Sentencia Civil 168/2026 Audiencia Provincial Civil nº 4 de A Coruña, Rec. 454/2024 de 15 de abril del 2026

PRIMERO.- Planteamiento del litigio. Resolución en primera instancia y recurso de apelación

La demanda promovida por Doña Benita, Dña. Adela y Doña Carla contra Stellantis España S.L. (antes Peugeot España S.A.) tenía por objeto la reclamación de la indemnización correspondiente al daño por sobreprecio sufrido por las demandantescon ocasión de la adquisición de tres turismos de la marca Peugeot.

En la demanda se promovía una acción consecutiva a la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) de 23 de julio de 2015 que sancionó a PEUGEOT, junto con otras empresas distribuidoras y comercializadoras de automóviles, por infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y del art 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), por participar en acuerdos colusorios por objeto sobre el mercado de distribución y comercialización de vehículos automóviles en España a través de sus redes oficiales de concesionarios. La conducta sancionada consiste en: i) intercambios de información comercialmente sensible sobre la estrategia de distribución comercial, los resultados de las marcas, la remuneración y márgenes comerciales a sus redes de concesionarios con efecto en la fijación de los precios de venta de los automóviles, así como en la homogeneización de las condiciones y planes comerciales futuros de venta y posventa de los automóviles en España desde, al menos, 2004, hasta julio de 2013; ii) intercambios de información comercialmente sensible, sobre sus servicios y actividades de posventa, así como respecto a sus actividades de marketing en España desde marzo de 2010 hasta, al menos, agosto de 2013; iii) intercambios de información comercialmente sensible relativa a las condiciones de las políticas y estrategias comerciales actuales y futuras con respecto al marketing de posventa, campañas de marketing al cliente final, programas de fidelización de clientes, las políticas adoptadas en relación con el canal de Venta Externa y las Mejores Prácticas a adoptar por cada una de las citadas marcas, entre abril de 2010 y marzo de 2011. Cada una de estas tres conductas abarca periodos diferentes e implica a empresas determinadas, si bien Peugeot figura como participante en las tres.

Con apoyo en los informes periciales aportados con la demanda (informes de "UTD Concursal"), las demandantes pretendieron la condena de la demandada al pago de unas compensaciones de 1890 euros, 2.833,55 euros y 2.070,60 euros, respectivamente, en concepto de principal; en los tres casos, además del principal se reclaman los intereses legales devengados desde la fecha de la compra del turismo.

Seguido el juicio en primera instancia con la oposición de la entidad demandada, la sentencia de fecha 8 de mayo de 2024, dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de A Coruña, tras delimitar el objeto del proceso y la normativa aplicable que, a partir del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de la premisa de una conducta ya definida en la resolución de la CNMC, es el derecho nacional en materia de daños ( art. 1902 del Código civil), estima la excepción de prescripción de la acción considerando que el plazo de un año para su ejercicio ( art. 1968. 2 CC) debe contarse desde la fecha de la publicación de la resolución en 2015 (nota de prensa de la CNMC de 28 de julio de 2015), con independencia de que alcanzase firmeza con posterioridad. La sentencia basa su decisión en la doctrina que extrae de la STJUE de 22 de junio de 2022, C-267/20, considerando que el plazo prescriptivo había comenzado a correr -y se había agotado- antes de la expiración del plazo de transposición de la Directiva 2014/104 (27 de diciembre de 2016).

Solo Dña. Adela interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. El recurso combate las consideraciones de la sentencia apelada acerca del inicio del plazo prescriptivo, defendiendo que el mismo debe situarse en la fecha de firmeza de la resolución sancionadora respecto de Peugeot.

La demandada se opone al recurso formulado de contrario, solicitando la confirmación de la resolución recurrida. Alega, además, que el recurso no debe ser admitido a trámite por encontrarnos ante un juicio verbal cuya cuantía es inferior a 3000 euros.

SEGUNDO.- La determinación de la cuantía a los efectos de la admisibilidad del recurso de apelación

Como ha tenido ocasión de señalar el Tribunal Supremo, el cauce procesal apropiado para la tramitación de las demandas en las que se ejercitan acciones por indemnización de daños derivados de infracción del derecho de la competencia es el que corresponda "en función de la cuantía que se reclame"; ello conforme a lo dispuesto en el art. 249.1.4º LEC ( AATS 180/2022 y 182/2022, de 13 de octubre). De ahí que, en el presente caso, en atención a la cuantía reclamada, inferior a 6.000 euros, se haya seguido el cauce del juicio verbal.

La primera cuestión que se nos plantea es si la sentencia de instancia es susceptible de apelación, dado que el artículo 455.1 LEC excluye de este recurso las sentencias dictadas en juicios verbales cuando la cuantía no supera los 3.000 euros.

La cuantía del procedimiento se determina según el interés económico de la demanda, debe ser expresada con claridad en la misma y puede ser impugnada por el demandado. La jurisprudencia establece que la cuantía litigiosa debe incluir no solo el principal reclamado, sino también los intereses devengados, siempre que estos hayan sido reclamados y cuantificados adecuadamente. Como dice el ATS de 19 de enero de 2022, remitiéndose a lo dispuesto en el Auto de 25 de septiembre de 2019, "es doctrina de esta sala que únicamente son computables como cuantía litigiosa los intereses vencidos al tiempo de interponerse la demanda, no bastando, además, con la petición genérica de intereses legales, añadida sin más a la suma reclamada como principal, sino que también es precisa su cuantificación en la propia demanda (...). La jurisprudencia de esta sala viene siendo especialmente rigurosa al interpretar y aplicar dicha regla respecto del acceso a la casación en función de la cuantía litigiosa, excluyendo del cómputo los intereses que en la demanda no se especifiquen claramente como vencidos".

En el caso analizado, la parte demandante solicita una condena por un sobreprecio de 2.833,55 euros, más intereses legales, especificando que estos intereses se cuantifican, a fecha del informe pericial, en la suma de 2,261,94 euros. Es decir, fija el interés económico de la demanda en la cantidad de 5.095,50 euros. Estas cifras no se cuestionan en ningún momento por la parte demandada.

Por tanto, y dado que la cuantía total supera los 3.000 euros y se ha concretado tanto el principal como los intereses, se concluye que procede admitir a trámite el recurso de apelación interpuesto por la demandante.

TERCERO.- Prescripción de la acción

E n cuanto a la determinación del día inicial del cómputo,la STJUE de 22 de junio de 2022 precisó que los plazos de prescripción aplicables a las acciones por daños por infracciones del Derecho de la competencia, tanto de los Estados miembros como de la Unión Europea, no pueden empezar a correr antes de que hubiese cesado la infracción y de que la persona perjudicada tuviera conocimiento o hubiera podido razonablemente tener conocimiento de la información indispensable para su ejercicio. Ello unido a que nuestro Tribunal Supremo viene señalando la necesidad de que el perjudicado disponga de "los elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para litigar"nos lleva a descartar que el dies a quopudiera coincidir con la publicación de la resolución sancionadora, puesto que casi todos las entidades castigadas recurrieron la resolución sancionatoria de la autoridad nacional de la competencia, cuestionando incluso que se hubiera cometido la conducta que se consideró infractora y su respectiva participación en ella. La existencia de una infracción del Derecho de la competencia, la existencia de un perjuicio, la relación de causalidad entre ese perjuicio y la infracción y la identidad del autor de esta forman parte de los elementos indispensables de los que la persona perjudicada debe disponer para ejercitar una acción por daños. Así lo ha considerado el Tribunal Supremo en el cártel del azúcar (sentencia 408/2012, de 8 de junio), considerando que el plazo de prescripción no comienza a correr antes de que gane firmeza la resolución administrativa sancionadora; doctrina que ha reiterado en resoluciones posteriores (por ejemplo, la STS 708/2016, de 25 de noviembre).

P ues bien, decíamos que la mayor parte de los fabricantes (salvo Seat S.A., Porsche Ibérica S.A. y Volkswagen Audi España, S.A.) recurrieron la resolución. Con las sentencias de la Audiencia Nacional de 19 de diciembre de 2019 se alcanza la firmeza para Chevrolet España S.A.U., Kia Motor Iberia, S.L y Snap-On-Business Solutions S.L. En los demás casos la resolución sólo ha devenido firme tras las sentencias del Tribunal Supremo que resuelven los recursos de casación interpuestos por los sancionados contra las Sentencias de la Audiencia Nacional ( sentencia de la Sala Tercera, Secc. 3, del TS núm. 531/2021, de 20 de abril).

E ste criterio nos lleva a establecer como dies a quoen el presente caso el 20 de abril de 2021.

Y fijado el dies a quode esta manera, el plazo prescriptivo aplicable,como resulta de la sentenciadel TJUE de 22 de junio de 2022 , es el de cinco años. Por tanto, la acción no se encontraba prescrita en el momento de la interposición de la demanda (27 de julio de 2022), pues no habían transcurrido cinco años desde el 20 de abril de 2021 y, menos aún, desde la fecha de interrupción de la prescripción (con la reclamación extrajudicial efectuada en fecha 12 de abril de 2022).

S in dejar de reconocer que la cuestión de la prescripción de esta clase de acciones en el caso del llamado "cártel de los coches" ha dado lugar a interpretaciones discrepantes, la tesis que mantenemos al respecto es la que también siguen la AP de Murcia, Sección 4ª (a título de ejemplo, ST 1081/2024, de 7 de noviembre), la de Asturias, Sec. 1ª (ST 115/2024, de 12 de febrero); o la de Pontevedra, Secc. 1ª (ST 70/2024, de 8 de febrero).

E n nuestro criterio, la STJUE de 18 de abril de 2024(C-605/21 ) no altera las conclusiones anteriores, puesto que distingue nítidamente entre la eficacia de las resoluciones sancionadoras de la Comisión Europea conforme al apartado 1 del art. 16 del Reglamento 1/2003, y las de las autoridades nacionales (párrafo 74 de la sentencia); y así, a diferencia de las primeras, el art. 9 de la Directiva 2014/104 solo atribuye valor probatorio a estas últimas cuando son firmes, con lo que es lógico deducir que solo cuando lo son constituyen el marco de referencia seguro para el inicio del plazo de prescripción de las correspondientes acciones de daños.

E stimaremos, por consiguiente, el recurso de apelación. Al hacerlo, debemos resolver sobre el fondo de la cuestión planteada en la demanda, esto es, sobre la realidad del daño derivado de la conducta colusoria, su prueba y la indemnización pretendida.

CUARTO.- El daño y su cuantificación

Como ya hemos señalado, el recurso sitúa en este caso al Tribunal ante el problema de la cuantificación de un daño por sobreprecio que la misma sentencia apelada reconoce que se ha producido como efecto derivado de la concertación prolongada e ilícita de las empresas distribuidoras y comercializadoras de vehículos automóviles sancionadas durante los periodos acotados en la resolución de la CNMC.

Sobre la existencia del daño,debemos partir de que la propia Resolución 23 de julio de 2015 de la CNMCdeclara (apartado de hechos probados) la existencia de una infracción (cártel) en el mercado de producto de distribución de vehículos de motor de determinadas marcas de automóviles distribuidas en España (donde suponen un 91% por la cuota de mercado) a sus redes oficiales de concesionarios, incluyendo tanto la venta como los servicios postventa. La distribución en ese mercado geográfico (español) tanto mayorista (al concesionario) como minorista (a cliente final) se realiza mediante un esquema de distribución selectiva en la que el precio final está condicionado por la política de remuneración de la marca a los concesionarios, con una parte fija percibida como menor precio o descuento del precio pagado a la marca, y otro variable dependiente de la consecución de objetivos de venta y fidelización de clientes, y esa distribución se plantea de modo único, vendiendo al cliente una solución integral y duradera en el tiempo comprensiva tanto de venta como de servicios postventa, actividades ambas integradas en una estrategia total o común. La resolución considera acreditados (pág. 25) intercambios de información comercialmente sensible en tres áreas; es decir, las conductas sancionadas son:

i) intercambios de información comercialmente sensible sobre la estrategia de distribución comercial, los resultados de las marcas, la remuneración y márgenes comerciales a sus redes de concesionarios con efecto en la fijación de los precios de venta de los automóviles, así como en la homogeneización de las condiciones y planes comerciales futuros de venta y posventa de los automóviles en España desde, al menos, 2004, hasta julio de 2013;

ii) intercambios de información comercialmente sensible, sobre sus servicios y actividades de posventa, así como respecto a sus actividades de marketing en España desde marzo de 2010 hasta, al menos, agosto de 2013;

iii) intercambios de información comercialmente sensible relativa a las condiciones de las políticas y estrategias comerciales actuales y futuras con respecto al marketing de posventa, campañas de marketing al cliente final, programas de fidelización de clientes, las políticas adoptadas en relación con el canal de Venta Externa y las Mejores Prácticas a adoptar por cada una de las citadas marcas, entre abril de 2010 y marzo de 2011. Cada una de estas tres conductas abarca periodos diferentes e implica a empresas determinadas.

PEUGEOT tuvo participación en las tres conductas sancionadas:el Club de marcas (desde febrero de 2006 hasta julio de 2013), en el Foro Postventa (desde marzo de 2010 hasta diciembre de 2010) y en las Jornadas de constructores (en abril de 2010).

La Resolución (pág. 72) considera acreditado que los intercambios de información objeto del presente expediente, por su propia naturaleza y a la vista de las circunstancias en las que se produjeron, reducen o incluso eliminan la incertidumbre sobre variables estratégicas y generan e incrementan la probabilidad de que las empresas partícipes alineen sus estrategias comerciales, en lugar de competir en el mercado. Se concluye (pág 73) la concurrencia de efectos contrarios a la competencia de la conducta, que aun produciéndose en el mercado de distribución mayorista de vehículos por las marcas, se concretaron asimismo en el mercado de distribución minorista vinculado, operado por los concesionarios. También los intercambios de información de los indicadores de posventa tienen un efecto directo en el grado de competencia de las marcas en el mercado de distribución mayorista (y de ahí al minorista). La conducta tenía como objeto y tuvo el efecto de beneficiar a las marcas en detrimento de los clientes y consumidores y de otros competidores no cartelizados. A propósito de los elementos de graduación conducentes a concretar la escala de la sanción (páginas 92 y 93) destaca la Resolución que "[l]a disminución de la competencia generada por tales intercambios de información durante los períodos en los que se produjeron se han traslado al consumidor final en forma de menores descuentos, políticas comerciales menos agresivas por parte de las marcas y un menor esfuerzo por distinguirse de las otras empresas con unos servicios de más calidad",haciendo referencia a la incidencia de la conducta colusoria sobre los consumidores y usuarios perjudicados por las conductas realizadas.

La Resolución fue impugnada ante la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso. Recurrida en casación, el TS declaró (en diversas sentencias antes los distintos recursos presentados), no haber lugar a la casación. En el caso de PEUGEOT, por STS Sala 3ª de 20/04/2021 ,que dice: "gran parte de la información compartida entre las empresas del automóvil se refiere a la remuneración y márgenes comerciales de las redes de concesionarios, que incorpora datos relativos a elementos y variables de los precios con influencia en el precio final de venta. No debe olvidarse que la información no pública referida a los márgenes comerciales con los que se opera sirve para conformar el precio final. Así, el incentivo ligado a la retribución variable (cumplimiento de objetivos, rappel de regularidad, etc.), integra el precio y se presenta como el elemento competitivo principal entre los concesionarios de automóviles. De modo que el intercambio de información sobre dichos márgenes permite a las empresas conocer el precio final que se puede fijar y los márgenes de maniobra existentes, disminuyéndola competencia en el mercado. (...) En conclusión, el intercambio de información entre competidores implicó un aumento artificial de la transparencia en el mercado, al desvelar factores relevantes relativos a los precios y condiciones comerciales que resulta incompatible con la exigencia de autonomía que caracteriza el comportamiento de las empresas en el mercado en un sistema de competencia real".

Todo lo cual, unido a las características del cártel, permite como mínimo presumir por la vía del art 386 LEC la existencia del daño al demandante. En cuanto a su cuantificación,y ante la imposibilidad de aportar una reproducción perfecta de lo realmente acaecido, el Tribunal Supremo (en sus sentencias de 12, 13 y 14 de junio de 2023, dictadas en el cártel de camiones) admite que la facultad del juez de fijar la indemnización del daño producido por la conducta infractora del Derecho de la competencia mediante una estimación.Pero, como también ha reiterado en numerosas sentencias (por todas, STS 924/2023, de 12 de junio), para acudir a esta facultad de estimación hay que valorar, siguiendo los criterios fijados en la sentencia del TJUE de 16 de febrero de 2023, si la imposibilidad práctica de valorar el daño se debió a la inactividad del perjudicado. Y para realizar esta valoración no bastan las consideraciones generales o abstractas, sino que hay que atender a las circunstancias concretas del litigio.

Pues bien, valorando el informepericial aportado con la demanda, de la firma "UTD concursal",es cierto que no podemos considerar probado el sobreprecio soportado por el actor. Se trata de un informe basado en datos estadísticos que no selecciona ni analiza datos de precios finales de vehículos comercializados por las cartelistas antes, durante y después del cártel, ni lleva a cabo estudios comparativos con otros mercados próximos no cartelizados de los que, acaso, sería posible extraer conclusiones válidas sobre el efecto que la colusión tuvo en los precios que pagaron los compradores de turismos en España entre 2004 y 2013 (entre febrero de 2006 y julio de 2013 en el caso de PEUGEOT).

En los casos analizados por el TS en sus sentencias sobre la primera oleada de demandas relativas al cártel de los camiones el esfuerzo probatorio desplegado por los demandantes se había concretado en un informe pericial considerado inidóneo porque estaba "basado en estudios académicos y estadísticos, que empleaba como soporte en gran medida el denominado estudio Oxera de 2009, encargado por la Comisión Europea", "realizados con una finalidad ajena a la concreta cuantificación de un daño, sin que sus conclusiones puedan extrapolarse sin más a cualquier caso (al margen de las características del cártel y de los productos afectados) por remisión a una media ponderada". En esencia, son las mismas insuficiencias que presenta el informe UTD Concursal que el actor aportó con su demanda. Pese a ello, no consideró el Tribunal Supremo que la aportación de ese informe pericial fuese equivalente a la inactividad del perjudicado a que se refiere la doctrina del TJUE sino, por el contrario, expresión de un propósito suficiente y razonable de demostrar el perjuicio, desde la perspectiva favorecedora que impone la preservación del principio de efectividad.

A la hora de estimar judicialmente el daño, y por más que sea usual el recurso al 5% que siguió nuestro TS en el caso del cártel de los camiones (y también, por cierto, el CAT británico en el caso Royal Mail/British Telecom y, en nuestro país, en el ámbito del cártel de los coches, la Sección 32 de la AP de Madrid, la Secc. 1º de la AP de Álava, o esta misma sección de la AP de A Coruña en al menos dos sentencias anteriores), el mismo TS advierte que nada impide que el demandado pueda acreditar que el daño fue inferior. Y si atendemos al informe pericial presentado por la demandada (informe KPMG)resulta particularmente relevante el dato sobre rentabilidad media de las redes de concesionarios, que a finales de 2012 se situaba en el 3,9% para el área de ventas (beneficio medio sobre facturación del 4% en vehículos nuevos, pag. 22 del informe). Así, no es razonable fijar estimativamente un sobreprecio que resulta ser superior incluso al beneficio medio que, sobre lo que pagan a los productores, obtienen con la venta de vehículos nuevos los distribuidores o concesionarios. Es evidente que el negocio de los distribuidores de automóviles no se asienta únicamente, ni siquiera principalmente, en el beneficio obtenido con la venta de vehículos nuevos; pero la conducta ilícita que determinó principalmente la Resolución de la CNMC consistió precisamente en el intercambio de información comercialmente sensible sobre la estrategia de distribución comercial, los resultados de las marcas, la remuneración y márgenes comerciales a sus redes de concesionarios con efecto en la fijación de los precios de venta de los automóviles; de manera que el sobreprecio soportado por los compradores no debería exceder de esos márgenes artificialmente mantenidos o incrementados por los cartelistas. Es por ello que, enmendando la solución que este tribunal siguió en resoluciones anteriores, en este caso el sobreprecio y la compensación correspondiente se fija en el 2% del precio de compra.

La base para el cálculo porcentual no debe incluir el coste de la financiación recabada por el comprador para cubrir una parte del precio, porque no es daño causalmente imputable a la conducta infractora. Pero -y en este extremo diferimos de la solución seguida por la sección 32 de la AP de Madrid en las sentencias 33/2023, de 21 de julio, y SAP 67/2023, de 7 de noviembre- tampoco debe excluir el IVA cuando se trata de un comprador final consumidor, puesto que ineludiblemente soporta el impuesto y no le es posible compensarlo. Así las cosas, sobre un precio total de compra de 18.890,36 euros, la indemnización por sobreprecio que es efecto del cártel ascenderá en este caso a 377,81 euros de principal.

QUINTO.- Intereses

Reparar el daño es, en este contexto, devolver a la parte perjudicada a la situación en que habría estado si no se hubiese producido la infracción con lo que, como recuerda la Guía Práctica, la situación actual de la parte perjudicada debe compararse con la situación en que habría estado de no ser por la infracción. Desde esta perspectiva, una deuda de valor solo se satisface plenamente en cuanto el efecto de la depreciación monetaria por el transcurso del tiempo se compense con el abono de intereses referidos a la fecha en que se pagó el sobreprecio. La STJUE de 13 de julio de 2006 (C-295/04 a C-298/04, Manfredi)vincula el pago de intereses al principio de efectividad y al derecho de los perjudicados a la íntegra reparación del daño.

Dice así, por ejemplo, la STS 925/2023, de 12 de junio ,que no se trata, por tanto, de una indemnización por mora, basada en los arts. 1101 y 1108 CC , sino de una medida destinada a que el resarcimiento del daño sufrido por la víctima de la conducta infractora del Derecho de la competencia sea pleno, contrarrestando el efecto del transcurso del tiempo entre el momento de la producción del daño y el momento en que se acuerda la reparación de dicho daño. Es una exigencia derivada del art. 101 TFUE , en la interpretación que le ha dado la jurisprudencia del TJUE.

En consecuencia, la indemnización se habrá de incrementar con los intereses legales desde la fecha de la compra y hasta la de esta sentencia, a partir de la cual será de aplicación lo dispuesto en el artículo 576 de la LEC.

SEXTO.- Costas y depósito

Respecto de las costas de la instancia, la estimación de la demanda es parcial, por lo que no procede imponer las costas procesales a ninguna de las partes.

En cuanto a las costas ocasionadas en esta alzada,al ser estimado parcialmente el recurso de la demandante, no procede imponerle las costas de su recurso (de conformidad con lo establecido en el artículo 398 LEC) .

Se dispondrá la devolución a la parte actora del depósito constituido para recurrir ( disposición adicional decimoquinta de la LOPJ, apartado 8).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.- Planteamiento del litigio. Resolución en primera instancia y recurso de apelación

La demanda promovida por Doña Benita, Dña. Adela y Doña Carla contra Stellantis España S.L. (antes Peugeot España S.A.) tenía por objeto la reclamación de la indemnización correspondiente al daño por sobreprecio sufrido por las demandantescon ocasión de la adquisición de tres turismos de la marca Peugeot.

En la demanda se promovía una acción consecutiva a la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) de 23 de julio de 2015 que sancionó a PEUGEOT, junto con otras empresas distribuidoras y comercializadoras de automóviles, por infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y del art 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), por participar en acuerdos colusorios por objeto sobre el mercado de distribución y comercialización de vehículos automóviles en España a través de sus redes oficiales de concesionarios. La conducta sancionada consiste en: i) intercambios de información comercialmente sensible sobre la estrategia de distribución comercial, los resultados de las marcas, la remuneración y márgenes comerciales a sus redes de concesionarios con efecto en la fijación de los precios de venta de los automóviles, así como en la homogeneización de las condiciones y planes comerciales futuros de venta y posventa de los automóviles en España desde, al menos, 2004, hasta julio de 2013; ii) intercambios de información comercialmente sensible, sobre sus servicios y actividades de posventa, así como respecto a sus actividades de marketing en España desde marzo de 2010 hasta, al menos, agosto de 2013; iii) intercambios de información comercialmente sensible relativa a las condiciones de las políticas y estrategias comerciales actuales y futuras con respecto al marketing de posventa, campañas de marketing al cliente final, programas de fidelización de clientes, las políticas adoptadas en relación con el canal de Venta Externa y las Mejores Prácticas a adoptar por cada una de las citadas marcas, entre abril de 2010 y marzo de 2011. Cada una de estas tres conductas abarca periodos diferentes e implica a empresas determinadas, si bien Peugeot figura como participante en las tres.

Con apoyo en los informes periciales aportados con la demanda (informes de "UTD Concursal"), las demandantes pretendieron la condena de la demandada al pago de unas compensaciones de 1890 euros, 2.833,55 euros y 2.070,60 euros, respectivamente, en concepto de principal; en los tres casos, además del principal se reclaman los intereses legales devengados desde la fecha de la compra del turismo.

Seguido el juicio en primera instancia con la oposición de la entidad demandada, la sentencia de fecha 8 de mayo de 2024, dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de A Coruña, tras delimitar el objeto del proceso y la normativa aplicable que, a partir del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de la premisa de una conducta ya definida en la resolución de la CNMC, es el derecho nacional en materia de daños ( art. 1902 del Código civil), estima la excepción de prescripción de la acción considerando que el plazo de un año para su ejercicio ( art. 1968. 2 CC) debe contarse desde la fecha de la publicación de la resolución en 2015 (nota de prensa de la CNMC de 28 de julio de 2015), con independencia de que alcanzase firmeza con posterioridad. La sentencia basa su decisión en la doctrina que extrae de la STJUE de 22 de junio de 2022, C-267/20, considerando que el plazo prescriptivo había comenzado a correr -y se había agotado- antes de la expiración del plazo de transposición de la Directiva 2014/104 (27 de diciembre de 2016).

