Sentencia Civil 272/2026 Audiencia Provincial Civil nº 4 de Murcia, Rec. 249/2022 de 26 de marzo del 2026

PRIMERO. -Planteamiento

La representación procesal de Hermanos Inglés, S,A. D. Darío, D. Victor Manuel, D. Hermenegildo y D. Evaristo y de Renault Trucks, S.A.S. formular on sendos recursos de apelación contra la sentencia dictada por el Ilmo. Magistrado-juez en comisión de servicios del Juzgado Mercantil núm. 2 de Murcia de fecha 11 de noviembre de 2021 (y auto de aclaración de 18 de noviembre de 2021), por la que se estimaba parcialmente la demanda, condenando a RENAULT TRUCKS, S.A.S. al abono de 30.142,07 euros a la parte actora.

1.- La demandainvoca la De cisión provisional de la Comisión Europea recaída en el Asunto AT 39824 Camiones, de 19 de julio de 2016 y publicada en la web de la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea con fecha 6 de abril de 2017 relativa a la infracción del Derecho de la Competencia mediante un cártel de fabricantes de camiones para la coordinación de los precios brutos de los camiones medios (6 a 16 toneladas) y pesados (más de 16 toneladas), tanto camiones fijos como cabezas tractoras, mediante intercambio de listas de precios brutos, y mediante intercambio de los datos de los configuradores de venta de los camiones; sobre el calendario a seguir para la introducción de tecnologías para cumplir con la normativa europea sobre emisiones (normas EURO 3 a 6) y para la transmisión a los clientes de los costes de introducción de las tecnologías sobre emisiones exigidas por la normativa europea mencionada, que se prolongó desde el 17 de enero de 1997 al 18 de enero de 2011

La parte demandante alega que en dicho periodo adquirieron los camiones que precisan en la demanda y solicitan que se declare que la demandada es responsable por los daños en dichas adquisiciones, que cifra en 150.992,60 euros, y se le condene a su pago más los intereses legales desde su adquisición.

2.- La sentenciaestima parcialmente la demanda y condena a la demandada a abonar 30.142,0 7 euros, el 5% del precio de adquisición de los vehículos, más los intereses legales desde la fecha de la adquisición.

En primer lugar, desestima la excepción de falta de legitimación activa con base en la SAP Pontevedra de 8 de octubre de 2020 y, a continuación, rechaza la excepción de prescripción, en virtud de la STJUE de 28 de marzo de 2019 y los arts. 1968 CC, dado que el plazo comienza a partir del 6 de abril de 2017 y fue interrumpido el 6 de abril de 2018 (doc. 9) y el 15 de marzo de 2019 (doc. 9 bis).

A continuación, se fija el marco jurídico aplicable a la reclamación de los actores. La SAP Pontevedra de 31 de julio de 2020, valora la Directiva 2014/104, los principios comunitarios derivados de numerosas sentencias del TJUE previos a dicha Directiva, que cita y reproduce, así como distintas resoluciones de varias Audiencias Provinciales. Concluye que debemos aplicar el art. 1902 CC interpretado conforme los principios comunitarios y la STS de 7 de noviembre de 2013.

De acuerdo con esta doctrina, debemos acudir al art. 1902 CC como norma jurídica decisoria, vía nacional para reclamar los daños derivados de las infracciones privadas del Derecho de la Competencia, a través de la responsabilidad extracontractual, completado con la doctrina jurisprudencial nacional y comunitaria que interpretan los requisitos necesarios para su aplicación al Derecho de la Competencia.

De spués analiza la prueba del daño conforme la SJM núm. 3 de Valencia de 30 de diciembre de 2019, deriva de la Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2016, que describe los productos afectados y afirma que los acuerdos colusorios tuvieron incidencia en la fijación de precios netos y cabe la aplicación de la propia doctrina ex re ipsa, como resulta del informe de Faconauto aportado por la actora, con fundamento en el apartado 27, 46 a 48 y 85 de la Decisión y el informe Oxera por lo que se presume el daño, con cita también de la SAP Barcelona, Sec. 15ª, de10 de enero de 2020 y la SAP Valencia, Sec. 9ª, de16 de diciembre de 2019.

Ce ntrándose en la cuantificación del daño, la parte actora acredita el daño sufrido mediante un informe pericial que se ajusta a los métodos empleados en la Guía Práctica de la Comisión, como reconoce la SAP Pontevedra de 14 de mayo de 2020. Contiene erratas, que enumera, pero presenta una hipótesis razonable y técnicamente fundada como exige la STS de 7 de noviembre de 2013.

Re chaza el argumento del passing on defense con la misma STS núm. 651/2013 y que la demandada no ha acreditado que los perjudicados hayan podido librarse del incremento de precio a través del mercado al no haberse practicado una pericial que cubriera este aspecto, con cita de la SJM núm. 3 de Valencia. Tampoco existe prueba sobre la amortización de los vehículos ni las circunstancias de la venta de segunda mano.

Si guiendo la posición de la SPA Pontevedra de 6 de octubre de 2020 y en su propia sentencia de 3 de noviembre de 2020, con base en los considerandos 45 y 46 de la Directiva de Daño, y que se presentan los mismos informes pericial en todos estos procesos, enumera los defectos del informe pericial de la actora de forma prolija. Por ello concluye "Por tanto, el dictamen demandante, por las razones apuntadas, no resulta convincente en la estimación de un perjuicio medio sostenido del 16,35%, (similar o idéntico al reclamado en otras demandas sobre la base de dictámenes construidos sobre métodos diferentes), de modo que juzgamos su metodología como sesgada, en la medida en que la consideración de otras variables arroja datos de incrementos de precio notablemente inferiores, (vid. folios 159 y ss., y 169 y ss. del informe KPMG). Esto impide que la jurisdicción pueda partir de la conclusión de los peritos para cuantificar el daño."

Pe ro también valora que el informe pericial de la parte demandada incurre en defectos, que igualmente enumera.

Ah ora bien, la desestimación de los criterios de cuantificación de la parte demandada no debe llevar a la desestimación de la demanda, porque la parte demandada tampoco ha ofrecido un criterio alternativo válido de valoración, y valorando la dificultad probatoria y por la dificultad de acceso a las fuentes de prueba en este tipo de procesos, con relación a los principios de efectividad y equivalencia, debe hacerse una estimación judicial del daño.

De acuerdo con la SAP Pontevedra de 6 de octubre de 2020 que reproduce, y, en atención a todo lo expuesto y sin expresa condena en costas, cuantifica el perjuicio sufrido en el 5% del precio de adquisición, más los intereses legales desde la fecha de adquisición de cada camión, de acuerdo con la SAP Murcia de 25 de marzo de 2021.

3.- La parte actora formula recurso de apelacióncontra el pronunciamiento de la sentencia sobre la cuantificación del perjuicio, pues el juez a quo le concede el 5% del precio de adquisición de los camiones (30.142,07 euros) en lugar de la cantidad solicitada (150.992,60 euros) cuantificada en su informe pericial aportado como documento 10 de la demanda.

En síntesis, expone los siguientes motivos: 1º) error en la valoración de la prueba pericial aportado por la actora (informe Caballer/Herrerías y otros), con infracción del art. 348 LEC, de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de la STS 651/2013 de 7 de noviembre y del principio de efectividad; con referencia a las críticas jurisprudenciales del informe pericial de la demandada; 2º) infracción del derecho a la reparación integral del daño y falta de motivación; 3º) infracción del art. 101 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; 4º) infracción del art 72 de la Ley de Defensa de la Competencia y de la jurisprudencia sobre reparación integral del daño; 5º) infracción de la DA 2ª del Real Decreto-Ley 9/2017 y de la jurisprudencia del TJUE sobre el principio de efectividad; y 6º) infracción del artículo 1902 del Código Civil.

4.- También formula recurso de apelación contra la sentencia la parte demandada,que plantea varios motivos.

1) Infracción del art. 217 LEC y errónea valoración de la prueba con relación a la falta de prueba del pago del precio de los camiones objeto de reclamación con cargo al patrimonio del actor, por lo que no resulta probada la existencia de daño, haciendo su propia valoración probatoria del permiso de circulación, las facturas de venta, los contratos de arrendamiento financiero, de los informes de la DGT, así como de las facturas de reventa.

2) Errónea valoración de la prueba sobre la prescripción de la acción porque tomando como dies a quo del plazo el 19 de julio de 2016, la acción ya estaba prescrita al tiempo de presentar las reclamaciones extrajudiciales de 5 de abril de 2018 y 6 de abril de 2018, de 15 de marzo de 2019 y de 9 de marzo de 2020, al amparo del art. 1973 CC y niega que tuvieran suficiente información para la identificación de los vehículos y, por ende, que tuvieran valor interruptivo;

3) Infracción legal por la aplicación incorrecta del art. 1.902 CC, presunción de la existencia de un daño, un sobreprecio y de una relación de causalidad entre la conducta sancionada y ese supuesto daño, de acuerdo con el tenor de la Decisión y en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Presunción judicial en contra del tenor literal de la Decisión (párrafos 80, 82, 85), y sin pruebas que lo acrediten.

Por su parte alega que, conforme los párrafos 27 y 48 no puede argumentarse que hubo efectos en los precios netos pagados por los clientes finales con relación a los análisis efectuados por sus peritos en el informe de KPMG y que concurren numerosos elementos que influyen en la negociación de los precios de compra de los camiones, por lo que no la fijación del precio no es automática por la existencia de una conducta infractora.

En todo caso, la presunción admite prueba en contrario y, para ello, las pruebas deben ser valoradas de según los criterios legales, y de la prueba pericial en particular.

Concluye que la parte actora no ha acreditado la existencia de daño y que la sentencia no respeta las reglas sobre la carga de la prueba, por lo que la condena de la recurrente infringe el art. 1902 CC.

4) Infracción legal por la presunción de la existencia de un daño como sobreprecio y una relación de causalidad entre la conducta sancionada y ese supuesto daño a través de la aplicación indebida de la regla ex re ipsa, que supone una "estimación judicial" del supuesto daño, con fundamento en la STS de 7 de noviembre de 2013.

Si la parte actora no acreditó la existencia de daño, hecho que le correspondía conforme las reglas de la carga de la prueba, la demanda debe ser desestimada. Sin embargo, la sentencia estima la demanda mediante la doctrina ex re ipsa.

Considera que se está vulnerando el art. 2.3 CC por la indebida aplicación implícita del artículo 17.1 de la Directiva de Daños y del artículo 76.2 y 3 de la Ley de Defensa de la Competencia a hechos anteriores de su entrada en vigor, que concluyeron el 18 de enero de 2011, cuando esta regla no tiene una aplicación general en nuestro ordenamiento jurídico, ni siquiera en los ámbitos de la propiedad industrial ni de la competencia desleal o responsabilidad extracontractual. Se infringen los arts. 9.3 14 y 24 CE.

Subsidiariamente, en una hipótesis de aplicación de los preceptos citados y la doctrina ex re ipsa, tampoco procedería porque la parte actora no se encontraba en una posición de asimetría informativa. No había ningún escenario de indisponibilidad de datos ni existía una insalvable dificultad probatoria que los justificase la estimación judicial del daño. Se remite a las declaraciones de los peritos de la actora.

5) Infracción del principio dispositivo y de rogación ( arts. 216, 218.1 LEC y 24 CE) por incongruencia extra petita, dado que la sentencia estima la demanda a pesar de reconocer que el informe pericial del actor no acredita la existencia de daño ni su cuantía, por lo que actúa por pura iniciativa judicial sobre la base de hechos y datos que no han sido objeto de discusión. Se refiere al informe Oxera 2009, que critica, porque la sentencia se fundamenta en otras sentencias que lo han valorado y este documento no ha sido aportado y discutido en este procedimiento.

Por otro lado, la apreciación de un sobreprecio del 5% no fue planteado por la demandante y no pudo ser discutido por la demandada, por lo que infringe los arts. 216 y 218 LEC, pues que acoge una pretensión que no fue oportunamente deducida con base a unos criterios que no fueron aportados por la actora y así suple la debida actividad de la parte actora, apartándose de los principios dispositivo y de rogación, sin que esta actuación tenga cabida en el principio iura novit curia.

6) Error en la valoración de la prueba en relación con su informe pericial confeccionado por KPMG Asesores, S.L. (en adelante KPMG) por la "destrucción injustificada de la valoración" de su informe pericial. Así, se prescinde de las reglas de la sana crítica. A continuación, analiza y valora el contenido del informe, diferenciando cada una de sus tres partes, expresando que su base de datos (19.797 transacciones) procede únicamente de los datos de venta del fabricante y explicando los métodos empleados por los peritos (modelo econométrico y análisis de regresión...) También responde a las críticas realizadas en la sentencia y, y a su vez, señala las deficiencias del informe pericial aportado de contrario.

7) De forma subsidiaria, incongruencia extra petita y reducción del quantum indemnizatorio en concepto de principal e intereses, que debería ser reducido, al fijar la fecha de devengo de intereses en el momento de la supuesta compra de los camiones cuando debería fijarse en la fecha de la presentación de la demanda.

5.- Como hemos manifestado en gran cantidad de ocasiones, nos encontramos ante un fenómeno de litigación en masa, donde las mismas representaciones de los actores, acompañando los mismos informes periciales, reclaman el sobreprecio por la adquisición de los camiones a las mismas fabricantes, que igualmente comparecen con la misma representación y aportan los mismos informes periciales, con base en la Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2016.

La consecuencia de esta circunstancia consiste en que deber tomar en cuéntala fundamentación contenida en nuestras sentencias dictadas anteriormente con base en la mencionada Decisión de la Comisión Europea, así como a las valoraciones de los hechos, las alegaciones y las pruebas realizados.

Por otro lado, estas decisiones se deben ir adaptando a las resoluciones que se vayan dictando en esta materia, como sucede con la STJUE, Sala Primera, de15 de julio de 2021, asunto C-30/20, (Roj: PTJUE 187/2021 - ECLI: EU:C:2021:604); STJUE, Gran Sala, de 11 de noviembre de 2021 (asunto C-882/19); STJUE de 22 de junio de 2022 (asunto C-267/20); STJUE, Sala Segunda, de 10 de noviembre de 2022, asunto C-163/21 (Roj: PTJUE 286/2022 - ECLI: EU:C:2022:863); ATJUE, Sala Sexta, de 28 de febrero de 2023 (asunto C-285/21, (Roj: PTJUE 59/2023 - ECLI: EU:C:2023:132) o STJUE de 16 de febrero de 2023 (asunto C-312/21, Tráficos Manuel Ferrer y Daimler).

Con más razón cuando las sentencias del Tribunal Supremo han venido a confirmar los criterios en ellas fijados (SSTS núm. 923, 924, 925, 926, 927, 928, de 12 de junio; SSTS 939, 940, 941, 942/2023, de 13 de junio; SSTS 946, 947, 948, 949, 950/23, de 14 de junio de 2023) y otras posteriores.

En estos términos nos pronunciamos en nuestra sentencia de 7 de junio de 2023(rollo 90/2022 ):

"3. La pluralidad y vinculación de las alegaciones de las partes aconseja, como venimos haciendo en precedentes sentencias de este Tribunal recaídas en asuntos del mismo cartel, a su estudio conjunto y sistematizado, y dejar constancia previa de que tendremos en consideración nuestros precedentes, en especial las sentencias dictadas el 10 de junio de 2021 en unos litigios con la misma demandada, que constituyen una especie de "pleitos-testigo" en terminología al uso respecto de la misma, pues no solo se reiteran idénticas controversias sino en la práctica en esencia se reproducen idénticas alegaciones y actividad probatoria. No solo en la parte demandada, sino también en la parte actora, que, si bien es diversa, comparte estrategia procesal, con igual dirección letrada, argumentario y actividad probatoria en esencia, por lo que en tanto no apreciemos razones para apartarnos de los citados precedentes, la respuesta no puede ser distinta. La previsibilidad de la respuesta judicial ante situaciones, alegaciones y pruebas sustancialmente idénticas así lo impone, siendo consecuencia ineludible de este fenómeno de litigiosidad en masa en el que se ha convertido el conocido "cartel de los camiones ", sin que esos "pleitos -testigos" hayan tenido servido para nada para evitar la litigiosidad judicial. Así lo exigen evidentes razones de seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad y coherencia e igualdad de trato ( art 9 y 14 CE ), pues en palabras de la STC 184/2007, de 10 de septiembre

«el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, en conexión con el principio de interdicción de la arbitrariedad ( art. 9.3 CE ), obliga a que un mismo órgano jurisdiccional no pueda cambiar caprichosamente el sentido de sus decisiones adoptadas con anterioridad en casos sustancialmente iguales sin una argumentación razonada de dicha separación que justifique que la solución dada al caso responde a una interpretación abstracta y general de la norma aplicable y no a una respuesta ad personam, singularizada.»"

SEGUNDO. -Prescripción

Dos cuestiones debemos dejar zanjadas en esta materia con base en la STJUE de 22 de junio de 2022(asunto C-267/20 ):

i) Ha quedado resuelto cuál es el dies a quo del plazo de prescripción, pues dicha resolución lo fija el 6 de abril de 2017, aunque ya lo veníamos fijando porque era evidente que la mera nota de prensa publicada el 19 de julio de 2016 no proporcionaba los elementos fácticos y jurídicos necesarios para el ejercicio de la acción;

ii) Se ha fijado un plazo de prescripción de cinco años a contar desde el dies a quo ya dicho.

En consecuencias, a estas alturas ya no es necesario entrar al análisis de los requerimientos extrajudiciales previos a la demanda dirigidos por los actores a los fabricantes para la interrupción del plazo de prescripción de un año ( art.1968 CC) ni para determinar su eficacia interruptiva, pues en ocasiones se negaba que identificaran los destinatarios o los camiones objeto de reclamación; ni para determinar la fecha de envío o recepción con relación al dies a quo, para verificar si había transcurrido un año desde que se recibió, con los retroacción de efectos entonces a la fecha del envío.

Y ello sucede porque esta sentencia del TJUE ha fijado el plazo de prescripción en cinco años a contar desde el 6 de abril de 2017. Dicho plazo habrá concluido el 6 de abril de 2022 si no se interrumpe en forma.

Dado que en este caso no es un hecho controvertido que la demanda se presentó el 26 de mayo de 2020 (acontecimiento 2), se realizó dentro del plazo fijado por el TJUE, por lo que ya resulta indiferente detenernos en el análisis de dichos requerimientos previos de 5 de abril de 2018 y 6 de abril de 2018, de 15 de marzo de 2019 y de 9 de marzo de 2020 (acontecimientos 15, 16 y 17) y el tiempo transcurrido entre ambos.

Ya nos expresamos en este sentido en nuestra sentencia de 7 de junio de 2023(rollo de apelación 90/2022 ), siendo demandada la misma fabricante que en este caso:

"En todo caso ello carece de relevancia al ser de aplicación del plazo quinquenal de la Directiva, según la STJUE de 22.06.2022 , en la que concluye que la Directiva debe interpretarse en el sentido de que constituye una disposición sustantiva y que en su ámbito de aplicación temporal está comprendida una acción por daños que, aunque se derive de una infracción del Derecho de la competencia que finalizó antes de la entrada en vigor de la citada Directiva (como es el caso , pues el cártel finalizó en enero de 2011), fue ejercitada después de la entrada en vigor de las disposiciones que transponen tal Directiva al Derecho nacional (aquí, el 27 de mayo de 2017) en la medida en que el plazo de prescripción aplicable a esa acción en virtud de la regulación anterior (un año, en el derecho español) no se había agotado antes de que expirara el plazo de transposición de la misma Directiva (aquí, el 27 de diciembre de 2016). En igual sentido, la SAP de Madrid, Sección 28ª, de 1 de julio de 2022 , y precisamente las conclusiones de la Abogada General Kokott de 22.9.2022 en el asunto C-312/21 (apartado 43) descartan la prescripción invocada como óbice de admisibilidad".

Por último, debemos citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2023 ,que, tomando en cuenta la jurisprudencia reseñada del TJUE, confirma en un caso análogo que «como el diez a quo viene determinado por la fecha de publicación en el DOUE de la Decisión (6 de abril de 2017) y el plazo de prescripción previsto en el artículo 74.1 LDC (aplicable a una situación que sigue surtiendo efectos) es de cinco años, no puede considerarse prescrita la acción en la fecha de presentación de la demanda».

TERCERO. -Legitimación activa del actor

1.- La parte demandada invoca esta excepción porque considera que, conforme el art. 217 LEC con relación a los documentos aportados por la parte actora sobre los vehículos objeto del procedimiento, el juez a quo incurre en error en la valoración de la prueba porque la documentación adjuntada a la demanda no acredita ni siquiera el precio de adquisición.

En cuanto a la prueba del precio como presupuesto necesario para acreditar el daño y la documentación adecuada a tal fin, debemos recordar que en nuestra sentencia núm. 679/2023, de 7 de junio de 2023(rollo de apelación 90/2022 ) afirmamos:

"2. La cualidad de perjudicado - y por tanto legitimado activo - la tienen los que pagaron un sobreprecio para adquirir la propiedad o derecho de explotación de los productos cartelizados (camiones medios y pesados), al margen de la fórmula de pago (compraventa al contado o a plazos o arrendamiento financiero, por ejemplo). Más allá de lo dicho por la sentencia de instancia, no participamos de la tesis de la recurrente por los argumentos vertidos en los precedentes citados

«Aunque es cierto que los permisos de circulación, las fichas técnicas, o bien los registros públicos sobre vehículos tienen carácter administrativo y no prejuzgan cuestiones de propiedad, y el valor probatorio en general de las facturas es de sobra conocido, sí son elementos de prueba que, conjuntamente valorados con el resto de circunstancias concurrentes, permiten afirmar la titularidad de los vehículos, ligada esta al pago de los mismos, y con ello el perjuicio sufrido. Y ello es lo que aquí acontece si tenemos presente (i) que el registro administrativo se corresponde con las facturas emitidas por los concesionarios; (ir) que se trata de vehículos adquiridos hace muchos años (...), con las dificultades que ello implica respecto de la obtención de documentación referente a su adquisición y pago, más allá del periodo legal de conservación de seis años y (iii) la ausencia de dato alguno (siquiera se interesa) revelador de impago de esos contratos»".

2.- Pues bien, en el Anexo XI del informe pericial (acontecimiento 18) de la parte actora consta listado de la DGT de los vehículos adquiridos por Hermanos Ingleses, S.A., informes individuales de los vehículos e informe pericial de valor de los vehículos para el cálculo del valor de mercado de los cinco vehículos objeto de demanda.

D. Darío acompaña listado de la DGT e informe individual del vehículo que reclama e informe pericial del valor de mercado.

D. Victor Manuel acompaña permiso de circulación, tarjeta técnica e informe pericial del valor de mercado del único vehículo objeto de demanda.

D. Hermenegildo presenta permiso de circulación, tarjeta técnica e informe pericial de valor de mercado del vehículo objeto de demanda.

Finalmente, D. Evaristo presenta certificado de la DGT, informe individual de cada uno de los dos vehículos e informe pericial de valoración de mercado.

Estos informes periciales para determinar el precio de adquisición de cada uno de los camiones objeto de demanda son criticados en el recurso de apelación de la parte demandada (apartado 1.1).

3.- Ahora bien no compartimos el criterio del juez a quo cuando no se ha acreditado el precio de adquisición mediante un documento de adquisición (factura, contrato de arrendamiento financiero) y sólo se ha aportado un informe pericial valorativo.

En nuestra sentencia de 6 de febrero de 2025(rollo de apelación núm. 2129/2021 ) expusimos:

"2.- Por tanto, disponemos de medios de prueba suficiente para tener por acreditado que los actores fueron propietarias de dichos vehículos, pero la cuestión estriba en si un informe de un folio que calcula el valor de compra de un vehículo es prueba suficiente a efectos de tenerlo por precio respecto el que se calcula el sobreprecio a que se condena a la entidad.

Dispone la SAP Madrid, Sec. 32ª, núm. 307/2024, de 8 de noviembre de 2024 ( ROJ: SAP M 15605/2024 - ECLI:ES:APM:2024:15605)

"Este tribunal ha señalado en significados precedentes, dónde se han suscitado reparos parangonables a éste, que hay tener presente que la considerable antigüedad de las operaciones implicadas en el cártel de coches puede justificar cierta incompletitud a la hora de la aportación de los soportes documentales de las mismas. Lo que no podría justificarse sería una total inexistencia de ese sustento, porque es preciso que pueda conocerse el precio de la operación y una implicación en la misma de la parte actora.Pero sí puede comprenderse que la aportada tenga un cierto carácter fragmentario, si del manejo en conjunto de la presentada puede alcanzarse el conocimiento de esos datos esenciales" (el destacado es nuestro) y considera suficiente la documentación administrativa con la factura proforma.

Con la misma interpretación generosa, teniendo en cuenta en tiempo transcurrido, se ha admitido por este tribunal la contabilidad de la propia empresa como prueba del precio cuando consta el precio de adquisición, junto con la documentación técnica y administrativa, por todas, SAP Murcia, Sec. 4ª, núm. 1015/2024, de 17 de octubre de 2024 ( ROJ: SAP MU 2834/2024 - ECLI:ES:APMU:2024:2834).

Más extensamente se pronuncia sobre los documentos de "cálculo de valora de compra" la SAP Segovia, Sec. 1ª, núm. 239/2024, de 7 de octubre de 2024 ( ROJ: SAP SG 348/2024 - ECLI:ES:APSG:2024:348), para rechazarlos:

"Cuando se está solicitando una indemnización por unos perjuicios sufridos por un incremento indebido en el precio del camión y además la cuantía que se solicita es un porcentaje sobre el precio pagado por el camión, resulta evidente que el elemento esencial que debe quedar acreditado es el precio que se ha pagado por el camión. Esta es la base fundamental de la demanda y no se estima que las alegaciones que se hacen respecto al tiempo transcurrido sean bastantes para permitir que, sin acreditar el precio concreto que se ha pagado, se pueda determinar una indemnización con la base de una regresión teórica de a cuánto podría haber ascendido el precio del camión, pues ello supone vulnerar las reglas básicas de la prueba que corresponde a la parte actora; máxime cuando ha aportado documentación como son las tarjetas de circulación que tendrían menos sentido de seguir manteniendo en su poder que la propia contabilidad de la empresa en que se pudiese mostrar el pago efectuado por los camiones".

No podemos olvidar que en la fijación del precio y adquisición del vehículo pueden influir otros factores que no han sido tenidos en cuenta en el cálculo regresivo y que afectan a situaciones personales del adquirente y del vendedor, como puede ser los descuentos que se le puedan hacer por determinadas razones de amistad o clientela, o beneficios de otra clase que se pueden obtener por esa compra, extremos que solo pueden venir determinados por la aportación de los documentos que determinen el precio concreto que se abonó por el vehículo".

Y el mismo criterio mantiene la SAP Alicante, Sec. 8ª, núm. 470/2024, de 27 de septiembre de 2024 ( ROJ: SAP A 1613/2024 - ECLI:ES:APA:2024:1613):

"Este sistema de valoración del precio fue desechado en nuestra Sentencia 600/22, de 6 de mayo con los siguientes términos:

"Pues bien, lo cierto es que no considera el Tribunal que el cálculo del precio a través de una regresión econométrica sea suficiente para tener por acreditado el precio del vehículo ya que no deja de ser una estimación, que a lo más, fija un valor que resulta insuficiente para poder fijar sobre ella el sobreprecio abonado.

Es consciente el Tribunal que sobre el valor de la tasación de un vehículo siguiente este mismo modelo valorativo ya se ha pronunciado en otra Sentencia, en particular en su Sentencia 295/22 de 4 de marzo donde dijimos, cuestionando el método: "Aunque la Sala no comparte el método empleado por la parte actora para fijar el sobreprecio de los camiones utilizado con carácter general en su informe pericial, no puede dejar de considerar acreditado el pago del precio en este caso: se ha aportado el permiso de circulación a nombre de FERCOFRÍO, la tarjeta técnica, la factura de compra del camión y, el informe de la Dirección General de Tráfico donde se refleja que sigue estando a nombre de la mercantil actora. Hemos de considerar acreditado el pago como hecho normal en las relaciones mercantiles entre empresas cuando ha transcurrido tan largo período de tiempo desde su adquisición. Aunque no aprobemos el método empleado, se ha fijado el precio de la cabeza tractora por aproximación con la finalidad de concretar exclusivamente el precio de la cabeza tractora y perfectamente pudo la entidad demandada aportar otra valoración distinta que la contradijera, cosa que no hizo.".

Sin embargo, en el caso que nos ocupa no hay más documentación que la técnica del vehículo sin aportación de factura que permita aproximar la realidad de la tasación al importe total -con extras- que se hubiere abonado en su día.

En suma consideramos que la simple valoración pericial, a efectos de la prueba del precio, es por sí sola insuficiente si no se acompaña de algún otro elemento que permite verificar con objetividad y un mínimo de certeza, el precio.

En consecuencia consideramos que no ha logrado la parte demandante probar daño alguno respecto del Sr. Hilario y, en consecuencia, debemos desestimar la pretensión deducida por dicha parte."

3.- Compartimos los argumentos expuestos en las sentencias reproducidas. Dado que la parte actora está reclamando que abonó, a consecuencia de la conducta colusoria, un sobreprecio en el precio de adquisición de sus vehículos, sobreprecio que se calcula mediante un porcentaje sobre el precio de adquisición, la prueba del precio de adquisición es un elemento determinante para la estimación de la acción.

Podemos valorar el tiempo transcurrido desde las adquisiciones, algunas de 1998 y 1999 y la dificultad de conservar documentos después del transcurso de tantos años, pero es necesario que la parte actora acredita, de alguna manera, a través de los medios de prueba válidos en derecho, el precio de adquisición que abonó por la adquisición de los camiones objeto del procedimiento.

La sola aportación de un informe pericial, escueto, que calcula "con prudencia" la fijación de dicho precio, no es un medio hábil por sí solo para sustituir la prueba del precio que se le exige al actor que reclama un sobreprecio.

Por tanto, no conociendo el importe del precio de adquisición, no se puede tener por acreditado el daño respecto los camiones analizados y se debe desestimar la demanda respecto ellos.

Por todo ello, estimamos parcialmente este motivo del recurso de apelación de la parte demandada".Los destacados son del documento original.

Nos encontramos en un caso sustancialmente idéntico y por esta misma argumentación, presentados informes periciales de un folio para tratar de acreditar el valor de los camiones adquiridos, debemos estimar este motivo del recurso de apelación de la parte demandada y estimar que Hermanos Inglés, S,A. D. Darío, D. Victor Manuel, D. Hermenegildo y D. Evaristo no tienen legitimación activa, lo que determina la estimación del recurso de apelación de la parte demandada y la desestimación íntegra de la demanda.

CUARTO. -Costas

En cuanto a las costas de la primera instancia debe mantenerse el pronunciamiento de instancia ya que la ausencia de jurisprudencia y la complejidad y novedad de la controversia unido a la pluralidad de pronunciamientos judiciales de órganos de primera y segunda instancia de diverso parecer, en especial sobre la cuantificación del daño, así lo impone ( art 394 LEC) , declarado conforme a la Directiva por la reciente sentencia del TJUE antes citada.

Respecto de las costas de la apelación, aunque el recurso de la parte actora ha sido desestimado y ello implicaría la imposición de las costas procesales con arreglo al artículo 398 de la LEC, las razones apuntadas en el apartado anterior justifican la no imposición de costas a la parte recurrente.

Respecto el recurso de apelación de la parte demandada, no procede imponer las costas porque ha sido estimado.

Y ello con la consiguiente pérdida del depósito constituido para recurrir la parte actora de acuerdo con la DA 15ª LOPJ, al que se dará el correspondiente destino legal.

Procede la devolución del depósito constituido para recurrir a la parte demandada, por el mismo precepto, una vez ha sido estimado su recurso.

Vistos los preceptos legales, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO. -Planteamiento

La representación procesal de Hermanos Inglés, S,A. D. Darío, D. Victor Manuel, D. Hermenegildo y D. Evaristo y de Renault Trucks, S.A.S. formular on sendos recursos de apelación contra la sentencia dictada por el Ilmo. Magistrado-juez en comisión de servicios del Juzgado Mercantil núm. 2 de Murcia de fecha 11 de noviembre de 2021 (y auto de aclaración de 18 de noviembre de 2021), por la que se estimaba parcialmente la demanda, condenando a RENAULT TRUCKS, S.A.S. al abono de 30.142,07 euros a la parte actora.

1.- La demandainvoca la De cisión provisional de la Comisión Europea recaída en el Asunto AT 39824 Camiones, de 19 de julio de 2016 y publicada en la web de la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea con fecha 6 de abril de 2017 relativa a la infracción del Derecho de la Competencia mediante un cártel de fabricantes de camiones para la coordinación de los precios brutos de los camiones medios (6 a 16 toneladas) y pesados (más de 16 toneladas), tanto camiones fijos como cabezas tractoras, mediante intercambio de listas de precios brutos, y mediante intercambio de los datos de los configuradores de venta de los camiones; sobre el calendario a seguir para la introducción de tecnologías para cumplir con la normativa europea sobre emisiones (normas EURO 3 a 6) y para la transmisión a los clientes de los costes de introducción de las tecnologías sobre emisiones exigidas por la normativa europea mencionada, que se prolongó desde el 17 de enero de 1997 al 18 de enero de 2011

La parte demandante alega que en dicho periodo adquirieron los camiones que precisan en la demanda y solicitan que se declare que la demandada es responsable por los daños en dichas adquisiciones, que cifra en 150.992,60 euros, y se le condene a su pago más los intereses legales desde su adquisición.

2.- La sentenciaestima parcialmente la demanda y condena a la demandada a abonar 30.142,0 7 euros, el 5% del precio de adquisición de los vehículos, más los intereses legales desde la fecha de la adquisición.

En primer lugar, desestima la excepción de falta de legitimación activa con base en la SAP Pontevedra de 8 de octubre de 2020 y, a continuación, rechaza la excepción de prescripción, en virtud de la STJUE de 28 de marzo de 2019 y los arts. 1968 CC, dado que el plazo comienza a partir del 6 de abril de 2017 y fue interrumpido el 6 de abril de 2018 (doc. 9) y el 15 de marzo de 2019 (doc. 9 bis).

A continuación, se fija el marco jurídico aplicable a la reclamación de los actores. La SAP Pontevedra de 31 de julio de 2020, valora la Directiva 2014/104, los principios comunitarios derivados de numerosas sentencias del TJUE previos a dicha Directiva, que cita y reproduce, así como distintas resoluciones de varias Audiencias Provinciales. Concluye que debemos aplicar el art. 1902 CC interpretado conforme los principios comunitarios y la STS de 7 de noviembre de 2013.

De acuerdo con esta doctrina, debemos acudir al art. 1902 CC como norma jurídica decisoria, vía nacional para reclamar los daños derivados de las infracciones privadas del Derecho de la Competencia, a través de la responsabilidad extracontractual, completado con la doctrina jurisprudencial nacional y comunitaria que interpretan los requisitos necesarios para su aplicación al Derecho de la Competencia.

De spués analiza la prueba del daño conforme la SJM núm. 3 de Valencia de 30 de diciembre de 2019, deriva de la Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2016, que describe los productos afectados y afirma que los acuerdos colusorios tuvieron incidencia en la fijación de precios netos y cabe la aplicación de la propia doctrina ex re ipsa, como resulta del informe de Faconauto aportado por la actora, con fundamento en el apartado 27, 46 a 48 y 85 de la Decisión y el informe Oxera por lo que se presume el daño, con cita también de la SAP Barcelona, Sec. 15ª, de10 de enero de 2020 y la SAP Valencia, Sec. 9ª, de16 de diciembre de 2019.

Ce ntrándose en la cuantificación del daño, la parte actora acredita el daño sufrido mediante un informe pericial que se ajusta a los métodos empleados en la Guía Práctica de la Comisión, como reconoce la SAP Pontevedra de 14 de mayo de 2020. Contiene erratas, que enumera, pero presenta una hipótesis razonable y técnicamente fundada como exige la STS de 7 de noviembre de 2013.

Re chaza el argumento del passing on defense con la misma STS núm. 651/2013 y que la demandada no ha acreditado que los perjudicados hayan podido librarse del incremento de precio a través del mercado al no haberse practicado una pericial que cubriera este aspecto, con cita de la SJM núm. 3 de Valencia. Tampoco existe prueba sobre la amortización de los vehículos ni las circunstancias de la venta de segunda mano.

Si guiendo la posición de la SPA Pontevedra de 6 de octubre de 2020 y en su propia sentencia de 3 de noviembre de 2020, con base en los considerandos 45 y 46 de la Directiva de Daño, y que se presentan los mismos informes pericial en todos estos procesos, enumera los defectos del informe pericial de la actora de forma prolija. Por ello concluye "Por tanto, el dictamen demandante, por las razones apuntadas, no resulta convincente en la estimación de un perjuicio medio sostenido del 16,35%, (similar o idéntico al reclamado en otras demandas sobre la base de dictámenes construidos sobre métodos diferentes), de modo que juzgamos su metodología como sesgada, en la medida en que la consideración de otras variables arroja datos de incrementos de precio notablemente inferiores, (vid. folios 159 y ss., y 169 y ss. del informe KPMG). Esto impide que la jurisdicción pueda partir de la conclusión de los peritos para cuantificar el daño."

Pe ro también valora que el informe pericial de la parte demandada incurre en defectos, que igualmente enumera.

Ah ora bien, la desestimación de los criterios de cuantificación de la parte demandada no debe llevar a la desestimación de la demanda, porque la parte demandada tampoco ha ofrecido un criterio alternativo válido de valoración, y valorando la dificultad probatoria y por la dificultad de acceso a las fuentes de prueba en este tipo de procesos, con relación a los principios de efectividad y equivalencia, debe hacerse una estimación judicial del daño.

De acuerdo con la SAP Pontevedra de 6 de octubre de 2020 que reproduce, y, en atención a todo lo expuesto y sin expresa condena en costas, cuantifica el perjuicio sufrido en el 5% del precio de adquisición, más los intereses legales desde la fecha de adquisición de cada camión, de acuerdo con la SAP Murcia de 25 de marzo de 2021.

3.- La parte actora formula recurso de apelacióncontra el pronunciamiento de la sentencia sobre la cuantificación del perjuicio, pues el juez a quo le concede el 5% del precio de adquisición de los camiones (30.142,07 euros) en lugar de la cantidad solicitada (150.992,60 euros) cuantificada en su informe pericial aportado como documento 10 de la demanda.

En síntesis, expone los siguientes motivos: 1º) error en la valoración de la prueba pericial aportado por la actora (informe Caballer/Herrerías y otros), con infracción del art. 348 LEC, de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de la STS 651/2013 de 7 de noviembre y del principio de efectividad; con referencia a las críticas jurisprudenciales del informe pericial de la demandada; 2º) infracción del derecho a la reparación integral del daño y falta de motivación; 3º) infracción del art. 101 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; 4º) infracción del art 72 de la Ley de Defensa de la Competencia y de la jurisprudencia sobre reparación integral del daño; 5º) infracción de la DA 2ª del Real Decreto-Ley 9/2017 y de la jurisprudencia del TJUE sobre el principio de efectividad; y 6º) infracción del artículo 1902 del Código Civil.

4.- También formula recurso de apelación contra la sentencia la parte demandada,que plantea varios motivos.

1) Infracción del art. 217 LEC y errónea valoración de la prueba con relación a la falta de prueba del pago del precio de los camiones objeto de reclamación con cargo al patrimonio del actor, por lo que no resulta probada la existencia de daño, haciendo su propia valoración probatoria del permiso de circulación, las facturas de venta, los contratos de arrendamiento financiero, de los informes de la DGT, así como de las facturas de reventa.

2) Errónea valoración de la prueba sobre la prescripción de la acción porque tomando como dies a quo del plazo el 19 de julio de 2016, la acción ya estaba prescrita al tiempo de presentar las reclamaciones extrajudiciales de 5 de abril de 2018 y 6 de abril de 2018, de 15 de marzo de 2019 y de 9 de marzo de 2020, al amparo del art. 1973 CC y niega que tuvieran suficiente información para la identificación de los vehículos y, por ende, que tuvieran valor interruptivo;

3) Infracción legal por la aplicación incorrecta del art. 1.902 CC, presunción de la existencia de un daño, un sobreprecio y de una relación de causalidad entre la conducta sancionada y ese supuesto daño, de acuerdo con el tenor de la Decisión y en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Presunción judicial en contra del tenor literal de la Decisión (párrafos 80, 82, 85), y sin pruebas que lo acrediten.

Por su parte alega que, conforme los párrafos 27 y 48 no puede argumentarse que hubo efectos en los precios netos pagados por los clientes finales con relación a los análisis efectuados por sus peritos en el informe de KPMG y que concurren numerosos elementos que influyen en la negociación de los precios de compra de los camiones, por lo que no la fijación del precio no es automática por la existencia de una conducta infractora.

En todo caso, la presunción admite prueba en contrario y, para ello, las pruebas deben ser valoradas de según los criterios legales, y de la prueba pericial en particular.

Concluye que la parte actora no ha acreditado la existencia de daño y que la sentencia no respeta las reglas sobre la carga de la prueba, por lo que la condena de la recurrente infringe el art. 1902 CC.

4) Infracción legal por la presunción de la existencia de un daño como sobreprecio y una relación de causalidad entre la conducta sancionada y ese supuesto daño a través de la aplicación indebida de la regla ex re ipsa, que supone una "estimación judicial" del supuesto daño, con fundamento en la STS de 7 de noviembre de 2013.

Si la parte actora no acreditó la existencia de daño, hecho que le correspondía conforme las reglas de la carga de la prueba, la demanda debe ser desestimada. Sin embargo, la sentencia estima la demanda mediante la doctrina ex re ipsa.

Considera que se está vulnerando el art. 2.3 CC por la indebida aplicación implícita del artículo 17.1 de la Directiva de Daños y del artículo 76.2 y 3 de la Ley de Defensa de la Competencia a hechos anteriores de su entrada en vigor, que concluyeron el 18 de enero de 2011, cuando esta regla no tiene una aplicación general en nuestro ordenamiento jurídico, ni siquiera en los ámbitos de la propiedad industrial ni de la competencia desleal o responsabilidad extracontractual. Se infringen los arts. 9.3 14 y 24 CE.

Subsidiariamente, en una hipótesis de aplicación de los preceptos citados y la doctrina ex re ipsa, tampoco procedería porque la parte actora no se encontraba en una posición de asimetría informativa. No había ningún escenario de indisponibilidad de datos ni existía una insalvable dificultad probatoria que los justificase la estimación judicial del daño. Se remite a las declaraciones de los peritos de la actora.

5) Infracción del principio dispositivo y de rogación ( arts. 216, 218.1 LEC y 24 CE) por incongruencia extra petita, dado que la sentencia estima la demanda a pesar de reconocer que el informe pericial del actor no acredita la existencia de daño ni su cuantía, por lo que actúa por pura iniciativa judicial sobre la base de hechos y datos que no han sido objeto de discusión. Se refiere al informe Oxera 2009, que critica, porque la sentencia se fundamenta en otras sentencias que lo han valorado y este documento no ha sido aportado y discutido en este procedimiento.

Por otro lado, la apreciación de un sobreprecio del 5% no fue planteado por la demandante y no pudo ser discutido por la demandada, por lo que infringe los arts. 216 y 218 LEC, pues que acoge una pretensión que no fue oportunamente deducida con base a unos criterios que no fueron aportados por la actora y así suple la debida actividad de la parte actora, apartándose de los principios dispositivo y de rogación, sin que esta actuación tenga cabida en el principio iura novit curia.

6) Error en la valoración de la prueba en relación con su informe pericial confeccionado por KPMG Asesores, S.L. (en adelante KPMG) por la "destrucción injustificada de la valoración" de su informe pericial. Así, se prescinde de las reglas de la sana crítica. A continuación, analiza y valora el contenido del informe, diferenciando cada una de sus tres partes, expresando que su base de datos (19.797 transacciones) procede únicamente de los datos de venta del fabricante y explicando los métodos empleados por los peritos (modelo econométrico y análisis de regresión...) También responde a las críticas realizadas en la sentencia y, y a su vez, señala las deficiencias del informe pericial aportado de contrario.

7) De forma subsidiaria, incongruencia extra petita y reducción del quantum indemnizatorio en concepto de principal e intereses, que debería ser reducido, al fijar la fecha de devengo de intereses en el momento de la supuesta compra de los camiones cuando debería fijarse en la fecha de la presentación de la demanda.

5.- Como hemos manifestado en gran cantidad de ocasiones, nos encontramos ante un fenómeno de litigación en masa, donde las mismas representaciones de los actores, acompañando los mismos informes periciales, reclaman el sobreprecio por la adquisición de los camiones a las mismas fabricantes, que igualmente comparecen con la misma representación y aportan los mismos informes periciales, con base en la Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2016.

La consecuencia de esta circunstancia consiste en que deber tomar en cuéntala fundamentación contenida en nuestras sentencias dictadas anteriormente con base en la mencionada Decisión de la Comisión Europea, así como a las valoraciones de los hechos, las alegaciones y las pruebas realizados.

Por otro lado, estas decisiones se deben ir adaptando a las resoluciones que se vayan dictando en esta materia, como sucede con la STJUE, Sala Primera, de15 de julio de 2021, asunto C-30/20, (Roj: PTJUE 187/2021 - ECLI: EU:C:2021:604); STJUE, Gran Sala, de 11 de noviembre de 2021 (asunto C-882/19); STJUE de 22 de junio de 2022 (asunto C-267/20); STJUE, Sala Segunda, de 10 de noviembre de 2022, asunto C-163/21 (Roj: PTJUE 286/2022 - ECLI: EU:C:2022:863); ATJUE, Sala Sexta, de 28 de febrero de 2023 (asunto C-285/21, (Roj: PTJUE 59/2023 - ECLI: EU:C:2023:132) o STJUE de 16 de febrero de 2023 (asunto C-312/21, Tráficos Manuel Ferrer y Daimler).

Con más razón cuando las sentencias del Tribunal Supremo han venido a confirmar los criterios en ellas fijados (SSTS núm. 923, 924, 925, 926, 927, 928, de 12 de junio; SSTS 939, 940, 941, 942/2023, de 13 de junio; SSTS 946, 947, 948, 949, 950/23, de 14 de junio de 2023) y otras posteriores.

En estos términos nos pronunciamos en nuestra sentencia de 7 de junio de 2023(rollo 90/2022 ):

"3. La pluralidad y vinculación de las alegaciones de las partes aconseja, como venimos haciendo en precedentes sentencias de este Tribunal recaídas en asuntos del mismo cartel, a su estudio conjunto y sistematizado, y dejar constancia previa de que tendremos en consideración nuestros precedentes, en especial las sentencias dictadas el 10 de junio de 2021 en unos litigios con la misma demandada, que constituyen una especie de "pleitos-testigo" en terminología al uso respecto de la misma, pues no solo se reiteran idénticas controversias sino en la práctica en esencia se reproducen idénticas alegaciones y actividad probatoria. No solo en la parte demandada, sino también en la parte actora, que, si bien es diversa, comparte estrategia procesal, con igual dirección letrada, argumentario y actividad probatoria en esencia, por lo que en tanto no apreciemos razones para apartarnos de los citados precedentes, la respuesta no puede ser distinta. La previsibilidad de la respuesta judicial ante situaciones, alegaciones y pruebas sustancialmente idénticas así lo impone, siendo consecuencia ineludible de este fenómeno de litigiosidad en masa en el que se ha convertido el conocido "cartel de los camiones ", sin que esos "pleitos -testigos" hayan tenido servido para nada para evitar la litigiosidad judicial. Así lo exigen evidentes razones de seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad y coherencia e igualdad de trato ( art 9 y 14 CE ), pues en palabras de la STC 184/2007, de 10 de septiembre

«el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, en conexión con el principio de interdicción de la arbitrariedad ( art. 9.3 CE ), obliga a que un mismo órgano jurisdiccional no pueda cambiar caprichosamente el sentido de sus decisiones adoptadas con anterioridad en casos sustancialmente iguales sin una argumentación razonada de dicha separación que justifique que la solución dada al caso responde a una interpretación abstracta y general de la norma aplicable y no a una respuesta ad personam, singularizada.»"

SEGUNDO. -Prescripción

Dos cuestiones debemos dejar zanjadas en esta materia con base en la STJUE de 22 de junio de 2022(asunto C-267/20 ):

i) Ha quedado resuelto cuál es el dies a quo del plazo de prescripción, pues dicha resolución lo fija el 6 de abril de 2017, aunque ya lo veníamos fijando porque era evidente que la mera nota de prensa publicada el 19 de julio de 2016 no proporcionaba los elementos fácticos y jurídicos necesarios para el ejercicio de la acción;

ii) Se ha fijado un plazo de prescripción de cinco años a contar desde el dies a quo ya dicho.

En consecuencias, a estas alturas ya no es necesario entrar al análisis de los requerimientos extrajudiciales previos a la demanda dirigidos por los actores a los fabricantes para la interrupción del plazo de prescripción de un año ( art.1968 CC) ni para determinar su eficacia interruptiva, pues en ocasiones se negaba que identificaran los destinatarios o los camiones objeto de reclamación; ni para determinar la fecha de envío o recepción con relación al dies a quo, para verificar si había transcurrido un año desde que se recibió, con los retroacción de efectos entonces a la fecha del envío.

Y ello sucede porque esta sentencia del TJUE ha fijado el plazo de prescripción en cinco años a contar desde el 6 de abril de 2017. Dicho plazo habrá concluido el 6 de abril de 2022 si no se interrumpe en forma.

Dado que en este caso no es un hecho controvertido que la demanda se presentó el 26 de mayo de 2020 (acontecimiento 2), se realizó dentro del plazo fijado por el TJUE, por lo que ya resulta indiferente detenernos en el análisis de dichos requerimientos previos de 5 de abril de 2018 y 6 de abril de 2018, de 15 de marzo de 2019 y de 9 de marzo de 2020 (acontecimientos 15, 16 y 17) y el tiempo transcurrido entre ambos.

Ya nos expresamos en este sentido en nuestra sentencia de 7 de junio de 2023(rollo de apelación 90/2022 ), siendo demandada la misma fabricante que en este caso:

"En todo caso ello carece de relevancia al ser de aplicación del plazo quinquenal de la Directiva, según la STJUE de 22.06.2022 , en la que concluye que la Directiva debe interpretarse en el sentido de que constituye una disposición sustantiva y que en su ámbito de aplicación temporal está comprendida una acción por daños que, aunque se derive de una infracción del Derecho de la competencia que finalizó antes de la entrada en vigor de la citada Directiva (como es el caso , pues el cártel finalizó en enero de 2011), fue ejercitada después de la entrada en vigor de las disposiciones que transponen tal Directiva al Derecho nacional (aquí, el 27 de mayo de 2017) en la medida en que el plazo de prescripción aplicable a esa acción en virtud de la regulación anterior (un año, en el derecho español) no se había agotado antes de que expirara el plazo de transposición de la misma Directiva (aquí, el 27 de diciembre de 2016). En igual sentido, la SAP de Madrid, Sección 28ª, de 1 de julio de 2022 , y precisamente las conclusiones de la Abogada General Kokott de 22.9.2022 en el asunto C-312/21 (apartado 43) descartan la prescripción invocada como óbice de admisibilidad".

Por último, debemos citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2023 ,que, tomando en cuenta la jurisprudencia reseñada del TJUE, confirma en un caso análogo que «como el diez a quo viene determinado por la fecha de publicación en el DOUE de la Decisión (6 de abril de 2017) y el plazo de prescripción previsto en el artículo 74.1 LDC (aplicable a una situación que sigue surtiendo efectos) es de cinco años, no puede considerarse prescrita la acción en la fecha de presentación de la demanda».

TERCERO. -Legitimación activa del actor

1.- La parte demandada invoca esta excepción porque considera que, conforme el art. 217 LEC con relación a los documentos aportados por la parte actora sobre los vehículos objeto del procedimiento, el juez a quo incurre en error en la valoración de la prueba porque la documentación adjuntada a la demanda no acredita ni siquiera el precio de adquisición.

En cuanto a la prueba del precio como presupuesto necesario para acreditar el daño y la documentación adecuada a tal fin, debemos recordar que en nuestra sentencia núm. 679/2023, de 7 de junio de 2023(rollo de apelación 90/2022 ) afirmamos:

"2. La cualidad de perjudicado - y por tanto legitimado activo - la tienen los que pagaron un sobreprecio para adquirir la propiedad o derecho de explotación de los productos cartelizados (camiones medios y pesados), al margen de la fórmula de pago (compraventa al contado o a plazos o arrendamiento financiero, por ejemplo). Más allá de lo dicho por la sentencia de instancia, no participamos de la tesis de la recurrente por los argumentos vertidos en los precedentes citados

«Aunque es cierto que los permisos de circulación, las fichas técnicas, o bien los registros públicos sobre vehículos tienen carácter administrativo y no prejuzgan cuestiones de propiedad, y el valor probatorio en general de las facturas es de sobra conocido, sí son elementos de prueba que, conjuntamente valorados con el resto de circunstancias concurrentes, permiten afirmar la titularidad de los vehículos, ligada esta al pago de los mismos, y con ello el perjuicio sufrido. Y ello es lo que aquí acontece si tenemos presente (i) que el registro administrativo se corresponde con las facturas emitidas por los concesionarios; (ir) que se trata de vehículos adquiridos hace muchos años (...), con las dificultades que ello implica respecto de la obtención de documentación referente a su adquisición y pago, más allá del periodo legal de conservación de seis años y (iii) la ausencia de dato alguno (siquiera se interesa) revelador de impago de esos contratos»".

2.- Pues bien, en el Anexo XI del informe pericial (acontecimiento 18) de la parte actora consta listado de la DGT de los vehículos adquiridos por Hermanos Ingleses, S.A., informes individuales de los vehículos e informe pericial de valor de los vehículos para el cálculo del valor de mercado de los cinco vehículos objeto de demanda.

D. Darío acompaña listado de la DGT e informe individual del vehículo que reclama e informe pericial del valor de mercado.

D. Victor Manuel acompaña permiso de circulación, tarjeta técnica e informe pericial del valor de mercado del único vehículo objeto de demanda.

D. Hermenegildo presenta permiso de circulación, tarjeta técnica e informe pericial de valor de mercado del vehículo objeto de demanda.

Finalmente, D. Evaristo presenta certificado de la DGT, informe individual de cada uno de los dos vehículos e informe pericial de valoración de mercado.

Estos informes periciales para determinar el precio de adquisición de cada uno de los camiones objeto de demanda son criticados en el recurso de apelación de la parte demandada (apartado 1.1).

3.- Ahora bien no compartimos el criterio del juez a quo cuando no se ha acreditado el precio de adquisición mediante un documento de adquisición (factura, contrato de arrendamiento financiero) y sólo se ha aportado un informe pericial valorativo.

En nuestra sentencia de 6 de febrero de 2025(rollo de apelación núm. 2129/2021 ) expusimos:

"2.- Por tanto, disponemos de medios de prueba suficiente para tener por acreditado que los actores fueron propietarias de dichos vehículos, pero la cuestión estriba en si un informe de un folio que calcula el valor de compra de un vehículo es prueba suficiente a efectos de tenerlo por precio respecto el que se calcula el sobreprecio a que se condena a la entidad.

Dispone la SAP Madrid, Sec. 32ª, núm. 307/2024, de 8 de noviembre de 2024 ( ROJ: SAP M 15605/2024 - ECLI:ES:APM:2024:15605)

"Este tribunal ha señalado en significados precedentes, dónde se han suscitado reparos parangonables a éste, que hay tener presente que la considerable antigüedad de las operaciones implicadas en el cártel de coches puede justificar cierta incompletitud a la hora de la aportación de los soportes documentales de las mismas. Lo que no podría justificarse sería una total inexistencia de ese sustento, porque es preciso que pueda conocerse el precio de la operación y una implicación en la misma de la parte actora.Pero sí puede comprenderse que la aportada tenga un cierto carácter fragmentario, si del manejo en conjunto de la presentada puede alcanzarse el conocimiento de esos datos esenciales" (el destacado es nuestro) y considera suficiente la documentación administrativa con la factura proforma.

Con la misma interpretación generosa, teniendo en cuenta en tiempo transcurrido, se ha admitido por este tribunal la contabilidad de la propia empresa como prueba del precio cuando consta el precio de adquisición, junto con la documentación técnica y administrativa, por todas, SAP Murcia, Sec. 4ª, núm. 1015/2024, de 17 de octubre de 2024 ( ROJ: SAP MU 2834/2024 - ECLI:ES:APMU:2024:2834).

Más extensamente se pronuncia sobre los documentos de "cálculo de valora de compra" la SAP Segovia, Sec. 1ª, núm. 239/2024, de 7 de octubre de 2024 ( ROJ: SAP SG 348/2024 - ECLI:ES:APSG:2024:348), para rechazarlos:

"Cuando se está solicitando una indemnización por unos perjuicios sufridos por un incremento indebido en el precio del camión y además la cuantía que se solicita es un porcentaje sobre el precio pagado por el camión, resulta evidente que el elemento esencial que debe quedar acreditado es el precio que se ha pagado por el camión. Esta es la base fundamental de la demanda y no se estima que las alegaciones que se hacen respecto al tiempo transcurrido sean bastantes para permitir que, sin acreditar el precio concreto que se ha pagado, se pueda determinar una indemnización con la base de una regresión teórica de a cuánto podría haber ascendido el precio del camión, pues ello supone vulnerar las reglas básicas de la prueba que corresponde a la parte actora; máxime cuando ha aportado documentación como son las tarjetas de circulación que tendrían menos sentido de seguir manteniendo en su poder que la propia contabilidad de la empresa en que se pudiese mostrar el pago efectuado por los camiones".

No podemos olvidar que en la fijación del precio y adquisición del vehículo pueden influir otros factores que no han sido tenidos en cuenta en el cálculo regresivo y que afectan a situaciones personales del adquirente y del vendedor, como puede ser los descuentos que se le puedan hacer por determinadas razones de amistad o clientela, o beneficios de otra clase que se pueden obtener por esa compra, extremos que solo pueden venir determinados por la aportación de los documentos que determinen el precio concreto que se abonó por el vehículo".

Y el mismo criterio mantiene la SAP Alicante, Sec. 8ª, núm. 470/2024, de 27 de septiembre de 2024 ( ROJ: SAP A 1613/2024 - ECLI:ES:APA:2024:1613):

"Este sistema de valoración del precio fue desechado en nuestra Sentencia 600/22, de 6 de mayo con los siguientes términos:

"Pues bien, lo cierto es que no considera el Tribunal que el cálculo del precio a través de una regresión econométrica sea suficiente para tener por acreditado el precio del vehículo ya que no deja de ser una estimación, que a lo más, fija un valor que resulta insuficiente para poder fijar sobre ella el sobreprecio abonado.

Es consciente el Tribunal que sobre el valor de la tasación de un vehículo siguiente este mismo modelo valorativo ya se ha pronunciado en otra Sentencia, en particular en su Sentencia 295/22 de 4 de marzo donde dijimos, cuestionando el método: "Aunque la Sala no comparte el método empleado por la parte actora para fijar el sobreprecio de los camiones utilizado con carácter general en su informe pericial, no puede dejar de considerar acreditado el pago del precio en este caso: se ha aportado el permiso de circulación a nombre de FERCOFRÍO, la tarjeta técnica, la factura de compra del camión y, el informe de la Dirección General de Tráfico donde se refleja que sigue estando a nombre de la mercantil actora. Hemos de considerar acreditado el pago como hecho normal en las relaciones mercantiles entre empresas cuando ha transcurrido tan largo período de tiempo desde su adquisición. Aunque no aprobemos el método empleado, se ha fijado el precio de la cabeza tractora por aproximación con la finalidad de concretar exclusivamente el precio de la cabeza tractora y perfectamente pudo la entidad demandada aportar otra valoración distinta que la contradijera, cosa que no hizo.".

Sin embargo, en el caso que nos ocupa no hay más documentación que la técnica del vehículo sin aportación de factura que permita aproximar la realidad de la tasación al importe total -con extras- que se hubiere abonado en su día.

En suma consideramos que la simple valoración pericial, a efectos de la prueba del precio, es por sí sola insuficiente si no se acompaña de algún otro elemento que permite verificar con objetividad y un mínimo de certeza, el precio.

En consecuencia consideramos que no ha logrado la parte demandante probar daño alguno respecto del Sr. Hilario y, en consecuencia, debemos desestimar la pretensión deducida por dicha parte."

3.- Compartimos los argumentos expuestos en las sentencias reproducidas. Dado que la parte actora está reclamando que abonó, a consecuencia de la conducta colusoria, un sobreprecio en el precio de adquisición de sus vehículos, sobreprecio que se calcula mediante un porcentaje sobre el precio de adquisición, la prueba del precio de adquisición es un elemento determinante para la estimación de la acción.

Podemos valorar el tiempo transcurrido desde las adquisiciones, algunas de 1998 y 1999 y la dificultad de conservar documentos después del transcurso de tantos años, pero es necesario que la parte actora acredita, de alguna manera, a través de los medios de prueba válidos en derecho, el precio de adquisición que abonó por la adquisición de los camiones objeto del procedimiento.

La sola aportación de un informe pericial, escueto, que calcula "con prudencia" la fijación de dicho precio, no es un medio hábil por sí solo para sustituir la prueba del precio que se le exige al actor que reclama un sobreprecio.

Por tanto, no conociendo el importe del precio de adquisición, no se puede tener por acreditado el daño respecto los camiones analizados y se debe desestimar la demanda respecto ellos.

Por todo ello, estimamos parcialmente este motivo del recurso de apelación de la parte demandada".Los destacados son del documento original.

Nos encontramos en un caso sustancialmente idéntico y por esta misma argumentación, presentados informes periciales de un folio para tratar de acreditar el valor de los camiones adquiridos, debemos estimar este motivo del recurso de apelación de la parte demandada y estimar que Hermanos Inglés, S,A. D. Darío, D. Victor Manuel, D. Hermenegildo y D. Evaristo no tienen legitimación activa, lo que determina la estimación del recurso de apelación de la parte demandada y la desestimación íntegra de la demanda.

CUARTO. -Costas

En cuanto a las costas de la primera instancia debe mantenerse el pronunciamiento de instancia ya que la ausencia de jurisprudencia y la complejidad y novedad de la controversia unido a la pluralidad de pronunciamientos judiciales de órganos de primera y segunda instancia de diverso parecer, en especial sobre la cuantificación del daño, así lo impone ( art 394 LEC) , declarado conforme a la Directiva por la reciente sentencia del TJUE antes citada.

Respecto de las costas de la apelación, aunque el recurso de la parte actora ha sido desestimado y ello implicaría la imposición de las costas procesales con arreglo al artículo 398 de la LEC, las razones apuntadas en el apartado anterior justifican la no imposición de costas a la parte recurrente.

Respecto el recurso de apelación de la parte demandada, no procede imponer las costas porque ha sido estimado.

Y ello con la consiguiente pérdida del depósito constituido para recurrir la parte actora de acuerdo con la DA 15ª LOPJ, al que se dará el correspondiente destino legal.

Procede la devolución del depósito constituido para recurrir a la parte demandada, por el mismo precepto, una vez ha sido estimado su recurso.

Vistos los preceptos legales, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO. -Planteamiento

La representación procesal de Hermanos Inglés, S,A. D. Darío, D. Victor Manuel, D. Hermenegildo y D. Evaristo y de Renault Trucks, S.A.S. formular on sendos recursos de apelación contra la sentencia dictada por el Ilmo. Magistrado-juez en comisión de servicios del Juzgado Mercantil núm. 2 de Murcia de fecha 11 de noviembre de 2021 (y auto de aclaración de 18 de noviembre de 2021), por la que se estimaba parcialmente la demanda, condenando a RENAULT TRUCKS, S.A.S. al abono de 30.142,07 euros a la parte actora.

1.- La demandainvoca la De cisión provisional de la Comisión Europea recaída en el Asunto AT 39824 Camiones, de 19 de julio de 2016 y publicada en la web de la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea con fecha 6 de abril de 2017 relativa a la infracción del Derecho de la Competencia mediante un cártel de fabricantes de camiones para la coordinación de los precios brutos de los camiones medios (6 a 16 toneladas) y pesados (más de 16 toneladas), tanto camiones fijos como cabezas tractoras, mediante intercambio de listas de precios brutos, y mediante intercambio de los datos de los configuradores de venta de los camiones; sobre el calendario a seguir para la introducción de tecnologías para cumplir con la normativa europea sobre emisiones (normas EURO 3 a 6) y para la transmisión a los clientes de los costes de introducción de las tecnologías sobre emisiones exigidas por la normativa europea mencionada, que se prolongó desde el 17 de enero de 1997 al 18 de enero de 2011

La parte demandante alega que en dicho periodo adquirieron los camiones que precisan en la demanda y solicitan que se declare que la demandada es responsable por los daños en dichas adquisiciones, que cifra en 150.992,60 euros, y se le condene a su pago más los intereses legales desde su adquisición.

2.- La sentenciaestima parcialmente la demanda y condena a la demandada a abonar 30.142,0 7 euros, el 5% del precio de adquisición de los vehículos, más los intereses legales desde la fecha de la adquisición.

En primer lugar, desestima la excepción de falta de legitimación activa con base en la SAP Pontevedra de 8 de octubre de 2020 y, a continuación, rechaza la excepción de prescripción, en virtud de la STJUE de 28 de marzo de 2019 y los arts. 1968 CC, dado que el plazo comienza a partir del 6 de abril de 2017 y fue interrumpido el 6 de abril de 2018 (doc. 9) y el 15 de marzo de 2019 (doc. 9 bis).

A continuación, se fija el marco jurídico aplicable a la reclamación de los actores. La SAP Pontevedra de 31 de julio de 2020, valora la Directiva 2014/104, los principios comunitarios derivados de numerosas sentencias del TJUE previos a dicha Directiva, que cita y reproduce, así como distintas resoluciones de varias Audiencias Provinciales. Concluye que debemos aplicar el art. 1902 CC interpretado conforme los principios comunitarios y la STS de 7 de noviembre de 2013.

De acuerdo con esta doctrina, debemos acudir al art. 1902 CC como norma jurídica decisoria, vía nacional para reclamar los daños derivados de las infracciones privadas del Derecho de la Competencia, a través de la responsabilidad extracontractual, completado con la doctrina jurisprudencial nacional y comunitaria que interpretan los requisitos necesarios para su aplicación al Derecho de la Competencia.

De spués analiza la prueba del daño conforme la SJM núm. 3 de Valencia de 30 de diciembre de 2019, deriva de la Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2016, que describe los productos afectados y afirma que los acuerdos colusorios tuvieron incidencia en la fijación de precios netos y cabe la aplicación de la propia doctrina ex re ipsa, como resulta del informe de Faconauto aportado por la actora, con fundamento en el apartado 27, 46 a 48 y 85 de la Decisión y el informe Oxera por lo que se presume el daño, con cita también de la SAP Barcelona, Sec. 15ª, de10 de enero de 2020 y la SAP Valencia, Sec. 9ª, de16 de diciembre de 2019.

Ce ntrándose en la cuantificación del daño, la parte actora acredita el daño sufrido mediante un informe pericial que se ajusta a los métodos empleados en la Guía Práctica de la Comisión, como reconoce la SAP Pontevedra de 14 de mayo de 2020. Contiene erratas, que enumera, pero presenta una hipótesis razonable y técnicamente fundada como exige la STS de 7 de noviembre de 2013.

Re chaza el argumento del passing on defense con la misma STS núm. 651/2013 y que la demandada no ha acreditado que los perjudicados hayan podido librarse del incremento de precio a través del mercado al no haberse practicado una pericial que cubriera este aspecto, con cita de la SJM núm. 3 de Valencia. Tampoco existe prueba sobre la amortización de los vehículos ni las circunstancias de la venta de segunda mano.

Si guiendo la posición de la SPA Pontevedra de 6 de octubre de 2020 y en su propia sentencia de 3 de noviembre de 2020, con base en los considerandos 45 y 46 de la Directiva de Daño, y que se presentan los mismos informes pericial en todos estos procesos, enumera los defectos del informe pericial de la actora de forma prolija. Por ello concluye "Por tanto, el dictamen demandante, por las razones apuntadas, no resulta convincente en la estimación de un perjuicio medio sostenido del 16,35%, (similar o idéntico al reclamado en otras demandas sobre la base de dictámenes construidos sobre métodos diferentes), de modo que juzgamos su metodología como sesgada, en la medida en que la consideración de otras variables arroja datos de incrementos de precio notablemente inferiores, (vid. folios 159 y ss., y 169 y ss. del informe KPMG). Esto impide que la jurisdicción pueda partir de la conclusión de los peritos para cuantificar el daño."

Pe ro también valora que el informe pericial de la parte demandada incurre en defectos, que igualmente enumera.

Ah ora bien, la desestimación de los criterios de cuantificación de la parte demandada no debe llevar a la desestimación de la demanda, porque la parte demandada tampoco ha ofrecido un criterio alternativo válido de valoración, y valorando la dificultad probatoria y por la dificultad de acceso a las fuentes de prueba en este tipo de procesos, con relación a los principios de efectividad y equivalencia, debe hacerse una estimación judicial del daño.

De acuerdo con la SAP Pontevedra de 6 de octubre de 2020 que reproduce, y, en atención a todo lo expuesto y sin expresa condena en costas, cuantifica el perjuicio sufrido en el 5% del precio de adquisición, más los intereses legales desde la fecha de adquisición de cada camión, de acuerdo con la SAP Murcia de 25 de marzo de 2021.

3.- La parte actora formula recurso de apelacióncontra el pronunciamiento de la sentencia sobre la cuantificación del perjuicio, pues el juez a quo le concede el 5% del precio de adquisición de los camiones (30.142,07 euros) en lugar de la cantidad solicitada (150.992,60 euros) cuantificada en su informe pericial aportado como documento 10 de la demanda.

En síntesis, expone los siguientes motivos: 1º) error en la valoración de la prueba pericial aportado por la actora (informe Caballer/Herrerías y otros), con infracción del art. 348 LEC, de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de la STS 651/2013 de 7 de noviembre y del principio de efectividad; con referencia a las críticas jurisprudenciales del informe pericial de la demandada; 2º) infracción del derecho a la reparación integral del daño y falta de motivación; 3º) infracción del art. 101 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; 4º) infracción del art 72 de la Ley de Defensa de la Competencia y de la jurisprudencia sobre reparación integral del daño; 5º) infracción de la DA 2ª del Real Decreto-Ley 9/2017 y de la jurisprudencia del TJUE sobre el principio de efectividad; y 6º) infracción del artículo 1902 del Código Civil.

4.- También formula recurso de apelación contra la sentencia la parte demandada,que plantea varios motivos.

1) Infracción del art. 217 LEC y errónea valoración de la prueba con relación a la falta de prueba del pago del precio de los camiones objeto de reclamación con cargo al patrimonio del actor, por lo que no resulta probada la existencia de daño, haciendo su propia valoración probatoria del permiso de circulación, las facturas de venta, los contratos de arrendamiento financiero, de los informes de la DGT, así como de las facturas de reventa.

2) Errónea valoración de la prueba sobre la prescripción de la acción porque tomando como dies a quo del plazo el 19 de julio de 2016, la acción ya estaba prescrita al tiempo de presentar las reclamaciones extrajudiciales de 5 de abril de 2018 y 6 de abril de 2018, de 15 de marzo de 2019 y de 9 de marzo de 2020, al amparo del art. 1973 CC y niega que tuvieran suficiente información para la identificación de los vehículos y, por ende, que tuvieran valor interruptivo;

3) Infracción legal por la aplicación incorrecta del art. 1.902 CC, presunción de la existencia de un daño, un sobreprecio y de una relación de causalidad entre la conducta sancionada y ese supuesto daño, de acuerdo con el tenor de la Decisión y en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Presunción judicial en contra del tenor literal de la Decisión (párrafos 80, 82, 85), y sin pruebas que lo acrediten.

Por su parte alega que, conforme los párrafos 27 y 48 no puede argumentarse que hubo efectos en los precios netos pagados por los clientes finales con relación a los análisis efectuados por sus peritos en el informe de KPMG y que concurren numerosos elementos que influyen en la negociación de los precios de compra de los camiones, por lo que no la fijación del precio no es automática por la existencia de una conducta infractora.

En todo caso, la presunción admite prueba en contrario y, para ello, las pruebas deben ser valoradas de según los criterios legales, y de la prueba pericial en particular.

Concluye que la parte actora no ha acreditado la existencia de daño y que la sentencia no respeta las reglas sobre la carga de la prueba, por lo que la condena de la recurrente infringe el art. 1902 CC.

4) Infracción legal por la presunción de la existencia de un daño como sobreprecio y una relación de causalidad entre la conducta sancionada y ese supuesto daño a través de la aplicación indebida de la regla ex re ipsa, que supone una "estimación judicial" del supuesto daño, con fundamento en la STS de 7 de noviembre de 2013.

Si la parte actora no acreditó la existencia de daño, hecho que le correspondía conforme las reglas de la carga de la prueba, la demanda debe ser desestimada. Sin embargo, la sentencia estima la demanda mediante la doctrina ex re ipsa.

Considera que se está vulnerando el art. 2.3 CC por la indebida aplicación implícita del artículo 17.1 de la Directiva de Daños y del artículo 76.2 y 3 de la Ley de Defensa de la Competencia a hechos anteriores de su entrada en vigor, que concluyeron el 18 de enero de 2011, cuando esta regla no tiene una aplicación general en nuestro ordenamiento jurídico, ni siquiera en los ámbitos de la propiedad industrial ni de la competencia desleal o responsabilidad extracontractual. Se infringen los arts. 9.3 14 y 24 CE.

Subsidiariamente, en una hipótesis de aplicación de los preceptos citados y la doctrina ex re ipsa, tampoco procedería porque la parte actora no se encontraba en una posición de asimetría informativa. No había ningún escenario de indisponibilidad de datos ni existía una insalvable dificultad probatoria que los justificase la estimación judicial del daño. Se remite a las declaraciones de los peritos de la actora.

5) Infracción del principio dispositivo y de rogación ( arts. 216, 218.1 LEC y 24 CE) por incongruencia extra petita, dado que la sentencia estima la demanda a pesar de reconocer que el informe pericial del actor no acredita la existencia de daño ni su cuantía, por lo que actúa por pura iniciativa judicial sobre la base de hechos y datos que no han sido objeto de discusión. Se refiere al informe Oxera 2009, que critica, porque la sentencia se fundamenta en otras sentencias que lo han valorado y este documento no ha sido aportado y discutido en este procedimiento.

Por otro lado, la apreciación de un sobreprecio del 5% no fue planteado por la demandante y no pudo ser discutido por la demandada, por lo que infringe los arts. 216 y 218 LEC, pues que acoge una pretensión que no fue oportunamente deducida con base a unos criterios que no fueron aportados por la actora y así suple la debida actividad de la parte actora, apartándose de los principios dispositivo y de rogación, sin que esta actuación tenga cabida en el principio iura novit curia.

6) Error en la valoración de la prueba en relación con su informe pericial confeccionado por KPMG Asesores, S.L. (en adelante KPMG) por la "destrucción injustificada de la valoración" de su informe pericial. Así, se prescinde de las reglas de la sana crítica. A continuación, analiza y valora el contenido del informe, diferenciando cada una de sus tres partes, expresando que su base de datos (19.797 transacciones) procede únicamente de los datos de venta del fabricante y explicando los métodos empleados por los peritos (modelo econométrico y análisis de regresión...) También responde a las críticas realizadas en la sentencia y, y a su vez, señala las deficiencias del informe pericial aportado de contrario.

7) De forma subsidiaria, incongruencia extra petita y reducción del quantum indemnizatorio en concepto de principal e intereses, que debería ser reducido, al fijar la fecha de devengo de intereses en el momento de la supuesta compra de los camiones cuando debería fijarse en la fecha de la presentación de la demanda.

5.- Como hemos manifestado en gran cantidad de ocasiones, nos encontramos ante un fenómeno de litigación en masa, donde las mismas representaciones de los actores, acompañando los mismos informes periciales, reclaman el sobreprecio por la adquisición de los camiones a las mismas fabricantes, que igualmente comparecen con la misma representación y aportan los mismos informes periciales, con base en la Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2016.

La consecuencia de esta circunstancia consiste en que deber tomar en cuéntala fundamentación contenida en nuestras sentencias dictadas anteriormente con base en la mencionada Decisión de la Comisión Europea, así como a las valoraciones de los hechos, las alegaciones y las pruebas realizados.

Por otro lado, estas decisiones se deben ir adaptando a las resoluciones que se vayan dictando en esta materia, como sucede con la STJUE, Sala Primera, de15 de julio de 2021, asunto C-30/20, (Roj: PTJUE 187/2021 - ECLI: EU:C:2021:604); STJUE, Gran Sala, de 11 de noviembre de 2021 (asunto C-882/19); STJUE de 22 de junio de 2022 (asunto C-267/20); STJUE, Sala Segunda, de 10 de noviembre de 2022, asunto C-163/21 (Roj: PTJUE 286/2022 - ECLI: EU:C:2022:863); ATJUE, Sala Sexta, de 28 de febrero de 2023 (asunto C-285/21, (Roj: PTJUE 59/2023 - ECLI: EU:C:2023:132) o STJUE de 16 de febrero de 2023 (asunto C-312/21, Tráficos Manuel Ferrer y Daimler).

Con más razón cuando las sentencias del Tribunal Supremo han venido a confirmar los criterios en ellas fijados (SSTS núm. 923, 924, 925, 926, 927, 928, de 12 de junio; SSTS 939, 940, 941, 942/2023, de 13 de junio; SSTS 946, 947, 948, 949, 950/23, de 14 de junio de 2023) y otras posteriores.

En estos términos nos pronunciamos en nuestra sentencia de 7 de junio de 2023(rollo 90/2022 ):

"3. La pluralidad y vinculación de las alegaciones de las partes aconseja, como venimos haciendo en precedentes sentencias de este Tribunal recaídas en asuntos del mismo cartel, a su estudio conjunto y sistematizado, y dejar constancia previa de que tendremos en consideración nuestros precedentes, en especial las sentencias dictadas el 10 de junio de 2021 en unos litigios con la misma demandada, que constituyen una especie de "pleitos-testigo" en terminología al uso respecto de la misma, pues no solo se reiteran idénticas controversias sino en la práctica en esencia se reproducen idénticas alegaciones y actividad probatoria. No solo en la parte demandada, sino también en la parte actora, que, si bien es diversa, comparte estrategia procesal, con igual dirección letrada, argumentario y actividad probatoria en esencia, por lo que en tanto no apreciemos razones para apartarnos de los citados precedentes, la respuesta no puede ser distinta. La previsibilidad de la respuesta judicial ante situaciones, alegaciones y pruebas sustancialmente idénticas así lo impone, siendo consecuencia ineludible de este fenómeno de litigiosidad en masa en el que se ha convertido el conocido "cartel de los camiones ", sin que esos "pleitos -testigos" hayan tenido servido para nada para evitar la litigiosidad judicial. Así lo exigen evidentes razones de seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad y coherencia e igualdad de trato ( art 9 y 14 CE ), pues en palabras de la STC 184/2007, de 10 de septiembre

«el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, en conexión con el principio de interdicción de la arbitrariedad ( art. 9.3 CE ), obliga a que un mismo órgano jurisdiccional no pueda cambiar caprichosamente el sentido de sus decisiones adoptadas con anterioridad en casos sustancialmente iguales sin una argumentación razonada de dicha separación que justifique que la solución dada al caso responde a una interpretación abstracta y general de la norma aplicable y no a una respuesta ad personam, singularizada.»"

SEGUNDO. -Prescripción

Dos cuestiones debemos dejar zanjadas en esta materia con base en la STJUE de 22 de junio de 2022(asunto C-267/20 ):

i) Ha quedado resuelto cuál es el dies a quo del plazo de prescripción, pues dicha resolución lo fija el 6 de abril de 2017, aunque ya lo veníamos fijando porque era evidente que la mera nota de prensa publicada el 19 de julio de 2016 no proporcionaba los elementos fácticos y jurídicos necesarios para el ejercicio de la acción;

ii) Se ha fijado un plazo de prescripción de cinco años a contar desde el dies a quo ya dicho.

En consecuencias, a estas alturas ya no es necesario entrar al análisis de los requerimientos extrajudiciales previos a la demanda dirigidos por los actores a los fabricantes para la interrupción del plazo de prescripción de un año ( art.1968 CC) ni para determinar su eficacia interruptiva, pues en ocasiones se negaba que identificaran los destinatarios o los camiones objeto de reclamación; ni para determinar la fecha de envío o recepción con relación al dies a quo, para verificar si había transcurrido un año desde que se recibió, con los retroacción de efectos entonces a la fecha del envío.

Y ello sucede porque esta sentencia del TJUE ha fijado el plazo de prescripción en cinco años a contar desde el 6 de abril de 2017. Dicho plazo habrá concluido el 6 de abril de 2022 si no se interrumpe en forma.

Dado que en este caso no es un hecho controvertido que la demanda se presentó el 26 de mayo de 2020 (acontecimiento 2), se realizó dentro del plazo fijado por el TJUE, por lo que ya resulta indiferente detenernos en el análisis de dichos requerimientos previos de 5 de abril de 2018 y 6 de abril de 2018, de 15 de marzo de 2019 y de 9 de marzo de 2020 (acontecimientos 15, 16 y 17) y el tiempo transcurrido entre ambos.

Ya nos expresamos en este sentido en nuestra sentencia de 7 de junio de 2023(rollo de apelación 90/2022 ), siendo demandada la misma fabricante que en este caso:

"En todo caso ello carece de relevancia al ser de aplicación del plazo quinquenal de la Directiva, según la STJUE de 22.06.2022 , en la que concluye que la Directiva debe interpretarse en el sentido de que constituye una disposición sustantiva y que en su ámbito de aplicación temporal está comprendida una acción por daños que, aunque se derive de una infracción del Derecho de la competencia que finalizó antes de la entrada en vigor de la citada Directiva (como es el caso , pues el cártel finalizó en enero de 2011), fue ejercitada después de la entrada en vigor de las disposiciones que transponen tal Directiva al Derecho nacional (aquí, el 27 de mayo de 2017) en la medida en que el plazo de prescripción aplicable a esa acción en virtud de la regulación anterior (un año, en el derecho español) no se había agotado antes de que expirara el plazo de transposición de la misma Directiva (aquí, el 27 de diciembre de 2016). En igual sentido, la SAP de Madrid, Sección 28ª, de 1 de julio de 2022 , y precisamente las conclusiones de la Abogada General Kokott de 22.9.2022 en el asunto C-312/21 (apartado 43) descartan la prescripción invocada como óbice de admisibilidad".

Por último, debemos citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2023 ,que, tomando en cuenta la jurisprudencia reseñada del TJUE, confirma en un caso análogo que «como el diez a quo viene determinado por la fecha de publicación en el DOUE de la Decisión (6 de abril de 2017) y el plazo de prescripción previsto en el artículo 74.1 LDC (aplicable a una situación que sigue surtiendo efectos) es de cinco años, no puede considerarse prescrita la acción en la fecha de presentación de la demanda».

TERCERO. -Legitimación activa del actor

1.- La parte demandada invoca esta excepción porque considera que, conforme el art. 217 LEC con relación a los documentos aportados por la parte actora sobre los vehículos objeto del procedimiento, el juez a quo incurre en error en la valoración de la prueba porque la documentación adjuntada a la demanda no acredita ni siquiera el precio de adquisición.

En cuanto a la prueba del precio como presupuesto necesario para acreditar el daño y la documentación adecuada a tal fin, debemos recordar que en nuestra sentencia núm. 679/2023, de 7 de junio de 2023(rollo de apelación 90/2022 ) afirmamos:

"2. La cualidad de perjudicado - y por tanto legitimado activo - la tienen los que pagaron un sobreprecio para adquirir la propiedad o derecho de explotación de los productos cartelizados (camiones medios y pesados), al margen de la fórmula de pago (compraventa al contado o a plazos o arrendamiento financiero, por ejemplo). Más allá de lo dicho por la sentencia de instancia, no participamos de la tesis de la recurrente por los argumentos vertidos en los precedentes citados

«Aunque es cierto que los permisos de circulación, las fichas técnicas, o bien los registros públicos sobre vehículos tienen carácter administrativo y no prejuzgan cuestiones de propiedad, y el valor probatorio en general de las facturas es de sobra conocido, sí son elementos de prueba que, conjuntamente valorados con el resto de circunstancias concurrentes, permiten afirmar la titularidad de los vehículos, ligada esta al pago de los mismos, y con ello el perjuicio sufrido. Y ello es lo que aquí acontece si tenemos presente (i) que el registro administrativo se corresponde con las facturas emitidas por los concesionarios; (ir) que se trata de vehículos adquiridos hace muchos años (...), con las dificultades que ello implica respecto de la obtención de documentación referente a su adquisición y pago, más allá del periodo legal de conservación de seis años y (iii) la ausencia de dato alguno (siquiera se interesa) revelador de impago de esos contratos»".

2.- Pues bien, en el Anexo XI del informe pericial (acontecimiento 18) de la parte actora consta listado de la DGT de los vehículos adquiridos por Hermanos Ingleses, S.A., informes individuales de los vehículos e informe pericial de valor de los vehículos para el cálculo del valor de mercado de los cinco vehículos objeto de demanda.

D. Darío acompaña listado de la DGT e informe individual del vehículo que reclama e informe pericial del valor de mercado.

D. Victor Manuel acompaña permiso de circulación, tarjeta técnica e informe pericial del valor de mercado del único vehículo objeto de demanda.

D. Hermenegildo presenta permiso de circulación, tarjeta técnica e informe pericial de valor de mercado del vehículo objeto de demanda.

Finalmente, D. Evaristo presenta certificado de la DGT, informe individual de cada uno de los dos vehículos e informe pericial de valoración de mercado.

Estos informes periciales para determinar el precio de adquisición de cada uno de los camiones objeto de demanda son criticados en el recurso de apelación de la parte demandada (apartado 1.1).

3.- Ahora bien no compartimos el criterio del juez a quo cuando no se ha acreditado el precio de adquisición mediante un documento de adquisición (factura, contrato de arrendamiento financiero) y sólo se ha aportado un informe pericial valorativo.

En nuestra sentencia de 6 de febrero de 2025(rollo de apelación núm. 2129/2021 ) expusimos:

"2.- Por tanto, disponemos de medios de prueba suficiente para tener por acreditado que los actores fueron propietarias de dichos vehículos, pero la cuestión estriba en si un informe de un folio que calcula el valor de compra de un vehículo es prueba suficiente a efectos de tenerlo por precio respecto el que se calcula el sobreprecio a que se condena a la entidad.

Dispone la SAP Madrid, Sec. 32ª, núm. 307/2024, de 8 de noviembre de 2024 ( ROJ: SAP M 15605/2024 - ECLI:ES:APM:2024:15605)

"Este tribunal ha señalado en significados precedentes, dónde se han suscitado reparos parangonables a éste, que hay tener presente que la considerable antigüedad de las operaciones implicadas en el cártel de coches puede justificar cierta incompletitud a la hora de la aportación de los soportes documentales de las mismas. Lo que no podría justificarse sería una total inexistencia de ese sustento, porque es preciso que pueda conocerse el precio de la operación y una implicación en la misma de la parte actora.Pero sí puede comprenderse que la aportada tenga un cierto carácter fragmentario, si del manejo en conjunto de la presentada puede alcanzarse el conocimiento de esos datos esenciales" (el destacado es nuestro) y considera suficiente la documentación administrativa con la factura proforma.

Con la misma interpretación generosa, teniendo en cuenta en tiempo transcurrido, se ha admitido por este tribunal la contabilidad de la propia empresa como prueba del precio cuando consta el precio de adquisición, junto con la documentación técnica y administrativa, por todas, SAP Murcia, Sec. 4ª, núm. 1015/2024, de 17 de octubre de 2024 ( ROJ: SAP MU 2834/2024 - ECLI:ES:APMU:2024:2834).

Más extensamente se pronuncia sobre los documentos de "cálculo de valora de compra" la SAP Segovia, Sec. 1ª, núm. 239/2024, de 7 de octubre de 2024 ( ROJ: SAP SG 348/2024 - ECLI:ES:APSG:2024:348), para rechazarlos:

"Cuando se está solicitando una indemnización por unos perjuicios sufridos por un incremento indebido en el precio del camión y además la cuantía que se solicita es un porcentaje sobre el precio pagado por el camión, resulta evidente que el elemento esencial que debe quedar acreditado es el precio que se ha pagado por el camión. Esta es la base fundamental de la demanda y no se estima que las alegaciones que se hacen respecto al tiempo transcurrido sean bastantes para permitir que, sin acreditar el precio concreto que se ha pagado, se pueda determinar una indemnización con la base de una regresión teórica de a cuánto podría haber ascendido el precio del camión, pues ello supone vulnerar las reglas básicas de la prueba que corresponde a la parte actora; máxime cuando ha aportado documentación como son las tarjetas de circulación que tendrían menos sentido de seguir manteniendo en su poder que la propia contabilidad de la empresa en que se pudiese mostrar el pago efectuado por los camiones".

No podemos olvidar que en la fijación del precio y adquisición del vehículo pueden influir otros factores que no han sido tenidos en cuenta en el cálculo regresivo y que afectan a situaciones personales del adquirente y del vendedor, como puede ser los descuentos que se le puedan hacer por determinadas razones de amistad o clientela, o beneficios de otra clase que se pueden obtener por esa compra, extremos que solo pueden venir determinados por la aportación de los documentos que determinen el precio concreto que se abonó por el vehículo".

Y el mismo criterio mantiene la SAP Alicante, Sec. 8ª, núm. 470/2024, de 27 de septiembre de 2024 ( ROJ: SAP A 1613/2024 - ECLI:ES:APA:2024:1613):

"Este sistema de valoración del precio fue desechado en nuestra Sentencia 600/22, de 6 de mayo con los siguientes términos:

"Pues bien, lo cierto es que no considera el Tribunal que el cálculo del precio a través de una regresión econométrica sea suficiente para tener por acreditado el precio del vehículo ya que no deja de ser una estimación, que a lo más, fija un valor que resulta insuficiente para poder fijar sobre ella el sobreprecio abonado.

Es consciente el Tribunal que sobre el valor de la tasación de un vehículo siguiente este mismo modelo valorativo ya se ha pronunciado en otra Sentencia, en particular en su Sentencia 295/22 de 4 de marzo donde dijimos, cuestionando el método: "Aunque la Sala no comparte el método empleado por la parte actora para fijar el sobreprecio de los camiones utilizado con carácter general en su informe pericial, no puede dejar de considerar acreditado el pago del precio en este caso: se ha aportado el permiso de circulación a nombre de FERCOFRÍO, la tarjeta técnica, la factura de compra del camión y, el informe de la Dirección General de Tráfico donde se refleja que sigue estando a nombre de la mercantil actora. Hemos de considerar acreditado el pago como hecho normal en las relaciones mercantiles entre empresas cuando ha transcurrido tan largo período de tiempo desde su adquisición. Aunque no aprobemos el método empleado, se ha fijado el precio de la cabeza tractora por aproximación con la finalidad de concretar exclusivamente el precio de la cabeza tractora y perfectamente pudo la entidad demandada aportar otra valoración distinta que la contradijera, cosa que no hizo.".

Sin embargo, en el caso que nos ocupa no hay más documentación que la técnica del vehículo sin aportación de factura que permita aproximar la realidad de la tasación al importe total -con extras- que se hubiere abonado en su día.

En suma consideramos que la simple valoración pericial, a efectos de la prueba del precio, es por sí sola insuficiente si no se acompaña de algún otro elemento que permite verificar con objetividad y un mínimo de certeza, el precio.

En consecuencia consideramos que no ha logrado la parte demandante probar daño alguno respecto del Sr. Hilario y, en consecuencia, debemos desestimar la pretensión deducida por dicha parte."

3.- Compartimos los argumentos expuestos en las sentencias reproducidas. Dado que la parte actora está reclamando que abonó, a consecuencia de la conducta colusoria, un sobreprecio en el precio de adquisición de sus vehículos, sobreprecio que se calcula mediante un porcentaje sobre el precio de adquisición, la prueba del precio de adquisición es un elemento determinante para la estimación de la acción.

Podemos valorar el tiempo transcurrido desde las adquisiciones, algunas de 1998 y 1999 y la dificultad de conservar documentos después del transcurso de tantos años, pero es necesario que la parte actora acredita, de alguna manera, a través de los medios de prueba válidos en derecho, el precio de adquisición que abonó por la adquisición de los camiones objeto del procedimiento.

La sola aportación de un informe pericial, escueto, que calcula "con prudencia" la fijación de dicho precio, no es un medio hábil por sí solo para sustituir la prueba del precio que se le exige al actor que reclama un sobreprecio.

Por tanto, no conociendo el importe del precio de adquisición, no se puede tener por acreditado el daño respecto los camiones analizados y se debe desestimar la demanda respecto ellos.

Por todo ello, estimamos parcialmente este motivo del recurso de apelación de la parte demandada".Los destacados son del documento original.

Nos encontramos en un caso sustancialmente idéntico y por esta misma argumentación, presentados informes periciales de un folio para tratar de acreditar el valor de los camiones adquiridos, debemos estimar este motivo del recurso de apelación de la parte demandada y estimar que Hermanos Inglés, S,A. D. Darío, D. Victor Manuel, D. Hermenegildo y D. Evaristo no tienen legitimación activa, lo que determina la estimación del recurso de apelación de la parte demandada y la desestimación íntegra de la demanda.

CUARTO. -Costas

En cuanto a las costas de la primera instancia debe mantenerse el pronunciamiento de instancia ya que la ausencia de jurisprudencia y la complejidad y novedad de la controversia unido a la pluralidad de pronunciamientos judiciales de órganos de primera y segunda instancia de diverso parecer, en especial sobre la cuantificación del daño, así lo impone ( art 394 LEC) , declarado conforme a la Directiva por la reciente sentencia del TJUE antes citada.

Respecto de las costas de la apelación, aunque el recurso de la parte actora ha sido desestimado y ello implicaría la imposición de las costas procesales con arreglo al artículo 398 de la LEC, las razones apuntadas en el apartado anterior justifican la no imposición de costas a la parte recurrente.

Respecto el recurso de apelación de la parte demandada, no procede imponer las costas porque ha sido estimado.

Y ello con la consiguiente pérdida del depósito constituido para recurrir la parte actora de acuerdo con la DA 15ª LOPJ, al que se dará el correspondiente destino legal.

Procede la devolución del depósito constituido para recurrir a la parte demandada, por el mismo precepto, una vez ha sido estimado su recurso.

Vistos los preceptos legales, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.