Sentencia Civil 85/2025 Audiencia Provincial Civil de Málaga nº 6, Rec. 1484/2024 de 23 de enero del 2025

PRIMERO.-La sentencia definitiva número 174/2024, de 3 de julio, dictada en curso del procedimiento ordinario número 478/2022, por el Juzgado de Primera Instancia número Diecinueve de Málaga, es combatida mediante recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandada, manteniendo: 1º) Que, se interpuso demanda frente a Wizink, solicitando, con carácter principal, la nulidad del contrato suscrito el 17 de junio de 2016, por supuesta usura y, con carácter subsidiario, la nulidad de las cláusulas de interés remuneratorio por supuesta falta de transparencia, con condena en costas a Wizink, 2º) Que, dentro del plazo conferido a tal efecto, la demandada se opuso a la demanda, exponiendo los motivos por los que entendía que el contrato de tarjeta de crédito no era nulo por falta de transparencia; 3º) Que, en lo que a la transparencia respecta, en la sentencia se realiza un análisis que carece del necesario rigor y , además, el "control de transparencia"que se realiza en la sentencia nada tiene que ver con aquel definido por nuestra jurisprudencia; 4º) Que, la sentencia acoge la pretensión de la parte recurrida, concluyendo que el reglamento de la tarjeta efectivamente no supera el doble control de transparencia, pues de acuerdo al criterio del juzgador "a quo"la parte recurrida, como empresaria, no ha acreditado haber ofrecido una información detallada y adecuada al consumidor sobre las implicaciones de este tipo de contratos, así como que la parte recurrida no fue informada adecuadamente de las implicaciones económicas y financieras del contrato, circunstancias, ambas erróneas, pues no solo el clausulado indicado aparece resaltado y perfectamente identificado como veremos más adelante, sino que, además, nos encontramos ante un contrato cuya legibilidad es perfecta; 5º) Que, las conclusiones anteriormente expuestas han sido alcanzadas sobre la base de un análisis doblemente erróneo, y es que el análisis realizado, ni respeta los elementos del doble control de transparencia definido por la jurisprudencia, ni respeta la realidad de la prueba practicada, en concreto, recoge que "en definitiva, atendida la redacción de las condiciones generales del contrato, difícilmente puede considerarse que el consumidor, al tiempo de contratar, tuviera cabal conocimiento de la carga económica del producto que estaba contratando. Por otra parte, más allá del documento contractual aportado, no existe evidencia de que la parte demandada cumpliera de otra manera con su deber de informar al consumidor de las consecuencias económicas del contrato que estaba celebrando. En consecuencia, examinado el clausulado contractual, no aparece redactado de manera clara, sencilla y comprensible para el consumidor medio, por lo que procede concluir que reúne los requisitos para superar el control de incorporación y transparencia en los términos descritos por la jurisprudencia transcrita";6º) Que, destaca que ya son numerosas las Secciones de Audiencias Provinciales que validan los reglamentos de las tarjetas de la demandada (entre los que se puede incluir el obrante en autos, al ser afín en su clausulado), tanto desde el punto de vista formal como material, constituyendo ejemplo jurisprudencial de validación de la transparencia de este contrato Barclays 2016, lo argumentado por la Sección 13ª y 14ª de la Audiencia Provincial de Madrid; por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Córdoba, por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, por ejemplo, la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de Madrid destaca que la TAE es un elemento diseñado para aportar transparencia a la cláusula de intereses resultando que en el contrato examinado, el clausulado que le acompaña, aunque no forma parte de la cláusula de interés remuneratorio propiamente dicha, resulta conexo, pues determina la cuota final a pagar, siendo suficiente para que el cliente sepa que, si realiza sucesivas disposiciones de la línea de crédito, seguirá obligado con la entidad financiera y tendrá que hacer frente al pago de la correspondiente cuota, que comprende todo el coste del crédito, incluyendo intereses, comisiones y gastos, sin que el clausulado del contrato presente problema de comprensibilidad alguno, y por su parte, la Audiencia Provincial de Córdoba, Sección 1ª, indica que no advierte obstáculo alguno a la transparencia en lo que atañe al interés remuneratorio aplicable a las operaciones, sin que quepa por tanto control de eventual abusividad; por su parte la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, destaca la relevancia de la cláusula 9 del contrato, que no solamente explica las opciones de uso, en modalidad pago total o pagado aplazado, sino que además incluye un expreso ejemplo de disposición, 1 Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 13 ª, número 463/2023, de 23 de noviembre, recurso 929/2022. Validación Reglamento Barclays en contrato suscrito en el año 2016. 2 Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 14ª, de 29 de septiembre, recurso 876/2022. Validación Reglamento Barclays en contrato suscrito en el año 2013. 3 Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, Sección 5ª, número 843/2023, de 20 de diciembre, recurso 23/2023. Validación Reglamento Barclays en contrato suscrito en el año 2014. 4 Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 4ª, número 823/2023, de 19 de diciembre, recurso 1049/2022. Validación Reglamento Barclays en contrato suscrito en el año 2015, por lo que, concluyendo que supera los controles de transparencia y cumple por tanto con la normativa al respecto., por ello, las valoraciones realizadas por las Salas de las diferentes Audiencias Provinciales al respecto de la comprensibilidad y claridad de las cláusulas contractuales reguladoras del precio del contrato, de su modo de aplicación y pago, y de sus diferentes costes son extrapolables a todos los contratos firmados al socaire de dichos reglamentos; 7º) Que, la sentencia recurrida considera que el reglamento no superaría el doble control de transparencia a la vista de que la letra es de tamaño inferior al reglado, y que no existen elementos tipográficos (tamaño de letra, negritas, subrayado o encuadrados) que permita resaltar los intereses, comisiones y gastos del resto del contrato, y por ello debe reputarse nulo, nada más lejos de la realidad, lo vemos; comenzando por el control de inclusión, de incorporación, o de transparencia formal, debe recordar que lo que ha de constatarse es que el consumidor tuvo acceso a la cláusula en cuestión, que ésta quedó incorporada al contrato, y que se trata de una estipulación legible y gramaticalmente comprensible; recordando que la suscripción del contrato en formato digital permitió al cliente la ampliación del tamaño del clausulado del contrato, superando el tamaño de 1,5 milímetros exigido y puesto de manifiesto por la resolución ahora recurrida, y basta un simple análisis del reglamento aportado como documento número 2 de la contestación para corroborarlo, y es que: (i) el reglamento se encuentra incorporado al documento de solicitud de la tarjeta, de manera que se asegura que todo cliente que solicite la misma tenga antes acceso al clausulado; (ii) la letra del reglamento es perfectamente legible, cumpliendo con creces los requisitos de tamaño legalmente establecidos (que sí que le resultaban aplicables, al contrario de lo que se afirma en la sentencia, en la que se confunde la fecha del reglamento): (iii) el reglamento está compuesto por distintas cláusulas claramente diferenciadas unas de otras, en las que se emplean títulos fácilmente comprensibles destacados en negrita y en un color llamativo, lo que permite a los consumidores identificarlas fácilmente: (iv) el reglamento emplea colores de gran contraste que facilitan la lectura del clausulado; (v) la cláusula en la que se define el coste de la tarjeta, por su relevancia, está situada en una ubicación destacada, separada del resto (aunque en el mismo documento), de manera que el consumidor pueda identificarla incluso con un simple vistazo al reglamento: y (vi) el reglamento incluye un lenguaje sencillo, fácil de entender para el consumidor medio: por lo que la cuestión no es por tanto siquiera debatible: el reglamento supera con creces el control de inclusión; 8º) Que, por otro lado, en cuanto al coste económico que la tarjeta tiene para el cliente, lo cierto es que las cláusulas relevantes a estos efectos son dos, la cláusula en la que se explican las modalidades de pago, y la cláusula en la que se indica el coste de la financiación; 9º) Que, comenzando por la cláusula en la que se describen las modalidades de pago, como se observa, es extensa -debe describir concienzudamente al cliente las distintas modalidades de pago por las que puede optar-, pero perfectamente comprensible, de hecho, si es extensa es porque la explicación que da es detallada: se explica al cliente de forma absolutamente honesta que puede optar por pagar sus compras a fin de mes (opción gratuita) y que puede optar por financiar sus compras (opción que tendrá un coste), y tras presentar las alternativas, la cláusula se centra en la opción de financiar las compras, pues es la que implica un coste para el cliente, y por tanto aquélla sobre la que deben ofrecerse mayores explicaciones, explica con claridad al cliente las opciones que se le ofrecen para devolver las cantidades que financie, e incluso se le ofrece un ejemplo de financiación para que pueda comprender más fácilmente la carga económica real de la financiación; 9º) Que, tampoco puede dejar de destacarse que la información que se transmite al cliente en la referida cláusula no reviste gran complejidad: un consumidor sabe que si financia la devolución de sus compras normalmente se le aplicará un tipo de interés, siendo lo relevante conocer cuál es ese tipo de interés, y esto precisamente es lo que se indica, con gran claridad, en el denominado anexo al que ya se ha referido, y que recuerda se encuentra en una posición destacada en el reglamento, diferenciado de las otras cláusulas, de manera que es simplemente imposible que un consumidor medio que revise mínimamente el reglamento no recaiga en esta cláusulal; 10º) Que, el contenido de la cláusula no reviste complejidad alguna; 11º) Que, de hecho, la cláusula se limita a informar al cliente con la máxima claridad del tipo de interés aplicable, así como de las distintas comisiones asociadas a los distintos servicios, nótese que el TIN y la TAE aparecen al principio de la cláusula, en términos muy claros, por lo que un consumidor medio comprende perfectamente, al ver esta cláusula, que el tipo de interés aplicable es un TIN del 23,90%, un TAE del 26,70%; 12º) Que, no hay, por tanto, lugar a dudas: el reglamento permite a un consumidor medio comprender la carga económica y jurídica de la tarjeta, y ello debió ser suficiente para que la sentencia desestimase la pretensión de nulidad por falta de transparencia, pero lo cierto es que la parte demandada fue más allá, y no se limitó a exponer los motivos por los que el reglamento supera cualquier control de transparencia, sino que, además, evidenció que el cliente había tenido necesariamente que comprender la carga económica y jurídica de la tarjeta antes de su contratación y como parte de esa prueba, en la contestación acreditaba que el cliente contrató la tarjeta siguiendo un proceso pausado y reglado, durante el que fue informado de las características y riesgos del producto en varias ocasiones. acreditaba que al cliente se le hizo entrega del reglamento de la tarjeta en el momento inicial del proceso, tan pronto como solicitó la tarjeta, y varios días antes de que finalmente decidiera contratarla (vid. documento nº 2 bis de la contestación), siendo la entrega del reglamento además acompañada de explicaciones sobre la tarjeta que daba el personal de la demandada encargado de su comercialización, acreditaba, asimismo, que, tras la contratación, el cliente recibió en su domicilio detallados extractos en los que se le informaba de los movimientos de la tarjeta, y del coste que le suponía la financiación de la que estaba haciendo uso (vid. documento 4bis de la contestación; 13º) Que, a efectos acreditativos del envío de la documentación arriba referenciada se puede comprobar que, de acuerdo a la dirección indicada en la demanda interpuesta, así como el domicilio reflejado en los extractos, ambos son idénticos; 14º) Que, c omo se observa, desde el inicio de la relación, el cliente recibía información mensual con el detalle del uso de su tarjeta, no existiendo posibilidad de que pudiese desconocer el coste de la financiación de la que estaba haciendo uso, pues se le informaba puntual y recurrentemente de éste, nótese que no está argumentando que la información contenida en los extractos pueda sanar un posible déficit de información previo, lo que está diciendo es que los extractos evidencian que el cliente conocía la carga económica y jurídica de la tarjeta desde antes del inicio de la relación contractual, pues solo así se explica que aceptase de buen grado el coste mensual que se reflejaba en los extractos; 15º) Que, el cliente nunca expuso queja alguna porque no tenía motivo para ello: el coste de la financiación era exactamente aquél que se le había explicado al inicio de la relación, y que había aceptado, además, los extractos muestran cómo operaba el cliente con su tarjeta; 16º) Que, esta operativa solo se explica en el entendido de que la parte recurrida conocía perfectamente, desde el inicio de la relación, la carga económica y jurídica de la tarjeta, pues de lo contrario no se explicaría que la parte recurrida dispusiese de forma recurrente de efectivo con cargo a su tarjeta y posteriormente hiciese ingresos para rebajar el saldo dispuesto, sabedor de que cuanto más dinero adeudase mayor sería el coste de su financiación; 17º) Que, la parte recurrida usó su tarjeta durante años, recibió extractos mensuales, en cada uno de los cuales se daba detallada información sobre los costes de financiación que estaba asumiendo y se le recordaba que "el aplazamiento de pagos genera intereses",por lo que si durante ese largo periodo hubiese considerado, en algún momento, que el interés era abusivo o sorpresivo, "sencillamente hubiera dejado de utilizar el crédito ofrecido",como destaca la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona en su sentencia número 904/2022, de 30 de mayo de 2022, pero no lo hizo, y continuó beneficiándose de los servicios que le prestaba la tarjeta durante varios años, sabedor de que el coste de financiación que se reflejaba en los extractos era exactamente aquél que se le había explicado, y con el que se había mostrado de acuerdo, antes de la contratación: en contraste con todo lo anterior, en la sentencia se aduce que la tarjeta no supera el control de transparencia con base en simples generalidades, alejadas del caso concreto objeto de análisis; 18º) Que, en la sentencia simplemente se concluye que la letra es pequeña (se acreditó que es legible y que cumple con creces el tamaño legalmente exigible y que, además, por parte de la parte recurrida se dispuso de la facilidad de ampliación del tamaño de la misma), que, las cláusulas están repartidas de forma "que se trata de un texto ilegible a simple vista con un mínimo de nitidez. El texto que debe someterse a examen es el firmado por el consumidor, copia del cual ha sido aportado con la demanda. La entidad financiera no ha discutido o cuestionado que el tamaño real de la letra de ese contrato fuese otro, ni alegó que la calidad de la impresión determinaba una legibilidad superior, sin que conste que el consumidor tuviese a su disposición en el momento de la firma otras ampliaciones de letra. Examinada la copia del contrato resulta sumamente difícil localizar cuál es la cláusula que regula el sistema de reembolso y la exigibilidad del pago y una vez que se logra ubicar es ilegible a simple vista, y más para una persona ajena a este ámbito",pero no se identifica ni un solo extremo acerca de la carga económica o jurídica de la tarjeta sobre el que no se informase convenientemente al cliente; la errónea conclusión alcanzada en la sentencia contrasta con la opinión unánime de las Audiencias Provinciales que han tenido oportunidad de analizar el reglamento litigioso desde una perspectiva de transparencia; 19º) Que, la opinión de las Audiencias Provinciales sobre la transparencia del reglamento tan uniforme como contundente: destacan que el reglamento supera con creces el doble control de transparencia, y en aras a la brevedad, resaltaremos una serie de sentencias dictadas por las distintas Audiencias Provinciales al respecto, que resultan particularmente ilustrativas sobre la contundencia que éstas vienen mostrando sobre la cuestión que nos ocupa, la primera es la recentísima sentencia número 904/2022, de 30 de mayo de 2022, dictada por la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª (Rollo Apelación 1718/2022- 1) que confirma expresamente la plena transparencia del reglamento litigioso: "14. En cuanto a la correcta incorporación de las condiciones al contrato debemos compartir las conclusiones alcanzadas en la sentencia de instancia puesto que se supera el doble control de transparencia. Por un lado, indicar que consta la copia de la solicitud en cuyo reverso están las condiciones generales. El documento está firmado por la actora que acepta expresamente las condiciones generales transcritas. Tales condiciones son legibles utilizando una letra superior al límite permitido (7 puntos). En dicho anexo se fija el interés remuneratorio para compras aplazadas y disposición en efectivo en el TAE 26,70% nominal anual, así como el resto de condiciones del contrato las cuales son comprensibles para un consumidor medio. Además consta que la actora ha recibido los recibos mensuales donde constan las condiciones de uso de la tarjeta, en la que le informa del capital dispuesto, importe de la cuota, tipo de interés mensual y el TAE y las comisiones que le cobran, tarjeta que lleva utilizando desde el 19 de febrero de 2015 (fecha de la contratación) y donde constan multitud de disposiciones hasta marzo de 2018, además de recibir anualmente un extracto con los intereses aplicados y saldo pendiente (doc. 5 de la demanda)", 15. Pero la cláusula no solo es comprensible desde un punto de vista formal, el cliente sabe que si aplaza el pago del crédito concedido tendrá que pagar el tipo de interés pactado (TAE 26,70%). [...] 16. Ante tal cuestión llegamos a la conclusión que un consumidor medio, informado, es decir, conocedor del elevado tipo de intereses del aplazamiento de los pagos a crédito, atento a su capacidad económica, capaz de ordenar su consumo a esa capacidad y perspicaz, capaz de prever las consecuencias de su comportamiento, se plantearía, sin ningún género de dudas, límites razonables al uso de esos aplazamientos, proporcionados a su capacidad económica. La actora ha venido utilizando la tarjeta durante 3 años durante los cuales ha dispuesto en numerosas ocasiones de un total de 12.660,72 euros de crédito, superando el límite de crédito de 12.500 euros, de lo que era perfectamente previsible que pagara cifras de intereses elevadas. Desde el 2015, si hubiera considerado que dicho interés era abusivo o sorpresivo sencillamente hubiera dejado de utilizar el crédito ofrecido, pero al contrario continúa utilizándolo, siendo puntalmente informada de los intereses que se le iban aplicando y del resto de condiciones",igualmente destaca la sentencia de la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona número 12/2022, de 13 enero (Rollo apelación 3236/2021), que también examinó el reglamento litigioso y confirmó su plena transparencia: "(...) Hay que partir de la base de que un consumidor medio sabe lo que son las tarjetas de crédito, así como que puede aplazar sus pagos son dichas tarjetas y que si lo hace tendrá que pagar un interés elevado. (...) - 15 - Un consumidor medio, que, como hemos dicho, sabe que todo préstamo tiene un coste, preguntaría por el tipo de interés que va a tener que pagar por el crédito que se le ofrece con la tarjeta. En este caso, la respuesta la obtendría de forma muy sencilla acudiendo al final de las condiciones. Pero es que, además, si no fuera suficiente, el consumidor (acreditado o deudor) recibe mensualmente un extracto con las condiciones de uso de la tarjeta, en la que le informa de las diferentes posibilidades que tiene para reembolsar el crédito (cuota fija o cantidades mínimas), el tipo de interés TAE y las comisiones que le cobran. Si sigue utilizando la tarjeta durante años, es imposible que pueda decir que no aceptó dicho elevado interés. Una cosa es que la oferta sea tentadora, disponer de un crédito para compras. Otra es que el crédito sea caro, efectivamente es caro. Pero que resulte tentador y caro es diferente de que sea incomprensible. En este caso el crédito es muy caro, pero es fácilmente comprensible, al menos desde un puso de vista formal. La respuesta a la pregunta que se haría un consumidor medio antes de aplazar sus compras, ¿cuánto pagaré por las comprar que aplace?, es muy sencilla, el 26,82% de interés anual. No hay nada incomprensible",recientemente la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, en su Sentencia número 523/2022, de 1 de julio (Rollo Apelación 11/2021), en su Fundamento de Derecho Séptimo, recoge que el clausulado suscrito dispone de todos los elementos para que un consumidor medio tenga un conocimiento de las consecuencias económicas suscritas: "En el contexto de la controversia aquí suscitada, el requisito de transparencia supone, en esencia, que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, esté en condiciones de comprender qué intereses habrá de satisfacer por acogerse a la fórmula de pago aplazado y, así, valorar, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas de lo que suscribe. En el caso que nos ocupa, figuran en el clausulado los elementos necesarios para determinar la carga económica que supone la opción por la fórmula de pago aplazado del crédito dispuesto, apareciendo convenientemente identificados en el documento contractual el TIN y la TAE aplicados en tal caso y la forma de calcular la TAE, junto con un ejemplo ilustrativo. Por lo tanto, no podemos considerar justificados los cargos de falta de transparencia"y en esta misma línea ha sido seguida en otras resoluciones de esta misma Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, en concreto, la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, en su sentencia número 668/2022, de 16 de septiembre (Rollo apelación 108/2021), declara cumplidos los controles de incorporación y transparencia dado que el tamaño de la letra de los contratos suscritos con la demandada, nuevamente cumplen con los requisitos de legibilidad y, por tanto, comprensión y que, además, se exponen con claridad el tipo de interés remuneratorio y las comisiones lo vemos; de igual modo, la sentencia de la Ilma. Audiencia Provincial de Huelva, Sección 2ª, número 586/2022, de 11 de octubre (Rollo apelación 24/2021), que también examina las cláusulas contractuales de Wizink, concluye, en idénticos términos a los defendidos por esta parte en la presente apelación: "Por lo tanto, a la fecha del contrato en diciembre de 2012, la letra utilizada en el mismo se ajustaba a la normativa aplicable a este tipo de contratos en la fecha de suscripción del mismo, como es de ver en los ejemplares presentados por las partes, en los que ninguno de ellos puede decirse que la letra es menor a la medida reglamentariamente exigida a que hemos hecho referencia. En cuanto a la dificultad de localizar el interés aplicable, se cumplen los requisitos del art. 80 de la LGDCU , en tanto que aparece recogido en el contrato (reverso de la primera página relativo a las condiciones de uso de la tarjeta, que en su apartado noveno remite en cuanto a este punto al anexo, que está situado al final de esa misma página, resaltado con la palabra ANEXO en mayúscula y negrita, estableciendo luego de manera clara y comprensible el interés nominal y la TAE), sin que haya dudas de que no se entregase toda la documentación al cliente al realizar el contrato, puesto que forma parte integrante del mismo (dos páginas, anverso y reverso), estando firmado por el cliente el anverso";en la misma línea, la propia Ilma. Audiencia Provincial de Huelva en otra de sus resoluciones, en concreto, la sentencia número 13/2022, de 14 enero (Rollo apelación 805/2021), en la que tuvo ocasión de analizar con detalle el clausulado litigioso concluyendo que efectivamente era transparente: "En el caso de autos resulta que las condiciones generales del contrato de la tarjeta de crédito se encuentran recogidas en letra de poco tamaño que, no obstante, no impide su lectura y aprehensión material, advirtiéndose que el tipo de interés TAE es el citado; por tanto, no puede concluirse que el control de incorporación, en los términos indicados, no pudiera ser superado, ya que tal condición que, en definitiva, recoge el precio a pagar por el crédito, puede ser leída y comprendida por un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, de modo que permite formarse una idea precisa de su contenido y efectos";también la Ilma. Audiencia Provincial de Cádiz, Sección 8ª ha determinado que los contratos suscritos con la entidad Wizink son transparentes en sus dos vertientes y ha advertido en su sentencia número 153/2022, de 2 de junio (Rollo apelación 186/22-GU), que el cliente tenía pleno conocimiento del compromiso asumido, así como del coste económico derivado del mismo. estima que: "en el documento contractual se identifica claramente el producto contratado como una línea de crédito, de la que se podrá disponer como instrumento de pago, especificándose la duración, plazos de pago y demás condiciones de devolución. Por otra parte, también se contiene una información exhaustiva sobre el coste del crédito y otros aspectos jurídicos de relevancia como el derecho de desistimiento y las consecuencias del impago; con un Anexo de condiciones económicas en el que se detalla expresamente tanto el TIN como el TAE y las comisiones aplicables. En suma, el documento contractual reúne las especificaciones necesarias para superar el control de transparencia, dado que el cliente a través del mismo puede perfectamente conocer el coste económico de las operaciones que realice con cargo a la referida línea de crédito, por lo que atendiendo a lo expuesto, debe desestimarse la acción de nulidad ejercitada en primer lugar, pues la cláusula relativa a los intereses remuneratorios y las de comisión por devolución y seguro, superan el doble control de transparencia invocado por la actora";asimismo, la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga, Sección 4ª, en su sentencia número 727/2022, de 14 de diciembre (Rollo apelación 865/2021), ha reconocido la comprensión por parte del cliente de las consecuencias económicas suscritas, así como la cuota final a pagar: "en cuanto al control de transparencia, afecta a la comprensibilidad real de la cláusula en los términos previstos en el artículo 4.2 de la Directiva 93/13 , sin que se aprecie del contrato de autos que exista problema de comprensión en cuanto a la cuota final a pagar que se establece para toda la vida del contrato. Obviamente si el cliente continúa haciendo disposiciones y disponiendo de la línea de crédito, seguirá obligado con la entidad financiera y tendrá que hacer frente al pago de la correspondiente cuota, que comprende todo el coste del crédito, pero dicha operativa no presenta problema desde el punto de vista de la transparencia material para un consumidor medio"y por último, la reciente sentencia número 11/2023, dictada por la Ilma. Audiencia Provincial de Burgos, Sección 3ª, el 16 de enero (Rollo apelación 453/2022), recoge que, de acuerdo al examen del clausulado del contrato, la letra del mismo dispone de un tamaño que permite su correcta lectura y comprensión y que, además, la cláusula 6ª relativa a la utilización de la tarjeta, explica de una manera clara y comprensible las diferentes modalidades de utilización de la tarjeta, así como las consecuencias derivadas de tales usos: "En segundo lugar, examinado el contrato se aprecia que el tamaño y tipo de la letra permiten su lectura sin mayores dificultades y todas las cláusulas están comprendidas en dos folios, por lo que no se incluyen excesiva y compleja literatura innecesaria, folios en los que se enuncian en negrita cada uno de los temas que afectan al funcionamiento de la tarjeta de crédito. Así respecto a los intereses remuneratorios destacamos las condiciones 6 y 7. La cláusula 6 se titula "Como utilizar la tarjeta" y en ella se explica, sin retorcimientos y oscuridades, que el titular puede elegir en emplear la tarjeta como tarjeta de crédito o como tarjeta de pago total y, luego desarrolla brevemente estos conceptos. La cláusula 7 se titula "cuáles son los intereses, cuotas y comisiones "estipula que "la cantidad aplazada generara intereses, que se devengan diariamente y se liquidan cada mes en base a los días efectivamente transcurridos y a un año de 365 días. La fecha de valor de los cargos será la de la transacción. El tipo nominal anual aplicable a la cantidad aplazada será el tipo que figura en el Anexo "(...). Y el anexo, claramente, determina que el Tipo Nominal anual = 22,2 % y el TAE = 24,6%. Sorprende que en la página. 6 de la demanda se diga que "en ningún momento se le entregó al actor copia del contrato ni de las condiciones generales en momento de la contratación". Tal alegación no puede ser aceptada cuando el demandante ha hecho uso de su tarjeta visa durante 24 años, efectuando todos los pagos mensuales en cuyos extractos y recibos se detallaban sus transacciones, cargos, intereses, comisiones, etc., por lo que si durante tanto tiempo, no tenía a su disposición una copia del contrato parece que no se ha comportado como un consumidor responsable. Resulta muy fácil alegar que por la parte demandante no se le facilitó toda la información necesaria para comprender la carga económica del contrato (sabiendo de la dificultad que se encuentra la entidad demandada después del tiempo trascurrido para acreditar dicha alegación), sin embargo, el uso de la tarjeta de crédito visa continuado y sin objeciones durante tan dilatado tiempo indican todo lo contrario. En cualquier caso, la parte demandada ha entregado al demandante una copia del contrato y de los extractos desde 2007 a 2021 cumpliendo con los principios de disponibilidad y facilidad probatoria que hacen recaer las consecuencias de la falta de prueba sobre la parte que tenía más facilidad para su aportación o se hallaba en una posición mejor o más favorable por la disponibilidad o proximidad a su fuente ( sentencia 702/2021, 18 de octubre y STS 449/2022, 31 de mayo )", portodo lo anteriormente expuesto, la conclusión alcanzada por la sentencia no es solo, por tanto, contraria a la realidad que muestra la prueba practicada en la instancia, sino también al criterio que vienen mostrando las Audiencias Provinciales que han tenido ocasión de someter el reglamento al doble control de transparencia, ello deberá conducir a su revocación, desestimándose la pretensión de nulidad por falta de transparencia ejercitada en la demanda, y 20º) Que, en el Fundamento de Derecho Octavo de la sentencia recurrida se acuerda imponer las costas de la primera instancia a la demandada en aplicación del criterio del vencimiento objetivo del artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamienot Civil, y dado que procede la íntegra estimación del presente recurso de apelación, las costas de la primera instancia habrán de ser impuestas a la parte recurrida o, subsidiariamente y únicamente para el hipotético supuesto de que se considere por esta Ilma. Sala que el contrato litigioso no cumple los requisitos mínimos de transparencia y legibilidad, considera que se deberá aplicar la excepción del principio del vencimiento objetivo y no imponer las costas a ninguna de las partes por existir en el presente supuesto claras dudas de hecho o de derecho, siendo abundante la jurisprudencia de nuestros Juzgados y Tribunales que avala la existencia de dudas de hecho o de derecho en supuestos como el que nos ocupa, debido a los continuos cambios jurisprudenciales habidos en esta materia, que han dado lugar a pronunciamientos en ocasiones contradictorios entre sí, y a título de ejemplo, y con ánimo de no ser exhaustivo, cita las siguientes resoluciones que resultan muy ilustrativas a estos efectos: (a) sentencia de la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de 15 de junio, (recurso 857/2022): "Por lo que se refiere a las costas procesales, respecto de las causadas en primera instancia, no obstante desestimarse la demanda inicial, no procede efectuar condena al pago de las mismas a la demandante porque consideramos de aplicación al caso la excepción de existencia de serias dudas de derecho contemplada en los arts. 394.1 LEC por existencia de criterios jurisprudenciales contradictorias entre diferentes Audiencias Provinciales hasta la reciente sentencia del Tribunal Supremo 442/2023, de 15 de febrero , dudas de derecho que concurrían en el momento del dictado de la sentencia de primera instancia y de interponerse el recurso de apelación",y (b) sentencia de la Sección 19ª de la Audiencia Provincial de Madrid, número 315/2023, de 14 de junio (recurso 800/2022): "En lo que se refiere a las costas procesales, no procede efectuar expreso pronunciamiento en ambas instancias, puesto que se trata de una cuestión sobre la que existen diversos criterios entre los tribunales, apreciándose la existencia de serias dudas de hecho o de derecho",por todo ello y, de forma subsidiaria, solicita la no imposición de costas de la primera instancia a la demandada por existencia de dudas de hecho o de derecho derivadas de las continuas modificaciones jurisprudenciales, alegaciones en base a las cuales interesa del tribunal colegiado de alzada el dictado de sentencia por la que revocando la apelada acuerde estimar íntegramente el recurso de apelación presentado con condena en costas a la parte recurrida en caso de que se oponga a este recurso.

SEGUNDO.-Planteado el debate objeto de controversia para esta segunda instancia en los términos apuntados, y quedando centrada la cuestión controvertida en debatir acerca de la segunda de las acciones ejercitada en demanda, dado haber sido desestimada la principal de nulidad contractual por usura, pronunciamiento al que se aquieta la parte demandante, resta por analizar, exclusivamente, la subsidiaria interpuesta de falta de transparencia de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, en relación con el artículo 8 del mismo Cuerpo legal, entendiendo el tribunal colegiado de segunda instancia que a dicha pretensión desestimatoria del recurso se ha de estar, por cuanto que sobre la controvertida cuestión suscitada este órgano de alzada ya se viene pronunciando con frecuencia, valga a título de ejemplo las sentencias de 10 de enero y 1 de febrero del presente año 2024, números 19/2024 y 160/2024 ( Rollos de Apelación 571/2023 y 1396/2023), entre otras muchas más, indicando (i) que, las cláusulas referentes a la definición del objeto principal del contrato y la adecuación del precio y la retribución, y como tal es la cláusula de intereses remuneratorios, no están sujetas a un control de abusividad, ex artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CE, de 5 de abril, pero si al de transparencia formal, y en lo referente a este apartado la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2019 enseña como la Ley de las Condiciones Generales de la Contratación se refiere a la incorporación de las condiciones generales al contrato en dos preceptos, en el artículo 5 para establecer los requisitos de incorporación, y en el 7 para establecer cuándo las condiciones generales no quedan incorporadas al contrato, y así, en el primero de ellos, en lo que ahora importa, (a) las condiciones generales pasarán a formar parte del contrato cuando se acepte por el adherente su incorporación al mismo y sea firmado por todos los contratantes, (b) todo contrato deberá hacer referencia a las condiciones generales incorporadas, (c) no podrá entenderse que ha habido aceptación de la incorporación de las condiciones generales al contrato cuando el predisponente no haya informado expresamente al adherente acerca de su existencia y no le haya facilitado un ejemplar de las mismas, y (d) la redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez; y a su vez, a tenor del artículo 7, no quedarán incorporadas al contrato las condiciones generales que (a) el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido firmadas, si ello fuera necesario conforme al artículo 5, y (b) sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a estas últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato, sucediendo que en la práctica, se aplica en primer lugar el filtro negativo del artículo 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación; y si se supera, es necesario pasar una segunda criba, ahora positiva, que es la prevista en los artículos 5.5 y 7 de la misma Ley, resultando que el primero de los filtros mencionados, el del artículo 7, consiste, pues, en acreditar que el adherente tuvo ocasión real de conocer las condiciones generales al tiempo de la celebración del contrato, y el segundo de los filtros del control de incorporación, hace referencia a la comprensibilidad gramatical y semántica de la cláusula, (ii) que, como indica la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de septiembre de 2017 (asunto C-186/16) "esta exigencia no puede reducirse sólo al carácter comprensible de éstas en un plano formal y gramatical, sino que (...) debe entenderse de manera extensiva (...) la exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse de manera clara y comprensible se ha de entender también como una obligación de que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo al que se refiere la cláusula de que se trate, así como, en su caso, la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas, de manera que el consumidor de que se trate esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él",(iii) que, en lo referente a las tarjetas, procede diferenciar entre las de débito y las de crédito, y respecto de estas últimas, el cliente podrá devolver el capital dispuesto normalmente a través de dos formas distintas, bien en el mes siguiente a aquél en que se realizan las disposiciones normalmente sin pago de intereses, bien aplazando las compras en cuotas, por los plazos y por los importes que se acuerden con la entidad hasta la amortización total del crédito, en cuyo caso se pagarán periódicamente los intereses que se hayan previsto en el contrato de tarjeta suscrito con el banco, y dentro de esta última modalidad de tarjetas de crédito con pago aplazado se encuentran los denominados créditos renovables (o revolving) a la cual responde la cuestión objeto de autos, señalando la doctrina científica que en éstas la entidad emisora pone a disposición del consumidor una cantidad máxima de dinero cada mes, que puede utilizar del modo que estime más adecuado (adquiriendo bienes o servicios que paga con la tarjeta o sacando el dinero en metálico del cajero automático), y el dinero de que ha dispuesto durante un determinado mes debe ser restituido al prestamista al mes siguiente sin generar intereses, o restituyendo al mes siguiente solo una parte del capital utilizado (una cantidad fija cada mes o un porcentaje del capital dispuesto), de manera que la parte restante se aplaza y sobre ese aplazamiento se cobran los intereses remuneratorios pactados, de modo que el capital devuelto cada mes engrosa de nuevo en la cesta de dinero que él puede disponer con la tarjeta de crédito, hasta el límite máximo pactado, por lo que si cada mes únicamente reembolsa un importe pequeño o un porcentaje bajo del capital dispuesto, se aplaza una parte importante del capital prestado, que generará elevados intereses remuneratorios, intereses que deberán restituirse durante muchos meses, y ese prolongado transcurso del tiempo generará intereses por una cuantía muy elevada, y así será cuanto mayor sea el crédito dispuesto consumido cada mes, y más meses tarde el consumidor en devolver ese capital, (iv) que, como dice sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de mayo de 2023 "[e]n este tipo de créditos el límite del crédito se va recomponiendo constantemente, de tal manera que las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas en comparación con la deuda pendiente y alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital y los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio. Esta última, la capitalización de los intereses y comisiones que mensualmente se van devengando, es una nota muy definitoria del producto, toda vez que en este tipo de créditos los intereses generados, las comisiones y otros gastos repercutibles al cliente se sumen y financien junto con el resto de las operaciones implica que, ante elevados tipos de interés de la cuota de la tarjeta, cuando se pagan cuotas mensuales bajas respecto al importe total de la deuda, la amortización del principal se realizará en un período de tiempo muy prolongado, lo que supone el pago total de una cifra elevada de intereses a medio y largo plazo, y que se calculan sobre el total de la deuda pendiente. Tal efecto de la capitalización de intereses y gastos, se agrava aún más cuando las cantidades acordadas como pagos mensuales no son suficientes para posibilitar una amortización del principal de la deuda, o incluso ni siquiera para mantener el crédito dispuesto dentro del límite inicialmente autorizado";y (v) dicho lo cual, ésto nos reconduce hacia la transparencia de esta cláusula, en donde la sentencia del Tribunal Supremo 149/2020, de 4 de marzo, hace hincapié en que las cuantías de las cuotas poco elevadas, en comparación con la deuda pendiente, genera que (a) se alarga anómalamente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas, (b) los pagos mensuales se distribuyen en una elevada proporción para pago de intereses y poca amortización del capital, (c) el prestatario se puede convertir en un deudor "cautivo",pues en ocasiones no llegan ni para saldar los intereses, por lo que los intereses restantes y comisiones se capitalizan para devengar nuevo interés remuneratorio, por lo que, simplemente, nunca llega a pagar la deuda, sino que cada vez aumenta más, y la carga económica real que supone operar con una tarjeta "revolving"no es fácilmente comprensible para el "consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz",en donde la mera expresión del T.A.E. no dota de transparencia a la cláusula de intereses remuneratorios y así la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2020 declara que "[l]a expresión de la TAE es requisito, aunque no suficiente por sí solo, para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente",de modo que para valorar la transparencia material ha de estarse al contrato, debiendo analizar las cláusulas controvertidas para comprobar si un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz puede prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, sus consecuencias económicas, premisas las reseñadas bajo las cuales este tribunal colegiado de alzada considera que la cláusula controvertida no es transparente, determinando el artículo 11 de la Ley de Crédito al Consumo que los prestamistas y, en su caso, los intermediarios de crédito facilitarán al consumidor explicaciones adecuadas de forma individualizada para que éste pueda evaluar si el contrato de crédito propuesto se ajusta a sus intereses, a sus necesidades y a su situación financiera, si fuera preciso explicando la información precontractual, las características esenciales de los productos propuestos y los efectos específicos que pueden tener sobre el consumidor, incluidas las consecuencias en caso de impago por parte del mismo, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 16 de julio de 2020, resalta con relación a la exigencia de redacción clara y comprensible que figura en el artículo 5 de la Directiva 93/13 que la misma "no puede reducirse únicamente al carácter comprensible de la cláusula contractual en un plano formal y gramatical ( sentencia de 3 de marzo de 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18 , apartado 46) ..."..."dado que el sistema de protección establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional en lo referente, en particular, al nivel de información, la mencionada exigencia debe entenderse de manera extensiva, esto es, en el sentido de que no solo impone que la cláusula en cuestión sea comprensible para el consumidor en un plano gramatical, sino también que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo al que se refiere la cláusula de que se trate, así como, en su caso, la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas, de manera que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él",y en supuestos como el presente la información debe ser cierta, extensa y rigurosa, pues la consecuencia de estos créditos renovables es la generación de unos intereses remuneratorios de elevada cuantía y el conocimiento de este extremo es esencial, estando ante un tipo de crédito donde pequeñas cantidades, como consecuencia del elevado tipo de interés que se aplica (aun cuando no sea usurarios conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo) y los sucesivos aplazamientos, se transforman en un elevado importe a devolver a la entidad crediticia, sin que los extractos bancarios reflejen algo tan básico como es el importe que ha ido pagando a lo largo de todo ese tiempo el consumidor y en cuanto se ha reducido el capital dispuesto, pronunciándose en tal sentido esta Audiencia (Sección 4ª) ya hace años, en sentencia de 9 de septiembre de 2019 recogiendo que el adherente debe poder conocer con sencillez tanto la "carga económica"que realmente supone para él el contrato celebrado, por ello, seguía diciendo, es preciso que la información suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago y tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato, por lo que, en suma, para superar el control de incorporación, debe tratarse de una cláusula con una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal y que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato, y así de esta manera debe superarse un control de incorporación o de inclusión de forma que la cláusula aparezca en el contrato de manera legible (así con relación al tamaño de la letra que hoy el artículo 80.1b) de la Ley de Consumidores lo sitúa en 2'5 milímetros); así como el T.I.N. y el T.A.E. aparezca de manera clara en el contrato, y además, que supere ese control de comprensibilidad gramatical y semántica de la cláusula; y aun cuando los términos del interés aplicado aparezcan en el contrato en principio como claros, el consumidor medio (pues el análisis debe de hacerse desde esta perspectiva y no de la del sujeto concreto que suscribe el contrato) conozca el funcionamiento del contrato al cual se adhiere; dicho lo cual, aunque las resoluciones de las diferentes Audiencias sean dispares en este punto (incluso divergen las diferentes Secciones de una misma Audiencia), debemos de considerar que la cláusula no es transparente, y como recoge la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 1ª) de 11 de julio de 2022 "lo relevante no es, como alega la apelante, que el tipo de interés a aplicar, o la T.A.E., estén claros, que lo están (...) Lo relevante es que aun estándolo, lo que en modo alguno puede llegar a representarse el consumidor es la real carga económica que va a suponer para él ese contrato",y como reseña la sentencia 13 de julio de 2023, Sección 17ª "en particular si se le ha informado de elementos esenciales de la operación como son las proporciones de capital amortizado e interés abonado con cada pago y su consecuencia en cuanto al tiempo necesario para la total satisfacción de la deuda (...) La cláusula transcrita no expone de manera clara y comprensible que las cantidades dispuestas y no devueltas mediante la cuota mensual generarán intereses y comisiones, siendo que unos y otras engrosarán el capital pendiente de devolución, generando a su vez nuevos intereses y otros gastos, de tal manera que el propio mecanismo del crédito revolving conduce a que las cuota mensuales, por su escasa cuantía, no lleguen a amortizar el capital efectivamente dispuesto por el cliente, sino únicamente parte de los intereses generados y que, por otro lado, el importe de los intereses y otros gastos, al ser capitalizados, conlleve a que la deuda que el cliente mantiene con la entidad de crédito se componga mayoritariamente de los intereses y las comisiones y no del efectivo obtenido o dispuesto con el uso del medio de crédito, con lo que no resultan previsibles el número de amortizaciones necesarias para la liquidación definitiva del crédito",o como indica sentencia la Audiencia Provincial de Asturias de 21 de junio de 2023 en el condicionado general "no se describe con la necesaria precisión en qué consiste el sistema de amortización; tampoco que, en función de los pagos y disposiciones que se realizan, la devolución del crédito puede llegar a alcanzar una proporción mínima frente al resto de cargas financieras; ni que, en realidad y como es propio de esta modalidad contractual, los intereses generados, las comisiones y otros gastos repercutibles son financiados junto al resto de las operaciones, por lo que, cuanto menor es el importe de la cuota a pagar, mayor es el plazo que se precisa para saldar la deuda acumulada. Nada se explica sobre la muy gravosa consecuencia de que lo amortizado de capital es mínimo, ni sobre los efectos de la ampliación del límite de crédito por encima del fijado en el contrato, que conducen al consumidor al encadenamiento al pago a lo largo de los años de elevadas cantidades en concepto de interés mientras que el capital apenas disminuye, de tal forma que no existe proporcionalidad alguna entre la suma dispuesta por aquel y lo que realmente se ve obligado a satisfacer",a lo que cabe añadir que el funcionamiento de este sistema renovable y la real carga económica que supone aparece de manera poco comprensible, de forma que no es posible conocer el elevado interés remuneratorio que van a suponer los aplazamientos; además, y esto es importante, tampoco se ha acreditado en modo algún que se hubiera informado al cliente con carácter previo y de forma clara, comprensible y suficiente sobre las características y funcionamiento de esta modalidad de contrato para que pudiera tener conocimiento de la carga económica, destacando la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 17ª) de 11 de julio de 2022, que resulta irrelevante que con posterioridad a concertar el contrato el actor/apelado haya podido tener conocimiento del funcionamiento y características del mismo al recibir los extractos mensuales y que no haya pretendido su nulidad hasta este momento, pues lo relevante a los efectos de enjuiciar la transparencia en la contratación con consumidores es la información previa que debe proporcionar la entidad financiera, de ahí que las consecuencias de la no superación de estos controles ya se recogieron en sentencia de esta Audiencia de 29 de septiembre de 2022, suponga la nulidad tanto de la cláusula de intereses remuneratorios así como de las comisiones, dado que el contratante no tuvo oportunidad real de conocer la carga económica de las mismas, y en tal sentido, si bien el artículo 10 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación dispone que la no incorporación al contrato de las cláusulas de las condiciones generales o la declaración de nulidad de las mismas no determinará la ineficacia total del contrato, si éste puede subsistir sin tales cláusulas, extremo sobre el que deberá pronunciarse la sentencia, por lo que la parte del contrato afectada por la no incorporación o por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil y disposiciones en materia de interpretación contenidas en el mismo, es lo cierto que la nulidad del clausulado que conlleva la del contrato porque, como bien dice la sentencia apelada, con cita de la sentencia del Tribunal Supremo 463/2019, de 11 de septiembre, el negocio no se habría realizado sin la cláusula nula, conforme a la voluntad real o hipotética de las partes, porque la finalidad o naturaleza jurídica del contrato ya no son las mismas, de modo que, habida cuenta que la cláusula contractual relativa al interés remuneratorio no alcanza superar el doble control de transparencia y abusividad, en donde el demandante, en su condición de consumidor, ya que no consta acreditación probatoria alguna en relación al hecho de que éste llegara a comprender la carga jurídica y económica del contrato a todas luces complejo que suscribía, aludiendo expresamente a esta cuestión la Sala Primera de nuestro Alto Tribunal en sentencia de 27 de marzo de 2019 al decir que "[c]onforme a la jurisprudencia de esta Sala y del TJUE, entre otras SSTS 241/2013, de 9 de mayo (RJ 2013 , 3088 ), 464/2014, de 8 de septiembre (RJ 2014 , 4660 ), 593/2017, de 7 de noviembre (RJ 2017 , 4759 ) y 705/2015,de 23 de diciembre (RJ 2015, 5714) y SSTJUE de 30 de abril de 2.014 (TJCE 2014, 105) (caso Kásler ), de 21de diciembre de 2.016 (TJCE 2016, 309) (caso Gutiérrez Naranjo ) y de 20 de septiembre de 2.017 (TJCE 2017,171) (caso Ruxandra Paula Andricius y otros), el deber de transparencia comporta que el consumidor disponga "antes de la celebración del contrato"de información comprensible acerca de las condiciones contratadas y las consecuencias de dicha celebración; de forma que el control de transparencia tiene por objeto que el adherente pueda conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente le supone el contrato celebrado, esto es, el sacrificio patrimonial realizado a cambio de la prestación económica que quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación de los riesgos del desarrollo del mismo, y respecto de las condiciones generales que versan sobre elementos esenciales del contrato se exige una información suficiente que pueda permitir al consumidor adoptar su decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá concertar el contrato, sin necesidad de realizar un análisis minucioso y pormenorizado del contrato; esto excluye que pueda agravarse la carga económica que el contrato supone para el consumidor, tal y como este la había percibido, mediante la inclusión de una condición general que supere los requisitos de incorporación, pero cuya trascendencia jurídica o económica pase inadvertida al consumidor porque se le da un inapropiado tratamiento secundario y no se facilita al consumidor la información clara y adecuada sobre las consecuencias jurídicas y económicas de dicha cláusula en la caracterización y ejecución del contrato, doctrina que en su directa proyección al caso controvertido analizado ofrece como respuesta la desestimación del recurso de apelación, ya que del material probatorio aportado a las actuaciones no figura acreditación alguna de haberse prestado al consumidor previa a la firma del contrato información acerca del funcionamiento del sistema de la tarjeta "revolving",ya que sobre la falta de transparencia en este tipo de contratos se ha venido pronunciando esta Audiencia Provincial, por ejemplo en sentencia de 9 de octubre de 2019 de la Sección 4ª, recogiendo que el adherente debe conocer con sencillez tanto la "carga económica"que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, siendo preciso que la información suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago y tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato, y al no haberse probado, concluye falta de transparencia, de modo que las consecuencias de la no superación de estos controles ya se recogieron en sentencia de esta Audiencia de 29 de marzo de 2022, esto es, supone la nulidad tanto de la cláusula de intereses remuneratorios así como de las comisiones, dado que el contratante no tuvo oportunidad real de conocer la carga económica de las mismas, información que no cabe extraer tampoco del contrato suscrito entre las partes, de manera que la demandante no consta que obtuviera la información mínima necesaria para conocer el alcance de la carga económica y jurídica de lo que contrataba, lo que sitúa la negociación en un plano de desigualdad entre las partes y que debe conllevar a la declaración de nulidad del clausulado concerniente a los intereses remuneratorios pactados en la forma que se detallara en la parte dispositiva de la resolución recurrida, a todo lo cual cabe añadir que en la actual Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios se recoge en su artículo 80.1.b) la exigencia no solamente de que las cláusulas de los contratos de adhesión con consumidores, como es el caso, cumplan determinados requisitos, y entre ellos los de "accesibilidad y legibilidad, de forma que permitan al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido",sino también, añade a renglón seguido, que" en ningún caso se entenderá cumplido este requisito si el tamaño de la letra del contrato fuese inferior al milímetro y medio o el insuficiente contraste con el fondo hiciese dificultosa la lectura",previsiones legales sobre el tamaño de la letra sobre las que nuestro Tribunal Supremo en sentencia de 16 de octubre de 2024 expresa, con cita de la anterior 151/2024, de 6 de febrero, que "(...) la jurisprudencia de esta sala ha configurado el control de incorporación o inclusión fundamentalmente como un control de cognoscibilidad",añadiendo (i) que "lo que requiere, en primer lugar, que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato la existencia de la condición general controvertida y, en segundo lugar, que la misma sea legible y tenga una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal",(ii) que "(...) la legibilidad de los contratos con consumidores, en relación con el tamaño de la letra" empleado en su redacción, viene regulada actualmente en el art. 80.1.b) TRLCU (en redacción dada por la Ley 4/2022, de 25 de febrero ), que impone un tamaño superior a los 2.5 milímetros y un espacio entre líneas superior a los 1.15 milímetros, así como que el contraste con el fondo sea suficiente para no hacer dificultosa la lectura",(iii) que, "previamente, la reforma del mismo precepto por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, había establecido el tamaño mínimo de la letra en 1,5 milímetros",(iv) que, "en el presente caso, la recurrente no alega que la letra de la cláusula cuestionada no cumpla los requisitos formales exigidos por la normativa citada, pues se limita a afirmar que la cláusula sobre intereses se halla en idéntico tipo de letra que el resto de las condiciones y demás clausulado, en un pequeño tamaño de fuente de letra",(v) que, "la cláusula que establece los intereses de la operación es perfectamente legible a simple vista, no se justifica que incumpla los expresados requisitos formales y se encuentra incluso resaltada mediante un subrayado, lo que permitía su plena cognoscibilidad por la contratante",requisito formal que, a nuestro entender, no puede quedar subsanado con la posibilidad de que el prestatario pueda mediante determinados mecanismos técnicos "ampliar"el tamaño de la letra del contrato, pues de aceptarse esta tesis, la normativa legal carecería de sentido práctico alguno, al quedar abierta siempre la posibilidad de ampliación del texto contractual, aparte de que ese mecanismo lo que produce es su difuminación, lo que nos reconduce al mismo resultado anteriormente expresado, máxime cuando todo ello queda corroborado por el hecho de que la demandada-apelante incurre en orfandad probatoria completa acerca de los extremos facticos sobre ellos que sustenta su tesis revocatoria, habida cuenta que tan solo se ha contado a los efectos resolutorios de la controversia con material documental, exclusivamente, no otro, y del mismo no cabe extraer conclusiones diferentes a las ya emitidas en la sentencia apelada, especialmente carencia de acreditación probatoria de que el demandante a la fecha de contratación tuviera conocimiento de la carga económica que asumía con su utilización, todo ello aparte de las deficiencias que el propio texto del clausulado presentara para una perfecta comprensión de su absoluto contenido.

TERCERO.-En otro orden de cosas, en relación con la condena en costas procesales impuesta, procede traer a colación las siguientes consideraciones: 1ª) En primer lugar, en términos generales, sabido es que a través de la condena en costas a que se refiere la mencionada norma procesal que se cita como indebidamente aplicada, artículo 394 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se cumple la finalidad tanto de resarcir a la parte a cuyo favor se ha resuelto judicialmente, no teniendo que sufrir perjuicio patrimonial quien ha tenido necesidad de acudir a los tribunales en defensa de derechos que le han sido reconocidos, como en sentido contrario, y por el principio de indemnidad, el de reconocer a la parte que ha sido absuelta de los pedimentos del actor, el derecho a repercutir contra ella los gastos provocados por su llamada al proceso, teniendo declarado el Tribunal Constitucional al respecto que la imposición de costas constituye un efecto derivado del ejercicio temerario o de mala fe de las acciones judiciales o de la desestimación "total"de éstas, según sea el régimen legal que rija el proceso o el recurso, por lo que, en consecuencia, la posibilidad de imposición de las costas de una determinada litis, al constituir un riesgo potencial, exige en los litigantes la necesaria ponderación, mesura y asesoramientos convenientes respecto al éxito de sus acciones y pretensiones, viniendo a actuar, en cierto sentido, como corrección a litigiosidades caprichosas, totalmente infundadas, empecinadas e incluso fraudulentas - T.C. 2ª S. 84/1991, de 22 de abril, y T.S. 1ª S. de 15 de octubre de 1992-, encontrando su razonabilidad o justificación en prevenir los resultados distorsionadores del entero sistema judicial que se derivarían de una excesiva litigiosidad, y en restituir a la parte contraria de los gastos que, en menoscabo de la satisfacción de sus pretensiones, le ocasione la defensa de sus derechos e intereses legítimos frente a quienes promuevan acciones o recursos legalmente merecedores de la imposición de costas - T.C. 2ª S. 146/1991, de 1 de julio-; 2ª) Que, existiendo dos criterios para la imposición a las partes litigantes en un proceso de las costas que se han producido por la tramitación o sustanciación de éste, el objetivo del vencimiento y el subjetivo de la temeridad o mala fe, reconociéndose por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la admisibilidad compatible de ambos criterios de imposición, sin que afecte ninguno de ellos a la tutela judicial efectiva - T.C. SS. 13/1986, de 29 de octubre, y 147/1989, de 21 de septiembre-, siendo en este sentido que el artículo 394.1 de la Ley 1/2000 en su deseo el legislador de poner en su más directa relación la regulación de la condena en costas con el resultado del litigio, determina que en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presenta serias dudas de hecho o de derecho, instituyendo así como regla general el principio de la condena fundada en la victoria procesal de una de las partes respecto de la otra, esto es, del principio "victus victori",sistema cuyo fundamento se encuentra a la vez que persigue una doble finalidad, que el proceso no sirva para conllevar o que no implique, un perjuicio patrimonial para la parte cuyos derechos hayan sido reconocidos, y, de otro, el interés del propio legislador, del juzgador e, incluso, del propio Estado, de que el hecho de acudir a la vía procesal quienes se estimen perjudicados y no obstante haber obtenido el reconocimiento de sus derechos, no puedan verse perjudicados con la carga de las costas, aun cuando sólo fuera en parte - T.S. 1ª SS. de 22 junio 1993 y 21 marzo 2000-; criterio el del vencimiento objetivo que, ciertamente, queda matizado por una excepción, inspirada en criterio subjetivo, por el que pueda llevarse a cabo la exoneración al vencido de su condena en razón a que el caso objeto de enjuiciamiento presentara dudas serias de "hecho"o de "derecho",concediéndose así un margen de discrecionalidad al órgano judicial, y 3ª) Que, a mayor abundamiento de lo anterior, llegados a este punto, añadir que tres han sido los criterios seguidos para fundar la condena en costas, el de la sanción al litigantes que actuando dolosamente o con mala fe obliga al contrario a soportar un juicio sin sentido ni razón que lo justifique, el de la temeridad, en el que se lleva a cabo un resarcimiento basado en criterios civilistas de responsabilidad extracontractual, ex artículo 1902 del Código Civil, y el del vencimiento, en el que las costas se imponen en función del resultado del pleito, sin referencia alguna a supuestos de culpabilidad y/o daños extracontractuales, criterio éste que viene a configurarse como la expresión objetiva de la injusticia a que ha sido sometido el vencedor y justifica la condena del vencido y su obligación de reembolsarle los gastos causados, resultando que el comentado artículo 394.1 no contempla la buena o mala fe en la conducta de la parte para justificar la condena o la no imposición de las costas procesales, sino que viene a recoger, como regla general, el tradicional criterio del vencimiento objetivo, representado en la fórmula latina "victus victori"- T.S. 1ª SS. de 29 octubre 1992, 15 marzo 1997 y 28 febrero 2002-, por lo que, evidentemente, en el caso de la estimación íntegra de la demanda, no se atiende a más criterio que al del vencimiento objetivo, con la única pauta limitativa consistente en la posibilidad de excluir la condena cuando concurran circunstancias excepcionales que justifiquen su no imposición - T.S. 1ª S. de 30 de enero de 2008-, lo que supone que las costas deben imponerse a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, encontrando su fundamento en la regla chiovendana, auténtica "ratio"de la norma legal, de que "la necesidad de servirse del proceso para obtener la razón no debe volverse en contra de quien tiene la razón",operando cuando las pretensiones hubiesen sido totalmente rechazadas -vencimiento total-, debiendo entenderse la expresión pretensión, no en sentido técnico, sino en el amplio comprensivo también del planteamiento opositor, lo que implica la exigencia de observar el precepto en el caso de estimación total de la demanda, que se corresponde con la desestimación total de la oposición - SSAP de Guipúzcoa (Sección 3ª) de 20 noviembre 2007 y de Madrid (Sección 20ª) de 3 octubre 2007-, admitiendo también el denominado "vencimiento atenuado"al exceptuar su imposición desde el momento en que "el tribunal aprecie, y así lo razone que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho",válvula de escape a la rigidez con la que se hubiera presentado el sistema objetivo del vencimiento en su manifestación más pura, coordenadas a tener en consideración al momento de practicar pronunciamiento en materia de costas procesales que deja patente que en la sentencia combatida por la juzgadora "a quo"se ha seguido la normativa procesal, habida cuenta que las pretensiones contenidas en demanda han sido totalmente estimadas, lo que deriva, tan solo, a la posibilidad de inaplicar la regla general como consecuencia de concurrir en el caso, según denuncia la parte demandada, dudas de derecho, planteamiento de tesis que se rechaza de plan o por el tribunal "ad quem",habida cuenta que ciertamente es raro el proceso en el que no se suscite alguna duda jurídica, pues lo contrario supondría el sostenimiento de posiciones temerarias por las partes que, si a veces se dan, habitualmente no concurren, pues en la generalidad de los casos las partes en litigio tienen argumentos para sostener sus respectivas tesis, sin que ello suponga a efectos del artículo 394 comentado apreciar la concurrencia de lo que es su norma excepcional, sin que sea suficiente cualquier duda jurídica que se suscite para que se haga entrar en juego la excepcionalidad en materia de costas, pues esas dudas han de ser consustanciales al litigio mismo, debiendo devenir de problemas jurídicos motivados por los cambios interpretativos y de criterios jurisprudenciales que también pueden influir en las partes y tribunales al proceder al adecuado encaje entre hechos base del litigio y derecho - SAP de Salamanca (Sección 1ª) de 6 mayo 2005)-, por lo que cuando se dice que el caso es jurídicamente dudoso, se tiene en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares, lo que plantea la necesidad de un previo juicio de similitud entre las resoluciones jurisprudenciales a considerar y la que es objeto de conocimiento, desapareciendo toda posibilidad de duda, si la jurisprudencia aludida es no ya reiterada, sino también uniforme, y en armonía con lo anterior indicaban las sentencias de la Audiencia Provincial de Jaén (Sección 1ª) de 3 diciembre 2004 y 20 junio 2006 que se producen dudas de derecho cuando caben varias interpretaciones de las normas y conceptos jurídicos implicados, de forma igualmente razonable, tanto en cuanto a la elección de la norma como en su aplicación o extensión, siendo necesario presuponer que no existe una línea jurisprudencial consolidada, lo que nos lleva a pensar en relación con las "dudas de derecho"que el acogimiento de la excepción al criterio general del vencimiento, requiere la existencia de jurisprudencia recaída en casos similares al contemplado, de manera que en aquellos supuestos en los que existan varias soluciones jurisprudencialmente recogidas, la adopción de una de ellas no ha de suponer el perjuicio de la parte que, al menos, se ha apoyado en una dirección jurisprudencial admitida, lo que no sucede en el caso, pues, como hemos desarrollado a lo largo de esta resolución, la Sala Primera del Tribunal Supremo deja sentadas las pautas a seguir a los efectos de declaración de si un préstamo tiene naturaleza usuraria o no, sin que sea admisible acoger, como hemos dicho, la tesis defendida por la recurrente al constituir una versión dispar de aquélla otras de nuestro Alto Tribunal.

CUARTO.-De conformidad con lo previsto en los artículos 394 y 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ante la desestimación del recurso de apelación, procederá imponer las costas procesales devengadas en esta alzada a la parte apelante.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,