Solo Dña. Adela interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. El recurso combate las consideraciones de la sentencia apelada acerca del inicio del plazo prescriptivo, defendiendo que el mismo debe situarse en la fecha de firmeza de la resolución sancionadora respecto de Peugeot.

La demandada se opone al recurso formulado de contrario, solicitando la confirmación de la resolución recurrida. Alega, además, que el recurso no debe ser admitido a trámite por encontrarnos ante un juicio verbal cuya cuantía es inferior a 3000 euros.

SEGUNDO.- La determinación de la cuantía a los efectos de la admisibilidad del recurso de apelación

Como ha tenido ocasión de señalar el Tribunal Supremo, el cauce procesal apropiado para la tramitación de las demandas en las que se ejercitan acciones por indemnización de daños derivados de infracción del derecho de la competencia es el que corresponda "en función de la cuantía que se reclame"; ello conforme a lo dispuesto en el art. 249.1.4º LEC ( AATS 180/2022 y 182/2022, de 13 de octubre). De ahí que, en el presente caso, en atención a la cuantía reclamada, inferior a 6.000 euros, se haya seguido el cauce del juicio verbal.

La primera cuestión que se nos plantea es si la sentencia de instancia es susceptible de apelación, dado que el artículo 455.1 LEC excluye de este recurso las sentencias dictadas en juicios verbales cuando la cuantía no supera los 3.000 euros.

La cuantía del procedimiento se determina según el interés económico de la demanda, debe ser expresada con claridad en la misma y puede ser impugnada por el demandado. La jurisprudencia establece que la cuantía litigiosa debe incluir no solo el principal reclamado, sino también los intereses devengados, siempre que estos hayan sido reclamados y cuantificados adecuadamente. Como dice el ATS de 19 de enero de 2022, remitiéndose a lo dispuesto en el Auto de 25 de septiembre de 2019, "es doctrina de esta sala que únicamente son computables como cuantía litigiosa los intereses vencidos al tiempo de interponerse la demanda, no bastando, además, con la petición genérica de intereses legales, añadida sin más a la suma reclamada como principal, sino que también es precisa su cuantificación en la propia demanda (...). La jurisprudencia de esta sala viene siendo especialmente rigurosa al interpretar y aplicar dicha regla respecto del acceso a la casación en función de la cuantía litigiosa, excluyendo del cómputo los intereses que en la demanda no se especifiquen claramente como vencidos".

En el caso analizado, la parte demandante solicita una condena por un sobreprecio de 2.833,55 euros, más intereses legales, especificando que estos intereses se cuantifican, a fecha del informe pericial, en la suma de 2,261,94 euros. Es decir, fija el interés económico de la demanda en la cantidad de 5.095,50 euros. Estas cifras no se cuestionan en ningún momento por la parte demandada.

Por tanto, y dado que la cuantía total supera los 3.000 euros y se ha concretado tanto el principal como los intereses, se concluye que procede admitir a trámite el recurso de apelación interpuesto por la demandante.

TERCERO.- Prescripción de la acción

E n cuanto a la determinación del día inicial del cómputo,la STJUE de 22 de junio de 2022 precisó que los plazos de prescripción aplicables a las acciones por daños por infracciones del Derecho de la competencia, tanto de los Estados miembros como de la Unión Europea, no pueden empezar a correr antes de que hubiese cesado la infracción y de que la persona perjudicada tuviera conocimiento o hubiera podido razonablemente tener conocimiento de la información indispensable para su ejercicio. Ello unido a que nuestro Tribunal Supremo viene señalando la necesidad de que el perjudicado disponga de "los elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para litigar"nos lleva a descartar que el dies a quopudiera coincidir con la publicación de la resolución sancionadora, puesto que casi todos las entidades castigadas recurrieron la resolución sancionatoria de la autoridad nacional de la competencia, cuestionando incluso que se hubiera cometido la conducta que se consideró infractora y su respectiva participación en ella. La existencia de una infracción del Derecho de la competencia, la existencia de un perjuicio, la relación de causalidad entre ese perjuicio y la infracción y la identidad del autor de esta forman parte de los elementos indispensables de los que la persona perjudicada debe disponer para ejercitar una acción por daños. Así lo ha considerado el Tribunal Supremo en el cártel del azúcar (sentencia 408/2012, de 8 de junio), considerando que el plazo de prescripción no comienza a correr antes de que gane firmeza la resolución administrativa sancionadora; doctrina que ha reiterado en resoluciones posteriores (por ejemplo, la STS 708/2016, de 25 de noviembre).

P ues bien, decíamos que la mayor parte de los fabricantes (salvo Seat S.A., Porsche Ibérica S.A. y Volkswagen Audi España, S.A.) recurrieron la resolución. Con las sentencias de la Audiencia Nacional de 19 de diciembre de 2019 se alcanza la firmeza para Chevrolet España S.A.U., Kia Motor Iberia, S.L y Snap-On-Business Solutions S.L. En los demás casos la resolución sólo ha devenido firme tras las sentencias del Tribunal Supremo que resuelven los recursos de casación interpuestos por los sancionados contra las Sentencias de la Audiencia Nacional ( sentencia de la Sala Tercera, Secc. 3, del TS núm. 531/2021, de 20 de abril).

E ste criterio nos lleva a establecer como dies a quoen el presente caso el 20 de abril de 2021.

Y fijado el dies a quode esta manera, el plazo prescriptivo aplicable,como resulta de la sentenciadel TJUE de 22 de junio de 2022 , es el de cinco años. Por tanto, la acción no se encontraba prescrita en el momento de la interposición de la demanda (27 de julio de 2022), pues no habían transcurrido cinco años desde el 20 de abril de 2021 y, menos aún, desde la fecha de interrupción de la prescripción (con la reclamación extrajudicial efectuada en fecha 12 de abril de 2022).

S in dejar de reconocer que la cuestión de la prescripción de esta clase de acciones en el caso del llamado "cártel de los coches" ha dado lugar a interpretaciones discrepantes, la tesis que mantenemos al respecto es la que también siguen la AP de Murcia, Sección 4ª (a título de ejemplo, ST 1081/2024, de 7 de noviembre), la de Asturias, Sec. 1ª (ST 115/2024, de 12 de febrero); o la de Pontevedra, Secc. 1ª (ST 70/2024, de 8 de febrero).

E n nuestro criterio, la STJUE de 18 de abril de 2024(C-605/21 ) no altera las conclusiones anteriores, puesto que distingue nítidamente entre la eficacia de las resoluciones sancionadoras de la Comisión Europea conforme al apartado 1 del art. 16 del Reglamento 1/2003, y las de las autoridades nacionales (párrafo 74 de la sentencia); y así, a diferencia de las primeras, el art. 9 de la Directiva 2014/104 solo atribuye valor probatorio a estas últimas cuando son firmes, con lo que es lógico deducir que solo cuando lo son constituyen el marco de referencia seguro para el inicio del plazo de prescripción de las correspondientes acciones de daños.

E stimaremos, por consiguiente, el recurso de apelación. Al hacerlo, debemos resolver sobre el fondo de la cuestión planteada en la demanda, esto es, sobre la realidad del daño derivado de la conducta colusoria, su prueba y la indemnización pretendida.

CUARTO.- El daño y su cuantificación

Como ya hemos señalado, el recurso sitúa en este caso al Tribunal ante el problema de la cuantificación de un daño por sobreprecio que la misma sentencia apelada reconoce que se ha producido como efecto derivado de la concertación prolongada e ilícita de las empresas distribuidoras y comercializadoras de vehículos automóviles sancionadas durante los periodos acotados en la resolución de la CNMC.

