Sentencia Civil 82/2025 Audiencia Provincial Civil de Sevilla nº 6, Rec. 11036/2021 de 06 de marzo del 2025

PRIMERO.-El actor don Pablo reclama en su demanda la suma de 91.453,31 euros en la que valora los daños y perjuicios personales sufridos como consecuencia de los hechos acaecidos el día 17 de octubre de 2017 sobre las 23:00 horas en el parque situado en la calle Padre Pío de Sevilla, siendo atacado por un perro de raza Pitbull, propiedad del codemandado don Ildefonso que iba con el perro sin que éste llevase cadena ni bozal, abalanzándose sobre el acorto y propinándole un mordisco en la mano derecho que causó las siguientes lesiones:. El propietario del animal tenía concertado seguro de responsabilidad civil con la codemandada MAPFRE ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (en adelante MAPFRE).

El demandado señor Ildefonso se opuso argumentando que paseaba a su perro provisto de la cadena reglamentaria aunque sin bozal, cuando se disponía a entrar en el parque colindante con dicha vía, el perro del demandante, (cruce de mastín y pastor alemán y por tanto asimismo potencialmente peligroso conforme al anexo I del RD 287/02), el cual marchaba suelto y sin collar, se abalanzó sobre el suyo, iniciándose una pelea entre ambos animales, resultando imposible determinar cuál de los dos animales fue el que propinó el mordisco que causó las lesiones al actor, a consecuencia de la confusión creada en la que ambos perros se enzarzaron en una disputa con ladridos, mordiscos y gruñidos, entendiendo que se había producido culpa exclusiva de la víctima o al menos concurrencia de culpas.

MAPFRE se opuso en su contestación a la demanda al considerar que dicha parte carecería de responsabilidad sobre los hechos, con base en la exclusión de garantías contenida en el artículo 23 de la póliza que vincula a dicha litigante con el codemandado Sr. Ildefonso, referida a los supuestos en que los daños tengan su origen en la infracción o incumplimiento voluntario de normas de derecho positivo por parte del asegurado, efectuándose referencia expresa al contenido del artículo 73 LCS 50/80, a fin de justificar el amparo legal de dicha limitación de responsabilidad.

Por lo que se refiere a los hechos litigiosos, se considera que existen versiones contradictorias entre las partes, que impedirían la obtención de una conclusión objetiva sobre el modo de producción del siniestro, y se impugna el importe de 45.000 €, reclamado por la demandante en concepto de daño moral, por no considerarlo ajustado a la edad del actor ni a la afectación de su calidad de vida. Asimismo se impugna la cantidad reclamada en concepto de lucro cesante, al considerarse inacreditada la cuantía supuestamente dejada de percibir por el actor como consecuencia del siniestro.

La sentencia estimó parcialmente la demanda y en lo que a este recurso interesa realizó las siguientes consideraciones:

a) Que si bien el codemandado sr. Ildefonso incumplió su deber de diligencia previsto tanto con carácter general por el artículo 1.104 C.C ., como con carácter particular y específico por el artículo 8 del RD 287/02 , que desarrolla la Ley 50/99 sobre Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y que obliga a los propietarios de dichos animales a llevarlos sujetos por su correa y provistos de bozal cuando se encuentren en lugares públicos, no es menos cierto que el demandante sr Pablo, cuyo perro reviste una complexión que asimismo lo haría encuadrable como potencialmente peligroso conforme a lo dispuesto por el artículo 2.1 b del citado Real Decreto , debido a su complexión física y a las características de las razas predominantes en dicho animal, también incumplió sus deberes de diligencia, al no asegurarse de que su perro se encontrara convenientemente sujeto y portando bozal al adentrarse en un espacio público, de modo que ambos propietarios concurrieron de un modo equivalente a la generación del suceso lesivo, resultando debido únicamente a la casualidad, que el único lesionado como consecuencia del incidente, fuera el demandante, y procediendo en consecuencia la moderación en un 50% de la cantidad que se considere ajustada a derecho en relación a la pretensión ejercida por el actor.

b) no existiendo prueba contradictoria sobre el particular, se aceptarán las conclusiones contenidas en el informe de sanidad forense unido al bloque documental de la demanda, en orden al alcance de las lesiones sufridas por el demandante así como de sus secuelas, si bien en ejercicio de la facultad moderadora que el artículo 1.103 C.C . concede al Juzgador en la valoración de los daños y perjuicios derivados de la culpa o negligencia, se reducirá la cantidad reclamada en concepto de pérdida de calidad de vida hasta el importe de 5.000 €, habida cuenta de que los medios de prueba aportados al procedimiento, entre los que no se acompaña resolución administrativa alguna relativa a la existencia de algún tipo de invalidez de carácter permanente en el actor, tan sólo permiten considerar que la pérdida de calidad de vida del sr. Pablo derivada de sus secuelas, revestiría carácter leve de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108.5 del baremo de indemnizaciones anexo a la Ley 31/15 , de aplicación únicamente analógica al supuesto de Autos, todo ello atendiendo al contenido de la horquilla de valoraciones contenida en la tabla 2.b de dicho texto normativo.

c) Por lo que se refiere a la cantidad relativa lucro cesante, resultando la documental aportada al procedimiento, netamente insuficiente para conocer los ingresos del actor previos al siniestro, se desestimará la mencionada partida, al no contar el importe reclamado con acreditación objetiva.

d) No aplicó respecto del cálculo de intereses lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) ante la grave desproporción existente entre la cantidad reclamada por el actor y la considerada ajustada a Derecho.

Contra esta sentencia se interpone recurso por la parte demandante.

SEGUNDO.-Sostiene como primer motivo de impugnación de la sentencia el error cometido por el juzgador de instancia al valorar la prueba practicada, al apreciar la concurrencia de culpas entre la conducta del demandado y la del actor.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC) "en virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal y conforme a la prueba que, en los casos previstos en esta Ley, se practique ante el tribunal de apelación". Esta regulación legal del recurso determina, según tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 30 de noviembre de 2011 que "el recurso de apelación que abre la segunda instancia es una revisio prioris instantiae [revisión de la primera instancia] que, permite un nuevo examen completo de la cuestión litigiosa ( SSTS 5 de mayo de 1997; 13 de octubre de 2010; 20 de octubre de 2010 y STC 3/1996, de 15 de enero )".

Este tribunal discrepa en cuanto a la concurrencia de culpa alguna en la víctima, que la sentencia apelada encontró en el hecho de que el demandante incumplió sus deberes de diligencia, al no asegurarse de que su perro se encontrara convenientemente sujeto y portando bozal al adentrarse en un espacio público.

Como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2022 "El art. 1905 del CC hace responsable al poseedor del animal o al que se sirve de él, a responder de los daños que causase, aunque se le escape o extravíe. Es una responsabilidad que deriva del daño que pueda producir un animal y el comportamiento de éste constituye el título de imputación del daño. El fin de protección de la norma alcanza al animal que se escapa o extravía. No se responde cuando el daño no proviene del riesgo derivado de la tenencia o utilización del animal, sino de una causa ajena como fuerza mayor o culpa de la víctima, en este caso inexistentes. La responsabilidad de .... resulta de su condición de dueña del animal, cuya posesión derivada de su titularidad dominical ostentaba aunque no en el concreto momento de producirse los hechos ( sentencias 228/1983, de 28 de abril; 577/1991, de 18 de julio y 1022/2004, de 20 de noviembre)".

Por su parte, la sentencia de 20 de diciembre de 2007 que admite la posibilidad de apreciar la concurrencia de culpa en la víctima, sin ambargo atribuye la carga de la prueba de que la conducta del perjudicado interfirió en la relación causal.

Así afirma literalmente:

"En este sentido ha de partirse del contenido del artículo 1905 del Código Civil , que establece la obligación de reparar el daño causado por animales, atribuyendo dicha responsabilidad al poseedor del animal o a quien se sirva de él. El precepto dice literalmente: "El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese exigido".

La jurisprudencia ha destacado el carácter objetivo de esta responsabilidad, basada en el riesgo consustancial a la tenencia o a la utilización en propio provecho de los animales, la cual exige tan sólo una casualidad material, estableciendo la presunción de culpabilidad del poseedor del animal o de quien se sirve del mismo por su mera tenencia o utilización, con la única exoneración de los casos de fuerza mayor o de culpa del perjudicado. La Sentencia de 29 de mayo de 2003 expresa la doctrina, a su vez recogida en la de fecha 12 de abril de 2000, en los siguientes términos: "Con precedentes romanos (actio de pauperie), nuestro Derecho Histórico se preocupó de la cuestión en forma bien precisada, y así el Fuero Real (Libro IV, Título IV, Ley XX) obligaba al dueño de animales mansos (que incluía a los perros domésticos) a indemnizar los daños causados. La Partida VII, Título XV, Leyes XXI a XXIII, imponía a los propietarios de los animales feroces el deber de tenerlos bien guardados, y la indemnización incluía el lucro cesante. El Código Civil español no distingue la clase de animales, y su artículo 1905 , como tiene establecido la jurisprudencia de esta Sala, constituye uno de los escasos supuestos claros de responsabilidad objetiva admitidos en nuestro Ordenamiento Jurídico ( Ss de 3-4-1957, 26-1-1972, 15-3-1982, 31-12-1992 y 10-7-1996), al proceder del comportamiento agresivo del animal que se traduce en la causación de efectivos daños, exigiendo el precepto sólo causalidad material".

Esta imputación objetiva de la responsabilidad, derivada de la posesión o utilización del animal, desplaza hacia quien quiere exonerase de ella la carga de acreditar que el curso causal se vio interferido por la culpa del perjudicado, que se erige de ese modo en causa eficiente y adecuada del resultado lesivo producido, eliminado la atribución de éste, conforme a criterios objetivos de imputación, al poseedor del animal o a quien se sirve de él. La presencia de la culpa de la víctima sitúa la cuestión de la atribución de la responsabilidad en el marco de la causalidad jurídica, presupuesto previo al de la imputación subjetiva, que exige la constatación de una actividad con relevancia causal en la producción del daño, apreciada con arreglo a criterios de adecuación o de eficiencia, e implica realizar un juicio de valor para determinar si el resultado dañoso producido es objetivamente atribuible al agente como consecuencia de su conducta o actividad, en función de las obligaciones correspondientes al mismo, contractuales o extracontractuales, y de la previsibilidad del resultado lesivo con arreglo a las reglas de la experiencia, entre otros criterios de imputabilidad admitidos, como los relacionados con el riesgo permitido, riesgos de la vida, competencia de la víctima, o ámbito de protección de la norma ( Sentencia de 7 de junio de 2006, que cita las de 21 de octubre de 2005, 2 y 5 de enero, y 9 de marzo de 2006).

De la prueba practicada no puede considerarse probado que el perro del lesionado no fuera conducido con una mecanismo de sujeción, antes al contrario, el único testigo que declara en el acto del juicio afirma lo contrario, pero además de haberse acreditado, no podría entenderse que este hecho influyera de manera determinante en el curso causal de las lesiones, que son únicamente imputables al demandado, que portaba a un animal de raza potencialmente peligrosa, sin los mecanismos de sujeción y sin bozal, tal y como exige la normativa expuesta por el juzgado de instancia..

Por tanto, en atención a los razonamientos anteriores, procede acoger el motivo del recurso y considerar al demandado responsable de la totalidad de las lesionas sufridas por al actor.

TERCERO.-En cuanto a la indemnización por pérdida de calidad de vida, se reclamaba por el actor la suma de 45.000 €, habiendo concedido la sentencia una indemnización de 5.000 € con el argumento de no existir una resolución administrativa que declarase alguna delas clases de incapacidad permanente previstas en la legislación de la Seguridad Social.

El artículo 108 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, establece que:

"1. El perjuicio por pérdida de calidad de vida puede ser muy grave, grave, moderado o leve.

2. El perjuicio muy grave es aquél en el que el lesionado pierde su autonomía personal para realizar la casi totalidad de actividades esenciales en el desarrollo de la vida ordinaria.

3. El perjuicio grave es aquél en el que el lesionado pierde su autonomía personal para realizar algunas de las actividades esenciales en el desarrollo de la vida ordinaria o la mayor parte de sus actividades específicas de desarrollo personal. El perjuicio moral por la pérdida de toda posibilidad de realizar una actividad laboral o profesional también se considera perjuicio grave.

4. El perjuicio moderado es aquél en el que el lesionado pierde la posibilidad de llevar a cabo una parte relevante de sus actividades específicas de desarrollo personal. El perjuicio moral por la pérdida de la actividad laboral o profesional que se venía ejerciendo también se considera perjuicio moderado.

5. El perjuicio leve es aquél en el que el lesionado con secuelas de más de seis puntos pierde la posibilidad de llevar a cabo actividades específicas que tengan especial trascendencia en su desarrollo personal. El perjuicio moral por la limitación o pérdida parcial de la actividad laboral o profesional que se venía ejerciendo se considera perjuicio leve con independencia del número de puntos que se otorguen a las secuelas.

Por su parte el artículo 109 respecto de la medición del perjuicio instaura las siguientes reglas:

"1. Cada uno de los grados del perjuicio se cuantifica mediante una horquilla indemnizatoria que establece un mínimo y un máximo expresado en euros.

2. Los parámetros para la determinación de la cuantía del perjuicio son la importancia y el número de las actividades afectadas y la edad del lesionado que expresa la previsible duración del perjuicio.

3. El máximo de la horquilla correspondiente a cada grado de perjuicio es superior al mínimo asignado al perjuicio del grado de mayor gravedad precedente."

Ambos preceptos revelan que no se hace depender para la fijación de la indemnización por este concepto de la declaración administrativa de incapacidad, en el presente supuesto el imparcial informe del médico forense que depuso en el acto del juicio, pone de manifiesto las graves lesiones que sufrió el demandante, qu puestas en relación con su profesión habitual de camarero, determinaron la incapacidad de éste para seguir desarrollando tal profesión por lo que este tribunal considera muy exigua la indemnización concedida, teniendo en cuenta las limitaciones a que hemos hecho referencia y la edad del lesionado (30 años), por lo que atendiendo a los criterios legales ya referidos habrá de fijarse la indemnización más cerca del grado medio de la horquilla, esto es en la suma de 15.000 €.

CUARTO.-Respecto del lucro cesante, el actor no señala en su demanda, ni al tiempo de interponer el recurso de apelación, cual sea el fundamento de su petición, si era debido a una disminución parcial de ingresos en el ejercicio de su trabajo o actividad habitual (parcial); o por el lucro cesante sufrido como consecuencia de las lesiones temporales y durante dicho periodo; o por su incapacidad permanente total para la realización de su trabajo habitual, con base en lo establecido en el art. 129 b) del citado Real Decreto Legislativo, según la reforma operada por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre.

Ello impide a este tribunal fijar indemnización alguna por tal concepto, más aún cuando no se acreditan por el actor cuales fueran los ingresos que obtuvo durante el período de incapacidad temporal por probables prestaciones de la seguridad social, cuando aunque no claramente, parece inferirse que reclama por tal diferencia.

Por tanto, en atención a lo expuesto, la indemnización que deberán abonar ambos demandados se fija en la cantidad total de 43.876,31 €, con el siguiente desglose:

10.768'64 euros por 358 días de perjuicio personal básico; 1.127'85 euros por de 15 días de perjuicio personal grave, 6.553,08 € por secuelas funcionales, 7.626,74 €, 2.800 € como valor de las 2 intervenciones quirúrgicas a que deberá ser sometido el demandante en el futuro, más 15.000 € en concepto de perjuicio moral por pérdida de calidad de vida

QUINTO.- Intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro .

La cantidad a cuyo pago se condena devengará respecto de la aseguradora los intereses previstos en la norma citada, pues tal y como se desprende de la jurisprudencia dictada sobre el mismo por la Sala I del Tribunal Supremo, según la cual (Sentencia de 25 de Enero del 2012, recurso: 455/2008) "el recargo de los intereses por mora del asegurador tiene lugar cuando no se produce el pago de la indemnización por causa no justificada o imputable a la aseguradora. En su interpretación, tanto en su primitiva redacción, como en el texto vigente dado por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, esta Sala ha declarado en reiteradas ocasiones que la indemnización establecida en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro tiene desde su génesis un marcado carácter sancionador y una finalidad claramente preventiva, en la medida en que sirve de acicate y estímulo para el cumplimiento de la obligación principal que pesa sobre el asegurador, cual es la del oportuno pago de la correspondiente indemnización capaz de proporcionar la restitución íntegra del derecho o interés legítimo del perjudicado. La mora de la aseguradora únicamente desaparece cuando de las circunstancias concurrentes en el siniestro o del texto de la póliza surge una incertidumbre sobre la cobertura del seguro que hace precisa la intervención del órgano jurisdiccional ante la discrepancia existente entre las partes al respecto, en tanto dicha incertidumbre no resulta despejada por la resolución judicial, nada de lo cual se da en el caso ( SSTS 13 de junio de 2007 ; 26 de mayo y 20 de septiembre 2011 )".

Sobre la incertidumbre también ha declarado la Sala que no la integra la mera discrepancia en las cuantías reclamadas. ( Sentencia 17 de mayo de 2012, rec. 1427/2009).

Por ello, las cantidades a cuyo pago se condena a la aseguradora, serán incrementadas con los intereses establecidos en el artículo 20 LCS desde la fecha del hecho causante de las lesiones.

SEXTO.-Por último, en cuanto a las costas de esta Alzada, en virtud de lo establecido en el artículo 398 de la LEC aplicables al recurso de apelación, no deben imponerse al estimarse parcialmente el recurso.

En su virtud,