Sentencia Civil 206/2025 Audiencia Provincial Civil de Málaga nº 6, Rec. 786/2023 de 12 de febrero del 2025

PRIMERO.-La Sentencia de instancia desestimó la prensión de nulidad contractual interesa en demanda al acoger la falta de legitimación pasiva de la demandada al no ser parte del contrato.

La parte demandante presentó recurso de apelación, sosteniendo, en esencia: (1) que la demandada participó activamente en la comercialización del producto vendido; que formaba parte del grupo empresarial Marriot Vacaion Club, siendo titular del complejo que se hace contar en el contrato; que conforme el contrato no se tenia que disfrutar forzosamente el tiempo pactado en el club fijado en el contrato, sino que podría disfrutar en otros complejos, como así ocurrió; la demandada aparece en el contrato como responsable del interés en la afiliación del club; pese a que en el contrato de autos identifique a la sociedad tailandesa MVCI (Thailand) Limited como la comercializadora no le exime de responsabilidad a la demandada pues el contrato se firmó en Mallorca, siendo presentado y comercializado dicho producto vacacional por MVCI HOLIDAYS, S.L; a esta entidad había destinar la eventual petición de desistimiento del contrato; todo ello, según alegó, justificaba su legitimación pasiva (2) la nulidad de contrato, siendo aplicable la Ley 42/1998, por falta de determinación del objeto, sin que proceda, en su caso, la prescripción de la acción de restitución alegada de contrario.

SEGUNDO.- Legitimación pasiva.

Tal y como consta en la St de instancia, el pronunciamiento desestimatorio de la demanda se justificó por razón de la falta de legitimación de la demandada MVCI HOLIDAYS SL.

Respecto de la falta de legitimación debemos recordar que esta Audiencia en muchas Sts ya ha declarado la legitimación de la recurrente en pleitos similares al que nos ocupa. El art. 1.5 de la Ley 42/1998 establece: "Lo dispuesto en la presente Ley se aplicará al propietario, promotor y a cualquier persona física o jurídica que participe profesionalmente en la transmisión o comercialización de derechos de aprovechamiento por turno".Y no cabe duda que MVCI HOLADAYS SL, como sociedad que consta como responsable del interés en la afiliación al Club, junto con la entidad vendedora/promotora (Maikhao Vacation Villas Limited) y el agente vendedor (MVCI -Thailand- Limited), en el folleto informativo que se acompañó con el contrato (documento 5 de la demanda), participó en el citado contrato en la enajenación de los derechos de aprovechamiento por turnos discutidos, pese a no firmar el mismo. Incluso la entidad demandada es la destinataria de la eventual voluntad de desistimiento del adquirente en el plazo de los 14 días siguientes a la firma del contrato (punto 11, del documento 5 de la demanda). La demandada, en su contestación, en el punto 28, reconoce la comercialización incluso del contrato de la demandante. Por lo tanto, junto con el resto de entidades intervinientes, será responsable de las consecuencias de un eventual declaración de nulidad. De la misma forma se ha pronunciado esta Sala en sentencia de 31/5/23 "es lo cierto que se aprecia un entramado societario en el que se entrecruzan las participaciones de unas sociedades con otras, compartiendo representaciones y domicilios societarios, lo que imponen aceptar la tesis argumental defendida por la recurrente demandante".

En igual sentido SAP Baleares 20/12/20 "En relación a esta cuestión hay que decir que las dos empresas MCVI HOLIDAYS, S.L. y MVCI MANAGEMENT, S.L. son parte en el contrato. Así consta en la documental aportada "Contrato de tiempo compartido" entre, por una parte, MVCI HOLIDAYS, S.L. y MVCI MANAGEMENT, S.L. con todos los datos de ambas y, por otra parte, el adquirente. Los anexos al contrato también están firmados por las dos empresas, además, de la hoja de condiciones. Ambas empresas firman el documento, incluso en él se establecen las responsabilidades de la empresa gestora. En ningún momento se podría exigir frente a la parte adquirente que solo una de ellas fuera responsable. Es más, la apariencia creada para la parte compradora, no puede devenir ahora en la exclusión de responsabilidad de una de las partes del contrato. La distribución de responsabilidades entre ellas, no pueden afectar a la parte adquirente, que difícilmente podía tener conocimiento de ello. En consecuencia, no puede estimarse la excepción de falta de legitimación pasiva de MVCI MANAGEMENT, S.L. por las razones expuestas".

A ello debemos añadir, que aun en el ámbito del derecho de la competencia, el TJUE ha elaborado el concepto de unidad económica. La STJUE de 6 de octubre de 2021 ha declarado que la víctima de una práctica contraria a la competencia llevada a cabo por una empresa puede ejercitar una acción de resarcimiento por daños y perjuicios indistintamente contra una sociedad matriz que haya sido sancionada por la Comisión Europea en una decisión como consecuencia de dicha práctica o contra una filial de esa sociedad que no sea destinataria de la referida decisión, siempre que estas sociedades constituyan, conjuntamente, una unidad económica. Para ello se exige que haya una relación entre la filial de la que se pretende reclamar los daños y su matriz, es decir, que hubiera vínculos económicos, organizativos y jurídicos concretos entre ellas, en el momento de la infracción; y que haya un vínculo entre la actividad económica de la filial y la actividad económica objeto de la infracción de que se ha declarado responsable a la sociedad matriz.

Los vínculos organizativos y de actividad entre las sociedades que forman este entramado son más que evidentes, por lo que debe declararse la responsabilidad solidaria de las empresas demandadas ( SAP MÁLAGA sección VI 7/6/23 RAC 63/23).

TERCERO.- Objeto.

Una vez que se estima que concurre la legitimación pasiva de la demanda ante la reclamación de contrario, procede el examen de los motivos de nulidad suplicados en demanda. En cuanto a tal motivo se sostiene infracción relativa a la determinación del objeto del derecho transmitido y con respecto a tal motivo, esta Sala ha examinado ya en reiteradas ocasiones contratos idénticos al del supuesto de autos, declarando su nulidad.

Desde el momento en que el contrato de fecha 20/05/2005, suscrito entre las partes, le resultaba de aplicación la Ley 42/98, por haber sido otorgado con posterioridad a la misma y la comercialización de los derechos de aprovechamiento por turnos fue posterior a ella, por mucho que con posterioridad se procediera a otorgar una escritura de adaptación en cumplimiento de la Disposición Transitoria 2ª de la Ley, esta Sala ya se ha pronunciado, a tal efecto, que los derechos preexistentes sí estos se trasmiten con posterioridad a la ley o siendo anteriores su primera transmisión se produjera después de su entrada en vigor, el contrato deberá sujetarse, en cuanto a sus requisitos, a lo establecido en la ley reguladora ( arts. 3 y 9, con las consecuencias que establece el artículo 1.7) no siendo factible que al adaptar el régimen de la multipropiedad a la nueva Ley 42/1998 se establezca que la duración sería la del régimen anterior ( STS 774/2014, de 15 de enero, 793/2014, 192/2016 de 29 de marzo y ATS 10964/22, de 6 de julio, así como ATS 8167/2000, de 7 de octubrey 901/18, de 7 de febrero). Y, entre tales requisitos exigidos, están el de cumplir la obligación legal de limitación temporal de la duración del contrato del artículo 3 (entre 3 y 50 años) - STS 645/16, de 31 de octubre, 630 y 632/16, de 25 de octubre, 606/16, de 6 de octubre), de una parte y, de otra, la determinación del objeto de alojamiento y el turno del aprovechamiento (art. 9.3).

Como se reseñaba en sentencia de esta Audiencia de 25 de febrero de 2022: "El Tribunal Supremo ha establecido el régimen jurídico en el que nos movemos, entre otras en la sentencia nº 518/2019 de 4 de octubre de 2019 , que reiteraba lo ya expuesto en sentencias anteriores como la nº 379/2018, de 20 de junio de 2018 o la nº 694/2018 de fecha 11 de diciembre de 2018 . En ésta última se hacía una reseña histórica de su regulación refiriéndose tanto a la Ley 42/1998, de 15 de diciembre como a la Ley 4/2012, de 6 de julio, exponiendo en el Fundamento de Derecho V el ámbito de aplicación de la Ley 42/1998, de aplicación a la nueva Ley 4/2012, pronunciándose en los siguientes términos:

El ámbito objetivo de esta ley es la regulación de la constitución, ejercicio, transmisión y extinción del derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, que atribuye a su titular la facultad de disfrutar con carácter exclusivo, durante un período específico de cada año, un alojamiento susceptible de utilización independiente por tener salida propia a la vía pública o a un elemento común del edificio, así como el derecho a la prestación de los servicios complementarios. Este derecho podrá constituirse como derecho real limitado o como un contrato de arrendamiento de bienes inmuebles vacacionales por temporada, que tengan por objeto más de tres de ellas, hasta un máximo de cincuenta años, y en los que se anticipen las rentas (art. 1).

Se contempla también dentro del ámbito objetivo de estos contratos, con carácter general, que el contrato en virtud del cual se constituya o transmita cualquier otro derecho, real o personal, por tiempo superior a tres años y relativo a la utilización de uno o más inmuebles durante un período determinado o determinable al año, al margen de la presente ley, será nulo de pleno derecho, debiéndole ser devueltas al adquirente o cesionario cualesquiera rentas o contraprestaciones satisfechas así como indemnizados los daños y perjuicios sufridos (art. 1.7)."

Con relación al objeto, el artículo 9.1.3º de la Ley 42/1998 dispone que "1. El contrato celebrado por toda persona física o jurídica en el marco de su actividad profesional y relativo a derechos de aprovechamiento por turno de alojamientos deberá constar por escrito y en él se expresarán, al menos, los siguientes extremos: 3.º Descripción precisa del edificio, de su situación y del alojamiento sobre el que recae el derecho, con referencia expresa a sus datos registrales y al turno que es objeto del contrato, con indicación de los días y horas en que se inicia y termina."

De la lectura del precepto se desprende que el legislador requiere una concreción del objeto del contrato en una triple vertiente:

a) Respecto al inmueble y al alojamiento exige no una descripción cualquiera, sino "precisa", es decir, añade un "plus" de detalle para salvaguardar los derechos de los adquirentes. Ese canon de precisión no se cumple con una enumeración vaga o genérica del lugar donde se halla el conjunto vacacional o los diferentes edificios que lo integran, pues ello supondría vulnerar el tenor literal de la norma y su espíritu tuitivo.

b) Además, el referido artículo obliga a que consten los datos registrales del derecho adquirido, incumpliéndose igualmente ese requerimiento si tales datos lo son respecto al conjunto del complejo, pues el artículo se refiere no solo al edificio, sino también al "alojamiento" sobre el que recae el derecho, es decir la unidad habitacional, normalmente apartamento, que va a ocupar el comprador durante las semanas que adquiere.

c) Finalmente, deberá constar el turno contratado y los días y horas que abarca.

El contrato objeto de litigio, pese a que refiere algunos servicios de las villas en general (documento 1 de la contestación, mobiliario) no recoge referencia registral alguna respecto del apartamento. En el folleto informativo aportado como documento 5 de la demanda, si aparece reflejado los datos referentes al complejo inmobiliario referido exclusivamente a la dirección del complejo y una serie de servicios e instalaciones que ofrece, no una descripción del mismo y, memos aún, del concreto apartamento que corresponde su disfrute y también falta la mención de la inscripción registral, siendo que es una exigencia de la ley la identificación registral y la omisión de los mismos respecto del apartamentos cuyos derechos se transfieren, determinan que el contrato ha de ser considerado nulo por falta de concreción de objeto.

Tal y como se dijo por esta Sala en la citada ST de 10 de julio de 2024 respecto al inmueble y al alojamiento exige no una descripción cualquiera, sino "precisa", es decir, añade un "plus" de detalle para salvaguardar los derechos de los adquirentes. Ese canon de precisión no se cumple con una enumeración vaga o genérica del lugar donde se halla el conjunto vacacional o los diferentes edificios que lo integran, pues ello supondría vulnerar el tenor literal de la norma y su espíritu tuitivo.

En las Condiciones Generales, aparecen reflejado los datos referentes al complejo inmobiliario y su número registral así como una descripción del apartamento pero no su inscripción registral y ello es una exigencia de la ley la identificación registral y la omisión de los mismos respecto de los apartamentos cuyos derechos se transfieren, determinan que el contrato ha de ser considerado nulo por falta de concreción de objeto.

La consecuencia de la inobservancia de estos requisitos se establece en el art. 6.3 CC, que "Los actos contrarios a normas imperativas o prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención",de manera que procede, estimando el recurso, declarar la nulidad del contrato por infringir una norma imperativa (la Ley 42/1998), en ningún caso puede ser conservado suprimiendo la estipulación nula, ya que se trata de un supuesto de nulidad radical. Se ha producido una infracción de la norma que establece los presupuestos de validez y eficacia del contrato en el que han participado consumidores, de tal forma que sólo cabe su nulidad absoluta y radical, sin que quepa integrarlos con la sustitución de la cláusula infractora por otra que se adecue a la normativa, nulidad absoluta que impide que caduque la acción y que se pueda acudir, incluso, a la doctrina del ejercicio tardío de los derechos. Por lo tanto, procede rechazar la alegación de la parte recurrida que la acción que procedía era de resolución contractual a los efectos de limitar el plazo a los 3 meses previstos en el Art 10 de la Ley 42/1998.

TERCERO.- Consecuencias de la nulidad.

Declarada la nulidad del contrato procede la restitución de las prestaciones. La parte recurrente sostuvo que la cantidad que procedía a devolver era la suma de 9.730 dolares americanos, una vez deducida la parte proporcional de los años disfrutados teniendo en cuenta la duración máxima de 50 años.

Con respecto al cálculo de la suma debida en supuestos como el que nos ocupa, el STS 694/2018 de 11 diciembre, en su Fundamento de Derecho Décimo, dispuso: "Es cierto que el artículo 1.7 de la Ley 42/1998 establece que, en caso de nulidad de pleno derecho, serán devueltas al adquirente la totalidad de las cantidades satisfechas. No obstante la interpretación de dicha norma y su aplicación al caso no pueden ser ajenas a las previsiones del artículo 3 CC en el sentido de que dicha interpretación se ha de hacer atendiendo fundamentalmente a su "espíritu y finalidad". En el caso del citado artículo 1.7 se trata de dejar indemne al contratante de buena fe que resulta sorprendido por el contenido de un contrato -normalmente de adhesión- que no cumple con las prescripciones legales, pero no ha sucedido así en el presente supuesto en el cual, los demandantes han podido disfrutar durante algunos años de los alojamientos que el contrato les ofrecía, por lo que el reintegro de cantidades satisfechas no ha de ser total sino proporcional al tiempo que debía restar de vigencia teniendo en cuenta la duración legal máxima de cincuenta años").

Por lo tanto, partiendo de la suma pactada de 13.900 dólares, procede dividirla por el plazo máximo legal, esto es, 50 años, una vez que no consta duración determinada en el contrato, resultando la cantidad de 278 dólares por año. Según el contrato, el primer año de uso fue el 2006. La totalidad de las sentencias dictadas por esta Audiencia y por el Tribunal Supremo, recogen como fecha a tener en cuenta no la de sentencia definitiva, sino la fecha de interposición de la demanda pues es a la misma cuando los actores expresan una voluntad clara de no hacer uso del inmueble demandando la nulidad del contrato que les vincula con la parte demandada. En este caso, la demandada, en su escrito de contestación, valoró como fecha que dejaron de hacer uso del inmueble, el año 2021, y no el año 2020, como sostuvo la parte demandante. Del documento 11 de la contestación de la demanda consta el disfrute de los citados años, tal y como sostuvo la demandada, es decir, hasta el año 2021. Por lo tanto, la cantidad a restituir resulta en 9.452 dolares americanos, resultante de multiplicar 278 dolares por los restantes 34 años.

CUARTO.- Prescripción.

En lo referente a la alegación de la parte apelada referida a la prescripción de la acción para la reclamación de las cantidades, el criterio de esta Sala, se decanta por considerar que siendo la acción de nulidad imprescriptible, ciertamente cabría someter al plazo de prescripción del art. 1964 CC, la acción de restitución de cantidades derivadas de la nulidad, que bien pudo reservarse para un pleito posterior, pero no estimamos que el cómputo deba iniciarse desde los pagos, porque ello es tanto como someter a prescripción la propia acción de nulidad, ya que, de nada serviría declarar que es imprescriptible si sometemos la reclamación de cantidad consecuencia de dicha nulidad a un plazo de prescripción a contar desde el contrato o los respectivos pagos, porque con ello no se garantizaría la efectividad de la nulidad y el pleno resarcimiento del consumidor. Por ello, esta Sala sitúa el inicio del cómputo en el momento de declaración judicial de la nulidad o el agotamiento del contrato suscrito y en tal sentido entendemos se pronuncia la STJUE de 22/4/21; por lo que no habiendo transcurrido tal plazo desde dichos días procede desestimar la excepción aducida.

No obstante, debemos reinterpretar esta doctrina a la luz de la sentencia del TJUE de 25/1/24 y 25/04/2024 que declaran que con relación a las cláusulas abusivas de los contratos suscritos con consumidores que el plazo de prescripción no empezará a correr sino desde que el consumidor tenga conocimiento del carácter abusivo de la cláusula. Y rechaza así que pueda computarse desde el momento en que se realizó el pago, pero también incluso desde que haya una jurisprudencia consolidada en esta materia pues es contrario al principio de efectividad, dado que el consumidor se encuentra en una situación de inferioridad respecto al profesional en particular en cuanto al nivel de información y no se puede presumir que la información de que dispone el consumidor, más escasa que la del profesional, incluya el conocimiento de la jurisprudencia nacional en materia de derechos de los consumidores, a pesar de que dicha jurisprudencia esté consolidada, habida cuenta del carácter ocasional, o incluso excepcional, que para ellos tiene la celebración de un contrato que contenga una cláusula de este tipo.

Por tanto, el inicio del plazo de prescripción se iniciará cuando el consumidor tenga un conocimiento efectivo de la nulidad del contrato por incumplir los requisitos legales. Y en tal sentido deberemos tener en cuenta dos principios:

.- La doctrina general que la jurisprudencia sienta sobre la prescripción de acciones, configurándola como una institución limitativa de derechos y de interpretación restrictiva, y en lo relativo al término inicial a partir del cual ha de iniciarse el cómputo del plazo correspondiente declara que la indeterminación del día inicial o las dudas que sobre el particular puedan surgir no deben en principio resolverse en contra de la parte a cuyo favor juega el derecho reclamado, sino en perjuicio de quien pretende la extinción ( STS 10/3/1989).

.- Relacionado con lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el artículo 217.3 LECi, la prueba sobre los elementos constitutivos de la prescripción constituye un hecho obstativo que debe ser acreditado por el demandado de manera que él tiene la carga de la prueba. No es de aplicación en estos casos el principio de facilidad probatoria(art. 217.7) pues si bien es cierto que resulta sumamente difícil que el demandado pueda probar cuando el actor conocía la nulidad (no obstante, habrá posibilidades de dicha prueba como por ejemplo si hubiera habido una reclamación extrajudicial); mayor prueba diabólica supone que el consumidor tenga que probar un hecho negativo como es que desconocía tal vicio.

No habiéndose acreditado dicho conocimiento efectivo dentro del plazo de prescripción legal procede rechazar la misma.

QUINTO.-Estimado recurso de apelación, de conformidad con el artículo 398 de la L.E.C, las costas procesales devengadas en esta alzada, no son objeto de especial imposición a ninguno de los litigantes. Pese a que el cálculo del periodo disfrutado ha sido aminorado con respecto a una anualidad adicional al ser el cálculo hasta el año 2021, una vez que se ha estimado la petición de nulidad del contrato, con respecto a la costas de instancia, procede su condena a la demandada al darse un supuesto de estimación sustancial de la demanda.

Vistos los artículos citados y los demás de legal y oportuna aplicación al caso,