Sobre la existencia del daño,debemos partir de que la propia Resolución 23 de julio de 2015 de la CNMCdeclara (apartado de hechos probados) la existencia de una infracción (cártel) en el mercado de producto de distribución de vehículos de motor de determinadas marcas de automóviles distribuidas en España (donde suponen un 91% por la cuota de mercado) a sus redes oficiales de concesionarios, incluyendo tanto la venta como los servicios postventa. La distribución en ese mercado geográfico (español) tanto mayorista (al concesionario) como minorista (a cliente final) se realiza mediante un esquema de distribución selectiva en la que el precio final está condicionado por la política de remuneración de la marca a los concesionarios, con una parte fija percibida como menor precio o descuento del precio pagado a la marca, y otro variable dependiente de la consecución de objetivos de venta y fidelización de clientes, y esa distribución se plantea de modo único, vendiendo al cliente una solución integral y duradera en el tiempo comprensiva tanto de venta como de servicios postventa, actividades ambas integradas en una estrategia total o común. La resolución considera acreditados (pág. 25) intercambios de información comercialmente sensible en tres áreas; es decir, las conductas sancionadas son:

i) intercambios de información comercialmente sensible sobre la estrategia de distribución comercial, los resultados de las marcas, la remuneración y márgenes comerciales a sus redes de concesionarios con efecto en la fijación de los precios de venta de los automóviles, así como en la homogeneización de las condiciones y planes comerciales futuros de venta y posventa de los automóviles en España desde, al menos, 2004, hasta julio de 2013;

ii) intercambios de información comercialmente sensible, sobre sus servicios y actividades de posventa, así como respecto a sus actividades de marketing en España desde marzo de 2010 hasta, al menos, agosto de 2013;

iii) intercambios de información comercialmente sensible relativa a las condiciones de las políticas y estrategias comerciales actuales y futuras con respecto al marketing de posventa, campañas de marketing al cliente final, programas de fidelización de clientes, las políticas adoptadas en relación con el canal de Venta Externa y las Mejores Prácticas a adoptar por cada una de las citadas marcas, entre abril de 2010 y marzo de 2011. Cada una de estas tres conductas abarca periodos diferentes e implica a empresas determinadas.

PEUGEOT tuvo participación en las tres conductas sancionadas:el Club de marcas (desde febrero de 2006 hasta julio de 2013), en el Foro Postventa (desde marzo de 2010 hasta diciembre de 2010) y en las Jornadas de constructores (en abril de 2010).

La Resolución (pág. 72) considera acreditado que los intercambios de información objeto del presente expediente, por su propia naturaleza y a la vista de las circunstancias en las que se produjeron, reducen o incluso eliminan la incertidumbre sobre variables estratégicas y generan e incrementan la probabilidad de que las empresas partícipes alineen sus estrategias comerciales, en lugar de competir en el mercado. Se concluye (pág 73) la concurrencia de efectos contrarios a la competencia de la conducta, que aun produciéndose en el mercado de distribución mayorista de vehículos por las marcas, se concretaron asimismo en el mercado de distribución minorista vinculado, operado por los concesionarios. También los intercambios de información de los indicadores de posventa tienen un efecto directo en el grado de competencia de las marcas en el mercado de distribución mayorista (y de ahí al minorista). La conducta tenía como objeto y tuvo el efecto de beneficiar a las marcas en detrimento de los clientes y consumidores y de otros competidores no cartelizados. A propósito de los elementos de graduación conducentes a concretar la escala de la sanción (páginas 92 y 93) destaca la Resolución que "[l]a disminución de la competencia generada por tales intercambios de información durante los períodos en los que se produjeron se han traslado al consumidor final en forma de menores descuentos, políticas comerciales menos agresivas por parte de las marcas y un menor esfuerzo por distinguirse de las otras empresas con unos servicios de más calidad",haciendo referencia a la incidencia de la conducta colusoria sobre los consumidores y usuarios perjudicados por las conductas realizadas.

La Resolución fue impugnada ante la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso. Recurrida en casación, el TS declaró (en diversas sentencias antes los distintos recursos presentados), no haber lugar a la casación. En el caso de PEUGEOT, por STS Sala 3ª de 20/04/2021 ,que dice: "gran parte de la información compartida entre las empresas del automóvil se refiere a la remuneración y márgenes comerciales de las redes de concesionarios, que incorpora datos relativos a elementos y variables de los precios con influencia en el precio final de venta. No debe olvidarse que la información no pública referida a los márgenes comerciales con los que se opera sirve para conformar el precio final. Así, el incentivo ligado a la retribución variable (cumplimiento de objetivos, rappel de regularidad, etc.), integra el precio y se presenta como el elemento competitivo principal entre los concesionarios de automóviles. De modo que el intercambio de información sobre dichos márgenes permite a las empresas conocer el precio final que se puede fijar y los márgenes de maniobra existentes, disminuyéndola competencia en el mercado. (...) En conclusión, el intercambio de información entre competidores implicó un aumento artificial de la transparencia en el mercado, al desvelar factores relevantes relativos a los precios y condiciones comerciales que resulta incompatible con la exigencia de autonomía que caracteriza el comportamiento de las empresas en el mercado en un sistema de competencia real".

Todo lo cual, unido a las características del cártel, permite como mínimo presumir por la vía del art 386 LEC la existencia del daño al demandante. En cuanto a su cuantificación,y ante la imposibilidad de aportar una reproducción perfecta de lo realmente acaecido, el Tribunal Supremo (en sus sentencias de 12, 13 y 14 de junio de 2023, dictadas en el cártel de camiones) admite que la facultad del juez de fijar la indemnización del daño producido por la conducta infractora del Derecho de la competencia mediante una estimación.Pero, como también ha reiterado en numerosas sentencias (por todas, STS 924/2023, de 12 de junio), para acudir a esta facultad de estimación hay que valorar, siguiendo los criterios fijados en la sentencia del TJUE de 16 de febrero de 2023, si la imposibilidad práctica de valorar el daño se debió a la inactividad del perjudicado. Y para realizar esta valoración no bastan las consideraciones generales o abstractas, sino que hay que atender a las circunstancias concretas del litigio.

Pues bien, valorando el informepericial aportado con la demanda, de la firma "UTD concursal",es cierto que no podemos considerar probado el sobreprecio soportado por el actor. Se trata de un informe basado en datos estadísticos que no selecciona ni analiza datos de precios finales de vehículos comercializados por las cartelistas antes, durante y después del cártel, ni lleva a cabo estudios comparativos con otros mercados próximos no cartelizados de los que, acaso, sería posible extraer conclusiones válidas sobre el efecto que la colusión tuvo en los precios que pagaron los compradores de turismos en España entre 2004 y 2013 (entre febrero de 2006 y julio de 2013 en el caso de PEUGEOT).

En los casos analizados por el TS en sus sentencias sobre la primera oleada de demandas relativas al cártel de los camiones el esfuerzo probatorio desplegado por los demandantes se había concretado en un informe pericial considerado inidóneo porque estaba "basado en estudios académicos y estadísticos, que empleaba como soporte en gran medida el denominado estudio Oxera de 2009, encargado por la Comisión Europea", "realizados con una finalidad ajena a la concreta cuantificación de un daño, sin que sus conclusiones puedan extrapolarse sin más a cualquier caso (al margen de las características del cártel y de los productos afectados) por remisión a una media ponderada". En esencia, son las mismas insuficiencias que presenta el informe UTD Concursal que el actor aportó con su demanda. Pese a ello, no consideró el Tribunal Supremo que la aportación de ese informe pericial fuese equivalente a la inactividad del perjudicado a que se refiere la doctrina del TJUE sino, por el contrario, expresión de un propósito suficiente y razonable de demostrar el perjuicio, desde la perspectiva favorecedora que impone la preservación del principio de efectividad.

A la hora de estimar judicialmente el daño, y por más que sea usual el recurso al 5% que siguió nuestro TS en el caso del cártel de los camiones (y también, por cierto, el CAT británico en el caso Royal Mail/British Telecom y, en nuestro país, en el ámbito del cártel de los coches, la Sección 32 de la AP de Madrid, la Secc. 1º de la AP de Álava, o esta misma sección de la AP de A Coruña en al menos dos sentencias anteriores), el mismo TS advierte que nada impide que el demandado pueda acreditar que el daño fue inferior. Y si atendemos al informe pericial presentado por la demandada (informe KPMG)resulta particularmente relevante el dato sobre rentabilidad media de las redes de concesionarios, que a finales de 2012 se situaba en el 3,9% para el área de ventas (beneficio medio sobre facturación del 4% en vehículos nuevos, pag. 22 del informe). Así, no es razonable fijar estimativamente un sobreprecio que resulta ser superior incluso al beneficio medio que, sobre lo que pagan a los productores, obtienen con la venta de vehículos nuevos los distribuidores o concesionarios. Es evidente que el negocio de los distribuidores de automóviles no se asienta únicamente, ni siquiera principalmente, en el beneficio obtenido con la venta de vehículos nuevos; pero la conducta ilícita que determinó principalmente la Resolución de la CNMC consistió precisamente en el intercambio de información comercialmente sensible sobre la estrategia de distribución comercial, los resultados de las marcas, la remuneración y márgenes comerciales a sus redes de concesionarios con efecto en la fijación de los precios de venta de los automóviles; de manera que el sobreprecio soportado por los compradores no debería exceder de esos márgenes artificialmente mantenidos o incrementados por los cartelistas. Es por ello que, enmendando la solución que este tribunal siguió en resoluciones anteriores, en este caso el sobreprecio y la compensación correspondiente se fija en el 2% del precio de compra.

La base para el cálculo porcentual no debe incluir el coste de la financiación recabada por el comprador para cubrir una parte del precio, porque no es daño causalmente imputable a la conducta infractora. Pero -y en este extremo diferimos de la solución seguida por la sección 32 de la AP de Madrid en las sentencias 33/2023, de 21 de julio, y SAP 67/2023, de 7 de noviembre- tampoco debe excluir el IVA cuando se trata de un comprador final consumidor, puesto que ineludiblemente soporta el impuesto y no le es posible compensarlo. Así las cosas, sobre un precio total de compra de 18.890,36 euros, la indemnización por sobreprecio que es efecto del cártel ascenderá en este caso a 377,81 euros de principal.

QUINTO.- Intereses

Reparar el daño es, en este contexto, devolver a la parte perjudicada a la situación en que habría estado si no se hubiese producido la infracción con lo que, como recuerda la Guía Práctica, la situación actual de la parte perjudicada debe compararse con la situación en que habría estado de no ser por la infracción. Desde esta perspectiva, una deuda de valor solo se satisface plenamente en cuanto el efecto de la depreciación monetaria por el transcurso del tiempo se compense con el abono de intereses referidos a la fecha en que se pagó el sobreprecio. La STJUE de 13 de julio de 2006 (C-295/04 a C-298/04, Manfredi)vincula el pago de intereses al principio de efectividad y al derecho de los perjudicados a la íntegra reparación del daño.

Dice así, por ejemplo, la STS 925/2023, de 12 de junio ,que no se trata, por tanto, de una indemnización por mora, basada en los arts. 1101 y 1108 CC , sino de una medida destinada a que el resarcimiento del daño sufrido por la víctima de la conducta infractora del Derecho de la competencia sea pleno, contrarrestando el efecto del transcurso del tiempo entre el momento de la producción del daño y el momento en que se acuerda la reparación de dicho daño. Es una exigencia derivada del art. 101 TFUE , en la interpretación que le ha dado la jurisprudencia del TJUE.

En consecuencia, la indemnización se habrá de incrementar con los intereses legales desde la fecha de la compra y hasta la de esta sentencia, a partir de la cual será de aplicación lo dispuesto en el artículo 576 de la LEC.

SEXTO.- Costas y depósito

Respecto de las costas de la instancia, la estimación de la demanda es parcial, por lo que no procede imponer las costas procesales a ninguna de las partes.

En cuanto a las costas ocasionadas en esta alzada,al ser estimado parcialmente el recurso de la demandante, no procede imponerle las costas de su recurso (de conformidad con lo establecido en el artículo 398 LEC) .

Se dispondrá la devolución a la parte actora del depósito constituido para recurrir ( disposición adicional decimoquinta de la LOPJ, apartado 8).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.- Planteamiento del litigio. Resolución en primera instancia y recurso de apelación

La demanda promovida por Doña Benita, Dña. Adela y Doña Carla contra Stellantis España S.L. (antes Peugeot España S.A.) tenía por objeto la reclamación de la indemnización correspondiente al daño por sobreprecio sufrido por las demandantescon ocasión de la adquisición de tres turismos de la marca Peugeot.

En la demanda se promovía una acción consecutiva a la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) de 23 de julio de 2015 que sancionó a PEUGEOT, junto con otras empresas distribuidoras y comercializadoras de automóviles, por infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y del art 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), por participar en acuerdos colusorios por objeto sobre el mercado de distribución y comercialización de vehículos automóviles en España a través de sus redes oficiales de concesionarios. La conducta sancionada consiste en: i) intercambios de información comercialmente sensible sobre la estrategia de distribución comercial, los resultados de las marcas, la remuneración y márgenes comerciales a sus redes de concesionarios con efecto en la fijación de los precios de venta de los automóviles, así como en la homogeneización de las condiciones y planes comerciales futuros de venta y posventa de los automóviles en España desde, al menos, 2004, hasta julio de 2013; ii) intercambios de información comercialmente sensible, sobre sus servicios y actividades de posventa, así como respecto a sus actividades de marketing en España desde marzo de 2010 hasta, al menos, agosto de 2013; iii) intercambios de información comercialmente sensible relativa a las condiciones de las políticas y estrategias comerciales actuales y futuras con respecto al marketing de posventa, campañas de marketing al cliente final, programas de fidelización de clientes, las políticas adoptadas en relación con el canal de Venta Externa y las Mejores Prácticas a adoptar por cada una de las citadas marcas, entre abril de 2010 y marzo de 2011. Cada una de estas tres conductas abarca periodos diferentes e implica a empresas determinadas, si bien Peugeot figura como participante en las tres.

Con apoyo en los informes periciales aportados con la demanda (informes de "UTD Concursal"), las demandantes pretendieron la condena de la demandada al pago de unas compensaciones de 1890 euros, 2.833,55 euros y 2.070,60 euros, respectivamente, en concepto de principal; en los tres casos, además del principal se reclaman los intereses legales devengados desde la fecha de la compra del turismo.

Seguido el juicio en primera instancia con la oposición de la entidad demandada, la sentencia de fecha 8 de mayo de 2024, dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de A Coruña, tras delimitar el objeto del proceso y la normativa aplicable que, a partir del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de la premisa de una conducta ya definida en la resolución de la CNMC, es el derecho nacional en materia de daños ( art. 1902 del Código civil), estima la excepción de prescripción de la acción considerando que el plazo de un año para su ejercicio ( art. 1968. 2 CC) debe contarse desde la fecha de la publicación de la resolución en 2015 (nota de prensa de la CNMC de 28 de julio de 2015), con independencia de que alcanzase firmeza con posterioridad. La sentencia basa su decisión en la doctrina que extrae de la STJUE de 22 de junio de 2022, C-267/20, considerando que el plazo prescriptivo había comenzado a correr -y se había agotado- antes de la expiración del plazo de transposición de la Directiva 2014/104 (27 de diciembre de 2016).

Solo Dña. Adela interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. El recurso combate las consideraciones de la sentencia apelada acerca del inicio del plazo prescriptivo, defendiendo que el mismo debe situarse en la fecha de firmeza de la resolución sancionadora respecto de Peugeot.

La demandada se opone al recurso formulado de contrario, solicitando la confirmación de la resolución recurrida. Alega, además, que el recurso no debe ser admitido a trámite por encontrarnos ante un juicio verbal cuya cuantía es inferior a 3000 euros.

SEGUNDO.- La determinación de la cuantía a los efectos de la admisibilidad del recurso de apelación

Como ha tenido ocasión de señalar el Tribunal Supremo, el cauce procesal apropiado para la tramitación de las demandas en las que se ejercitan acciones por indemnización de daños derivados de infracción del derecho de la competencia es el que corresponda "en función de la cuantía que se reclame"; ello conforme a lo dispuesto en el art. 249.1.4º LEC ( AATS 180/2022 y 182/2022, de 13 de octubre). De ahí que, en el presente caso, en atención a la cuantía reclamada, inferior a 6.000 euros, se haya seguido el cauce del juicio verbal.

La primera cuestión que se nos plantea es si la sentencia de instancia es susceptible de apelación, dado que el artículo 455.1 LEC excluye de este recurso las sentencias dictadas en juicios verbales cuando la cuantía no supera los 3.000 euros.

La cuantía del procedimiento se determina según el interés económico de la demanda, debe ser expresada con claridad en la misma y puede ser impugnada por el demandado. La jurisprudencia establece que la cuantía litigiosa debe incluir no solo el principal reclamado, sino también los intereses devengados, siempre que estos hayan sido reclamados y cuantificados adecuadamente. Como dice el ATS de 19 de enero de 2022, remitiéndose a lo dispuesto en el Auto de 25 de septiembre de 2019, "es doctrina de esta sala que únicamente son computables como cuantía litigiosa los intereses vencidos al tiempo de interponerse la demanda, no bastando, además, con la petición genérica de intereses legales, añadida sin más a la suma reclamada como principal, sino que también es precisa su cuantificación en la propia demanda (...). La jurisprudencia de esta sala viene siendo especialmente rigurosa al interpretar y aplicar dicha regla respecto del acceso a la casación en función de la cuantía litigiosa, excluyendo del cómputo los intereses que en la demanda no se especifiquen claramente como vencidos".

En el caso analizado, la parte demandante solicita una condena por un sobreprecio de 2.833,55 euros, más intereses legales, especificando que estos intereses se cuantifican, a fecha del informe pericial, en la suma de 2,261,94 euros. Es decir, fija el interés económico de la demanda en la cantidad de 5.095,50 euros. Estas cifras no se cuestionan en ningún momento por la parte demandada.

Por tanto, y dado que la cuantía total supera los 3.000 euros y se ha concretado tanto el principal como los intereses, se concluye que procede admitir a trámite el recurso de apelación interpuesto por la demandante.

TERCERO.- Prescripción de la acción

E n cuanto a la determinación del día inicial del cómputo,la STJUE de 22 de junio de 2022 precisó que los plazos de prescripción aplicables a las acciones por daños por infracciones del Derecho de la competencia, tanto de los Estados miembros como de la Unión Europea, no pueden empezar a correr antes de que hubiese cesado la infracción y de que la persona perjudicada tuviera conocimiento o hubiera podido razonablemente tener conocimiento de la información indispensable para su ejercicio. Ello unido a que nuestro Tribunal Supremo viene señalando la necesidad de que el perjudicado disponga de "los elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para litigar"nos lleva a descartar que el dies a quopudiera coincidir con la publicación de la resolución sancionadora, puesto que casi todos las entidades castigadas recurrieron la resolución sancionatoria de la autoridad nacional de la competencia, cuestionando incluso que se hubiera cometido la conducta que se consideró infractora y su respectiva participación en ella. La existencia de una infracción del Derecho de la competencia, la existencia de un perjuicio, la relación de causalidad entre ese perjuicio y la infracción y la identidad del autor de esta forman parte de los elementos indispensables de los que la persona perjudicada debe disponer para ejercitar una acción por daños. Así lo ha considerado el Tribunal Supremo en el cártel del azúcar (sentencia 408/2012, de 8 de junio), considerando que el plazo de prescripción no comienza a correr antes de que gane firmeza la resolución administrativa sancionadora; doctrina que ha reiterado en resoluciones posteriores (por ejemplo, la STS 708/2016, de 25 de noviembre).

P ues bien, decíamos que la mayor parte de los fabricantes (salvo Seat S.A., Porsche Ibérica S.A. y Volkswagen Audi España, S.A.) recurrieron la resolución. Con las sentencias de la Audiencia Nacional de 19 de diciembre de 2019 se alcanza la firmeza para Chevrolet España S.A.U., Kia Motor Iberia, S.L y Snap-On-Business Solutions S.L. En los demás casos la resolución sólo ha devenido firme tras las sentencias del Tribunal Supremo que resuelven los recursos de casación interpuestos por los sancionados contra las Sentencias de la Audiencia Nacional ( sentencia de la Sala Tercera, Secc. 3, del TS núm. 531/2021, de 20 de abril).

E ste criterio nos lleva a establecer como dies a quoen el presente caso el 20 de abril de 2021.

Y fijado el dies a quode esta manera, el plazo prescriptivo aplicable,como resulta de la sentenciadel TJUE de 22 de junio de 2022 , es el de cinco años. Por tanto, la acción no se encontraba prescrita en el momento de la interposición de la demanda (27 de julio de 2022), pues no habían transcurrido cinco años desde el 20 de abril de 2021 y, menos aún, desde la fecha de interrupción de la prescripción (con la reclamación extrajudicial efectuada en fecha 12 de abril de 2022).

S in dejar de reconocer que la cuestión de la prescripción de esta clase de acciones en el caso del llamado "cártel de los coches" ha dado lugar a interpretaciones discrepantes, la tesis que mantenemos al respecto es la que también siguen la AP de Murcia, Sección 4ª (a título de ejemplo, ST 1081/2024, de 7 de noviembre), la de Asturias, Sec. 1ª (ST 115/2024, de 12 de febrero); o la de Pontevedra, Secc. 1ª (ST 70/2024, de 8 de febrero).

E n nuestro criterio, la STJUE de 18 de abril de 2024(C-605/21 ) no altera las conclusiones anteriores, puesto que distingue nítidamente entre la eficacia de las resoluciones sancionadoras de la Comisión Europea conforme al apartado 1 del art. 16 del Reglamento 1/2003, y las de las autoridades nacionales (párrafo 74 de la sentencia); y así, a diferencia de las primeras, el art. 9 de la Directiva 2014/104 solo atribuye valor probatorio a estas últimas cuando son firmes, con lo que es lógico deducir que solo cuando lo son constituyen el marco de referencia seguro para el inicio del plazo de prescripción de las correspondientes acciones de daños.

E stimaremos, por consiguiente, el recurso de apelación. Al hacerlo, debemos resolver sobre el fondo de la cuestión planteada en la demanda, esto es, sobre la realidad del daño derivado de la conducta colusoria, su prueba y la indemnización pretendida.

CUARTO.- El daño y su cuantificación

Como ya hemos señalado, el recurso sitúa en este caso al Tribunal ante el problema de la cuantificación de un daño por sobreprecio que la misma sentencia apelada reconoce que se ha producido como efecto derivado de la concertación prolongada e ilícita de las empresas distribuidoras y comercializadoras de vehículos automóviles sancionadas durante los periodos acotados en la resolución de la CNMC.

Sobre la existencia del daño,debemos partir de que la propia Resolución 23 de julio de 2015 de la CNMCdeclara (apartado de hechos probados) la existencia de una infracción (cártel) en el mercado de producto de distribución de vehículos de motor de determinadas marcas de automóviles distribuidas en España (donde suponen un 91% por la cuota de mercado) a sus redes oficiales de concesionarios, incluyendo tanto la venta como los servicios postventa. La distribución en ese mercado geográfico (español) tanto mayorista (al concesionario) como minorista (a cliente final) se realiza mediante un esquema de distribución selectiva en la que el precio final está condicionado por la política de remuneración de la marca a los concesionarios, con una parte fija percibida como menor precio o descuento del precio pagado a la marca, y otro variable dependiente de la consecución de objetivos de venta y fidelización de clientes, y esa distribución se plantea de modo único, vendiendo al cliente una solución integral y duradera en el tiempo comprensiva tanto de venta como de servicios postventa, actividades ambas integradas en una estrategia total o común. La resolución considera acreditados (pág. 25) intercambios de información comercialmente sensible en tres áreas; es decir, las conductas sancionadas son:

i) intercambios de información comercialmente sensible sobre la estrategia de distribución comercial, los resultados de las marcas, la remuneración y márgenes comerciales a sus redes de concesionarios con efecto en la fijación de los precios de venta de los automóviles, así como en la homogeneización de las condiciones y planes comerciales futuros de venta y posventa de los automóviles en España desde, al menos, 2004, hasta julio de 2013;

ii) intercambios de información comercialmente sensible, sobre sus servicios y actividades de posventa, así como respecto a sus actividades de marketing en España desde marzo de 2010 hasta, al menos, agosto de 2013;

iii) intercambios de información comercialmente sensible relativa a las condiciones de las políticas y estrategias comerciales actuales y futuras con respecto al marketing de posventa, campañas de marketing al cliente final, programas de fidelización de clientes, las políticas adoptadas en relación con el canal de Venta Externa y las Mejores Prácticas a adoptar por cada una de las citadas marcas, entre abril de 2010 y marzo de 2011. Cada una de estas tres conductas abarca periodos diferentes e implica a empresas determinadas.

PEUGEOT tuvo participación en las tres conductas sancionadas:el Club de marcas (desde febrero de 2006 hasta julio de 2013), en el Foro Postventa (desde marzo de 2010 hasta diciembre de 2010) y en las Jornadas de constructores (en abril de 2010).

La Resolución (pág. 72) considera acreditado que los intercambios de información objeto del presente expediente, por su propia naturaleza y a la vista de las circunstancias en las que se produjeron, reducen o incluso eliminan la incertidumbre sobre variables estratégicas y generan e incrementan la probabilidad de que las empresas partícipes alineen sus estrategias comerciales, en lugar de competir en el mercado. Se concluye (pág 73) la concurrencia de efectos contrarios a la competencia de la conducta, que aun produciéndose en el mercado de distribución mayorista de vehículos por las marcas, se concretaron asimismo en el mercado de distribución minorista vinculado, operado por los concesionarios. También los intercambios de información de los indicadores de posventa tienen un efecto directo en el grado de competencia de las marcas en el mercado de distribución mayorista (y de ahí al minorista). La conducta tenía como objeto y tuvo el efecto de beneficiar a las marcas en detrimento de los clientes y consumidores y de otros competidores no cartelizados. A propósito de los elementos de graduación conducentes a concretar la escala de la sanción (páginas 92 y 93) destaca la Resolución que "[l]a disminución de la competencia generada por tales intercambios de información durante los períodos en los que se produjeron se han traslado al consumidor final en forma de menores descuentos, políticas comerciales menos agresivas por parte de las marcas y un menor esfuerzo por distinguirse de las otras empresas con unos servicios de más calidad",haciendo referencia a la incidencia de la conducta colusoria sobre los consumidores y usuarios perjudicados por las conductas realizadas.

La Resolución fue impugnada ante la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso. Recurrida en casación, el TS declaró (en diversas sentencias antes los distintos recursos presentados), no haber lugar a la casación. En el caso de PEUGEOT, por STS Sala 3ª de 20/04/2021 ,que dice: "gran parte de la información compartida entre las empresas del automóvil se refiere a la remuneración y márgenes comerciales de las redes de concesionarios, que incorpora datos relativos a elementos y variables de los precios con influencia en el precio final de venta. No debe olvidarse que la información no pública referida a los márgenes comerciales con los que se opera sirve para conformar el precio final. Así, el incentivo ligado a la retribución variable (cumplimiento de objetivos, rappel de regularidad, etc.), integra el precio y se presenta como el elemento competitivo principal entre los concesionarios de automóviles. De modo que el intercambio de información sobre dichos márgenes permite a las empresas conocer el precio final que se puede fijar y los márgenes de maniobra existentes, disminuyéndola competencia en el mercado. (...) En conclusión, el intercambio de información entre competidores implicó un aumento artificial de la transparencia en el mercado, al desvelar factores relevantes relativos a los precios y condiciones comerciales que resulta incompatible con la exigencia de autonomía que caracteriza el comportamiento de las empresas en el mercado en un sistema de competencia real".

Todo lo cual, unido a las características del cártel, permite como mínimo presumir por la vía del art 386 LEC la existencia del daño al demandante. En cuanto a su cuantificación,y ante la imposibilidad de aportar una reproducción perfecta de lo realmente acaecido, el Tribunal Supremo (en sus sentencias de 12, 13 y 14 de junio de 2023, dictadas en el cártel de camiones) admite que la facultad del juez de fijar la indemnización del daño producido por la conducta infractora del Derecho de la competencia mediante una estimación.Pero, como también ha reiterado en numerosas sentencias (por todas, STS 924/2023, de 12 de junio), para acudir a esta facultad de estimación hay que valorar, siguiendo los criterios fijados en la sentencia del TJUE de 16 de febrero de 2023, si la imposibilidad práctica de valorar el daño se debió a la inactividad del perjudicado. Y para realizar esta valoración no bastan las consideraciones generales o abstractas, sino que hay que atender a las circunstancias concretas del litigio.

Pues bien, valorando el informepericial aportado con la demanda, de la firma "UTD concursal",es cierto que no podemos considerar probado el sobreprecio soportado por el actor. Se trata de un informe basado en datos estadísticos que no selecciona ni analiza datos de precios finales de vehículos comercializados por las cartelistas antes, durante y después del cártel, ni lleva a cabo estudios comparativos con otros mercados próximos no cartelizados de los que, acaso, sería posible extraer conclusiones válidas sobre el efecto que la colusión tuvo en los precios que pagaron los compradores de turismos en España entre 2004 y 2013 (entre febrero de 2006 y julio de 2013 en el caso de PEUGEOT).

En los casos analizados por el TS en sus sentencias sobre la primera oleada de demandas relativas al cártel de los camiones el esfuerzo probatorio desplegado por los demandantes se había concretado en un informe pericial considerado inidóneo porque estaba "basado en estudios académicos y estadísticos, que empleaba como soporte en gran medida el denominado estudio Oxera de 2009, encargado por la Comisión Europea", "realizados con una finalidad ajena a la concreta cuantificación de un daño, sin que sus conclusiones puedan extrapolarse sin más a cualquier caso (al margen de las características del cártel y de los productos afectados) por remisión a una media ponderada". En esencia, son las mismas insuficiencias que presenta el informe UTD Concursal que el actor aportó con su demanda. Pese a ello, no consideró el Tribunal Supremo que la aportación de ese informe pericial fuese equivalente a la inactividad del perjudicado a que se refiere la doctrina del TJUE sino, por el contrario, expresión de un propósito suficiente y razonable de demostrar el perjuicio, desde la perspectiva favorecedora que impone la preservación del principio de efectividad.

A la hora de estimar judicialmente el daño, y por más que sea usual el recurso al 5% que siguió nuestro TS en el caso del cártel de los camiones (y también, por cierto, el CAT británico en el caso Royal Mail/British Telecom y, en nuestro país, en el ámbito del cártel de los coches, la Sección 32 de la AP de Madrid, la Secc. 1º de la AP de Álava, o esta misma sección de la AP de A Coruña en al menos dos sentencias anteriores), el mismo TS advierte que nada impide que el demandado pueda acreditar que el daño fue inferior. Y si atendemos al informe pericial presentado por la demandada (informe KPMG)resulta particularmente relevante el dato sobre rentabilidad media de las redes de concesionarios, que a finales de 2012 se situaba en el 3,9% para el área de ventas (beneficio medio sobre facturación del 4% en vehículos nuevos, pag. 22 del informe). Así, no es razonable fijar estimativamente un sobreprecio que resulta ser superior incluso al beneficio medio que, sobre lo que pagan a los productores, obtienen con la venta de vehículos nuevos los distribuidores o concesionarios. Es evidente que el negocio de los distribuidores de automóviles no se asienta únicamente, ni siquiera principalmente, en el beneficio obtenido con la venta de vehículos nuevos; pero la conducta ilícita que determinó principalmente la Resolución de la CNMC consistió precisamente en el intercambio de información comercialmente sensible sobre la estrategia de distribución comercial, los resultados de las marcas, la remuneración y márgenes comerciales a sus redes de concesionarios con efecto en la fijación de los precios de venta de los automóviles; de manera que el sobreprecio soportado por los compradores no debería exceder de esos márgenes artificialmente mantenidos o incrementados por los cartelistas. Es por ello que, enmendando la solución que este tribunal siguió en resoluciones anteriores, en este caso el sobreprecio y la compensación correspondiente se fija en el 2% del precio de compra.

La base para el cálculo porcentual no debe incluir el coste de la financiación recabada por el comprador para cubrir una parte del precio, porque no es daño causalmente imputable a la conducta infractora. Pero -y en este extremo diferimos de la solución seguida por la sección 32 de la AP de Madrid en las sentencias 33/2023, de 21 de julio, y SAP 67/2023, de 7 de noviembre- tampoco debe excluir el IVA cuando se trata de un comprador final consumidor, puesto que ineludiblemente soporta el impuesto y no le es posible compensarlo. Así las cosas, sobre un precio total de compra de 18.890,36 euros, la indemnización por sobreprecio que es efecto del cártel ascenderá en este caso a 377,81 euros de principal.

QUINTO.- Intereses

Reparar el daño es, en este contexto, devolver a la parte perjudicada a la situación en que habría estado si no se hubiese producido la infracción con lo que, como recuerda la Guía Práctica, la situación actual de la parte perjudicada debe compararse con la situación en que habría estado de no ser por la infracción. Desde esta perspectiva, una deuda de valor solo se satisface plenamente en cuanto el efecto de la depreciación monetaria por el transcurso del tiempo se compense con el abono de intereses referidos a la fecha en que se pagó el sobreprecio. La STJUE de 13 de julio de 2006 (C-295/04 a C-298/04, Manfredi)vincula el pago de intereses al principio de efectividad y al derecho de los perjudicados a la íntegra reparación del daño.

Dice así, por ejemplo, la STS 925/2023, de 12 de junio ,que no se trata, por tanto, de una indemnización por mora, basada en los arts. 1101 y 1108 CC , sino de una medida destinada a que el resarcimiento del daño sufrido por la víctima de la conducta infractora del Derecho de la competencia sea pleno, contrarrestando el efecto del transcurso del tiempo entre el momento de la producción del daño y el momento en que se acuerda la reparación de dicho daño. Es una exigencia derivada del art. 101 TFUE , en la interpretación que le ha dado la jurisprudencia del TJUE.

En consecuencia, la indemnización se habrá de incrementar con los intereses legales desde la fecha de la compra y hasta la de esta sentencia, a partir de la cual será de aplicación lo dispuesto en el artículo 576 de la LEC.

SEXTO.- Costas y depósito

Respecto de las costas de la instancia, la estimación de la demanda es parcial, por lo que no procede imponer las costas procesales a ninguna de las partes.

En cuanto a las costas ocasionadas en esta alzada,al ser estimado parcialmente el recurso de la demandante, no procede imponerle las costas de su recurso (de conformidad con lo establecido en el artículo 398 LEC) .

Se dispondrá la devolución a la parte actora del depósito constituido para recurrir ( disposición adicional decimoquinta de la LOPJ, apartado 8).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,