; sin que en tal situación el patrimonio del consumidor quede indemne por la necesidad del proceso judicial. Que es lo que, en definitiva, apunta la STC 121/2025 , cuando concluye que:

«[...] la STJUE de 16 de julio de 2020 , relativa precisamente a las normas procesales españolas sobre la condena en costas, brindaba los criterios de interpretación a tener en cuenta para conciliar las normas procesales sobre costas y el principio de efectividad del Derecho de la Unión».

4.3.- En suma, debemos modificar nuestra jurisprudencia a fin de establecer que cuando el consumidor se vea obligado a acudir a la segunda instancia para no verse vinculado por una cláusula abusiva y su recurso de apelación o la impugnación de la sentencia de primera instancia resulten total o parcialmente estimados, las costas de esa segunda instancia deberán imponerse al profesional predisponente."

Ante lo que se acaba de exponer no cabe sino condenar a la entidad apelada al pago de las costas de apelación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación