Sentencia Civil 117/2025 Audiencia Provincial Civil de A Coruña nº 5, Rec. 212/2023 de 01 de abril del 2025

Se aceptan los fundamentos de la resolución recurrida, y

PRIMERO.-El recurso de apelación interpuesto por el demandado reconviniente, contra la sentencia del Juzgado, que estima la demanda principal y desestima la reconvención, impugna el pronunciamiento de la sentencia apelada que declara la validez de contrato privado de compraventa de 1 de septiembre de 2015 celebrado entre las partes, y condena al demandado a otorgar escritura pública de segregación, cesión y venta de la parcela objeto de compraventa, solicitando la desestimación de la demanda, que pretende el cumplimiento de este contrato, y que se estime la demanda reconvencional, en la que, con carácter principal, se pretende la declaración de nulidad radical del referido contrato de compraventa, por simulación absoluta basada en la falta de causa, al ser su verdadera naturaleza jurídica la de un préstamo, o, alternativamente, la nulidad del mismo contrato por indeterminación del objeto contractual, ante la falta de precio cierto y cosa determinada.

Es pacífica la doctrina de que la simulación negocial existe cuando se oculta, bajo la apariencia de un contrato normal, otro propósito contractual. La simulación puede ser: absoluta, cuando la declaración de una causa falsa no encubre más que la carencia de causa, de manera que la voluntad de las partes es contraria a la existencia misma del contrato; y relativa, cuando la declaración falsa viene a encubrir otro tipo de contrato, diferente al manifestado a cuya perfección se dirige la intención de las partes. Pero, en cualquier caso, la simulación implica una divergencia o contradicción consciente entre la voluntad interna y la declarada, que presupone un "consilium simulationis" o acuerdo simulador entre las partes, al manifestar querer algo cuando en realidad no se quiere nada, en el caso de la simulación absoluta, o se quiere algo distinto, en la simulación relativa, basándose el fenómeno simulatorio en la presencia de una causa falsa, lo que conduce a centrar la teoría de la simulación en el marco jurídico de la causa del contrato y sus efectos, y concretamente en el art. 1276 del Código Civil, regulador de la falsedad de la causa.

A diferencia de la simulación absoluta de un contrato, que crea una simple apariencia de negocio jurídico, sin voluntad de celebrarlo y de que tenga vida jurídica, e implica su nulidad radical por inexistencia o ausencia total de causa, ante la carencia de cualquier otra, verdadera y lícita, disimulada bajo la que en el mismo se expresa ( arts. 1261-3º, 1275 y 1276 del CC) ( SS TS 21 octubre 1997, 30 septiembre 1999, 9 marzo 2001, 3 noviembre 2004 y 27 mayo 2008), la simulación relativa requiere que el contrato disimulado y que realmente se quiere celebrar bajo la apariencia de otro, simulado e inexistente por falsedad de su causa, sea perfectamente válido y lícito ( SS TS 6 octubre 1977, 22 diciembre 1987, 29 noviembre 1989, 23 diciembre 1992, 29 julio 1993, 21 julio 1997, 19 diciembre 1999, 1 abril 2000, 23 octubre 2002, 26 julio 2004 y 29 diciembre 2011). Por ello, la simulación contractual da siempre lugar a la nulidad radical, sin posibilidad de sanación posterior, del contrato simulado, al faltar en el mismo la causa como requisito esencial del contrato, de acuerdo con los preceptos citados, siendo esta nulidad apreciable tanto en los supuestos de simulación absoluta como en los de simulación relativa, aunque en este caso referida al contrato simulado bajo cuya apariencia se encubre otro fundado en una causa verdadera y lícita, por lo que, en definitiva, la simulación de carácter relativo comporta, por un lado, la nulidad absoluta y radical del contrato aparente, que carece de causa y es realmente inexistente, y por otro la validez del disimulado o encubierto, al estar fundado en otra verdadera y lícita ( SS TS 23 diciembre 1992, 8 febrero 1996, 19 junio 1997, 24 abril 1998, 22 febrero 2007 y 29 diciembre 2011).

Por lo que se refiere a la prueba de la simulación, si bien hay que partir de que el acto jurídico es verdadero y eficaz mientras la ficción no se demuestre, y que la causa se presume que existe y es lícita mientras el deudor no pruebe lo contrario, aunque no resulte expresada (1277 CC) , puesto que el título contractual lleva aneja en sí la presunción de legitimidad, de modo que es a la parte que pretende la nulidad por simulación a la que en todo caso le incumbe probar, aunque sea por medios indiciarios, pero siempre convincentes y seguros, dicha falsedad, destruyendo así la presunción "iuris tantum" de veracidad y licitud que emana de la propia realidad del contrato, con dispensa de probar a quien invoca su existencia ( SS TS 25 abril 1981, 10 julio 1984, 5 noviembre 1988, 16 mayo 1990, 16 septiembre 1991, 13 octubre 1993, 8 febrero 1996, 31 diciembre 1998, 9 marzo 2001, 11 julio 2002, 14 junio 2004, 23 febrero 2005, 7 diciembre 2006 y 2 marzo 2007), no debemos olvidar que la simulación negocial extraña evidentes dificultades probatorias, ante el natural empeño de los contratantes en ocultar la simulación y aparentar que el negocio se ajusta a la realidad, lo que impide o dificulta la posibilidad de disponer de pruebas directas que acrediten de plano la inexistencia o falsedad de la causa expresada en el contrato cuya nulidad se persigue, y hace necesario acudir de ordinario a la prueba indirecta o de presunciones, configurada en torno a una pluralidad de indicios que, si bien tomados individualmente pueden no ser significativos, apreciados en su conjunto y en relación con las circunstancias son reveladores de la actuación simulatoria, sin olvidar que la presunción, a diferencia de los "facta concludentia", no exige univocidad, aunque si razonabilidad ( SS TS 13 octubre 1993, 27 abril 2000, 11 febrero 2005, 5 febrero 2007, 27 mayo 2008 y 21 diciembre 2009).

En el presente caso no existe prueba alguna, directa o indiciaria, de que el contrato de compraventa litigioso, de fecha 1 de septiembre de 2015, suscrito en documento privado por las partes y los testigos intervinientes, los actores como compradores y el demandado apelante como vendedor, tenga carácter simulado, sea de forma absoluta o bien relativa, por encubrir un contrato de préstamo y no tener la finalidad de transmitir la propiedad de la finca que constituye su objeto, como se alega en la contestación a la demanda y en la reconvención, ya que estamos ante un contrato redactado por el propio demandado reconviniente, que contiene todos los elementos esenciales del contrato de compraventa, de conformidad con los arts. 1261 y 1445 del Código Civil, y en particular la causa, entendida, de acuerdo con el art. 1274 del CC, como la razón objetiva, precisa y tangencial de la formación del contrato, que definitivamente determina su realización, y que se define o identifica por la función económico-social o práctica del contrato ( SS TS 17 abril 1997, 17 diciembre 2004, 27 junio 2007 y 19 febrero 2009), como es en este caso la voluntad, expresada en el contrato, de transmitir el dominio de la finca, del vendedor a los compradores, mediante el precio que se indica. En nada afecta a la veracidad y licitud de esta causa, cuya existencia se presume, el hecho de que una parte del precio venga constituida, según se indica en el contrato, por la amortización o condonación de las cantidades debidas por el vendedor a la madre de los compradores, también reconvenida, en virtud de diversos préstamos de dinero realizados por ésta en favor de aquél entre los años 2010 y 2015, lo que no se discute por el prestatario.

SEGUNDO.-Respecto a la nulidad del contrato por indeterminación del objeto contractual, ante la falta de precio cierto y cosa determinada, debemos partir de que el objeto cierto y determinado que sea materia del contrato ( arts. 1261-2º y 1273 CC) constituye un requisito fundamental para su existencia y sobre el que recae el consentimiento perfeccionador de las partes, manifestado por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato ( arts. 1254 y 1262 CC) , de manera que el objeto puede ser considerado como aquella realidad en la que el contrato incide, hacia la cual se proyecta el interés o la intención de las partes y la finalidad esencial perseguida con el negocio, es decir, el comportamiento o prestación a los que el vínculo obligatorio sujeta al deudor y que tiene derecho a exigirle el acreedor ( SS TS 5 junio 1978, 10 octubre 1997, 20 julio 2006 y 1 julio 2014), lo que en el supuesto de la compraventa se concreta en la cosa determinada que se vende, y en el precio cierto que se paga por ella ( arts. 1445 y 1450 CC) , sin que la relativa indeterminación del objeto o la indeterminación de la cantidad sea obstáculo para la existencia del contrato, siempre que sea posible determinarla sin necesidad de un nuevo convenio entre los contratantes ( art. 1273 CC) , de manera que el objeto del contrato está determinado cuando consta individualizado o hay elementos bastantes para conocer su identidad, siendo suficiente su determinabilidad, aunque en el momento de contratar no se puedan fijar todos los detalles de las prestaciones y sea necesaria una determinación posterior, lo que no afecta a su existencia y validez ( SS TS 16 octubre 1982, 9 enero 1995, 16 marzo 1998, 25 abril 2003, 12 noviembre 2004, 19 mayo 2008 y 3 julio 2019).

Examinada la prueba practicada en el juicio, no puede dudarse de la existencia de un precio cierto en la compraventa celebrada, tanto en la cantidad de 15.000 euros que se dice entregada en el mismo acto, como en la suma de 10.000 euros que los compradores se obligan a abonar aplazadamente por mensualidades, una vez formalizada la segregación de la parcela, mientras que la relativa indeterminación, meramente cuantitativa, que conlleva la parte del precio identificada con las cantidades debidas por el vendedor a la madre de los compradores, en virtud de diversos préstamos de dinero realizados, que quedan amortizadas en virtud del contrato, tampoco impide su concreción posterior sin necesidad de un nuevo convenio, al margen de las discrepancias que pueda haber entre las partes sobre las cantidades realmente adeudadas por este concepto, habiéndose acreditado documentalmente, al menos, las entregas efectuadas mediante transferencia bancaria, por importe de 14.100 euros, según reconoce el prestatario reconviniente. Resulta irrelevante a estos efectos la alegación, formulada por el demandado reconviniente, relativa a que dichos préstamos no constituyen una deuda líquida, vencida y exigible, cuando lo cierto es que las entregas de dinero se hacen por cantidades determinadas y en ellos no se pactó plazo de devolución ni el pago de intereses, acordándose además en el contrato su extinción o amortización. Tampoco cabe estimar que el precio de la compraventa, aunque pudiera ser inferior al real, sea irrisorio o ficticio, para apreciar la simulación basada en su inexistencia y a los efectos de nulidad pretendidos, ni que resulte desproporcionado en relación con el valor de mercado de la finca vendida, de acuerdo con el resultado de la prueba pericial practicada a instancia de la parte actora, cuyas conclusiones contradicen en este particular las del perito de la parte demandada.

En este sentido, una reiterada doctrina jurisprudencial viene declarando que el requisito de determinación del precio de la compraventa ha de ser entendido conforme a la interpretación, ya expuesta, del art. 1273 del CC, de manera que no es indispensable, para la validez y eficacia del negocio así como para que haya precio cierto, que éste se concrete de antemano en el momento de celebrarse el contrato, pues basta con que sea determinable y su fijación pueda llevarse a cabo con posterioridad, sin necesidad de un nuevo convenio ( SS TS 10 febrero 1992, 15 noviembre 1993, 9 enero 1995, 5 marzo 1997 y 27 abril 2006), de manera que la exigencia de certeza en el precio de la compraventa que se deriva de los citados arts. 1445 y 1450 del CC no supone que su importe haya de precisarse cuantitativamente en el momento de celebración del contrato, sin que ello signifique tampoco que su señalamiento quede al arbitrio de uno de los contratantes ( art. 1256 CC) , sin perjuicio de que, cuando existe disconformidad o desacuerdo entre las partes sobre el importe del precio, los tribunales gozan de facultades para determinarlo como cuestión de hecho. Tampoco es requisito esencial del contrato que el precio sea justo, si no es el que han pactado las partes al amparo del principio de autonomía de la voluntad y prescindiendo del valor real de la cosa ( art. 1255 CC) , por lo que no obsta a la existencia y validez del contrato el hecho de que el precio convenido sea inferior al real, incluso aunque sea desproporcionado al normal, toda vez que su eficacia no depende exclusivamente de que se fije un precio adecuado o más acomodado al mercado que el acordado por las partes ( SS TS 27 junio 1996, 5 marzo 1997, 31 diciembre 1999, 23 febrero 2007 y 16 septiembre 2010). Por lo demás, el hecho de convertir el importe de un préstamo y sus intereses en parte integrante del precio de una compraventa, como ocurre en este caso, en modo alguno es contrario a la ley, la moral, ni al orden público (S TS 27 junio 1980.)

Por lo que se refiere a la falta de determinación de la cosa objeto de contrato, alegada por el reconviniente apelante, dada la falta de linderos ciertos, en concreto por su viento Oeste, y la fijación de una superficie aproximada en la parcela materia de compraventa, es claro que la finca vendida aparece identificada, por su denominación, superficie y linderos, en el documento contractual, señalando que incluye un hórreo de piedra tosca con dos puestas abiertas al Oeste. La pretensión del demandado recurrente, de que la finca ha de delimitarse ajustándose estrictamente a la superficie de 1.250 m2 que se menciona en el contrato, choca con su propia literalidad, cuando en él se añade a esta cifra la palabra "aproximadamente", y con el hecho, acreditado testificalmente, de que, atendiendo a los elementos definitorios o de referencia fijados en el contrato, se procedió en fechas próximas a su celebración, por ambas partes de común acuerdo, y con intervención de un perito que declaró como testigo en el juicio, a fijar sobre el terreno las estacas que delimitan la parcela por su lindero Oeste, quedando corroborada la existencia sobre el terreno de este deslinde, por el informe pericial de la parte actora y la planimetría de la parcela realizada a su instancia y ratificada en el juicio por la técnico que la elaboró. Con independencia de que la superficie de una finca no constituye una circunstancia esencial, sino secundaria, de su identificación, para lo cual basta su determinación sobre el terreno, conforme a sus linderos, de manera que la mayor o menor cabida de un inmueble definida en el título no afecta a su identidad ( SS TS 4 mayo 1928, 9 noviembre 1949, 1 marzo 1954, 17 noviembre 1979, 17 enero 1984, 16 julio 1990 y 16 octubre 1998), estamos, en definitiva, ante la compraventa de una finca como un cuerpo cierto, con unos linderos concretados y definidos en el contrato y en la realidad física por el común acuerdo de las partes, en cuyo caso son estos límites, y no la superficie fijada, los que determinan la extensión del espacio concreto y conocido por ambas partes que ha de ser entregada al comprador, aún en el caso de que resultare una cabida diferente que la mencionada en el contrato ( SS TS 4 abril 1979, 19 junio 1984, 12 diciembre 1991, 25 julio 1998, 29 mayo 2000, 5 mayo 2008, 24 noviembre 2009, 16 junio 2011 y 16 junio 2015). Tampoco cabe negar, como fundamento de la simulación alegada, que hubo traslado posesorio de la parcela vendida, cuando en el propio contrato se establece expresamente que "a partir de este momento los compradores disponen del pleno dominio de la finca".

TERCERO.-Las consideraciones expuestas hacen decaer implícita y necesariamente las pretensiones deducidas con carácter subsidiario en la demanda reconvencional, para que se declare: que el contrato litigioso constituye un negocio fiduciario del tipo fiducia "cum creditore" o venta en garantía, alegación no sustentada en prueba alguna, además de vincularse a la simulación relativa del contrato; que el contrato es una promesa de venta sometida a condición suspensiva, consistente en la adquisición del dominio de la finca por el vendedor, lo que contradice los términos del propio contrato en el que éste declara que es propietario de la finca vendida y que transmite su dominio a los compradores; o que se declare el dominio del reconviniente sobre la superficie de terreno que excede de los 1.250 m2 mencionados en el contrato, improcedente según lo ya razonado. También debemos rechazar de plano las novedosas alegaciones que formula la parte demandada apelante por primera vez en el recurso, sobre la infracción del art. 105 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, por no haber seguido los actores el procedimiento de deslinde legalmente establecido en esta norma, cuando precisamente estamos ante un deslinde practicado de mutuo acuerdo por las partes, o sobre la infracción del art. 1068 del CC, como fundamento de la falta de adquisición a título sucesorio del dominio de la finca por el vendedor, en contradicción con lo manifestado por éste en el contrato, argumentando ahora que el testamento mancomunado otorgado por el causante no tiene carácter particional, de manera que estas alegaciones, al margen de su falta de fundamento, deben reputarse extemporáneas y vulneradoras del derecho de defensa de la parte apelada ( art. 24 CE) , sin que puedan ser tomadas en consideración en la presente instancia, al no haber sido oportunamente planteadas por el ahora apelante en la reconvención, la cual se configura para esta parte como un momento preclusivo para formular las pretensiones procesales y su correspondiente causa de pedir, con la carga de aducir todos los hechos y fundamentos constitutivos de la misma que resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 400.1 y 412.2, en relación con los arts. 286.1 y 426.4 de la LEC.

En todo caso, la posible ineficacia o nulidad del contrato de compraventa, por su carácter simulado o su falta de objeto, con base en los motivos expresados, no puede ser alegada, frente a la acción que pretende su cumplimiento, por quien, como es el vendedor reconviniente, ha reconocido implícitamente su existencia y validez, y su titularidad dominical sobre la parcela vendida, antes de promoverse el juicio, al redactar y firmar el documento privado de compraventa en los términos expuestos, e intervenir en el posterior deslinde de la finca, prestando su consentimiento y conformidad a todo ello, sin que hasta el planteamiento del presente litigio haya invocado la nulidad o discutido la validez del contrato. Por ello, el actual planteamiento procesal del reconviniente supone una actuación incompatible y contradictoria con la previamente adoptada de modo expreso por esta parte frente a los compradores antes del juicio, que vulnera el principio general de derecho que veda ir en contra de los propios actos, como límite al ejercicio de los derechos vinculado a la exigencia de buena fe en el comportamiento jurídico ( art. 7.1 CC, en relación con los arts. 11.1 de la LOPJ y 247 de la LEC) , en la medida en que estamos ante la previa realización de unos actos que, como son los referidos, por su carácter trascendental o por constituir convención, causan estado frente a terceros, definen de forma expresa e inalterable la situación jurídica de su autor, o van encaminados a crear, modificar o extinguir algún derecho ( SS TS 5 octubre 1987, 15 junio 1989, 18 enero 1990, 4 junio 1992, 7 abril 1994, 22 enero 1997, 28 enero 2000, 20 octubre 2005, 12 marzo 2008, 7 mayo 2010, 20 marzo 2012 y 19 septiembre 2017), y que han sido verificados con plena libertad de criterio y voluntad no coartada, como expresión inequívoca de consentimiento ( SS TS 27 enero 1966, 4 marzo 1985, 17 noviembre 1994, 20 diciembre 1996, 22 enero 1997, 7 mayo 2001, 28 octubre 2003, 21 abril 2006 y 26 febrero 2013), sin que haya mediado error, ignorancia, conocimiento equivocado o mera tolerancia en su adopción ( SS TS 4 marzo 1992, 31 enero 1995, 30 septiembre 1996, 5 julio 2002, 27 octubre 2005, 15 junio 2007, 22 octubre 2008 y 2 mayo 2011) por lo que, lejos de tener un carácter ambiguo o inconcreto ( SS TS 9 mayo 2000, 23 mayo 2003, 23 noviembre 2004 y 8 noviembre 2005), revisten trascendencia jurídica al ir encaminados a constituir y definir el derecho de los compradores ( SS TS 5 octubre 1987, 15 junio 1989, 18 enero 1990, 4 junio 1992, 7 abril 1994, 22 enero 1997, 28 enero 2000, 20 octubre 2005, 12 marzo 2008 y 7 mayo 2010), presuponiendo en definitiva la validez del negocio cuyo cumplimiento por el vendedor se pretende, y que aquí trata de negarse en abierta contradicción con lo hecho y acordado entonces de forma expresa e inalterable.

En consecuencia y por todas las consideraciones expuestas, procede desestimar en su integridad el recurso de apelación interpuesto.

CUARTO.-La desestimación del recurso determina la condena de la apelante al pago de las costas de esta segunda instancia ( arts. 394.1 y 398.1 LEC) .

VISTOSlos artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,