Sentencia Civil 615/2024 Audiencia Provincial Civil nº 4 de Bizkaia, Rec. 542/2024 de 05 de diciembre del 2024

PRIMERO.- De los términos del litigio

7.-En el concurso de D. Anton se acordó en auto de 6 de julio de 2023 la declaración de concurso voluntario y su conclusión por falta de masa, disponiéndose la comunicación a los acreedores que titularan al menos el cinco por ciento del pasivo a fin de que, en el plazo de quince días desde el siguiente a la publicación del edicto en el Boletín Oficial del Estado, pudieran solicitar el nombramiento de un administrador concursal para que presente informe razonado y documentado sobre los extremos previstos en el apartado 1 del artículo 37 ter del RDL 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (TRLC).

8.-En tal plazo ningún acreedor solicitó la designación de Administración Concursal, acordándose, a solicitud del deudor concursado, la tramitación del incidente para obtener la declaración de exoneración del pasivo insatisfecho.

9.-La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) se personó como parte en el procedimiento concursal.

10.-D. Anton solicitó en el plazo del art. 501 TRLC la exoneración del pasivo insatisfecho, aportando certificado de ausencia de antecedentes penales, declaración jurada del concursado manifestando que no ha sido sancionado por la comisión de infracciones tributarias muy graves y adjuntando justificantes de haber solicitado dichas certificaciones a la TGSS y Diputación Foral de Bizkaia, consulta negativa del Registro Público Concursal, en el que no consta calificación de culpabilidad en otros procedimientos concursales, certificado de rentas año 2022, expedido por la Hacienda Foral de Bizkaia y lista de acreedores.

11.-Se dio entonces traslado a los acreedores personados para alegar, en el plazo legal, lo que consideraran oportuno en relación con la concurrencia de los presupuestos y requisitos legales para la exoneración.

12.-En el término legal la TGSS se opuso a la concesión de la exoneración del pasivo insatisfecho por considerar que el solicitante no es deudor de buena fe, puesto que hay circunstancias que habrían justificado la calificación culpable del concurso y se incurre en temeridad o negligencia por haber alcanzado un pasivo muy elevado sin tomar ninguna medida para paliarlo.

13.-Tras mostrar el solicitante su oposición a la tesis de la TGSS, se dicta la sentencia recurrida que desestima la oposición y mantiene la concesión de la exoneración del pasivo insatisfecho al concursado al entender que en el solicitante sí concurre la cualidad de deudor de buena fe.

14.-Frente a tal resolución se alza la TGSS por los motivos que se han resumido en §2, oponiéndose D. Anton.

SEGUNDO.- De la falta de calificación culpable del concurso

15.-La parte apelante entiende que no concurre el presupuesto que dispone el art. 416 TRLC, que mantiene que «El deudor persona natural, sea o no empresario, podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho en los términos y condiciones establecidos en esta ley, siempre que sea deudor de buena fe».Basa su alegación en que la norma entiende que no es deudor de buena fe quien se encuentra incurso en alguno de los supuestos que contempla el art. 487 TRLC, apreciando que el concurso podría haber sido declarado culpable ( art. 487.1.3º TRLC) y que se obró de forma temeraria o negligente en la insolvencia ( art. 487.1.6º TRLC) .

16.-Efectivamente, el art. 487.1.3º TRLC dispone que no se podrá obtener la exoneración del pasivo insatisfecho cuando el concurso haya sido declarado culpable. Admite la apelante que no hubo tal calificación, pero entiende que, aunque ningún acreedor solicitara la designación de la Administración Concursal con la finalidad, entre otras, de proceder a la calificación del concurso, cabe analizar la composición del pasivo, los indicios concurrentes y concluir, en su caso, la eventual consideración de que el concurso podría haber sido declarado culpable.

17.-No puede aceptarse el argumento porque la norma supedita la falta de buena fe a un requisito procesal que en ningún caso concurre: que recaiga una sentencia de calificación culpable en el concurso en el que se pretende la exoneración. Ese presupuesto no se da, y las especulaciones que hace la recurrente sobre lo que pudiera haber sucedido no se acomodan a la previsión legal. Para que se entienda que el deudor no es de buena fe debe haber habido calificación culpable, y en este caso, sencillamente no la ha habido, porque nadie solicitó la designación de administración concursal, de modo que no pudo abrirse la sección de calificación.

18.-El magistrado que dicta la resolución no tiene que hacer ninguna ponderación como la pretendida por la TGSS, esto es, sobre el retraso en la solicitud de concurso o la concurrencia del presupuesto que contempla el art. 2.4.5º TRLC por impago de cuotas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), porque sólo corresponde verificarlo si se abre la sección de calificación, lo que no ha sucedido. Hay que descartar, por tanto, que el concursado no sea deudor de buena fe porque según el recurrente, podría haber incurrido en alguna causa de calificación culpable. No ha sucedido así, no ha habido incidente de calificación y no se ha dictado sentencia que califique el concurso como culpable, por lo que esta primera alegación se desestima.

TERCERO.- De la buena fe del deudor y la alegada negligencia o temeridad al tiempo de contraer el endeudamiento o incumplir sus obligaciones

19.-El segundo argumento de la parte recurrente es que tampoco puede ser el deudor de buena fe por haber incurrido en negligencia o temeridad al tiempo de contraer el endeudamiento o incumplir sus obligaciones, como recoge el art. 487.1.6º TRLC. Recuera el apelante los criterios que dispone tal precepto para ponderarlo, es decir, la información patrimonial suministrada por el deudor al acreedor antes de la concesión del préstamo, su nivel social y profesional, las circunstancias personales del sobreendeudamiento, y el eventual uso de herramientas de alerta temprana. Se reprocha, al respecto, que se hayan dejado de abonar de forma continuada cotizaciones al RETA durante dieciséis meses, desde agosto de 2020 hasta diciembre de 2021, y que hasta julio de 2023 no se solicita la declaración de concurso, sin que se haya mostrado voluntad de abonarlas. Resalta, igualmente, que el pasivo es desproporcionado para su nivel de ingresos, y que el criterio del juzgado en casos semejantes ha sido otro.

20.-Comenzando por el final, el criterio del juzgado es forzoso que varíe según las circunstancias del caso concreto. En cuanto a la falta de cotización, es habitual en situaciones de insolvencia y no supone una actitud negligente en el sentido que recoge la norma, puesto que puede presumirse que se intentó mantener la actividad aunque no se abonaran las cotizaciones señaladas, como medio para tratar de superar su situación y de obtener recursos para la subsistencia personal. Respecto al pasivo, las preguntas que se hace el recurrente respecto a qué tuvieron en cuenta las entidades financieras para facilitar crédito no han de responderse aquí, porque lo esencial es si el endeudamiento se produjo de forma negligente. Con los datos aportados, únicos disponibles, no consta si se facilitó crédito por entidades financieras pese a las deudas anteriores, en cuyo caso alguna corresponsabilidad tendrán en lo acontecido.

21.-Para disipar esas dudas, recordaremos que la Exposición de Motivos del TRLC explica que «La recuperación del concursado para la vida económica, tras el fracaso que el concurso supone, permite al deudor volver a emprender reincorporándose con éxito a la actividad productiva, probablemente sacando enseñanza de la crisis sufrida, en beneficio de la sociedad en general e incluso de los propios acreedores que tampoco obtendrían satisfacción a la legítima pretensión de cobro en ausencia de un expediente como el de la exoneración si el deudor, como la experiencia reiteradamente ha demostrado, se mantenía en situaciones de economía sumergida».Como ya hemos dicho en la reciente SAP Bizkaia, Secc. 4ª, rec. 487/2024, de 15 noviembre, rec. 487/2024, y 594/2024, de 27 noviembre, rec. 512/2024, la norma debe interpretarse de forma favorable a la exoneración, por lo que atendidas las circunstancias concurrentes, y no constatándose datos que permitan apreciar un sobreendeudamiento negligente o temerario, se desestimará el recurso de apelación.

CUARTO.- Costas de apelación

22.-A la vista del art. 398.1 LEC, al que remite el art. 542.1 TRLC, se aprecian serias dudas respecto a los hechos, referidas en §20 y §21, por lo que no se hace condena al pago de las costas del recurso de apelación.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.- De los términos del litigio

7.-En el concurso de D. Anton se acordó en auto de 6 de julio de 2023 la declaración de concurso voluntario y su conclusión por falta de masa, disponiéndose la comunicación a los acreedores que titularan al menos el cinco por ciento del pasivo a fin de que, en el plazo de quince días desde el siguiente a la publicación del edicto en el Boletín Oficial del Estado, pudieran solicitar el nombramiento de un administrador concursal para que presente informe razonado y documentado sobre los extremos previstos en el apartado 1 del artículo 37 ter del RDL 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (TRLC).

8.-En tal plazo ningún acreedor solicitó la designación de Administración Concursal, acordándose, a solicitud del deudor concursado, la tramitación del incidente para obtener la declaración de exoneración del pasivo insatisfecho.

9.-La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) se personó como parte en el procedimiento concursal.

10.-D. Anton solicitó en el plazo del art. 501 TRLC la exoneración del pasivo insatisfecho, aportando certificado de ausencia de antecedentes penales, declaración jurada del concursado manifestando que no ha sido sancionado por la comisión de infracciones tributarias muy graves y adjuntando justificantes de haber solicitado dichas certificaciones a la TGSS y Diputación Foral de Bizkaia, consulta negativa del Registro Público Concursal, en el que no consta calificación de culpabilidad en otros procedimientos concursales, certificado de rentas año 2022, expedido por la Hacienda Foral de Bizkaia y lista de acreedores.

11.-Se dio entonces traslado a los acreedores personados para alegar, en el plazo legal, lo que consideraran oportuno en relación con la concurrencia de los presupuestos y requisitos legales para la exoneración.

12.-En el término legal la TGSS se opuso a la concesión de la exoneración del pasivo insatisfecho por considerar que el solicitante no es deudor de buena fe, puesto que hay circunstancias que habrían justificado la calificación culpable del concurso y se incurre en temeridad o negligencia por haber alcanzado un pasivo muy elevado sin tomar ninguna medida para paliarlo.

13.-Tras mostrar el solicitante su oposición a la tesis de la TGSS, se dicta la sentencia recurrida que desestima la oposición y mantiene la concesión de la exoneración del pasivo insatisfecho al concursado al entender que en el solicitante sí concurre la cualidad de deudor de buena fe.

14.-Frente a tal resolución se alza la TGSS por los motivos que se han resumido en §2, oponiéndose D. Anton.

SEGUNDO.- De la falta de calificación culpable del concurso

15.-La parte apelante entiende que no concurre el presupuesto que dispone el art. 416 TRLC, que mantiene que «El deudor persona natural, sea o no empresario, podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho en los términos y condiciones establecidos en esta ley, siempre que sea deudor de buena fe».Basa su alegación en que la norma entiende que no es deudor de buena fe quien se encuentra incurso en alguno de los supuestos que contempla el art. 487 TRLC, apreciando que el concurso podría haber sido declarado culpable ( art. 487.1.3º TRLC) y que se obró de forma temeraria o negligente en la insolvencia ( art. 487.1.6º TRLC) .

16.-Efectivamente, el art. 487.1.3º TRLC dispone que no se podrá obtener la exoneración del pasivo insatisfecho cuando el concurso haya sido declarado culpable. Admite la apelante que no hubo tal calificación, pero entiende que, aunque ningún acreedor solicitara la designación de la Administración Concursal con la finalidad, entre otras, de proceder a la calificación del concurso, cabe analizar la composición del pasivo, los indicios concurrentes y concluir, en su caso, la eventual consideración de que el concurso podría haber sido declarado culpable.

17.-No puede aceptarse el argumento porque la norma supedita la falta de buena fe a un requisito procesal que en ningún caso concurre: que recaiga una sentencia de calificación culpable en el concurso en el que se pretende la exoneración. Ese presupuesto no se da, y las especulaciones que hace la recurrente sobre lo que pudiera haber sucedido no se acomodan a la previsión legal. Para que se entienda que el deudor no es de buena fe debe haber habido calificación culpable, y en este caso, sencillamente no la ha habido, porque nadie solicitó la designación de administración concursal, de modo que no pudo abrirse la sección de calificación.

18.-El magistrado que dicta la resolución no tiene que hacer ninguna ponderación como la pretendida por la TGSS, esto es, sobre el retraso en la solicitud de concurso o la concurrencia del presupuesto que contempla el art. 2.4.5º TRLC por impago de cuotas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), porque sólo corresponde verificarlo si se abre la sección de calificación, lo que no ha sucedido. Hay que descartar, por tanto, que el concursado no sea deudor de buena fe porque según el recurrente, podría haber incurrido en alguna causa de calificación culpable. No ha sucedido así, no ha habido incidente de calificación y no se ha dictado sentencia que califique el concurso como culpable, por lo que esta primera alegación se desestima.

TERCERO.- De la buena fe del deudor y la alegada negligencia o temeridad al tiempo de contraer el endeudamiento o incumplir sus obligaciones

19.-El segundo argumento de la parte recurrente es que tampoco puede ser el deudor de buena fe por haber incurrido en negligencia o temeridad al tiempo de contraer el endeudamiento o incumplir sus obligaciones, como recoge el art. 487.1.6º TRLC. Recuera el apelante los criterios que dispone tal precepto para ponderarlo, es decir, la información patrimonial suministrada por el deudor al acreedor antes de la concesión del préstamo, su nivel social y profesional, las circunstancias personales del sobreendeudamiento, y el eventual uso de herramientas de alerta temprana. Se reprocha, al respecto, que se hayan dejado de abonar de forma continuada cotizaciones al RETA durante dieciséis meses, desde agosto de 2020 hasta diciembre de 2021, y que hasta julio de 2023 no se solicita la declaración de concurso, sin que se haya mostrado voluntad de abonarlas. Resalta, igualmente, que el pasivo es desproporcionado para su nivel de ingresos, y que el criterio del juzgado en casos semejantes ha sido otro.

20.-Comenzando por el final, el criterio del juzgado es forzoso que varíe según las circunstancias del caso concreto. En cuanto a la falta de cotización, es habitual en situaciones de insolvencia y no supone una actitud negligente en el sentido que recoge la norma, puesto que puede presumirse que se intentó mantener la actividad aunque no se abonaran las cotizaciones señaladas, como medio para tratar de superar su situación y de obtener recursos para la subsistencia personal. Respecto al pasivo, las preguntas que se hace el recurrente respecto a qué tuvieron en cuenta las entidades financieras para facilitar crédito no han de responderse aquí, porque lo esencial es si el endeudamiento se produjo de forma negligente. Con los datos aportados, únicos disponibles, no consta si se facilitó crédito por entidades financieras pese a las deudas anteriores, en cuyo caso alguna corresponsabilidad tendrán en lo acontecido.

21.-Para disipar esas dudas, recordaremos que la Exposición de Motivos del TRLC explica que «La recuperación del concursado para la vida económica, tras el fracaso que el concurso supone, permite al deudor volver a emprender reincorporándose con éxito a la actividad productiva, probablemente sacando enseñanza de la crisis sufrida, en beneficio de la sociedad en general e incluso de los propios acreedores que tampoco obtendrían satisfacción a la legítima pretensión de cobro en ausencia de un expediente como el de la exoneración si el deudor, como la experiencia reiteradamente ha demostrado, se mantenía en situaciones de economía sumergida».Como ya hemos dicho en la reciente SAP Bizkaia, Secc. 4ª, rec. 487/2024, de 15 noviembre, rec. 487/2024, y 594/2024, de 27 noviembre, rec. 512/2024, la norma debe interpretarse de forma favorable a la exoneración, por lo que atendidas las circunstancias concurrentes, y no constatándose datos que permitan apreciar un sobreendeudamiento negligente o temerario, se desestimará el recurso de apelación.

CUARTO.- Costas de apelación

22.-A la vista del art. 398.1 LEC, al que remite el art. 542.1 TRLC, se aprecian serias dudas respecto a los hechos, referidas en §20 y §21, por lo que no se hace condena al pago de las costas del recurso de apelación.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.- De los términos del litigio

7.-En el concurso de D. Anton se acordó en auto de 6 de julio de 2023 la declaración de concurso voluntario y su conclusión por falta de masa, disponiéndose la comunicación a los acreedores que titularan al menos el cinco por ciento del pasivo a fin de que, en el plazo de quince días desde el siguiente a la publicación del edicto en el Boletín Oficial del Estado, pudieran solicitar el nombramiento de un administrador concursal para que presente informe razonado y documentado sobre los extremos previstos en el apartado 1 del artículo 37 ter del RDL 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (TRLC).

8.-En tal plazo ningún acreedor solicitó la designación de Administración Concursal, acordándose, a solicitud del deudor concursado, la tramitación del incidente para obtener la declaración de exoneración del pasivo insatisfecho.

9.-La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) se personó como parte en el procedimiento concursal.

10.-D. Anton solicitó en el plazo del art. 501 TRLC la exoneración del pasivo insatisfecho, aportando certificado de ausencia de antecedentes penales, declaración jurada del concursado manifestando que no ha sido sancionado por la comisión de infracciones tributarias muy graves y adjuntando justificantes de haber solicitado dichas certificaciones a la TGSS y Diputación Foral de Bizkaia, consulta negativa del Registro Público Concursal, en el que no consta calificación de culpabilidad en otros procedimientos concursales, certificado de rentas año 2022, expedido por la Hacienda Foral de Bizkaia y lista de acreedores.

11.-Se dio entonces traslado a los acreedores personados para alegar, en el plazo legal, lo que consideraran oportuno en relación con la concurrencia de los presupuestos y requisitos legales para la exoneración.

12.-En el término legal la TGSS se opuso a la concesión de la exoneración del pasivo insatisfecho por considerar que el solicitante no es deudor de buena fe, puesto que hay circunstancias que habrían justificado la calificación culpable del concurso y se incurre en temeridad o negligencia por haber alcanzado un pasivo muy elevado sin tomar ninguna medida para paliarlo.

13.-Tras mostrar el solicitante su oposición a la tesis de la TGSS, se dicta la sentencia recurrida que desestima la oposición y mantiene la concesión de la exoneración del pasivo insatisfecho al concursado al entender que en el solicitante sí concurre la cualidad de deudor de buena fe.

14.-Frente a tal resolución se alza la TGSS por los motivos que se han resumido en §2, oponiéndose D. Anton.

SEGUNDO.- De la falta de calificación culpable del concurso

15.-La parte apelante entiende que no concurre el presupuesto que dispone el art. 416 TRLC, que mantiene que «El deudor persona natural, sea o no empresario, podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho en los términos y condiciones establecidos en esta ley, siempre que sea deudor de buena fe».Basa su alegación en que la norma entiende que no es deudor de buena fe quien se encuentra incurso en alguno de los supuestos que contempla el art. 487 TRLC, apreciando que el concurso podría haber sido declarado culpable ( art. 487.1.3º TRLC) y que se obró de forma temeraria o negligente en la insolvencia ( art. 487.1.6º TRLC) .

16.-Efectivamente, el art. 487.1.3º TRLC dispone que no se podrá obtener la exoneración del pasivo insatisfecho cuando el concurso haya sido declarado culpable. Admite la apelante que no hubo tal calificación, pero entiende que, aunque ningún acreedor solicitara la designación de la Administración Concursal con la finalidad, entre otras, de proceder a la calificación del concurso, cabe analizar la composición del pasivo, los indicios concurrentes y concluir, en su caso, la eventual consideración de que el concurso podría haber sido declarado culpable.

17.-No puede aceptarse el argumento porque la norma supedita la falta de buena fe a un requisito procesal que en ningún caso concurre: que recaiga una sentencia de calificación culpable en el concurso en el que se pretende la exoneración. Ese presupuesto no se da, y las especulaciones que hace la recurrente sobre lo que pudiera haber sucedido no se acomodan a la previsión legal. Para que se entienda que el deudor no es de buena fe debe haber habido calificación culpable, y en este caso, sencillamente no la ha habido, porque nadie solicitó la designación de administración concursal, de modo que no pudo abrirse la sección de calificación.

18.-El magistrado que dicta la resolución no tiene que hacer ninguna ponderación como la pretendida por la TGSS, esto es, sobre el retraso en la solicitud de concurso o la concurrencia del presupuesto que contempla el art. 2.4.5º TRLC por impago de cuotas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), porque sólo corresponde verificarlo si se abre la sección de calificación, lo que no ha sucedido. Hay que descartar, por tanto, que el concursado no sea deudor de buena fe porque según el recurrente, podría haber incurrido en alguna causa de calificación culpable. No ha sucedido así, no ha habido incidente de calificación y no se ha dictado sentencia que califique el concurso como culpable, por lo que esta primera alegación se desestima.

TERCERO.- De la buena fe del deudor y la alegada negligencia o temeridad al tiempo de contraer el endeudamiento o incumplir sus obligaciones

19.-El segundo argumento de la parte recurrente es que tampoco puede ser el deudor de buena fe por haber incurrido en negligencia o temeridad al tiempo de contraer el endeudamiento o incumplir sus obligaciones, como recoge el art. 487.1.6º TRLC. Recuera el apelante los criterios que dispone tal precepto para ponderarlo, es decir, la información patrimonial suministrada por el deudor al acreedor antes de la concesión del préstamo, su nivel social y profesional, las circunstancias personales del sobreendeudamiento, y el eventual uso de herramientas de alerta temprana. Se reprocha, al respecto, que se hayan dejado de abonar de forma continuada cotizaciones al RETA durante dieciséis meses, desde agosto de 2020 hasta diciembre de 2021, y que hasta julio de 2023 no se solicita la declaración de concurso, sin que se haya mostrado voluntad de abonarlas. Resalta, igualmente, que el pasivo es desproporcionado para su nivel de ingresos, y que el criterio del juzgado en casos semejantes ha sido otro.

20.-Comenzando por el final, el criterio del juzgado es forzoso que varíe según las circunstancias del caso concreto. En cuanto a la falta de cotización, es habitual en situaciones de insolvencia y no supone una actitud negligente en el sentido que recoge la norma, puesto que puede presumirse que se intentó mantener la actividad aunque no se abonaran las cotizaciones señaladas, como medio para tratar de superar su situación y de obtener recursos para la subsistencia personal. Respecto al pasivo, las preguntas que se hace el recurrente respecto a qué tuvieron en cuenta las entidades financieras para facilitar crédito no han de responderse aquí, porque lo esencial es si el endeudamiento se produjo de forma negligente. Con los datos aportados, únicos disponibles, no consta si se facilitó crédito por entidades financieras pese a las deudas anteriores, en cuyo caso alguna corresponsabilidad tendrán en lo acontecido.

21.-Para disipar esas dudas, recordaremos que la Exposición de Motivos del TRLC explica que «La recuperación del concursado para la vida económica, tras el fracaso que el concurso supone, permite al deudor volver a emprender reincorporándose con éxito a la actividad productiva, probablemente sacando enseñanza de la crisis sufrida, en beneficio de la sociedad en general e incluso de los propios acreedores que tampoco obtendrían satisfacción a la legítima pretensión de cobro en ausencia de un expediente como el de la exoneración si el deudor, como la experiencia reiteradamente ha demostrado, se mantenía en situaciones de economía sumergida».Como ya hemos dicho en la reciente SAP Bizkaia, Secc. 4ª, rec. 487/2024, de 15 noviembre, rec. 487/2024, y 594/2024, de 27 noviembre, rec. 512/2024, la norma debe interpretarse de forma favorable a la exoneración, por lo que atendidas las circunstancias concurrentes, y no constatándose datos que permitan apreciar un sobreendeudamiento negligente o temerario, se desestimará el recurso de apelación.

CUARTO.- Costas de apelación

22.-A la vista del art. 398.1 LEC, al que remite el art. 542.1 TRLC, se aprecian serias dudas respecto a los hechos, referidas en §20 y §21, por lo que no se hace condena al pago de las costas del recurso de apelación.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación