Sentencia Civil 328/2025 Audiencia Provincial Civil de Pontevedra nº 6, Rec. 1265/2024 de 11 de abril del 2025

PRIMERO.- Resolución recurrida.

La representación procesal de la SRA. Micaela presentó demanda contra COFIDIS SA sucursal en España solicitando la declaración de nulidad del contrato de línea de crédito revolving suscrito entre ambas partes en fecha 18.5.2022 por falta de claridad y transparencia y, subsidiariamente, pedía la declaración de nulidad del contrato por el carácter usurario de sus intereses.

El Juzgado de Primera Instancia número 9 de Vigo, en el marco del JVB número 531/2024, dictó Sentencia de fecha 31.7.2024 por la que desestimó las pretensiones ejercitadas por la parte demandante razonando, en primer lugar, que la TAE aplicada del 25,34% no es notablemente superior al interés normal del dinero previsto para el año de contratación. Asimismo, consideró que las cláusulas denunciadas (TAE, anatocismo y comisión por reclamación de cuota impagada) superan el doble control de transparencia.

SEGUNDO.- Recurso de apelación.

La representación procesal de la Sra. Micaela interpuso recurso de apelación frente a la Sentencia de instancia invocando error en la valoración de la prueba pues entiende que el contrato objeto de litis es un contrato de crédito al consumo y no un contrato de tarjeta revolving, que carece de transparencia y tiene el carácter de usurario.

TERCERO.- Oposición al recurso de apelación.

La representación procesal de COFIDIS SA sucursal en España se opuso al recurso de apelación considerando que la resolución recurrida realizó correctamente el test de usura al tratarse el contrato objeto de litis de un crédito revolving y no de un préstamo personal, considerando asimismo válido el contrato por haber superado el control de transparencia.

CUARTO.- Valoración de la Sala.

Habiendo mostrado la parte recurrente disconformidad con la desestimación de las dos acciones ejercitadas, comenzaremos con el análisis de la acción planteada con carácter principal en la demanda, pese al orden seguido en la instancia para su resolución.

Comenzamos por destacar que las partes suscribieron el 18 de mayo de 2022, un contrato crédito al consumo, en la modalidad de crédito renovable o revolving, tal y como figura expresamente en el contrato aportado, frente a lo que sostiene la parte recurrente, que insiste en que sea calificado como un préstamo personal.

La diferencia de este tipo de contratos con respecto al préstamo personal, al que se refiere la parte recurrente, radica, en que la forma de pago, pactada permite el cobro aplazado mediante el pago de cuotas variables en función del uso que se haga del instrumento de pago y de los abonos que se realicen en la cuenta de crédito asociada - en los contratos de crédito ordinarios la deuda se abona de una sola vez-, o cuotas fijas hasta el total abono de los intereses y amortización de la financiación solicitada. Y por su carácter reconstructivo o revolvente, el importe de las cuotas que el titular de la tarjeta abona de forma periódica vuelven a formar parte del crédito disponible mediante su renovación automática como si de una línea de crédito permanente se tratara y sobre el capital dispuesto se aplica el tipo de interés pactado.

Con base a lo expuesto, no cabe duda de que nos encontramos ante una línea de crédito revolving, en la que se pactó un interés remuneratorio anual equivalente a una TAE del 19,93%.

Como ya expusimos en Sentencia de 31 de mayo de 2024 (RPL 998/2022) el cuestionamiento de la estipulación referente a la determinación del interés remuneratorio del contrato, en un contrato de préstamo revolving como el que nos ocupa, afecta al objeto principal del contrato, en el sentido del apartado 2, del artículo 4 de la Directiva 93/13 y por afectar a un elemento esencial del contrato, no cabe un control de abusividad directo.

En este sentido la STS de 25 de noviembre de 2015 establece que "la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter "abusivo" del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que resulte más favorable".

La STS nº 564/2020, de 26 de octubre, después de distinguir entre los controles de incorporación y de transparencia propiamente dicha, precisa respecto de este último: "1.- El control de transparencia no se agota en el mero control de incorporación, sino que supone un plus sobre el mismo. Según se desprende inequívocamente de la jurisprudencia del TJUE (sentencias de 21 de marzo de 2013, C-92/11 , RWE Vertrieb ; 30 de abril de 2014, C26/13 , Kásler y Káslerne Rábai; 26 de febrero de 2015, C-143/13 , Matei; y 23 de abril de 2015, C-96/14 , Van Hove), no solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, sus consecuencias económicas. El control de transparencia excluye que, en contratos en que el adherente sea un consumidor, pueda agravarse la carga económica que el contrato supone para el consumidor, tal y como éste la había percibido, mediante la inclusión de una condición general que supere los requisitos de incorporación, pero cuya trascendencia jurídica o económica le pasó inadvertida, porque se le dio un inapropiado tratamiento secundario y no se le facilitó la información clara y adecuada sobre las consecuencias jurídicas y económicas de dicha cláusula ."

La STS nº 493/2020, de 28 de septiembre, recuerda respecto al deber de transparencia: a) no basta con que no se acredite que se omitió determinada información, sino que es necesario que se demuestre que se proporcionó la información adecuada; b) tampoco se satisface el control de transparencia con una invocación a la información que el consumidor pudo obtener por su cuenta, puesto que, como se indicó en la STS nº 158/2019, de 14 de marzo, no puede convertirse la obligación de la entidad predisponente de informar adecuadamente a los potenciales clientes de este tipo de cláusulas, que alteran sustancialmente la economía del contrato, en la obligación del consumidor de procurarse la información al respecto; c) la mera existencia de asesoramiento contractual externo no exonera por sí a la entidad financiera de su deber de información, ni permite presumir en el cliente el conocimiento cabal de los riesgos específicos de la operación, mientras de la concreta relación de asesoramiento y de la participación del asesor en la contratación de los productos no sea razonable inferir que esa información había sido ya suministrada o suplida por la intervención del asesor; y d) la claridad de la redacción de la cláusula incluida en la escritura y su comprensibilidad gramatical, suficientes para superar el control de incorporación de una condición general de la contratación ( arts. 5 y 7 LCGC), no lo es por sí sola para cumplir con las exigencias del control de transparencia, que requiere, además, de una adecuada información precontractual, en los términos que viene exigiendo la jurisprudencia nacional y europea.

En lo que concierne al momento en que ha de suministrarse la información y la posibilidad de entender suficiente la proporcionada con ocasión de la celebración del contrato, como decíamos, tanto la jurisprudencia comunitaria como la nacional han resaltado la importancia que para la transparencia en la contratación con los consumidores tiene la información precontractual que se les facilita, porque es en esa fase cuando se adopta la decisión de contratar. Así, la STJUE de 21 de marzo de 2013, asunto C- 92/11, caso RWE Vertrieb, después de recordar que el vigésimo considerando de la propia Directiva precisa a este respecto que el consumidor debe contar con la posibilidad real de tener conocimiento de todas las cláusulas del contrato, declaró en relación con el control de transparencia: " 44. En efecto, reviste una importancia fundamental para el consumidor disponer, antes de la celebración de un contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración. El consumidor decide si desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de antemano por el profesional basándose principalmente en esa información."

Y la prueba de la superación del control de transparencia compete al predisponente. La STJE de 20.4.2023, C-263/22, párr.26 reitera estas apreciaciones: "El Tribunal de Justicia ha precisado que la exigencia de transparencia de las cláusulas contractuales, tal como resulta de esas disposiciones, debe interpretarse de manera extensiva y que no puede reducirse exclusivamente al carácter comprensible de esas cláusulas en un plano formal y gramatical. Esta exigencia requiere que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, esté en condiciones de comprender el funcionamiento concreto de tal cláusula y de valorar así, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de dicha cláusula sobre sus obligaciones (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-609/19 , EU:C:2021:469 , apartados 42 y 43, y de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 a C- 782/19 , EU:C:2021:470 , apartados 63 y 64 y jurisprudencia citada)."

Hemos de tener en cuenta asimismo la recentísima Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Supremo de fecha 30 de enero 2025 que analiza la información que la entidad bancaria debe suministrar al consumidor al que se le ofrece una tarjeta con la modalidad revolving, sosteniendo que debe cumplir con las exigencias establecidas en la normativa nacional y con aquellas que el TJUE ha extraído de la Directiva 93/13/CEE. Así, sostuvo que "Debe exponer, de manera transparente por su contenido, forma de expresión y ubicación en el documento, el funcionamiento concreto del mecanismo de recomposición del capital y su influencia en la liquidación de los intereses y en la amortización del capital dispuesto, especialmente en los supuestos de incremento notable del riesgo, ya indicados: cuando la cuota periódica de pago no es elevada pero sí lo es el tipo de interés; y cuando se produce un impago y la capitalización de los intereses y las comisiones devengadas prolonga indefinidamente el pago de la deuda porque las cuotas periódicas, que por defecto se fijan en una cuantía mínima, apenas amortizan capital. Debe informarse, por tanto, de la relación entre la elevada TAE, el mecanismo de recomposición del capital y las demás cláusulas con trascendencia en la creación de los riesgos descritos, de manera que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él.

En concreto, en lo que respecta al anatocismo, constituye una previsión contractual lícita, pero excepcional y con efectos significativamente gravosos para el consumidor, que requiere, por tanto, información clara al consumidor y que la redacción de la cláusula sea inteligible para el consumidor medio, como requisito para que pueda ser considerada transparente.

En consecuencia, la información debe permitir al consumidor medio comprender el producto ofertado, tomar conciencia de los riesgos que se derivan del plazo indefinido o prorrogable automáticamente, el elevado tipo de interés, la recomposición constante del crédito, la escasa amortización del capital en el caso de cuotas bajas, y el anatocismo; y, asimismo debe permitirle comparar las diversas ofertas, tal como exige el art. 10 de la Ley de contratos de crédito al consumo, pues para optar por una u otra modalidad de amortización es necesario que las comprenda. Por tanto, es necesaria una información diferenciada sobre las características, los costes y los riesgos de las tres modalidades de financiación que por lo general son electivas, por más que en muchos casos se aplique, por defecto, la modalidad revolving. Porque la diferencia de la modalidad revolving con la modalidad de pago aplazado a fin de mes, sin intereses, puede ser fácil de comprender, pero no lo es tanto la diferencia entre la modalidad de pago aplazado, que es en realidad un préstamo al consumo, parecido a la compra a plazos, y la modalidad revolving.

Para cumplir tales exigencias no es suficiente que la información contenga la TAE. En términos comprensibles para el consumidor medio, la información debe indicar que el sistema de amortización es del tipo revolving; debe establecer cuál es la cuota mensual (bien en una cantidad determinada, bien en un porcentaje de la cantidad dispuesta); debe establecer cuál es la duración del contrato; debe indicar si, y en qué casos, el interés se devengará no solo respecto del capital dispuesto sino también respecto del total de la cantidad adeudada (incluyendo intereses, comisiones e indemnizaciones devengadas); y deberá contener unos ejemplos adecuados tanto para comprender los riesgos del sistema como para permitir la comparación con otras modalidades de amortización o con las ofertas de otras entidades financieras. Es preciso que la información incida sobre la forma en que esa elevada TAE opera en la propia economía del contrato, dada las particularidades del sistema de amortización y las demás cláusulas a que se ha hecho referencia. Y debe hacerlo de modo claro y comprensible, no de una forma dispersa a lo largo de un extenso documento y en términos poco expresivos de los riesgos del sistema de amortización revolving, como es el caso objeto de este recurso".

Aplicando los postulados expuestos al caso de autos, concluimos que no se cumple el control de transparencia y ello porque la entidad recurrente se ha limitado tanto en su escrito de contestación a la demanda como en el escrito de recurso a describir un proceso de contratación genérico, sin aludir a las particularidades que rodearon a la contratación objeto de litis o la concreta información que se le habría facilitado al consumidor.

Como ya hemos expuesto, la contratación no fue presencial y no consta facilitada más información que la documental aportada a las actuaciones.

Del examen de la misma consideramos que no se han cumplido las exigencias de información a las que se refiere la Sentencia de fecha 30.1.2025 dictada por el Pleno del Tribunal Supremo pues, pese a recaer sobre la entidad demandada la carga de la prueba, no ha desplegado actividad probatoria a fin de acreditar que la consumidora obtuvo información de carácter precontractual clara, detallada y adecuada sobre las características esenciales, funcionamiento del crédito revolvente y riesgos que conlleva, tomando conciencia no solo de la carga económica sino también de la carga jurídica.

El documento obrante al acontecimiento número 3 del expediente digital, en lo que resulta de interés para el presente procedimiento, se compone de:

- "Información normalizada de crédito al consumo".

- "Información precontractual de su crédito revolving"

- "solicitud del crédito" con detalle de sus condiciones especiales y generales.

Observamos que sólo en la documentación relativa a la "solitud de crédito" que obra ya en la página 5/23 se identifica el crédito como renovable o revolving, pero sin que exista una explicación de manera comprensible del funcionamiento y carga económica de línea de crédito renovable o revolving. Tan solo figura en la página 10/23 relativo a las condiciones generales y, después de explicar las distintas modalidades de reembolso que facilita al deudor, la siguiente expresión " Sea cual sea la modalidad de reembolso, el importe disponible disminuirá con las disposiciones, y se reconstituirá con cada pago mensual, hasta el máximo autorizado".Esta escueta explicación resulta a todas luces insuficiente pues no permite extraer información sobre los riesgos ni carga económica del producto contratado.

En los documentos reseñados se contienen una serie de ejemplos de financiación que hacen pensar que nos encontramos ante un préstamo pero que no dejan ser un cálculo teórico sin reutilización del disponible que no cumple las exigencias informativas a las que se refirió el Alto Tribunal en la citada sentencia del año 2025, donde se refiere a la necesidad de que la entidad haya facilitado ejemplos o escenarios de los que el consumidor pueda tomar conciencia de los riesgos que supone la contratación del producto objeto de análisis.

Resulta necesario que sea objeto de explicación que en esta modalidad de contratación el pago se realiza a través de pagos aplazados mediante una cuota mensual, normalmente fija, aunque puede ser también un porcentaje de la deuda existente, de tal manera que, si el gasto supera esa cuota, la deuda aumenta. La consecuencia es que, si se paga una cuota mensual baja respecto al importe de la deuda, la amortización del principal se realizará a un plazo muy largo, lo que puede derivar en que se tengan que pagar muchos intereses que acabarán siendo capitalizados, como reconoce la sentencia TS de 4 de marzo 2020, y si bien el anatocismo no es ilícito per se, debe estar pactado y explicado a fin de que el consumidor comprenda la carga económica que comporta dicha capitalización.

Es más, la "capitalización de cantidades" figura en la página 4/23 del citado documento haciendo constar que "En cumplimiento del artículo 317 del Código de Comercio, las cantidades vencidas y no satisfechas se entenderán capitalizadas y producirán intereses al mismo tipo que el del crédito", pero como decimos no consta acreditado que se haya explicado la carga económica que entraña la propia capitalización.

En la solicitud de crédito y no en la información precontractual figura que "El reembolso mensual o cualquier otra cantidad que los titulares abonen comprende el pago de intereses, comisiones, gastos, indemnizaciones o penalizaciones, caso de devengarse, primas del seguro, caso de suscribirse, y reembolso del principal adeudado, imputándose en ese orden. En caso de anticipo total o parcial el importe reembolsado quedará en provisión siendo liquidado a final de mes".Sin embargo, de esta mención no podemos considerar que el consumidor pueda conocer la carga económica que asume y que se caracteriza precisamente porque la deuda derivada del crédito puede ser objeto de renovación periódica.

Por otro lado y, en cuanto a la duración del contrato de crédito figura que este será de un año renovable tácitamente por periodos anuales.

En definitiva, no consta acreditado que se haya cumplido por la demandada el deber de información precontractual que habría permitido a la parte demandante adoptar su decisión de contratar con pleno conocimiento de aquello a lo que se comprometía.

Este déficit de información tampoco se puede considerar suplido con las comunicaciones remitidas con carácter trimestral y que obran al acontecimiento 31 del expediente digital , pese a que respeta las exigencias de la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente, pues sigue sin ofrecer una información comprensible sobre el producto y sus riesgos, información que como ya hemos dicho era en todo caso exigible con carácter previo a la contratación.

Como recordó el Alto Tribunal en la Sentencia del año en curso anteriormente citada "El sistema de amortización revolving no es simplemente un sistema como el de pago aplazado, que puede considerarse un simple préstamo al consumo que se va amortizando en cuotas periódicas durante un periodo determinado. Ya hemos expuesto sus peculiares características y los riesgos que conllevan, significativamente superiores a los de un simple préstamo al consumo. No se trata solo de que el mayor aplazamiento generará mayores intereses, conocimiento que alcanza al consumidor medio; o que, por su propia naturaleza, no pueda fijarse ex ante el coste total del crédito ni establecer un cuadro de amortización. La duración indefinida o prorrogable del contrato de crédito revolving resulta relevante y ha de ser puesta en relación con el mecanismo de reconstitución de la deuda, especialmente si el contrato contempla la capitalización de los intereses y/o una cuota mínima por defecto de cuya incidencia en el coste del crédito es necesario advertir con suficiente claridad".

Esta falta de transparencia material a la que nos hemos venido refiriendo causa un evidente desequilibrio en los derechos y obligaciones de las partes, considerando esta Sala que difícilmente un consumidor medio, de haber conocido el funcionamiento del contrato, se hubiese obligado, motivo por el cual ha de reputarse nulo por abusivo.

A mayor abundamiento destacamos que el Alto Tribunal, en las Sentencias citadas y que han sido dictadas en enero del año en curso, se ha referido al juicio de abusividad, sosteniendo que "Pues bien, de manera similar a como hemos declarado en los supuestos de cláusulas suelo o de préstamos en divisas, en el caso de las tarjetas revolving, la falta de transparencia de la cláusula relativa a la TAE, valorada junto con las cláusulas relativas al sistema de amortización, el anatocismo y la escasa cuota mensual, no es inocua para el consumidor, sino que provoca un grave desequilibrio, en contra de las exigencias de la buena fe, puesto que, al ignorar los riesgos significativos que entraña dicho sistema de amortización, no puede comparar la oferta con las de otros sistemas de amortización y se compromete en un contrato que puede tener para él graves consecuencias pues puede terminar siendo lo que hemos venido en llamar un «deudor cautivo» y el Banco de España denomina «efecto bola de nieve».

Son también circunstancias relevantes para la valoración de la buena fe del predisponente necesaria para apreciar la abusividad de estas cláusulas la incitación por parte del profesional a la contratación en la modalidad revolving en los términos más proclives a acentuar tales riesgos, como resulta de su comercialización fuera de establecimientos financieros (en las estaciones de tren, autobús, aeropuerto o centros comerciales tales como hipermercados, grandes superficies de electrodomésticos y electrónica, etc.), con denominaciones que ocultan esos riesgos e incitan a su contratación («cuota fácil» en este caso), con previsiones contractuales en las que, por defecto, se contrata el sistema revolving y/o las cuotas de escasa cuantía que incrementan el pago de intereses y prolongan el plazo de amortización.

La consecuencia de lo expuesto es que ha de confirmarse el carácter abusivo de la cláusula que fija el interés remuneratorio en el contrato objeto de este litigio, declarado en la sentencia de primera instancia, y desestimar el recurso de apelación interpuesto por la entidad financiera demandada."

En definitiva, la falta de superación de los controles indicados supone la consecuente abusividad de la cláusula que regula los intereses remuneratorios y es determinante de la nulidad del contrato al no poder subsistir éste sin un elemento esencial del mismo, siendo la consecuencia la recíproca restitución de las prestaciones con sus intereses por aplicación del artículo 1303 del CC, sin que se pueda generar en un derecho de crédito contra el demandante.

La estimación de la acción ejercitada con carácter principal, determina la innecesariedad de entrar a resolver sobre el carácter usurario del contrato.

QUINTO.- Costas.

En virtud de lo dispuesto en el Art. 398 de la LEC la estimación del recurso supone la imposición de las costas a la parte recurrida de la segunda instancia. Igualmente y, por aplicación del artículo 394.1 de l LEC, imponemos las costas de la primera instancia a la parte demandada.

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular y en nombre de S.M. el Rey