Sentencia Civil 363/2025 Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 8, Rec. 184/2024 de 20 de junio del 2025

PRIMERO.- Antecedentes y planteamiento del recurso.- 1.1.- Demanda.Por la representación procesal de ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A., tras el previo procedimiento monitorio al que se opuso la demandada, se interpuso demanda de juicio ordinario en reclamación de la cantidad de SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (65.809,75 €), los intereses devengados hasta su completo pago y al abono de las costas del procedimiento. Alegaba para ello que el 4 de julio de 2014 concedió en concepto de préstamo personal a los demandados, D. Victor Manuel y Dª. Elisa la cantidad de CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (40.294,11 €). El préstamo se concertó por un plazo de 84 meses a contar desde el día 01/08/2014, quedando obligada la parte prestataria a devolver la expresada cantidad, junto con los intereses pactados del 10%, mediante un único pago comprensivo de capital más intereses el día 01/08/2021. Acompaña la oferta vinculante, firmada el 8 de abril de 2014, así como la póliza de préstamo, ambos como documento nº1.

1.2.- Contestación y reconvención.Por la demandada se opuso que los demandados, ante una previa ejecución hipotecaria planteada por la entidad de la que procede la demandante, acudieron al banco a intentar solucionar dicho problema, siendo que la solución ofrecida por la entidad fue la suscripción del préstamo personal que ahora reclama la entidad ABANCA, quien, según relata, les ofreció una quita del préstamo hipotecario si abonaban 4200 euros por los gastos judiciales, a lo que accedieron y ellos fueron consciente de ir a notaria para modificar el préstamo hipotecario. Pero que, ahora saben que lo que realmente ocurrió es que la actora les obligó, sin ellos saberlo, a firmar un préstamo personal con un único pago para su devolución 7 años después, ligado a que si en el momento de la devolución estaban al corriente en la hipoteca se les condonaría el préstamo personal, extremo que desconocían. Y afirma que dicha versión puede resultar increíble, pero no de otra manera se puede entender que si ya tenían dificultades de pagar la hipoteca suscribiesen un préstamo personal para devolverlo en un solo pago, o como dejaron de pagar justamente las mensualidades cuando tocaba devolver el préstamo. Y todo ello lo achaca a que no se les explicó adecuadamente el producto. Además, alegan que en febrero de 2022 y tras las insistencias de las llamadas telefónicas reclamando un dinero que éstos desconocían, los sobrinos se ponen en contacto con Abanca en Valencia y se les indica que si hacen un ingreso de 4100 euros se podría reconducir el tema y evitar la reclamación del préstamo y éstos prestan dinero a sus tíos y hacen el ingreso en fecha 14 de febrero de 2022, ingreso que curiosamente no consta en el extracto que aporta la parte actora porque no cumplieron su palabra y presentaron procedimiento judicial. Reconoce la signatura en el documento, pero dice que no fueron conscientes de lo que firmaban, prueba de la falta de trasparencia de lo llamado por la parte contraria la oferta vinculante que firman el 8 de abril de 2014, y meses después se firmó el préstamo.

Reconvienen solicitando la nulidad del contrato por error en el consentimiento y, alternativamente, resolución del contrato. Alegan ser personas mayores que carecen de estudios y que pensaban que se les ofrecía una quita en su hipoteca, por lo que suscribieron tanto la escritura de cancelación parcial y novación de fecha 4 de julio de 2014 como el préstamo personal. Denuncian, por tanto, el grave déficit informativo habido alegando la abusividad de las cláusulas y la falta de transparencia. Alegan que el clausulado del contrato de préstamo conlleva el abono de la devolución íntegra del mismo en un solo pago y condicionando su devolución a unas condiciones que afectaban a otro préstamo hipotecario que no fueron debidamente explicadas a los demandados.

1.3.- Contestación a la reconvención.La parte actora se opuso negando la existencia de vicio alguno del consentimiento, alegando que se trata de un contrato de préstamo sencillo. Niegan que los demandados sean personas mayores, y alegan que dos meses antes de la firma del contrato ante el notario, se le explicó a los demandados, de forma clara, la operación que finalmente realizaron. Indica que tanto en la propuesta como en el propio contrato se indica de forma resaltada, separada y utilizando vocabulario cotidiano y evitando formalismos, que hasta la fecha de vencimiento del préstamo personal, no se verá obligado a efectuar pagos de devolución de capital o liquidaciones de intereses. Si en fecha de vencimiento del préstamo personal, los demandados se encontrasen al corriente de pago de las obligaciones derivadas del préstamo hipotecario, se obliga a efectuar una quita por el total importe del préstamo personal no debiendo de pagar cantidad alguna. Si en cambio, llegada la fecha de vencimiento del préstamo personal, hubieses cantidades impagadas en el préstamo hipotecario, quedara sin efecto la promesa de quita, y se le podría reclamar el pago íntegro del préstamo personal. Lo único importante que debían de entender es que por paralizar las actuaciones de la ejecución hipotecaria que había en curso, se comprometían en estar al día y no haber descubiertos en la ejecución hipotecaria, es decir, si cumplían su obligación de pago con el préstamo hipotecario, además de paralizar la citada ejecución, se le haría una quita de más de 40.000 euros.

1.4.- Sentencia.La sentencia de instancia estimó la demanda y desestimó la reconvención, sobre la base de la claridad de lo firmado por las partes, así como negando vicio alguno del consentimiento de los demandados, que el momento de los hechos tenían 56 y 54 años, siendo transparente el contrato y habiendo sido debidamente firmado.

1.5.- Recurso de apelación.Y apelan los demandados alegando falta de motivación y justificación del fallo y falta de valoración de las pruebas de la parte sin explicar las razones por las que llega a no considerarlas. Discrepa de la consideración del contrato, realizada en la sentencia, como de términos claros, y alega que no se hace referencia en el préstamo a la oferta vinculante previa, y que la misma tenía una validez de 10 días y no de tres meses, plazo en que se firmó el préstamo. Vuelven a relatar parte de los hechos de la demanda y a poner en duda el ingreso del préstamo en la cuenta de los demandados y su falta de coincidencia con la cantidad amortizada. Además, discute la denegación de la prueba testifical solicitada. También alega la falta de una hoja del documento consistente en el contrato de préstamo. Y que el documento es ilegible.

1.6.- Oposición.Conferido el oportuno traslado a la parte actora apelada se ha opuesto al recurso solicitando su desestimación con imposición de costas a la apelante.

SEGUNDO.- Consideraciones previas. Principios que rigen la segunda instancia.-Antes de entrar en el examen de los indicados motivos conviene recordar, siguiendo la STS 1433/2023 de 18 de octubre, que el recurso de apelación se constituye en una revisio prioris instantiae (revisión de la primera instancia), que permite al tribunal de apelación abordar la cuestión fáctica y jurídica planteada en la instancia con plena jurisdicción, sin otra limitación o condicionante que no sea el derivado de los términos en los que el propio recurso de apelación se ha formulado ( SSTS 269/2016, de 22 de abril, 135/2020, de 2 de marzo; 306/2020, de 16 de junio y 419/2021, de 21 de junio, entre otras muchas).

Rige el principio recogido en la regla latina tantum devolutum quantum apellatum (se transfiere lo que se apela), conforme al cual el tribunal de apelación sólo debe conocer de aquellas cuestiones que le han sido planteadas en el recurso, como establece el art. 465.5 LEC, que no deja de ser una proyección del principio de congruencia en segunda instancia ( STS 306/2020, de 16 de junio y SSTC 143/1988, de 12 de julio; 19/1992, de 14 de febrero; 15/1987, etc).

La manifestación última de estos principios en el proceso civil es la vinculación del órgano judicial a las peticiones formuladas por las partes, de manera que su decisión habrá de ser congruente con las mismas, sin que pueda otorgar cosa distinta a la solicitada, ni más de lo pedido, ni menos de lo resistido. Por ello, la sentencia 795/2010, de 29 de noviembre, recordó la correlación entre el principio de justicia rogada ( art. 216 LEC) y la congruencia de la sentencia ( art. 218.1 LEC) .

Señalar, igualmente que, como expresión del principio dispositivo, es reiterada la jurisprudencia que señala que la Audiencia Provincial sólo puede revisar el pleito, asumiendo funciones de instancia, tanto en cuestiones fácticas como jurídicas, si la controversia se reproduce o subsiste en esa segunda instancia ( SSTS de 6 de julio 2006, Rc. 3914/1999, 610/2010, de 1 de octubre o 419/2021, de 21 de junio).

Además la jurisprudencia tiene declarado que si bien es cierto que la apelación autoriza al juez o tribunal "ad quem" a revisar la efectuada por el juez de instancia, el hecho de que la apreciación por éste lo sea de las practicadas a su presencia y con respeto a los principios de inmediación, publicidad y contradicción, determina, por lo general que la misma deba respetarse, con la única excepción de que la conclusión fáctica a la que así se llegue carezca de todo apoyo en el conjunto probatorio traído a su presencia, o se demuestre manifiesto error, o cuando se alcancen conclusiones arbitrarias o absurdas ( SsTC nº 169/1990, 211/1991 y 283/1993, entre otras muchas), ya que como tiene dicho el TS (SS de 18 mayo 1990, 4 mayo 1993, 9 octubre 1996, 7 octubre 1997, 29 julio 1998, 24 julio 2001, 20 noviembre 2002, 23 marzo 2006 y 5 diciembre 2006, entre otras), esa valoración es facultad que corresponde única y exclusivamente al juez "a quo" y no a las partes litigantes.

TERCERO.- Examen de los motivos del recurso. 3.1.- Cuestiones nuevas.Delimitado el ámbito del debate en esta alzada, en primer lugar cabe señalar que en su escrito de interposición del recurso de apelación la parte demandada, demandante en reconvención, efectúa una serie de alegaciones que en ningún momento efectuó en la demanda inicial del presente litigio, ni en la reconvención, introduciendo por tanto cuestiones nuevas cuyo examen en esta alzada es manifiestamente improcedente, pues como esta Tribunal ha declarado con reiteración, en segunda instancia únicamente pueden ser examinadas las alegaciones tempestivamente planteadas en el proceso seguido en la instancia y siempre que el debate subsista en la alzada, y ello porque la cuestión tardíamente suscitada ha permanecido fuera del objeto del proceso durante su tramitación, por lo que si fuera resuelta en este momento procesal de forma tan manifiestamente extemporánea se vulnerarían todos los principios procesales, singularmente los de igualdad y contradicción, causando evidente indefensión a la parte actora, que no habría podido defenderse frente a tales alegatos, con infracción además de lo dispuesto en los artículos 412 y 456.1º LEC, pues el primero impide ampliar el objeto del litigio después de la demanda (o reconvención) y la contestación, mientras que del segundo se desprende que sólo pueden resolverse en apelación las pretensiones formuladas tempestivamente ante el tribunal de primera instancia.

En este sentido la STS 308/2022 de 19 de abril, señala que en la segunda instancia opera la regla pendente apellatione nihil innovetur, conforme a la cual, aunque el recurso de apelación permite al tribunal de segundo grado examinar en su integridad el proceso, no constituye un nuevo juicio, ni autoriza a la Audiencia Provincial a resolver cuestiones o problemas distintos de los planteados en la primera instancia (sentencia 436/2020, de 15 de julio, entre otras muchas). De modo que la segunda instancia se puede extender únicamente a lo que ha sido objeto de previa discusión ante el juzgado, como establece el art. 456.1 LEC, al normar que "[...] en virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o sentencia.".

Finalmente, y como recuerda la STS 230/2014, de 31 de enero, "los hechos y la causa de pedir quedan fijados inexorablemente en la primera instancia y no pueden ser objeto de variación posterior (lite pendente, nihil innovetur), como el Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente (por todas las sentencias número 662/2010, de 27 de octubre , coma 672/2009, de 3 de noviembre , 17 de febrero de 2011, recurso 1503 de 2007)".En el mismo sentido , las más recientes sentencias 657/2016, de 9 de febrero y 352/2020, de 24 de junio.

En suma, el demandado no puede aprovecharse de excepciones o argumentos no alegados en tiempo, pues es en la demanda y en la contestación, donde únicamente pueden quedar fijados definitivamente los términos de la cuestión litigiosa ( SsTS de 16 junio1978, 29 marzo 1980, 3 abril 1987, 6 marzo1990, 10 noviembre 1990, 20 diciembre1994, 25 febrero 1995 y 8 mayo 2001, entre otras). En consonancia con lo anterior, cualquier introducción en el litigio de hechos distintos a los narrados en la demanda o en la contestación, participará de la consideración de cuestiones nuevas, y en relación a ellas, es reiterada la jurisprudencia que declara su inidoneidad para ser tratadas en la alzada ( SsTS de 28 marzo 2000, 19 abril 2000, 10 junio 2000, 4 diciembre 2000, 12 febrero 2001, 30 marzo 2001, 31 mayo 2001, 22 octubre 2002, 29 noviembre 2002, 26 febrero 2003, 31 mayo 2003, 25 junio 2003, 26 julio 2003, 12 diciembre 2003, 31 diciembre 2003 y 19 febrero 2004, entre otras muchas).

En el presente caso la contestación, y la reconvención, no contienen alegato alguno distinto a la falta de transparencia y abusividad del contrato, así como a la falta de información. Por tanto, el resto de cuestiones ahora planteadas, relativa a las cuantías del préstamo y su correspondencia con la reducción de la hipoteca, a sí las mismas no fueron leídas, a la falta de un hoja del contrato, hecho que no se aprecia en los documentos obrantes en el expediente judicial, o la falta de extractos, cuando además consta que la entidad aportó con la demandada tanto el correspondiente al préstamo personal como al préstamo hipotecario, deben ser inadmitidas en esta alzada.

3.2.- Examen de los motivos.Descartados por tanto los motivos novedosos, la cuestión se centra en valorar la suficiencia de la información proporcionada, así como la transparencia y abusividad de los contratos firmados por los demandados. Y ello, estando ya denegada la prueba solicitada en esta instancia, al ser la documental aportada prueba suficiente para la resolución de la presente controversia.

3.2.1. Motivación.-Alega el recurrente que la sentencia carece de suficiente motivación. Y en el plano de la motivación debemos partir de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el sentido y alcance de la exigencia constitucional de la motivación de las sentencias y de la jurisprudencia de esta sala (sentencias 295/2018, de 23 de mayo, 26/2017, de 18 de enero, y 662/2012, de 12 de noviembre): "El Tribunal Constitucional ha venido declarando que la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes. La razón última que sustenta este deber de motivación reside en la sujeción de los jueces al Derecho y en la interdicción de la arbitrariedad del juzgador ( art. 117.1 CE) , cumpliendo la exigencia de motivación una doble finalidad: de un lado, exteriorizar las reflexiones racionales que han conducido al fallo, potenciando la seguridad jurídica, permitiendo a las partes en el proceso conocer y convencerse de la corrección y justicia de la decisión; de otro, garantizar la posibilidad de control de la resolución por los Tribunales superiores mediante los recursos que procedan, incluido el amparo. Por ello, el enjuiciamiento debe circunscribirse a la relación directa y manifiesta entre la norma aplicable y el fallo de la resolución, exteriorizada en la argumentación jurídica; sin que exista un derecho fundamental a una determinada extensión de la motivación, cualquiera que sea su brevedad y concisión, incluso en supuestos de motivación por remisión ( SSTC 108/2001, de 23 de abril, y 68/2011, de 16 de mayo). "De este modo, "deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones que vengan apoyadas en razones que permitan invocar cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquélla" ( SsTS 294/2012, de 18 de mayo, y 736/2013, de 3 de diciembre).

En suma, como señala la STS 662/2012 de 12 de noviembre, "no cabe hablar de falta de motivación desde la perspectiva casacional por el hecho de que la sentencia hubiera dejado de pronunciarse sobre determinadas pretensiones de las partes, pues precisamente la falta de motivación ha de ponerse en relación con el pronunciamiento que se considera inexplicado y ausente de respaldo; lo que cabalmente es distinto e incompatible con la incongruencia que (...) consiste en la falta de pronunciamiento o en el pronunciamiento discordante con el objeto del proceso y las alegaciones efectuadas por las partes en defensa de sus pretensiones» (...) Como hemos recordado en otras ocasiones ( Sentencias 297/2012, de 30 abril, y 523/2012, de 26 de julio ), en el marco de la doctrina constitucional expuesta, "no impone ni una argumentación extensa ni una respuesta pormenorizada, punto por punto, a cada una de las alegaciones de las partes, sino únicamente que la respuesta judicial esté argumentada en derecho y que se vincule a los extremos sometidos por las partes a debate" al margen de que sea escueta y concisa, de manera que sólo una motivación que, por arbitraria, deviniese inexistente o extremadamente formal, quebrantaría el artículo 24 de la Constitución " (...) En este sentido, para la jurisprudencia constitucional, la incongruencia omisiva o ex silentio "se produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen por las partes como fundamento de su pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales" ( SSTC 25/2012, de 27 de febrero , y 40/2006, de 13 de febrero) (...). A mayor abundamiento, conviene traer a colación la doctrina del Tribunal Constitucional contenida en la STC 44/2008, de 10 de marzo , y reiterada por la STC 25/2012, de 27 de febrero , que advierte de "(l)a necesidad de distinguir entre las que son meras alegaciones o argumentaciones aportadas por las partes en defensa de sus pretensiones y estas últimas en sí mismas consideradas, pues si con respecto a las primeras puede no ser necesaria una respuesta explícita y pormenorizada de todas ellas (...), respecto de las segundas la exigencia de respuesta congruente se muestra con todo rigor siempre y cuando la pretensión omitida haya sido llevada al juicio en el momento procesal oportuno.".

Y en el presente supuesto la motivación de la sentencia es suficiente y no es innecesariamente extensa, resultando que la denunciada omisión de pronunciamiento sobre la prueba solicitada por la parte es consecuencia de la innecesariedad de la misma.

3.2.2.- Transparencia e información.La cuestión controvertida se centra en la falta de transparencia e información, para lo que la prueba denegada era innecesaria. Siendo que la resolución del contrato enunciada en la reconvención no se desarrolla en la misma, como tampoco se identifica alguna cláusula supuestamente abusiva.

Dicho lo cual, no cabe sino compartir los pronunciamientos de la sentencia de instancia en cuanto a la desestimación del vicio de falta de transparencia y de la alegada falta de información.

Consta firmado un contrato entre las partes en el que se explica claramente el iter a seguir en cuanto al vínculo entre las mismas, en el que con total claridad se detalla, en lenguaje sencillo y fácil de comprender que se va a llevar a cabo la firma de un préstamo que no se reclamará en caso de mantenerse al día en el pago de la hipoteca. Igualmente se indica el importe y condiciones del préstamo. Tratándose de un préstamo sencillo, pagadero en un solo plazo a su vencimiento, con el interés perfectamente detallado. Y, efectivamente, unos meses después se firma ese préstamo, recogiendo las condiciones del mismo adelantadas en el anterior documento. Y todos esos documentos aparecen debidamente firmados. E igualmente, de manera sencilla, y con intervención de notario, consta la novación del préstamo hipotecario.

Igualmente, todos presentan una letra de tamaño suficiente, así como expresan correctamente los elementos esenciales de cada uno de los contratos, no compartiéndose las afirmaciones expuestas en el recurso sobre le tamaño de la letra y la dificultad de su lectura.

Como señala la STS 130/2023 de 31 de enero, conforme a lo dispuesto en los arts. 5 y 7 de Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, quedarán incorporadas al contrato las condiciones generales:

a) Que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer, lo que exige hubiera sido informado expresamente acerca de su existencia y se le haya facilitado un ejemplar de las mismas.

b) Que no sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles.

c) Que sean, por lo tanto, redactadas bajo criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez.

d) Que sean aceptadas y firmadas por todos los contratantes cuando el contrato se formalice por escrito.

Y todas las cláusulas, tanto de la oferta vinculante como del contrato de préstamo y la novación, reúnen esas condiciones.

En cuanto a que en el préstamo personal y la novación no hacen referencia a la relación entre ambos contratos, lo cierto es que el compromiso firmado por las partes suple esa omisión, que resulta innecesaria, pues el sentido de firmar tanto el préstamo como la novación no es sino ese contrato anterior en el que se expone la relación entre los futuros contratos.

Y, en cuanto a la validez temporal de la oferta vinculante, que la parte dice que son diez días, en el mismo documento consta que se conceden tres meses desde su firma, plazo en el que se firma el préstamo y se produce la novación.

No se valora, como se ha dicho, al no haberse expuesto en forma la supuesta discrepancia en cuanto al computo de cantidades, incluido un ingreso que la parte dice efectuado pero que no solicitó se tuviese en cuenta. Y si bien es cierto que resulta difícil determinar la correspondencia de la cantidad objeto de préstamo con la cantidad objeto de quita, así como con los gastos derivados del préstamo y de la novación, lo cierto es que la parte demandante acompañó los extractos de ambos contratos sin que fueran impugnados de contrario, por lo que deberá hacer valer esas cuestiones en el procedimiento correspondiente.

3.3.- Conclusión.Por tanto, y en conclusión, a la vista de lo expuesto, no cabe sino desestimar el recurso, compartiendo esta Sala en un todo la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia; y al respecto cabe señalar que el Tribunal Supremo permite la motivación por remisión a una resolución anterior cuando la misma haya de ser confirmada en cuanto en ella se exponen argumentos correctos y bastantes que fundamentan en su caso la decisión adoptada, de forma que en tales supuestos y cual precisa la STS de 20 de octubre de 2007 subsiste la motivación de la sentencia de instancia puesto que la asume explícitamente el Tribunal de segundo grado. En consecuencia, si la resolución de primer grado es acertada, la que la confirma en apelación no tiene por qué repetir o reproducir argumentos, en aras de la economía procesal ( SsTS de 16 octubre 1992, 5 noviembre 1992, 19 abril 1993, 5 octubre 1998, 30 marzo 1999 y 19 octubre 1999). En idéntico sentido las SsTS de 22 de mayo de 2000 y la de 30 de julio de 2008, que señala: " "La doctrina jurisprudencial admite la fundamentación por remisión; así, si la resolución de primer grado es acertada, la que confirma en apelación no tiene porqué repetir o reproducir los argumentos, y solo, en aras de la economía procesal, debe corregir aquellos que resulten necesarios ( STS de 16 de octubre de 1992 ); una fundamentación por remisión no deja de ser motivación, ni de satisfacer la exigencia constitucional de tutela judicial efectiva, lo que sucede cuando el juez "ad quem" se limita a asumir en su integridad los argumentos utilizados en la sentencia apelada, sin incorporar razones jurídicas nuevas a las ya empleadas por aquella.".

CUARTO.- Costas.-Dada la desestimación del recurso procede la imposición al apelante de la condena en costas en esta alzada ( art. 398 LEC) .

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, esta Sala, pronuncia el siguiente