Sentencia Civil 1554/2024 Audiencia Provincial Civil de Málaga nº 6, Rec. 1107/2024 de 04 de diciembre del 2024

PRIMERO.-En la demanda rectora de esta litis, promovida por don Fernando y doña María Angeles, a través de su representación procesal, frente Diamond Resorts Europe Limited Sucursal en España, se solicitaba el dictado de Sentencia que declare:

1. La nulidad del contrato de aprovechamiento por turno de 27/06/2013, con referencia: NUM000.

2. La condena a Diamond Resorts (Europe) Ltd-Sucursal en España a devolver a la parte actora el precio de compra del contrato de fecha 27/06/2013, que, tras la aplicación de la reducción proporcional por años de uso, asciende a un total de 6.245,12 libras esterlinas, más los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda.

3. La nulidad del contrato de aprovechamiento por turno de 10/04/2014 con referencia: NUM001.

4. La condena a Diamond Resorts (Europe) Ltd-Sucursal en España a devolver a la parte actora el precio de compra del contrato de fecha 10/054/2014, que, tras la aplicación de la reducción proporcional por años de uso, asciende a un total de 11.390,4 libras esterlinas, más los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda.

11. La condena a "DIAMOND RESORTS EUROPE LIMITED (SUCURSAL EN ESPAÑA)", a devolver a mis mandantes la cantidad de 1.524,00 libras esterlinas, abonada durante el plazo de desistimiento del contrato de fecha 27/06/2013 (nº de referencia NUM000), más los intereses legales desde la interposición de la demanda.

12. La condena a Diamond Resorts (Europe) Ltd-Sucursal en España al abono de las costas de este procedimiento >>.

Como soporte fáctico de esta suplica se alegaba, resumidamente expuesto, que los demandantes suscribieron con Diamond Resorts Europe Limited Sucursal en España, un primer contrato de propiedad fraccional de aprovechamiento por turno en 27 de junio de 2013 (documento 5 de la demanda), consistente en la adquisición de 14.000 puntos que teóricamente permitían disfrutar de los distintos alojamientos adscritos al complejo Diamond Resorts, adjudicándose como primer año de ocupación el 2013; consistiendo el derecho fraccional adquirido en disfrutar de un apartamento de un dormitorio sito en el complejo DIRECCION000, durante dos semanas al año, adjudicándose como primer año de ocupación el 2013. El precio de compra de este contrato ascendió a 7.616,00 libras esterlinas, cuyo pago se acredita mediante el certificado de puntos adjuntado como documento nº 5 bis1 a la demanda. Y, un segundo contrato, el día 10 de abril de 2014, que se suscribe en Benálmadena, de propiedad fraccional vinculados a 15.000 puntos fraccionarios (documento n.º 6); consistiendo el derecho fraccional adquirido en disfrutar de un apartamento de un dormitorio sito en el complejo DIRECCION001, durante una semana al año, adjudicándose como primer año de ocupación el 2014. El precio de compra de este contrato ascendió a 13.560,00 libras esterlinas, cuyo pago se acredita mediante el certificado de puntos que adjuntado a la demanda como documento nº 6 bis2. Añaden que la entidad demandada ha comercializado y vendido contratos de aprovechamiento por turno, que eluden por completo las previsiones contenidas en la normativa de aplicación (la Ley 42/1998 y la Ley 4/2012), toda vez que se refieren a alojamientos totalmente indeterminados e indeterminables a disfrutar en semanas y temporadas sin especificar, y todo ello por una duración indefinida, y, por ende, a perpetuidad, no constando en los contratos los datos registrales de los inmuebles, como tampoco la descripción precisa de los alojamientos asignados, ni se identifica el turno concreto en que se puede disfrutar del derecho, por lo que se trata en ambos casos de contratos nulos por infringir la normativa de consumidores y usuarios, y las normas citadas, por indeterminación de su objeto e infracción del régimen temporal obligatorio.

Frente a esta demanda, la entidad demanda, dentro de plazo, por escrito fechado el día 21 de febrero de 2022, amen de personarse en autos, formuló declinatoria de jurisdicción, suplicando al Juzgado de Primera Instancia N.º 2 de Fuengirola, al que le había sido turnada la demanda de Juicio Ordinario, el dictado de Auto absteniéndose de conocer del asunto por corresponder su conocimiento a los Tribunales del Reino Unido, por ser los del domicilio de las partes, con imposición de costas a los demandantes. Esta declinatoria fue tramitada conforme a derecho, habiendo sido resuelta por medio de Auto de fecha 1 de septiembre de 2022, cuya Parte Dispositiva la desestimó, y acordó imponer las costas a la parte demandada promovente de la declinatoria. Auto este que fue recurrido en reposición por la entidad demandada, recurso de reposición que, tras la oportuna tramitación procesal, fue resuelto, en sentido desestimatorio, por medio de Auto de fecha 17 de noviembre de 2022.

Tras ser resuelta la declinatoria, la entidad demandada contestó a la demanda mediante escrito de fecha 3 de octubre de 2022, de considerable extensión, en el cual solicitó la desestimación de la demanda, y ello sobre la base de alegar tanto cuestiones que se afirmaban de naturaleza procesal, como motivos de fondo, y en esencia alegaba la entidad demandada su falta de personalidad jurídica en cuanto empresa inglesa y su carácter de sucursal abierta en España de empresa inglesa, lo que motivaba junto con lo pactado en el contrato que este quedase sometido a la jurisdicción no exclusiva de los tribunales ingleses y la aplicabilidad de la ley inglesa; falta de legitimación activa de los demandantes y su falta de legitimación pasiva; se negaba la naturaleza de los derechos adquiridos como derechos reales, entendiendo que lo adquirido eran derechos de uso personal, obteniendo los actores la condición de socios de un club de vacaciones con un número determinado de puntos que canjeaban por reservas y uso de distintos alojamientos en los complejos que tenía el Club por el mundo, siendo lo adquirido derechos asociativos permitidos en la ley inglesa que era la aplicable al encontramos ante un tipo asociativo propio del derecho inglés. También se alegaba que se había dado cumplimiento a toda la información previa requerida por, lo que el contrato es claro y transparentes; que los actores aceptaron este tipo de producto, cuyo funcionamiento conocían perfectamente; que consintieron en someterse a la legislación inglesa y conforme a la figura del fideicomiso "trust" propia de este derecho, habiendo sido informados previamente de los términos y condiciones que aceptaron, añadiendo que el contrato tenía fijada una duración temporal y que su objeto era determinado.

Con estos planteamientos y pretensiones de las partes, resumidamente expuestos, tramitada la litis por los cauces previstos en la L.E.C, la Juez a quo dictó Sentencia el día 21 de diciembre de 2023, en cuya Resolución tras exponer las pretensiones de los litigantes y de forma sucinta los hechos alegados en apoyo de las mismas, a lo que dedica el Fundamento de Derecho Primero, rechazar la falta de legitimación pasiva, de lo que trata en el Fundamento de Derecho Segundo, y preciar al inicio del Fundamento de Derecho Tercero que no procede pronunciamiento alguno respecto de la jurisdicción de los tribunales Españoles en razón a las resoluciones judiciales firmes recaídas en la litis, analiza la Juez a quo en este Fundamento de Derecho Tercero la cuestión relativa a la legislación aplicable, resolviendo al respecto, de conformidad con la normativa aplicable, como la jurisprudencia dimanante de las Sentencias del TJUE de 14 de septiembre de 2023, dictadas en los Asuntos C-632/2021 y C-821/2021, que la Ley aplicable al caso es la Ley Inglesa, si bien a reglón seguido razona que esta Ley no ha sido probada, y en consecuencia procede desestimar la demanda, por cuanto que la aplicación de la lex fori supondría una vulneración del carácter imperativo de las normas de conflicto, y de la nueva jurisprudencia del TJUE, a lo que se añade la inseguridad jurídica que supondría que casos similares sean resueltos de forma diferente según la prueba del derecho y no de los hechos, siendo que el artículo 33 de la LCJI consagra una facultad y no un mandato imperativo.

En definitiva, en el Fallo se resuelve desestimar la demanda, y en virtud de ello absolver a la entidad demandada de los pedimentos de la misma, con imposición a los actores de las costas procesales devengadas.

Frente a esta Sentencia se alzan en apelación los demandantes suplicando su revocación y en su lugar se estime la demanda, previa declaración de que es la Ley Española la aplicable al caso, y conforme a ello se declare la nulidad de ambos contratos, con los efectos suplicados en la demanda, y expresa condena en costas a la demandada; pretensión revocatoria esta a la que se opone la entidad demandada, a la sazón apelada, que interesa la desestimación del recurso y consiguiente confirmación de la Sentencia, con imposición de costas a la parte adversa.

SEGUNDO.-Aducen los recurrentes, en esencia, frente a la decisión de instancia, como primer motivo de apelación que la Juez a quo, amén de errar al concluir que la Ley aplicable a los contratos es la Ley Inglesa, puesto que con arreglo al Reglamento Roma I y la Ley 4 4/2012, así como especialmente a la vistas de las nuevas Sentencias dictadas por el TJUE es la Ley Española, incurre en error al razonar que no se ha probado el derecho inglés, toda vez que los documentos 25 y 26 de la contestación, acreditan la Ley inglesa y su vigencia. Como Segundo argumento de apelación aducen que a la vista de los derechos transmitidos, los contratos objeto de litis son nulos por omisión de contenido mínimo ( artículo 30 Ley 4/2012), y por duración indefinida ( artículos 24 y 30.1.9º de la Ley 4/2012). Como tercer motivo de apelación alegan la competencia judicial internacional de los Tribunales Españoles en virtud del Reglamento Bruselas I BIS, y a la vista de las nuevas Sentencias dictadas por el TJUE. Argumentos de apelación los expuestos de forma resumida, que desarrollan los demandantes recurrentes mediante toda una suerte de extensas alegaciones.

La entidad demandada, al oponerse al recurso, recuerda el acuerdo adoptado por los Magistrados de la Secciones Civiles de la A.P de Málaga, sobre unificación de criterios en la materia litigiosa debatida, amén de exponer consideraciones sobre los argumentos apelantes, y reiterar que los Tribunales Españoles carecen de competencia internacional para enjuiciar la litis, y de hecho suplica, aunque de una forma un tanto confusa, que por la Audiencia se considere que los Tribunales Españoles no tienen jurisdicción al ser ambas partes contratantes nacionales ingleses, y residentes en Inglaterra, que además aceptaron la jurisdicción de los Tribunales ingleses para sus contratos, que se regulan por la Ley inglesa de 2010, al amparo del Reglamento Roma I.

Pues bien, como vemos, tanto en el recurso de apelación formulado por los demandantes, motivo de apelación tercero, como en el escrito de oposición al mismo formulado por la entidad demandada, se vuelve a plantear para ante esta segunda instancia la cuestión relativa a la jurisdicción internacional de los Tribunales españoles para el enjuiciamiento de las cuestiones litigiosas planteadas en esta litis, planteamiento recurrente este que resulta de obligado examen, sin que a ello sea óbice el hecho de que frente al Auto que desestimó la declinatoria de jurisdicción instada por la entidad demanda se interpusiera por esta recurso de reposición y este recurso fuese desestimado, pues como esta Sala tiene ya declarado de forma reiterada, incluso aun cuando no se atacase tal decisión en la instancia mediante el correspondiente recurso legalmente establecido, esto es mediante recurso de reposición, lo que no es el caso como hemos expresado antes, a la vista de lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 416 de la L.E.C, en relación con los artículos 38 y 62 del Texto Procesal, esta Sala de apelación tiene facultad para examinar la jurisdicción, incluso de oficio, pues, entendida como atribución del conocimiento de un asunto a un orden jurisdiccional determinado, tiene carácter de presupuesto procesal para el válido desarrollo de la relación jurídico-procesal, de forma que incluso aun no denunciada su carencia por las partes, su apreciación incumbe al órgano jurisdiccional de oficio y su control no puede negarse al Tribunal superior que tiene la competencia para conocer y resolver los recursos que ante el mismo se interpongan cuando consta claramente su falta ( STC 113/1990, de 18 de junio, FJ 2), viniendo a decir la Sentencia N.º 427/2010 del Tribunal Supremo, de fecha 23 de junio de 2010, recurso 320/2005, que el efecto de cosa juzgada formal de la Resolución del Juez en la que se pronuncia sobre la jurisdicción, debe ceder ante el carácter absoluto de este presupuesto del proceso, de manera que nada impide al órgano superior su análisis cuando conoce del asunto por vía de recurso. Así, dice dicha Sentencia en su Fundamento de Derecho III que "La jurisdicción, como atribución del conocimiento de un asunto a un orden jurisdiccional determinado, tiene carácter de presupuesto procesal para el válido desarrollo de la relación jurídico-procesal, de manera, que aun no denunciada su carencia por las partes, su apreciación incumbe al órgano jurisdiccional de oficio ( SSTS de 18 de julio de 2005, RC n.º 634 / 1999 y de 11 de septiembre de 2009, RC n.º 1997 / 2002 ). Su control no puede negarse al tribunal superior que tiene la competencia para conocer y resolver los recursos que ante el mismo se interpongan, cuando consta claramente su falta ( STC 113/1990, de 18 de junio, FJ 2)".

Y la cuestión, como no puede ser de otra forma, ha de ser examinada por esta Sala, con carácter previo al resto de las cuestiones planteadas, cuyo análisis solo resultará necesario si se estimare que los Tribunales Españoles tienen jurisdicción internacional, y la cuestión planteada ha de serlo, como no puede ser de otra forma, atendiendo a las Sentencias dictadas por el TJUE, a saber la de fecha 14 de septiembre de 2023, Asunto C-632/21, n.º de Resolución: 62021CJ06, que resolvió la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia N.º 2 de Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), mediante Auto de 13 de octubre de 2021, y que se refería a un procedimiento en que eran parte la entidad Diamond Resorts Europe Limited Sucursal en España, Diamond Resorts Spanish Sales, S. L. y Sunterra Tenerife Sales, S. L; y la Sentencia de la misma fecha, 14 de septiembre de 2023, Asunto C-821/21, n.º de Resolución: 62021CJ0821, que resolvió la cuestión prejudicial planteada por el mismo Juzgado de Primera Instancia N.º 2 de Fuengirola (Málaga), que conoce del proceso que nos ocupa, mediante Auto de 3 de diciembre de 2021, y que se refería a un procedimiento en que eran parte Club La Costa (UK) PLC, sucursal en España, CLC Resort Management Ltd, Midmark 2 Ltd, CLC Resort Development Ltd y European Resorts & Hotels, SL.

La parte actora, en el Hecho Previo de la demanda, para fundar la competencia de los Tribunales Españoles, alegaba que Diamond Sucursal es una mercantil española, con personalidad jurídica propia, número de registro español, domicilio social en Mijas Costas y que, además, acoge una de las figuras societarias reguladas en la legislación española: la sociedad limitada. Diamond Sucursal es la empresa filial o sucursal de Diamond Resorts (Europe) Limited. La sucursal es una figura típica en la operatoria societaria que permite el establecimiento de la sociedad en un Estado diferente al propio sin necesidad de crear una nueva sociedad independiente. Tras la creación de la sucursal, ésta deberá ser inscrita en el Estado en que se establezca (artículo 81.1.k) del Reglamento del Registro Mercantil) . Las sucursales inscritas en el Registro Mercantil español serán consideradas como sujetos de derechos y obligaciones. Que los actores son consumidores, y nos encontramos ante un contrato de adhesión, ante todo lo cual la aplicación del foro del domicilio del demandado previsto tanto en el Reglamento Bruselas I bis como en nuestra LOPJ implica que, quien contrata con la sucursal puede demandar en el Estado en el que esté domiciliada la sucursal, siempre que el litigio esté vinculado a la actividad de dicha sucursal. La ratio de esta regla general es coherente con la seguridad del tráfico jurídico, pues es en España donde la sociedad despliega sus negocios y donde asume los riesgos inherentes a los mismos; por tanto, es en territorio español y ante los tribunales españoles donde ha de responder frente a las reclamaciones derivadas de su actividad. Es de aplicación el artículo 18.1 del Reglamento Bruselas I bis, que faculta al consumidor a interponer una acción legal, bien ante los tribunales donde esté domiciliada la parte demandada, bien ante los tribunales del lugar de su propio domicilio. Por tanto, dado que Diamond Sucursal tiene CIF español y domicilio en España, resulta más que probada la competencia de los tribunales españoles para conocer del litigio, más aun considerado que la conexión del mismo con España se hace más patente si se tiene en cuenta que los contratos se firman en España (en concreto, en Las Palmas y Benalmádena y que el objeto del contrato se refiere a complejos turísticos adscritos a Diamond Resorts, la mayoría de ellos situados en España; criterio este que fue confirmado por la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga en el Auto 42/2017.

La parte demandada, alegaba en resumen en el escrito formulando la declinatoria que antes de suscribir los contrato objeto de litis, los actores habían suscrito otros del mismo modelo en 23006, 2011, 2012, y abril de 2013; que son escoceses y residentes en Reino Unido, adquirentes de derechos Asociativos, no de derechos reales, que contratan con una sucursal en España, sin personalidad jurídica, de la misma empresa inglesa Diamond Resorts (Europe) Limited, sucursal en España que fue aperturada por la propia empresa inglesa Diamond Resorts (Europe) Limited, en el año 2012; por lo tanto los contratos se formalizaron con la sucursal en España de una entidad inglesa, filial sin personalidad jurídica, y ello así, de conformidad con los artículos 21.1 y 22 de la L.O.P.J, y los artículos 7.1 y 5, 18, 19 y 25 del Reglamento 1215/2012, y demás normativa citada, resulta que corresponde el conocimiento del pleito planteado a los Tribunales del Reino Unido, por ser los del domicilio de las partes, considerando además que nos encontramos ante derechos obligacionales, de naturaleza personal, y no reales, siendo las partes contratantes, por un lado, ciudadanos británicos y, por otro, empresa británica

Pues bien, esta Sala diverge del criterio judicial de instancia resolutorio de la declinatoria de jurisdicción en su día planteada por la entidad demanda, cambiando así el criterio que ha sido venido manteniendo sobre la materia por esta Audiencia Provincial, ello motivado por las Sentencias de 14 de Septiembre de 2023 dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Asuntos C-632/21 y C 821/21.

La disposición transitoria del Reglamento 1215/2012 -art. 66- establece:

"1. Las disposiciones del presente Reglamento solamente serán aplicables a las acciones judiciales ejercitadas a partir del 10 de enero de 2015, a los documentos públicos formalizados o registrados oficialmente como tales a partir de esa fecha, y a las transacciones judiciales aprobadas o celebradas a partir de dicha fecha.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 80, el Reglamento (CE) no 44/2001 continuará aplicándose a las resoluciones dictadas a raíz de acciones judiciales ejercitadas antes del 10 de enero de 2015, a los documentos públicos formalizados o registrados oficialmente como tales antes de dicha fecha y a las transacciones judiciales aprobadas o celebradas antes de dicha fecha, que se

hallen incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

La demanda rectora de esta litis fue presentada en noviembre del año 2021 y por tanto le es de aplicación el citado Reglamento. Y a los efectos de competencia judicial son relevantes los artículos 17, 18 y 19 del mismo (de contenido similar a los artículos 15, 16 y 17 del reglamento anterior 44/2001, que quedó derogado por el expresado Reglamento 1215/2012, art. 80). Así, el artículo 18.1 establece: "1. La acción entablada por un consumidor contra la otra parte contratante podrá interponerse ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que esté domiciliada dicha parte o, con independencia del domicilio de la otra parte, ante el órgano jurisdiccional del lugar en que esté domiciliado el consumidor".

Esta Audiencia, en supuestos análogos al que nos ocupa rechazaba la cuestión que se planteaba sobre competencia, y declaraba la competencia internacional de los Tribunales Españoles, al figurar en el contrato la sucursal demandada con domicilio en España, con un establecimiento abierto con carácter permanente o por considerar su pertenencia a un grupo de empresas vinculadas. Así los Autos de Pleno de la Sección Cuarta de fecha 3 de septiembre de 2018 (recurso 126/2018), 19 de septiembre de 2018 (recurso 78/2018) y de 25 de septiembre de 2018 (recurso 64/2018).

Precisamente, en el Auto n.º 683/2020 de fecha 4 de diciembre de 2020 (Rollo de Apelación N.º 440/2020), se establecía criterio mantenido en aquellos Autos de Pleno, y así, se decía en esta última Resolución:

<<...se ha de considerar como criterio que, para que, inicialmente, los juzgados españoles sean competentes para conocer de los contratos que se dilucidan en esta litis, se necesita que uno de los contratantes tenga su domicilio social en España. De no ser así, se seguirá manteniendo esa competencia española, dado el carácter de consumidores de los demandantes, si la empresa vendedora tiene sucursal en territorio español. La prueba de dicha circunstancia debe ser irrebatible y acreditada por un documento público fehaciente o preciso del que se pueda deducir, sin ningún género de dudas, que la demandada en territorio español es una sucursal, formal y legalmente, de la vendedora británica. No cabrían conjeturas, pues ello nos abocaría a efectuar elucubraciones que van más allá de lo permitido en una fase formal como es la resolución de una cuestión de declinatoria y se entraría en la cuestión del levantamiento del velo, excluida de esta fase y que afecta al fondo del asunto>>.

Con base a dicho criterio, que era el mantenido por las Secciones 4ª y 5ª de la Audiencia Provincial de Málaga a la fecha de resolución de la declinatoria, se resolvió en la Instancia, sobre la competencia de los Tribunales Españoles para enjuiciar la litis.

No obstante lo expuesto, y como se ha dicho, forzoso es cambiar de criterio, ello motivado por el dictado de dos Sentencias de la Sala 1 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ambas de fecha 14 de septiembre de 2023, en los asuntos C-632/21 y 821/21, sobre petición de decisión prejudicial planteada de conformidad con el artículo 267 del TFUE, promovidas por el Juzgado de Primera Instancia N.º 2 de Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), y por el Juzgado de Primera Instancia N.º 2 de Fuengirola (Málaga), en relación a la competencia judicial y ley aplicable en contratos celebrados por los consumidores relativos a derechos de aprovechamiento por turnos de viviendas turísticas mediante sistema de puntos. Y este cambio de criterio ya ha sido plasmado en numerosas Sentencias dictadas por esta Audiencia Provincial, incluida esta Sección Sexta.

A la vista del contenido de las citadas Sentencias, que sin duda conocen las Defensas Letradas de las partes en litigio, ha de tenerse en cuenta, en primer lugar, la primacía del Derecho Comunitario y de la jurisprudencia de los Tribunales de la Unión Europea. Así, el Tribunal de Justicia de la Unión

Europea, en la Sentencia de 9 de septiembre de 2021, ha recordado la primacía del derecho de la Unión y de su jurisprudencia sobre la normativa y jurisprudencia de los Estados miembros, diciendo:

<< 45. Procede recordar que, en virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión, cuando no resulte posible interpretar la normativa nacional conforme a las exigencias del Derecho de la Unión, el juez nacional encargado de aplicar, en el ámbito de su competencia, las disposiciones del

Derecho de la Unión tendrá la obligación de garantizar la plena eficacia de tales disposiciones, dejando inaplicada si fuera necesario, y por su propia iniciativa, cualquier disposición contraria de la legislación nacional, aun posterior, sin que deba solicitar o esperar su previa eliminación por vía legislativa o mediante cualquier otro procedimiento constitucional ( sentencia de 24 de junio de 2019, Poplawski, C-573/17 , EU:C:2019:530 , apartado 58 y jurisprudencia citada).

46. A este respecto, el juez nacional que haya ejercido la facultad que le otorga el artículo 267 TFUE , párrafo segundo, está vinculado, a la hora de resolver el litigio principal, por la interpretación de las disposiciones de que se trate realizada por el Tribunal de Justicia y debe, en su caso, dejar de lado las valoraciones de un órgano jurisdiccional superior si, habida cuenta de la

antedicha interpretación, estima que las referidas valoraciones no son compatibles con el Derecho de la Unión ( sentencia de 5 de octubre de 2010, Elchinov, C-173/09 , EU:C:2010:581 , apartado 30)>>.

En segundo término, también nuestra LOPJ en su artículo 4 bis impone dicha obligación: "Los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

En el concreto caso que se está analizando (aplicación e interpretación de las reglas para determinar la competencia judicial internacional), ha de estarse a lo establecido en la Sentencia del TJUE de fecha 14 de septiembre de 2023 en el asunto 821/21, que resuelve la petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia N.º 2 de Fuengirola (Málaga). Dicha resolución establece:

<<42 Procede recordar asimismo que las reglas para determinar la competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores, que figuran en los artículos 17 a 19 del Reglamento Bruselas I bis, permiten que el consumidor elija entre ejercitar la acción ante los tribunales del lugar donde tenga su domicilio o ante aquellos del Estado miembro en el que esté domiciliada la otra parte contratante (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de marzo de 2020, Primera Air Scandinavia, C-215/18 , EU:C:2020:235 , apartado 54).

43 Estas reglas tienen como función garantizar una protección adecuada al consumidor en cuanto parte del contrato que se considera económicamente más débil y jurídicamente menos experta que su desistir de hacer valer sus derechos judicialmente por estar obligado a ejercitar su acción ante los tribunales del Estado en el que su cocontratante tiene su domicilio (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de enero de 2005, Gruber, C-464/01 , EU:C:2005:32 , apartado 34 y jurisprudencia citada).

44 A este respecto, el artículo 17 del Reglamento Bruselas I bis supedita la aplicación de las mencionadas reglas al requisito de que el contrato haya sido celebrado por el consumidor para un uso que pueda considerarse ajeno a su actividad profesional con una persona que ejerza actividades comerciales o profesionales en el Estado miembro del domicilio del consumidor o, por

cualquier medio, dirija tales actividades a dicho Estado miembro o a varios Estados miembros, incluido este último, y el referido contrato esté comprendido en el marco de esas actividades.

45 En la medida en que las mismas reglas constituyen una excepción tanto a la regla general de competencia establecida en el artículo 4, apartado 1, del mencionado Reglamento, que atribuye la competencia a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que esté domiciliado el demandado, como a la regla de competencia especial en materia contractual, contenida en el artículo 7, apartado 1, del mismo Reglamento, han de ser necesariamente objeto de una interpretación estricta, que no puede ir más allá de los supuestos contemplados en ellas (véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de mayo de 2019, Kerr, C-25/18 , EU:C:2019:376 , apartado 22, y de 26 de marzo de 2020, Primera Air Scandinavia, C-215/18 , EU:C:2020:235 , apartado 55 y jurisprudencia citada).

46 Además, los conceptos utilizados en el Reglamento Bruselas I bis y, en particular, los que figuran en el artículo 18, apartado 1, de este deben interpretarse de forma autónoma, principalmente con referencia al sistema y a los objetivos de dicho Reglamento, para garantizar su aplicación uniforme en todos los Estados miembros ( sentencia de 28 de enero de 2015 , Kolassa, C-

375/13, EU:C:2015:37 , apartado 22).

47 En el caso de autos, la pregunta del órgano jurisdiccional remitente versa sobre si puede considerarse que concurren los requisitos mencionados en el apartado 44 de la presente sentencia con respecto a una persona que, pese a ser ajena al contrato celebrado por el consumidor en cuestión, esté vinculada a este último de otro modo.

48 A este respecto, para la aplicación de las reglas de competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores, que figuran en los artículos 17 a 19 del Reglamento Bruselas I bis, es determinante que las partes del litigio sean también las partes del contrato de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de marzo de 2020, Primera Air Scandinavia, C- 215/18 , EU:C:2020:235 , apartado 58).

49 Dichos artículos 17 a 19 hacen referencia expresamente a los «contratos celebrados por [...] el consumidor», al «cocontratante del consumidor», a «la otra parte contratante» del contrato celebrado por el consumidor o incluso a los acuerdos atributivos de competencia celebrados «entre un consumidor y su cocontratante» (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de marzo de 2020, Primera Air Scandinavia, C-215/18 , EU:C:2020:235 , apartado 59).

50 Estas referencias abogan por una interpretación según la cual, a efectos de la aplicación de los mencionados artículos 17 a 19, la demanda formulada por un consumidor solo puede estar dirigida contra su cocontratante (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de marzo de 2020 ,

Primera Air Scandinavia, C-215/18 , EU:C:2020:235 , apartado 60).

51 Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que las reglas sobre competencia establecidas en materia de contratos celebrados por los consumidores en el artículo 18, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis se aplican, con arreglo al tenor de este artículo, solo a la acción entablada por el consumidor contra la otra parte contratante, lo que implica necesariamente la conclusión de un contrato por parte del consumidor con el profesional demandado (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de marzo de 2020, Primera Air Scandinavia, C-215/18 , EU:C:2020:235 , apartado 61 y jurisprudencia citada).

52 Una interpretación según la cual las reglas de competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores, establecidas en los artículos 17 a 19 del Reglamento Bruselas I bis, se aplicasen también en una situación en la que no existe un contrato entre el consumidor y el profesional no sería conforme con el objetivo, expuesto en el considerando 15 de dicho Reglamento, de garantizar un alto grado de previsibilidad en cuanto a la atribución de competencia (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de marzo de 2020, Primera Air Scandinavia, C-215/18 , EU:C:2020:235 , apartado 62).

53 En efecto, la posibilidad de que el consumidor demande al profesional ante el tribunal en cuya demarcación se encuentra el domicilio de dicho consumidor queda compensada por la exigencia de que exista un contrato entre ellos, del que se deriva esa previsibilidad para el demandado (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de marzo de 2020, Primera Air Scandinavia, C-215/18 , EU:C:2020:235 , apartado 63).

54 Además, aunque el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el concepto de «otra parte contratante», utilizado en el artículo 18, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, debe interpretarse en el sentido de que designa igualmente al cocontratante del operador con el que el consumidor haya celebrado dicho contrato y que tenga su domicilio social en el Estado miembro del domicilio de ese consumidor ( sentencia de 14 de noviembre de 2013, Maletic, C-478/12 , EU:C:2013:735 , apartado 32), tal interpretación se basaba, sin embargo, en circunstancias concretas en las que el consumidor estaba de antemano vinculado contractualmente, de modo indisociable, a dos cocontratantes ( sentencia de 26 de marzo de 2020, Primera Air Scandinavia, C-215/18 , EU:C:2020:235 , apartado 64 y jurisprudencia citada).

55 En el presente caso, del auto de remisión se desprende que el contrato controvertido, cuya nulidad solicita el demandante en el litigio principal, se celebró con una única sociedad, a saber, Club La Costa, siendo las demás sociedades demandadas en el litigio principal partes en otros contratos celebrados con dicho demandante, de modo que no están comprendidas en el concepto de «otra parte contratante», en el sentido del artículo 18, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis.

56 Por lo que respecta a la cuestión del órgano jurisdiccional remitente relativa a la incidencia del hecho de que la «otra parte contratante» pertenezca a un grupo de sociedades en la existencia de una competencia judicial con arreglo a las disposiciones del Reglamento Bruselas I bis referentes a la competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores, procede señalar que, a excepción del artículo 17, apartado 2, de dicho Reglamento, que establece un criterio de conexión alternativo cuando el cocontratante del consumidor no está domiciliado en un Estado miembro, pero posee una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en un Estado miembro, los artículos 17 a 19 del mencionado Reglamento no contienen ningún elemento que permita considerar que exista un criterio de conexión basado en la pertenencia a un grupo de sociedades.

57 Además, una interpretación de estos artículos 17 a 19 que permitiera tener en cuenta la pertenencia del cocontratante de un consumidor a un grupo de sociedades autorizando a dicho consumidor a ejercitar una acción ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que esté domiciliada cada sociedad perteneciente a ese grupo sería manifiestamente contraria a los objetivos de previsibilidad de las reglas de competencia previstas por el Reglamento Bruselas I bis y sería, por tanto, incompatible con el principio de seguridad jurídica.

58 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que el artículo 18, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis debe interpretarse en el sentido de que la expresión «otra parte contratante», que se utiliza en dicha disposición, debe entenderse referida únicamente a la persona, física o jurídica, parte en el contrato en cuestión y no a otras personas, ajenas a tal contrato, aun cuando estén vinculadas a esa persona.

59 Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 63, apartados 1 y 2, del Reglamento Bruselas I bis debe interpretarse en el sentido de que la determinación, con arreglo a esta disposición, del domicilio de «la otra parte contratante», en el sentido del artículo 18, apartado 1, de dicho Reglamento, limita la elección que puede efectuar el consumidor en virtud del referido artículo 18, apartado 1. Por otra parte, se pregunta sobre la carga de la prueba a efectos de la determinación de ese domicilio.

60 Con carácter preliminar, procede subrayar que, a diferencia del domicilio de las personas físicas, en relación con el cual el artículo 62 del Reglamento Bruselas I bis indica expresamente que debe determinarse a la luz de la ley nacional del juez que conoce del asunto, la determinación del domicilio de las sociedades y de las personas jurídicas se efectúa, a falta de tal precisión, según una interpretación autónoma del Derecho de la Unión.

61 En efecto, del considerando 15 del citado Reglamento se desprende que, respecto de las personas jurídicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma para incrementar la transparencia de las normas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción.

62 Así, el artículo 63, apartado 1, letras a) a c), del antedicho Reglamento establece tres criterios que permiten situar el domicilio de la sociedades y las personas jurídicas, a saber, el lugar en que se encuentra su sede estatutaria, su administración central o su centro de actividad principal.

63 Dado que el mencionado artículo 63 no establece ninguna jerarquía entre esos tres criterios, corresponde al consumidor elegir entre ellos para determinar el órgano jurisdiccional competente de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis.

64 En razón del objetivo perseguido por las reglas para determinar la competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores previstas por dicho Reglamento, tal como se ha recordado en el apartado 43 de la presente sentencia, consistente en garantizar una protección adecuada al consumidor en cuanto parte del contrato que se considera económicamente más débil y jurídicamente menos experta, no puede estimarse que la determinación del lugar del domicilio de las sociedades y de las personas jurídicas en virtud del artículo 63 del mencionado Reglamento constituya una limitación de los dos foros competentes ofrecidos al consumidor con arreglo al artículo 18, apartado 1, del mismo Reglamento.

65 Además, por lo que atañe al concepto de «sede estatutaria» contemplado en el artículo 63, apartado 1, letra a), del Reglamento Bruselas I bis, el apartado 2 de dicho artículo aporta precisiones relativas a este concepto, a saber, que, respecto a Irlanda, Chipre y el Reino Unido, debe entenderse por «sede estatutaria» la registered office o, en su defecto, la place of incorporation (lugar de constitución), o, a falta de tal lugar, el lugar conforme a cuya legislación se haya efectuado la formation (creación) de la sociedad o persona jurídica.

66 Habida cuenta de que debe considerarse que el artículo 63 del Reglamento Bruselas I bis proporciona una definición autónoma del lugar del domicilio de las sociedades y de las personas jurídicas, con el fin de incrementar la transparencia de las normas comunes y de garantizar su aplicación uniforme en todos los Estados miembros, tampoco puede admitirse que las precisiones enunciadas en dicho artículo 63, apartado 2, constituyan únicamente meras presunciones de hecho susceptibles de ser desvirtuadas mediante prueba en contrario, so pena de menoscabar el objetivo de previsibilidad de las reglas de competencia previstas en el mencionado Reglamento.

67 A la vista de lo anterior, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 63, apartados 1 y 2, del Reglamento Bruselas I bis debe interpretarse en el sentido de que la determinación, con arreglo a esta disposición, del domicilio de la «otra parte contratante», en el sentido del artículo 18, apartado 1, de dicho Reglamento, no constituye una limitación de la elección que puede efectuar el consumidor en virtud del referido artículo 18, apartado 1. A este respecto, las precisiones proporcionadas en el artículo 63, apartado 2, del mencionado Reglamento sobre el concepto de «sede estatutaria» constituyen definiciones autónomas >>.

Atendiendo a lo expuesto, interpretando la citada Resolución, hemos de concluir que unos contratos como los de autos son contratos internacionales de consumo y, en este caso, en que los contratos datan de 2013 y 2014, habiendo sido interpuesta la demanda en el año 2021, como ya se ha dicho, quedan sujetos a lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 19 del Reglamento 1215/2012. Tales reglas de competencia se fundan, con carácter general, en el criterio de atribución de la competencia del domicilio de la parte demandada, principal criterio de conexión, estableciéndose además un criterio de conexión alternativo cuando se trata de contratos celebrados con consumidores, atribuyendo a éstos la facultad de elegir entre el fuero del domicilio general (parte demandada) y el fuero de su domicilio (domicilio consumidor). Para determinar el domicilio de la parte demandada, la Sentencia del TJUE parcialmente transcrita establece que "es determinante que las partes del litigio sean también las partes del contrato de que se trate" y "solo puede ir dirigida contra su contratante".

Pues bien, en el presente caso, los demandante son nacionales ingleses y con domicilio en Inglaterra, figurando como contratante en el contrato de 2013 la Sucursal en España de Diamond Resorts (Europe) Limited (documento 5 de la demanda), y en el contrato de 2014 (documento 6 de la demanda, igualmente la Sucursal en España de Diamond Resorts (Europe) Limited. Conforme a los parágrafos 54, 56 y 57 de la Sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2023 (Asunto 821/21), que resuelve la petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia N.º 2 de Fuengirola, antes transcritos, salvo que la otra parte contratante no esté domiciliada en un Estado miembro, el hecho de pertenecer bien la entidad agente de ventas en España, bien la entidad vendedora o terceras entidades que figuran en el contrato como administradoras o gestoras, a un grupo de sociedades participadas, no autoriza al consumidor a ejercitar su acción ante los órganos jurisdicciones en que esté domiciliada cada sociedad a su exclusiva elección, pues tal posibilidad "sería manifiestamente contraria a los objetivos de previsibilidad de las reglas de competencia previstas por el Reglamento Bruselas I bis, y por tanto incompatible con el principio de seguridad jurídica".

Fijados pues los límites y la interpretación de la expresión y sentido "de la otra parte contratante" (limitándose tal concepto a la persona, física o jurídica, parte en los contratos en cuestión y no a otras personas, ajenas a los contratos, aún cuando estén vinculadas), ha de considerarse que la parte realmente contratante es pues la entidad Diamond Resort (Europe) Limited, sociedad británica con domicilio en Citrus House Caton Road Lancaster (Inglaterra), inscrita en el Registro de Sociedades bajo el nº 02353649, siendo que para la determinación de su domicilio a efectos competenciales ha de estarse a lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento 1215/2012, esto es, solo será competente el del Estado miembro donde se encuentre el lugar de su sede estatutaria, su administración central o su centro de actividad principal, con las especialidades establecidas para Irlanda, Chipre y Reino Unido, por lo que en el caso que nos ocupa el domicilio de la sucursal demandada de la parte contratante no opera como criterio de atribución de competencia, ni estamos en presencia de un litigio cuyo objeto esté directamente y exclusivamente relacionado con la explotación de dicha sucursal, por lo que tampoco es de aplicación lo dispuesto en el artículo 7.5 de la citada norma comunitaria.

Por lo expuesto, procede declarar la falta de competencia internacional de los Tribunales españoles para el conocimiento del asunto tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Fuengirola, Juicio Ordinario N.º 1.814/2021, quedando así desestimado el planteamiento apelante, absteniéndonos de su conocimiento, deviniendo en consecuencia nulas las actuaciones de primera instancia practicadas con posterioridad a la resolución desestimatoria de la declinatoria de jurisdicción ( artículo 238.1 de la LOPJ) , lo cual releva a la Sala de examinar el hilo argumental recurrente relativo a la Ley aplicable al caso, y obligatoriedad de aplicar la Ley Española pese a haber sido acreditada la Ley Inglesa, así como del relativo a la naturaleza de los derechos transmitidos, pues son estas cuestiones baladíes una vez declarada la falta de jurisdicción internacional de los Tribunales Españoles para enjuiciar el procedimiento.

TERCERO.-La apreciación de la falta de competencia internacional de los Tribunales españoles para el conocimiento del asunto tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Fuengirola, Juicio Ordinario N.º 1.814/2021, y consiguiente nulidad de lo actuado tras el dictado de los Autos recaídos en resolución de la declinatoria, incluida la Sentencia dictada, impone la necesidad de examinar la cuestión relativa a las costas procesales de la primera instancia, costas que habrían de ser impuestas a los actores de conformidad con el artículo 394.1 de a L.E.C; no obstante lo cual, no vamos a hacer especial imposición a ninguno de los litigantes, en base a la excepción a la regla general de imposición de costas al litigante vencido que contempla el citado precepto, es decir por apreciar dudas de derecho en relación con la cuestión examinada, habiendo sido el TJUE el que finalmente ha tenido que resolver las dudas en la interpretación del derecho objeto de aplicación a los efectos de determinar la competencia judicial en casos como el presente.

CUARTO.-En cuanto a las costas de esta alzada, aun desestimado en definitiva el recurso, de conformidad con los artículos 398.1, y 394.1, ambos de la L.E.C, no son objeto de especial imposición a ninguno de los litigantes dado concurrir dudas de derecho.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso,