Sentencia Civil 191/2025 Audiencia Provincial Civil de Málaga nº 5, Rec. 268/2022 de 12 de marzo del 2025

PRIMERO.-Interpone recurso de apelación la demandante en la instancia quien promueve la revocación de la Sentencia recaída y se afana porque la demanda que principia los autos sea estimada. Advirtió la Magistrada de instancia que la actora había incurrido en un incumplimiento del contrato, con motivo de la finalización de la concesión urbanística que le permitía la utilización de suelo público para fines publicitarios. Razonaba la Magistrada que no se puso en conocimiento de la demandada esta circunstancia. Ello constituye un quebranto a la buena fe contractual que justifica la resolución del contrato a instancia de la demandada.

Se yergue la apelante frente al pronunciamiento judicial recaído al disentir de la valoración de la prueba realizada por la Magistrada a quo. Cita como infringidos los arts. 7.1 y 1.258 del Código Civil. Objeta que la mayor parte de la facturación reclamada se corresponde con terreno privado. Aclara que de las facturas cuyo pago reclama, (documentos nº 3 a 13 de la demanda), nueva de ellas y dos parcialmente cuantifican el servicio prestado por monopostes ubicados en suelo privado (de los 12.493,25 euros reclamados, 8.833 euros corresponden a la facturación de monopostes en suelo privado). Destaca además que el término de la concesión administrativa se puso en conocimiento de la demandada, mediante correo electrónico aportado como documento nº 15 de la demanda. Subraya además que, en contra del alegato que formulaba la demandada, por parte del Ayuntamiento de Estepona no se comunicó a la entidad FM PROPERTIES REALTY GROUP, S.L. del término de la concesión administrativa, como ha informado el ente municipal en respuesta al oficio remitido. Proclama como infringido el art. 1.256 CC. , en relación con los arts. 1.089 y 1.091, 1.254, 1.255 y 1.258 CC. , que proscribe dejar al arbitrio de una parte la validez y el cumplimiento del contrato. Razona que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, derivándose dicha obligatoriedad de la voluntad de las partes, en base al principio de autonomía de la voluntad. Sostiene que la apelada se excusa en una falsedad, la ocultación del fin de la concesión administrativa para resolver unilateralmente la relación contractual y justificar el impago, a pesar de que la mayor parte de las facturas devengadas se corresponden con soportes ubicados en suelo privado. Censura finalmente haber incurrido la Magistrada en incongruencia, al destacar que el servicio y el arrendamiento de los soportes cuya facturación se reclama existió y se llevó a cabo. Por la apelada se impugna el recurso planteado e insta confirmar la Sentencia no acatada. Defiende como correcta la valoración de la prueba realizada por la Magistrada a quo. Insiste en que comunicó la resolución del contrato. Replica que la Juzgadora de instancia reparó y tuvo en consideración que los postes se ubicaban en suelo público y privado. Pese a ello, se consideró resuelta la relación comercial por el incumplimiento de la actora, por la ocultación de la finalización de la concesión administrativa del Ayuntamiento de Estepona, al apreciar que ello suponía un grave quebranto de la buena fe contractual.

SEGUNDO.-Los distintos motivos en los que funda la recurrente el recurso de apelación gravitan entorno a la valoración de la prueba realizada por la Magistrada a quo. Como expresa la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 2015, el Tribunal Constitucional, en su labor de interpretación del artículo 24 de la Constitución Española, ha elaborado la doctrina del error patente en la valoración de la prueba, destacando su relación directa con los aspectos fácticos del supuesto litigioso. Así, en las sentencias 29/2005, de 14 de febrero y 211/2009, de 26 de noviembre, destacó que "concurre error patente en aquellos supuestos en que las resoluciones judiciales parten de un presupuesto fáctico que se manifiesta erróneo a la luz de un medio de prueba incorporado válidamente a las actuaciones cuyo contenido no hubiera sido tomado en consideración". En la sentencia número 55/2001, de 26 de febrero, el Tribunal enumera los requisitos que deben concurrir para apreciar vulneración de la tutela judicial efectiva, en particular, que el error debe ser patente, es decir, "inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales, por haberse llegado a una conclusión absurda o contraria a los principios elementales de la lógica y de la experiencia".

Quiere ello decir que no todos los errores sobre valoración de la prueba tienen relevancia constitucional, sino que como recoge la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio 2012 es necesario que concurran los siguientes requisitos:

1º) que se trate de un error fáctico -material o de hecho- es decir, sobre las bases fácticas que han servido para sustentar la decisión; y

2º) que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales.

No obstante, la Sala, en cuanto órgano "ad quem", tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el Juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos ("quaestio facti") como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes ("quaestio iuris") para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y substantivas de aplicación al caso ( SSTS. 21/abr/93 [ RJ 1993, 3111], 18/feb/97 [ RJ 1997, 1427], 5/may/97 [ RJ 1997, 3669], 31/mar/98 [RJ 1998, 2038], y STC 15/ene/96 [RTC 1996, 3], pero en cualquier caso, al apelante, siempre que alegue error en la valoración de la prueba como fundamento de su recurso, se le debe exigir un "plus", que no es más que acreditar que su discrepancia valorativa está fundada en una equivocación del juez patente, evidente y contraria a la lógica por absurda, pues de lo contrario debe prevalecer el convencimiento al que ha llegado el juzgador de instancia.

TERCERO.-Revisados los medios de prueba practicados, visionado el acto del juicio, tomada en consideración la causa de pedir en la que se fundaba la pretensión actora y los argumentos que desarrollaba la demandada alcanza este Tribunal unas conclusiones distintas a las alcanzadas por la Magistrada de instancia, que determinan la estimación de la demanda. Y es que no resulta dable atribuir a la demandante un grave incumplimiento del contrato que ampare la resolución a instancia de la arrendataria y el impago del precio.

Dispone el art. 1.124 CC que "la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o loa resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos".Es doctrina reiterada por el TS (véanse, entre otras muchas, SSTS 9-XII-2004 o 13-V-2004) la que afirma que el art. 1124 CC ha de ser interpretado restrictivamente, exigiéndose un verdadero y propio incumplimiento de las obligaciones que le incumbieren, incumplimiento que ha de ser grave, de tal forma que la facultad resolutoria de los contratos requiere no sólo la concurrencia de una voluntad del infractor, obstativa al cumplimiento, sino que la vulneración de lo pactado resulte grave o esencial, sin que baste aducir el incumplimiento de prestaciones accesorias o complementarias que, por su entidad no decisiva, no impiden que el acreedor obtenga el resultado económico que lo movió a actuar; y así, para que la acción resolutoria implícita establecida en el párrafo primero del artículo 1.124 del Código Civil pueda prosperar, es preciso que quien la alegue acredite en el proceso correspondiente, entre otros, los siguientes requisitos: 1º. La existencia de un vínculo contractual vigente entre quienes la concertaron; 2º. La reciprocidad de las prestaciones estipuladas en el mismo así como su exigibilidad; 3º. Que el demandado haya incumplido de forma grave las que le incumbían, estando encomendada la apreciación de este incumplimiento al libre arbitrio de los Tribunales de instancia; 4º. Que semejante resultado se haya producido como consecuencia de una conducta obstativa de éste que, de modo indubitado, absoluto, definitivo e irreparable la origine, y ello en relación con la esencia de lo pactado, sin que baste aducir el incumplimiento de prestaciones accesorias o complementarias que no impidan por su escasa entidad, que el acreedor obtenga el fin económico del contrato, de tal manera que el incumplimiento ha de ser de tal entidad que impida el fin normal del contrato, frustrando las legítimas expectativas de la parte, aunque sin que pueda exigirse una aplicación literal de la expresión "voluntad deliberadamente rebelde", que sería tanto como exigir dolo; actuación que, entre otros medios probatorios, puede acreditarse por la prolongada inactividad o pasividad del deudor frente a los requerimientos de la otra parte contratante y 5º. Que quien ejercite esta acción no haya incumplido las obligaciones que le concernían salvo si ello ocurriera como consecuencia del incumplimiento anterior del otro, pues la conducta de éste, es la que motiva el derecho de resolución de su adversario y le libera de su compromiso.

El Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, en la Sentencia 333/2014 de 30 de junio de 2014, Rec. 2250/2012 declaraba: "Con relación a la resolución de la obligación ( artículo 1124 del Código Civil ) la principal dificultad a la hora de la diferenciación se manifiesta principalmente en la categoría del incumplimiento esencial. En efecto, en el campo jurisprudencial este tipo de incumplimiento ha venido siendo definido como "la falta de obtención de la finalidad perseguida", "la frustración de las legítimas expectativas o aspiraciones" e inclusive "como la quiebra de la finalidad económica o frustración del fin practico perseguido". Como puede observarse, referencias que, en mayor o menor medida, también han sido empleadas por la doctrina jurisprudencial en el análisis y definición de la cláusula rebus.

En este sentido, la diferenciación debe precisarse en los distintos fundamentos causales de ambas figuras y en sus diferentes funciones en la dinámica contractual. En esta línea puede afirmarse que las referencias citadas en la categoría del incumplimiento esencial operan en el plano de la resolución como el resultado de un juicio de tipicidad o de valoración entre lo que podemos denominar como causa de contrato (causa contractus, causa negotii), esto es, desde la función económica social del contrato el resultado práctico que quieren conseguir o alcanzar las partes (causa concreta del negocio) y la relevancia que para dicho fin presenta la inejecución o el irregular desenvolvimiento del programa de prestación; se valora tanto el plano de ajuste de los deberes prestacionales realizados con los programados, como el plano satisfactivo del acreedor que informó la celebración del contrato ( STS 11 de noviembre de 2013 , núm. 638/2013 )".

Como declara la STS núm. 123/2022, de 16 de febrero : La resolución por incumplimiento de una de las partes, sancionada por elart. 1124 CC, implica o presupone un incumplimiento esencial del contrato (por todas, sentencia 793/2012, de 21 de diciembre ). Como también recuerda la sentencia 383/2010, de 10 de junio , es necesario que "se produzca la frustración del fin del contrato, para la parte que cumple y por razón del incumplimiento obstativo de la contraria". Según la de 718/2009, de 30 de octubre, es preciso que "el hecho objetivo del incumplimiento, no esté justificado o producido por causa imputable al que pide la resolución". Y como dice la STS núm. 514/2013, de 22 de julio , no puede declararse frustrada la finalidad objetiva del contrato cuando el riesgo condiciona la base del negocio, tanto como propósito común o como causa eficiente o concreta del objetivo buscado, como sucede cuando la compra se basa en unas inciertas expectativas que eran las que podrían generar el lucro perseguido.

El contrato litigioso, como todos los sinalagmáticos o bilaterales, no puede quedar sometido en cuanto a su cumplimiento o incumplimiento al arbitrio de una sola de las partes ( art. 1256 del código civil ), de tal manera que el desistimiento unilateral por parte de un contratante no supone la extinción del contrato o la liberación de sus obligaciones contraídas por quien lo hace, salvo previsión legal o contractual específica. Ha de recordarse que, tal como tiene declarado reiterada y consolidada doctrina jurisprudencial de la Sala 1ª del TS, para que la resolución pueda operar extrajudicialmente es preciso que las partes se pongan de acuerdo en ella, bien de forma expresa, bien de forma tácita por hechos concluyentes e inequívocos, de modo que, de no hacerlo, la resolución contractual y sus consecuencias han de ser instadas y obtenidas por vía judicial. El ejercicio extrajudicial de la facultad de resolución exige la existencia de un acto de voluntad claro e inequívoco de una de las partes del contrato encaminado a dar por extinguida la relación obligatoria establecida entre las mismas. La jurisprudencia afirma que la facultad resolutoria de los contratos "puede ejercitarse en nuestro ordenamiento, no sólo en la vía judicial sino mediante declaración no sujeta a forma y dirigida a la otra parte, a reserva de que sean los Tribunales quienes examinen y sancionen su procedencia cuando es impugnada, bien negando el incumplimiento, bien rechazando la oportunidad de extinguir el contrato " ( Sentencia 399/2007, de 27 de marzo ).Y que " no cabe desconocer la existencia de poderes que permiten al sujeto en una situación singular prevista en la norma legal o establecida por los contratantes en lícito ejercicio del principio de autonomía negocial, ocasionar por su exclusiva voluntad un determinado efecto jurídico, sea constitutivo, modificativo o cancelatorio de la relación, poniendo término a la misma en este último caso; derechos o facultades que se actúan normalmente no por medio de una acción, sino de una declaración de voluntad recepticia que genera el efecto deseado una vez producida la notificación del destinatario, de suerte que la intervención de los organismos jurisdiccionales sólo es menester cuando el afectado discuta la eficacia de la declaración potestativa, salvo supuestos excepcionales" ( sentencias 1048/2004, de 27 de octubre , y 700/2005 de 3 octubre )."

No se aporta a los autos el contrato que sirve de marco a las relaciones mantenidas entre las litigantes. Resulta ignorado si la contratación comprendía todos los postes o si se trataba de sucesiva contrataciones. Como exponía la actora en el escrito de demanda, y no lo rebate la contraria, el contrato tenía por objeto el arrendamiento por la demandada de cinco soportes publicitarios, del tipo monoposte, en unos casos en las dos caras y en otros una sola, con iluminación nocturna según los casos. Los postes se situaban en la urbanización El Saladillo, en ambas caras, con su iluminación; urbanización Albayalde, a una cara dirección Marbella; en Cancelada, ambas caras y con iluminación; en el cruce Guadalobón, dirección Manilva; y en Atalaya-Isdabe, dirección Estepona. Podía la demandada instalar los correspondientes carteles publicitarios a cambio del precio pactado. En contra del planteamiento que proponía la demandada, que tuvo favorable estima en la primera instancia, no consta acreditado que por la actora se incurriera en una grave contravención del contrato, de las obligaciones asumidas y que legitimara a la demandada a desvincularse del pacto contractual, así como a liberarse del pago de los servicios prestados. No resulta baladí que algunos de los postes cuyo uso se cedía se ubicaban en terreno privado, de lo que se colige que resulta intrascendente en estas ubicaciones el fin de la concesión administrativa. Ningún obstáculo concurría para que la publicidad se mantuviera.

Como se exponía y se reitera en el escrito de recurso, consta que algunos de los postes por los que se factura el servicio se ubicaban en terreno privado: el situado en la urbanización El Saladillo; en la zona de Atalaya-Isdabe; así como el instalado en el cruce Guadolobón, dirección Manilva. Consta acreditada la respectiva ubicación de los postes con el documento nº 16 de la demanda, así como los documentos nº 17 a 21, planos con la ubicación de los monopostes. Conforme al desglose que consta en las facturas, de la cantidad global reclamada, 12.493,25 euros, asciende a 8.833 euros el precio por la cesión del uso de postes en zona privada.

Conviene subrayar que pese a resultar cuestionada la vigencia de la concesión administrativa, resulta indiscutida la colocación de la publicidad, el cumplimiento de la prestación por parte de la actora durante el período facturado, de enero a marzo de 2.017.

Del correo electrónico aportado como documento nº 15 se desprende que el 27 de marzo de 2.017 se comunicó por la apelante los problemas que presentaba el mantenimiento de la concesión. Trasladaba a la demandada la decisión de continuar el contrato respecto a los postes situado en suelo privado, respecto a los que ningún dificultad se había presentado. Mas no remitió respuesta. No consta que contractualmente se vinculara el arriendo de todos los postes. De suerte que podía ser mantenida la publicad en los postes en suelo privado aun cuando finalizara la concesión.

Aludía la demandada a la desconfianza que le generó la noticia del término de la autorización administrativa en favor de la demandante. No consta acreditado el momento en el tuvo acceso a la información que anticipaba el término de la concesión. El Ayto. de Estepona, en respuesta al oficio remitido, ha negado que se notificara a la demandada aquella incidencia. Tampoco constan los términos de la comunicación por la que la demandada pretendía resolver el contrato, que se habría transmitido de forma verbal. En suma, no se advierte que la conducta que observó la actora apelante, el modo en el que desarrolló la prestación represente una grave contravención en los términos que ampara el art. 1.124 CC para la resolución del contrato y para repudiar el pago. No ha justificado la demandada cuan de relevante ha sido la supuesta inversión afrontada en el contexto del contrato litigioso y que se habría visto frustrada por la finalización de la concesión administrativa. Por lo expuesto, habiendo rehusado la demandada de forma injustificada el pago de las facturas litigiosas, procede estimar el recurso, revocar la Sentencia impugnada, dictando otra por la que estimando la demanda, procede la condena de la demandada al pago de 12.943,25 euros, más el interés legal devengado desde la interposición de la demanda, con imposición de las costas de la instancia a la demandada ex art. 394 LEC. Habiendo prosperado el recurso de apelación, en materia de costas, de conformidad con el art. 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no se efectúa especial pronunciamiento, con devolución del depósito para recurrir.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación