Sentencia Civil 474/2024 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 6, Rec. 296/2023 de 13 de diciembre del 2024

PRIMERO.- Relación de antecedentes.

1. BANCO DE SABADELL S. A. interpuso demanda de juicio ordinario frente a doña Flor solicitando el dictado de una sentencia con los pronunciamientos que se pasan a transcribir a continuación:

1º. Con carácter principal:

a) Declare vencido anticipadamente el contrato de préstamo hipotecario objeto de la presente demanda por incumplimiento grave y esencial de la obligación de pago y por causa de insolvencia de la parte demandada.

b) Condene, de forma solidaria, a la parte demandada al pago de la cantidad total adeudada, ascendente a fecha 21 de enero de 2019 a la cantidad de

DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS Y TREINTA

Y CINCO CÉNTIMOS (12.454,35 €) más los intereses ordinarios que se generen desde la fecha del certificado de saldo, devengándose a partir de sentencia que en su día se dicte el interés legal más dos puntos, y las costas que se devenguen, hasta el completo pago.

c) Declare que mi mandante tiene derecho a ejecutar la sentencia que se dicte en su día, con cargo, entre otros bienes que se puedan designar, a la hipoteca constituida en garantía del contrato objeto de demanda, sin alterar su preferencia y rango.

d) Condene a la parte demandada al pago de las costas procesales.

2º. Con carácter subsidiario, para el caso que se desestimen las pretensiones del apartado anterior:

a) Condene, de forma solidaria, a la parte demandada al pago de las cuotas de principal e intereses adeudadas e impagadas a fecha del cierre de la cuenta (21 de enero de 2019), ascendentes a la cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS Y NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (3.420,92 €), así como de las cuotas de principal e intereses remuneratorios devengadas desde el certificado de saldo hasta la presentación de esta demanda, y de aquellas cuotas que vayan devengándose durante el presente procedimiento que, respecto al capital, seguirán generando intereses remuneratorios hasta el dictado de la Sentencia, generándose a partir de esa fecha los intereses del artículo 576 de la LEC .

b) Y declare que la ejecución de la sentencia que se dicte en su día se realizará con cargo, entre otros, al derecho real de hipoteca que garantiza el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias del contrato, conservando dicha hipoteca su preferencia y rango, tal y como fue pactada en la escritura referida.

c) Condene a la parte demandada al pago de las costas procesales.

2. El conocimiento y enjuiciamiento de dicha demanda correspondió al Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Elda que, tras sustanciarla, dictó sentencia el día 8 de julio de 2022 desestimando íntegramente las pretensiones entabladas con imposición de las costas a la parte demandante.

3. Disconforme con el fallo, por la representación procesal de LSF11 BOSON INVESTMENT S.A.R.L. se interpone recurso de apelación solicitando su revocación para que, en su lugar, se dicte otra sentencia por la que se estime íntegramente la demanda con imposición de las costas a la parte demandada.

4. Se funda el recurso en un error en la valoración de la prueba practicada en el proceso.

5. Los demandados, que fueron declarados en situación procesal de rebeldía en la primera instancia, no se han personado en fase de apelación.

SEGUNDO.- Revisión de la valoración de la prueba practicada en el proceso.

Resumen del motivo.

6. El único motivo del recurso denuncia la inadecuada valoración de la prueba documental practicada en el proceso de la que se desprende, a juicio de la parte demandante, el perfeccionamiento del contrato de préstamo en cuyo incumplimiento se fundan las pretensiones entabladas.

Decisión de la Sala.

7. La sentencia de primera instancia, tras declarar probada "la legitimación activa y pasiva de las partes, así como la existencia de un vínculo contractual entre ellas del que nace la obligación de devolver por los demandados la cantidad prestada con los intereses que se pactan en él", desestima totalmente la demanda por considerar no probada la entrega del capital por parte de la entidad prestamista. Considera insuficiente, a tales efectos, la declaración de recepción del capital que se efectúa por los prestatarios en la escritura pública, así como el acta de fijación de saldo notarial. Evidentemente, la apelante no comparte estas apreciaciones.

8. Esta Sala, tras revisar la prueba documental practicada en el proceso, tampoco puede asumir la valoración de la prueba llevada a cabo en la primera instancia.

9. Es cierto que la declaración en rebeldía de la parte demandada en el proceso no supone, como regla general, un allanamiento a la pretensión entablada ni una admisión tácita de los hechos constitutivos de dicha pretensión ( art. 496.2 LEC) . Así lo ha venido señalando la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sintetizando dicha doctrina la STS nº 308/2022, de 19 de abril (rec. nº 2582/2021):

Es preciso destacar, previamente, que la declaración de rebeldía, como señala el art. 496.2 de la LEC , que se hace eco de una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, no será considerada ni como allanamiento, ni como admisión de los hechos en los que se funda la demanda, salvo los casos en los que la ley expresamente disponga lo contrario.

De tal forma, ya se venía expresando la jurisprudencia, como simple botón de muestra, la sentencia 132/1995, de 25 de febrero , en la que señalamos:

"[...] la situación de rebeldía no implica allanamiento a la demanda ni libera al actor de probar los hechos constitutivos del derecho que reclama, e incluso le cabe al demandado el acreditar su inexactitud si el estado del proceso lo permite, no puede, en cambio, el litigante que estuvo en rebeldía utilizar excepciones tardíamente alegadas ni suscitar cuestiones distintas planteadas en la demanda, que es donde quedaron definitivamente fijados los términos de la cuestión litigiosa, al no existir cuestión que se le opusiere".

En el mismo sentido, en la más reciente sentencia 435/2001, de 8 de mayo , dijimos que la rebeldía podía "[...] ser considerada como una oposición tácita a las pretensiones deducidas en la demanda ( sentencia de 3 de abril de 1987 , entre otras".

Y, en la sentencia 323/2008, de 12 de mayo , nos manifestamos en el sentido de que:

"[...] ni siquiera ante la absoluta falta de oposición por parte del demandado, como ocurre en los casos de rebeldía, puede el juez dejar de valorar las razones del actory, en su caso, desestimar la demanda por falta de fundamento (la rebeldía no supone allanamiento, SSTS 3 de abril de 1987 , 8 de mayo de 2001 , 3 de junio de 2004 , etc.)".

10. Ahora bien, con ser cierto lo anterior, no lo es menos que la rebeldía sí que comporta la preclusión los actos procesales que se van llevando a cabo en el proceso en tanto el demandado rebelde no se persone en legal forma ( arts. 136 y 499 LEC) . Entre tales actos procesales no sólo se encuentra el de contestar a la demanda ( arts. 404.1 y 405 LEC) , sino también el de pronunciarse sobre los documentos aportados de adverso ( art. 427 LEC) .

11. En el supuesto que ahora nos ocupa los demandados permanecieron en rebeldía durante toda la sustanciación del proceso seguido en la primera instancia (situación en la que se han mantenido en esta alzada) y no pudieron, por tanto, impugnar los documentos aportados con el escrito de demanda, circunstancia que necesariamente ha de ser tenida en cuenta en el momento de establecer su valor probatorio, pues a diferencia de otros medios de prueba en el que el único canon de ponderación es de naturaleza libre (la prueba testifical o pericial, por ejemplo: arts. 376 y 348 LEC) , en el caso de la prueba documental el legislador ha establecido reglas de valoración de la prueba tasadas en determinados supuestos ( arts. 319 y ss. LEC) .

12. Desde la anterior perspectiva, no es posible compartir la apreciación que realiza la juez de primera instancia cuando señala lo siguiente:

(...) se entiende totalmente insuficiente a efectos probatorios la mera escritura pública del préstamo (en la que consta que los prestatarios "declaran haber recibido" previamente a su firma la cantidad prestada, no que efectivamente la recibieran: esto no está corroborado de ninguna forma objetiva y se trata de un mero pacto que no acredita la entrega y recepción). Y es insuficiente también el acta notarial de fijación de saldo por los mismos motivos.

13. La declaración de haber recibido previamente el capital objeto de préstamo se ha realizado ante un fedatario público por los luego demandados, que no han comparecido en legal forma para impugnar el documento público. Es por ello que, en tales circunstancias, este último hace prueba plena del hecho documentado y resto de extremos consignados en el art. 319.1 LEC. Es decir, de que don Plácido y doña Flor reconocieron haber percibido 40.388,01.- € antes de otorgarse la escritura pública de préstamo hipotecario autorizada el día 14 de diciembre de 2000 (f. 33 y ss. del expediente en papel), así como de su compromiso de

devolver tal suma de dinero en las condiciones consignadas en el referido instrumento público.

14. No podemos aceptar, por tanto, una valoración tan rigurosa de la prueba documental practicada en el proceso, habida cuenta de la falta de impugnación de la autenticidad y del valor probatorio de los documentos presentados con el escrito de demanda. En este sentido, cabe citar la SAP de Madrid (Sección 9ª) nº 415/2024, de 13 de septiembre (rollo nº 822/2023):

Como señala la sentencia de instancia, la mera situación de rebeldía del demandado, no implica ni un allanamiento, ni aceptación tácita de los hechos alegados en la demanda, debiendo por ello el actor el base a la carga de la prueba que establece el artículo 217 de la ley de enjuiciamiento civil , probar los hechos básicos de su pretensión, como es por un lado la existencia del contrato de préstamo, así como el incumplimiento del deudor de su obligación de proceder al pago de las cuotas del préstamo, que trae como consecuencia su vencimiento, pues como señala esta sala en sentencia N º 207/2023 de 03/04/2023 "como señala la STS de 3 de junio de 2.004 indica que "la situación procesal de la rebeldía del demandado, no supone allanamiento, ni siquiera admisión de hechos y no presenta otro alcance que el meramente preclusivo y el de la forma de las notificaciones -artículos 281 a 283- y la posibilidad brindada al actor de solicitar la medida cautelar. Ya el Tribunal Supremo, desde las añejas sentencias de 25 de junio de 1960 , 17 de enero de 1964 , 16 de junio de 1978 , tiene declarado que no implica allanamiento, ni libera al demandante de probar los hechos constitutivos de su pretensión, recogiendo la sentencia de 27 de noviembre de 1897 que subsiste en la actora el "onus probandi", no significando el silencio del rebelde confesión de los hechos de la demanda - sentencia de 4 de mayo de 1909 -". Doctrina jurisprudencial que ha sido ha sido recogida de forma positiva en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, estableciéndose en el artículo 496.2 que "la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario"; y si bien la rebeldía tiene determinados efectos en virtud del principio de preclusión de los actos procesales, de tal forma que el demandado no podrá alegar la excepciones que debió alegar en la contestación a la demanda dado que es al demandado rebelde es imputable el no haber alegado en momento oportuno las correspondientes excepciones, ello no es obstáculo ni se contradice con la obligación del actor de probar los hechos en los que se basa su pretensión, como se deduce del artículo 217 de la ley de enjuiciamiento civil , pero dicha situación de rebeldía no implica que dicha conducta no pueda tener determinados efectos, en orden a los hechos que se discuten, en especial en orden a la valoración y eficacia probatoria de los documentos aportados en los autos, y que no han sido impugnados, ni en orden a su autenticidad, ni a su contenido, en la medida que la situación de rebeldía del demandado impide entender que se haya procedido a la impugnación de los documentos aportados".

15. En sentido similar se ha pronunciado esta Audiencia Provincial de Alicante. Así, en la sentencia (Sección 9ª) nº 434/2014, de 22 de septiembre (rollo nº 796/2013), en la sentencia (Sección 6ª) nº 436/2019, de 20 de noviembre (rollo nº 566/2018) y en la sentencia (Sección 6ª) nº 56/2021, de 25 de febrero (rollo nº 99/2021).

16. Sentado lo anterior, la demanda debe ser íntegramente estimada, por cuanto que:

16.1. Ha quedado probada la existencia de la relación jurídica-contractual de la que nacen las obligaciones en cuyo incumplimiento se sustenta la pretensión entablada con la aportación de las escrituras públicas en que se documentaron: contrato de préstamo hipotecario de 14 de diciembre de 2000 (f. 33 y ss.) y contrato de novación del anterior de fecha 21 de mayo de 2002 (f. 72 y ss.).

16.2. En todos los contratos intervienen los demandados como parte prestataria.

16.3. Aunque la parte prestamista es la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo, la documentación aportada con la demanda (f. 104 y ss.) evidencia que fue sucedida por BANCO DE SABADELL S. A., entidad que fue la que interpuso la demanda.

16.4. Que BANCO DE SABADELL S. A. fue sucedida en el proceso por LSF11 BOSON INVESTMENTS S.A.R.L. resulta del auto de 23 de diciembre de 2021 (ac. 56 del visor de documentos "Horus"), que devino firme al no haber sido recurrido.

16.5. Finalmente, del acta fehaciente de liquidación de saldo obrante en los folios 214 y ss. del expediente en papel se desprende que los demandados impagaron todas las cuotas comprendidas en el período que media entre los días 22 de noviembre de 2017 y 21 de enero de 2019, ascendiendo la deuda a un total de 12.525,71.- €.

16.6. El referido importe comprende 71,36.- € en concepto de intereses de demora que no se reclaman en el proceso, por lo que ninguna consideración procede hacer sobre la validez de la cláusula de intereses de demora.

16.7. Todos los documentos que se han venido indicando merecen un valor probatorio pleno al no haber sido impugnados por ninguna de las partes ni contradichos por otros medios de prueba ( arts. 319 y ss. LEC) .

17. Habiéndose impagado quince cuotas mensuales, el incumplimiento contractual ha de valorarse como grave a los efectos previstos en el art. 24.1.b) de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI). Aunque tanto el contrato de préstamo, como su novación ulterior, se celebraron antes de la entrada en vigor de dicha ley, es criterio de esta Audiencia Provincial, reunida en pleno no jurisdiccional de fecha 29 de noviembre de 2019, el aplicar el referido precepto como parámetro o canon de gravedad a los efectos previstos en el art. 1124 CC.

18. Siendo el incumplimiento grave, procede estimar íntegramente la demanda y condenar no sólo al pago de las cuotas vencidas a fecha de su interposición, sino también al capital que estaba pendiente de vencer ( arts. 24 LCCI, 1124 y 1129 CC) . La condena de los codemandados habrá de ser solidaria porque así se obligaron en la cláusula segunda del contrato de préstamo (f. 37). Debe estimarse, por tanto, el recurso interpuesto.

TERCERO.- Intereses.

19. Reclama la demandante el pago de los intereses ordinarios que se devenguen desde la fecha del certificado de saldo, incrementándose en dos puntos a partir de la fecha de esta sentencia.

20. Aun cuando el contrato de préstamo celebrado entre las partes contemplaba un tipo de interés de demora del 25 % nominal anual (cláusula sexta, f. 47), no se reclama cantidad alguna por dicho concepto, lo que ha impedido que esta Sala se pronuncie sobre la eventual abusividad del tipo de interés de demora.

21. En cualquier caso, el hecho de que no se devengue el interés de demora no impide el devengo del interés ordinario, conforme a la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo en la STS nº 265/2015, de 22 de abril (rec. nº 2351/2012), por lo procede acoger igualmente esta petición. Dado que la fecha de certificación del saldo es 15 de mayo de 2019, los intereses ordinarios pactados se devengarán a partir de la misma (f. 230 del expediente en papel).

22. A partir de esta sentencia se devengará el interés legal del dinero incrementado en dos puntos ( art. 576 LEC) .

CUARTO.- Costas.

Costas de la primera instancia.

23. Siendo pertinente la íntegra estimación de la demanda, procede imponer las costas de la primera instancia a los demandados con arreglo al criterio del vencimiento objetivo y al no concurrir serias dudas de hecho ni de derecho ( art. 394 LEC) .

Costas de la segunda instancia.

24. El art. 398 LEC, en la redacción anterior al Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre (aplicable ratione temporis)establece lo siguiente:

1. Cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, se aplicará, en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en el artículo 394.

2. En caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes.

25. Dado que en el presente supuesto procede la total estimación del recurso de apelación interpuesto, no ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas de esta alzada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,