Sentencia Civil 932/2025 Audiencia Provincial Civil de Málaga nº 6, Rec. 1654/2024 de 24 de septiembre del 2025

PRIMERO.-La Sentencia dictada en la anterior instancia, desestima la demanda formulada por la representación procesal de don Gregorio y doña Martina frente a Club La Costa (UK) PLC Sucursal en España, e impone las costas a los demandantes, en esencia al considerar el Juzgador de instancia, que siendo los actores residentes en Reino Unido, a la vista de la cláusula S del contrato, y de la Sentencia dictada por el TJUE el 14 de septiembre de 2023 dando respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado de Primera Instancia N.º 2 de Fuengirola, la Ley aplicable al caso es la inglesa, y en consecuencia, no siendo de aplicación la legislación Española, no pueden acogerse las pretensiones de nulidad de la demanda toda vez que se sustentan en el incumplimiento de la normativa nacional, y como los demandantes, tal y como establece el artículo 281.2 de la L.E.C, en relación con el artículo 217 del mismo Texto, no han acreditado la normativa inglesa que pueda determinar la concurrencia de causa de nulidad del contrato, deviene ello de imposible análisis, y en consecuencia procede desestimar la demanda.

Dicha Resolución es recurrida en apelación por los actores, alegando a modo de queja o lamento, que son consumidores y llevan cinco años de pleito lo que constituye una verdadera injusticia; infracción del artículo 67.1 del TRLGDCU y de la doctrina del Tribunal Supremo; que la Ley aplicable es la Española, a tenor de las SSTJUE de 14 de septiembre de 2023, en Asuntos C-821 y C-632; que este es el criterio del Ministerio Fiscal adscrito al Tribunal Supremo, expuesto en informe de 19 de octubre de 2023; que caso de considerarse que la demandada no es parte en el contrato, se vulnerarían los artículos 10 y 217 de la L.E.C, 1.257 del Código Civil, y 23.5 de la Ley 4/2012; infracción del artículo 11.3 de la Ley 4/2012; infracción del artículo 63.1 del Reglamento Bruselas I BIS, y del artículo 4.1 BIS de la L.O.P.J; ha de protegerse el grado de previsibilidad de las normas aplicables, y el principio pro actione; vulneración del artículo 25.1 de la Ley 4/2012; y procedencia del control de oficio de las cláusulas abusivas. Y en base a todo ello, que desarrollan en el recurso por medio de toda una suerte de extensos argumentos, se suplica por los apelantes, que por la Sala de la Audiencia se dicte Sentencia por la que sea revocada la de instancia, y en su lugar sea estimada íntegramente la demanda, con imposición de las costas de ambas instancias a la demandada; y se realice el control de oficio de cláusulas abusivas, en concreto de la cláusula S del contrato.

La entidad demandada se opone al recurso interesando su desestimación, y a la vez impugna la Sentencia al considerar infringidos los artículos 281.2 de la L.E.C 4 bis. de la LOPJ, puesto que la controversia había de haber sido resuelta, con base en la Sentencia dictada por el TJUE en supuesto idéntico, partiendo de declarar la falta de competencia de los Tribunales Españoles para conocer de las pretensiones de los demandantes, criterio que ha seguido la Audiencia Provincial de Málaga en multitud de Resoluciones, suplicando así el dictado de Sentencia por parte de la Sala por virtud de la cual se estime la impugnación y se desestime el recurso de apelación, declarándose la falta de competencia de los Tribunales Españoles para conocer de las pretensiones de los demandantes, con expresa imposición a la parte actora apelante de las costas ocasionadas en ambas instancias. Impugnación de la Sentencia a la que se han opuesto los demandantes, suplicando su desestimación e imposición de costas a la parte impugnante.

SEGUNDO.-Por razones de pura lógica expositiva este Tribunal ha de comenzar examinando la impugnación de la Sentencia formulada por la entidad demandada, pues es evidente que en función de la respuesta que se ofrezca a la cuestión litigiosa planteada en la misma, deberá la Sala entrar a conocer o no, de las cuestiones que plantean los apelantes en el recurso formulado frente a la Sentencia dictada en la anterior instancia.

Como se expuso en el anterior Fundamento de Derecho, lo que plantea la entidad demandada en la impugnación es la falta de jurisdicción de los Tribunales Españoles para enjuiciar el proceso, insistiendo así y reproduciendo la declinatoria de jurisdicción planteada en la primera instancia, que fue desestimada por Auto de fecha 23 de abril de 2021, Auto este que recurrido en reposición fue mantenido en Auto dictado el día 14 de mayo de 2021, que desestimó el recurso de reposición, lo que permite reproducir la cuestión en la segunda instancia, de conformidad con el artículo 454 de la L.E.C.

Pues bien, de conformidad con el tenor literal del artículo 66.2 de la L.E.C "Contra el auto por el que se rechace la falta de competencia internacional, de jurisdicción, o de competencia objetiva, sólo cabrá recurso de reposición, sin perjuicio de alegar la falta de esos presupuestos procesales en la apelación contra la sentencia definitiva", que es justo lo que ocurre en el caso, por lo que ciertamente este Tribunal debe examinar y resolver la cuestión planteada por la entidad impugnante, reproducción de la planteada en la instancia.

Frente a la determinación de la competencia internacional (jurisdicción), que se establecía en la demanda, se alegaba en la declinatoria, de forma resumidamente expuesta, la doctrina de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga expuesta en Autos 265/19, de 18 de julio; 150/2019, de 29 de marzo; 149/2019 de 3 de mayo, y 244/2019 de 20 de junio, que confirman la falta de competencia internacional de los Tribunales Españoles en el seno de demandas sustancialmente análogas a la que ha dado origen a esta litis, y dejan sentado que para decidir sobre la cuestión de competencia judicial internacional no procede aplicar la doctrina del levantamiento del velo. Y añadía que la parte contratante era Club La Costa UK PLC, empresa británica y domiciliada en Londres, aunque actuase en la contratación por medio de una sucursal en España, carente como tal de personalidad jurídica, siendo por demás un establecimiento secundario, debiendo dirigirse la demanda necesariamente contra la Sociedad matriz, empresa del Reino Unido, no siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 7.5 del Reglamento 1215/2015, Bruselas I Bis, pues el objeto contractual se refiere al uso de inmuebles y resorts repartidos por todo el mundo, por lo que serán Tribunales competentes los del domicilio de la parte demandada, Club La Costa UK PLC, que se encuentra en Londres (lugar de su "registered Office"), que es realmente la parte contratante, es decir los Tribunales ingleses, lo que coincide además con el domicilio del los demandantes. Se alegaba también que el Reglamento B-I establece un sistema jerarquizado de foros basados en la voluntad de las partes (artículos 25 y 26), y además el específico de los contratos con los consumidores (artículos 17 a 19), y el foro de elección faculta al consumidor a elegir entre el domicilio de la parte contratante o el foro de su propio domicilio, por lo que en ambos casos serían competentes los Tribunales ingleses, puesto que el domicilio de una sucursal (mero agente de ventas), no puede considerarse como foro de atribución. En último término alegaba igualmente la existencia de un pacto de sumisión expresa en la contratación en favor de los Tribunales ingleses, que por demás coincide con el domicilio de los demandante, por lo que entendía que los Tribunales españoles carecen de jurisdicción para conocer del proceso dado corresponder la misma a los Tribunales ingleses.

En la impugnación de la Sentencia se vienen a reproducir estos argumentos, con especial énfasis en la doctrina de la Audiencia Provincial de Málaga luego de haber sido dictada por el TJUE la Sentencia de 14 de septiembre de 2023, en Asunto C-821/21, Club la Costa PLC, Sucursal en España, entre otras en Sentencia de 19 de diciembre de 2023 de la Sección 4ª , en la que se asume la doctrina del TJUE, y se explica el cambio de criterio de la Audiencia.

En orden a poder ofrecer mejor respuesta al motivo de impugnación cuyo examen nos ocupa se hace necesario referir previamente datos de relevancia que constan en las actuaciones, y así tenemos que referirnos forzosamente al contrato celebrado el día 9 de abril de 2017, contrato número NUM000 (documento 2 de la demanda), redactado en inglés, encabezado bajo el título " FRACCIONAL y CLC FIRMA DE COLECCIÓN. SOLICITUD Y CONTRATO DE COMPRA", suscrito entre doña Martina y don Gregorio, ambos de nacionalidad británica y residentes en Reino Unido, como solicitantes. En dicho contrato figura la entidad Club La Costa (UK) Sucursal en España (la Compañía vendedora) constituida en Reino Unido (RU número de compañía 3123199), y registrada con un establecimiento permanente en España (con NIF español número W8265235E), cuyo domicilio está ubicado en Calle Finlandia nº 8, San Eugenio Alto, Adeje, 38660 Santa Cruz de Tenerife. Se establece en dicho contrato que los pagos (en libras esterlinas), deben efectuarse a favor de Club La Costa (UK) Sucursal en España, y deben enviarse al Departamento de Cuentas, CLC, World, Athene House, 86 The Brodway, Mill Hill, Londres, NW7 3TD. En la estipulación o punto 1 "Objeto",se define como tal "Deseamos ser capaces de disfrutar de un sistema flexible de reservas vacacionales en localizaciones por todo el mundo";lo que nos lleva a la estipulación o punto siguiente, en el que se expresa que se solicita de la compañía vendedora el derecho exclusivo de uso (Derechos Fraccionales) por el número de Periodos Semanales equivalentes a los Puntos Fraccionales, todo como se describe abajo, al precio establecido y de acuerdo con las condiciones de este Contrato. En el punto 4 "PUNTOS FRACCIONALES",se especifica que "Los Puntos Fraccionales no transfieren ni garantizan el derecho de uso de ninguna propiedad asignada. Entendemos que la Propiedad descrita abajo con el sólo propósito de identificarla con propósito de su venta en la Fecha de Venta de acuerdo con las Reglas y la subsecuente distribución al Propietario de la apropiada una cincuentidosava parte (o múltiplos de) retenida en fiducia para el Propietario".

Figura Asignada D 701 Resort: Monterey, sin más datos. En las condiciones que figuran en el contrato de compraventa se alude a CLC Resort Developments Limited, y a CLC Resort Management Limited, como sociedades administradoras, y figura una cláusula, la S,del siguiente tenor: "LEY: este Contrato se interpretará de conformidad con la legislación Inglesa y estará sujeto a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales ingleses. Por medio de este documento las partes contratantes se comprometen de manera irrevocable a enviar todas las notificaciones por correo a las direcciones que figuran a continuación o de cualquier otra forma permitida por las leyes de Inglaterra y Gales".

En el certificado de propiedad entregado a los compradores (documento 5 de la demanda), figura CLC RESORTS DEVELOPMENTS LIMITED en calidad de vendedor, y FIRST NATIONAL TRUSTEE COMPANY (U.K.) LIMITED, como entidad Fideicomisaria con domicilio social en la Isla de Man en 33 North Quay, Douglas, IM1 4LB y B y en Inglaterra en 45 Monmouth Street, Londres, WC2 H9DG Londres; haciéndose constar "los cuales son respectivamente juntos denominados "los Otorgantes") del Club de Propietarios de Derechos Fraccionados ("el Sistema") y conforme a las Reglas del Sistema admiten POR MEDIO DE ESTE DOCUMENTO en calidad de Propietarios de Derechos Fraccionados Y OTORGAN al Propietario(s) cuyo nombre y dirección figuran especificados en el párrafo 1 del anexo ...".

Partiendo de lo anterior, y entrando ya a examinar la cuestión planteada por la entidad impugnante sobre la falta de competencia de los Tribunales Españoles, es de advertir que esta Audiencia Provincial, en supuestos sustancialmente análogos al presente, venía rechazándola, declarando la competencia internacional de los Tribunales Españoles al figurar en el contrato la sucursal demandada con domicilio en España con un establecimiento abierto con carácter permanente o por considerar su pertenencia a un grupo de empresas vinculadas, y así se resolvía por ejemplo en Autos de 3 de septiembre de 2018 (Recurso 126/2018), 19 de septiembre de 2018 (Recurso 78/2018), y 25 de septiembre de 2018 (Recurso 64/2018), todos de la Sección 4ª, entre otros más, dictados también por la Sección 5ª, siendo destacable que en el Auto de 3 de septiembre de 2018 (Pleno de la Sección 4ª), se vino a considerar irrelevante a los efectos debatidos que en la cláusula (S) se pactase la sumisión expresa, con carácter exclusivo, a favor de los Tribunales ingleses.

Pero a tales efectos, debemos tener en cuenta ahora las Sentencias dictadas por el TJUE en 14 de septiembre de 2023, en los asuntos C-632-21 y 821-21, sobre peticiones de decisión prejudicial planteadas, conforme al artículo 267 de TFUE, por el Juzgado de Primera Instancia N.º 2 de Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), y por el Juzgado de Primera Instancia N.º 2 de Fuengirola (Málaga), en relación con la competencia judicial y ley aplicable en contratos celebrados por consumidores relativos a derechos de aprovechamiento por turnos de inmuebles por un sistema de puntos, Sentencias que llevaron a esta Audiencia Provincial, como bien afirma la impugnante, a replantearse los criterios seguidos hasta ahora en esta materia, es decir, la competencia de los Tribunales españoles para conocer de los procedimientos sobre nulidad de contratos de aprovechamientos por turnos en supuestos como los de autos en los que contratan ciudadanos nacionales del Reino Unido y residentes en UK con empresas vinculadas con el Reino Unido, criterios que como decíamos antes, hasta ahora habían sido favorables a declarar dicha competencia, y ello para cambiar de criterio, cambio recogido en extracto en la Junta de Magistrados de esta Audiencia celebrada con fecha 28 de noviembre de 2023, con la que se pretendió garantizar la seguridad jurídica en general, y en particular la de quienes litigan en esta materia de contratación internacional ante los Tribunales de Málaga y su provincia, dando cumplimiento al artículo 4 bis de la LOPJ.

A la vista del contenido de las citadas Sentencias del TJUE hemos de tener en cuenta en primer lugar a los efectos debatidos la primacía del Derecho Comunitario, y de la jurisprudencia del TJUE, que así lo recordaba en la Sentencia de 9 de septiembre de 2021; y en segundo lugar se ha de tener en cuenta que el artículo 4 bis de la L.O.P.J impone a Jueces y Tribunales la obligación de aplicar el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Pues bien, para resolver la disconformidad de la entidad apelante con la decisión tomada en la instancia respecto de la declinatoria de jurisdicción planteada, hemos de estar muy concretamente a los razonamientos y decisión del TJUE en la Sentencia de 14 de septiembre de 2023, dictada en el asunto C-821-21, en la que da respuestas a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado de Primera Instancia N.º 2 de Fuengirola. Dicha Resolución establece:

<< Sobre las cuestiones prejudiciales Cuestiones prejudiciales primera y segunda

40 Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 18, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis debe interpretarse en el sentido de que la expresión «otra parte contratante», que se utiliza en dicha disposición, debe entenderse referida únicamente a la persona, física o jurídica, parte en el contrato en cuestión o si se refiere también a otras personas, ajenas a tal contrato, pero vinculadas a esa persona.

41 Con carácter preliminar, procede recordar que, en la medida en que del considerando 34 del Reglamento Bruselas I bis se desprende que este deroga y sustituye al Reglamento n.º 44/2001, que a su vez sustituyó al Convenio, de 27 de septiembre de 1968, relativo a la Competencia Judicial y a la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil, en su versión modificada por los posteriores convenios de adhesión de los nuevos Estados miembros a este Convenio, la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en lo que respecta a estos últimos instrumentos jurídicos sigue siendo válida para las disposiciones del Reglamento Bruselas I bis que puedan calificarse de «equivalentes» ( sentencia de 20 de mayo de 2021, CNP, C-913/19 , EU:C:2021:399, apartado 30 y jurisprudencia citada).

42 Procede recordar asimismo que las reglas para determinar la competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores, que figuran en los artículos 17 a 19 del Reglamento Bruselas I bis, permiten que el consumidor elija entre ejercitar la acción ante los tribunales del lugar donde tenga su domicilio o ante aquellos del Estado miembro en el que esté domiciliada la otra parte contratante (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de marzo de 2020, Primera Air Scandinavia, C-215/18 , EU:C:2020:235, apartado 54).

43 Estas reglas tienen como función garantizar una protección adecuada al consumidor en cuanto parte del contrato que se considera económicamente más débil y jurídicamente menos experta que su cocontratante profesional, con el fin de que el consumidor no se vea forzado a desistir de hacer valer sus derechos judicialmente por estar obligado a ejercitar su acción ante los tribunales del Estado en el que su cocontratante tiene su domicilio (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de enero de 2005, Gruber, C-464/01 , EU:C:2005:32, apartado 34 y jurisprudencia citada).

44 A este respecto, el artículo 17 del Reglamento Bruselas I bis supedita la aplicación de las mencionadas reglas al requisito de que el contrato haya sido celebrado por el consumidor para un uso que pueda considerarse ajeno a su actividad profesional con una persona que ejerza actividades comerciales o profesionales en el Estado miembro del domicilio del consumidor o, por cualquier medio, dirija tales actividades a dicho Estado miembro o a varios Estados miembros, incluido este último, y el referido contrato esté comprendido en el marco de esas actividades.

45 En la medida en que las mismas reglas constituyen una excepción tanto a la regla general de competencia establecida en el artículo 4, apartado 1, del mencionado Reglamento, que atribuye la competencia a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que esté domiciliado el demandado, como a la regla de competencia especial en materia contractual, contenida en el artículo 7, apartado 1, del mismo Reglamento, han de ser necesariamente objeto de una interpretación estricta, que no puede ir más allá de los supuestos contemplados en ellas (véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de mayo de 2019, Kerr, C-25/18 , EU:C:2019:376, apartado 22, y de 26 de marzo de 2020, Primera Air Scandinavia, C-215/18 , EU:C:2020:235, apartado 55 y jurisprudencia citada).

46 Además, los conceptos utilizados en el Reglamento Bruselas I bis y, en particular, los que figuran en el artículo 18, apartado 1, de este deben interpretarse de forma autónoma, principalmente con referencia al sistema y a los objetivos de dicho Reglamento, para garantizar su aplicación uniforme en todos los Estados miembros ( sentencia de 28 de enero de 2015, Kolassa, C-375/13 , EU:C:2015:37, apartado 22).

47 En el caso de autos, la pregunta del órgano jurisdiccional remitente versa sobre si puede considerarse que concurren los requisitos mencionados en el apartado 44 de la presente sentencia con respecto a una persona que, pese a ser ajena al contrato celebrado por el consumidor en cuestión, esté vinculada a este último de otro modo.

48 A este respecto, para la aplicación de las reglas de competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores, que figuran en los artículos 17 a 19 del Reglamento Bruselas I bis, es determinante que las partes del litigio sean también las partes del contrato de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de marzo de 2020, Primera Air Scandinavia, C-215/18 , EU:C:2020:235, apartado 58).

49 Dichos artículos 17 a 19 hacen referencia expresamente a los «contratos celebrados por [...] el consumidor», al «cocontratante del consumidor», a «la otra parte contratante» del contrato celebrado por el consumidor o incluso a los acuerdos atributivos de competencia celebrados «entre un consumidor y su cocontratante» (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de marzo de 2020, Primera Air Scandinavia, C-215/18 , EU:C:2020:235, apartado 59).

50 Estas referencias abogan por una interpretación según la cual, a efectos de la aplicación de los mencionados artículos 17 a 19, la demanda formulada por un consumidor solo puede estar dirigida contra su cocontratante (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de marzo de 2020, Primera Air Scandinavia, C-215/18 , EU:C:2020:235, apartado 60).

51 Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que las reglas sobre competencia establecidas en materia de contratos celebrados por los consumidores en el artículo 18, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis se aplican, con arreglo al tenor de este artículo, solo a la acción entablada por el consumidor contra la otra parte contratante, lo que implica necesariamente la conclusión de un contrato por parte del consumidor con el profesional demandado (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de marzo de 2020, Primera Air Scandinavia, C-215/18 , EU:C:2020:235, apartado 61 y jurisprudencia citada).

52 Una interpretación según la cual las reglas de competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores, establecidas en los artículos 17 a 19 del Reglamento Bruselas I bis, se aplicasen también en una situación en la que no existe un contrato entre el consumidor y el profesional no sería conforme con el objetivo, expuesto en el considerando 15 de dicho Reglamento, de garantizar un alto grado de previsibilidad en cuanto a la atribución de competencia (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de marzo de 2020, Primera Air Scandinavia, C-215/18 , EU:C:2020:235, apartado62).

53 En efecto, la posibilidad de que el consumidor demande al profesional ante el tribunal en cuya demarcación se encuentra el domicilio de dicho consumidor queda compensada por la exigencia de que exista un contrato entre ellos, del que se deriva esa previsibilidad para el demandado (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de marzo de 2020, Primera Air Scandinavia, C-215/18 , EU:C:2020:235, apartado 63).

54 Además, aunque el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el concepto de «otra parte contratante», utilizado en el artículo 18, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, debe interpretarse en el sentido de que designa igualmente al cocontratante del operador con el que el consumidor haya celebrado dicho contrato y que tenga su domicilio social en el Estado miembro del domicilio de ese consumidor ( sentencia de 14 de noviembre de 2013, Maletic, C-478/12 , EU:C:2013:735, apartado 32), tal interpretación se basaba, sin embargo, en circunstancias concretas en las que el consumidor estaba de antemano vinculado contractualmente, de modo indisociable, a dos cocontratantes ( sentencia de 26 de marzo de 2020, Primera Air Scandinavia, C-215/18 , EU:C:2020:235, apartado 64 y jurisprudencia citada).

55 En el presente caso, del auto de remisión se desprende que el contrato controvertido, cuya nulidad solicita el demandante en el litigio principal, se celebró con una única sociedad, a saber, Club La Costa, siendo las demás sociedades demandadas en el litigio principal partes en otros contratos celebrados con dicho demandante, de modo que no están comprendidas en el concepto de «otra parte contratante», en el sentido del artículo 18, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis.

56 Por lo que respecta a la cuestión del órgano jurisdiccional remitente relativa a la incidencia del hecho de que la «otra parte contratante» pertenezca a un grupo de sociedades en la existencia de una competencia judicial con arreglo a las disposiciones del Reglamento Bruselas I bis referentes a la competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores, procede señalar que, a excepción del artículo 17, apartado 2, de dicho Reglamento, que establece un criterio de conexión alternativo cuando el cocontratante del consumidor no está domiciliado en un Estado miembro, pero posee una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en un Estado miembro, los artículos 17 a 19 del mencionado Reglamento no contienen ningún elemento que permita considerar que exista un criterio de conexión basado en la pertenencia a un grupo de sociedades.

57 Además, una interpretación de estos artículos 17 a 19 que permitiera tener en cuenta la pertenencia del cocontratante de un consumidor a un grupo de sociedades autorizando a dicho consumidor a ejercitar una acción ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que esté domiciliada cada sociedad perteneciente a ese grupo sería manifiestamente contraria a los objetivos de previsibilidad de las reglas de competencia previstas por el Reglamento Bruselas I bis y sería, por tanto, incompatible con el principio de seguridad jurídica.

58 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que el artículo 18, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis debe interpretarse en el sentido de que la expresión «otra parte contratante», que se utiliza en dicha disposición, debe entenderse referida únicamente a la persona, física o jurídica, parte en el contrato en cuestión y no a otras personas, ajenas a tal contrato, aun cuando estén vinculadas a esa persona.

Tercera cuestión prejudicial

59 Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 63, apartados 1 y 2, del Reglamento Bruselas I bis debe interpretarse en el sentido de que la determinación, con arreglo a esta disposición, del domicilio de «la otra parte contratante», en el sentido del artículo 18, apartado 1, de dicho Reglamento, limita la elección que puede efectuar el consumidor en virtud del referido artículo 18, apartado 1. Por otra parte, se pregunta sobre la carga de la prueba a efectos de la determinación de ese domicilio.

60 Con carácter preliminar, procede subrayar que, a diferencia del domicilio de las personas físicas, en relación con el cual el artículo 62 del Reglamento Bruselas I bis indica expresamente que debe determinarse a la luz de la ley nacional del juez que conoce del asunto, la determinación del domicilio de las sociedades y de las personas jurídicas se efectúa, a falta de tal precisión, según una interpretación autónoma del Derecho de la Unión.

61 En efecto, del considerando 15 del citado Reglamento se desprende que, respecto de las personas jurídicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma para incrementar la transparencia de las normas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción.

62 Así, el artículo 63, apartado 1, letras a) a c), del antedicho Reglamento establece tres criterios que permiten situar el domicilio de las sociedades y las personas jurídicas, a saber, el lugar en que se encuentra su sede estatutaria, su administración central o su centro de actividad principal.

63 Dado que el mencionado artículo 63 no establece ninguna jerarquía entre esos tres criterios, corresponde al consumidor elegir entre ellos para determinar el órgano jurisdiccional competente de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis.

64 En razón del objetivo perseguido por las reglas para determinar la competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores previstas por dicho Reglamento, tal como se ha recordado en el apartado 43 de la presente sentencia, consistente en garantizar una protección adecuada al consumidor en cuanto parte del contrato que se considera económicamente más débil y jurídicamente menos experta, no puede estimarse que la determinación del lugar del domicilio de las sociedades y de las personas jurídicas en virtud del artículo 63 del mencionado Reglamento constituya una limitación de los dos foros competentes ofrecidos al consumidor con arreglo al artículo 18, apartado 1, del mismo Reglamento.

65 Además, por lo que atañe al concepto de «sede estatutaria» contemplado en el artículo 63, apartado 1, letra a), del Reglamento Bruselas I bis, el apartado 2 de dicho artículo aporta precisiones relativas a este concepto, a saber, que, respecto a Irlanda, Chipre y el Reino Unido, debe entenderse por «sede estatutaria» la registered office o, en su defecto, la place of incorporation (lugar de constitución), o, a falta de tal lugar, el lugar conforme a cuya legislación se haya efectuado la formation (creación) de la sociedad o persona jurídica.

66 Habida cuenta de que debe considerarse que el artículo 63 del Reglamento Bruselas I bis proporciona una definición autónoma del lugar del domicilio de las sociedades y de las personas jurídicas, con el fin de incrementar la transparencia de las normas comunes y de garantizar su aplicación uniforme en todos los Estados miembros, tampoco puede admitirse que las precisiones enunciadas en dicho artículo 63, apartado 2, constituyan únicamente meras presunciones de hecho susceptibles de ser desvirtuadas mediante prueba en contrario, so pena de menoscabar el objetivo de previsibilidad de las reglas de competencia previstas en el mencionado Reglamento.

67 A la vista de lo anterior, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 63, apartados 1 y 2, del Reglamento Bruselas I bis debe interpretarse en el sentido de que la determinación, con arreglo a esta disposición, del domicilio de la «otra parte contratante», en el sentido del artículo 18, apartado 1, de dicho Reglamento, no constituye una limitación de la elección que puede efectuar el consumidor en virtud del referido artículo 18, apartado 1. A este respecto, las precisiones proporcionadas en el artículo 63, apartado 2, del mencionado Reglamento sobre el concepto de «sede estatutaria» constituyen definiciones autónomas >>.

En razón a los transcritos fundamentos hemos de estimar el motivo de impugnación, pues de conformidad con la interpretación de la citada Resolución contratos como el que es objeto de litis han de ser calificados y considerados como contratos internacionales de consumo, y como tales quedaran regulados por la Sección 4ª del Reglamento (UE) número 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Bruselas I bis), artículos 17 a 19.

Como ya se tiene declarado por esta Audiencia, si con carácter general el criterio de atribución de la competencia es el domicilio de la parte demandada (considerandos 15, 21 y 34 del Reglamento), cuando se trata de contratos celebrados con consumidores, como es el caso, se establece un criterio de conexión alternativo o especial, atribuyéndose a los consumidores la facultad de elegir entre el fuero del domicilio general (parte demandada) y el fuero de su domicilio (domicilio consumidor fuero especial), según se contempla en el artículo 18.2 del Reglamento. Conforme a tal atribución de foro, para el caso de que se elija el fuero del domicilio del demandado, como sucede en este supuesto, en el que además se obvia y prescinde de la cláusula de sumisión expresa establecida en el contrato en favor de los Tribunales ingleses, esto es los del domicilio de los consumidores, el TJUE determina y precisa contra quién debe ir dirigida la demanda a efectos de concretar el domicilio de la demandada, expresando que "es determinante que las partes del litigio sean también las partes del contrato de que se trate", y que "sólo puede ir dirigida contra su contratante".

Pues bien, en el presente caso la sociedad vendedora, como resulta de la documental adjuntada a la demanda, en particular el certificado de propiedad (documento 5), es la entidad CLC Resorts Developments Limited (vendedor), con domicilio en territorio dependiente de Reino Unido, por tanto sin domicilio en España, por lo que la facultad de elección no se extiende a la Sucursal en España (Sales Company), que actúa realmente como tal, es decir como empresa comercializadora, no como parte contratante, ni sirve como referencia el domicilio de la sucursal para atraer la competencia a los Tribunales Españoles, ya que como expresa el parágrafo 56 de la Sentencia del TJUE que nos sirve de guía y referencia, las sucursales solo son puntos de conexión a efectos competenciales en los casos del artículo 17.2 en que el contratante no está domiciliado en un estado miembro, lo que no se da en el supuesto que nos ocupa, teniendo en cuenta las fechas en que se firma el contrato y la de interposición de la demanda.

Tampoco faculta a los compradores dirigir la demanda, a los efectos de determinación del domicilio de la parte demandada, como fuero especial de elección, contra otras entidades que puedan aparecer en los contratos como administradores o gestores aun cuando sean sociedades participadas.

El hecho de pertenecer la sucursal que ha intervenido como agente o intermediaria en las venta o la vendedora CLC Resorts Developments u otras entidades a un grupo de sociedades participadas no autoriza a los consumidores a ejercitar su acción de forma alternativa o subsidiaria ante los Tribunales en que esté domiciliada cada una de esas sociedades a su exclusiva elección, pues tal posibilidad según expresa el TJUE "sería manifiestamente contraria a los objetivos de previsibilidad de las reglas de competencia previstas por el Reglamento Bruselas I bis y por tanto incompatible con el principio de seguridad jurídica".

Fijados así los limites y la interpretación de la expresión y sentido de "la otra parte contratante" (concepto que se limita a la persona, física o jurídica, parte en los contratos en cuestión y no a otras personas ajenas, aun cuando estén vinculadas), en el caso de que lo sea una persona jurídica, para la determinación de su domicilio ha de estarse a lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento, es decir, sólo será competente el Tribunal del Estado donde se encuentre el lugar de su residencia estatutaria, su administración central o su centro de actividad principal, con las especialidades establecidas para Irlanda, Chipre y Reino Unido, por lo que en el caso que nos ocupa el domicilio de la Sucursal de la parte contratante no opera como criterio de atribución de competencia, ni estamos en presencia de un litigio cuyo objeto esté directamente y exclusivamente relacionado con la explotación de dicha Sucursal, por lo que tampoco es de aplicación lo dispuesto en el artículo 7.5 del Reglamento. Es decir, acudiendo a los criterios que establece el artículo 63 1. a), b) y c), sede estatutaria, administración central (lo que excluiría sucursales y similares) o centro de actividad principal), como criterios para fijar el domicilio de las sociedades, en este caso de CLC Resorts Developments Limited, contratante a la postre, no cabe duda que todos ellos se encuentran fuera de España, pues dicha empresa ni tiene su sede estatutaria en España, ni su sede central, ni el centro de su actividad principal.

Por tanto, tampoco acudiendo al foro competencial alternativo establecido en el artículo 18.2 del Reglamento se podría declarar la competencia de los Tribunales españoles para conocer del presente proceso.

Por último es de destacar que en el contrato existe una cláusula de sumisión a los Tribunales ingleses (cláusula S que hemos transcrito), pacto que está redactado en inglés por tanto en un idioma conocido por los consumidores de nacionalidad inglesa y residentes en Inglaterra, y que es válido toda vez que no contradice lo dispuesto en los artículos 17 al a 19 del Reglamento, y dicha cláusula no incurre en ninguna de las causas de ineficacia previstas en el artículo 25 del Reglamento. Tribunales ingleses que, además, coinciden con el lugar de residencia de los demandantes, por lo que pretender llevar el proceso a otros Tribunales distintos a aquellos a los que se ha sometido el consumidor, que en modo alguno puede ser considerada abusiva, y que son los de su lugar de residencia, en este caso a los del presunto domicilio de la otra parte contratante, supone ir contra la norma que "a priori" es más protectora del consumidor, sin que ante esta Sala se hayan exteriorizado argumentos que justifiquen los beneficios que pueden obtener los demandantes litigando lejos de su lugar de residencia, dado que, como se ha dicho, la legislación comunitaria estima que litigar ante los Tribunales ingleses les resulta más favorable como consumidores.

A la vista de todo cuanto se ha razonado este Tribunal considera en este caso como en tantos otros, apartándose de Resoluciones anteriores de esta Audiencia, y a la vista de lo resuelto por el TJUE en las Sentencias citadas, una de las cuales ha sido transcrita en parte, que los Tribunales Españoles no son competentes para conocer de los procesos sobre contratos de aprovechamientos por turnos como el de autos, pues se considera que los órganos jurisdiccionales competentes son los Tribunales ingleses, al tener los consumidores contratantes residencia en Inglaterra y tener también la empresa contratante, criterios de conexión con dicho país y someterse a la jurisdicción de los Tribunales del mismo según el pacto de sumisión transcrito.

Por lo expuesto, hemos de acoger el motivo de impugnación que nos lleva a estimar finalmente la declinatoria, y ello hace innecesario el examen de los motivos de apelación, y lógicamente de las alegaciones expuestas en el escrito de impugnación de la Sentencia y oposición al recurso, frente a los anteriores, lo que aboca a la estimación de la falta de competencia internacional de los Tribunales españoles para el conocimiento del asunto, y de entre ellos del Juzgado de Primera Instancia N.º 4 de Fuengirola, absteniéndonos de su conocimiento, deviniendo en consecuencia nulas las actuaciones de la primera instancia practicadas con posterioridad a la resolución desestimatoria de la declinatoria de jurisdicción ( artículo 238.1 de la LOPJ) , incluida por tanto la Sentencia recaída en la instancia.

TERCERO.-La estimación de la impugnación impone la necesidad de examinar la cuestión relativa a las costas procesales de la primera instancia, costas que habrían de ser impuestas a los demandantes de conformidad con el artículo 394.1 de la L.E.C; pero como este precepto establece como excepción a la regla general de imposición de costas al litigante vencido, la apreciación de dudas de hecho y/o de derecho, en el caso sometido a nuestra consideración estimamos procedente no hacer especial imposición de las costas de la primera instancia a ninguno de los litigantes, en atención a las dudas de derecho respecto de la cuestión resuelta, habiendo sido el TJUE el que finalmente ha tenido que resolver dudas en la interpretación del derecho objeto de aplicación a los efectos de determinar la competencia judicial en casos como el presente.

CUARTO.-Estimada la impugnación, en materia de costas de la alzada es aplicable el artículo 398.1 de la L.E.C, que se remite al artículo 394, lo que debe interpretarse en función de la existencia de las pretensiones en la segunda instancia, lo que se traduce en que no puede ser condenado en costas quien no ha ejercitado pretensiones en esta instancia aunque el resultado le haya sido adverso, por lo que las costas de la impugnación no son objeto de especial imposición. Y por lo que se refiere a las costas del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 398.1 y 394.1, ambos de la L.E.C, las mismas dudas de derecho que justifican la no imposición de costas de la instancia al litigante vencido, justifican que no se haga imposición de las mismas a la parte apelante.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso,