Sentencia Civil 1055/2024 Audiencia Provincial Civil de Málaga nº 6, Rec. 468/2024 de 16 de julio del 2024

PRIMERO.- Antecedentes.

1.1. Recurso de apelación.

Contra la sentencia cuyo fallo se ha transcrito, y que estima la pretensión modificativa de la parte actora respecto a la extinción de la pensión de alimentos fijada en la sentencia originaria en favor de los hijos comunes, actualmente mayores de edad, se alza la parte demandada, ahora recurrente, mediante el presente recurso de apelación, que, en síntesis, fundamenta en los siguientes motivos:

Primer motivo:Nulidad de actuaciones.

Segundo motivo:Error en la apreciación de la prueba. Vulneración artículo 217.2 L.E.C.

1.2. Oposición al recurso

A dicho recurso se opuso la parte recurrida, cuyas alegaciones resumidas son:

a) Sobre la nulidad de actuaciones se manifiesta que "Si ha habido una negligencia por parte de una de las profesionales intervinientes en el procedimiento eso no abre la posibilidad de solicitar la nulidad de actuaciones sino que en su caso permitiría ir contra esa profesional en reclamación de una posible responsabilidad civil, hecho éste por el cual el motivo debe ser desestimado".

b) Y sobre el error en la valoración de la prueba: "Las alegaciones realizadas no desvirtúan la prueba practicada en el acto de la vista que son las que han llevado a la Juzgadora de Instancia a la convicción de que la demanda interpuesta debía ser estimada y que los hechos que allí se exponían se ajustaban a la realidad. El recurso de apelación no es una "suerte" de segundo juicio donde se vuelven a plantear las mismas cuestiones que las discutidas en primera instancia, sino que basándose en motivos fundados como vulneración de Derechos o errores en la valoración de la prueba, se solicita una rectificación de la sentencia. En este caso la sentencia sólo puede ser confirmada, toda vez que la única prueba practicada y valorada por el juzgador de instancia no ha sido valorada erróneamente, y tampoco ha habido vulneración de Derechos de la contraparte que no compareció y no practicó prueba alguna".

SEGUNDO.- Decisión del recurso.

2.1. Primer motivo: Nulidad de actuaciones.

Sustenta este primer motivo la parte recurrente en el hecho de que la sentencia tiene por no comparecida al acto de la vista del juicio a la parte demandada, y si bien tal incomparecencia fue cierta, ello se debió a que la Procuradora actuante en representación de la demandada/recurrente no comunicó al letrado actuante ni a la propia parte la fecha y hora de celebración de dicha vista, lo que les impidió asistir a la misma. Considera la recurrente que "Dicha situación ha creado un estado de indefensión de la Sra. Claudia, ya que ha perdido toda oportunidad de poder defender los intereses de sus hijos y de ella misma en el acto de juicio, al haber sido aceptado todo lo manifestado de contrario sin que la contraparte haya acreditado ninguno de los extremos vertidos, basándose la sentencia en la falta de comparecencia de esta parte y la imposibilidad de que se haya valorado la prueba aportada por esta parte junto con la contestación a la demanda". Considera la apelante que dicha indefensión ha de generar la nulidad interesada y la retroacción de lo actuado al momento de la celebración de la vista del juicio.

Centrado así el debate sobre este primer motivo ha de comenzar por señalarse que para apreciar indefensión judicial proscrita constitucionalmente por el artículo 24 de la Constitución española, deben concurrir los requisitos siguientes ( SSTC 163/1985, 117/1986, 140/1987, 5/1988, 39/1988, 57/1988, 164/1991, 41/1992, 112/1987 y 151/1987, entre otras):

1.- Que se trate de una indefensión material efectiva, ya que no toda irregularidad procesal genera indefensión que justifique la nulidad de actuaciones, únicamente las infracciones que originan una disminución de las oportunidades procesales de alegar y probar todo lo conducente a la defensa en el proceso, evitando que cualquier irregularidad formal se convierta en un obstáculo insalvable para la culminación del proceso, al margen de la función y sentido de la razón y finalidad que inspira la existencia del requisito procesal, pues es preciso que la irregularidad genere una efectiva indefensión que ha de ser de carácter material, no meramente formal, pues no toda infracción procedimental genera indefensión material, siendo preciso que prive o disminuya de forma significativa el derecho de defensa.

2.- Quien la alega debe justificar la indefensión producida, relacionándola con el caso concreto y con los términos del debate judicial, no siendo suficiente acudir a genéricas y vagas argumentaciones sobre la supuesta indefensión.

3.- Que quien alega la indefensión no haya contribuido a su producción por falta de diligencia.

En el caso de autos no concurre ninguno de tales requisitos. En efecto

a) La recurrente no cita la norma procesal infringida, por lo que no se cumple el requisito exigido por dicho precepto. El recurso no contiene indicación alguna de este requisito y esa omisión no puede suplirse con la invocación genérica del artículo 24 CE.

b) La indefensión alegada es imputable a la parte recurrente, pues está acreditado en los autos las notificaciones en forma a los respectivos procuradores de la fecha señalada para la vista del juicio, constando en autos que, pese a ello, la parte demandada, ahora recurrente, no compareció a la misma. Todo ello configura una pasividad procesal solo imputable a la parte recurrente y, por tanto, excluyente de la indefensión alegada.

c) Como bien se indica en el escrito de oposición al recurso, la posible negligencia de la Sra. Procuradora, que tampoco está acreditada, pues es insuficiente a tales efectos el escrito de queja presentado contra ella, podrá dar lugar a una acción de responsabilidad por negligencia profesional de la Sra. Procuradora, pero no a una nulidad de actuaciones como la interesada

Por todo ello, el primer motivo del recurso ha de ser rechazado.

2.2. Segundo motivo: Error en la apreciación de la prueba. Vulneración artículo 217.2 L.E.C .

El segundo motivo lo apoya el recurrente en dos submotivos:

a) Respecto al hijo mayor alega que no se ha acreditado que se encuentre trabajando y goce de independencia económica.

Concretamente alega sobre esta cuestión en su escrito de recurso que "En este caso y en relación al hijo mayor, no ha probado el actor que el mismo se encuentre trabajando ni independizado del hogar familiar, ya que no ha aportado ninguna prueba tendente a acreditar dicho extremo. Se ha limitado a aportar unos pagos por bizum que en ningún caso acreditan la independencia económica ni física del hijo mayor, Esteban.

No se ha solicitado ni aportado vida laboral del hijo mayor ni tampoco padrón municipal de habitantes donde podría haberse comprobado fácilmente si lo aducido por el actor tiene veracidad o no. Dichas pruebas no se han solicitado por el actor ya que no avalarían sus afirmaciones, puesto que Esteban, el hijo mayor, se encuentra estudiando y residiendo con su madre, tal y como argumentaba esta parte y probaba en su escrito de contestación y documentos adjuntos".

Por su parte, la sentencia (Fundamento de Derecho Tercero) entiende que, en virtud del principio de la carga de la prueba en estos casos de hijos mayores de edad, ha sido la madre demandada la que ha incumplido su obligación probatoria de desvirtuar las alegaciones del padre demandante sobre la referida independencia económica del hijo mayor.

Delimitados así los términos del debate en esta alzada, y dado que el motivo analizado se enuncia con la doble alegación de error en la apreciación de la prueba y vulneración del artículo 217.2 L.E.C, ha de recordarse que las reglas sobre la valoración judicial de los medios probatorios, que en nuestro ordenamiento están presididas por el principio de la libre valoración de la prueba por el Tribunal, tienen como finalidad concluir sobre la prueba de un determinado hecho controvertido, bien en el sentido de tener por probada la certeza de dicho hecho, bien concluyendo con la falta de prueba o con las dudas sobre la certeza del mismo. Extraída la conclusión que proceda, será entonces cuando entren en juego las reglas sobre la carga de la prueba, que, distribuyendo dicha carga entre las partes litigantes en atención a la calificación de los hechos controvertidos con relación a las respectivas pretensiones deducidas en el proceso (constitutivos, impeditivos, extintivos y excluyentes), determina la imputación de los perjuicios derivados de la falta de prueba, o insuficiencia probatoria, de la certeza de un determinado hecho controvertido. Siendo, por tanto, las reglas de valoración de la prueba distintas a las que rigen la carga de la prueba, tanto en sentido formal (distribución de la prueba entre las partes litigantes) como material (parte afectada por los perjuicios derivados de la falta de prueba de unos determinados hechos). Igualmente, ha de tenerse presente que conforme a la jurisprudencia del TS (S 14-03.2010, 29-10-2010 y 11-12-2013, por todas) la carga de la prueba tiene por finalidad esencial establecer las consecuencias de la falta de prueba suficiente de los hechos relevantes que no estén fijados de otro modo en el proceso (por ejemplo, por estar tratarse de hechos notorios). Solo se infringe dicho precepto si la sentencia adopta un pronunciamiento sobre la base de que no se ha probado un hecho relevante para la decisión del litigio, y atribuye las consecuencias de la falta de prueba a la parte a la que no le correspondía la carga de la prueba según las reglas aplicables para su atribución a una y otra de las partes, establecidas en al artículo 217 de la LEC.

En el caso de autos la Jueza a quo considera acreditada por el demandante la incorporación del referido hijo al mercado laboral con la prueba documental acreditativa de la devolución por el hijo mayor de la pensión de alimentos al padre. Dicha prueba ha de estimarse suficiente a efectos indiciarios de la autosuficiencia económica del hijo perceptor de la pensión, pues por la cantidad que consta en la documentación bancaria (240 euros) y la periodicidad de tales devoluciones (13-10-2022, 4-11-2022, 7-12-2022 y 11-1-2023) se exterioriza una clara voluntad del hijo de no serle necesaria dicha pensión para subsistir. Y ese dato, unido a la edad del hijo perceptor (24 años) son prueba indiciaria más que suficiente de la independencia económica del mismo a los efectos del artículo 93, segundo párrafo, del C. Civil.

Y sentada esa premisa, la recurrente no señala donde está el error patente, evidente y contrario a la lógica cometido por la Jueza de Instancia en la valoración de la prueba, limitándose el apelante a expresar una discordancia con la conclusión fáctica alcanzada por la juzgadora en la sentencia, pero, insistimos, sin precisar la equivocación "de calado" en la que debe fundamentarse el recurso de apelación cuando se alega error en la valoración de la prueba, pues, conforme tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencias de 28 de junio de 2012 y 3 de noviembre de 2015, entre otras, y reitera esta sección en sentencias de 28-09-2021, 23-09-2021 y 16-09-2021, no todos los errores sobre valoración de la prueba tienen relevancia constitucional, y, por tanto, fundamentarían un recurso de apelación estimatorio, sino que es necesario que concurran los siguientes requisitos:

1º) Que se trate de un error fáctico, -material o de hecho-, es decir, sobre los hechos que han servido para sustentar la decisión

2º) Que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales.

3º) Que debe ser respetada la valoración probatoria de los órganos enjuiciadores en tanto no se demuestre que el juzgador incurrió en error de hecho, o que sus valoraciones resultan ilógicas, opuestas a las máximas de la experiencia o de las reglas de la sana crítica ( T.S. 1ª SS. de 18 de abril de 1992, 15 de noviembre de 1997 y 9 de febrero de 1998, entre otras).

De la interpretación de dicha jurisprudencia se deduce que no toda discrepancia respecto a la valoración probatoria realizada por el juez de instancia es subsumible en el concepto "error" de valoración que justificaría una sentencia revocatoria en la segunda instancia, sino que el apelante ha de acreditar que la discordancia entre su apreciación de la eficacia probatoria de un medio de prueba y la del juez de instancia se debe a una equivocación de éste "patente, manifiesta, evidente o notoria". Es decir, el juzgador de instancia y el recurrente ante la valoración de una prueba o de la fuerza probatoria de varias de ellas no se encuentran en una misma posición, de tal manera que sus conclusiones sean equivalentes y el tribunal de segunda instancia deba decidir cuál es la más correcta (que evidentemente puede hacerlo al ser concebida la apelación como un "nuevo juicio"), sino que el juez de instancia goza de una presunción de acierto en su razonamiento probático que el apelante ha de destruir, no solo manifestando su discrepancia con el mismo, sino demostrando que esa disparidad nace de una equivocación o error con las características antes apuntadas. O, dicho con otras palabras, al apelante, siempre que alegue error en la valoración de la prueba como fundamento de su recurso, se le debe exigir un "plus": acreditar que su discrepancia valorativa está fundada en una equivocación del juez patente, evidente y contraria a la lógica por absurda, lo que obliga a la parte recurrente a exponer cómo, dónde o cuándo se ha producido el error ( STS 161/2018 de 21 de marzo), pues de lo contrario debe prevalecer el convencimiento al que ha llegado el juzgador de instancia.

En el caso de autos, y examinada nuevamente la prueba practicada en la instancia, se constata que la conclusión extraída en la sentencia respecto a independencia económica del hijo mayor no es ilógica, incoherente o absurda a la vista de dicha prueba, pues se podrá o no estar de acuerdo con tal afirmación, pero la misma se encuentra bien razonada en la sentencia.

Y otro tanto cabe decir respecto a la vulneración del artículo 217 de la LEC, pues frente a una prueba indiciaria (edad y devolución de la pensión) clara de la referida independencia económica del hijo Esteban, la demandada no ha aportado prueba alguna de los hechos en los que apoya sus alegaciones negativas al respecto, pues si el hijo no está trabajando, bien se pudo acreditar mediante la aportación de la vida laboral al contestar la demanda, o si el mismo cursa estudios, a la parte recurrente correspondía acreditar tal hecho dada la facilidad probatoria que tenía al respecto. Y esa pasividad probatoria en la instancia, no es excusable por la alegada "irregular" incomparecencia declarada en la sentencia, pues tampoco se ha subsanado en esta alzada, dado que ninguna prueba se ha interesado en el recurso, ni ninguna documentación se ha aportado al amparo del artículo 460 de la LEC.

En resumen, no cabe duda de que la Jueza a quo ha actuado correctamente, pues:

1.- Ha declarado, con una valoración adecuada de la prueba, según hemos visto, que el hijo mayor está independizado económicamente, dada a falta de necesidad de la pensión que le correspondía.

2.- Atribuye a la recurrente las consecuencias de la falta de acreditación o prueba de los hechos impeditivos de la acción modificativa, cual son la dependencia económica del hijo y el estar cursando estudios, lo que es técnicamente correcto, dado que se trata de unos hechos impeditivos de la pretensión modificativa y a ella correspondía probarlos conforme al artículo 217 de la LEC y, por ello, ha de soportar las consecuencias perjudiciales derivadas de dicha ausencia o insuficiencia probatoria, traducidas en el rechazo de su pretensión enervatoria de la modificación interesada.

Se estima, por tanto, que respecto al hijo Esteban concurre la causa de extinción de la pensión alimenticia prevista en el artículo 152-3º del Código Civil, es decir, que el beneficiario de la pensión puede ejercer una profesión u oficio y atender por sí mismo a sus necesidades.

Por todo ello el submotivo analizado respecto a dicho hijo ha de ser rechazado.

b) En relación a los otros dos hijos, la alegación del demandante para extinguir la pensión es la falta de relación.

La sentencia, estima acreditada la misma y en aplicación de la sentencia del TS de 19-2-2019 declara extinguida la pensión.

Por su parte, la recurrente sustenta este submotivo reiterando que la falta de relación paternofilial no es imputable a los hijos, pues considera insuficiente a tal efecto como prueba los WhatsApp aportados.

Aplicando al supuesto que nos ocupa las consideraciones expuestas en el apartado anterior sobre el error en la valoración de la prueba y carga de la misma conforme al artículo 217 de la LEC, este submotivo basado en la falta de relación paternofilial de los hijos Armando y Millán con el padre ha de ser estimado, pues, como bien se señala en la sentencia de instancia, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 19 de febrero de 2019, sienta doctrina jurisprudencial al respecto, realizando una interpretación flexible de esta causa de extinción de la pensión alimenticia, al señalar que "... para que pueda extinguirse la pensión alimenticia del hijo mayor por falta de relación con el padre hay que acreditar que es falta de relación "manifiesta" y que es "imputable de forma principal y relevante al hijo ...",y en el supuesto que nos ocupa, no está probado que la falta de relación padre e hijos sea imputable únicamente a estos, y mucho menos de forma principal y relevante como exige a tales efectos el Alto Tribunal.

La sentencia de instancia (Fundamento de Derecho Cuarto), señala al respecto que "En este sentido el actor ha aportado los mensajes que recogen los intentos del actor de tener relación con sus hijos a lo largo de meses y a los que, al parecer no obtiene respuesta.... dada la incomparecencia de la parte demandada y la ausencia de prueba que pudiera desvirtuar lo alegado y probado por el actor procede, asimismo, acordar la extinción de la pensión de alimentos de los hijos.

Es decir, la Juzgadora a quo considera acreditados los elementos de la acción ejercitada (falta de relación e imputación exclusiva o principal de la misma a los hijos) por el demandante e imputa a la demandada apelante haber incumplido la carga de la prueba, conforme al artículo 217 de la LEC, de los hechos impeditivos de la acción: que la relación, aunque escasa, existe y que, en todo caso, sería consecuencia de la actuación del padre o esta, al menos, sería concausa de la misma.

El Tribunal no comparte tales valoraciones, pues considera que la prueba practicada en autos no es suficiente para llegar a la conclusión que extrae la Jueza a quo, dado que de los WhatsApp aportados no puede deducirse, no ya la ruptura de la relación paternofilial, que parece inexistente o muy escasa, sino que la misma sea imputable en exclusiva o principalmente a los hijos. A juicio de esta Tribunal lo que se deduce de las pruebas practicadas (documental) es una ruptura familiar muy conflictiva en la que los hijos se han visto involucrados desde su inicio por la desacertada forma de gestionarla por los adultos. En ese contexto, a la generación del distanciamiento padre e hijos han contribuido muy decisivamente factores ajenos completamente a estos que desmentirían seriamente la imputación de responsabilidad en exclusiva a ellos que se les hace por el padre, y, en todo caso, no sería con las notas de principal y relevanteexigidas por la jurisprudencia para generar el efecto extintivo de la pensión que a ese tipo de comportamiento se anudaría, más aún cuando la sentencia del TS de 19 de febrero de 2019 considera que la interpretación de esta causa de extinción de la pensión "... ha de ser restrictiva y la prueba rigurosa".

Y ha de recordarse a las partes que en la literatura científica sobre conflictos familiares (Peña Yáñez, Mila Arch, entre otras expertas) se señala que una de las consecuencias de las rupturas familiares fuertemente confrontativas como la que nos ocupa es el posicionamiento de los hijos en favor de uno de los progenitores como recurso psicológico para sobrevivir emocionalmente en un conflicto de lealtades que les desborda, siendo habitual en esos caso la pérdida de relación con uno de los dos progenitores, pero, insistimos, siendo ello responsabilidad de los adultos y no de los hijos afectados, todo lo cual excluiría una responsabilidad exclusiva o principal de los hijos en la desafección paternofilial, requisito ineludible para que opera la causa de extinción alegada.

Por todo ello, la petición de extinción de la pensión por dicha causa no puede ser acogida.

Ahora bien, respecto a tales hijos, el padre alegaba en su demanda como causa de extinción, además, que "... al parecer ambos hijos han dejado de estudiar con aprovechamiento, lo cual también sería motivo de extinción de la pensión por ser mayores de edad y estar en edad laboral".Y en relación a tal causa de extinción, ha sido la parte demandada, la madre, la que ha incumplido la carga probatoria, pues en el escrito de contestación a la demanda nada se dice sobre dicha cuestión, ni ninguna prueba se ha presentado de los estudios que cursan tales hijos, ni que los mismos sean acordes con su edad, por lo que inicialmente debería prosperar la acción extintiva en relación a dicho motivo, sobre el que la sentencia nada dice. Ahora bien, como el demandante tampoco explicita nada que pueda llevar al convencimiento de este Tribunal en relación a cuanto tiempo llevan los referidos hijos sin estudiar ni trabajar, tan injusto resulta suprimir la pensión en este momento en aplicación del artículo 152-3º del Código Civil, es decir, por considerar que dichos hijos pueden ejercer una profesión u oficio y atender por sí mismo a sus necesidades tal y como interesa el padre, como acordar mantener la pensión, tal y como pide la madre, y diferir a un proceso posterior una nueva revisión de las circunstancias laborales y personales de los hijos, habida cuenta que actualmente ya tienen 21 años y no consta que cursen estudios reglados y acordes con su edad. Por el contrario, parece más acorde con la realidad social ( artículo 3º 1. del Código Civil) y con la finalidad de los procesos de familia de "pacificar" los conflictos que los generan, señalar en este mismo proceso, una fecha en la que se extinguirá la pensión fijada en su día, siempre que se estime que ese plazo servirá, en circunstancias normales, para que los perceptores accedan al mercado laboral y atiendan por sí mismos y de forma más o menos íntegra sus necesidades, y todo ello como viene siendo admitida por esta Sala (véanse sentencias de 29-5-2007, 4-2-2009 y 14-2-2023).

Por todo ello, procede estimar parcialmente este segundo motivo y fijar como fecha en la que se extinguirá la pensión de alimentos fijada en favor de los hijos Armando y Millán la del 1 de agosto de 2025, al estimarse que en ese plazo dichos hijos habrán podido acceder al mercado laboral y cubrir por sí mismos sus necesidades, sin perjuicio de que, si no fuese así, puedan acudir al procedimiento autónomo de alimentos entre parientes del artículo 142 y siguientes del C. Civil.

TERCERO.- Conclusión.

Por todo lo anterior, procede estimar parcialmente el recurso y, en consecuencia:

a) Se ratifica la sentencia de instancia en lo referente a la extinción de la pensión de alimentos del hijo Esteban.

b) Se revoca parcialmente la sentencia de instancia en relación a la extinción de la pensión de alimentos de los hijos Armando y Millán, la cual se seguirá abonando (2/3 de la actual) hasta su extinción el 1 de agosto de 2025.

c) Al estimarse solo parcialmente la demanda, no procede la condena en costas en la instancia a la parte demandada.

CUARTO.- Costas en la alzada.

En cuanto a las costas de esta alzada, estimado parcialmente el recurso de apelación y de conformidad con lo dispuesto en el art. 398.2 de la LEC, no han de ser impuestas a la parte recurrente Claudia.

De conformidad con el apartado 8 de la Disposición Adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, procede devolver el depósito, si se hubiese constituido en su día para recurrir, al recurrente.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación